Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas, reduciéndose al 100% la graduación impuesta en los actos apelados.
2Las costas se imponen a cargo de la parte vencida en la parte que se confirma y por su orden en la parte que se reduce (cfr. art. 184 último párrafo de la ley de rito fiscal).
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $30.059 (pesos treinta mil cincuenta y nueve, equivalente a 1,18 UMA ) y por el patrocinio letrado, la suma de $ 75.147 (pesos setenta y cinco mil ciento cuarenta y siete, equivalente a 2,96 UMA), los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N° 30/2023 y Resolución SGA 2722/2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-130294445-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 1 de Noviembre de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2023-23466471—APN- SGAI#TFN, caratulado “ROCHIETTA JUAN LUIS s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I.-. Mediante RE-2023-23464475-APN-SGAI#TFN, el Sr. Juan Luis Rochietta interpone recurso de apelación contra dos resoluciones dictadas el 7 y 8 de febrero de 2023 por la Dirección Regional Santa Fe de la AFIP-DGI. En la primera de ellas (vide RE-2023-23464899-APN-SGAI#TFN), se resolvió aplicarle una multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del monto atribuido como omitido en el Impuesto Sobre los Bienes Personales del período 2019, ello en los términos del artículo 45 de la ley N° 11683. En el restante acto (RE-2023-23464733- APN-SGAI#TFN), se impuso una multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del monto atribuido como dejado de ingresar oportunamente, y no alcanzado por los beneficios de condonación de la Ley N° 27.653, en el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2017, 2018 y 2019, también de acuerdo a lo previsto por el artículo 45 de la ley de rito fiscal.
Sostiene la inexistencia del aspecto subjetivo en las sanciones aplicadas. Puntualiza que para que una conducta encuadre dentro del artículo 45 de la Ley 11.683 es necesario que exista en el accionar del contribuyente la figura de la culpa, la que no existe en las imputaciones efectuadas. Subraya que la culpa no puede ser presumida, por lo que no puede concebirse la inversión de la carga de la prueba sino que el Fisco debe demostrar su existencia mediante hechos externos y concretos.
Manifiesta que corresponde aplicar el principio de ley penal más benigna, agraviándose que los actos apelados no aplican el beneficio de condonación de sanciones normado en la Ley 27. 653, lo que penalmente es más favorable para el contribuyente. Aduce que la ley 27.541 y sus modificatorias disponen el beneficio de condonación de las multas cuando el contribuyente cancele -durante su vigencia- el capital correspondiente a obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 pero no prevé qué sucede con aquellas que también se encuentren vencidas a ese momento pero que la cancelación se dé con posterioridad. Subraya la equiparación de las cancelaciones producidas antes o después de la vigencia de la norma, considerando que no sería coherente excluir del beneficio el cumplimiento tardío, señalando que ha sido el propio Fisco quien reconoce en ambas resoluciones recurridas que las diferencias fueron totalmente conformadas por el contribuyente. Concluye que la interpretación restrictiva del Fisco de beneficiar únicamente a aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones durante la vigencia de la moratoria resulta contradictoria del propósito legal de favorecer el cumplimiento tardío de obligaciones. Expone también que deviene improcedente el agravante por reincidencia. Plantea que transcurrió el plazo de 5 años contemplado por el artículo 50 de la Ley 11.683 que borra los efectos de la reincidencia, ello computado desde la fecha de imposición de la sanción hasta el momento que se comete la nueva infracción, que para este caso no es la fecha de presentación de la declaración jurada original de ambos impuestos sino la de presentación de las rectificativas.
Expresa que con la modificación legal operada por la ley 27.430 para que pueda aplicarse la figura de la reincidencia se requiere que tanto la primera (antecedente) como las infracciones posteriores (consecuentes, las que se aplican en autos) se hayan producido después de su entrada en vigencia (30 de diciembre 2017), ya que de otra manera se aplicaría retroactivamente una norma de naturaleza penal más perniciosa para el contribuyente. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoquen sendos actos apelados, con costas.
II. A través del IF-2023-54168612-APN-DTD#JGM, contesta traslado el Fisco Nacional.
Sostiene que la conducta del responsable importó el reconocimiento del aspecto material y objetivo de la infracción, es decir, la omisión detectada y el perjuicio fiscal que ello trae aparejado, al haber dejado de ingresar los gravámenes en la forma correspondiente. Respecto al aspecto subjetivo, advierte que los ajustes efectuados redundan en la negligencia y culpa de no haber el contribuyente respetado las normas vigentes.
Asimismo, pone de relieve que siendo que la normativa aplicable (leyes, decretos reglamentarios y resoluciones generales) siempre contempló el instituto de la reincidencia a la hora de graduar las sanciones a aplicar, la modificación normativa invocada por la actora no hizo más que aclarar cómo debe interpretarse su verificación, no tratándose de una cuestión novedosa que altere la mayor o menor benignidad de la norma que aplique la sanción tributaria; concluyendo que en este caso resulta ajustada a derecho la graduación dispuesta. Acompaña antecedentes administrativos. Hace reserva de caso federal. Solicita se confirmen los actos apelados. Con costas.
III. Por medio del PV-2023-55631210-APN-VOCX#TFN se elevan la causa a conocimiento de la Sala “D”. Por IF-2023-129329904-APN-VOCX#TFN pasan a sentencia.
IV. En primer lugar, cabe reseñar los aspectos fácticos que dieran lugar a las sanciones aquí apeladas. En cuanto a la multa en el Impuesto a las Ganancias, surge del acto cuestionado que como consecuencia de las tareas fiscalización se constató que se había ingresado un tributo inferior al que le correspondía, lo que fue conformado por el recurrente al rectificar las declaraciones juradas de los períodos 2017, 2018 y 2019. Los ajustes practicados responden a gastos improcedentes (intereses pagados no computables); reliquidándose en los períodos fiscales 2018 y 2019 ingresos de 1ra Categoría por la aplicación del valor locativo por inmueble inexplotado; se corrigieron los ingresos de 3ra. Categoría provenientes del ajuste efectuado en el resultado del Fideicoimiso Groch en el ejercicio 2018 y finalmente, se desestimaron erogaciones no relacionadas con ingresos de 3ra categoría para el ejercicio 2019 al igual que el ajuste por inflación impositivo considerado como gasto. Que surge de las actuaciones administrativas (vide anexo al IF-2023-54171379-APN-DTD#JGM) que el contribuyente formuló plan de facilidades de pago N° Q225291 en los términos de la Ley 27.653, en el que solamente incluyó el período 2018 por un monto menor al adeudado.
Que consecuentemente, respecto tanto a la porción del período 2018 no incluida en la regularización efectuada como a los montos resultantes de las rectificativas correspondientes a los períodos 2017 y 2019, se instruyó el sumario que diera origen a las resolución sancionatoria aquí cuestionada.
En lo que respecta al Impuesto sobre los Bienes Personales, el Fisco señaló que primitivamente el recurrente ingresó un tributo inferior al que le correspondía toda vez que, producto de la fiscalización efectuada, se detectaron créditos no declarados. Que dicho ajuste también fue conformado por el Sr. Rochietta, sirviendo el monto derivado de ello como base para la imposición de la sanción del artículo 45 de la ley de rito fiscal.
V. Por un lógico orden de precedencia, corresponde resolver si las sanciones aquí aplicadas pueden gozar del beneficio previsto por la ley 27.653, toda vez que la actora efectúa su planteo en los términos de la aplicación del principio de ley penal más benigna.
En primer lugar, corresponde rechazar el carácter de naturaleza de ley penal atribuido por el actor a la ley 27.653, como a sus textos antecesores ley 27.541 y 27.562, ya que aún cuando en sus textos puedan encontrarse disposiciones con incidencia penal, el objetivo de tales normas fue establecer un mecanismo especial y excepcional de percepción de tributos adeudados. En ese orden de ideas, se advierte que las condiciones para acceder a beneficios previstos en dicha norma se corresponden con requisitos de admisibilidad a un régimen facultativo y excepcional de facilidades de pago en materia tributaria, siendo la interpretación que pueda darse a una norma de este tenor restrictiva y nunca por analogía a casos no contemplados en la misma (cfr. Sala “C” de este Tribunal in re “Galilea Hnos S.A.”, sentencia del 3 de agosto de 1979). En efecto, no resultando controvertido que los montos por obligaciones tributarias endilgada como omitidas y que originaron las sanciones impuestas, no fueron abonados en los términos previstos en la ley 27.653 y reglamentaciones, no puede otorgarse al beneficio de condonación pretendido.
Ello así, debe rechazarse el planteo efectuado.
VI. Sentado ello, cabe analizar la procedencia de las sanciones aplicadas.
Que el art. 45 de la Ley N° 11.683 (texto según ley 27.430) dispone que: “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas….”. Asimismo y en lo que aquí interesa, se establece que cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir.
El aspecto material de la infracción requiere de un resultado disvalioso, esto es la omisión del pago, mediante en este caso la presentación de las declaraciones juradas originarias en forma inexacta, resultando ello verificado en autos dado que el actor rectificó sus declaraciones en el Impuesto a las Ganancias –períodos 2017 a 2019- e Impuesto sobre los Bienes Personales – periodo fiscal 2019 en virtud de las observaciones efectuadas por la fiscalización.
Es decir que, se encuentra probada la materialidad de la infracción atribuida para ambos gravámenes, remarcando que al haber conformado los ajustes con posterioridad al inicio de la verificación fiscal, no puede considerarse que ese actuar del recurrente haya sido espontáneo.
Si bien es correcto que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 no exige una intención dolosa, sino que resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998) y es la actora quien debe demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que se produce en las infracciones tributarias. En este sentido, cabe resaltar que en el caso de autos, el aquí apelante no logró acreditar debidamente la falta del elemento subjetivo en el obrar imputado ni tampoco la existencia de error excusable.
En consecuencia, corresponde confirmar la procedencia de ambas sanciones.
VII. Resta referirse al agravio del actor en cuanto a la graduación del 200% aplicada por el Fisco Nacional. Según surge de los antecedentes administrativos, la recurrente registra una sanción de multa firme por infracción material en el marco del sumario SEFI N° 411180, mediante el cual con fecha 29 de junio de 2016 se le aplicó una multa por haber incurrido en la conducta contemplada en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (texto según ley 27.430, B.O. 30/12/2017), respecto a los periodos fiscales 01 a 08/2012 del Impuesto al Valor Agregado por presentación de declaraciones juradas originales inexactas (vide fs. 29, Cpo. Sumarial Resol. 186, anexo al IF- 2023-54171221-APN-DTD#JGM). Ello para el organismo recaudador es causal de reincidencia, resultando para los actos apelados en autos la aplicación del agravante dispuesto en el tercer párrafo del artículo de la ley de rito fiscal que dispone que la sanción por omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir.
En tal sentido, luego de la modificacion el artículo agregado a continuación del art. 50 de la ley expresamente dispone que: "Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley cometiera, con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso". En tal sentido, la infracción que el Fisco toma como antecedente para elevar la graduación de la sanción prevista en el artículo 45 por reincidencia es la que fuera aplicada el 29 de junio de 2016, es decir con anterioridad a la sanción y vigencia de la ley 27.430 que definió por primera vez en su texto los alcances de la reincidencia. Ello así atento la naturaleza de las infracciones tributarias y el principio de irretroactividad de la ley penal (cfr. art. 18 de la CN, art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica y art. 2 del Código Penal), entiendo que no puede proyectarse sobre la primera infracción los efectos más severos previstos en una norma posterior ya que aquella comporta una situación jurídica agotada o consumada bajo el régimen anterior.
En esta línea, el Cimero Tribunal ha establecido que “ es concepto indudablemente recibido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que el derecho penal -en cualquiera de sus ramas- es un sistema riguroso y cerrado, formado por ilicitudes discontinuas, que no tolera ningún tipo de integración por analogía, tendientes a completar los elementos esenciales de las figuras creadas por la ley” (cfr “Usandizaga, Perrone y Juliarena SRL c/Fisco Nacional (DGI) s/demanda contenciosa”, sentencia del 15 de octubre de 1981). En igual sentido el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica establece que “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito…”.
Además, la Alzada tiene dicho que en atención a la naturaleza penal de las sanciones tributarias rige la prohibición de interpretación analógica y el art. 174 de la misma ley 27.430 incorporó expresamente dicha limitación en el art. 1° de la ley ritual (cfr. Sala IV in re “Sullivan y Villalón S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 16 de julio de 2019).
Sobre la base de tales premisas, para que la reincidencia analizada resulte aplicable, requiere que tanto la primera (antecedente) como la segunda infracción (consecuente) se hayan producido después de que la reforma introducida a la ley de procedimiento tributario haya entrado en vigencia, por lo que estimo que no corresponde la aplicación del agravante que eleva al doscientos por ciento (200%) el quantum de sanción por sendos gravámenes dejados de pagar, debiendo graduarse ambas multas en la escala del cien por ciento (100%.).
Por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente las resoluciones apeladas, reduciéndose al 100% la graduación impuesta en los actos apelados. Costas a la vencida en la parte que se confirma y por su orden en la parte que se reduce (cfr. art. 184 último párrafo de la ley de rito fiscal).
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Martín dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos efectuado en el voto de la Vocal Instructora, como así también lo decidido en el Considerando V y los argumentos expuestos en el Considerando VI para confirmar las sanciones aplicadas en autos, sin embargo disiento con lo sostenido en cuanto a la graduación de las mismas.
II. Que al respecto corresponde precisar que a mi entender no existe ningún impedimento legal para que el “antecedente” tomado por el ente fiscal a los efectos del agravante por reincidencia se refiera a un sumario de fecha anterior a la reforma que la ley Nº 27.430 (B.O. 29/12/2017) introdujo en la ley de procedimiento tributario. Que ello así, el art. 50 de la ley Nº 11.683 (t.o. vigente) estableció que: "Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley cometiera, con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso". Como se puede apreciar el legislador no distingue con respecto a la fecha del “antecedente” a ser considerado. La instalación de un corte temporal produciría efectos no deseados. Que en el caso bajo análisis se dan los presupuestos requeridos por la norma para que la reincidencia resulte operativa, en razón de que la primera infracción (antecedente) como la segunda infracción –ahora cuestionadapresentan similar naturaleza sin que haya transcurrido el tiempo límite fijado por la norma.
Que el instituto de la reincidencia ya se encontraba contemplado en la ley de rito fiscal en forma previa a la reforma aludida (art. 49), por lo que no se trata de un instituto de reciente incorporación a su texto legal, a lo que se agrega que tampoco resulta novedoso que para graduar las sanciones a aplicar a los contribuyentes se tome en cuenta la existencia de conductas reprochables previas, resultando que con la incorporación al texto legal se estableció el requisito de firmeza y un límite temporal para su contemplación.
A mi entender en general, la figura de la reincidencia es el fruto de las conductas infraccionales que se repiten y que hacen a la historia sancionatoria del contribuyente durante su vida fiscal y que se exteriorizan con un seguimiento por parte de la Administración Tributaria –mediante registro formal o no- . Esos comportamientos se integran y conforman un ADN del contribuyente y se utilizan (de manera positiva o negativa) para graduar, incluida la reducción, de sanciones frente a nuevos comportamientos. Así como la falta de recurrencia en comportamientos contrarios a la ley, benefician a determinados sujetos, al mismo tiempo la reiteración de conductas antijurídicas, empeoran o desmejoran su situación frente al Fisco. Todos esos antecedentes conformando o integrando un registro les han servido y sirven al Organismo Fiscal como herramienta para regular la aplicación de sanciones.
El régimen sancionatorio previsto en el artículo 49 de la LPT, en su redacción anterior a la Ley 27.430, ya contemplaba esa herramienta para otorgar reducciones (primer párrafo disminuye a un 1/3 de su mínimo legal, tercer párrafo rebaja a su mínimo legal) siempre que no fuere reincidente. Y con esta base legal de fondo, el Organismo Fiscal dictó oportunamente la Instrucción General N° 6/2007, convalidada su existencia por numerosos fallos de este Tribunal Fiscal de la Nación y la Excma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, y referida a infracciones impositivas y de la seguridad social. De dicho cuerpo normativo –actualmente derogado- surge un alcance de la figura de reincidencia a la que claramente se refiere el artículo 49 citado, que permite graduar y reducir. A ese fin expresa en el punto 3.2.1.2 AGRAVANTES, en particular en el inciso f) “la reincidencia o reiteración en la comisión de infracciones a los deberes y obligaciones –formales o materiales- de los responsables, de acuerdo a las definiciones estipuladas en los puntos 3.2.2 y 3.2.3. A estos efectos deberán considerarse todos los antecedentes que registre el sumariado, tanto en materia impositiva como de los recursos de la seguridad social.” De allí surge claramente que deben verificarse las conductas anteriores (por supuesto ya juzgadas) y en este caso particular citado como sinónimo de agravante en el marco del margen de maniobra legal con que cuenta el juez administrativo para graduar una sanción.
Más allá de la reforma introducida por la Ley 27.430, considero que existía un entorno legal que receptaba dentro del régimen sancionatorio la utilización de los “antecedentes” como herramienta de valoración de las conductas. A partir de ello estimo que la reforma de la Ley 27.430, en nada modificó la utilización de dicho concepto al tipificar una sanción aumentada a partir de “antecedentes” que forman parte de la historia del contribuyente (nuevos segundo y tercer párrafo del artículo 45). Una ruptura temporal con base en que antes de dicha ley no se reconocía la figura de la reincidencia llevaría a una cuestionable interpretación de que en la primera infracción posterior a la entrada en vigencia de la Ley 27.430 (29.12.2017), para la totalidad de los contribuyentes, quedara sin aplicación efectiva la figura de la sanción agravada (200% o 300%), ya que todas ellas carecerían de “antecedente”, lo que provocaría la inoperatividad de la norma en los primeros años, generando la indemnidad del contribuyente en su primera aplicación, al haberse descartado todos los antecedentes. Ninguna de estas conclusiones parece haber estado presente con la sanción de la ley 27.430, ya que de su debate parlamentario no se vislumbra una decisión de tamaño impacto.
Al mismo tiempo cabe tener en cuenta que una falta de reconocimiento de los “antecedentes”, podría llevar a un escenario complejo frente a la aplicación de las reducciones, pues en espejo, el Fisco Nacional también estaría considerando los antecedentes anteriores a la Ley 27430, con este último fin, en cuyo caso se estaría desechando el historial utilizado hasta ese momento.
Agregando el aspecto penal que pudiera recaer sobre la medida y su aplicación efectiva, cabe tener en cuenta lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 14 Código Penal –que impide conceder la libertad condicional a los reincidentes-, resolvió que “el principio del “non bis in ídem” prohíbe la nueva aplicación de la pena por el mismo hecho, pero ello no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena –entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal” Fallos CSJN 311-522 -el resaltado me pertenece (cita Maria Ester Zabala Trabajo presentado en la Universidad de Salamanca – enero 2005.)i, en consecuencia considero que la única restricción temporal para la utilización de los “antecedentes” en la figura de la sanción agravada, es el plazo máximo de cinco años a que se refiere el segundo párrafo del artículo incorporado a continuación del artículo 50.
En el caso bajo análisis, a mi entender “el antecedente” utilizado por el legislador en la redacción del nuevo artículo 45 y del artículo agregado a continuación del art. 50, cumple la condición de “dato objetivo y formal” a que se refiere nuestro máximo Tribunal.
III. Que por lo expuesto, considero que ambas sanciones discutidas en el presente expediente deben ser confirmadas, con costas.
i En igual sentido se expidió la CSJN en la causa AREVALO, Martín Salomón (27 de mayo de 2014) al afirmar que “para decidir en este sentido, los Ministros que suscribieron el fallo, se basaron en precedentes anteriores y resolvieron que el sistema de reincidencia es válido porque sólo toma en cuenta el dato objetivo de la anterior pena para ajustar el tratamiento penitenciario que corresponde aplicarle a quien comete un nuevo delito. De este modo, consideraron que esta valoración no implica volver a castigar el primer delito.”
Asimismo, el Tribunal también refutó la tesis de que con este sistema se castigue a una persona por lo que es y no por lo que haya hecho. Para ello, concluyó que la mayor severidad en el cumplimiento de la nueva sanción no se debe a la mera circunstancia de que el sujeto haya cometido antes un delito sino al "mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito". (Centro de Información Judicial)
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas, reduciéndose al 100% la graduación impuesta en los actos apelados.
2. Las costas se imponen a cargo de la parte vencida en la parte que se confirma y por su orden en la parte que se reduce (cfr. art. 184 último párrafo de la ley de rito fiscal).
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $30.059 (pesos treinta mil cincuenta y nueve, equivalente a 1,18 UMA ) y por el patrocinio letrado, la suma de $ 75.147 (pesos setenta y cinco mil ciento cuarenta y siete, equivalente a 2,96 UMA), los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N° 30/2023 y Resolución SGA 2722/2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.11.01 12:33:16 -03:00 Date: 2023.11.01 14:19:27 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.01 15:32:03 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.01 15:32:04 -03:00
Fin de la sentencia