Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 38866-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación obrante a fojas 175/178; 2) Con costas a cargo de la parte demandada por resultar vencida (art. 1163 del CA).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 43698/2023 “RODAS SRL (TF 38866-A)
C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de noviembre de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy y Pablo Gallegos Fedriani dijeron:
I. Que mediante la resolución de fojas 175/178 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución N° 1190/2017 (AD ROSA) dictada en el marco del expediente SIGEA 12542-2579 -2008. A través de ese acto administrativo se habían confirmado y reliquidado los cargos VI RGROS Nros. 138 a 147 del 2008 y, en consecuencia, se había condenado a la importadora al pago de USD 32 .485,13, en razón del ajuste de valor practicado en relación con las mercaderías documentadas en los despachos de importación Nros.
05052IC04785S, 06052IC04126X, 060521C04442J, 060521C04571M,
06052IC041232H, 06052IC042666T, 06052IC04681Y, 06052IC04556P y 06052IC04305H, con fundamento en la supuesta elusión de derechos de antidumping. Impuso las costas a la demandada vencida.
Para así decidir, recordó en primer lugar que en virtud del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994 -aprobado por la Ley Nº 24.425-, se estableció que el valor de transacción era la primera base para la determinación del valor en Aduana de la mercadería, y que cuando no pudiera determinarse dicho valor podía recurrirse a otras bases de valoración previstas en la normativa indicada.
Destacó que esa norma determinaba que en caso de que la diferencia de precios se debiera a un incumplimiento de alguna de las condiciones del artículo 1 no podía aplicarse el método de valor de transacción, y que si el motivo de la diferencia residía en que no se hubiera incluido en el precio -pagado o por pagar- alguno de los elementos que enumeraba el artículo 8, la Aduana debía efectuar un ajuste para tener en cuenta la diferencia de precio. A su vez, si la diferencia ocurría por otro motivo, el precio sería aceptable como valor de transacción y ello sólo podía evitarse en caso de que la Aduana determinara la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones, y recién en ese supuesto procedería la utilización de un método distinto al del artículo 1 del Acuerdo. Alta en sistema: 08/11/2024 En cuanto a este caso, el Tribunal Fiscal de la Nación precisó que el servicio aduanero no había aplicado aquí el valor de transacción, sino que había fundado el ajuste de valor a partir de una comparación entre el precio declarado en las destinaciones de importación ya mencionadas con los precios corrientes de mercado para productos similares, basado para ello en los despachos de importación a consumo Nros. 02052IC04000051B y 02052IC05000012W. Sin embargó -prosiguió-, no obraban en las actuaciones administrativas tales antecedentes tenidos en cuenta para efectuar el ajuste, lo que llevó al Tribunal a concluir que “[…] el servicio aduanero no realizó una investigación adecuada que denote que el valor documentado resultó considerablemente incrementado a precios o valores de ‘antecedentes’, o a los precios corrientes.”
II. Que contra dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación a fojas 184, y expresó agravios a fojas 190/195, los que fueron replicados por su contraria a fojas 198/201. En su memorial, la demandada se agravió de que el Tribunal Fiscal de la Nación revocara la Resolución N° 1190/2017 (AD ROSA) y, en consecuencia, el ajuste de valor practicado sobre las mercaderías importadas por la actora.
Destacó que la decisión de ese Tribunal se había fundado en que las actuaciones administrativas no contenían los elementos utilizados por el servicio aduanero para practicar el ajuste de valor, sin embargo, afirmó que dicha apreciación resultaba arbitraria en la medida en que se estaba poniendo en cabeza de su parte probar la viabilidad del ajuste, cuando en realidad dicha carga pesaba sobre la firma actora.
Asimismo, expresó que en todo caso la Resolución N° 1190/2017 (AD ROSA) se ajustaba a derecho y que, además, era una facultad propia de la administración dudar de los precios declarados por los operadores de comercio exterior e importadores.
III. Que en este estado de las actuaciones, corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
III.1. En el sub lite, el Tribunal Fiscal de la Nación realizó un detalle pormenorizado de los elementos sometidos a estudio. Al describir los hechos del caso recordó que a través de los despachos de importación Nros. 05052IC04785S, 06052IC04126X, 060521C04442J, 060521C04571M, 06052IC041232H, 06052IC042666T, 06052IC04681Y, 06052IC04556P y 06052IC04305H la firma actora había documentado Alta en sistema: 08/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V importaciones para consumo de partes y accesorios de bicicletas, originarios y procedentes de China y Taiwán.
También valoró los Informes Técnicos obrantes en las actuaciones administrativas.
Respecto del Informe N° 9/08 (SE FVIM) expresó que “[…] el servicio aduanero ajustó, en base a una comparación con mercaderías de similares características, los valores declarados en los DI [...] en virtud de supuestas inconsistencias detectadas, que harían presumir la existencia de maniobras elusivas por medio de las cuales se habría incrementado el valor documentado con la finalidad de eludir el pago de derechos antidumping por parte del recurrente. En consecuencia, se formularon los cargos nros. 138/2008, 139/2008, 140/2008, 141/2008, 142/2008, 143/2008, 144/2008, 145/2008, 146/2008 y 147/2008”.
Recordó además que, 6 años más tarde, a través del Informe N° 5/14 (SE FVIM) la Sección Fiscalización y Valoración de Importación había rectificado el ajuste de los despachos de importación Nros. 05052IC04785S; 06052IC041232H y 06052IC042666T, y ratificado el ajuste respecto de los restantes. Por tal motivo -señaló- la Aduana de Rosario fijó el importe reclamado en concepto de derechos de antidumping a la suma de USD 32.485,13.
A partir de allí, el Tribunal Fiscal precisó que la valoración en Aduana de mercaderías importadas se regía por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994, conforme lo establecía la Ley N° 24.425.
Sobre esa base, afirmó que el rechazo del valor de transacción no se debía -en el caso- a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en dicha norma, sino que se había fundado en que el precio declarado resultaba -a criterio de la DGA- incrementado en relación a los precios corrientes de mercado para productos similares para eludir la aplicación de derechos de antidumping.
Luego de ese punto el Tribunal a quo debía determinar si el ajuste en cuestión se encontraba debidamente fundado. Sin embargo, se indicó que “[…] al no obrar en las actuaciones administrativas los supuestos antecedentes tenidos en cuenta por el servicio aduanero para efectuar el ajuste cuestionado por la aquí actora, la suscripta se encuentra impedida de efectuar el debido análisis de los mismos”. Por tal razón, concluyó que la Aduana no había realizado una investigación adecuada que denotara que el valor documentado hubiera resultado considerablemente incrementado y, tal forma de proceder, permitía Alta en sistema: 08/11/2024 concluir que no existían elementos para descartar el valor de la mercadería declarada.
III.2. Expuesto lo anterior, cabe recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 1180 inciso b) del Código Aduanero, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (conf. Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R .L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014, entre otros). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.).
En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre otros).
III.3. En sus agravios, el Fisco Nacional alegó que la decisión del Tribunal Fiscal resultaba arbitraria ya que la Resolución 1190/2017 (AD ROSA) se ajustaba a derecho y que, además, la carga probatoria recaía en el caso sobre su contraria, quien debió haber fundado adecuadamente el valor de precio declarado.
Ahora bien, sin perjuicio de que ese planteo refiere a cuestiones de hecho y prueba, cabe precisar que no se advierte que la valoración efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación haya sido arbitraria o irrazonable.
Más allá de lo que alega la demandada, dicho Tribunal efectuó una descripción amplia de los elementos probatorios de la causa. Tal es el caso de los Informes Técnicos Nros. 9/08 y 5/14, a partir de los cuales concluyó que el Fisco Nacional había comparado el precio declarado en los despachos de importación Nros. 05052IC04785S, 06052IC04126X, 060521C04442J, 060521C04571M, 06052IC041232H, 06052IC042666T, 06052IC04681Y, 06052IC04556P y 06052IC04305H con el precio declarado en los despachos de importación a consumo Nros. 02052IC04000051B y 02052IC05000012W -a fin de establecer el valor en aduana, con arreglo al artículo 3 del Acuerdo Internacional ya Alta en sistema: 08/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V citado-, sin perjuicio de lo cual no había ninguna constancia en las actuaciones administrativas de tales antecedentes, lo que motivó la decisión de revocar la Resolución N° 1190/2017.
III.4. Por lo demás, cabe agregar que en casos análogos al presente este Tribunal ha dicho que en el procedimiento de ajuste de valor quien afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero, que debe probar la veracidad de su cuestionamiento. Sólo en caso de lograrlo transferirá al importador la carga de demostrar la legitimidad de su declaración; hasta entonces ninguna carga pesa sobre el particular (esta Sala in re: Expte. N° 61.308/2016 “Colgate Palmolive Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 20/12/2016; y Expte. N° 5170/2023 “Cencosud SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2024.
En efecto, constituye un indiscutido principio procesal -aplicable a todo litigio, aun no judicial- que es siempre a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia, cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635, entre muchos otros; Sala IV, in re “Macnet S .A. -TF 14723-A- c/D.G.A.”, sentencia del 13/09/05; Sala V, in re “Relojes Irel S.R.L. -TF 18490-A- c/D.G.A.”, sentencia del 03/07/07). En consecuencia, cuando median circunstancias a partir de las cuales se cuestiona -como en el caso- la veracidad del precio declarado por el actor, es la aduana quien debe allegar medios de prueba suficientes para destruir la presunción creada, aportando precisa y específicamente los datos, elementos y razones que justifiquen el rechazo del valor de transacción y el ajuste del valor declarado mediante el empleo de alguno de los métodos subsidiarios (confr. Sala IV in re “Applica Americas Inc. S.A: (TF 21374-A) c/ DGA”, sentencia del 16/2/10; Sala II, in re “Distribución SRL (TF22146-A) c/ DGA, sentencia del 28/10/10, y “Applica Américas Inc Suc Arg (TF 22145-A) c/ DGA”, sentencia del 11/11/10).
III.5. Por tales razones, y toda vez que la parte demandada no ha logrado acreditar la arbitrariedad de la decisión del Tribunal en cuanto revocó el ajuste de valor efectuado por dicha parte, corresponde desestimar los agravios del servicio aduanero y confirmar la resolución apelada.
Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación obrante a fojas 175/178; 2) Con costas a cargo de la parte demandada por resultar vencida (art. 1163 del CA).
Alta en sistema: 08/11/2024 ASÍ VOTAMOS.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I. Que adhiere al voto precedente en atención a que la cuestión debatida en los presentes autos resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 41786/2023, caratulada “Zambito, Rubén Hugo (TF 38986-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3 de septiembre de 2024.
Cabe agregar el servicio aduanero se basó en antecedentes que, a su criterio, demostraban que los precios documentados no concordaban con los correspondientes a otras mercaderías que consideró “similares”, pero que no se hallaban agregados en autos de manera tal que resultaba imposible constatar que concordaran en la calidad, especie, versión, marca, cantidad, nivel comercial y demás factores relevantes a efectos de concluir que efectivamente se tratara de precedentes comparables. En tales condiciones, el Tribunal Fiscal tampoco requirió, en uso de las facultades previstas en el artículo 1.143 y 1.156 del Código Aduanero, que fueran acompañados tales antecedentes.
Por lo demás, corresponde destacar que los antecedentes que se enunciaron como comparables fueron documentados en el año 2002 mientras que las operaciones involucradas en autos lo fueron en los años 2005 y 2006, de modo que no resultan contemporáneas ni, por ende, comparables en los términos pretendidos por el servicio aduanero. ASÍ VOTO.
En virtud de lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1)
Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación obrante a fojas 175/178; 2) Con costas a cargo de la parte demandada por resultar vencida (art. 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Alta en sistema: 08/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 08/11/2024
Fin de la sentencia