Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones apeladas, costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-58564314-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 4 de Junio de 2024 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expte. 39.808-I y sus acumulados 39.917-I y 48.451-I caratulado “RODRIGUEZ, CLEMENTE JUAN s/ Apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. A fs. 30/42vta., 112/124vta. y 298/307vta. se interpusieron recursos de apelación contra las Res. 106/14, 124/14 y 271/17, respectivamente, mediante las cuales se determinó de oficio el impuesto a las ganancias (en adelante IG) de los ejercicios 2010 a 2013, se intimó su pago con más los intereses resarcitorios y se hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones (cfrme. art. 20, ley 24.769 entonces vigente). El ajuste fiscal se relaciona con los ingresos que el actor percibió por la cesión de sus derechos federativos en su calidad de jugador de fútbol profesional.
Así, el actor detalló que la cesión de derechos efectuada por una persona física, de manera circunstancial, no se encuentra gravada con el IG y por ello los clubes no le practicaron retenciones por tal concepto, ni ingresó por su cuenta el impuesto.
Afirmó que el objeto del contrato es un crédito condicionado, o en expectativa, porque el beneficio eventual que se cede redundará en un beneficio económico para el cesionario al momento de cederlo nuevamente, si es que ello sucede. Y agregó que, mientras tanto, dicho derecho cedido no genera renta alguna en cabeza del cesionario.
Explicó que los derechos federativos (en adelante DF), inexorablemente en cabeza de los clubes -puesto que son éstos quienes se encuentran habilitados para registrarlos en la competencia oficial-, conllevan derechos económicos (en delante DE) vinculados con el contrato que une al jugador con el club, en virtud de su duración temporal y su eventual valor de renegociación.
Detalló que el beneficio o renta que eventualmente pueda obtener el cesionario a partir de la cesión de derechos, va a depender de una cesión posterior o, incluso, puede darse el supuesto, tal como el caso de autos, que la renta no se efectivice, porque la cesión del jugador se torna inviable o sencillamente no se hace por el motivo que fuere.
Destacó que el concepto de bien intangible –posición del fisco- toma en consideración la potencialidad del derecho cedido de producir rentas de tercera categoría. Y aclaró que en este caso particular no generó ningún tipo de renta en cabeza del cesionario.
Planteó que para las personas físicas, la ganancia para ser gravada debe cumplir con tres requisitos básicos, a saber: periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación de la misma; y aclaró que en el caso de autos, resulta muy evidente que la fuente de la ganancia en cabeza de la persona física cedente se agota en el mismo acto.
Destacó que los DE del jugador son una cesión definitiva, puesto que el objeto del contrato versa sobre un jugador con determinadas condiciones físicas y aptitud deportiva que inexorablemente se modificarán por el transcurso del tiempo. Y resaltó que el cedente (en este caso él mismo) podrá adquirir nuevamente el DE de su pase, en el supuesto de que el cesionario decida no ejercer la opción de renegociarlo o que no exista ofrecimiento de compra del “pase” del jugador, pero no será el mismo contrato.
Manifestó la falta de habitualidad, puesto que el jugador no se dedica a comercializar derechos económicos de jugadores, sino que cobra por jugar al futbol. Y agregó que los DE cedidos estuvieron en su poder por una cuestión circunstancial, por no encontrar en su momento -su titular- oferentes en el mercado de pases. Resumió que la cesión del derecho económico no puede considerarse dentro de la expresión “similares” del inc. “h” del art. 45 de la ley del impuesto a las ganancias (en adelante LIG), puesto que el DE en cuestión, primero no produce rentas de tercera categoría y, segundo, tampoco puede ser utilizado de modo tal que pueda generar rentas de dicha categoría.
Expresó que las resoluciones en cuestión vulneran flagrantemente el principio constitucional de legalidad, en tanto gravan una operación que no se encuentra alcanzada por el impuesto.
Finalmente, y no habiéndose verificado el crédito en el marco del proceso concursal, solicitó que se tenga por prescripto el crédito que eventualmente tuviera el fisco, ya que los montos percibidos -a excepción de la cuota percibida el 22/12/2010- lo fueron en fecha anterior a la presentación en concurso preventivo (26/10/2010), es decir, de origen pre-concursal.
Asimismo, y en forma subsidiaria, solicitó la improcedencia de los intereses resarcitorios. Citó jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba, hizo reserva del caso federal y peticionó que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. A fs. 68/74, 149/153vta. y 322/331 se presentó el fisco nacional y contestó los traslados de los recursos. Acompañó los antecedentes administrativos (en adelante aa) y solicitó que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. A fs. 172/172vta. y 338/338vta. obran las sentencias por las cuales se acumularon los expedientes que originariamente tramitaron bajo los números 39.917-I y 48.451-I al que lleva el número 39.808-I.
IV. A fs. 159 y fs. 185 se abrió la causa a prueba. A fs. 359 se clausuró el período probatorio y se elevaron los a consideración de la Sala “C”. A fs. 367 se pusieron los autos para alegar, obrando el alegato del fisco a fs. 376vta./379 y a fs. 381/387vta. el de la actora. Finalmente a fs. 388 se pusieron los autos para dictar sentencia.
V. Que ante todo, corresponde señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfrme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros), ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
VI. Que la recurrente planteó que la mayoría de los montos percibidos lo fueron con fecha anterior a la presentación de su concurso preventivo (26/10/2010), por lo que la deuda reclamada es de origen preconcursal. Ello así y no habiéndose verificado el crédito en el marco de dicho proceso (cfrme. art. 56, LCQ), el mismo –según su criterio- se encuentra prescripto.
En cuanto a la aplicación de la prescripción concursal alegada, cabe destacar que esta Sala ha tenido ocasión de expedirse en la causa “Stensor S.A.“ (Expte. 33.547-I) del 13/10/2022 en la que sostuvo que “…no puede soslayarse que la ley 11.683 contiene normas autónomas y que una interpretación que conduzca a que prevalezca la norma concursal sobre la tributaria, llevaría a que los plazos de prescripción (caducidad previstos en esta última) para impugnar las ddjj y determinar la materia imponible podrían quedar subsumidos por la del art. 56 de aquel ordenamiento concursal; enervando de tal modo el ejercicio de las acciones y poderes fiscales, que, para determinar los impuestos y para aplicar las multas se estipulan en los arts. 59 a 61 de la ley tributaria. Desde otra perspectiva, podría llegar a sostenerse que el cumplimiento del plazo de la prescripción abreviada del art. 56 de la LCQ constituiría un impedimento definitivo para el ejercicio de las facultades del fisco para determinar de oficio las obligaciones del concursado; no obstante el mayor plazo de prescripción contenido en la ley tributaria que específicamente rige la materia, conclusión a la que sólo podría arribarse por conducto de una interpretación inadecuada del marco normativo y que prescinda de la auténtica voluntad del legislador. En tal sentido, constituye una pauta hermenéutica saludable aquella que consigna que las leyes deben ser interpretadas evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 308:1857, entre muchos otros)”.
Al respecto debo recordar que la CSJN en el precedente “Supercanal S.A.” (Fallos 326:1774) concluyó que los órganos jurisdiccionales establecidos por la ley 11.683 tienen la plena competencia en casos de apelación de determinaciones de oficios y multas impuestas por el ente recaudador, y que la decisión del TFN o la CCAF, una vez firme, es cosa juzgada y no puede ser revisada por el juez del concurso; y recién cuando la determinación de oficio o la multa se encuentren firmes y el organismo fiscal inicie la ejecución de la deuda, dicha ejecución debe someterse al procedimiento previsto en la LCQ.
Ello así, y teniendo en cuenta esta doctrina, hasta tanto no se haya cumplido el procedimiento en curso ante este Tribunal, destinado a revisar las resoluciones apeladas y este decisorio quede firme -obviamente siempre en el caso de que se le otorgue la razón al ente fiscal-, el organismo recaudador no tiene título válido para presentarse a verificar ante el concurso como deuda líquida y exigible, puesto que su accionar se encuentra suspendido mientras dure el procedimiento ante este TFN.
Por todo lo expuesto, entiendo que el plazo de prescripción abreviada que contiene la LCQ en su art. 56 no resulta aplicable al caso y no habiéndose efectuado planteo alguno respecto de la prescripción contemplada en la ley 11.683, no cabe más que rechazar dicho planteo.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener la revocación del mismo, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas a su respecto.
VII. Ahora procede analizar la cuestión de fondo, consistente en la determinación del IG producto de la cesión de los DE de la recurrente a diferentes clubes de fútbol.
Así las cosas, corresponde mencionar que se trata de una persona física, inscripta bajo la actividad “Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas deportivas”. La fiscalización tuvo su origen en la información periodística por venta de jugadores de fútbol por montos significativos. En base a ello se verificaron las bases de datos de AFIP (nómina salarial, bienes registrados, consumos, retenciones y acreditaciones bancarias), se le requirió documentación al jugador y se circularizó a los clubes donde jugó y a la Federación que agrupa a los jugadores (Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Asociación del Fútbol Argentino –AFA- y Futbolistas Argentinos Agremiados). En base a la documentación obtenida, el fisco determinó el IG de la cuarta categoría por su relación de dependencia con los clubes (sueldos, primas e ingresos adicionales) y rentas de la segunda categoría por la cesión de los DE sobre su persona -más conocido como el “pase”- que pertenecían a él mismo (vide fs. 289/297 OI 697.842, fs. 31/32 OI 829.423 y fs. 63/69 OI 1.042.213, aa).
Así, el 31/05/2013 y 02/06/2016 el fisco puso a consideración del contribuyente los ajustes practicados respecto del IG en relación a la segunda y cuarta categoría (vide fs. 282/286 de la OI 697.842, fs. 20/23 de la OI 829.423 y fs. 55/59 de la OI 1.042.213, aa).
Como consecuencia de ello, el contribuyente presentó las DDJJ del IG incluyendo sólo los ajustes de la cuarta categoría, pero no aquellos de la segunda categoría (fs. 313/314 de la OI 697.842, fs. 64/65 de la OI 829.423 y fs. 135/142 de la OI 1.042.213, aa).
VIII. Que no se encuentra controvertido que, al momento de firmar los contratos y ceder sus DE el Sr. Rodríguez era un jugador libre, es decir, que poseía él mismo la titularidad exclusiva de tales derechos. Así, al no encontrarse en discusión la existencia y firma de los contratos de cesión, ni la percepción del dinero consecuencia de ellos, la cuestión planteada se circunscribe únicamente a determinar si los cobros percibidos por el actor encuadran en las previsiones del inc. “h” del art. 45 de la LIG, como lo sostiene el fisco, o no se encuentran alcanzados con el IG como lo sostiene el actor.
En tal sentido, el organismo recaudador señaló que la adquisición o cesión del contrato del jugador -pase-, comprende todos los derechos, no sólo los llamados federativos, sino además los económicos y deportivos; dado que dichas operaciones en definitiva encierran los derechos de pase, que no serían otra cosa -para el organismo- que activos intangibles; concluyendo que esa operatoria encuadra en el inc. “h” del art. 45 de la LIG; mientras que para el recurrente, los ingresos aludidos no se encuentran alcanzados por el IG, por no cumplir los tres requisitos básicos exigidos para las personas físicas: habitualidad, permanencia y periodicidad.
IX. Que a fin de clarificar la cuestión, corresponde señalar que los llamados “derechos económicos” (DE) de los jugadores de fútbol profesional, nacen de los “derechos federativos” (DF) que poseen por su calidad de tales.
En este sentido “...debe decirse que el derecho federativo surge originariamente de la voluntad coincidente de una institución deportiva de inscribir y de un deportista de ser inscripto en una competición oficial, a través de un contrato que puede otorgarse a título gratuito (amateur) o a título oneroso (profesional). Se trata de un derecho inherente al deportista, pero cuyo ejercicio es cedido a favor de la institución, la cual puede a su vez, posteriormente, transferirlo o cederlo, transitoria o definitivamente, a otra institución deportiva, con conformidad del deportista o su representante legal.
Los derechos federativos de un deportista profesional, pueden tener un valor pecuniario, que deriva del interés que un tercero tenga en adquirir los mismos para que éste compita en su nombre y representación. En tal sentido, se consideran derechos económicos derivados de los derechos federativos, la valuación pecuniaria que se hagan de los mismos y, desde tal perspectiva, al derecho federativo se lo considera como un bien susceptible de relaciones contractuales.” (cfr. Sala “D”, Cam. Nac. Com., in re: “Ferradas, Carlos A. v. Isola, Miguel s/ Ordinario”, del 03/05/2011).
Como se observa, se trata entonces de un convenio (contrato) en el cual el contenido patrimonial deriva de la valuación pecuniaria que ambas partes –jugador y club- hagan de esos DF del jugador. En esa transacción, mediante el pago de sumas acordadas por ambas partes, los clubes adquieren para sí el derecho a registrar al jugador ante la AFA y hacerlo competir exclusivamente para ellos. Luego, ese mismo club podrá –con consentimiento del jugador o representante legal- ceder nuevamente ese derecho, lo que comúnmente se lo llama venta del pase o venta del jugador, operatoria habitual en el ámbito futbolístico. Resulta imprescindible señalar en esta instancia del análisis que la cuestión debatida en autos sólo se limita a los ingresos obtenidos por el propio Sr. Rodríguez por la cesión de sus DF -que él mismo poseíaresultando inocuo para la solución del caso analizar la posible obtención –o no- de ingresos por parte del club cesionario a consecuencia de posteriores cesiones efectuadas, por lo que corresponde desatender las referencias hechas a su respecto por la actora en su recurso de apelación.
Por su parte, dichos ingresos obtenidos por el Sr. Rodríguez –consecuencia de la cesión efectuadaestuvieron siempre imprescindiblemente ligados –como inevitable condición- a que el citado juegue al fútbol. En términos más llanos, a su turno, los clubes contratantes –cesionarios en los contratos bajo análisis- le pagaron al jugador para que juegue para ellos y en forma exclusiva, para lo cual resultó imprescindible registrarlo en la AFA como jugador de los mismos.
Bajo esta inteligencia, tengo para mí que lo cobrado por el jugador, en definitiva, y en términos de realidad económica (cfrme. art. 2, ley 11.683), fue por haber jugado al fútbol para tales clubes; lo que me lleva a concluir que resultaron ingresos de la cuarta categoría del IG. En nada cambia la existencia de otros contratos –o de otras cláusulas dentro del mismo contrato, como ocurre en el caso (vide fs. 59 a 68 de los aa)- que establezcan específicamente los servicios profesionales a prestar como futbolista, sus obligaciones respecto al club, la base de la remuneración mensual o anual, los premios por partido ganado, por objetivos logrados, la duración del contrato y demás particularidades propia de la relación laboral; reglada por un marco normativo compuesto por las leyes que legislan el Estatuto del Jugador Profesional, la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo 430/1975. Todos esos ingresos serán renta de cuarta categoría del IG. Es que, tal como lo señaló la Alzada:
“VII. Que si bien la ley 20.160 no contiene una definición del futbolista profesional, ella puede extraerse de su artículo 2°, que permite concebirlo como “la persona física que se obliga a jugar al fútbol integrando equipos de una entidad deportiva, a cambio de una retribución en dinero” (conf., además artículo 3, CCT 430/75). El vínculo queda establecido por un contrato registrado en la Asociación de Fútbol Argentino.
VIII. Que de las normas citadas se desprende que la remuneración del jugador de fútbol profesional está integrada por diversos rubros entre los que se encuentran el sueldo anual, el sueldo anual complementario y las primas o premios. También se prevé, en las mencionadas normas, que el contrato de un jugador puede ser objeto -estando vigente- de transferencia a otro club con el consentimiento expreso del jugador, supuesto en el cual corresponderá a éste un porcentaje del monto por el que se pacte la transferencia -al menos 15%-, cuyo pago quedará a cargo del club cedente (artículos 14 de la ley 20.160 y 9 del mencionado Convenio Colectivo). Este derecho se le reconoce al futbolista, trátese de una cesión definitiva (pase definitivo) o meramente temporal (pase a prueba).
(…)
XII. …Que, aún si por vía de hipótesis se negara el carácter de remuneración que para el derecho laboral reviste el porcentaje analizado, cabe señalar que lo que por la ley del impuesto se grava -según lo dispuesto en el artículo 79, inciso b) transcripto precedentemente- son las ganancias provenientes del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, o sea que alcanza a todos aquellos conceptos, como el que se examina, que confluyen a retribuir dicha labor, no estando restringida la aplicación del gravamen a la denominación o conceptualización de los importes que por ella se perciban. Ello es así porque en el ámbito del derecho tributario, tal como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema al referirse al artículo 2° de la ley 11683 (artículo 12 en el texto anterior), la determinación del hecho imponible requiere considerar la sustancia y no las formas jurídicas de los actos involucrados (cfr. esta Sala - 24/5/2001 – “Elle’s S.A. c/DGI”)”. (CCAF, Sala IV, in re “López, Claudio Javier”, sentencia del 09/03/2006, considerando VII, VIII y XII). Adviértase que en este precedente se trataba del porcentaje que el club titular de los DF del Sr. López (Racing Club de Avellaneda) le abonó al citado jugador por el pase de tales derechos al club Valencia de España, concluyendo la Cámara –al igual que la Sala “B” de este TFN en su sentencia de fecha 5/02/2001- en el carácter “remunerativo” de tal concepto; y rechazando el planteo del fisco que –al igual que en el caso de autos- había sostenido su inclusión como renta de segunda categoría. Así, el criterio allí expuesto resulta plenamente aplicable al caso de autos, que trata de los importes percibidos por el actor a consecuencia de la cesión –pase- efectuada por él mismo a los clubes ya mencionados.
También resulta inequívoco lo dicho por este Tribunal en la misma causa:
“IV. (…) Los rendimientos gravados de los jugadores profesionales de fútbol se integran por las retribuciones habituales –cualquiera que fueran sus denominaciones- y por ganancias potencialmente recurrentes como retribuciones por entrevistas, premios o los porcentajes que les caben en las transferencias y que integran sus ingresos como deportistas profesionales. En modo alguno pueden conceptuarse esas ganancias ocasionales (comprendidas por el aspecto objetivo del hecho imponible en cuanto potencialmente recurrentes) como ganancias de capital.
Que en el mismo sentido que lo expresado por el dictamen (DAT) 113/1995 de fecha 18/10/1995, cabe asignarle a las sumas recibidas por el jugador naturaleza remunerativa, por cuanto tienen su origen en la prestación de servicios en relación de dependencia, por la cual percibe remuneración, considerándose, en consecuencia, como parte integrante de la misma. Siendo esta remuneración debida a consecuencia de una única actividad, todos los conceptos que la integran deben tener un mismo tratamiento fiscal, en el caso, considerados como ganancias de cuarta categoría o rentas del trabajo personal (artículo 79 de la ley de impuesto a las ganancias)” (TFN, Sala “B”, in re “López, Claudio Javier s/ Apelación”, sent. del 5/02/2001, considerando IV)
Por otro lado, observo que –llamativamente- la cuestión aquí discutida fue tratada por el fisco cinco años antes a la resolución determinativa de oficio aquí apelada, en la consulta vinculante (SDG TLI), Resolución 31/2009 del (04/09/2009), en la que el propio organismo expresó que: “...los derechos económicos de los derechos federativos en examen, que no son otros que aquellos que permiten obtener un aprovechamiento económico por la transferencia de un jugador de fútbol, no son intrínsecamente semejantes ni a derechos de llave, ni a patentes de invención, ni a una marca, ni a una regalía de las descriptas en el inciso h) del artículo 45 de la ley del gravamen, pues en aquéllos siempre subyace la prestación de servicios de una persona física”, sin que dicho criterio fuese siquiera analizado en la resolución apelada.
Finalmente, en cuanto a lo dicho por la actora en relación a los requisitos que deben reunirse para que un ingreso se encuentre alcanzado con el IG para el caso de las personas humanas (periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente), resulta de aplicación lo dicho por este Tribunal en el precedente “López” ya citado: “Que, se dan en la especie los requisitos establecidos en la norma respecto de la fuente gravada. Verificándose la permanencia de la actividad generadora de la ganancia, por cuanto la misma no se agotó con la producción de la renta en cuestión, en tanto que con respecto a la periodicidad de la misma, ésta debe considerarse satisfecha, como en el caso, aun de modo potencial con la existencia de la posibilidad de que pudiera producirse y por último la habilitación de la mencionada fuente a consecuencia del desarrollo de la actividad profesional del recurrente” (considerando IV, último párrafo). En el caso de autos, tales requisitos se encontraron claramente reunidos, porque el Sr. Clemente Rodríguez (fuente generadora) no dejó de jugar al firmar los contratos, sino que –justamente- se obligó a seguir jugando (permanencia), se encontraba en condiciones de seguir jugando (periodicidad), y habilitado para ello (inscripto en la AFA por los clubes intervinientes).
Por todo lo expuesto, corresponde revocar las resoluciones apeladas, ya que los ingresos derivados de la cesión de los DF efectuada por el Sr. Clemente Rodríguez no se encuentran contemplados por el inc. “h” de art. 45 de la LIG referido a las rentas de segunda categoría; sino que resultan alcanzados por el impuesto –a diferencia de lo sostenido por la actora- pero como rentas de la cuarta categoría del IG. Las costas se imponen por su orden, toda vez que si bien se revocan las resoluciones apeladas, no es sobre la base del criterio sostenido por la actora en sus recursos de apelación, lo que amerita hacer excepción al principio general de la derrota que rige en materia de costas (cfrme. art. 68, CPCCN).
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar las resoluciones apeladas, costas por su orden.
Se deja constancia que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.06.04 10:11:59 -03:00 Date: 2024.06.04 14:58:06 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.04 14:58:07 -03:00
Fin de la sentencia