Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 2001 13232 22
Lo que resolvió el tribunal
I. No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts. 164, 421, 434 y 439, CPP).
II. Confirmar la resolución del 19 de agosto de 2022, en aquello que ha sido materia de agravio, por los fundamentos expuestos (arts. 148, 157, 158 y 210, CPP; 42 y 164, CP).
2001-13232-22
///mas de Zamora, ...... de Septiembre de 2022.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la doctora Mariana Pagani, en su carácter de defensora oficial de Manuel Gómez, contra el auto dictado el 19 de agosto de 2022 en la causa n° 13232-22 que tramita el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, y;
La resolución contra la cual se dirige el embate impugnativo es aquella por la que se dispone la prisión preventiva de Gómez como supuesto autor del delito de robo en grado de tentativa (arts. 42 y 164, CP).
Agravia a la defensora que se cautelara a su representado. Considera que para ello se ha hecho sólo referencia al precedente condenatorio que registra y, en caso de que también lo sea en ésta, a la imposición de una hipotética pena de cumplimiento efectivo.
Sobre el tópico, opina que “ si bien constituye un parámetro válido para determinar la existencia de riesgos procesales ”, no es conceptualizada como una presunción “ iuris tantum ” ya que admite prueba en contrario, y no es un basamento válido para mantener el encierro provisional de su representado.
Disiente con la referencia genérica efectuada acerca de la existencia de peligros pro- cesales, e insiste en que si bien la pena en expectativa es una pauta a valorar, “ no implica que invariablemente dicha circunstancia se traduzca en un peligro cierto de fuga y/o entorpe- cimiento probatorio ” .
Recuerda que la libertad podrá ser restringida cuando ello fuere absolutamente indis- pensable con el fin del descubrimiento de la verdad como la aplicación de la ley, y sus moti- vos deben estar debidamente acreditados.
Señala que el persecutor requirió la cautelar y en el mismo acto la elevación de las actuaciones a juicio, razonando que de ello se traduce la imposibilidad de que entorpezca probatoriamente la investigación; tampoco existen elementos objetivos que permitan sospe- char que pudiere “ destruir, modificar u ocultar medios de prueba o, influir falsamente sobre los testigos y/o víctimas ”.
Pone el acento en el hecho de que nos encontramos ante lo que considera un “ delito leve ”, y es por ello que sostiene que el encierro dispuesto no resulta indispensable para el cumplimiento de los fines del proceso, cuando existen medidas menos gravosas para asegu- rar su comparecencia. En razón de lo anteriormente expuesto, anota que “ no se verifica uno de los extremos dispuestos por la CIDH en su informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, lo que torna a la resolución en arbitraria y por ende ilegítima” .
Por lo que respecta al monto de la pena, destaca que el tema fue tratado en el informe 12/96 de la Comisión IDH, doctrina obligatoria en nuestro sistema constitucional, habiendo establecido en el apartado 84 que: “…’ La privación de libertad debe ser excepcional y solo aplicable en la medida que exista una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos o destruir la eviden- cia’ ...”.
Abundando sobre la cautelar, recuerda que la Corte Suprema señaló que “..’ el derecho penal liberal, cuya esencia básica está plasmada en el art 18 de la Constitución Nacional, sienta el principio de inocencia en tanto no se demuestre lo contrario, y ello es válido por aberrante que pueda ser el hecho que motiva el proceso, pues de serlo, ello solo puede ser determinado en la sentencia motivando la condena, mas no la privación de la garantía de la defensa, ni la alteración de los principios fundamentales del orden procesal’ (C.S.J.N Villegas Angel y otros, 5-3-97, considerando séptimo)..”.
Por todo lo argumentado, pide se le otorgue la libertad y subsidiariamente se disponga como alternativa al encierro carcelario su arresto domiciliario (art. 434, CPP).
Adentrándonos en el motivo de agravio establecido, como primera aproximación a la cuestión, puede decirse que mediando determinados presupuestos establecidos por ley, no es ilegítimo privar de su libertad a una persona que aún no ha sido condenada en juicio.
Sobre el tema debatido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estable- ce como principio general que el proceso debe iniciarse, desarrollarse y extinguirse con el imputado en libertad (arts. 7 y 8), y el estado jurídico de inocencia, recogido en el art. 1 del código procesal, no permite tratar como culpable a una persona hasta tanto una sentencia firme de condena así lo establezca (art. 18, CN); principio que el art. 10 de la Constitución Provincial regula al establecer que: “Todos los habitantes de la Provincia son, por su natura- leza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por vía de penalidad, con arreglo a la ley anterior al hecho del proceso y previa senten- cia legal del juez competente ”.
Como comenzamos exponiendo, la Constitución Nacional, en la inteligencia de los arts 18 y 75 inc. 22, establece una serie de requisitos para poder privar de la libertad a una perso- na imputada de haber cometido un delito durante la tramitación del proceso, con el único pro- pósito de asegurar su comparecencia y evitar que obstaculice la investigación.
Relacionado con lo que se acaba de enunciar, viene al caso destacar que la pauta que establece el art. 3 del código de ritos es afirmada jurisprudencialmente tanto por el Tribunal Constitucional Español en las sentencias 32/87 y 9/94, al considerar que "... toda limitación de la libertad individual debe ser interpretada restrictivamente, puesto que la libertad es el crite- rio fundamental que debe presidir la vida de los ciudadanos..”, como por la Corte Suprema al sostener que "...las restricciones de los derechos individuales impuestas durante el proceso y antes de la sentencia definitiva, son de interpretación y aplicación restrictiva ..." (Fallos 316: 942).
Que la regla prevista por el art. 144 del código procesal puede excepcionarse, pues se acepta la posibilidad de restringir el derecho que tiene el imputado de transitar el proceso en libertad cuando existan motivos para presumir que intentará abusar de su ejercicio sea entor- peciendo el curso de la investigación o evitando su sometimiento a la jurisdicción.
Aquí la medida adoptada tiende a la exclusiva necesidad de evitar tales riesgos. A diferencia de cuanto opina la defensa, no ha sido mal ni erróneamente valorada la respuesta punitiva esperable y la modalidad de su ejecución por efecto de sus anteriores condenas.
La jurisprudencia ha adoptado el criterio de que una pena que no admita condicionali- dad sugiere la posibilidad de que se intente eludir el sometimiento a proceso (art. 148, CPP), ponderación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha vedado en este contexto y de acuerdo al fin procesal perseguido, desde que para evaluar tal riesgo ha esta- blecido la facultad de considerar entre otras circunstancias la aplicación de reglas que impi- dan que la eventual condena no sea de efectivo cumplimiento (caso 12.553, “ Peirano Basso vs Uruguay ”).
Volviendo sobre el argumento anterior, puede razonarse que si ha de medirse su nece- sidad en orden a la pena en expectativa de la que se ha dicho y se acepta que autoriza a presumir la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio de aquel que enfrenta una imputación de la cual viene atada una respuesta punitiva que por razón de orden jurídico no admitiría la modalidad contemplada en el art. 26 del código penal, esa con- vicción mediante la argumentación traída en contrario, no se ha logrado desvanecer (arts. 148, 157 inc. 4 y 210, CPP).
Por todo lo que venimos de considerar, estimamos que el confinamiento provisional al cual se lo somete no resulta arbitrario, siendo razonable los motivos que la fundamenta si pensamos que además de la forma de ejecución de la eventual pena, cuya valoración no encuentra ningún reparo u objeción, tal como lo sostuvimos anteriormente, la actitud reticente que asumiera ante la autoridad policial cuando fue llamado a que se detenga (ver acta proce- dimiento), delinea ello un cuadro ante el cual el encierro se presenta, por ahora, como una solución proporcional al riesgo para la buena marcha de la causa, y ello es suficiente argu- mento para justificar su mantenimiento (arts. cits., CPP).
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental RESUELVE:
I. No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts. 164, 421, 434 y 439, CPP).
II. Confirmar la resolución del 19 de agosto de 2022, en aquello que ha sido materia de agravio, por los fundamentos expuestos (arts. 148, 157, 158 y 210, CPP; 42 y 164, CP).
Regístrese y devuélvase al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario Firmante: 08/09/2022 12:28:26 - LITTLE Pablo Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/09/2022 13:05:22 - ROJAS Alejandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/09/2022 13:44:56 - PUNCINI Mariano Alejandro - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 08/09/2022 13:45:16 hs. bajo el número RR-1517-2022 por PUNCINI MARIANO.
Fin de la sentencia