Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2021-111628485-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-47453022-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 12 de Mayo de 2022 EX-2021-111628485- -APN-SGAI#TFN
El Expte. N° EX-2021-111628485- -APN-SGAI#TFN caratulado: “ROCA ARGENTINA S.A. S/APELACIÓN” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, conformada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la 4° Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la 5° Nominación), y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Titular de la 6° Nominación);
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que, la parte actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N°443/2021 (DV CJSU) que dispuso aplicar una multa de $100.000 -pesos cien mil-, correspondiente al período fiscal 2017, debido a la supuesta omisión de informar los datos identificatorios del sujeto informante designado para la presentación del Informe País por País en las previsiones del inciso a), (II), del segundo artículo sin número agregado a continuación del artículo 39 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modificatorias).
Solicita como cuestión previa la condonación de pleno derecho de la multa que pretende aplicar la AFIP, por aplicación del artículo 6°, inc. e), de la ley 27.653, toda vez que se encuentran reunidos todos los requisitos para la concesión de los beneficios previstos en el régimen, a saber: a) La supuesta infracción formal ha sido cometida antes del 31 de agosto de 2021; b) La sanción no se encuentra firme ni abonada; c) La obligación formal se ha cumplido al haber obtenido la A.F.I.P. el Informe País por País desde una jurisdicción con la cual hay acuerdo de información tributaria; d) El error cometido se encuentra subsanado, dado que, en el mes de febrero del corriente, se ha presentado la declaración jurada rectificativa correspondiente.
Explica que las presentes actuaciones se originan con la intimación haciéndole saber que en el Empadronamiento F-8096, correspondiente al período fiscal 2017, declaró que se encontraba obligada a realizar la presentación del Informe País por País mediante su presentación local. Todo ello en virtud de que el grupo de Empresas Multinacionales (EMN) a la cual pertenece realizaría la presentación del informe en una jurisdicción sin acuerdo de intercambio de información tributaria. Sin embargo detalla que, tal declaración -de encontrarse obligada a presentar el Informe País-, se efectuó por un mero error involuntario.
Manifiesta que a fin de subsanar el error cometido, la Sociedad, el día 3 y 22 de febrero del corriente, presentó una declaración jurada rectificativa, enmendando lo manifestado y haciendo saber que la República Argentina y el Reino de España poseen un Acuerdo de Intercambio de Información.
En efecto, agrega que la información la recibió la AFIP por intercambio internacional desde tal jurisdicción, con la cual existe acuerdo de intercambio internacional de información tributaria, sin que resultara necesaria la presentación del Informe País.
Se agravia respecto de la aplicación de la sanción dado que dicha conducta correspondía a un mero error que había sido subsanado con la presentación de la declaración jurada rectificativa y, por lo tanto, no se había generado una afectación al interés público o a la administración tributaria que hiciera nacer el factor de imputabilidad objetivo y subjetivo (la culpabilidad).
Asimismo, que era completamente arbitrario e irrazonable aplicar una sanción de ese estilo, toda vez que su actuar respondía a un simple error en la declaración.
Plantea entre otros agravios la falta de fundamentación y arbitrariedad del acto, la falta de imputabilidad subjetiva por consumación de un error material excusable. La norma requiere que la conducta sea culposa para poder atribuirle al supuesto infractor el daño al bien jurídico tutelado “Administración Tributaria”. Además, entiende que el Fisco omite analizar el error como un eximente de responsabilidad y argumenta que la sanción es completamente desproporcionada, con relación al error que cometió al seleccionar una opción que no correspondía en el F.8096.
Por último, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la sanción con costas.
II. Que, el Fisco Nacional contesta la cuestión previa, en cuando a la solicitud de condonación de la multa conforme lo establecido en la Ley 27.653 – art. 6 inc. e) informa que “ROCA ARGENTINA SA CUIT 30-50052655-2 no cuenta con los requisitos establecidos en el Título I – REQUISITOS Y CONDICIONES Art.4 inc h) las h) Las Micro y Pequeñas Empresas deberán contar con el “Certificado MiPyME” vigente a la fecha de la solicitud del beneficio. Agrega que para obtener tal beneficio conforme surge de la RG 5101/2021 (AFIP) debe dar cumplimiento al Título “I- ACTIVOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR. DECLARACION JURADA INFORMATIVA” y cita la normativa pertinente”.
Por otro lado, señala que no tiene juicios en trámite, finalizados ni paralizados (artículo 16 inciso a) de la Ley 27.541). y no se registran antecedentes.
Consultada la base e-fisco del Organismo se obtuvo que el contribuyente no presentó la DDJJ prevista por el art. 59 de la R.G. 4816/2020 y sus modificaciones, lo cual opera como causal de exclusión del art. 8 de la Ley 27.541 y sus modificaciones, en tanto obliga a repatriar el 30% en cabeza de sus socios y/accionistas, en la medida que se verifique la existencia de activos financieros en el exterior.
Ello así entiende que, no corresponde el otorgamiento de los beneficios previstos por la Ley 27.653 - art. 6 inc. e)-.
III. Que, en virtud de las manifestaciones de la representación fiscal se corre nuevo traslado a la parte actora, quien señala que la AFIP confunde los institutos jurídicos de la regularización tributaria con el de la condonación de multas de pleno derecho.
Resalta que la condonación es automática y no puede exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos para los casos de regularización de deuda, toda vez que esa no fue la intención del legislador ni corresponde a la esencia de la condonación de pleno derecho. Cita jurisprudencia que abala su postura y solicita se declare la condonación de pleno derecho de la multa discutida en autos, con costas.
En resumen, destaca que no necesita ser una MIPyME para gozar del beneficio de condonación de multas, ni debe proceder a la repatriación de bienes situados en el exterior, dado que la ley –en el art. 6°, inciso e)- no hace distinción entre clases de contribuyentes.
Por último, señala que si este Tribunal entiende necesario declarar primero la invalidez del art. 48 de la RG 5101/21 como condición para rechazar lo alegado por la AFIP al contestar la cuestión previa, solicita la aplicación directa de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de alteraciones normativas con excepciones reglamentarias causa “Delfino”.
IV. Que inmediatamente se elevan los autos a consideración de la Sala “B”.
V. Que, desarrollados los argumentos de las partes, corresponde en primer lugar a este Tribunal resolver si corresponde al caso particular la aplicación de los beneficios dispuestos en el art. 6 de la Ley 27.541 (texto según Ley 27.653). Que, para un mejor análisis de la cuestión, cabe reseñar que la Ley 27.541 fue dictada a fines del año 2019 declarando la emergencia pública e incorporando un régimen de regularización exclusivamente en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. En el caso concreto, tal como señala la representación fiscal, la apelante carece de certificado Mipyme, lo que luego fuera confirmado por la propia recurrente.
Ahora bien, la Ley 27.562 modificatoria de la anterior amplia la posibilidad de acogerse al régimen a otros sujetos. Ello así, el artículo 8º establece que “Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior (…) y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”.
Por su parte, el artículo 12 señala que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de julio de 2020, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley modificatoria y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este último artículo equipara la situación de los contribuyentes que en igual situación ya hayan abonado la obligación principal sin expectativas de algún beneficio de condonación.
Ahora bien, como puede observarse de la lectura del art. 8° los contribuyentes “podrán acogerse (…) al régimen de regularización y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo…”, luego se excluye a determinados sujetos de esos beneficios, sin hacer distinción de los otorgados en el art. 12 –establecidos en ese mismo Capítulo-. En otras palabras, si el sujeto es excluido del régimen no puede gozar de los beneficios que éste otorga ya sea acceso al régimen de regularización (art. 11) o las Condonaciones previstas en tal art. 12.
Por su parte, el nuevo texto modificatorio de la Ley 27.653 dispone en el art. 6° “A los efectos de la ampliación prevista por el artículo anterior, resultarán de aplicación todas las disposiciones previstas en la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, con las siguientes excepciones y/o consideraciones:
(...) e) El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de agosto de 2021, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal; De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.
Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de agosto de 2021, inclusive.
Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de agosto de 2021 quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia del presente título de esta ley ampliatoria y/o modificatoria y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la mencionada entrada en vigencia. De tratarse de intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes a anticipos no ingresados, la condonación procederá cuando la declaración jurada del período fiscal correspondiente se encuentre vencida al 31 de agosto de 2021 y presentada a la fecha de vigencia de la ley”;
En el caso concreto, si bien se encuentran cumplidos los requisitos del art. 6° (se apela una sanción correspondiente a una infracción formal cometida hasta el 31 de agosto de 2021 (período 2017), que no se encuentra firme ni abonada y además la obligación formal ha devenido abstracta a partir del intercambio de información con España), conforme lo expuesto por la representación fiscal, la recurrente no tiene certificado Mipyme –ésta lo confirma en su presentación- y habiendo señalado esta última que no se encuentra obligada a repatriar los bienes en el exterior -no cumpliendo con el deber de información del art. 59 de la RG 4816/2020-, criterio contrario al sostenido por esta Sala (“OSTRY SILVIA BEATRIZ s/recurso de apelación”, sentencia del 19/04/21), corresponde concluir que la recurrente se encuentra excluida como sujeto habilitado para usufructuar el régimen bajo análisis, conforme el art. 8 de la Ley 27.541 y mod. En consecuencia y teniendo en cuenta las constancias de autos, no corresponde otorgar el beneficio de condonación solicitado.
VI. Que habida cuenta del estado procesal de las actuaciones, y en atención que no existe prueba a producir, cabe expedirse respecto al fondo de la cuestión, correspondiendo a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada, con sustento en el inciso a) ii) del segundo artículo agregado a continuación del artículo 39 de la Ley N° 11.683 (t.o. En 1998 y sus modificaciones).
Dicho artículo dispone: “...- Serán sancionados: a) Con multa graduable entre ochenta mil pesos ($ 80.000) y doscientos mil pesos ($ 200.000), las siguientes conductas: … (ii) Omitir informar, en los plazos establecidos al efecto, los datos identificatorios del sujeto informante designado para la presentación del Informe País por País, indicando si éste actúa en calidad de última entidad controlante, entidad sustituta o entidad integrante del o los grupos multinacionales, conforme lo disponga la Administración Federal.”
Al respecto, cabe señalar que como país que adoptó tempranamente los lineamientos del Plan de Acciones BEPS de la OCDE, específicamente relacionado a la Acción 13 vinculado con la documentación sobre precios de transferencia se incorpora -entre otras- esta norma a fin de aumentar la transparencia hacia la administración tributaria y desglosar la información pertinente, tendiente a que haya mayor colaboración por parte de los contribuyentes en la lucha contra la evasión y la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios hacia otras jurisdicciones.
En mérito a los compromisos asumidos por el país en el plano internacional y a efectos de promover la correcta determinación y percepción de los gravámenes, se procedió al dictado de la Resolución General N°4130/2017, mediante el cual se implementó un régimen de información anual fijando los requisitos, plazos y condiciones que los sujetos obligados deberán observar en lo que refiere al Informe País por País, destacándose que la recurrente resulta ser un sujeto informante en el marco de dicha norma.
Tal como surge de las presentes actuaciones, el sumario aquí apelado se origina en el hecho de que el contribuyente informó que debía presentar el informe país por país debido a que el informe global era presentado en un país con el que Argentina no posee tratado de intercambio de información; sin embargo luego incumplió con la presentación. Lo cierto es que tal como surge de las actuaciones y el Organismo no desmiente, éste ha obtenido la información porque el informe ha sido presentado en España, Estado que intercambia información con Argentina.
En ese contexto y como es sabido, al examinarse la presunta comisión de un ilícito, se debe atender tanto al elemento objetivo o material del tipo legal, como al subjetivo, a la luz de la regulación contenida en la norma correspondiente, más allá de que la infracción cometida se trate del incumplimiento de un deber formal.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el bien jurídico tutelado por esta figura infraccional resulta ser la “Administración Tributaria” en sus funciones relativas a la determinación de la obligación tributaria y a la verificación y fiscalización del cumplimiento que de ella hagan los responsables” (conf. Sala II in re “Celum S.A. c. D.G.I.”, sentencia del 24/07/2008). En circunstancias análogas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes. La tan mentada equidad tributaria se tornaría ilusoria de no mediar, al menos, el cumplimiento de los deberes formales establecidos en cabeza de quienes tengan responsabilidad impositiva” (Fallos 316:1247). En consecuencia, concluyó que “el cumplimiento de los extremos formales constituye, en materia tributaria, el instrumento que ha considerado el legislador para aproximarse al marco adecuado en el que deben desenvolverse las relaciones económicas y de mercado” (Ibid.).
Ahora bien, cabe señalar que en el caso particular el error incurrido por la contribuyente no impidió al Fisco Nacional hacerse de la información pretendida. En efecto, cabe destacar que sin perjuicio del error inicial, la información ha sido enviada al Fisco Nacional vía intercambio de información lo que conduce a este Tribunal a revocar la sanción aplicada. Las costas se imponen por su orden en atención a las particularidades del caso.
El Dr. Magallón dijo:
I. Que adhiero al relato de antecedentes que formula el Dr. Pablo A. Porporatto, como así también a la solución que en el considerando V de su voto propone respecto de los beneficios que, con pretendido sustento en las previsiones del artículo 6° inc. e) de la ley 27.653 invoca la actora. Disiento, en cambio, con la solución que el distinguido colega propone con relación al fondo de la cuestión debatida en el sub lite pues entiendo, con apoyo en los fundamentos que seguidamente expongo, que la sanción debe ser confirmada.
II. Como ya se dijo, la multa aplicada a la recurrente y apelada ante esta instancia tiene origen en la imputación que el Fisco Nacional atribuye a la actora bajo la figura infraccional tipificada en el inciso a), (II), del segundo artículo sin número agregado a continuación del artículo 39 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modificatorias).
La aludida infracción, vinculada con el incumplimiento parcial de requerimientos de la AFIP, es una de las denominadas por la ley como “infracciones formales”. Es importante destacar que esta tipología de infracciones ha sido concebida por el legislador como un instrumento de inducción para el cumplimiento, por parte de los administrados, de ciertos deberes instrumentales que -generalmente- no se vinculan con el ingreso de las obligaciones tributarias. En efecto y tal como lo explica la Corte Suprema de Justicia, “...la ley fiscal no persigue como única finalidad la recaudación fiscal; sino que se inscribe en un marco jurídico general, de amplio y reconocido contenido social, en el que la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes. La tan mentada equidad tributaria se tornaría ilusoria de no mediar, al menos, el cumplimiento de los deberes formales establecidos en cabeza de quienes tengan responsabilidad impositiva. Precisamente, resulta un hecho notorio la situación en que se encuentran aquéllos que en el ejercicio de sus actividades cumplen con los recaudos que las leyes y reglamentos les imponen, frente a otros que operan en los circuitos económicos informales y de creciente marginalidad. El cumplimiento de los extremos formales constituye, en el caso, el instrumento que ha considerado el legislador para aproximarse al marco adecuado en el que deben desenvolverse las relaciones económicas y de mercado. En lo particular, las exigencias relativas a la emisión de facturas se establecen para garantizar la referida igualdad tributaria; desde que permiten determinar la capacidad tributaria del responsable y ejercer el debido control del circuito económico en que circulan los bienes” (Fallos 314:1376).
En cuanto al bien jurídico que este tipo de infracciones busca proteger, se ha señalado que “De lo hasta aquí expuesto y de lo expresamente declarado por el informe producido por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal se colige con claridad que el bien jurídico de cuya protección se trata excede al de integridad de la renta fiscal. En efecto, se considera de vital importancia como instrumento que coadyuvará a erradicar la evasión, al logro de la equidad tributaria y, por ende, al correcto funcionamiento del sistema impositivo, el hecho de dotar a la administración de mecanismos eficaces de contralor y de apercibimientos con la finalidad de que los contribuyentes, en lo mediato, modifiquen sus conductas tributarias voluntariamente y que, en lo inmediato, lo hagan porque existe una estructura de riesgo ante la sola posibilidad de no cumplir (cfr. "Diario de Sesiones Diputados" - año 1985 - pág. 6274)” (Fallos 314:1376; voto de los Dres. Belluscio y Petracchi).
En el caso de las infracciones formales que aquí se analizan -y al igual que sucede con los llamados delitos formales (fiscales)-, la ley “...no exige la existencia de un perjuicio fiscal (…)” desde que “...la finalidad de la figura (...) no es primordialmente la preservación de la integridad de la renta fiscal sino la preservación de los objetivos de política económica fijados por el Estado en su carácter de órgano rector de la economía nacional...” (Fallos 311:372; voto del Dr. Petracchi).
Para entender como funciona esta particular categoría de infracciones, resulta de utilidad recurrir -mediante analogía que se ve justificada por el consenso doctrinario y jurisprudencial respecto de la aplicación indistinta de principios generales comunes para infracciones y delitos- a la clasificación doctrinaria que distingue entre delitos de mera actividad y de resultado. Se ha dicho que en los primeros, el tipo infraccional no requiere que la acción vaya seguida de la causación de un resultado separable espacio-temporalmente de la conducta y que lo contrario sucede en los delitos de resultado (cfr. MIR PUIG, Santiago; Derecho Penal - Parte General, Ed. B. de F., Montevideo, 9° Edición, pág. 231).
III. Explicadas ya las características ontológicas esenciales de este tipo de infracciones, correspondería hacer foco ahora en los condicionamientos inherentes a su aplicabilidad en los casos concretos.
En tal sentido y siguiendo la línea de la doctrina jurisprudencial de la Corte en la materia, el Alto Tribunal ha dejado dicho que: “6°) Que en lo concerniente a la caracterización del hecho ilícito -aspecto que entraña la hermenéutica de la norma en examen- cuadra puntualizar que en cuestiones de índole sancionatoria, la Corte ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297).
7. Que, ello no obstante, si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente (Fallos - 278:266).
8. Que en la especie, se está en presencia de una infracción concerniente al incumplimiento de los deberes formales colocados en cabeza de quienes tienen responsabilidad impositiva (cfr. fallo citado "ut supra" del 5/11/1991) y está comprobada la existencia misma de los elementos materiales (...) Por tanto, al resultar su adecuación al tipo penal pertinente, corresponde -contrariamente a lo que pretende la recurrente a fs. 62 vta.- que sea la imputada quien cargue con la prueba tendiente a demostrar la inexistencia del elemento subjetivo” (Fallos 316:1313).
IV. Teniendo en consideración el marco general descripto y en cuanto atañe a la procedencia de la infracción endilgada a la actora en estas actuaciones, corresponde señalar primeramente que la circunstancia de haber aquella omitido cumplir oportunamente su obligación de informar los datos identificatorios del sujeto informante designado para la presentación del Informe País por País en las previsiones del inciso a), (II), del segundo artículo sin número agregado a continuación del artículo 39 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modificatorias) es un hecho que no motiva controversia entre las partes. Ello conduce a afirmar que el aspecto material de la infracción se ha verificado.
Ello sentado y toda vez que el tipo de infracción que se reprocha a la actora -de carácter formal, de mera actividad- no requiere para su consumación de un resultado dañoso independiente o separado temporo-espacialmente del hecho mismo de la omisión, cabría concluir que sólo la acreditación de un error con entidad suficiente -como para reconocerle el carácter de excusable- podría justificar la eximición de reproche punitivo.
En el sentido arriba indicado, carece de relevancia la circunstancia de que a la postre -de la omisión de producir el informe requerido por las normas aplicables- el Fisco Nacional hubiera obtenido de un tercer país los datos cuyo suministro en legal tiempo y forma fuera omitido por la sumariada. En efecto, ello no quita el carácter antijurídico a la conducta, puesto que, como se ha explicado más arriba, la lesión al bien jurídico tutelado se produjo con el sólo incumplimiento del deber de informar y con independencia de cualquier otro resultado.
En las condiciones descriptas y no habiendo la recurrente acreditado la existencia de un error excusable, corresponde considerar ajustado a derecho el encuadre de la conducta infraccional incurrida.
V. Que sin perjuicio de la confirmación del criterio de imputación infraccional efectuado por el Organismo Fiscal, estimo que corresponde reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la escala punitiva. Ello así, habida cuenta de la falta de acreditación por parte de la demanda de la existencia de antecedentes sumariales de la contribuyente y de la ausencia de concreta justificación que amerite apartarse, bajo dicha particular circunstancia, de la razonable pauta de graduación que suministra aquella escala al establecer un mínimo y un máximo, de modo de dar al juzgador la posibilidad de sancionar con mayor monto de pena las situaciones en las que se verifiquen causas agravantes o se trate de infractores reincidentes (cfr. esta Sala -en su anterior intergación- “MADERO, María Silvina”, 08/06/2012), situación que, como se ha adelantado, no aparece configurada en el caso bajo análisis.
Por ello, se resuelve confirmar parcialmente la resolución apelada, reduciendo el monto de la multa al mínimo legal de la escala punitiva prevista para la misma. Las costas se atribuyen a la actora en cuanto se confirma la sanción y en el orden causado en la proporción en que se la reduce.
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada, costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese Date: 2022.05.12 09:20:19 ART Date: 2022.05.12 11:20:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.12 12:10:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.12 12:11:57 -03:00
Fin de la sentencia