Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33680
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 que decide imponer la medida de arresto domiciliario que prevé el art. 42 inc. f de la ley 13.634 a Kevin T. Vilche, debiendo implementarse lo aquí resuelto en la instancia de origen. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la Defensora Oficial, María Fernanda Saumell. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 144, 146, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP; ley 13.634.
c. 33680. "VILCHE KEVIN THOMAS S/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA EN GRADO DE TENTATIVA (IPP 08-02-001437-19/00)".
Mar del Plata, 13 de Octubre de 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 33680, y de cuyas constancias,
Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial, María Fernanda Saumell, contra la resolución dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 que decide imponer la medida de arresto domiciliario que prevé el art. 42 inc. f de la ley 13.634 a Kevin T. Vilche.
Critica que la medida fue aplicada sin pedido del Fiscal, pues en ningún momento requirió que se restringiera la libertad para asegurar los fines del proceso, afectándose el principio acusatorio, el estado jurídico de inocencia, el derecho de defensa, las reglas del debido proceso, las normas constitucionales y no se tuvo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria, que obliga a utilizar medios alternativos.
Se agravia del modo en que se llevó a cabo la comunicación del Juzgado con el menor no habiendo resguardo que el joven comprendiera los argumentos de por qué de oficio se ordenaba su detención domiciliaria.
Entiende que la medida resulta arbitraria, informando que existe un pacto de pena que por su monto puede ser ejecutada bajo la previsión del art. 26 del CP.
Hace mención a los antecedentes de la causa, informando que Vilche se encuentra procesado desde el 14 de julio de 2019 por el delito Tentativa de Robo Agravado por la utilización de arma blanca, sin haber estado detenido, y donde se pactó con el Fiscal una sanción de 1 año y 5 meses de prisión de ejecución condicional. Añade que se declaró su responsabilidad penal, restando el l debate sobre la necesidad de la imposición de la pena.
Indica que en un primer momento decidió Vilche ir a vivir con unos familiares a Ezeiza y luego a Lomas de Zamora, pudiendo encontrar allí trabajo y posibilidades de restablecerse, retornando a Miramar ante la imposibilidad de conseguir empleo.
Reconoce que se perdió contacto con el joven, lo que derivó en su declaración de rebeldía, mas alerta que no se violentaron pautas liberatorias, pues en ningún momento estuvo detenido.
Alega que el joven fue detenido en Miramar en un procedimiento policial ante una situación de sospecha de conflicto penal, sin embargo de la base informática no consta la imputación formal de un ilicito.
Se agravia por cuanto no pudo participar de la audiencia, imponiéndose la medida en forma unilateral, sin tener el causante contacto con su asesor letrado., ante una audiencia que no fue grabada ni protocolizada con audio, constando únicamente un acta labrada por secretaría que resume su contenido.
Critica que nada dice el Juez respecto de la procedencia de la medida de acuerdo con los arts. 144 y 148 del CPP.
Destaca que el Fiscal estimó suficiente establecer controles policiales y jurisdiccionales, junto con la intervención del Centro de Referencia en este tramo final.
Entiende que la medida no es proporcional ni legítima ante la sanción acordada, no existiendo peligros procesales, pues el mismo Juez señala que el joven está a derecho. Cita jurisprudencia.
Solicita que bajo el manto de control de convencionalidad la detención domiciliaria aquí criticada sea revocada, pues no resiste la presiones normativas que el Estado posee para irrogar un mecanismo de sujeción que atenta de manera total la libertad ambulatoria de una persona sometida a una proceso especial (Corte IDH “Bulacio” – “Mendoza vs. Argentina”).
Hace referencia al interés superior del niño y jurisprudencia emanada de la CIDH, solicitando se revoque la resolución.
Analizadas que fueran las constancias de autos adelantamos que el recurso debe prosperar.
En este sentido, asiste razón a la Defensa en que en el caso el Juez ha dispuesto una medida restrictiva de la libertad sin requerimiento Fiscal, por lo que se ha violentado aquí el principio acusatorio.
Corresponde señalar que si bien esta Alzada ha sostenido que las medidas previstas en el art. 42 de la ley 13.634 son de carácter autónomas, lo es a los efectos del límite temporal que rige respecto de la prisión preventiva, mas ello no las convierte en medidas tutelares que pueden dictarse por la Judicatura en forma discrecional.
Lo anterior, por cuanto no deja de regir en el procedimiento en forma supletoria el Código Procesal Penal (cfr. art. 1 de la ley 13.634), donde se ha instaurado el procedimiento acusatorio, y que involucra la imposibilidad de los Jueces de imponer medidas de coerción sin requerimiento Fiscal.
Esta Alzada sostuvo reiteradamente (en c. 26.215 "Pokorni", c. 21.318 "Barrionuevo" e INC-30371-3 "Hardoy, entre otras) que no puede omitirse la opinión del Ministerio Público Fiscal, la que es imprescindible en nuestro actual sistema de neto corte acusatorio. Por ello, en los antecedentes citados, se concluyó que el Magistrado había excedido los límites de su competencia al decidir mantener la medida de coerción bajo su forma más severa, no obstante la posición en contrario del titular de la acción pública (CPP, 56 y concordantes). Concretamente, se hizo referencia a que "...cualquiera fuese la opinión de los jueces revisores, en el "sub judice", la decisión adoptada por la representante del Ministerio Público Fiscal... no puede ser contrariada, desconocida, ni soslayada por los órganos jurisdiccionales, desde que con la sanción de la ley 11.922 la judicatura penal carece de potestades autónomas para imponer, por su sola voluntad, las medidas de coerción personal durante la sustanciación del proceso. Si no puede disponerlas con prescindencia de la expresa solicitud fiscalista (CPP, 151 y 158 e/o), va de suyo que tampoco puede mantenerlas en un sentido más gravoso para la procesada, excediendo los límites de la pretensión del Ministerio Público Fiscal, pues tan inconcebible sería que los jueces las impusieran sin previo pedido del titular del ejercicio de la acción penal pública (CPP, 6), como que las sostuvieran más allá de los límites pretendidos por el acusador oficial; en el caso: CPP, arts. 159 y 163 n° 1".
En el caso, el Fiscal expresó claramente que no iba a solicitar la detención de Vilche, pues concretamente surge del acta que refirió "...que en virtud de la pena pactada en el acuerdo de juicio abreviado no solicitará la detención del mismo pero sí que hasta el momento de la cesura se le imponga alguna medida de sujeción al proceso como puede ser concurrir a la comisaría y efectuar videollamada al juzgado, constatación periódica de domicilio por autoridad policial, intervención del Centro de Referencia".
De este modo, el Juez ha excedido la pretensión restrictiva del Fiscal, en franca violación del debido proceso (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN), dictando una medida no requerida por quien tiene las facultades de hacerlo, y por ello corresponde hacer lugar al recurso y revocar el resolutorio que dispone la detención domiciliaria de Vilche hasta el momento de cesura del juicio, pudiendo el Juez imponerle al causante obligaciones como las sugeridas por el Fiscal u otras similares a los fines de asegurar su permanencia a derecho.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: revocar la resolución dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 que decide imponer la medida de arresto domiciliario que prevé el art. 42 inc. f de la ley 13.634 a Kevin T. Vilche, debiendo implementarse lo aquí resuelto en la instancia de origen. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la Defensora Oficial, María Fernanda Saumell. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 144, 146, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP; ley 13.634.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia