Abriendo la norma
Cámara Civil y Com
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en lo principal y se modifica únicamente en lo que respecta al rubro daño emergente, el que se rechaza. Costas al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 1, 3, 25, 37, 40, 53 y 65 de la Ley 24.240; 67 de la Ley Prov. 11.769; 505 inc. 3º, 511, 512, 902, 1068, 1069, 1083, del Cód. Civil; 17, 18, 42 Const. Nac.; 11, 15, 38 de la Const. Prov.; 68, 88, 94, 96, 165, 263, 266, 267, 272, 304, 338, 375, 384, 456, 458, 473, 474 del CPCC; art. 15 Ac. 2514/92).
En la ciudad de Dolores, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil doce, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 91.608, caratulada: "RODA ROMINA SOLEDAD C/ COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden: Doctores Francisco Agustín Hankovits, Silvana Regina Canale y María R. Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada?
2a. ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DOCTOR HANKOVITS DIJO:
I. Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso ordinario de apelación que contra la sentencia de fs. 671/675 dedujo la demandada Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar -fs. 678-, fundamentado a fs. 695/700 y vta., con réplica de la contraria a fs. 703/704 vta.. Firme el llamado de “autos para sentencia” y realizado el sorteo de rigor (fs. 705 y 706, respectivamente), se encuentran los presentes en condiciones de ser resueltos.
A. La actora promovió acción por los daños y perjuicios que expresa haber sufrido el 4 de enero de 2005 en el comercio de su propiedad que dedica al rubro gastronómico –pérdida de mercadería perecedera e ingresos a consecuencia de su cierre- sito en la ciudad de Cariló, con motivo en el corte del servicio eléctrico, que impidió la realización normal de sus actividades.
Dirigida la acción contra la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. –en adelante CALP- y contra el Hotel Cilene S.A. (fs. 29/34), el reclamo quedó reducido a la primera en razón del desistimiento de la actora contra la segunda (fs. 170, 180 y 201, resolución firme de fs. 183/184 y providencia de fs. 202).
La CALP, al contestar la acción a fs. 126/138, atribuyó la responsabilidad exclusivamente al Hotel Cilene S.A, argumentando la falta de relación causal con el hecho que motiva el litigio, por cuanto el hotel -para solucionar problemas de derrames cloacales-, habría contratado a una empresa que con una máquina excavadora habría roto un cable de media tensión causando el corte del suministro eléctrico.
La señora juez de primera instancia, hizo lugar a la acción condenando a CALP a abonar en concepto de “daño emergente” y “lucro cesante” la suma de $ 4.000, más intereses.
Para ello, tuvo en cuenta el desistimiento formulado por la actora respecto de Cilene S.A., entendiendo entonces que no corresponde por ello analizar su conducta, no resultando procedente la invocación exonerativa del art. 1113 2do párrafo del Cod. Civil -culpa de un tercero por quien no debe responder-, condenando “objetivamente” a la CALP en su carácter de guardiana de la cosa riesgosa – electricidad- y de prestataria del servicio (fs. 672 vta.; 673 vta.).
B. De ello se agravia la recurrente. Indica, en ese sendero, que más allá del desistimiento señalado, no se le puede impedir a su parte acudir a la culpa de un tercero por el cual no se debe responder –Hotel Cilene S.A.-, quien introdujo en sus terrenos una máquina excavadora que cortó un cable. Manifiesta que la actora no logró acreditar el nexo causal necesario entre el daño y el actuar de su parte, no pudiendo entonces ser la única responsable. Por otra parte, alega que no fueron analizadas las pruebas aportadas por su parte, las que demostrarían que el hecho se produjo por causales ajenas a ella. Señala, que no puede ponerse en su cabeza la obligación de traer al tercero al proceso, debiendo la actora cargar con el desistimiento formulado en relación al mismo.
Finalmente, se duele del otorgamiento del rubro “daño emergente” y del monto dado en concepto de “lucro cesante” (fs. 696/700 vta.).
II. A. Liminarmente, entiendo cabe realizar ciertas aclaraciones previas en derredor del derecho aplicable a esta clase de situaciones en las que se produce un daño atribuido a la energía eléctrica.
1. En ese sentido, cabe manifestar que en el marco extracontractual, resulta operativo el art. 1113, 2º párrafo del Código Civil, toda vez que las disposiciones relativas a las cosas son aplicables a la energía eléctrica (art. 2311 CCiv).
Tal ocurre con el cableado de media tensión que es de propiedad de la respectiva compañía de electricidad -en el caso CALP-, quien además detenta su guarda -hace empleo útil de ella, sirviéndose y aprovechándose- y está obligada a arbitrar medidas de seguridad con respecto al elemento de riesgo.
Así, lo ha expresado el Máximo Tribunal Nacional al sostener que “la electricidad, a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas (art. 2311 del Código Civil), presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en el art. 1113, segundo párrafo, última parte, del Código Civil”
(CSJN., P. 338. XX, 15/10/1987, T. 310, P. 2103; S. 36.
XXXI, 27/05/2003, T. 326, P. 1673). Ello así, en tanto que en la órbita objetiva de la norma citada, la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa cabe presumirla, por lo tanto para eximirse debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.
Está fuera de toda discusión que frente a un daño provocado por el hecho de una cosa inanimada, situación que normativamente aparece regulada por el art. 1113 del CC, conforme lo dicho. Siendo así, al actor sólo le incumbe demostrar: a) la existencia del daño; b) el carácter riesgoso o vicioso de la cosa individualizándola concretamente y objetivando su riesgo o vicio; c) que el perjuicio obedece al riesgo o vicio de la cosa y d) que el demandado es dueño o guardián de la cosa. En tanto, la demandada, por servirse de la cosa dañosa, sólo podía excluirse de la responsabilidad que objetivamente por tal pesaba sobre ella de acuerdo a la teoría del riesgo creado que aquella norma consagra, demostrando a su vez, que la conducta de la víctima generó causal o concausalmente el evento dañoso (ap. 2°, art. 1113 CCiv).
Es decir que, probado el nexo causal, existe una presunción de responsabilidad y quien desea exonerarse de ella, debe probar que el daño obedeció a una causa ajena, o que la conducta de la víctima destruyó total o parcialmente el nexo de causalidad. Todo ello, verbigracia, en el supuesto de un transeúnte que circula por una vía pública y al pisar o tocar un cable caído recibe una descarga eléctrica.
2. En el marco contractual, esto es cuando un usuario o cliente de una empresa proveedora de energía eléctrica, ya sea por una sobrecarga o –como en la especie- un corte de suministro, le imputa determinados daños a la empresa prestataria del servicio, el derecho aplicable resulta ser, en mi criterio, en el ámbito provincial, la ley 11.769 –Marco regulatorio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires- que en su capítulo XV determina el Derecho de los Usuarios –art. 67- en el que se estipula, y en lo que resulta de interés, que los usuarios tienen derecho a “Recibir un suministro de energía continuo, regular, uniforme y general que cumpla con las metas y niveles mínimos de calidad que determine la Autoridad de Aplicación, a través de los respectivos contratos de concesión otorgados a los concesionarios de servicios públicos de electricidad (inc. a); y, “Ser compensado por los daños producidos a personas y/o bienes de su propiedad, causados por deficiencias en el servicio, imputables a quien realiza la prestación (inc. f). A su vez, en la Reglamentación de dicha ley, y en lo que respecta al artículo de marras, se establece que los derechos que allí se disponen, son sin perjuicio de toda otra normativa vigente de carácter general y la que en el futuro se dicte.
En ese orden, a ello se suma el régimen tuitivo del consumidor de raigambre constitucional (art. 42 de la Const. Nac.; 11 y 38 de su par provincial); específicamente la ley 24.240, y en el orden local la ley 13.133 (en caso de optarse por el procedimiento allí dispuesto (Título VII).
En ese sentido, en la ley nacional 24.240 se señala igualmente, en su artículo 3, que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”. Así adquiere particular relevancia hermenéutica lo dispuesto también en dicha norma, en tanto que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece la misma prevalecerá la más favorable al consumidor (art. Cit.) Más puntualmente, en relación con los usuarios de servicios públicos domiciliarios el artículo 25 de la LDC estatuye que “Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.”. No debemos obviar, por otra parte, que la ley del Consumidor es de orden público (art. 65).
Especialmente, es dable expresar que el artículo 40 de dicho plexo normativo fija que “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”(el remarcado es propio); a su vez, en relación con la carga de la prueba el art. 53 preceptúa sobre el punto que “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.
3. En el contexto antes referenciado, se pone en evidencia el valor de los hechos en el proceso, y su necesaria acabada meritación por el judicante, dado que no todas las aparentes similares situaciones deberán ser juzgadas desde un mismo prisma jurídico, con aplicación mecánica de las llamadas “doctrinas judiciales” enunciadas abstractamente al respecto. B. 1. En ese sendero, en las presentes actuaciones el actor relata en su escrito de inicio que el 4 de enero de 2005 se provocó por 12 horas un corte de suministro de energía en su negocio, por lo que solicita lucro cesante, daño emergente, y daño moral, previos reclamos extrajudiciales incoados a la empresa prestataria del servicio eléctrico (fs. 29/31). Acompaña el pago de las facturas de luz del período (fs. 21/22). De su lado, la accionada niega haber sido, por su negligencia o deficiencia, la que ocasionó el corte de suministro eléctrico, considerando que el responsable es el Hotel Cilene, por lo que entiende no le cabe responsabilidad contractual (fs. 131) ni extracontractual (fs. 133 vta.).
2. En la especie, sin duda, conforme los hechos esgrimidos y defensas articuladas al momento de trabarse la litis, resulta sin ambages que corresponde aplicar el último plexo normativo antes reseñado, más allá del derecho invocado por la partes y aplicado aún por el juez de la primer instancia (fs. 673 vta.). En efecto, de acuerdo con el clásico postulado iura novit curia, corresponde a la judicatura la calificación jurídica de las pretensiones deducidas por las partes, pudiendo incluso subsanarse el silencio o enmendarse el derecho mal invocado por ellas (SCBA, C 93.745, sentencia del 3 de octubre de 2012, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Obra Social del Personal Marítimo s/Apremio, voto del doctor Hitters). Mas, la potestad oficiosa reconocida por el principio iura novit curia, no es absoluta, ya que no autoriza a alegar (rectius: alterar) las bases fácticas del litigio, ni la causa petendi, ni tampoco a la admisión de hechos o defensas no esgrimidas por los litigantes (idem); por lo que resulta necesario profundizar el análisis de las circunstancias del caso para evitar un apartamiento del principio de congruencia, íntimamente vinculado con la garantía del debido proceso (conf. sent. cit).
III. A. Delimitado pues el marco legal aplicable en estas actuaciones (arts. 67 de la ley 11.769; 1, 3, 25, 37, 40, 53 y 65 de la ley 24.240), corresponde entonces desde allí dar respuesta a los planteos revisores ensayados por el impugnante (art. 272 del CPCC).
Sin duda, por todo lo antes expuesto, resulta visceral la aplicación a estos obrados el art. 40 de la ley 24.240 que estatuye el régimen de responsabilidad en materia del consumidor, el que resulta más exigente cuando se trata de liberar de responsabilidad a los prestadores del servicio, quienes solo lo harán si demuestran que la causa del daño les ha sido ajena (conf. SCBA, C 98.790, Sent. del 12-8-2009).
B. Sobre ese sendero, corresponde detenerse sobre el agravio vinculado al desistimiento de la acción por el actor contra Cilene SA y la acreditación de la causal de exoneración alegada por la demandada. Ello, frente a lo decidido por el a quo en cuanto a que la CALP pudo y no citó a la misma, por lo que no corresponde –en su criterio- analizar la actuación de esa empresa (fs. 672 vta.), al sostener que “la invocada responsabilidad de un tercero por quien no deba responder, Cilene SA, no resulta viable por cuanto quien acciona es la usuaria, damnificada, y la accionada CALP no ha citado a juicio al eventual obligado (art. 18 de la CN) (fs. 673 vta.).
Al respecto, entiendo corresponde deslindar dos cuestiones bien distintas que aparecen como enmarañadas en el pronunciamiento puesto en crisis. Por un lado, cierto es no se puede condenar a una persona física o jurídica que no haya sido emplazada a juicio, ya que ello vulneraría sin más la garantía de defensa, comprometiendo seriamente el debido proceso legal. Otra, en cambio, es negar la posibilidad al demandado de demostrar que el hecho no respondió a su acción u omisión sino la de un tercero, que pudo o no ser traído a juicio por el actor o ser o no citado por el legitimado pasivo. Empero, -reitero- sólo para el supuesto de ser debidamente emplazado a comparecer a juicio por alguna de las partes, cabe hacerle extensible la condena (art. 96 del CPCC; SCBA, C 103.999, Sent. del 10-3-2010; entre otras). Mas, de la circunstancia que no haya sido citado o que citado se haya desistido de la acción o el proceso respecto del mismo, no conlleva que el legitimado pasivo pueda alegar y probar, como causal legal de exoneración, la conducta de un tercero ajeno. De lo contrario, se viola la garantía de defensa en juicio del accionado (arts. 18 de la Const. Nac.; 11 y 15 de su par Provincial). C. Dicho ello, incumbe adentrarse en determinar si el demandado demostró que la causa del daño le ha sido ajena (art. 40 de la ley 24.240).
No cabe duda que el legitimado pasivo es el titular de la concesión de la distribución de la energía eléctrica (fs. 127), como el acaecimiento del hecho dañoso y sus circunstancias de tiempo y lugar (exposición civil de fs. 54, fotografías de fs. 58/73, e informe pericial de fs. 154 vta. y 163 (arts. 375, 384, 473, 474 y concs. del CPCC.).
El accionado alegó en su beneficio que el daño se debió a la intervención de una máquina retroexcavadora utilizada por el Hotel Cilene S.A., invocando el supuesto de la intervención de un tercero por quien no ha de responder (fs. 126/138).
Mas, de la pericial obrante a fs. 154 y vta., se desprende que el cable cortado de la CALP en terrenos del Hotel (ver fs. 99/100) carecía de elemento mecánico de protección sobre los conductores y/o elemento de aviso como una malla plástica con leyenda de peligro de alta tensión y que su ubicación no respetaba la profundidad mínima exigida por la normativa en la materia que es de un metro, (si bien pudo haberse ello modificado la altura del suelo desde que había sido colocado -contestación a la impugnación de fs. 163 vta.-) no dándose pues, en criterio del perito, todas las normas de seguridad en cuanto a las personas y al servicio (fs. 154 vta.; en igual sentido ver fs. 89/90; 99/100). El demandado al impugnar la misma (fs. 156/158) se limitó principalmente a cuestionar la forma de actuar del profesional, lo que fue oportunamente contestado por el perito interviniente (art. 474 del CPCC).
La accionada ha producido una gran cantidad de elementos probatorios inconducentes para dar sustento a su argumento (fs. 73/125); nada aporta la exposición civil de fs. 54 siendo su mera manifestación unilateral, como tampoco las cartas documentos remitidas a Hotel Cilene S.A.. Tampoco resultan acreditativas de su postura las actividades desarrolladas para restaurar el servicio, no siendo ello más que su deber como prestataria del mismo (leyes 24.240 y 11.769). Tampoco lo hacen los testimonios de fs. 436/437 y de fs. 514/519vta. que hacen referencia al modus operandi de la compañía y alquileres de equipos que ésta utilizara (fs. 436/437), restando decir que el resto de los testigos resultaron ser “de oídas (fs. 514 vta.) o ser empleados de CALP (fs. 515/518) o mantener relaciones contractuales con la misma (fs. 519) (art. 456 de CPCC).
Por todo ello, considero conforme el plexo normativo citado, no se ha evidenciado por la legitimada pasiva la causal exculpatoria prevista en el art 40 de la LDC, dado que con las omisiones indicadas y acreditadas por prueba documental y pericial, no se puede afirmar que la causa del daño le ha sido ajena frente al usuario.
IV. En cuanto a los rubros “daño emergente” y “lucro cesante” cabe referir que la sentenciante de grado otorgó la suma de $ 2.000 por cada concepto, de lo que se agravia el recurrente.
En primer lugar debo referir que el daño patrimonial, cualquiera sea –daño emergente o lucro cesante- debe responder a una realidad y como tal ser demostrada (art. 375 CPCC); el perjuicio para ser resarcible debe ser cierto y su prueba corre por cuenta de quien lo reclame, debiendo hacerlo fehacientemente aportando a la causa la información necesaria para su determinación por el juzgador, sin que sea bastante la posibilidad de la existencia de un perjuicio, pues no corresponde acordar indemnización sobre la base de simples conjeturas; el juez está habilitado para ejercer su prudencial criterio para dictaminar el monto del daño, una vez justificada su existencia (arts. 505 inc. 3º, 511, 512, C. Civ. 165 del CPCC).
A. Con base en tales parámetros, en relación al “daño emergente”, considerado el mismo como el perjuicio efectivamente sufrido - pérdida de mercadería existente al momento del corte del suministro de energía-, cabe referir que el mismo no ha de prosperar, haciendo lugar al agravio esgrimido en este tramo. Si bien el corte de energía puede ocasionar un daño resarcible - art. 1068 del C. Civil-, se requiere la demostración del impacto negativo sobre el patrimonio de quien la padeció tal como sostuve en párrafo anterior -art. 1069 C.Civ.-; y, el déficit probatorio en este aspecto conlleva a considerar no acreditado el daño, y un daño no probado es un daño inexistente, no correspondiendo pues resarcimiento alguno - art. 1083 C.Civil-.
En efecto, en autos, la prueba pericial de fs. 405/406 indica la ganancia diaria del comercio cuyo valor probatorio no ha de meritarse para este rubro – conforme su naturaleza conceptual-, sino que debe valorarse al estimar el lucro cesante como la ganancia dejada de percibir.
Asimismo, la prueba documental de fs. 3/11 consistente en facturas de compra de mercaderías para abastecer el negocio –sin perjuicio de mencionar que sólo dos son del día anterior al evento (fs. 3 y 11) y una del mismo día (fs. 6)-, no se encuentra acreditada su autenticidad por cuanto la demandada desconoció las mismas al tiempo de contestar la pretensión, al oponerse a la medida de prueba informativa ofrecida por la actora a tales fines (fs. 135), planteo que hizo lugar el juzgado a fs. 204 y vta., por aplicación del artículo 395 del CPCC, quedando así el rubro reclamado desprovisto de elementos probatorios que lo sustenten, siendo ello carga del accionante (arts. 375, CPCC). En su virtud, considero debe rechazarse el rubro en cuestión (art. 1068 del CC).
B. En cuanto al “lucro cesante”, comprensivo de las ganancias de que se vio privada la actora, advierto que el monto otorgado resulta ajustado a derecho siendo ello un reflejo de la pericia contable de fs. 405/406. Impugnada por el demandado a fs. 420/421 la misma, y contestados a fs. 445/446 los cuestionamientos realizados, el perito explicó de donde extrajo los datos consignados –libros contables de la actora-, contrariamente a lo que entiende el quejoso en cuanto a que la misma carece de sustento técnico.
Asimismo, no enerva tal conclusión lo referido en cuanto a que no corresponde resarcirse el ingreso bruto debiendo descontarse en concepto de ganancia efectiva el 10 o el 15%. Ello por cuanto si bien en la impugnación de fs. 420/421, el demandado solicitó al perito que especifique los gastos diarios del comercio, lo cierto es que tal punto de pericia no había sido solicitado por la actora –tal como aclara el perito a fs. 445/446-, no ejerciendo tampoco dicha facultad el demandado (art. 458 del CPCC). Asimismo, el perito aclara que dicho dato no surgía de los libros contables, quedando dicho extremo sin otra impugnación o pedido de mayores explicaciones (arts. 375, 384, 458 del CPCC).
Aún así, surge de fs. 553/556 –informe de la AFIP aportado por la actora-, que los tickets de ventas al público correspondientes al mes de enero del año 2005, resultan ser concordantes con los originales, elemento probatorio que da respaldo al monto otorgado en la instancia de grado por el rubro en análisis. (art. 519 del CC).
V. Por todo lo aquí expuesto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada en lo principal y modificarla únicamente en lo que respecta al rubro daño emergente, el que se rechaza. Costas al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 1, 3, 25, 37, 40, 53 y 65 de la Ley 24.240; 67 de la Ley Prov. 11.769; 505 inc. 3º, 511, 512, 902, 1068, 1069, 1083, del Cód. Civil; 17, 18, 42 Const. Nac.; 11, 15, 38 de la Const. Prov.; 68, 88, 94, 96, 165, 263, 272, 304, 338, 375, 384, 456, 458, 473, 474 del CPCC).
Con el alcance indicado y la modificatoria propuesta, voto por la afirmativa.
LAS SEÑORAS JUECES DOCTORAS CANALE Y DABADIE ADHIRIERON AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DOCTOR HANKOVITS DIJO:
Atento el acuerdo alcanzado en la primera cuestión, se propone confirmar la sentencia apelada en lo principal y modificarla únicamente en lo que respecta al rubro daño emergente, el que se rechaza. Costas al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 1, 3, 25, 37, 40, 53 y 65 de la Ley 24.240; 67 de la Ley Prov. 11.769; 505 inc. 3º, 511, 512, 902, 1068, 1069, 1083, del Cód. Civil; 17, 18, 42 Const. Nac.; 11, 15, 38 de la Const. Prov.; 68, 88, 94, 96, 165, 263, 272, 304, 338, 375, 384, 456, 458, 473, 474 del CPCC).
ASI LO VOTO.
LAS SEÑORAS JUECES DOCTORAS CANALE Y DABADIE ADHIRIERON AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS. CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, se confirma la sentencia apelada en lo principal y se modifica únicamente en lo que respecta al rubro daño emergente, el que se rechaza. Costas al recurrente vencido en virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 1, 3, 25, 37, 40, 53 y 65 de la Ley 24.240; 67 de la Ley Prov. 11.769; 505 inc. 3º, 511, 512, 902, 1068, 1069, 1083, del Cód. Civil; 17, 18, 42 Const. Nac.; 11, 15, 38 de la Const. Prov.; 68, 88, 94, 96, 165, 263, 266, 267, 272, 304, 338, 375, 384, 456, 458, 473, 474 del CPCC; art. 15 Ac. 2514/92).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
MARIA R. DABADIE SILVANA REGINA CANALE FRANCISCO AGUSTIN HANKOVITS GASTON FERNANDEZ
Abogado Secretario
Fin de la sentencia