Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.996
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia del 9/6/2023 en cuanto fue materia de agravio respecto de la condena impuesta a Prisma Medios de Pago S.A.U. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, debiendo computarse los intereses respecto de la condena impuesta desde el 8/4/2019, con costas de alzada a las recurrentes vencidas. (art. 68 del C.P.C.C., conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión);
2Revocar la condena impuesta a Mercado Libre S.R.L., rechazándose la demanda a su respecto, con costas a las codemandadas en su calidad de vencidas. (conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión);
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 31, 51 ley 14967).
Constituido por las partes y por la funcionaria interviniente (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Dras. Marisol Ruggiero y Verónica Sanchez (Ap. Bco. Pcia)
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 19 días del mes de septiembre de 2023 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Rodriguez Cesar Adrian C/ Banco De La Provincia De Buenos Aires Y Otros S/ Daños Y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)" -Expte. 13996-, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin, Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 9 de junio de 2023? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. En la sentencia dictada el 9 de junio de 2023 el Juez de grado resuelve hacer lugar a la demanda instaurada por Cesar Adrián Rodriguez contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Prisma Medios de Pago S.A. y Mercado Libre S.R.L. sobre daños y perjuicios y condenar a los demandados a pagar al actor la suma de pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000.-) con más los intereses dispuestos en el punto VI desde la fecha de mora allí fijada en el término de diez días de quedar firme la sentencia. Impuso las costas a los demandados vencidos y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad. Para así decidir valoró la relación de consumo entre el titular de la tarjeta de crédito y las empresas prestadoras del servicio -emisor y administradora- y que la responsabilidad de los demandados “cae en la órbita protectoria de la ley de defensa del consumidor”.
Tuvo por acreditado que “Con las pruebas producidas (vrg. pericial contable de fecha 17/8/2022) y el propio reconocimiento efectuado por los demandados, debe tenerse por cierto que el actor ha sido cliente de la entidad demandada Banco de la Pcia. de Buenos Aires y que ha operado con una cuenta sueldo, de la cual le debitaban los resúmenes de su tarjeta de crédito Visa. A su vez, que en el marco de la contratación compleja que envuelve al servicio de tarjetas de créditos, interviene la firma Prisma Medios de Pago S.A. en su calidad de administradora del sistema y, en el caso Mercado Libre SRL, que es una empresa adherida al sistema (v. absolución posiciones en la audiencia de vista de causa de fecha 31/3/2023; argts. arts. 320, 330, 354, 375, 384 del CPCC).
También tuvo por probado que se le debitaron sumas por una contratación que nunca existió, las que posteriormente fueron acreditadas, reconociéndose el error y ello genera responsabilidad.
De este modo interpretó que “Acreditados los incumplimientos a los deberes específicos de seguridad e información, éstos constituyen un factor objetivo de atribución autónomo de responsabilidad, conforme a lo preceptuado por los arts. 4, 5, 40 de la LDC”, señalando que “dicho yerro no puede verse empequeñecido en cuanto a sus consecuencias por la ausencia de voluntad de cometerlo y por la restitución de los fondos, pues la profesionalidad de los demandados le impide guarecerse en ese extremo.”
Argumentó con idénticas consideraciones realizadas por este Tribunal en expte. nro. 12907 que “Tales descuentos impropios son, frente al consumidor, responsabilidad de las demandadas pues dada la índole del consumo imputado al actor, surge evidente que sus gestiones -o la falta de ellas- no podían dar como resultado una serie sucesiva de descuentos ilegales (arts. 40 LDC; 1725 CCyCN).”
Desde allí concluyó que las codemandadas son responsables en los términos del artículo 40 de LDC y que igualmente lo serían fuera del sistema protectorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1757, 1758 del C.C.C. por ser quienes obtienen provecho del sistema de tarjetas de crédito. Concluyó con cita del antecedente referido que “todas las codemandadas han aportado al curso causal que culminó en el daño extrapatrimonial reclamado sin que, frente a la consumidora, puedan exonerarse por una causa totalmente ajena (arts. 40 LDC; 1722; 1726; 1730; y 1740 y 1741 CCyCN)” (conf. Trias c/Banco, Excma. Cámara de Apel. Deptal, sentencia de fecha 20/12/2021).” Señaló como relevante que “los demandados no niegan la negligencia que motivó el inicio de las presentes actuaciones, es decir, el débito por los consumos que el actor nunca había efectuado. Por otro lado, el banco demandado no negó la relación contractual que tuviera con la actora y la firma Prisma Medios de Pago S.A. admitió ser la administradora de la tarjeta de crédito, como también Mercado Libre SRL. reconoció que a través de Mercado Pago intervino en la operación en virtud de la cual se hicieran los cargos desconocidos.”
Luego de referirse al funcionamiento del sistema de tarjeta de crédito valora la responsabilidad de cada una de las codemandadas. Así consideró respecto del banco emisor que “persigue -es obvio- una finalidad comercial, dispone para ello de una organización humana y técnica idónea congruente con los compromisos asumidos, y por lo tanto reviste un carácter significativo la obligación de atender con diligencia la situación de cada cliente en particular, pues de ello depende la calidad total del servicio (art. 42, CN, y ley 24240”); y respecto de la administradora que su “predominante papel de supervisión y control del funcionamiento del sistema de tarjeta de crédito (…), impide situarla como un mero espectador ajeno a los hechos como los ventilados en este expediente.
Por el contrario, debe ella obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios y autorizar -o no impedir - el uso regular y legítimo de la tarjeta. Así lo exige en la especie el art. 1725 del CCyCN., puesto que se trata de la prestación de un servicio en forma profesional (art. 2 ley 24240).” Finalmente respecto de Mercado Libre S.R.L. indicó que “a través de su servicio de pago y cobro electrónico no ha prestado un servicio seguro a los fines de prevenir los daños a sus clientes, existiendo hoy en día tecnología suficiente como para robustecer los mecanismos de seguridad, como podría ser la utilización de IA a los fines de detectar y analizar el comportamiento de consumo de los usuarios del servicio financiero, o sistemas de alertas temprana en donde ante cada operación el usuario reciba una confirmación en sus dispositivos móviles, ya sea por mail, msj de texto, llamado telefónico, o mismo efectuar una verificación fehaciente respecto a la identidad del usuario registrado, reteniendo transferencias por plazos de tiempos cortos a los fines de prevenir fraudes y futuros daños, entre otras acciones de prevención.” Con relación a las defensas opuestas por las codemandadas en las que cada una atribuye responsabilidad a la otra, las califica de poco serias y limitadas a afirmar que cada una cumplió con su obligación, sin prueba alguna.
Concluye con cita de la normativa aplicable que “tanto el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Prisma Medios de Pago S.A. y Mercado Libre SRL, desde su intervención como ligadas solidarias en la contratación y comercialización del servicio, en forma conjunta deben hacer frente a sus obligaciones asumidas, independientemente de la repetición de sumas que entre éstos últimos y/o con un tercero que desequilibró el engranaje, pueda existir a partir de la vinculación contractual que los rige, cuestión que desborda el marco de autos e incluso no ha sido planteada”.
Luego de considerar la existencia del daño extrapatrimonial, derivado del incumplimiento, haciendo mención a casos análogos lo cuantificó a valores actuales en la suma de $ 300.000.
También entendió aplicable la multa civil (art. 52 ley 24240), la que cuantificó con aplicación de la fórmula que ha utilizado este Tribunal en otros casos, en la suma de $ 1.500.000.
II. Contra esta resolución interpusieron recurso de apelación todas las partes. (v. presentaciones de fecha 13/6/2023 -Prisma Medios de Pago-, y del 16/6/2023 -actora, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Mercado Libre S.R.L)
1. El recurso del actor es fundado el 26/6/2023, mereciendo réplica mediante presentaciones del 4/7/2023 y 5/7/2023.
El único agravio lo dirige a cuestionar la fecha establecida para el curso de los intereses, en tanto el magistrado ordena que deberán calcularse desde el primer descuento efectuado, sosteniendo que ello es erróneo en tanto no ha sufrido descuentos, sino consumos desconocidos.
En este sentido solicita se revoque esta parcela de la sentencia y se establezca como fecha de inicio del cómputo de los intereses el día 22 de abril de 2019, fecha está en que realizó el primer desconocimiento de los consumos.
2. La codemandada Banco Provincia de Buenos Aires expresa agravios el 23/6/2023, el que mereció réplica del 5/7/2023.
En primer lugar, afirma que el magistrado omitió considerar la realidad fáctica, colocando en un pie de igualdad a todas las partes endilgándoles responsabilidad por daño moral ocasionado a la actora sin discriminación ni graduación de responsabilidad e imponiendo el daño punitivo por partes iguales. Indica que el primero y único que tomó conocimiento inicial de lo ocurrido fue Prisma a través del sitio Visa Home en abril de 2019, allí se le informó que su plástico sería inhabilitado temporalmente, y es por ello que al tiempo en que fueron desconocidos los consumos el plástico se encontraba dado de baja. Luego de referirse a la documental de la que surgen los intercambios entre Prisma y el actor y al reintegro de los consumos desconocidos en el resumen del 13/5/2019, señala que cuando se le vuelven a cargar los consumos, al mes siguiente nuevamente realiza el reclamo por Visa Home detallando el intercambio mantenido. Sostiene que todo acaeció entre el actor y Visa. Indica que los únicos responsables son Mercado Libre porque ante el desconocimiento inicial continuó afectando la carga de los consumos y Prisma porque no resolvió el problema dando asesoramiento erróneo de no abonar los consumos desconocidos, pues ello le ocasionó intereses y mora con el consiguiente cambio de calificación crediticia sin que el Banco tuviera intervención, la que se produjo cuando el hecho generador del daño ya estaba producido.
Asegura que no hay responsabilidad igualitaria, cuando la prueba demuestra que, aunque el Banco sea emisor de la tarjeta, existen obligaciones, acciones y responsabilidades que pesan sobre cada una de las partes y ello redundará en la ausencia de responsabilidad del banco por interrupción del nexo causal. Indica que la valoración del magistrado por la que sostiene que se le cobraron al actor consumos desconocidos no es cierta, en tanto por sugerencia de Visa no los abonó según surge de la pericia contable. Sostiene que el cambio de calificación crediticia se produce en forma automática producto de la falta de pago del total del resumen de cuenta visa, habiendo modificado el banco dicha calificación en el registro histórico según surge de la pericia contable.
Afirma que el hecho generador es ajeno al banco y que la gestión efectuada por su intermedio fue acorde a los parámetros y principios tutelados por la ley del consumidor brindando información adecuada, trato digno y buena fe.
Insiste en que los roles fueron pasados por alto en la sentencia y la condena fue total y solidaria sin ningún tipo de mérito.
En lo referido al daño moral cuestiona que se establezca un monto por daño moral a cargo de todas las accionadas al solo arbitrio judicial y sin ningún tipo de consideración de la gravedad objetiva del daño causado.
Señala que el juez sostuvo que al actor se le debitaron sumas de la cuenta sueldo y ello no ocurrió en tanto no abonó los consumos desconocidos y no tuvo que desembolsar dinero. Así sostiene que los cargos por mora y las consecuencias derivadas de la falta de pago del mínimo de la tarjeta se aplicaron de conformidad con la ley 25.065, citando para ello lo resuelto en sede de la OMIC.
Indica que el magistrado tampoco consideró los placeres compensatorios para fijar la suma y que no hay prueba que el actor se viese impedido de operar, acceder a un crédito o no poder utilizar más su tarjeta.
Afirma que la suma acordada es sumamente excesiva y alejada de la realidad objetiva, reiterando que el banco no es responsable solicitando sea eximido de su pago.
Luego cuestiona que el magistrado no trató la interrupción del nexo causal que fue postulada en la contestación de demanda y ello es injusto y arbitrario, en tanto se pasó por alto el hecho generador del daño y la circunstancia que se admitiera la vinculación con el cliente, no implica asumir responsabilidad alguna cuando las obligaciones e incumplimientos le resulten ajenos.
Refiere que se omitió considerar el expediente administrativo, solicitando se considere la eximente de la responsabilidad alegada, afirmando que en el caso existe un supuesto de cocausación y que debe indagarse la responsabilidad de cada una de las codemandadas en el resultado dañoso.
En subsidio solicita la reducción del monto otorgado, afirmando que el establecido es exorbitante y superior al solicitado por el accionante. En lo atinente al daño punitivo indica que su aplicación requiere algo más que la ilicitud negocial, y realiza una síntesis de la actuación del banco cuando el actor concurre a la entidad a formular el reclamo y que luego se gestionó el cambió de calificación crediticia, que concurrió a sede administrativa poniéndose a disposición del actor frente a la ausencia de la administradora del sistema.
Asegura que en el caso no se advierte ese plus que la norma requiere para la aplicación de la multa civil, lo que es dirimente, por lo que solicita se la exima de abonar la multa fijada.
Finalmente, y en lo referido a las costas y en atención a los agravios expuestos solicita no le sean impuestas.
Hace reserva del caso federal.
3. Prisma Medios de Pago S.A. funda el recurso el 25/6/2023, mereciendo réplica el 5/7/2023.
En el primer agravio cuestiona que el magistrado con sustento en lo establecido en el art. 40 LCD estableciera que es legitimada pasiva del reclamo. Indica que el error de esta valoración radica en que se la responsabilice de modo directo y solidariamente frente al usuario, señalando que la marca Visa no pertenece a Prisma Medios de Pago, y por lo tanto no podría haber puesto la marca al servicio del banco demandado.
En su segundo agravio cuestiona la omisión del magistrado de valorar la función de Prisma dentro del Sistema, sosteniendo que realiza procesamiento de la información a favor de los bancos emisores y que en ese contexto cumplió su labor a favor del Banco Provincia realizando el análisis correspondiente y resolviendo las partidas a favor de la actora. Sostiene que las causas por las cuales el Banco continúo persiguiendo el cobro de operaciones que ya se encontraban resueltas a favor del usuario, son ajenas a Prismas.
Afirma que la pretensión de la actora tiene causa exclusiva imputable a la entidad bancaria quien demoró el ingreso del crédito correspondiente a las operaciones cuestionadas y generó el reporte como deudor en el BCRA. Luego de señalar sus funciones dentro del sistema sostiene que no tiene relación alguna con los usuarios y que la actora solo tiene vínculo con el banco. Asegura que cumplió su labor brindando la información correspondiente a las partidas cuestionadas, quedando en cabeza del emisor plasmarlo en los resúmenes y cesando la intención de cobro y la rectificación de las bases de deudores.
En su tercer agravio cuestiona la procedencia del daño moral. Reitera que cumplió con su labor y que la sentencia erróneamente lo responsabiliza por el daño moral, reeditando argumentaciones de los anteriores agravios. Menciona que para que el incumplimiento contractual conlleve daño moral es preciso que la afectación trascienda las incertidumbres propias del mundo de los negocios y su existencia debe ser apreciada restrictivamente, citando normas del código civil derogado.
Afirma que la suma de $ 300.000 es completamente desproporcionada.
En su cuarto agravio se queja de la admisión del daño punitivo por un monto de $ 1.500.000 sin desarrollar las acciones u omisiones que justifican la sanción. Afirma que respecto de Prisma no existe una sola conducta que amerite la aplicación de una multa civil, reiterando que no tiene vinculación con el actor y ningún servicio le ha prestado, reiterando que su función es la de procesamiento de operaciones de tarjetas en favor de las entidades que la contratan. Señala que actuó con diligencia respecto al reclamo incoado. Concluye que ninguna conducta de su parte justifica la aplicación de una multa civil indicando que está debidamente acreditado que Prisma “procesó el reclamo de la actora y TARSHOP reintegró los consumos cuestionados”
4. Mercado Libre S.R.L. expresa agravios el 26/6/2023, mereciendo réplica el 5/7/2023 En sus agravios, del mismo modo que al contestar demanda, sostiene que Mercado Libre no tuvo ninguna participación en el hecho generador del daño, el que ocurrió fuera de su esfera de actuación, fuera de su rol prestacional y fuera del control de Mercado Libre, y que no forma parte del sistema de tarjeta de crédito con el alcance descripto en la sentencia.
Indica que Mercado Libre es proveedor del aparato Mercado Pago Point - utilizado para leer la tarjeta de crédito utilizada- y esa terminal de pago permite a los locales comerciales de los usuarios vendedores cobrar los pagos que sus compradores realicen en forma presencial con tarjeta de crédito y débito, y una vez que la tarjeta es leída, Mercado Libre no tiene participación adicional. En su primer agravio critica que la sentencia no delimitara la intervención de cada una de las partes y que el hecho generador del daño -reintegro tardío de las operaciones desconocidas e inclusión como deudor ante el BCRA- ocurrió fuera de la esfera de actuación y control de Mercado Libre, de acuerdo al rol que tuvo en esa operación.
Alega que no puede extenderse la solidaridad prevista en la ley de defensa del consumidor a cualquier persona que haya tenido algún tipo de vinculación con la operación, si esa vinculación no tiene entidad suficiente como para formar parte de los hechos que generaron el daño.
Argumenta que el juez “no ponderó los siguientes hechos reconocidos por las partes y probados en autos: (i) Las operaciones fueron autorizadas por la administradora y el BAPRO, (ii) el Actor no realizó reclamos previos ante mi mandante, (iii) la primera oportunidad en que el Actor involucró a Mercado Libre fue en oportunidad de realizar una denuncia ante la OMINC cuya audiencia tuvo lugar el 12/9/2019, por lo que no hubo violación al deber de información ni incumplimiento a la obligación de trato digno porque no hubo reclamos previos; (iv) no estaba al alcance de Mercado Libre intervenir en la resolución de los desconocimientos de los cargos, ni en el reintegro de las operaciones; (v) El beneficiario de la operación realizada con la tarjeta de crédito es el vendedor y no Mercado Libre.”
Critica la valoración del magistrado por la que sostiene la responsabilidad de Mercado Libre al entender que incumplió el deber de seguridad frente al actor, a quien consideró como cliente y usuario registrado de Mercado Libre, por no haber puesto en práctica diversas tecnologías y mecanismos de seguridad disponibles.
Aduce que no se advierte en la sentencia que la operación no se llevó a cabo dentro de la plataforma virtual administrada por Mercado Libre, sino en un comercio vendedor que utilizó una terminal de pago -Mercado Pago Point- y que no habiendo sido una venta mediante el sitio web o desde cuentas de mercado pago de los usuarios, no podría haber adoptado ningún mecanismo de seguridad como los que utiliza en su plataforma y algunos mencionados por el juez.
Reitera que lo único que lo vincula al caso es la utilización por parte del comercio vendedor del lector de tarjeta Mercado Pago Point, y autorizadas electrónicamente por las codemandadas.
En su segundo agravio cuestiona la consideración del magistrado en cuanto interpreta que Mercado Libre integró el sistema de tarjeta de crédito y desde allí aplica el artículo 40 de la ley de defensa del consumidor, reiterando nuevamente que se trató de una operación presencial, indicando los recaudos que debe adoptar el vendedor y el procedimiento para el cobro mediante el lector provisto por Mercado Pago Point y la autorización dada por Prisma y el banco para la operación.
En síntesis, sostiene que la actividad de Mercado Libre se limitó “a proveer al Vendedor el Lector destinado a (i) deslizar la tarjeta utilizada para el pago y (ii) solicitar electrónicamente la aprobación del pago a Prisma y BAPRO, surge patente que Mercado Libre no forma parte de la relación de consumo que entre el Actor, el banco emisor y la administradora de la tarjeta de crédito se produjo dentro del sistema de tarjeta de crédito en cuestión. Dicho de otro modo: no ha existido ningún tipo de relación jurídico-contractual entre mi mandante y el Actor, y mucho menos una relación de consumo, en tanto el servicio de Mercado Pago Point es prestado -exclusivamente- al vendedor.” Insiste por ello que no incumplió el deber de seguridad, ni tampoco de información en tanto no recibió ningún reclamo con anterioridad a ser citado en el marco de la OMIC.
Como tercer agravio y reeditando los argumentos de los dos agravios anteriores sostiene que a su respecto no es aplicable la ley del consumidor ni la solidaridad allí prevista.
En su cuarto agravio se queja de la omisión del juez de valorar la pericia informática, sintetizando las conclusiones del perito, y calificando de sesgada la interpretación de los hechos por parte del juez.
Indica que con la pericia informática quedó acreditado que “(i) Mercado Libre no formó parte de la relación de consumo existente, en el marco del sistema de tarjeta de crédito, entre el Actor y Prisma y BAPRO; (ii) al tratarse de operaciones presenciales, no existía sobre Mercado Libre un deber de seguridad para con el Actor; (iii) no es aplicable a Mercado Libre la LDC; (iv) no debe aplicarse contra Mercado Libre el régimen de responsabilidad solidaria previsto en el segundo párrafo del artículo 40 bis de la LDC”.
En su quinto agravio sostiene la inaplicabilidad del daño punitivo frente a Mercado Libre, a quien no se le hicieron reclamos previos a la instancia administrativa y por ende no existió incumplimiento del deber de información y trato digno, ni una conducta grave y reprochable a su respecto.
Finalmente, en su sexto agravio cuestiona la condena por daño moral haciendo mención nuevamente a su ausencia de responsabilidad en el caso. Desde estos argumentos solicita la revocación de la sentencia y hace reserva del caso federal.
III. De modo liminar cabe desestimar el acuse de deserción de los recursos de las codemandadas realizado por el actor al contestar los agravios, en tanto las expresiones de agravios cumplen con la exigencia técnica impuesta por el artículo 260 del C.P.C.C., adelantándose que la sentencia habrá de confirmarse parcialmente.
1. Llega sin controversia a esta instancia que la actora era titular de la tarjeta Visa nro. 4548 3200 1455 9119 emitida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires asociada a su caja de ahorro y que se realizaron dos operaciones con fecha 8/4/2019 -nro. 0083703 Merpago*GrupoAuto por un valor total de $ 59.860 en tres cuotas, la primera de $19.953,34 y de igual monto las dos restantes- y con fecha 22/4/2019 -nro. 0086852 Merpago*GrupoAuto por un valor total de $ 47.888,00 en tres cuotas, la primera de 15.962,68 y de igual monto las dos restantes. (v. resúmenes de tarjeta de crédito adjuntados por el actor y el banco demandado -v adjuntos presentaciones del 10/5/2021 y del 2/6/2021 y el dictamen pericial contable del 17/8/2022 y la documental allí adjuntada)
Estas operaciones fueron desconocidas por el actor el día 22/4/2019 mediante chat a Visa Home registrándose el reclamo y solicitándole autorización para el bloqueo definitivo de la tarjeta. (v. doc. adjuntada por el actor el 10/5/2021 y en expediente administrativo ante la OMIC agregado el 16/3/2022) Es dable destacar que el actor afirmó que, cuando se realizaron los consumos, la tarjeta se encontraba dada de baja y ello fue corroborado por el perito contador, quien en respuesta el punto de pericia de la codemandada Prisma Medios de Pago (v. punto 6) informa que en las fechas que se realizaron los consumos el 8/4/2019 y 22/4/2019, la tarjeta se encontraba dada de baja. Este dictamen de fecha 17/8/2022 no fue impugnado por ninguna de las partes, por lo que en este aspecto se corroboran las afirmaciones del actor. El primer desconocimiento que el Sr. Rodriguez realizó, también era de conocimiento del Banco emisor según surge de la documental adjuntada por el propio banco en las presentes y ante la OMIC.
En efecto de las copias de los mails adjuntadas a la contestación de demanda surge que, entre los distintos intercambios entre el banco y la codemandada Prisma, en el remitido por la entidad con fecha 25/6/2019 se indica que el actor concurrió a la delegación del banco con fecha 30/4/2019 a realizar el desconocimiento (v. doc. adjuntada el 2/6/2021), surgiendo del expediente administrativo el alta dada por el banco emisor a los dos reclamos el día 30/4/2019.
Ello implica un reconocimiento del banco que surge de la prueba documental que adjuntó en ambos expedientes, sin que pueda sostener en este proceso que los consumos en cuestión no habían sido reclamados con intervención de la entidad bancaria hasta el día 21/6/2019 en que se suscribió formalmente el formulario de reclamo. En este marco las afirmaciones que realiza la entidad bancaria por las que sostiene que hasta el día 21/6/2019 el actor sólo se había dirigido a Visa Home, no sólo quedan desvirtuadas por la prueba aportada al proceso, sino que son inadmisibles de conformidad con lo establecido en el artículo 1067 del C.C.yC.
Aclarado ello, de lo actuado también surge que, en atención al desconocimiento efectuado, se le reintegra al actor en el resumen de tarjeta de crédito con vencimiento el 13/5/2019 los importes desconocidos -1er cuota-, aunque debe señalarse que el actor desconoció el total de las dos operaciones. A partir de allí el actor transitó un derrotero entre el banco emisor y la administradora con un sinnúmero de reclamos al habérsele liquidado nuevamente en los resúmenes de junio -resumen 0160807- y julio de 2019 - resumen nro. 0162705- las cuotas 2 y 3 de aquellos consumos generados el 8/4/2019 y el 22/4/2019 y temporáneamente cuestionados. (v. copias de correos electrónicos adjuntados por el actor y el banco emisor en el presente y la documental agregada en el expediente administrativo ante la OMIC)
La incorporación en las liquidaciones de estos consumos motivó que el actor nuevamente realice la impugnación ante la administradora y ante el Banco emisor.
De ello da cuenta la documental adjuntada por el actor y por el banco codemandado y es corroborado con la pericial contable. Así el perito refiere y surge de la prueba aportado al proceso los reclamos realizados ante Visa Home el 7/6/2019 -nro. 84548677 y 5313391- el 11/6/2019, el 16/7/2019, formulario BP 762 de fecha 21/6/2019 suscripto en el banco, y nota al gerente de la entidad el 26/7/2019; la remisión de tres cartas documento a Prisma Medios de Pago en los meses de septiembre, octubre y noviembre, además de las comunicaciones mantenidas por correo electrónico según surge de la documental adjuntada a la demanda (v. presentación del 10/5/2021), a la contestación de demanda del banco y la pericial contable -v.rtas. 1, 2, 3-)
Es dable destacar aquí que la codemandada Prisma ninguna prueba aportó al proceso respecto del trámite dado a los reclamos del actor, y en este aspecto sin sustento probatorio las afirmaciones por las que asegura que “cumplió su labor brindando la información correspondiente a las partidas cuestionadas, quedando en cabeza del emisor plasmarlo en los resúmenes”. Mientras esta serie de desconocimientos se realizaban, aun cuando -se reitera- ya se había resuelto el 13/5/2019 el reintegro de los consumos desconocidos en lo atinente a la primera cuota, se liquidaron intereses financieros y punitorios con origen en los saldos impagos generados por las operaciones desconocidas -segunda y tercer cuota-, excediéndose el límite de la tarjeta de crédito autorizado por el banco emisor, lo que le fue comunicado al actor. (v. punto c) de la pericia contable, y correo electrónico de fecha 12/6/20219 remitido por la administradora al actor adjuntado en el expediente administrativo)
Sobre este aspecto cabe destacar que el Sr. Rodriguez abonó los consumos que le eran propios y liquidados en los resúmenes posteriores, aunque dicho pago no alcanzó el pago mínimo que se encontraba integrado por los consumos en cuestión. De ello se derivó -en agosto de 2019- el cambio de su calificación crediticia de categoría 1 a 2 ante el Banco Central. (v. pericial contable pto. d) y e) propuestos por la actora y b), c) propuesto por la entidad bancaria)
Es recién en los resúmenes del mes de octubre -cierre el 31/10/2019 y vencimiento el 11/11/2019- que se reintegra el importe de la cuota dos de ambos consumos desconocidos, y la tercera cuota en los resúmenes del mes de noviembre de 2019 -cierre el 28/11/2019 y vencimiento del 9/12/2019 y de los intereses financieros y punitorios el 13/12/2019-.
Posteriormente y una vez reintegrados los importes, el 26/11/2019 el Banco demandado remite la modificación de la calificación crediticia. (v. pericia contable punto e) propuesto por la actora, y pto. d) propuesto por la demandada y documental adjuntada por la entidad bancaria al contestar demanda) Dable es destacar que el actor formuló la denuncia ante la OMIC el 2/8/2019 (v. expte administrativo adjuntado el 16/3/2022) y el proceso de mediación el 14/8/2019. Es decir que el consumidor desde el primer desconocimiento, transitó por todas las vías a su alcance en resguardo de sus derechos.
Respecto de la codemandada Mercado Libre S.R.L. sin perjuicio de las consideraciones que sobre su defensa habrán de realizarse, no obra constancia de algún reclamo previo, hasta que es citada ante la OMIC 2. Así planteada la plataforma fáctica y probatoria del proceso, llega incontrovertido a esta instancia la aplicación al caso de la normativa protectoria de los derechos del consumidor, entre el actor y las empresas adheridas al sistema de tarjeta de crédito -banco emisor y la administradora- en cuyo marco será analizada la cuestión (arts. 42 de la CN; 2 y 3 de la ley 25.065, 1, 2, 3 de la ley 24240 y arts. 1092 y 1093 del CCCN).
En esa línea, en atención a los planteos de la entidad bancaria y la administradora por los cuales cada una atribuye responsabilidad a la otra, ha de señalarse que si bien la ley de tarjetas de crédito (ley 25065) no da tratamiento a las relaciones entre las empresas administradoras del sistema y las entidades bancarias, este negocio jurídico “es complejo puesto que se trata de un instituto conformado por una serie de relaciones de diverso carácter que participan de distintos tipos contractuales, y que convergen coordinadamente hacia una finalidad común” evidenciándose “una composición o coordinación de ellos hacia la finalidad común”. Y así lo reconoce la propia ley en su artículo 1 al referirse al “sistema de tarjeta de crédito” y es “una forma simple de aludir a un fenómeno jurídico complejo, denotado por la yuxtaposición de múltiples relaciones jurídicas que, más allá de su independencia o autonomía, conforman una red contractual cuya visualización es indispensable” (conf. Muguillo Roberto A. Tarjeta de Crédito, edit. Astrea 2003, pag. 24; Wayar, Ernesto, “Tarjeta de crédito y defensa del usuario”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 18/22; Esper, Mariano, La relación entidad administradora-entidad bancaria en el sistema de tarjeta de crédito y sus efectos frente a terceros JA, 2000-III-912, con cita de Chomer, Héctor O., en Etcheverry, Raúl A. "Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte Especial", t. II, p. 198, Paolantonio, Martín E. “Responsabilidad del administrador y sujeto pagador en el sistema de tarjetas de crédito” J.A. cita: TR LALEY 0003/009340, conf. este Tribunal expte. 13568 reg. elec. 55 (RS) sent. del 2/5/2023)
Es reiterada la jurisprudencia que sostiene que “en la prestación del servicio de tarjeta de crédito intervienen tanto el banco emisor como la entidad administradora del sistema, no sólo en cuanto lo publicitan y ofrecen al usuario, sino en tanto participan concretamente en su funcionamiento conforme a las modalidades del caso, con lo que obtienen una ventaja o utilidad. Se trata de un negocio jurídico complejo y sistematizado, que origina vínculos orgánicamente funcionales, importando una operatoria multilateral y coordinada con una clara finalidad lucrativa, exigiendo así el sistema la existencia de varios contratos coligados en un mismo negocio (ver Parodi, Horacio Duncan, "Títulos de crédito", t. III, ed. Abaco, Buenos Aires, 2003, pág. 448).” (conf. este Tribunal expte. 13568 reg. elec. 55 (RS) sent. del 2/5/2023 y la jurisprudencia allí citada) Es decir que “existe un principio de coordinación, correspectividad sistemática de las prestaciones, y obligaciones con fundamento en la conexidad. Estas últimas vinculan a los integrantes de la red entre sí y frente a terceros”, trascendiendo el efecto relativo de los contratos (conf. Lorenzetti, Ricardo, "Redes contractuales, contratos conexos y responsabilidad", RDPC 17-
207. y que en materia de consumo quedan comprendidos en el artículo 40 de la ley 24.240.
En este marco las defensas intentadas por las codemandadas Banco de la Provincia de Buenos Aires y Prisma Medios de Pago resultan inaudibles. Sobre la cuestión y en análogo tópico este Tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse con voto de mi distinguido colega Dr. Loiza (v. expte. 12907 reg. elec. 83 sent. del 20/12/2021) y es aplicable aquí.
En el citado pronunciamiento se sostuvo en lo que hace a la legitimación de la administradora, y parte vital del sistema de tarjeta de crédito que “no puede considerarse ajena al negocio por no ser el contratante directo con el usuario y por ende no puede evadir su responsabilidad (jurisprudencia común o plenario virtual de la Cámara Comercial, ver CNCom, Sala B, in re "Rodríguez, Luis M. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA y Otros/ ordinario" del 26/04/01; ídem Sala A in re "Miller Jorge c/ Visa Argentina SA y Otro", del 12/12/03; ídem Sala C, in re "Jaraguionis, Nefi c/ Banco de Boston y otro s/ ordinario", del 21/05/98; ídem Sala D, in re "Ferlise, Eduardo y otro c/ Visa Argentina SA y otro s/ ordinario", del 30/03/11, ídem Sala E, in re "Negri, Elsa A c/ Banco Itaú Buen Ayre y otro s/ ordinario", del 05/08/09; ídem Sala F, in re "Ricale Viajes SA c/ Visa Argentina SA s/ ordinario", del 10/03/11", entre otros).” (conf. CNCom B “David, Jimena Alejandra C/ Industrial And Commercial Bank Of China SA y Otro S/ Ordinario.” sentencia del 19/5/2021; disponible en el sitio de la CSJN https://www.cij.gov.ar/sentencias.html).”
Se agregó en ese precedente -y comparto- que “Por ello que, además, su responsabilidad como administradora del sistema de tarjetas de crédito encuentra sustento en el ámbito de la LDC 40, aplicable por remisión de la ley 25065: 3, que estableció un régimen de solidaridad respecto del usuario por los daños resultantes de los defectos en la prestación del servicio, al menos que demostrara la eximente allí prevista -causa ajena-, pues se trata de un servicio prestado con exhibición de la marca (...) y de su emblema comercial (CNCom, Sala B, in re "Zagdañski, Damián Ariel c/ Percomin ICSA y Otros s/ ordinario", del 29/06/16; ídem Sala C, in re "Cichero, Horacio J. c/ Visa Argentina SA y otros s/ ordinario", del 09/10/07; ídem Sala D, in re "Caputo, Lucio Alberto c/ Assist Card Argentina SA de servicios y otro s/ ordinario", del 31/08/17; ídem Sala E, in re "Negri Elsa c/ Banco Itaú Buen Ayre y otro", del 05/08/09, entre muchos otros).”
Habiéndose afirmado asimismo que tanto la emisora y contratante (aquí Bapro) como la administradora (Prisma SA en autos) pueden ser responsables en los términos del art 40 LDC “Ello pues, el citado artículo extiende la responsabilidad a todos los integrantes de la "cadena de comercialización" con motivo en una defectuosa prestación de un servicio, siendo el factor de atribución objetivo fundado en su riesgo o vicio.
La doctrina y la jurisprudencia coincide en que la disposición es aplicable al "sistema de tarjeta de crédito" (Sala D, 15/04/21, "Moraes de Sousa, Elizete c/ First Data Cono Sur SRL y otro s/ Sumarísimo", LA LEY 06/05/2021, Cita Online: AR/JUR/11115/2021, y sus citas: conf. Muguillo, R., Tarjeta de crédito, Buenos Aires, 2004, p. 165; Diez Ormaechea, R., Responsabilidad del administrador del sistema de tarjeta de crédito, la ley, del 16/01/17; CNCom, Sala C, 21/05/98, "Jaraguionis, Nefi c/ Banco de Boston y otro", LA LEY, 1998-F, 168).”
Y las razones que justifican tal tesitura son evidentes: el deber de resarcir puesto en mano común o conjunta de todos los intervinientes en la cadena, tiene como sentido evitar que el dañado cargue con una investigación o pesquisa, difícil y compleja, al menos para él, acerca de cuál fue el personaje que cometió el error, originó el vicio o defecto o descompuso el producto o el servicio. A ello cabe agregar que la pluralidad de legitimados pasivos emplazados solidaria o concurrentemente asegura al damnificado mejores garantías de alcanzar eficaz resarcimiento (Pizarro, Ramón Daniel, Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa -Contractual y Extracontractual-, T. II, pág. 498 y ss, editorial La Ley, Buenos Aires, 2007; esta sala en "Maggio, Rocío Soledad c/ Aseguradora Federal Argentina y otro s/ ordinario", del 01/09/16).” (conf. CNcom Sala F “Piñeiro Andrea Raquel C/ First Data Del Cono Sur Srl y otros S/ Ordinario.” sentencia del 9/08/21 disponible en https://www.cij.gov.ar/sentencias.html).
Es igualmente aplicable a la defensa intentada por la codemandada Prisma las mismas razones que se vienen dando invariablemente en la jurisprudencia cuando se afirma “siendo que la codemandada es quien organiza y administra el sistema de tarjetas de crédito, cuya supervisión y control mantiene, mal puede pretender exonerarse de responsabilidad bajo el argumento de no encontrarse vinculada contractualmente, pues es claro que tanto aquella, como la entidad emisora formaron parte de la relación contractual, siendo imposible que el sistema se desarrollara sin la participación de la primera, quien naturalmente se ha beneficiado con ello” (CNCom, Sala B, 5/8/20, "Lauría Alberto c/Prisma Medios de Pagos SA s/ ordinario"; CNCom, Sala F “Moraes De Sousa, Elizete c/ First Data Cono Sur Srl y Otro S/ Sumarísimo” del 15/04/21).” (conf. expte. 12907 citado)
Además que lo dicho hasta aquí es suficiente para desestimar el planteo de la codemandada Prisma Medios de Pago, corresponde señalar que la falta de legitimación que sostiene en su recurso, con sustento en que no es propietaria de la marca Visa, además de no haber sido planteado como excepción al contestar demanda, se encuentra en contradicción con su intervención ante la OMIC. En efecto, en esa instancia sostuvo que la denuncia que realizó el actor se encuentra en análisis a fin de emitir una respuesta (v. su presentación del 2/9/2019), y además del contenido del correo electrónico remitido por personal de Prisma -Marcela Fortunato- al banco de fecha 4/11/2019 surge que la empresa estaba dando trámite al reclamo. De allí que lo alegado al contestar demanda es inadmisible además de lo ya expuesto, por contravenir su conducta anterior y jurídicamente relevante. (art. 1067 del C.C.C.).
En el contexto de lo considerado hasta aquí, la interrupción del nexo de casualidad alegado por la codemandada Banco de la Provincia de Buenos Aires sosteniendo que la causa le es ajena por no haber formulado los cargos y no haber intervenido en la operatoria entre la administradora y las empresas a ella vinculadas, deviene inadmisible, en su carácter de emisor de la tarjeta de crédito y la relación contractual con el actor en su calidad de consumidor. (art. 40 ley 24240 y art. 1, 46 y cc ley 25065)
Sobre el particular se ha sostenido que “si ha existido una utilización indebida de la tarjeta y el titular de ella ha actuado con diligencia haciendo la denuncia pertinente, entonces, la entidad emisora debe también responder por los daños que el uso ilegítimo ha provocado, pues la nota de cargo (o documento justificativo de la operación con tarjeta) será inexistente o nula. Es que el titular de la tarjeta se obliga al reembolso a la entidad emisora de lo abonado por ella por órdenes de pago existentes, válidas y eficaces, pero de ninguna manera por documentos que por sus vicios genéticos y funcionales no producen efecto jurídico alguno (conf. Mariño López, A., “Responsabilidad por utilización indebida de tarjetas de crédito, Buenos Aires, 2004, ps. 262 y 265).” (conf. CNCom Sala A del 30/6/2021 “Alcalay F. c/ Industrial and comercial bank of China (Argentina) S.A. y otro s/ Ordinario”, disponible en https://www.cij.gov.ar/sentencias.html (Registro de Cámara n° 27606/2017). Además la entidad se desentiende del contenido del reclamo contenido en demanda, y basa su defensa en que fue personal de Visa quien le informó al actor que no abonara del resumen los consumos desconocidos, lo que como ya se expuso -y surge expresamente detallado en la pericia contable-, estos consumos integraban el monto del pago mínimo y superaban exponencialmente los consumos reales del actor. En efecto en el mes de julio de 2019 el pago mínimo, en función de los cargos ilegales, implicó más de 400 % que los consumos propios. Ello fue trasladándose en las liquidaciones posteriores, lo que generó intereses en los sucesivos resúmenes incrementándose la deuda y los montos del pago mínimo y la inhabilitación posterior con más la modificación de la calificación crediticia.
En efecto según surge de la pericia contable, respecto de los resúmenes de junio, julio, agosto, septiembre de 2019 -fecha hasta la cual se registraron en las liquidaciones consumos propios del actor- el accionante abonó el total de sus consumos ascendiendo el monto mínimo en julio a $ 36.985 -en tanto era trasladado el saldo del consumo impugnado-, agosto a la suma de $ 41.890, septiembre a la suma de $ 43.540 y la deuda a octubre ascendía a la suma de $ 86.816. (v. pto b respuestas cuestionario de la entidad bancaria de la pericia contable y resúmenes adjuntados como documental).
El reclamo del actor fue recién resuelto con los reintegros en noviembre y diciembre de 2019, es decir a los 6 meses de haberse reintegrado el primer cargo ilegal.
Es decir que la postura de la entidad bancaria por la que pretende excusarse de lo ocurrido, por no haber indicado al actor que no abonara el pago mínimo y así evitar la mora, implica trasladar al consumidor los perjuicios de la falta de diligencia y celeridad de las entidades en el procesamiento y resolución del reclamo o bien imponerle la obligación de abonar consumos que no realizó. Asimismo, sobre ese argumento, es pertinente señalar que el inc. b del artículo 28 de LTC establece que el emisor durante la impugnación podrá exigir el pago del mínimo pactado por los rubros no cuestionados en la liquidación. Y más allá de la interpretación de los alcances de esta norma, lo cierto es que en el mes de mayo de 2019 se había resuelto favorablemente el reintegro de la primera cuota de los consumos cuestionados, y ello era de conocimiento tanto del banco emisor como de la administradora.
En este sentido ha de señalarse que en el marco del sistema de tarjeta de crédito el banco emisor asume obligaciones y derechos al contratar con los consumidores y/o proveedores, quedando obligado en forma directa. Se han señalado como ejemplos “límite de compra y de crédito, fechas de cierre contable de las operaciones y de vencimiento de las liquidaciones, régimen de mora, tasas de intereses pactadas, cargos administrativos y de otro tipo convenidos, monto de los pagos mínimos, fianzas solicitadas para la emisión de la tarjeta, adicionales autorizadas, requisitos de solvencia económica del titular, conducta comercial y giro del establecimiento, en caso de proveedores, y, en definitiva, toda una gama de obligaciones y derechos accesorios que están directamente vinculados al ámbito de autonomía en su operatoria comercial que la entidad bancaria se ha reservado en su contrato con la organizadora, el banco se obliga por sí directamente”. (conf. Esper Mariano “La relación entidad administradora-entidad bancaria en el sistema de tarjeta de crédito y sus efectos frente a terceros”. Publicado en: Jurisprudencia Argentina, LALEY 0003/007815)
Por lo demás, en el contexto que se viene analizando, las defensas del banco demandado en cuanto sostiene que, ante la omisión de abonar el pago del mínimo de dos resúmenes consecutivos, el sistema automáticamente informa a la central de deudores, no lo releva de la responsabilidad frente a su cliente, ni tampoco la circunstancia de haber modificado con posterioridad su calificación crediticia en el mes de noviembre de 2019 y la histórica, en función del perjuicio ya producido.
Así delimitados los roles de las codemandadas, tanto el banco emisor como la administradora son pasibles de responsabilidad en los términos del art. 40 de la ley 24240, y ambas han aportado al curso causal del daño extrapatrimonial reclamado, sin que ante el consumidor puedan exonerarse de responsabilidad. (conf. arts. 46 ley 25065, 1722, 1726, 1730, 1740, 1741 del C.C.C.)
3. Ahora bien, respecto a la responsabilidad de la codemandada Mercado Libre S.R.L. corresponde mencionar que la actora al formular el reclamo alegó que “MERCADO LIBRE S.R.L. y en especial MERCADO PAGO, opera como sistema compuesto por distintas opciones de pago, formando este nuevo sistema de comercialización, donde le son atribuibles obligaciones concretas a los diferentes integrantes.- Existe consenso en que se trata de una relación de consumo: el vendedor publicitó en Mercado Libre, y por éste percibe una tarifa, y Mercado Pago al pagarle a la vendedora también obtiene una comisión (“Ferreiro, Pablo Alberto c/ Mercado Libre S.R.L.” Sala III Cámara Civ. Y Com. De Jujuy).”
Luego de referirse a los supuestos de conexidad contractual señala que “el incumplimiento de MERCADO LIBRE S.R.L., puede verse en los mails que dicha empresa envió a su abogada (fecha 2/10/2019) donde se desentienden de la situación, manifestando que los pagos se realizaron por fuera del sitio MERCADO LIBRE, y que se utilizó únicamente MERCADO PAGO como procesador de pago, pero no fueron publicaciones a través de su sitio. Alegan que al ser una operación extraña al sitio no corresponde hacerse cargo, sino que debe reclamarse directamente al vendedor.”
Desde allí sostiene que “este codemandado, también incumple su deber de información y de trato digno, al no brindar respuestas ni soluciones al problema.- Se coloca fuera del inconveniente, como si las relaciones multifacéticas que lo benefician al ser parte del sistema de comercialización con PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires no le generaran responsabilidad alguna cuando las operaciones no funcionan como deberían.”
Asegura que Mercado Libre S.R.L. es parte vital del sistema de pago y atribuye a la codemandada una administración inadecuada de su procesador de pagos -Mercado Pago-, ya que el sistema “ha permitido que se realice una compra con una tarjeta de crédito de mi titularidad que se encontraba dada de baja al momento de su utilización” y su responsabilidad deriva por ser “parte de un sistema de comercialización y de pago que se utiliza en forma masiva.” Indica que no sólo permitió un pago indebido, sino que una vez cometido el error no dio solución, agregando que “su responsabilidad no se basa en la relación directa con quien suscribe, sino en el servicio de pago que ofrece a quien quiera realizar una operación comercial, ya sea a través de su sitio como a través de cualquier otro que permita el uso de MERCADO PAGO como procesador.”
Así planteado, cabe señalar que tanto la jurisprudencia que cita el actor, como los fundamentos contenidos en la sentencia no son de aplicación al caso, de acuerdo a lo que la codemandada ha logrado probar con sustento en la pericia informática -adjuntada al trámite del día 1/11/2022- realizada por exhorto y con intervención de los consultores técnicos de parte y el letrado de la actora. -v. pag. 4 del dictamen- En su dictamen el perito ingeniero en sistemas Gaston Blackman Siefinsider describió la metodología utilizada, las actividades de recolección de evidencias y de análisis, como así también el procedimiento de resguardo de evidencias. Adjuntó, previo registrarse como usuario, desde la página www.mercadolibre.com.ar los términos y condiciones de Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Pago Point.
En respuesta al punto 5 indicó que de los registros de Mercado Libre, surge registrado un usuario con los siguientes datos: “Apodo:
CONSULCARARGENTINAILK Id: 262565026 Nombre: Consul Car Argentina Informó que respecto de este usuario se registra una operación de pago mediante los servicios de mercado pago identificada como nro. 466365445; vendedor “consulcarargentinaILK”, de fecha 8/4/2019, precio de $ 19.953,33 pagada con la tarjeta visa nro. 4548 32 xx xxxx 9119 -que durante el proceso fue incontrovertido que pertenecia al actor- (pto. 6).
Asimismo informó que se trató de un pago realizado en forma presencial mediante Mercado Point y que “lo único que se utilizó vinculado a Mercado Pago, es el dispositivo de cobro Point (dispositivo similar a un posnet), no se trata de una operación en la plataforma de Mercado Libre” (pto. 7 a y d), que la operación no se encontraba relacionada con ninguna publicación del sitio (pto. 7 b) y que el pago fue aprobado por la entidad administradora de la tarjeta con el término “Approved” (pto. 7 c) por un total de $ 59860 según surge del print de pantalla. Asimismo, aseguró que de los registros que permiten acceder a los reclamos, respecto de esta operación no ha sido registrado ninguno (pto. 7 e) y que “el sistema de Mercado Libre no registra ningún tipo de contracargo ni reclamo de tipo alguno respecto de la operación informada (el estado es aprobado y acreditado)” individualizándose el print de pantalla. (pto. 7 f). En respuesta a los mismos puntos de pericia respecto de la operación realizada el 22/4/2019 el perito informó que se registra una operación de pago mediante los servicios de mercado pago identificada como nro. 4700203672; vendedor “consulcarargentinaILK”, precio de $ 15.962,67 pagada con la tarjeta visa nro. 4548 32 xx xxxx 9119 (pto. 8) aprobada en esa fecha a las 10:44:35 hs por un total de $ 47.888, según surge del print de pantalla que integra en su pericia. Asimismo indicó que “se verifica que la funcionalidad de Mercado Pago utilizada fue Mercado Point en tanto surge que se realizó el pago a través de visualiza que el tipo de pago es “Agnostic Payment Type: Point Payment”, esto, dado que lo único que se utilizó vinculado a Mercado Pago, es el dispositivo de cobro Point (dispositivo similar a un posnet), no se trata de una operación en la plataforma de Mercado Libre.” (pto. 9 a) idem d)
Además informó que la operación no se encontraba relacionada con ninguna publicación del sitio (pto. 8 b), y que de los registros que permiten acceder a los reclamos, respecto de esta operación no ha sido registrado ninguno. (pto. 8 e). A diferencia de la operación realizada el 8/4/2022 el perito informa que “esta operación tuvo un contracargo. Fue informado por la entidad administradora (Prisma), generándose así un débito de los fondos correspondientes a la operación de pago, y fueron posteriormente devueltos por los mecanismos previstos contractualmente. Esto quiere decir que los fondos fueron detraídos de Mercado Libre por Prisma a los fines de su devolución al titular de la tarjeta.” (pto. 8 c y f), lo que ocurrió según surge del print de pantalla el 20/9/2019.
El perito realizó un simulacro del mecanismo para la realización de una operación como la que informó, ingresando con su celular a la aplicación de Mercado Pago con su usuario y contraseña, vinculando mediante conexión bluetooth su celular con su dispositivo Mercado Pago Point. Indicó que ingresó a la cuenta de Mercado Pago y se seleccionó la opción “Cobrar con Point” “ingresó el monto de la transacción, y el cobrador puede poner la leyenda que desee al pago, en este caso se consignó “pericia informática test” y posteriormente se ingresó la tarjeta de crédito al lector para procesar el cobro. Se debe ingresar el código de seguridad que figura en la parte posterior de la misma y el número de DNI del titular de la tarjeta” y “Una vez ingresados los datos, Mercado Pago remite a la empresa administradora del servicio de tarjeta de crédito, una solicitud de autorización de la operación. A su vez, ésta debe validar la operación con el Banco emisor de la tarjeta” (pto. 10 a y b). Del modo en que quedó registrada la operación en el sistema de mercado pago, y su diferenciación con operaciones realizadas en la plataforma, el perito insertó en su dictamen el print de pantalla y lo explicó (v. punto 10 e).
El profesional concluyó que en atención a este sistema de cobro -el que simuló a los fines periciales y que se corresponde con el que fuera utilizado respecto de las operaciones cuestionadas por el actor-, no es posible hacerlo en forma no presencial; aclarando que “se necesita de un teléfono celular y dispositivo físico (Point), por el lado del vendedor / comerciante / cobrador, y una tarjeta de crédito / débito y DNI, en soporte físico, por el lado del pagador / cliente.” (10 f), dando cuenta de los mecanismos de seguridad según surge del punto 3.3. de los Términos y Condiciones de Mercado Point. (pto. 10 g). Esta pericia que reúne las exigencias legales establecidas en el artículo 472 del C.P.C.C., no fue impugnada por ninguna de las partes, ni asumida en los recursos del resto de las codemandadas, su valoración omitida en la sentencia y las argumentaciones contenidas en la expresión de agravios de Mercado Libre S.R.L. llegan sin consideraciones específicas y atinentes al planteo, por la actora, según los términos en que ésta replicara los agravios.
En este marco, sin perjuicio de la responsabilidad que podría corresponderle al comercio adherido al sistema, que no ha sido demandado, la responsabilidad de Mercado Libre S.R.L. endilgada en demanda y decidida en la sentencia, no puede sostenerse en este caso, ni por aplicación del artículo 40 de la ley 24240 y de los deberes que se derivan de los artículos 4, 5 y 8 bis de la LDC, ni de las responsabilidades emergentes de la ley 25065; en tanto acreditó la "causa ajena" exonerativa de responsabilidad (arts. 1722 y ccdtes del CCyCN).
Ello, en consideración al modo en que fue realizada la operación suficientemente descripta por el perito, habiéndose aprobado las operaciones por las restantes codemandadas, ante las cuales el actor formuló el reclamo de modo temporáneo y reiterado, surgiendo de lo actuado que es recién el 20 septiembre de 2019 cuando se realiza un contracargo en una de las operaciones desconocidas.
Para esta fecha, no sólo la empresa no tenía conocimiento de los reclamos del actor, sino que éste ya había sufrido los perjuicios derivados de la falta de respuesta en tiempo oportuno de las impugnaciones que realizó (arts. 26/30 LTC), con más el traspaso de los saldos deudores de una liquidación a la siguiente, la aplicación de intereses, la inhabilitación de la tarjeta de crédito por haber excedido el límite autorizado y la modificación de su calificación crediticia. Finalmente resta destacar que el único fundamento contenido en la sentencia para justificar la responsabilidad de Mercado Libre S.R.L. son consideraciones idénticas a las realizadas por otro órgano -omitiéndose la cita- en otro supuesto que no es atinente a la controversia planteada en la presente. (v. res. J.M.F. nro. 2 de San Martín el 3/2/2022, en L. F. M. c/ Mercado Libre S.R.L. disponible en https://aldiaargentina.microjuris.com/), Lo cuestionado en ese antecedente eran operaciones -transferenciasrealizadas desde la billetera virtual que el consumidor y reclamante poseía por ser usuario del sistema de Mercado Pago, y generadas por terceras personas luego de haber padecido el robo de su teléfono celular.
Es decir que la diferencia entre ese caso y el debatido en este proceso es elocuente por la disímil relación entre las partes y la modalidad de la operatoria. En mérito a las consideraciones realizadas propongo al acuerdo, admitir el recurso, revocar la sentencia de grado, y rechazar la demanda contra Mercado Libre S.R.L.
4. Ahora bien, ingresando al daño por las consecuencias no patrimoniales se adelanta que los recursos sobre la procedencia decidida en la instancia y su cuantificación no han de prosperar.
De acuerdo a los hechos ya expuestos, las codemandadas al no haber gestionado eficientemente los reiterados reclamos del actor en los que invirtió tiempo y padeció intranquilidades y preocupaciones, ocasionaron perjuicio en la faz extrapatrimonial.
Las alegaciones de la codemandada Prisma Medios de Pago S.A., que sobre el particular realizó en sus agravios se encuentran dirigidas más a controvertir su responsabilidad en el hecho, que ya quedó analizada que, a demostrar la improcedencia del rubro, por lo que en este aspecto su queja luce desierta. (art. 260 del C.P.C.C.)
Las alegaciones del banco demandado en cuanto sostienen que no se ha tenido en consideración la gravedad objetiva del daño causado, o que al actor no se le descontaron sumas de dinero, como para poder estimar el daño extrapatrimonial, no son de recibo.
Es que la recurrente omite considerar el peregrinar del actor en la burocracia técnica entre el emisor y la administradora, la instancia ante la OMIC y el proceso de mediación para que se resolviera el reclamo que inició el 22/4/2019, el que fue desoído en las liquidaciones posteriores al mes de mayo de 2019; con la intranquilidad que ello le generó, además del saldo deudor por consumos no realizados, la aplicación de intereses, y su posterior modificación de calificación crediticia.
Es que la decisión de trasladar los costos por el cargo ilegítimo - sobre el que no medió controversia- a la parte más débil de la relación en función de la deuda que se le generó y que se mantuvo por seis meses, importó no sólo un incumplimiento de los deberes a cargo de las codemandadas, sino además la omisión de adoptar medidas dirigidas a evitar que el daño ya producido se agravase. (conf. art. 1710 del C.C.C.).
Y en este marco, no cabe duda alguna de la relación de causalidad entre el perjuicio padecido por el actor y la deficiente gestión por parte de las codemandadas de las obligaciones a su cargo, quienes en función de su rol profesional poseen una responsabilidad agravada. (conf. artículos 42 constitucional Nacional, 4,5,40 y 53 Ley 24240, art. 46 ley 25065, y artículos 1716, 1717, 1722, 1725, 1726, 1737, 1740 y 1741 CCC).
Sobre la acreditación del daño extrapatrimonial reiteradamente esta Cámara y su antecesora, han sostenido que “los incumplimientos contractuales, cuando de consumidores se trata, no reportan la misma estrictez en el análisis del daño extrapatrimonial que aquellos pudieren generar” y que el rigor probatorio debe morigerarse, aun antes de la vigencia del código unificado (conf. Expte. 6691 “Bianchi, Porvenir c/Camuzzi Gas Pampeana S.A. S/Daños y Perjuicios” reg. int. 100 (S) del 26/09/06; ídem Expte. 7688 “Baiza, Mónica y ots. C/Cablevisión SA. y Palacios y Gutierrez Producciones S.A. s/Daño Moral” reg. 70(S) del 27/05/08, expte. 8918 reg. int. 63 (S) 14/8/2012, expte. 12907 reg. elec. 83 (RS) del 20/12/2021, idem 13220, reg. elec. 108 (RS) del 9/8/2022, 13621, reg. elect. 70 (RS) sent. del 30/5/2023).
Agregándose en los antecedentes referidos en último término que “Así lo indica la doctrina cuando señala que ese cuerpo legal “se refiere a la reparación de los daños que sufre una persona en su esfera espiritual (…) unifica[ndo] la legitimación activa para reclamarlo, sin importar en qué ámbito se haya generado el daño” (Calvo Costa, C. “Derecho de las Obligaciones 2. Derecho de Daños” p 62, Ed. Hammurabi, 2016).
O cuando indica que “al eliminarse la diferenciación entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, no caben dudas que el daño extrapatrimonial es resarcible tanto cuando es causado por un incumplimiento obligacional como cuando deriva de un hecho ilícito.” (Márquez, Fernando (Director) “Responsabilidad Civil en el Código Civil y Comercial” T. 1, p. 286, Ed. Zavalía 2015).
En casos similares esta Cámara “ha estimado prudentemente el valor del daño sufrido, sopesando para ello las circunstancias por las que tuvo que atravesar la actora, el tiempo insumido en procurar solucionar (...) la evidente afectación de sus legítimas expectativas (...) el maltrato que la burocracia técnica le deparó, en franca vulneración a su calidad de consumidor, partícipe de un relación desigual, en la que no fue escuchada ni asistida conforme el convenio; entre otros elementos a considerar.” (Reg. 105 (S) del 20/10/2016 en “M., E. c/ Nación Seguros s. daños” Expte. 10548).” (Expte. 12416; reg. int. 134 (S) del 25/11/2020).” (expte. 12907 ya citado)
Ahora bien, más allá que los hechos probados permiten concluir que, según el curso natural y ordinario de las cosas quien atraviesa por situaciones como las que debió transitar el actor, generan afectación en la paz y tranquilidad, la lesión a los intereses no patrimoniales del reclamante, en el caso, encuentra sustento probatorio en la pericia psicológica. (conf. arts. 1741, 1744 y cc del C.C.C., 384, 472 y 474 del C.P.C.C.).
La profesional en su dictamen presentado el 12/5/2022, previo indicar la metodología utilizada, describió la afectación del actor derivada de los hechos aquí debatidos (v. pto. 1). Informó que impactaron “negativamente en la personalidad del actor, en sus esferas psicológico-emocionales, social, familiar, y económica, alterando la tranquilidad de su espíritu y sentimientos, motivos que fueron generando angustia, desconcierto y malestar en el actor”
Indicó que el actor presentó ansiedad, pensamientos continuos y reiterados del conflicto, con agotamiento emocional, cansancio físico, dolores de cabeza, irritabilidad, insomnio, entre otros síntomas. Agregó que sintió desilusión y pérdida de confianza con afectación de su honorabilidad y buena fe y un “Deterioro persistente de la capacidad de goce, a nivel individual, perdida de concentración, irritabilidad, desanimo, insomnio, preocupación y pensamientos rumiantes”. Describió también que se encontró afectada la esfera social y económica derivado del sentimiento de su condición de deudor moroso. Respecto del grado de afectación concluyó que “Estos sucesos han afectado varias áreas de la vida del actor, durante seis meses consecutivos de querella, de situación de estrés, preocupación permanente, han impactado negativamente en la personalidad del actor” (pto. 2). Concluyó que se “evidencian secuelas a nivel psicológico, a nivel de los sentimientos y las emociones del peritado, no se puede estimar un porcentaje, dado que los resultados de estas conclusiones, son producto de un análisis detallado y profundo de la personalidad del actor a través de un proceso psicodiagnostico.” (pto. 3) sugiriendo la realización de tratamiento psicológico por un periodo no inferior a seis meses. (pto.4)
Si bien esta pericia fue impugnada por Prisma Medios de Pago (v.
presentación del 16/5/2022) la queja allí contenida en cuanto afirma que la perito arribó a sus conclusiones sólo con los dichos del actor, no se corresponde con la metodología que la profesional indicó, las explicaciones dadas al responder a los puntos de pericia y la que finalmente realizó en el punto 9 de su dictamen, por lo que no ha logrado poner en crisis las conclusiones dela perito. (art. 384, 472, 474 del C.P.C.C.)
Los padecimientos del actor descriptos por la perito, también quedaron corroborados con la prueba testimonial producida en la audiencia de vista de la causa el 31/3/2023. Allí el testigo Rodrigo Rosales, indicó que en circunstancias en que el actor realizaba tareas de mantenimiento lo notó afectado anímicamente, estresado y en esas circunstancias el Sr. Rodriguez le comentó lo sucedido y que no podía usar su tarjeta y se le complicaba pagar todo en efectivo. (v. min. 9:50 a 13:45). En igual sentido depuso Mónica Bayley quien observó al actor angustiado por lo sucedido con su tarjeta de crédito. (v. min. 14:30 a 16:58). Del mismo modo narraron lo observado en el actor los testigos Mario Gustavo Castro y María del Cármen Sabathe (v. min. 17:30 a 19:20 y 19:48 a 21:45) quienes relatan que el actor les realizaba tareas de mantenimiento en sus cabañas y que les comentó el problema que tenía y les pidió que no le transfirieran dinero a su cuenta por temor que el banco se la sacara por la deuda que le aparecía en la tarjeta de crédito y que estaba en el Veraz y que lo observaron caído, que les comentó que se sentía mal y que había realizado muchos reclamos y no se lo resolvían. (art. 384, 456 del C.P.C.C.)
En síntesis las constancias obrantes en las actuaciones corroboran la existencia del daño extrapatrimonial reclamado y decidido en la instancia, sin prueba que lo controvierta (conf. arts. 375, 384, 456, 474 del C.P.C.C., 53 tercer párrafo de la ley 24240, y 1094 segundo párrafo C.C.C, conf. este Tribunal expte. nro. 13621 reg. elec. 70 (RS) del 30/5/2023).
Finalmente en cuanto al monto decidido, los recursos no postulan argumentaciones distintas a lo atinente a su responsabilidad y procedencia del rubro, que ya fue tratado.
Las referencias a que el monto de $ 300.000 resulta “completamente desproporcionada” (v. agravios de Prisma Medios de Pago) o que “resulta una suma excesiva” o “exhorbitante alejadísimo de la realidad objetiva”, o en su comparación con el costo de un tratamiento psicológico (v. agravios del Banco de la Provincia de Buenos Aires) son técnicamente insuficientes para constituir una crítica concreta a la cuantificación.
Es que las apelantes omiten completamente poner en crisis la indemnización fijada en la instancia de grado sea recurriendo a los parámetros establecidos en el artículo 1741 del C.C.C. o en su comparación con casos análogos. Y ello es una carga procesal que luce incumplida por lo que el cuestionamiento luce desierto. (art. 260, 261 del C.P.C.C.)
5. Finalmente ha de ingresarse a las quejas de las codemandadas respecto de la multa civil (art. 52 bis ley 24240), delineando los recaudos para su admisión y eventualmente su presencia en el caso de acuerdo a las conductas de cada una de las codemandadas.
La multa civil, tal ha sido considerado por este Tribunal en reiterados pronunciamientos, consiste en una condenación adicional a la estrictamente resarcitoria, que se impone al dañador con carácter esencialmente sancionatorio y disuasivo, autónoma de la indemnización, cuya cuantificación y destino debe resultar de la ley, respetando los principios de razonabilidad y legalidad, y que rige en caso de daños graves. Asimismo, posee una innegable función disuasiva del actuar desaprensivo de los proveedores, en el sentido del artículo 2 de la ley de defensa del consumidor y que consiste en una suma de dinero otorgada a favor del damnificado independiente de la indemnización por sobre el daño sufrido. Su finalidad es sancionar al incumplidor, para disuadirlo de continuar con la misma conducta o con conductas similares y también se orienta con una finalidad de prevención general para disuadir a otros proveedores respecto de la práctica de dichas conductas. (expte 12071, reg. int. 77 (S) del 24/8/2020, expte. 12907 reg. electr. 83 (RS) del 20/12/2021, expte. 13220, reg. elec. 108 (RS) del 9/8/2022)
En los últimos precedentes citados se consideró que “En cuanto a los requisitos de aplicación de la multa civil la doctrina legal ha establecido que basta el mero incumplimiento para aplicar la sanción.
Respecto de ese requisito que esta Cámara ya ha evaluado (dolo o culpa grave) hemos sostenido: es exigencia conforme consenso doctrinario y jurisprudencial casi unánime- que debe detectarse en el proveedor una conducta de culpa grave (dolo eventual) o dolosa (ver, por todos, Lorenzetti, Ricardo Consumidores Ed. Rubinzal Culzoni, 2009, p. 563) o, en los términos que refería el Proyecto de 1998 una grave indiferencia o como refiere Pizarro un menosprecio del dañador hacia el resultado y por las consecuencias que genera su accionar, aún cuando en el caso concreto pueda no haber mediado beneficio económico derivado del ilícito. (citado por Picasso, Sebastián en Ley de Defensa del consumidor comentada y anotada Picasso, S. y Vázquez Ferreyra A., Ed. La Ley, 2009, p. 602 en nota 1332). (mi voto en expte. 10518 Ajargo c BBVA reg. int. 53 (S) 09-06-2016) (expte. Bustos c Banco Santander Río ya citado; reiterado en Expte. 11958 Ferre c. Paraná reg. 108 (S) del 20/10/2020). No es obstáculo para ello la doctrina legal de la causa c. 119.562, "Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Nulidad de acto jurídico" del 17/10/2018 ratificada recientemente en C. 122.220, "Frisicale, María Laura contra Telecom Personal S.A. Daños y perjuicios" del 11/8/2020) pues más allá de lo afirmado el Superior Tribunal analiza la actuación del proveedor para determinar la pertinencia de la sanción.
Así luego de afirmar “La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales”(ap. V.1.a. del voto del Dr. de Lázzari que hace mayoría en Castelli) pasa a revisar la actuación del proveedor en el caso puntual (ap. V.1.d).
Esa es la interpretación que ha hecho la doctrina especializada (v. Daños punitivos y factor de atribución. Dos aplicaciones particulares del precedente "Castelli" de la Suprema Corte bonaerense por Raschetti, Franco en RCyS 2019-X, 77; aps. II y V) y alguna jurisprudencia también. Así la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata por su Sala II sostuvo, y comparto, que la estructura lógica y deóntica del art. 52 bis de la Ley 24.240 lleva a considerar que la aplicación de la sanción depende siempre de algo más que la solitaria exigencia de la ilicitud negocial. Y ese algo más necesariamente ha de ser la valoración crítica que el juez debe efectuar sobre los incumplimientos de la proveedora, tarea para la cual también necesariamente debe acudir a un cierto parámetro, criterio o estándar que determina y condiciona [consciente o inconscientemente, expresa o implícitamente] la conclusión decisional que vuelca en su fallo. Por cierto: una valoración exactamente igual a la que la Suprema Corte efectúa sobre la base del comportamiento del Banco Galicia en el mencionado caso Castelli al momento de confirmar la multa aplicada por la Cámara bahiense (v.
considerando V.1.d. del voto del ministro de Lázzari).
Y también que “Es cierto que la norma no exige expresamente una cierta evaluación crítica del incumplimiento de la proveedora, pero al regular una facultad jurisdiccional [y no un deber que conlleva una consecuencia normativa forzosa e imperativa] implícitamente admite que la conducta de la demandada debe ser sometida a un escrutinio jurisdiccional de cuya suerte o resultado se determine si en el caso procede o no la punición.” (Taliercio Di Iorio Fiorella C. Telecom Personal S.A. y Buscom S.A. S. Daños y Perjuicios. Incumplimiento Contractual del 11/6/2019 disponible en http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia/ActualidadPBA.asp).
En definitiva, analizar la conducta del proveedor con un cierto parámetro (esta Cámara, al igual que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, utiliza el del actual art. 1724 CCyCN a la luz del art. 42 CN) no significa apartarse de la doctrina legal sino actuarla plenamente.” (conf. expte. 12907 reg. electr. 83 (RS) del 20/12/2021, expte. 13220, reg. elec. 108 (RS) del 9/8/2022)
En este contexto cabe analizar la conducta de las entidades cuya responsabilidad ya fuera tratada a fin de determinar si ha actuado con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. (conf. arts. 52 bis LDC y art. 1724 CCyCN).
5.1. De lo actuado surge manifiesta la indiferencia de Prisma Medios de Pago S.A.U. en el procesamiento del reclamo y su tardía resolución en función de los deberes a su cargo de recibir las denuncias y resolverlas, que en el caso el actor temporáneamente formuló respecto de un consumo -en tres cuotas- que no había realizado con una tarjeta de crédito que estaba dada de baja, y no obstante ello se lo imputó en los meses subsiguientes, motivando nuevos reclamos. (conf. arts. 1, 2, 3, 5, 40 de la ley 24240).
Es que tal como fue tratado en el considerando III.2, la administradora luego de resolver favorablemente el primer reclamo que hiciese el actor reintegrándole en el mismo resumen el consumo cuestionado, continuó en los meses sucesivos imputándole la segunda y tercer cuota, demorando seis meses su resolución, sin aportar prueba alguna, ni en el expediente administrativo ni ante la OMIC sobre las gestiones que realizó en cada uno de los reclamos. En efecto, el intercambio de correos adjuntados por el actor por los que consultaba el trámite de sus reclamos es elocuente de este desinterés de la codemandada. En el remitido con fecha 10/6/2019 le indica al actor el número de consulta y que le responderán a la brevedad; el 11/6/2019 la empresa le hace saber al actor el número de reclamo que inició el 7/6/2019, anunciándole que en los siguientes resúmenes ingresará el ajuste; luego el 12/6/2019 y en respuesta a una consulta del actor la empresa le comunica “que su tarjeta visa emitida por Banco de la Provincia se encuentra excedida en el límite de compras otorgado por el banco emisor”; el 12/7/2019 nuevamente la empresa le comunica que registró la consulta y que le responderá a la brevedad, el 26/7/2019 le informa respecto a la consulta que “estamos trabajando en el reclamo, que nos menciona (v. correos electrónicos agregados en el expte. ante la OMIC y la documental aportada por el actor). No dio respuesta a los reclamos que el actor realizó por sí y con intervención del Banco Provincia, hasta seis meses después.
En este proceso tuvo una postura ajena a la relación con la actora y al conflicto aquí planteado, que como ya fue considerado es inatendible a la luz del sistema de tarjeta de crédito y de los propios roles que cumple.
Estas acciones y omisiones de la administradora, las respuestas evasivas y dilatorias a los concretos reclamos del consumidor a quien se le trasladó durante seis meses, el costo de la ineficiencia o burocracia técnica de la administradora, reportan como una clara y grave indiferencia a los derechos del actor y que importan una violación a la obligación de trato digno (arts. 8 bis LDC y 1097 CCyCN) por lo que entiendo procedente confirmar la multa civil impuesta respecto de la codemandada Prisma medios de Pago S.A.U.
5.2. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus agravios cuestiona que en la sentencia no se hubiera considerado las diligencias que realizó respecto del reclamo del actor cuando concurrió a llenar el formulario para realizar nuevamente el reclamo, el trato que se le dispensó según lo que el actor reconociese ante la OMIC y las diligencias realizadas ante Prisma; por lo que habrá de realizarse un repaso de las específicas constancias al respecto. Omite la recurrente asumir que, el consumidor al detectar los cargos ilegales, pone en conocimiento de la entidad bancaria lo sucedido con anterioridad a que se gestione formalmente el formulario BP 762 el día 21/6/2019, según surge del propio reconocimiento que la entidad realizó en sede de la OMIC (v. presentación del 22/11/2019), aunque negado ante aquella instancia el día 19/9/2019 y también en el presente proceso. (v. contestación de demanda). En efecto obra adjuntado en el expediente administrativo constancia que acredita que el día 30/4/2019 la entidad da de alta por sistema el reclamo del actor respecto de las dos operaciones -del 8/4/2019 y 22/4/2019- consignándose entre otras cuestiones como problema “tarjeta falsificada (melliza)”.
Es decir que no es cierto que el actor sólo se dirigió en primer término ante la administradora.
Despejado ello, tal como lo sostuvo la recurrente, es cierto que el consumidor ante la OMIC (v. relato de los hechos el 2/8/2019) indicó que en la Suc. Quequén del Banco Provincia “siempre se han brindado interesados en el caso, realizando el expediente correspondiente, pero aún y pese a ello, con la buena predisposición, no se soluciona”, pero nuevamente omite asumir los expresos pedidos que el actor dirigiera a la entidad bancaria, con posterioridad a dicha presentación, en los meses de septiembre y octubre de 2019 según las tres notas que le remitiera al gerente en las que además ponía en conocimiento de los llamados que recibía del sector mora de la entidad.
En efecto el actor en la nota presentada el 20/9/2019 por la que nuevamente impugna el resumen ante la entidad bancaria, da cuenta que se le ha liquidado como saldo actual (al mes de 9/9/2019) la suma de $ 83.539, 66, más intereses por financiación y punitorios, produciéndose la inhabilitación de su actual tarjeta y la de las tarjetas adicionales, lo que le ocasiona perjuicio en atención a los débitos de servicios que poseía en su tarjeta, más los continuos llamados desde el sector mora de la entidad. En atención a ello concretamente peticiona a) se tenga por impugnado el resumen; b) la urgente rehabilitación de la tarjeta y sus adicionales; c) se le posibilite realizar pagos a través de los débitos que autorizó; d) se eliminen los intereses por financiación; e) se eliminen los intereses punitorios; f) se abstenga el sector mora de realizar llamados y g) para el próximo resumen se eliminen los consumos cuestionados.
No habiendo obtenido respuesta alguna el 9/10/2019 el consumidor presenta nueva nota a la entidad dando cuenta que no pudo acceder al resumen de la tarjeta por la plataforma BIP por haber sido inhabilitada y ello le impide acceder a sus verdaderos consumos, persistiendo los llamados del sector mora, adjuntando información del Banco Central de la Republica Argentina en el que figura adeudando la suma de $ 89.000 e informado en situación 2. En esta ocasión solicita se le posibilite acceder al resumen por plataforma BIP, se informe al B.C.R.A. que no registra mora con el Banco Provincia y nuevamente pide que cesen los llamados del sector mora, se eliminen los consumos desconocidos y los intereses, se rehabilite su tarjeta y los adicionales y se le permita realizar los pagos respecto de los débitos que autorizó.
Finalmente, en la nota presentada el 23/10/2019 impugna el resumen del 7 de octubre de 2019 y el saldo por la suma de $ 86.816,18, generado a partir de los consumos desconocidos, los intereses por financiación y punitorios, la liquidación conjunta de compras que tenía en cuotas, reiterando nuevamente las peticiones de la nota anterior.
Si bien la entidad demandada, adjuntó las constancias de los intercambios mantenidos con la administradora vinculados a los reclamos del actor, los concretos pedidos que el actor hizo a la entidad vinculado a los mínimos, los intereses, la rehabilitación para operar con la tarjeta, y la rectificación de la información al BCRA -lo que ocurrió hacia fines del mes de noviembre de 2019, una vez reintegrados por la administradora los consumos-, no obtuvieron tratamiento, ni oportuna respuesta y ello es incompatible con el deber legal de información y trato digno. (art. 4, 8 bis de la ley 24240 y 1097 del C.C.C.). Máxime cuando también durante el proceso, pretendió su rechazo, sin asumir la responsabilidad que se deriva de la ley del consumidor y del propio sistema de tarjeta de crédito, endilgándole al actor, por no haber adjuntado el resumen de la liquidación de diciembre de 2019 en el que figuraba un saldo acreedor, alguna especie de abuso en el reclamo que en este proceso formuló. De lo actuado surge entonces, que, sin perjuicio de la demora de la administradora en resolver el reclamo, la entidad no adoptó, en cumplimiento del deber de buena fe y trato digno, ninguna medida de la que surja que la especial situación del actor fuese contemplada a fin de evitarle un mayor perjuicio que el que venía padeciendo, sino que por el contrario se lo agravó, lo que se reporta como un actuar notoriamente desaprensivo y desentendido del planteo realizado por el actor.
En base a las consideraciones realizadas propongo al acuerdo confirmar la multa civil impuesta en la sentencia a la codemandada Banco de la Provincia de Buenos Aires.
6. Finalmente ha de señalarse que el magistrado dispuso el cómputo de los intereses desde la fecha del primer descuento efectuado, y la actora cuestionó la mora fijada solicitando sea establecida el día 22/4/2019 fecha esta en la que realizó el primer desconocimiento de los consumos.
Ahora bien y sin perjuicio de la interpretación que de lo decidido hizo el recurrente en consideración a que no se estableció en la sentencia una fecha específica, lo cierto es que el primer descuento efectuado -respecto de los cuales se formuló el primero desconocimiento- es de fecha 8/4/2019, por lo que a esta fecha de fijación de la mora habrá de estarse, careciendo de agravio el recurrente, en atención a los términos de su recurso.
Las costas de alzada corresponde sean impuestas a los demandados condenados en su calidad de vencidos, del mismo modo que las costas por la demanda contra Mercado Libre S.R.L que se rechaza, en atención a la naturaleza de lo aquí debatido, con más la responsabilidad que la entidad bancaria también le endilgó. (art. 68 del C.P.C.C.)
A la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA, con las modificaciones propuestas La Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ANA CLARA ISSIN DIJO:
En atención al resultado que arroja la cuestión anterior corresponde: 1.- Confirmar la sentencia del 9/6/2023 en cuanto fue materia de agravio respecto de la condena impuesta a Prisma Medios de Pago S.A.U. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, debiendo computarse los intereses respecto de la condena impuesta desde el 8/4/2019, con costas de alzada a las recurrentes vencidas. (art. 68 del C.P.C.C., conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión); 2.- Revocar la condena impuesta a Mercado Libre S.R.L., rechazándose la demanda a su respecto, con costas a las codemandadas en su calidad de vencidas y los fundamentos expuestos. (conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión); 3.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 31, 51 ley 14967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 19 de septiembre de 2023 VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: 1.- Confirmar la sentencia del 9/6/2023 en cuanto fue materia de agravio respecto de la condena impuesta a Prisma Medios de Pago S.A.U. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, debiendo computarse los intereses respecto de la condena impuesta desde el 8/4/2019, con costas de alzada a las recurrentes vencidas. (art. 68 del C.P.C.C., conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión); 2.- Revocar la condena impuesta a Mercado Libre S.R.L., rechazándose la demanda a su respecto, con costas a las codemandadas en su calidad de vencidas. (conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión); 3.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 31, 51 ley 14967).
constituido por las partes y por la funcionaria interviniente (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Dras. Marisol Ruggiero y Verónica Sanchez (Ap. Bco. Pcia)
Dr. Jose María Mariucci (Pat. parte actora)
Dres. Pablo Nocastro y Carolina Muzzio (Ap. codem.)
Dra. Analía Duarte - Dr. Leonardo Jimenez (Fiscalía General)
Fin de la sentencia