Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 14.885
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 30 de octubre de 2024, con la modificación dispuesta en relación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, la que se rechaza;
2Fijar los intereses desde la sentencia de primera instancia y hasta el efectivo pago, los que serán según la tasa activa que cobra el Banco de la provincia de Buenos Aires para restantes operaciones;
3Imponer las costas, en ambas instancias, en un 90 % a los demandados vencidos y en un 10% a la actora (art. 71 CPC);
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (31 ley 14967).
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 11 días del mes de septiembre de 2025 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Rodriguez Cristina Alejandra Y Otro/A C/ Dittrich Leandro Y Otros S/ Daños Y Perj. Autom. S/Lesiones (Exc. Estado)" Expte. 14885, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 30/10/2024?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. Conforme surge de las constancias de la causa el 30 de octubre de 2024 el Sr. Juez de grado dicta sentencia en la que resuelve: 1. Hacer lugar a la demanda promovida por Cristina Alejandra Rodríguez y Gustavo Roberto Cruz contra Leandro Dittrich y “Paraná S.A. de Seguros” sobre daños y perjuicios; 2. Condenar a la demandada y a la citada en garantía a pagar a los actores la suma de pesos dos millones setecientos cincuenta mil setecientos sesenta y uno ($ 2.750.761) con más los intereses fijados en el CONSIDERANDO VII, dentro del término de diez días de quedar firme la presente sentencia; 3. Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte actora; 4. Imponer las costas del juicio a la parte demandada vencida; 5. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad en que obren en autos pautas para tal fin (art. 51 ley 14967).
Contra dicho pronunciamiento y en idéntica fecha interpone recurso de apelación el letrado apoderado de la citada en garantía, haciendo lo propio los demandados el 4 de noviembre. Los recurrentes expresan agravios ante esta alzada en sendas presentaciones electrónicas de los días 10 y 13 de abril de 2025.
II. 1. Agravios de la citada en garantía:
1.1. En su primer agravio critica la recurrente la citación en garantía sin tener el actor acción autónoma contra la aseguradora. Sostiene en síntesis que “no habiendo sido demandado en autos el asegurado Anahí Solange Elis Karlovich (ver póliza adjunta a la contestación de la citación en garantía , escrito de fecha 16/3/2022 4:54:25 p. m. ), no habiendo sido desconocida la póliza por la actora, en su contestación de fecha 28/3/2022 5:58:49 p. m. al traslado que se corrió de la documentación adjuntada en la contestación de la citación en garantía, con lo cual se tiene por reconocida la póliza y todo su contenido, corresponde en consecuencia rechazarse la citación en garantía de esta aseguradora, y en consecuencia rechazarse la demanda a su respecto, solicitando en tal sentido se modifique la sentencia de autos. Con imposición de costas a la actora.”
1.2. Cuestiona seguidamente la responsabilidad atribuida al demandado alegando que “yerra el fallo al interpretar el artículo 41 de la ley de tránsito” como prioridad absoluta.
Alega que “si bien existe esa prioridad la misma no puede transformarse en un bill de indemnidad, y en el presente caso, nos encontramos en presencia en un caso claro y patente en que el actor perdió la prioridad de paso.”
Expresa que “los daños del automotor de la actora se registran en la parte delantera del mismo, mientras que los daños del automotor conducido por el demandado se registran en la parte media derecha del rodado -tal como luce de las fotografías adjuntadas por el demandado Dittrich al contestar la demanda.”
Añade que “El Juez de grado obvió en valorar que la propia actora en la audiencia de vista de causa al absolver posiciones: manifestó que el demandado había pasado más de la mitad de la bocacalle y que la actora impactó violentamente al rodado conducido por el demandado, lo que además se desprende de las fotografías adjuntadas por el demandado en su escrito de contestación de demanda. Además de haber también absuelto la actora reconociendo que tuvo el rol de embistente y el demandado el rol de embestido, y que la actora con su frente colisionó el lateral derecho del rodado conducido por el demandado.”
Y concluye: “nos encontramos en un caso patente donde se perdió la prioridad de paso establecida por el artículo 41 de la ley de tránsito; toda vez que.
a) la actora tuvo el rol de embistente , b) el demandado tuvo el rol de embestido, c) la actora embistió con el frente del rodado que conducía al rodado conducido por el demandado en la parte media derecha del rodado conducido por el demandado.
d) la actora impactó al rodado conducido por el demandado "violentamente" sumado a que el demandado al momento de ser colisionado había pasado mas de la mitad de la bocacalle.”
Finaliza su agravio señalando que su parte “considera que la atribución de la culpa le resulta imputable a la actora en un 100% y solicitamos se revoque la sentencia en tal sentido o eventualmente, se revoque otorgándole a la actora mínimamente un 60% de responsabilidad en el hecho.”
1.3. Agravia luego al apelante “los 25 días otorgados por el Juez de Grado por indisponibilidad del vehículo”, sosteniendo que “el Juez de Grado no valoró al momento de sentenciar la declaración testimonial prestada por el Sr Carlos Alberto Fernández, habiendo sido su declaración por demás relevante y determinante , toda vez que fue quien era el mecánico de la Sra Rodríguez y fue quien reparó su vehículo.”
Expresa que “dicho testigo fue ofrecido por la parte actora y al haber prestado declaración testimonial en la audiencia de vista de causa declaró que su profesión era mecánico y que la actora era cliente de él, y que fue él quien reparó el rodado y la REPARACION DEMANDÓ TRES (03) DIAS.” Asimismo solicita se “reduzca los $ 7.000 diarios concedidos en concepto de gastos por privación de uso de rodado, toda vez que tal lo declarado por el mencionado testigo manifestó que la actora se trasladaba en bicicleta al trabajo.”
1.4. En su último agravio cuestiona la actualización admitida en la instancia para una etapa posterior, aduciendo que “Una pretendida revisión de aquel pronunciamiento desgarraría fatídicamente el principio de seguridad jurídica -fundamental en todo estado de derecho.”
Añade que “La indemnización por las consecuencias ha sido calculada a la fecha de la sentencia , de modo tal que no resulta viable la aplicación expresada.” Y que “la sentencia ha fijado intereses.” (…) “De forma tal que sostener una actualización, sobre una sentencia ya actualizada, implica una manifiesta arbitrariedad en pugna con la garantía constitucional del derecho de propiedad y de la cosa juzgada.”
Destaca que “no basta, para declarar la inconstitucionalidad de una norma, la mera manifestación en el sentido de que se ha causado un detrimento en la acreencia a percibir por el actor ni por sí solo invocar el precendente "Barrios".”, sino que “se requiere el concreto aporte probatorio que demuestre que el perjuicio invocado ha sido de tal magnitud como para avalar un decreto como el que se pide en relación a la normativa atacada.” Agrega que “En autos la sentencia ha omitido "cuantificar el daño, no ha establecido cálculo alguno, no ha efectuado cuadros - tal como lo ha hecho el precedente Barrios- tendiente a demostrar la procedencia substancial del reclamo que patentizó con el pedido de inconstitucionalidad. En resumen, no se fundó cual ha sido desfasaje. No aplicó fórmulas, no adjuntó ni presentó cálculos, en resumen, el planteo no alcanza el requisito substancial del "quantum" dañoso que da entidad jurídica a la declaración de inconstitucionalidad”.
Solicita en consecuencia se revoque el fallo y se deje sin efecto la actualización posterior a la sentencia.
Formula reserva del caso federal.
1.5. Finalmente y en lo que concierne a las costas de la instancia y de esta alzada solicita que “para el supuesto que se mantenga la sentencia condenatoria en lo que hace a la responsabilidad, pero se haga lugar a los agravios en lo que hace a rubros montos, intereses y fecha de cómputo de los mismos, se impongan las costas, tanto de primera instancia como de cámara, de conformidad con el resultado que en definitiva surja de la sentencia a dictarse por este excelentísimo Tribunal y en lo que hace a los parciales agraviados, tomando en consideración el resultado del proceso y la incidencia de esta apelación en el mismo, debiendo la cuestión de las costas encuadrarse en la hipótesis de vencimiento parcial y mutuo prevista en el artículo 71 del C.P.C.”
2. Agravios de la parte demandada:
2.1. En su primer agravio cuestiona la recurrente la sentencia apelada por “encontrarse reñida con la totalidad de lo ocurrido y actuado.” Luego de transcribir el relato de los hechos expuestos por el actor destaca el dictamen pericial mecánico y el carácter de embistente que el profesional atribuye al vehículo de la actora.
Expresa luego que “Corroborando lo por mí manifestado y el dictamen del perito actuante, la actora, en oportunidad de absolver posiciones, reconoció en forma expresa su calidad de embistente, que ingresé a la calle donde se produjo la colisión con anterioridad al vehículo que ella conducía y que mi persona ya había atravesado más de la mitad de la encrucijada cuando mi rodado fue embestido por la contraria.”
Y agrega: “Sin embargo, la mentada cuestión que reviste el carácter de basilar y resulta esencial para el dictado de una sentencia justa fue soslayada por el a quo tergiversando la real acaencia de los hechos, sin que esa omisión –por su importancia- pueda obviarse y ser disculpada a la luz de la argumentación consistente en que no se encuentra obligado a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes ni ponderar todas las pruebas.”
2.2. En relación a la prioridad de paso que el sentenciante otorga a la actora, sostiene que “el señor Juez de la Instancia de Origen se equivoca. Y lo hace como consecuencia del primer error cometido al interpretar la ocurrencia del evento sin considerar los reconocimientos de la actora en oportunidad de absolver posiciones.”
Alega que “la señora RODRIGUEZ, aún cuando observó mi ingreso a la arteria y que había traspasado más de la mitad de la encrucijada, no se detuvo y, continuando desaprensivamente su marcha, me embistió”, por lo que, añade, “es dable inferir que al actuar como lo hizo, la señora RODRIGUEZ no tenía el total dominio de su vehículo y, de tal modo, violó las previsiones del art 39 inc b) – primer acápite de la ley 24449.”
2.3. Agravia asimismo al demandado la suma conferida en concepto de indemnización del daño privación de uso, aduciendo que la misma es “excesiva y carente de la adecuada acreditación.”
Sostiene que “Si bien el perito PONCIO refiere a que la reparación de los daños implicaría una indisponibilidad del vehículo de veinticinco (25) días incluyendo espera normal de turnos y jornadas no laborables, el mecánico testigo en autos –Carlos Alberto FERNANDEZ- relató que la reparación le demandó un término muchísimo menor.”
Y que “De todos modos, de manera alguna ha sido comprobado ningún perjuicio por la privación del uso del automotor, circunstancia esta que no puede –ni debe- presumirse.”
Expresa al respecto que “los testigos de la actora, señores Carlos Alberto FERNANDEZ y Eduardo Carlos Mauricio RODRIGUEZ (hermano de la accionante), fueron imprecisos, contradictorios y no aportaron elemento probatorio con valor para el ítem sub examine.”
A modo de conclusión expresa que “En el caso que nos ocupa ha quedado demostrado por las manifestaciones de las partes que ninguno de los vehículos transitaba a excesiva velocidad (libelo actor y contestación de demanda), el anticipado arribo a la arteria por mí y la circunstancia de que, al producirse el impacto del Chevrolet conducido por la señora RODRIGUEZ contra el guiado por mi persona, yo ya había recorrido más de la mitad de la encrucijada (posiciones de la actora).”
“Amén de los propios dichos de la accionante en la absolución de posiciones, el croquis ilustrativo confeccionado por el perito PONCIO, muestra acabadamente que los daños sufridos por el rodado por mí conducido están localizados en el lateral derecho desde la mitad hacia atrás.”
Y finalmente expresa: “Cabe colegir, entonces, sin hesitación y en base a los hechos reseñados y debidamente acreditados –por demás no ponderados ni evaluados por el Inferior-, que la indecisión y falta de dominio en el manejo por parte de la conductora del Chevrolet respecto del paso del vehículo por mí guiado no tiene otra explicación que la falta de atención que debió haber prestado aquélla antes de proseguir la maniobra de cruce, violentando las previsiones del art 39 inc b) – primer acápite de la ley 24449.”. Solicita se revoque la sentencia en crisis y se rechace la demanda.
III. 1. De modo liminar, a fin de dar respuesta al acuse de deserción peticionado por la actora al contestar los agravios de la citada en garantía (v. pto. III, presentación electrónica de 28-04-2025), ha de señalarse que en consideración a un criterio amplio del derecho de defensa (art. 18 de la C.N. y 15 de la C. Pcial.), la fundamentación del recurso cuestionado abastece mínimamente los recaudos exigidos por el artículo 260 del C.P.C.C. para habilitar la revisión por parte de este Tribunal; por lo que la petición allí formulada, ha de ser desestimada.
2. Seguidamente ha de tratarse el agravio traído por la aseguradora en cuanto cuestiona su citación en autos por no haberse demandado al asegurado, anticipando que el mismo no ha de prosperar.
Como es sabido y tiene dicho este tribunal (expte. 14453, sent. de 22-08-2024, reg. elec. 96 RS), “los límites de la jurisdicción abierta por el recurso de apelación están dados por los capítulos litigiosos propuestos en la primera instancia y no por la sentencia apelada; es decir que si bien el recurso contra el pronunciamiento abre la jurisdicción de la Alzada a efectos de resolver sobre la justicia del mismo, ello no posibilita fallar sobre tema alguno que no hubiese sido propuesto a la decisión de aquél (conf. Arazi, Bermejo, de Lázarri, Falcón, Kaminker, Oteiza, Rojas, Cód. Proc. CIv. y COm. de la Pcia. de Bs. As. T. I, pág. 500 y jurisp. allí citada).” “Siendo ello así y como se ha sostenido, “el tribunal de revisión no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de la Primera Instancia (CPCC:272) ya que al decir de Chiovenda, a la demanda nueva propuesta en la apelación, le faltaría el primer grado de jurisdicción (conf. Fenochitto-Arazi, Código Procesal, T. I pág. 851; Alsina, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal, T. IV pág. 415; Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, T. V, pág. 267)” (Cám. Nac. Apelaciones en lo Comercial, sala A, 04-12-2001, La Ley 2002-C, 545, cita on line; AR/JUR 2169/2001).”
Conforme surge de las constancias de la causa, en oportunidad de presentarse en el expediente, la citada en garantía nada adujo respecto de la cuestión que ahora intenta hacer valer (v. presentación de 16-03-2022). En tal contexto, mal puede al fundamentar su recurso traer los argumentos y defensas a los que hace referencia, los que debieron ser tempestivamente introducidos a juicio, pues el ámbito de conocimiento de este tribunal se encuentra limitado a las cuestiones que han sido objeto de debate en la Instancia precedente.
Ello veda su tratamiento por este tribunal en tanto la Alzada debe pleno respeto al principio de congruencia, y abordar tal capítulo importaría violar el inc. 4° del art. 34, el inciso 6 del art. 163 y los artículos 270 y 272 del CPC (conf. este trib., expte. 8457, reg. int. 18 (S) del 05-04-2011; íd.10318, reg. int. 125 (S) 24-11-2015) (expte. 14453 ya citado).
3. Ello sentado ha de ingresarse al análisis de la responsabilidad atribuida en la instancia la que, como quedara en el capítulo precedente, fue cuestionada por el demandado y la citada en garantía.
3.1. Ha de tenerse presente al respecto que -como ha interpretado esta alzada- en los accidentes en los que intervienen dos vehículos, la responsabilidad resulta atribuida objetivamente por el riesgo de la cosa (art. 1769 del CCyC), norma ésta que remite a los artículos 1757 y 1758 del mismo cuerpo legal (expte. 14215, reg. 90 (RS) 13-08-2024, entre muchos otros).
Bajo tal normativa, todo daño donde haya intervenido activamente una cosa debe reputarse como derivado de su riesgo, así sea circunstancial, y determina la responsabilidad objetiva del dueño o guardián, que sólo se descarta poniendo de relieve una causa ajena (conf. Matilde Zavala de González, Rodolfo González Zavala, “La responsabilidad civil en nuevo Código, T. III, Alveroni Ediciones, 2018, pág. 674) (este trib., expte. 11639, reg. int. 60 (S) 27-08-2019, íd. expte. 12588, reg. elec. 6 (RS) 03-08-2021, entre muchos otros).
Siendo ello así, y como se sostuvo en los citados precedentes, probado el daño (art. 1737 C.C.y C.) y la relación de causalidad (arts. 1727, 1728 del C.C.yC.), el demandado sólo puede liberarse si demuestra el hecho del damnificado (art. 1729 C.C.y C.), de un tercero por el cual no debe responder en los términos del artículo 1731 del citado cuerpo legal, o caso fortuito (art. 1730 CCyC).
3.2. En el caso, a fin de eximirse de responsabilidad el accionado adujo que la actora (v. presentación de 16/03/2022, pto. V RESPONSABILIDAD DE LA ACTORA), en violación al artículo 39 inc. b de la ley 24449 primer acápite, no tenía el total dominio de su vehículo por lo que “no pudo o no supo frenar para detener el automóvil y, de ese modo, evitar el impacto contra el por mí guiado.” (v. presentación de 29-05-2023, pto, III ACAENCIA FACTICA).
La citada en garantía, por su parte, hizo hincapié en el carácter de embistente de la actora (v. contestación de demanda de18-08-2020, pto. V HECHOS).
Al momento de dictar su pronunciamiento el sentenciante tuvo por acreditado que el demandado incumplió con la norma de tránsito que le imponía ceder el paso al vehículo de la actora que circulaba por su derecha, atribuyéndole en consecuencia la responsabilidad en el hecho.
Ahora bien; analizadas las constancias de la causa, tal decisión resulta, a mi juicio, inobjetable, sin que los argumentos traídos por los recurrentes permitan modificar la decisión arribada en la instancia. En efecto, como es sabido, la prioridad en el cruce atribuida a quien circula por la derecha se encuentra regulada en el artículo 41 de la ley nacional de tránsito 24.449 a la que adhirió la provincia de Buenos Aires mediante la ley 13.927.
Esta prioridad de paso es absoluta y sólo se pierde en los casos de excepción que enumera la citada norma; que en el caso no han sido acreditados.
3.2.1. En lo que concierne al carácter de embistente, si bien no se encuentra controvertido que el vehículo de la actora revista tal carácter (v. resp. del perito ingeniero mecánico al pedido de explicaciones, presentación del 20-02-2024 y absolución de posiciones de la actora) ha de señalarse que ello no resulta un elemento de juicio decisivo en la apreciación del hecho.
En efecto el embestimiento mecánico tuvo como origen la violación del demandado de la citada norma de tránsito que priorizaban el avance de la actora por la derecha, lo que conduce a descartar la incidencia de este factor como eximente de responsabilidad.
Como reiteradamente ha sostenido este tribunal “la circunstancia de que un rodado sea embistente no autoriza -por sí solo- a establecer la responsabilidad de su conductor, cuando fue el vehículo embestido el que al violar la prioridad de paso se interpuso indebidamente en la marcha de circulación del rodado” (expte de esta alzada nro. 9951, reg. int. 56 (S) del 10/6/15; Expte. 11000, Reg. 125 ( S ) del 07/12/2017; con cita de la doctrina legal en ese mismo sentido SCBA C. 102/703, de fecha 18/3/2009; Habiéndose también afirmado que tal cuestión resulta una “Inconducente pesquisa casi siempre, pero sobre todo cuando lo que se disputa es, precisamente, quién tenía derecho de avanzar y quién debía resignarse a que el otro avance. Porque si quien debía ceder el paso no resignó su marcha, y se interpuso, ilegítimamente, en la línea de circulación del otro, la condición de embestido no expía el pecado original de haber avanzado sin derecho. De otro modo, la violación misma de la regla de prioridad que es la causa de haber sido embestido- operaría la extraña consecuencia de invertir sus alcances a través de la victimización del infractor.” (Expte. 11555; Reg. 82 (S) del 10/10/2019; íd. expte 14721, sent. de 8/04/2025, reg. elec. 50 RS).
3.2.2. Tampoco desplaza la prioridad de paso el hecho de que el demandado ya hubiera traspuesto la mitad de la calzada en el momento en que se produjo la colisión en tanto como también ha interpretado este tribunal "Quien viene por la izquierda tiene la obligación de detener la marcha y ceder espontáneamente el paso, pues en la situación fáctica del desarrollo dinámico del tránsito en el lugar importa tanto como tener la señalización de un semáforo en rojo o un agente de tránsito que impida la circulación, pues la propia normativa legal impone, en forma similar a tales señales, la obligación de detenerse y ceder el paso a quien circula por su derecha, sin que para nada pueda argumentarse un presunto arribo primerizo que, a todo evento, no se erige en obstáculo alguno para que se cumpla con la obligación de detenerse y ceder el paso." (Cám. Civ. 2ª, Sala 3, La Plata 112543 RSD-109-10 S 10-8-2010; JUBA sum. B355431)." (este trib., expte. 9019, reg. int. 109 (S), 13-12-2012; expte. 9951 reg. int. 56 (S) 10/06/15 expte. 11040, reg. int. 130 (S) 22-12-2017, expte. 11686 reg. int. 105 del 26/11/2019; expte. 11703 reg. int. 45 del 14/5/2020).
3.3.3. Por último tampoco encuentro probada la violación por parte del actor del art. 39 inc. b de la ley de tránsito en cuanto exige a los conductores ‘circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito’. En efecto, a tal fin, debió la accionada acompañar los elementos de juicio necesarios en orden a acreditar tal aserto, lo que, a la luz de las constancias de la causa, no hizo (art. 375 CPC); circunstancia que lleva a descartar la eximente alegada.
En conclusión y como anticipara, la demandada no logró demostrar la interrupción del nexo causal y tal déficit probatorio no puede redundar sino en perjuicio de quien lleva sobre sí la carga de acreditarla, ya que no debe caber duda alguna sobre la efectiva concurrencia de las causales de exoneración (este trib., expte. 60 reg. int. 12 (S) 4-11-2008, entre muchos otros); razón por la cual, y conforme se resolviera en la instancia, propicio corresponde atribuir a la demandada la responsabilidad que emana de los artículos 1757, 1758, 1769 y concs. del CCyC, desestimándose los agravios aquí examinados (arts. 375, 384 y concs. CPC).
4. En lo que concierne a la indemnización conferida en concepto de privación de uso, rubro que también fue objeto de agravio de los recurrentes, ha de tenerse presente al respecto que “el impedimento de la utilización de un automotor ocasionado por un hecho ilícito, es en sí mismo, suficiente para demostrar la producción de un daño, toda vez que hay una lesión al derecho de uso que integra el de propiedad (arts. 2506, 2807 y cctes. del Cód. Civ.). Su resarcimiento es entonces una consecuencia del principio de reparación integral de los daños consagrados por nuestro Código Civil.” (reg. int. 151 (S) del 28/10/99; reg. int. 21 (S) del 04/04/95)” (expte. 8645, reg. int. 80 (S) del 03/11/11). “(expte. 13970, sent. de 12-12-2023, reg. elec. 178 RS).
En la misma línea se sostuvo: “La sola privación de cualquier valor patrimonial, y entre ellos el uso de un automotor, ocasiona al propietario (o a quien tenía un interés en usarlo, agregamos) un daño cierto e indemnizable” (Moisset de Espanés, “Privación del uso de un automóvil, LL, 1984-C-51 y siguiente, cit. por Zavala de González, Resarcimiento de daños, 1 Daños a los automotores, Hammurabi, pág. 122) (expte. 12397, reg. elect.58 (RS) 09-05-2022; íd. expte. 13550, reg. elect. 65 RS, 13-04-2023), salvo, claro está, que se acredite lo contrario, lo que en el caso no ha acontecido. Por consiguiente, como señala la citada autora, “no es menester ningún esfuerzo probatorio adicional por el actor, debiendo concederse la indemnización pertinente a partir de aquella sola situación de hecho.” (ob. cit. pág. 137) ni tampoco –como añade-, “configura obstáculo a la resarcibilidad la falta de recibos o documentos probatorios del uso sustituto.” (pág. 138) (conf. este trib. expte. 13159, reg. elec. 104 (RS) 09-08-2022). Al formular su reclamo el actor sujetó el tiempo de indisponibilidad al dictamen del perito mecánico, quien lo estimó en el plazo de 25 días, incluyendo espera normal de turnos y jornadas no laborales (v. resp. al pto. h, parte actora).
Posteriormente al responder la solicitud de explicaciones formulada por la citada en garantía (v. pto b, presentación del 8/02/2024), el experto expresó que sin contar la espera de turno y jornadas no laborables, “las reparaciones de chapa demandan 4, 5 días y los trabajos de pintura, 6 días de tareas. En total, los trabajos de reparación comprenden 10,5 días.” (v. presentación del 20/02/2024).
Ahora bien, conforme quedara expuesto, ambos recurrentes cuestionan que el sentenciante haya considerado el período de 25 días estimado por el experto, aduciendo que el mecánico de la actora, quien declarara en la audiencia de vista de causa, sostuvo que reparó el vehículo en el término de tres días.
Sin embargo, a la luz de los daños que han quedado acreditados (v. pto. respuesta al punto 6 de los planteados por la demanda) ha de colegirse que el plazo señalado por el testigo mecánico se refiere al necesario para efectuar una reparación “para que pudiera seguir andando en el vehículo,” (audiencia de vista de causa de 22/03/2024, min. 10:59/11:06); sin que ello implique la reparación total del mismo en el período señalado por el perito, el que por lo demás, resulta razonable.
Siendo ello así y por las razones dadas, propicio confirmar el monto fijado en la instancia en concepto de privación de uso (conf. arts. 772, 1737, 1738, 1744 del C.C.C. y 165, 384 del C.P.C.C).
5. Seguidamente he de abocarme al agravio deducido por la citada en garantía en cuanto cuestiona la sentencia por decretar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y admitir la actualización para una etapa posterior al pronunciamiento.
5. 1. Ahora bien, conforme surge de la presentación electrónica del día 09/05/2024 la actora peticionó la inconstitucionalidad de la ley 23928, solicitando en síntesis “se disponga el ajuste directo del crédito por el índice oficial de precios al consumidor desde la mora hasta el efectivo pago. Ello con más los intereses moratorios tendientes a remediar la indisponibilidad del capital.”
Seguidamente en el punto II titulado "El modo de preservación del crédito" aludiendo a los daños sufridos por la víctima afirma: "En todos estos casos la indemnización debe fijarse, por imperio legal, a valores actuales". Tal planteo es reiterado en el petitorio en el que solicita “se aplique la doctrina “Barrios” haciendo lugar a la inconstitucionalidad planteada y, oportunamente se actualice el crédito de la parte actora con la fórmula propuesta o la más favorable que estime pertinente aplicar.” (v. pto,. III. 3). Sustanciado el planteo con las partes, el sentenciante declara la inconstitucionalidad del art. 7 de a ley 23928 y establece las pautas de liquidación de la reparación allí fijada en los siguientes términos:
1. A los montos reconocidos, todos fijados a valor actual, se le añadirá desde la fecha del hecho (19/6/2019), hasta la fecha de la fecha de la presente sentencia, una tasa pura del 6 % anual (conf. doctrina C. 120.536, "Vera" sent. de 18/04/2018 y C. 121.134, "Nidera" sent. del 3/05/2018 y ap. V.16.a y b del fallo “Barrios”);
2. A partir de la fecha de la presente sentencia y conforme a la doctrina legal sentada en el caso "Barrios", corresponde aplicar un sistema de actualización del capital -sin capitalizar los intereses devengados- hasta el efectivo pago, que preserve el valor real de la prestación debida. A tal fin habré de propiciar la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) "Nivel General" (Var Interanual IPC Nacional) publicado por el INDEC en su página web (https://www.indec.gob.ar/indec/web/ Nivel4-Tema3-5-31), el que estimo como el mecanismo más acorde en miras de resguardar el valor real de la prestación debida.
Sin perjuicio de ello, y tal como lo informa el propio organismo "Los índices de precios se elaboran con frecuencia mensual"
(sichttps://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/como_usar_indice_precio s_ 2022.pdf), a lo que es dable agregar que su publicación no se realiza en forma inmediata una vez culminado cada mes.
Por tal razón, y a fin de evitar los problemas que dicha metodología necesariamente habrá de producir a la hora de su aplicación por días, y en miras de facilitar tanto su liquidación, imputación de pagos parciales, como el cumplimiento de la sentencia al condenado, es que considero preciso efectuar la siguiente salvedad: al importe de capital receptado en la sentencia deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día en que fuera estimado el perjuicio hasta el fin de dicho mes.
Entre dicho mes y hasta el último I.P.C. publicado deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R.
3. Al capital actualizado por dicho mecanismo se le deberá aplicar nuevamente la tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha de estimación del perjuicio y hasta su efectivo pago (conf. S.C.B.A. causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", del 17/04/2024 apartado VI. 2).
Como se advierte, el pronunciamiento excede la propia petición de la actora, estableciendo en los citados puntos 2 y 3 una actualización que no fue demandada.
Tal circunstancia, como tiene dicho esta alzada “no se compadece con la estricta correspondencia que debe existir entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone -por lógica- la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida; ello no es más, que la recta aplicación del principio de congruencia, el cual constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y que reconoce, incluso, fundamento constitucional (art. 18 C.N.) (conf. Palacio Lino E., "Manual de derecho procesal civil", 18mo. Edición, Abeledo-Perrot, pág. 518, año 2004. Ver también doctrina legal en SCBA LP C 102009 S 18/06/2014 y Ac 57592 S 28/05/1996, entre otras).” (expte. 13849, sentencia de 13/05/2023, reg. elect. 188 RR).
5. 2. No obstante lo expuesto, la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23928 tampoco puede admitirse por las consideraciones que, seguidamente paso a efectuar, y cuyo análisis pormenorizado merece un desarrollo más extenso.
Resulta central la circunstancia que -en el caso- los daños hayan sido estimados a valores actuales, tal como reconoce el sentenciante en el punto 1, y su determinación se haya realizado hace escaso tiempo.
Al respecto este Tribunal ha interpretado que cuando los rubros son calculados a valores actuales su actualización ya se encuentra ínsita en su justipreciación (expte. 14.216, reg. elect. 90 (S) del 13/08/2024; expte. 13.971, reg. elect. 131 (S) del 17/10/2024).
"O sea, al menos en términos generales y por vía de principio, al momento de dictar sentencia y cuantificar los valores debatidos el crédito aún no se ha depreciado: no hay brecha lesiva alguna pues el problema, si lo hay, siempre aparece después (en etapas recursiva y ejecutoria)" (Marino Tomás, "Inconstitucionalidad de la prohibición de indexar", TR LALEY AR/DOC/1258/2024, publicado en JABA, junio 2024)
Es decir, va de suyo que un valor que es justipreciado a valores actuales no necesite, por lógica, ser actualizado. No obstante si, posteriormente, tal suma -convertida en dineraria- resulta "impaga" y se deprecia con motivo de la inflación, la discusión será distinta y nos remitirá, indefectiblemente, a la determinación de la "brecha lesiva".
Ahora bien, para exponer esa brecha lesiva del derecho de propiedad del acreedor resulta necesario acudir a parámetros comparativos que expongan tal depreciación del capital. Ello estará sujeto a un examen circunstanciado por parte del juez a fin de establecer el mecanismo específico de conservación del crédito depreciado, realizando aquellas "adecuaciones en las relaciones jurídicas concernidas, en cuanto fuere necesario para observar la incolumnidad del crédito" (SCBA C. 124.096, consid. V. 17.b y V. 17. c).
En el caso, el actor no expuso guarismos comparativos ni desarrolló cálculos que evidencien la licuación de su acreencia con su consecuente afectación al derecho de propiedad. Consecuentemente, no habiendo podido acreditar concretamente el perjuicio a través del impacto de la depreciación monetaria en su acreencia, el desarrollo argumental sobre las crisis inflacionaria resulta reflexivo y, más allá del esfuerzo impugnativo, se aprecia dogmático.
"Lo referenciado conlleva a que las partes asuman eventualmente la tarea de un nuevo capítulo en el litigio: mostrar la concreta brecha lesiva de su acreencia, causada por la depreciación monetaria en un determinado período de tiempo (art. 375 del CPCC). Y asimismo, exponer cuál es el mecanismo de actualización que estima "restaura" tal indemnidad. Pues ello, debe ser sometido al contradictorio, con debida bilateralización, en aras de garantizar un adecuado derecho de defensa al deudor (esta Alzada expte. 13.971, reg. elect. 131 (S) 17/04/2024; 12.576, reg. elect. 7 (S) del 11/02/2025)
Precisamente en el fallo "Barrios" la Corte Bonaerense declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar una obligación de valor que devino en dineraria y fue degradada en su valor por el efecto inflacionario. Allí el voto del Dr. Soria refiere: "El núcleo del problema está centrado en la interdicción legal de la actualización, reajuste o indexación de las obligaciones dinerarias expresadas en moneda de curso legal (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561)". (consid. V.1.d, SCBA C 124.097) Es decir, las deudas de valor serán pasibles de ser actualizadas si, una vez cuantificadas en sumas de dinero (art. 765 y ss del CCyC), sufren los efectos de la inflación por el transcurso del tiempo que pueda devenir por la mora en el pago, el alongamiento del proceso por otros debates ulteriores o la sustanciación de recursos ante instancias superiores.
"El núcleo del problema es determinar qué sucede, en las obligaciones de valor, luego de ese momento de evaluación, frente al fenómeno inflacionario. Este es el problema que -en definitiva- se aborda en el fallo en comentario..." -...- En consecuencia, la indexación o actualización no puede existir en la evaluación de la deuda de una obligación de valor del art. 772; sino que, derechamente, corresponde computar el valor actual y real del momento que corresponda tener en cuenta para dicha evaluación" (Azar Aldo - Ossola Federico, "La inconstitucionalidad de la prohibición de indexar en un contexto económico en constante movimiento", TR LALEY AR/DOC/1056/2024, publicado en Revista La Ley 02/05/2024).
Desde esa lógica, en "Barrios" se aclara que "En el caso debatido en este expediente la condena patrimonial, en su mayor proporción, quedó definida a valores a la fecha de la sentencia de primera instancia. Ello es así, a excepción del rubro reconocido por el presente pronunciamiento de esta Corte. De manera entonces que, respecto de aquellos rubros fijados (calculados -se insiste- al fallo de la fase liminar del proceso) procede la aplicación de los índices pertinentes (v. infra VI.2)."
Y, más adelante en la resolución -en el punto VI. 2- diferencia ambos rubros: el que debe ser calculado a valores actuales y aquellos que deben ser actualizados, resolviendo: "Remitir el expediente a la Cámara de Apelación para que: a) calculando el valor a la fecha del pronunciamiento que aquí se ordena, determine el monto correspondiente al agravio reclamado en el recurso que se estima en esta sentencia, conforme a los criterios o parámetros de valorización empleados en el caso; b) por cuanto concierne a los demás rubros indemnizatorios reconocidos en la causa, establezca el mecanismo de actualización que correspondiere aplicar y la tasa de los intereses puros...".
En efecto, en el fallo del superior Tribunal no se dispone actualización alguna respecto del rubro daño psíquico, rechazado por las instancias anteriores y reconocido por la Suprema Corte en su resolución (v. considerandos IV. 3, IV. 3. a), monto al que refiere deberán aplicarse los intereses según las pautas de "Vera" y " Nidera", afirmando: "en lo que atañe al daño psíquico de los accionantes, los intereses respectivos deberán fijarse al momento de su oportuna determinación, según las pautas establecidas en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018)" (consid. IV. 4 y V. 16)
En función de lo expuesto, autorizada doctrina sostiene que "Barrios" en modo alguno habilita la declaración de inconstitucionalidad de manera automática y "a sólo pedido".
Por el contrario: "la posibilidad de avanzar en la tacha constitucional queda supeditada a que, aun echando mano a esa herramienta, esa deuda dineraria —ya cuantificada — genere menoscabo a los derechos tutelados por el ordenamiento jurídico; y arroje resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa enjuicio (conf. arts. 1, 17, 18, 33 y concs., CN; 1, y 15, Const. prov.)" (Herrera Marisa - Piccinelli Ornela, "Los amigos de "Barrios" van a aparecer... TR LA LEY AR/DOC/1473/2024, publicado en Revista La Ley 24/06/2024).
En definitiva, "es evidente que la Casación reprueba que los tribunales elijan el mecanismo de conservación del valor del crédito sobre la base de la inflación futura o hipoteticen sobre la extensión de la mora posterior a su sentencia -...- Este rechazo a consideraciones ex ante sobre la inflación futura es compatible con el modo en que la Casación juzgó procedente el único agravio del Sr. Barrios y la Sra. Nuñez, vinculado al daño psíquico. Allí ordenó a la Alzada que recalcule el rubro a valores actuales, pero nada dice ni prescribe sobre su posterior indexación (como sí lo hace con los demás parciales resarcitorios que ya quedaron definitivamente cuantificados a valores pasados).-...- Lo dicho hasta aquí evidencia que, al exigir la evaluación de una brecha lesiva comparativa, la Corte concibe a la decisión de indexar una deuda judicial como una solución ex post para enmendar un perjuicio patrimonial ya generado por una inflación pasada, sin que sea admisible conjeturar sobre la inflación futura" (Marino Tomás, art. citado).
Por los fundamentos expuestos, se revoca la declaración de inconstitucionalidad dictada en relación al art. 7 de la ley 23.928, sin perjuicio de señalar que si en el futuro, al momento de practicarse la liquidación con vistas al pago de lo adeudado, se advirtiera una afectación del crédito motivada en la inflación, pudiera eventualmente volver a evaluarse la aplicación de algún índice de actualización en los términos que lo hace la SCBA en el precedente "Barrios" (v. voto del Dr. Soria ap. 16 "e").
V. 3. Ahora bien, a los intereses establecidos en el punto 1 (esto es, los fijados desde la fecha del hecho y hasta el dictado de la sentencia; arts. 772 y 1748 del CCyC) deberán añadirse los intereses desde la sentencia de primera instancia y hasta el efectivo pago, los que propiciaré al Acuerdo que sean calculados según la tasa activa que cobra el Banco de la provincia de Buenos Aires para restantes operaciones, conforme los recientes precedentes de este Tribunal en la materia. (en el mismo sentido v. exptes. 14.215, reg. elect. 90 (S) del 13/08/2024; expte. 14.697, reg. elect. 62 (S) del 16/04/2025; expte. 14.918, reg. elect. 118 (S) del 08/07/2025)
6. Por último, en cuanto a las costas y dando respuesta al agravio que al respecto trae la citada en garantía, propicio, atento el resultado del recurso, imponerlas en un 90 % a los demandados vencidos y en un 10% a la actora y en idéntico porcentaje las de esta alzada (art. 71 CPC). Por las consideraciones expuestas y con las modificaciones propiciadas, a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza Doctora Issin votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Por todo lo expuesto, corresponde: 1. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 30 de octubre de 2024, con la modificación propiciada en relación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, la que se rechaza; 2. Fijar los intereses desde la sentencia de primera instancia y hasta el efectivo pago, los que serán según la tasa activa que cobra el Banco de la provincia de Buenos Aires para restantes operaciones; 3. Imponer las costas, en ambas instancias, en un 90 % a los demandados vencidos y en un 10% a la actora (art. 71 CPC); 4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad 31 ley 14967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 11 de septiembre 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: 1. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 30 de octubre de 2024, con la modificación dispuesta en relación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, la que se rechaza; 2. Fijar los intereses desde la sentencia de primera instancia y hasta el efectivo pago, los que serán según la tasa activa que cobra el Banco de la provincia de Buenos Aires para restantes operaciones; 3. Imponer las costas, en ambas instancias, en un 90 % a los demandados vencidos y en un 10% a la actora (art. 71 CPC); 4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (31 ley 14967).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA). Devuélvase.
Fin de la sentencia