Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133.198
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, con costas, el recurso de casación intentado por la defensa oficial de Alan Rubén Rodríguez y confirmar la sentencia condenatoria impugnada en todo lo que fuera materia de agravio.
II. Tener presente la reserva del caso federal formulada.
Artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 45 y 119, párrafos 2do., 3ero. y 4to. acápite d) del Código Penal; 1, 106, 203, 205, 209, 210, 373, 434, 448, 450, 451, 454, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 14 de la ley 48.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 0700-41507-20 C. 133.198
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Luis María Mancini, a los efectos de dictar sentencia en la causa nro. 133.198, caratulada "RODRÍGUEZ ALAN RUBEN S/ RECURSO DE CASACIÓN", conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX – MANCINI.
1. El Tribunal en lo Criminal nro. 7 del Departamento Judicial Lomas de Zamora resolvió, en la causa 07-00-41507-20/00 (R.I. n° 7855/7), condenar a Rubén Alan Rodríguez a la pena de veinticinco (25) años de prisión, accesorias legales, mas las costas del proceso, por haberlo hallado coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, por escalamiento y por efracción, amenazas coactivas calificadas (dos hechos, con dos víctimas), lesiones leves agravadas por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género, abuso sexual agravado por acceso carnal, por la intervención de dos o mas personas y por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, concursando todos ellos materialmente entre si; en razón del hecho cometido el 28 de agosto de 2020, en la localidad de José Marmol, partido de Alte. Brown (artículos 5, 40, 41, 45, 55, 92 en función del 89 y del 80 incs. 11°; 119 párrafos 2do., 3ero. y 4to. acápite 'd´; 149 bis in fine -dos hechos-, 166 inc. 2do. y 167 inc. 2do. y 4to. en función del art. 163 inc. 4to. del Código Penal y concordantes de la Ley Nacional 26.485, 2. Contra dicho pronunciamiento, el Sr. Defensor Oficial, Pedro Luis Guerra, presentó recurso de casación en el que cuestionó el proceso de valoración de las pruebas a partir del cual se tuvo por acreditada la intervención -como coautor- de Rodríguez en el hecho que atentó contra la integridad sexual de la víctima E. A. B..
Efectúa una valoración de los dichos que en la instrucción y en el debate brindó la nombrada y, en virtud de las circunstancias de los abusos narradas (particularmente en cuanto a que por momentos le habían tapado el rostro con el colchón y que había quedado en estado de shock), plantea que "...resulta imposible saber si Alan Rodríguez fue uno de los que la agredió sexualmente..."
Considera llamativo que, habiendo reconocido a Alan cuando se bajó el barbijo y recordando detalles de los vejámenes sufridos, la víctima no pudo sindicarlo como partícipe del abuso.
Hace pie en los resultados negativos de los hisopados realizados a B. y en la ausencia de rastros dactilares en la botella de alcohol presuntamente empleada.
Entonces, por aplicación del principio de in dubio pro reo (artículo 1 del C.P.P.) solicita la casación parcial del fallo impugnado y la absolución de Rubén Alan Rodríguez en orden al delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, por la intervención de dos o más personas y por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima.
Deja expresamente planteada la reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
3. Conferidos sendos traslados en los términos del art. 458 del rito, se pronunció en primer lugar el Sr. Defensor Adjunto de Casación, Nicolás Agustín Blanco, quien mantuvo en todos sus términos el recurso traído por su par de la instancia, para luego expedirse el Sr. Fiscal Adjunto ante esta instancia, Fernando Luis Galán, que propició el íntegro rechazo de la impugnación.
4. Cumplimentadas así las vistas correspondientes y, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez BOUCHOUX, expresó:
En primer lugar, cabe aclarar que, a la luz del agravio traído por la defensa oficial limitado a la forma en que se tuvo por probada la coautoría de Rodríguez en los delitos contra la integridad sexual achacados, los extremos de la imputación relativos a los restantes delitos por los que el nombrado resultó condenado arriban firmes a esta instancia.
Recordemos que el defensor postuló la insuficiencia del material de cargo valorado por el tribunal de juicio para arribar, con la certeza requerida por la instancia, a una condena por los hechos que atentaron contra la integridad de sexual de E. A. B., haciendo hincapié en que ésta no ubicó en ninguna de sus declaraciones a Rodríguez en la secuencia abusiva, ni mucho menos precisó el rol que en la misma desplegó el nombrado. El recurso no prospera.
Preliminarmente, como tiene dicho esta Alzada, el principio de libertad probatoria que rige en nuestro ordenamiento (art. 209, C.P.P.) permite que la prueba de signo acusatorio se construya a partir de un único elemento de calidad, no traduciéndose ello en un obstáculo para arribar a un veredicto de condena, siempre que no merme la capacidad de alcanzar el grado de convicción necesario.
De allí que, adelanto, la edificación del temperamento condenatorio con base en el testimonio de la víctima no importa per se un caso de insuficiencia probatoria, máxime si -como en el caso- sus dichos encontraron respaldo objetivo en otros elementos periféricos de la causa.
Según consigna el veredicto, la víctima E. B., pudo narrar en el debate que cuatro sujetos (encapuchados y con barbijos) irrumpieron violentamente en su domicilio en el que se encontraba con su hijo de siete años, la amordazaron y le ataron las manos con precintos, dejándola en la habitación mientras se llevaron al niño a otra dependencia de la casa. Dijo que podía escuchar que le exigían la entrega de dinero y que luego, mientras revisaban la heladera y tomaban las bebidas alcohólicas que tenía, uno de los sujetos le refirió "...'¿cómo no vas a tener plata si el viejo te banca?'...", poniendo en evidencia que la conocía de antes.
Señaló que en el contexto en que uno de los agresores le exigía el desbloqueo de su teléfono celular y se bajó circunstancialmente el barbijo, lo reconoció de inmediato como "Alan" (Rodríguez), quien había vivido por un tiempo con su pareja (de nombre Celeste) en uno de los departamentos vecinos del mismo complejo habitacional. Recordó que, cuando ella le dijo "...'Ah sos vos... ¿por qué no fuiste a los de arriba?'..." Rodríguez le contestó “....'cerrá el orto y después nos encargamos de los de arriba'...” (en alusión al matrimonio de ancianos que habitaban en el departamento del siguiente piso y que eran propietarios del lugar).
Sobre el ataque sexual sufrido en la habitación, E. pudo contar en el juicio que, luego de que los sujetos estuvieran en el comedor bebiendo el alcohol que encontraron, regresaron a la habitación donde la habían dejado y, mientras uno le decía "...'¿así que sos golosa?, andás con un viejo..." otro la amenazaba en estos términos "...¿'no te gustan los pendejos?...¿Me chupas la pija?, ¿O querés que le hagamos algo a tu hijo?'...”
De seguido comenzó a narrar los distintos actos sexuales perpetrados por los sujetos, no sin antes señalar con toda claridad que percibió que estaban los cuatro allí.
Esta última afirmación -como puede apreciarse- se opone el argumento de la defensa según el cual E. no habría situado a Alan Rodríguez en la habitación cuando se produjeron los abusos. Aún en las condiciones de absoluto sometimiento a la había sido reducida (atada, amordazada y, por momentos, con el rostro tapado), no dudó en declarar que los cuatro atacantes estuvieron presentes en aquel contexto de extrema violencia sexual, ello sin perjuicio de que no estuvo en condiciones - lógicamente- de identificar qué conducta o que rol específico asumió cada uno durante los vejámenes.
Obsérvese que, en el reconocimiento médico legal realizado a la víctima un par de horas después del hecho, por parte del Dr. Luciano Daniel Grillo, la Sra. E. A. B., entre otras cosas, dijo "...me bajaron los pantalones hasta las piernas y abusaron de mí.. me di cuenta en que eran los cuatro.. creo que me metieron la botella en el ano porque lo sentí muy fuerte..”. (cfr. informe de fs. 54/55 del legajo principal, incorporado al juicio por su lectura con anuencia de las partes).
No puedo acompañar la postura de la defensa, de la que subyace la exigencia de que -para despejar las dudas- una mujer que se encuentra atada con precintos, con su boca amordazada, de momentos, con un colchón sobre su rostro, todo ello mientras su pequeño hijo está también atado en otra habitación, tiene que, de alguna manera, identificar qué conducta específica llevó a cabo el único sujeto al que -por un descuido de éste- había podido reconocer instantes atrás.
Al respecto, resulta ilustrativo del contexto en que las agresiones sexuales se llevaron a cabo aquello que en la denuncia policial (fs. 3 del expediente principal) narró la víctima, apenas instantes después del suceso: "...le coloca[ron] el colchón en el rostro y mientras la asfixiaban sentía como la penetraban tanto en la zona vaginal como anal..."
En similares términos se refirió E. A. B. en la entrevista mantenida el 24/05/22 con la perito psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima local en cuanto a "...que fue sujetada de modo violento, que le fueron tapados sus ojos y que lo más 'shockeante' para ella fue que le dijeran que su hijo iba a estar mirando lo que le harían a ella si no mencionaba dónde estaba el dinero, mientras el niño era empujado..."
Aclaro que no habré de reproducir aquí la naturaleza de los abusos que con crudo detalle logró describir E. A. B. en el juicio -tal como lo hiciera en cada oportunidad en que declaró en el proceso-, desde que ni su acaecimiento ni su significación jurídica formaron parte del agravio defensista.
Sí debo poner de resalto que la víctima, aún en las condiciones de total sumisión en que había sido deliberadamente colocada por el grupo, pudo identificar ("sentir", según lo afirmó) que a dos de los sujetos les practicó sexo oral (por el distinto olor y tamaño de los miembros) y que otro le introdujo una botella en su ano, sin poder precisar si este mismo fue quien la accedió con su pene y eyaculó dentro de ella.
Cabe destacar que, de acuerdo con lo transcripto en el veredicto, E. A. B. pudo -incluso- describir un accionar conjunto y simultáneo de los cuatro perpetradores cuando, sobre el final de su declaración, dijo: "...Mientras que entre los dos la accedían, los otro dos ayudaban para abrirle más las piernas, ninguno impidió nada..."
La víctima dijo que una vez que los sujetos se fueron, se bañó, se hizo lavajes vaginales y se cambió de ropa. Tal circunstancia, sumado a que la propia víctima les proporcionó profilácticos una vez que advirtió que las intenciones de sus agresores no se limitaban al robo, limitó las posibilidades de precisar aun más los concretos actos realizados por el imputado Rodríguez en el hecho. En esa línea se expidió el sentenciante frente a la inquietud del letrado, señalando que "...[s]in perjuicio de que el análisis comparativo de ADN dio negativo para con el acusado, lo cierto es que la botella de vodka pudo haber sido manipulada por cualquiera de los cuatro victimarios, y no podemos dejar de soslayar que la víctima se realizó lavajes..."
Coincido con el tribunal de juicio en que dicha evidencia no descarta la intervención de Rodríguez en los abusos, desde que persistentemente la víctima afirmó que los cuatro sujetos estuvieron en la habitación durante su perpetración, más allá de que no logró especificar qué acto en particular desplegó el nombrado (si la obligó a practicarle sexo oral, si la accedió carnalmente con su pene o con la botella de vodka o si fue uno de los dos que le abría las piernas para facilitar el acceso carnal por parte de los otros dos).
Sin embargo, de sus invariables dichos, surge con toda nitidez que los cuatro sujetos tuvieron activa intervención en los abusos aún cuando no ha podido establecerse -es cierto- si todos la accedieron carnalmente. Ello no es óbice para atribuir a Alan Rodríguez su participación criminal en el hecho como coautor funcional (art. 45 del C.P.); de ahí que -como adelantaracomparto ese criterio sustentado por el tribunal de grado.
En tal sentido, con cita de doctrina nacional y luego de analizar los fundamentos de la agravante prevista por el cuarto párrafo de art. 119, en su apartado 'd' del Código Penal (cuando el abuso con acceso carnal se agrava por su comisión por dos o más personas), mis colegas de la instancia sostuvieron que, no tratándose aquel de un delito de propia mano (no todos los coautores deben realizar los accesos carnales), resulta perfectamente viable la aplicación de la coautoría funcional para asignar igual responsabilidad penal a todos los intervinientes que tuvieron dominio del hecho. Ello, desde que la condición esencial para ser autor (tomar parte en la ejecución del hecho en palabras del artículo 45 del Código Penal) es que el sujeto lo domine, en el sentido de que lo configure normativamente. Preliminarmente, considero pertinente poner de relieve que la utilidad de la categoría de “delitos de propia mano” así como sus posibles fundamentos se encuentran, desde hace tiempo, fuertemente controvertidos. En ese sentido, Roxin afirma que estas distinciones tan confusas han de rechazarse ya que en todos los casos por igual se trata de delitos de dominio.
Mucho más inconsistente aún es la inclusión de los abusos sexuales dentro de esa categoría de crímenes y, en particular, del abuso sexual con acceso carnal, máxime a partir de la actual disposición de esa figura que prevé, junto al acceso vaginal, anal y oral, la penetración con partes del cuerpo u objetos por vía vaginal y anal. Con esta nueva previsión, la reforma operada por la ley 27.352 terminó de dejar atrás la clasificación convencional de este delito como uno de mano propia, resultando admisibles otras formas de participación (la categoría dogmática de la coautoría funcional por dominio del hecho, por ejemplo) siempre y cuando concurran -claro está- los presupuestos normativos que autorizan su procedencia.
Se ha dicho que, por debajo de la concepción según la cual únicamente podría ser autor quien realiza el tocamiento o la penetración, "...parece subyacer la idea de que estos delitos exigen la presencia de placer, lascivia o fines o móviles de contenido libidinoso que, por propia definición, sólo pueden contemplarse de manera individual...”; postura que hoy no puede sostenerse si se repara en que los delitos sexuales que, en un orden de gravedad progresiva, describe el art. 119 del C.P. “...no exigen tales cosas, sino tan sólo un significado social sexual de los actos realizados, con total prescindencia de los fines o móviles de los sujetos.” (Javier A. De Luca, Julio Lopez Casariego, “Delitos contra la integridad sexual”, Ed. Hammurabi, pp. 76/79).
El objeto de reproche en las distintas variantes de abusos sexuales que prevé nuestro actual Código Penal, reposa en la afectación que la conducta lasciva produce en la víctima y no en la eventual satisfacción sexual del o los intervinientes. De allí que "...a la hora de determinar la autoría en estos delitos, lo decisivo no es verificar quiénes realizaron con su propio cuerpo la acción típica, sino establecer cuáles de todos los intervinientes detentaron el dominio del hecho e incidieron efectivamente en su configuración final." (“Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, documento de la Procuración General de la Nación, Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, octubre 2011; pág. 20).
Sentado lo anterior y retomando el hilo de lo que venía exponiendo, el presente se trata de un caso en el que los cuatro sujetos (incluido, claro está, Alan Rubén Rodríguez) tomaron la decisión conjunta de llevar a cabo, de manera mancomunada, los abusos sexuales a la víctima de conformidad a un plan delictivo común que, es probable, se haya pergeñado en el contexto del designio inicial del robo. Del detallado testimonio de E. A. B. , se desprende con claridad que los cuatro sujetos estuvieron en la habitación en la que ella se encontraba atada y amordazada, que tanto alternativamente como de manera concomitante, accedieron carnalmente por distintas vías a la nombrada; y que, incluso, estos accesos por parte de dos de ellos, se dieron mientras los otros dos abrían las piernas de la víctima.
En ese contexto, las agresiones masivas que padeció la víctima por parte de los cuatro de los acusados, comprueba de manera indubitable que cada uno de ellos actuó en función de un plan previamente concebido que evidencia el grado de importancia del aporte esencial al hecho plural. Todos decidieron el modo en que habría de ser afectado el bien jurídico y tuvieron en sus manos la decisión sobre su continuidad o interrupción total. Cabe añadir que los accesos carnales fueron comprobados en el caso no sólo por vía testimonial (lo cual es perfectamente válido en orden al principio de libertad probatoria que consagra el art. 209 del C.P.P.), sino también a través del reconocimiento médico legal realizado instantes después de los abusos a E. A. B. en el que se detectaron lesiones anales (hematomas en horas 2, 4, 6, 8 y 11 y excoriación en hora 7).
Como decía, resulta ajustada a derecho y a las constancias objetivas de la causa la imputación de los abusos sexuales a Alan Rodríguez, ya que una de las consecuencias necesarias de la aplicación de la coautoría funcional es la admisión de la imputación recíproca del hecho en su conjunto, es decir, como injusto colectivo.
Insisto, es posible afirmar que existió una clara coautoría funcional de los sujetos activos que intervinieron en el suceso criminoso el que reflejó un plan ideado por los coautores, con una incuestionable división de roles (repárese, por ejemplo, en la secuencia en que dos sujetos abrían las piernas de E. A. B. para favorecer el acceso carnal de los otros dos), lo cual permite inferir -aún en la hipótesis de que no haya penetrado a la víctimaque Rodríguez ostentaba el dominio delictual del evento al igual que los demás intervinientes, siendo que en definitiva una eventual modificación de tareas de los mismos no hubiese visto perturbada la finalidad reprensible. En tal contexto, la funcionalidad exteriorizada por los agentes en los abusos sexuales perpetrados, asumiendo distintas conductas dentro de la propia fase ejecutiva en pos del plan ideado (que, además del robo, incluyó el ataque sexual a E. A. B.), sella la suerte del agravio invocado; por lo que encuentro lógico y racional el grado de responsabilidad atribuido por los sentenciantes a Alan Rodríguez también en los delitos contra la integridad sexual imputados.
Por todo lo expuesto, considero que corresponde el rechazo, con costas, del recurso casatorio interpuesto, por lo que a la primera cuestión planteada VOTO POR LA NEGATIVA.
ASÍ LO VOTO.
A la primera cuestión planteada el señor juez, MANCINI, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos y también me pronuncio POR LA NEGATIVA.
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez BOUCHOUX expresó:
Que, en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde rechazar, con costas, el recurso de casación intentado por la defensa oficial de Alan Rubén Rodríguez y confirmar la sentencia condenatoria impugnada en todo lo que fuera materia de agravio. Asimismo, corresponde tener presente la reserva del caso federal formulada.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 45 y 119, párrafos 2do., 3ero. y 4to. acápite d) del Código Penal; 1, 106, 209, 210, 373, 434, 448, 450, 451, 454, 530 y 531, Código Procesal Penal; 14 de la ley 48.
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el Sr. Juez MANCINI dijo:
Que, en virtud de lo expuesto, adhiero al voto del Sr. Juez Bouchoux.
ASI LO VOTO
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Rechazar, con costas, el recurso de casación intentado por la defensa oficial de Alan Rubén Rodríguez y confirmar la sentencia condenatoria impugnada en todo lo que fuera materia de agravio.
II. Tener presente la reserva del caso federal formulada.
Artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica; 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 45 y 119, párrafos 2do., 3ero. y 4to. acápite d) del Código Penal; 1, 106, 203, 205, 209, 210, 373, 434, 448, 450, 451, 454, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 14 de la ley 48.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
JM
Fin de la sentencia