Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II · Causa 40168
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución dictada por la Jueza de Garantías el 16.10.2026 en cuanto dispuso respecto del joven S. L. (DNI ///, argentino, nacido el 03.12.2010, y demás circunstancias obrantes en el legajo), la conversión de la detención en prisión preventiva, decretando el CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA del joven; ello en cuanto fuera materia de apelación por parte de la defensa y el fiscal.
40168 . L., S. S/ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS (IPP 38.358-26)
En la ciudad de Mar del Plata.
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal en orden a los recursos de la defensa, primero cuestionando la inconstitucionalidad del art. 1° de la Ley 27.801, y luego una apelación contra la conversión de la detención en prisión preventiva respecto de su asistido, el joven S. L..
Por su parte, también el fiscal impugnó el decisorio de la Jueza de Garantías, en cuanto, dispuso que aquella medida de coerción sea morigerada bajo la modalidad de arresto domiciliario.
II. Dando cumplimiento a la manda inserta en el artículo 60 de la Ley 13.634, el pasado 10.11.2026 se llevó a cabo una audiencia de visu con el joven, oportunidad en la que concurrió acompañado por su defensa y su progenitora, la Sra. L. V. S. (DNI ///), y ahondó respecto de sus circunstancias personales, familiares y laborales, como así también respecto de sus estudios (cfr. acta digitalizada).
III. Por el carácter cautelar de la medida de coerción dispuesta en autos, y con el objeto de no demorar su tratamiento, corresponde abocarse -exclusivamente- a la misma, postergando el abordaje de la crítica constitucional que efectuara la defensa la que, previo resolverse, requiere de una debida sustanciación.
IV. Adentrándonos al tratamiento de la medida dispuesta, cabe señalar -en primer lugar- que al joven se le endilga un suceso que habría tenido lugar el pasado 12.10.2026 en esta ciudad y que -por el momento- ha sido calificado como constitutivo del delito de robo agravado por ser cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada en concurso real con encubrimiento (CP, 166 inc. 2 tercer párr.; 277 inc. 1° inc. C; 55).
Conforme los elementos reunidos en el legajo, entendemos -al igual que el defensor- que no resulta procedente en el caso la medida cautelar dispuesta, motivo por el cual la resolución será revocada conforme los argumentos que seguidamente se exponen.
Cabe destacar que las críticas no se dirigen a controvertir la materialidad o participación enrostradas, sí la calificación asignada al evento (relativa a la consumación o no del desapoderamiento), y a la inexistencia de riesgos procesales que sustenten la privación de libertad.
Respecto del cambio de calificación, entendemos que de momento existen elementos para sostener la imputación enrostrada por el fiscal, sin perjuicio de su reconsideración durante el desarrollo de la investigación que aún se halla en curso. En tal sentido, cabe destacar que se ha tratado del desapoderamiento que habrían emprendido dos sujetos -a bordo de una motocicleta, que habría sido conducida por L.-, y aún cuando el vehículo automotor haya sido recuperado y devuelto a su propietaria, el segundo sujeto -prófugo aún- tuvo la disponibilidad del mismo al huir del lugar del hecho, conduciendo por diversas arterias de la ciudad y abandonándolo a causa de un choque (cfr. acta de procedimiento obrante en el legajo).
Sin perjuicio de ello, entendemos que no existen indicadores de riesgo procesal que permitan sostener la medida de coerción dictada. Específicamente en orden al peligro de fuga, debe señalarse que, conforme la actual subsunción típica (CP, 166 inc. 2 tercer párr.; 277 inc. 1° inc. C; 55), la escala punitiva aplicable parte de un mínimo de tres (3) años de prisión, lo que conlleva que, en caso de recaer en autos una sentencia condenatoria, la misma pueda ser de ejecución condicional (CP, 26), amén de las diversas posibilidades estipuladas en la Ley específica (Ley 13.634, 43, 56, 57, 58 y ccdtes.); circunstancia ésta que tiene un impacto favorable en la ponderación de ausencia de dicho indicador de riesgo (CPPBA, 148).
Asimismo, cabe destacar que tampoco se ha acreditado ningún otro indicador de peligro procesal atendible, por el contrario, a partir del presente proceso el joven se encuentra conviviendo con su progenitora -evidenciándose un grupo familiar de contención-, quien en audiencia ante estos estrados ha referido el positivo cambio advertido en su hijo, y el apego que mantiene respecto de las herramientas de abordaje que fueran dispuestas (CRT, psicólogo, etc.).
Por lo expuesto, en orden a la normativa aplicable, y teniendo especialmente en cuenta para resolver esta incidencia que en el presente caso se ha cuestionado la constitucionalidad del art. 1° de la Ley 27.801 que permite la persecución y punibilidad del joven (por tener quince años de edad), corresponde disponer la continuidad del trámite que se le sigue al mismo; sin perjuicio de que, atendiendo a la naturaleza restrictiva y excepcional de la privación de libertad cautelar (CN, 75 inc. 22; CADH, 3; Ley 13.634, 43 y ccdtes.), corresponde decretar el cese de la prisión preventiva que se dictara a su respecto.
Por los motivos expuestos y en razón de lo normado en los artículos 421, 439, 440 y ccdtes. del CPPBA, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución dictada por la Jueza de Garantías el 16.10.2026 en cuanto dispuso respecto del joven S. L. (DNI ///, argentino, nacido el 03.12.2010, y demás circunstancias obrantes en el legajo), la conversión de la detención en prisión preventiva, DECRETANDO EL CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA del joven; ello en cuanto fuera materia de apelación por parte de la defensa y el fiscal.
Regístrese, notifíquese electrónicamente al Fiscal General y a la Defensa. Líbrese oficio a fin de notificar al joven. Comuníquese lo resuelto al organismo jurisdiccional de origen (SCBA, Ac. 3975, 4013 y 4040).
Firmas
Funcionario firmante: MADINA Marcelo Augusto - JUEZ
Funcionario firmante: LODOLA Juan Pablo - JUEZ
Funcionario firmante: ANGULO Adrian - JUEZ
Funcionario firmante: CAPIET Nadina Pia - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 712-2026
Fin de la sentencia