Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa 631897
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación intepuesto por la señora Defensora Oficial doctora Marcela Piñero.-
II. Confirmar la resolución de fs. 167/169vta., en virtud de los argumentos expuestos precedentemente.-
Arts. 1, 18, 28, 31, 75 inc 22 CN, 45 y 189 bis Apartado Segundo último párrafo del C.P., 1, 2, 15, 21 inc 1, 22, 24 a contrario sensu, 26 y cctes. 421, 433, 434, 437, 442 y ccdtes. del Código Procesal Penal.-
CAUSA Nº 631.897. REG. 1063/06
///mas de Zamora, 7 de diciembre de 2006.-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 171/173vta. por la señora Defensora Oficial Titular de la Unidad de Defensa Penal nº Cinco Deptal., doctora Marcela PIÑERO, contra el auto de fs. 167/169vta. que dispuso hacer lugar a la competencia planteada y se inhibió de seguir interviniendo en el marco de la presente causa registro nro. 631.897 de la secretaría de esta Sala Tercera de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Deptal, seguida a Víctor Hugo TRIPOLI por el delito de "robo simple, violación de domicilio, resistencia a la autoridad, abuso de armas y portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal", proveniente del Juzgado en lo Correccional nº Dos Deptal., y;
La señora Defensora Oficial doctora Marcela Piñero al apelar la resolución de marras, se encuentra legitimada para hacerlo, habiendo observado las condiciones de tiempo y forma que prescribe el digesto ritual, siendo la resolución puesta en crisis impugnable por el medio empleado, dicho recurso -a criterio de esta Alzada- deviene admisible, atento lo normado en los artículos 433 párrafos tercero y cuarto del Código de Procedimiento Penal.-
En lo que importa destacar, la defensa técnica se queja contra el auto de la Juez Correcional que declinó competencia al fuero criminal, por entender que no es momento oportuno para ampliar la acusación, la cual debe efectuarse durante el debate y de acuerdo a los requisitos estatuído en el art. 359 del Ritual, lo cual a su criterio no se da en autos.-
En subsidio, pide la apelante la declaración de inconstitucionalidad de la agravante que hace mención el art. 189 bis Apartado 2 último párrafo Cód. Pen., argumentando de que se castiga a personalidades o formas de ser o estados peligrosos, sin perjuicio de la afectación a la garantía "non bis in idem" en tanto se renovaría la persecución o condena de una persona más de una vez por el mismo hecho.-
Sometida la cuestión a análisis en lo que hace a la declinatoria de competencia, ya ha tenido esta Sala oportunidad de expedirse sobre el tópico que se debate en el sub exámine, específicamente en un caso análogo y aplicable al presente (conf. causa n º 605.492, "Alberto Raúl ANTON s/ portación ilegítima de arma de uso civil", reg. nº 480/06, rta. 27/6/06 ), por lo que corresponderá "brevitatis causae" que en esta nueva convocatoria hagamos remisión a dichas consideraciones, máxime si se tiene en cuenta que dichos fundamentos han sido TRANSCRIPTOS -en lo pertinente- por la instancia de grado en el auto que viene apelado, sin perjuicio de encomendar a la distinguida "A Quo" que en el futuro - en caso de reproducciones casi textuales como la de autos- deberá proceder a realizar la debida cita del precedente jurisprudencial que se invoca .-
Más allá de ello, yendo al punto neurálgico que bien ataca la interesada en cuanto se habilita una ampliación de la acusación fuera del curso del debate (art. 359 C.P.P.), no menos es que la razonabilidad que debe guiar los actos de gobierno (ergo: también los judiciales) impone que por economía procesal y una mejor y más pronta administración de justicia, se eviten dilaciones indebidas y se resuelva en plazo razonable la situación de incertidumbre que envuelve al imputado (doctrina CSJNA en "Mattei"), por cuanto de NO accederse en la actualidad a la declinatoria de jurisdicción hacia el fuero criminal, sería postponer en el tiempo -por excesivo rigor formal- el reclamo de jurisdicción, el cual nuevamente se reeditaría por la fiscal de juicio durante el debate correccional.-
En lo atinente al planteo de inconstitucionalidad, corresponderá señalar que la tacha de invalidez de una norma por contrariedad a la Contitución Nacional es remedio de última ratio que representa un acto de suma gravedad institucional (CSJN 19/9/89 J.A. 1990-II, pág 307).-
Y bajo estos parámetros, es que se exige que la incongruencia que presente la norma en pugna con la Carta Fundamental, lo sea de carácter manifiesto, mientras que su incompatibilidad no admita razonabilidad de interpretación que permita conciliación alguna.-
Sobre el punto, la interesada tacha de inconstitucional el último párrafo del art. 189 bis apartado 2 del Cód. Pen., en cuanto el Legislador Penal ha decidido que "El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas ... y portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años" .-
Dando respuesta al agravio expuesto por la defensa técnica, ha de consignarse suscintamente que es harto criterio de nuestro Superior Tribunal Federal que las razones de mérito, oportunidad y conveniencia del ejercicio de la política criminal por parte del Legislador al crear determinadas figuras delictivas se encuentran exentas del control que pueda efectuar cualquier órgano judicial, por cuanto tal materia es exclusiva facultad de otro poder de esta República.-
Que se haya decidido aumentar el reproche penal respecto de quien porte un arma de cualquier calibre y tenga un antecedente condenatorio por delito doloso contra las personas, de ningún modo afecta el derecho penal de acto ni la garantía de non bis in idem por cuanto se trata de reprimir un mayor grado de culpabilidad.-
Mayor grado de reprochabilidad, éste, que revela aquél que ya conociendo las implicancias de una pena, no obstante la desprecia y recae en un nuevo delito, de modo que es legítimo que el Estado se halle habilitado a efectuar en ese caso particular nuevos ajustes e intensificar el tratamiento penal a través de un mayor encarcelamiento por medio de una más elevada sanción coercitiva.-
No se viola la garantía que prohibe la doble persecución, ya que aquí no se está penando el anterior delito, sino que se trata de un nuevo hecho que en conexión con una condena y pena anteriores se manifiesta como circunstancia que amerita la reacción estatal de la coerción penal en mayor grado.-
En este estado de cosas, por estos argumentos, se concluye que la interpretación de las normas alegadas como inconstitucionales se enmarcan de manera razonable y adecuada a las prescripciones de la Constitución Nacional, lo que así se declara (art. 1, 28, 31 y 75 inc 22 CN).-
Finalmente, en virtud de los argumentos supra expuestas, se impone la homologación del auto puesto en crisis de fs. 167/169vta., por hallarse ajustado a derecho y a las constancias de la causa.-
POR ELLO:
Esta Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Deptal.,
I. Declarar admisible el recurso de apelación intepuesto por la señora Defensora Oficial doctora Marcela Piñero.-
II. Confirmar la resolución de fs. 167/169vta., en virtud de los argumentos expuestos precedentemente.-
Arts. 1, 18, 28, 31, 75 inc 22 CN, 45 y 189 bis Apartado Segundo último párrafo del C.P., 1, 2, 15, 21 inc 1, 22, 24 a contrario sensu, 26 y cctes. 421, 433, 434, 437, 442 y ccdtes. del Código Procesal Penal.-
Regístrese, y devuélvase al Juzgado de origen, a fin que se cumpla con las notificaciones de rigor y proceda conforme corresponda, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.-
Fin de la sentencia