Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65.871
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación del accionante, y modificar la sentencia apelada determinando que el accionando y su compañía aseguradora deberán responder por el 30% de los daños y perjuicios sufridos por el accionante.
2Hacer lugar a la impugnación del actor, y elevar la suma indemnizatoria reconocida en concepto de daño por privación de uso a la de treinta mil pesos ($30.000).
3Rechazar el agravio del demandante y confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó el rubro “gastos colaterales”.
4Rechazar en todas sus partes el recurso de apelación incoado por la citada en garantía y el demandado.
5Imponer las costas generadas por el recurso de apelación del accionante en un 40% a su parte y en un 60% a la citada en garantía y al demandado (art. 71 CPCC); e imponer en su totalidad a estos últimos las costas de alzada generadas por su recurso (art. 68 CPCC).
6Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 Ley 14.967).
Causa nº: 2-65871-2020 "RODRIGUEZ JORGE EDUARDO C/ CORIA JOAQUIN ENRIQUE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los dieciocho días del mes de febrero de Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “Rodríguez Jorge Eduardo c/ Coria Joaquín Enrique y otro/a s/ Daños y perj. autom. s/ Lesiones (Exc. Estado)” (causa n° 63.815), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós, Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª- ¿Procede el recurso de apelación planteado contra la sentencia definitiva del 04/02/2020?
2ª - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós dijo:
I. Jorge Eduardo Rodríguez promovió demanda de daños y perjuicios contra Joaquín Enrique Coria (fs. 22/30), en virtud del accidente de tránsito acaecido el día 19 de octubre de 2017, cuando siendo aproximadamente las 17 hs, su pareja María Valeria Matis se desplazaba por la autovía Ruta 226 en dirección Olavarría/Hinojo al comando de una camioneta Chevrolet S10, dominio INY660, de propiedad del actor, llevando al hijo de ambos de cuatro meses de edad. Dijo que al arribar al acceso a Colonia Hinojo, su pareja colocó la luz de giro a la izquierda y detuvo su marcha en el descanso existente en el centro de la calzada, a la espera del paso de rodados que circulaban en sentido contrario; y una vez visualizada la inexistencia de vehículos -sólo vio uno a más de 80 metros de distancia-, inició la maniobra de giro a la izquierda para ingresar a la localidad, y cuando estaba introduciéndose en el acceso, fue embestida en la parte media y trasera derecha de la camioneta por el rodado que había visualizado instantes antes, el Fiat Siena, dominio PEL-722 al mando de Joaquín E. Coria, que circulaba a 120 km./h. Afirmó que a raíz del violentísimo impacto ambos vehículos volcaron, y tanto su pareja como el bebé y la tercera transportada por el demandado, fueron trasladados al Hospital Municipal de Olavarría, donde se realizaron los estudios de rigor, comprobándose la inexistencia de lesiones graves. Solicitó la citación en garantía de “Cooperación Mutual Patronal SMSG”, compañía aseguradora del demandado, quien se presentó al proceso, reconoció la póliza y su vigencia a la fecha del siniestro.
El demandado Joaquín Enrique Coria se presentó, contestó la demanda y reconvino junto a quien lo acompañaba el día del accidente, Zulma Ana Schmtiz (escrito del 30/08/18). En la reconvención solicitaron la citación de Valeria Matis, conductora de la Chevrolet S10 y la citación en garantía de su propia compañía de seguros. Señalaron que el día 19 de octubre de 2017, a las 14,30 hs. aproximadamente, Joaquín E. Coria conducía el vehículo de su propiedad Fiat Siena, dominio PEL-722 sobre la Ruta 226 a la altura del acceso a Colonia Hinojo, desde Azul hacia Olavarría, cuando al llegar al cruce de Villa Mónica se atravesó intempestivamente la camioneta Chevrolet S10, colisionando y volcando ambos vehículos. Dijeron que a raíz del choque se produjo la destrucción total de su automotor y la Sra. Schmtiz –acompañantesufrió politraumatismos y fisura de la séptima costilla izquierda, que la mantuvo inmovilizada durante un lapso de 60 días. Reconvinieron contra el actor y la conductora de la camioneta, la Sra. María Valeria Matis, por daño material, lesiones físicas de la Sra. Schmtiz, daño moral y privación de uso de automotor. La resolución de primera instancia del 04/09/18 admitió la reconvención planteada sólo contra el Sr. Rodríguez (no contra la Sra. Matis, por no ser actora en autos), y rechazó la reconvención planteada por la Sra. Schmtiz, por tampoco ser parte en estos obrados. Por resolución de esta Sala del 19/03/19 -a cuyos fundamentos me remito- se confirmó lo decidido respecto de la Sra. Matis y la Sra. Schmtiz, dejándose incluso sin efecto el traslado de la reconvención al Sr. Rodríguez, a fin de salvaguardar su derecho de defensa en razón del modo conjunto en que el demandado y la Sra. Schmtiz plantearon tal reconvención. De manera que el presente proceso continuó su trámite con las partes originarias exclusivamente, es decir, el accionante Jorge Eduardo Rodríguez, propietario de la camioneta Chevrolet S 10 que conducía la Sra. María Valeria Matis, y el Sr. Joaquín Enrique Coria, quien conducía el Fiat Siena.
La sentencia definitiva apelada consideró que el demandado Coria sólo tuvo el 15% de responsabilidad en la causación del siniestro vial (cf. sentencia aclaratoria del 19/02/2020), por lo que sólo deberá responder en esa proporción por los daños y perjuicios reclamados por el accionante. Para así decidir, consideró que la causa penal nº 5561/2017 (“Coria Joaquín E. Matis María V. s/ lesiones culposas”, U.F.I. nº 7 de Olavarría, que tengo a la vista), se encuentra archivada por resolución firme, en los términos del art. 268 último párrafo del C.P.P. (ausencia de prueba suficiente del hecho o de la autoría), por lo que, al no darse el supuesto de absolución del art. 1103 del Código Civil, se encuentra habilitado el análisis de los hechos en jurisdicción civil. En lo que toca a la mecánica del accidente, valoró que del informe técnico realizado en la IPP por el Técnico Superior en Criminalística con especialización en Accidentología Vial, Nicolás Fazio surge que la Sra. Matis “no percibe o lo hace con retardo máximo, el arribo desde su derecha, por ruta nacional 226 en dirección Azul-Olavarría a un automóvil Fiat Siena, el cual era conducido por Coria Joaquín Enrique. A consecuencia, se produce la colisión de tipo embestida centrada perpendicular, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia entre la parte frontal del automóvil y el lateral derecho de la camioneta. (…) Factor humano: Por razones que no se conocen con objetividad, negligencia, imprudencia, falta de atención, retardo en la percepción, otros, al iniciar el cruce de la ruta nacional 226, la conductora de la camioneta no percibe o percibe con retardo el avance desde su derecha, al automóvil, el cual circulaba en dirección Azul- Olavarría, obstaculizando su frente de avance y colisionando a consecuencia". (cf. fs. 52 y vta. I.P.P.).
Consideró asimismo que acorde la pericia realizada en sede penal, la camioneta de propiedad del accionante conducida por la Sra. Matis, circulaba a 18 km/h, mientras que el Fiat Siena del accionado lo hacía a 45 km/h. Si bien destacó que la pericia realizada por el Ingeniero Behotas en esta sede se expidió en sentido contrario, pues determinó que “por parte del demandado no hubo percepción de la trayectoria de viraje del actor o si percibió fue con retardo y con exceso de velocidad por el sector.." (en tanto debía atravesar el cruce a 40 km/h y circulaba a 83,14 km/h), priorizó la sentenciante lo dictaminado por el experto Fazio en sede penal. Ello considerando que en la audiencia videograbada a fs. 101 ambos expertos concordaron en que las “pruebas de cesvi” (de impacto contra elementos estáticos) se realizan a una velocidad máxima de 56 km/h (de lo contrario se producirían lesiones gravísimas o muerte), y que fue el Sgto. Fazio el que efectúo la pericia en el lugar del hecho con la presencia de los vehículos, midió las deformaciones de los automóviles y el estado en que quedaron.
Sobre esa base, estimó que hubo responsabilidad compartida de ambos conductores. Ello por cuanto el Fiat Siena conducido por el accionado circulaba con un exceso de velocidad de 5 km/h, y la conductora de la camioneta del accionante, al emprender el giro a la izquierda, no respetó la prioridad de paso del accionado que se acercaba desde la derecha. En ese marco, y considerando que la conductora de la camioneta Chevrolet S-10 estaba en mejores condiciones de proyectar la conducta a desplegar evitando el infortunio, otorgó un 85% de responsabilidad a ésta en la causación del siniestro vial (cf. aclaratoria del 19/02/20), y un 15% de responsabilidad al accionado. Finalmente, cuantificó los rubros indemnizatorios en las sumas de $347.941 por daños al automotor y $8.000 por privación de uso, rechazando lo reclamado en concepto de gastos colaterales por falta de prueba. Determinó que los intereses se considerarán devengados desde la fecha de mora (determinada el día 19/10/17) a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. En su expresión de agravios del 29/07/2020, el accionante argumenta que las velocidades de 18 km/h y 45 km/h estimadas por el técnico Fazio en la pericia realizada en sede penal resultan absurdas e inverosímiles, considerando la magnitud de los daños ocasionados a los rodados, los desplazamientos post-siniestrales, el vuelco de la camioneta sobre una alcantarilla fuera de la ruta, las lesiones sufridas por la conductora Matis y supuestamente también por la acompañante del accionado. Destaca que la gravedad de los daños a los automotores fue reconocida por el accionando al referir que su vehículo sufrió destrucción total, y se pregunta cómo es que pudo producirse tal destrucción total si el impacto se produjo a esas velocidades.
Añade que a una velocidad de 45 km/h un Fiat Siena no podría mover una Chevrolet S 10, arrastrarla y desencadenar su vuelco. Recordó que el Ingeniero Behotas dictaminó en esta sede que el Fiat Siena circulaba a una velocidad aproximada de 83,14 km/h, y que la velocidad de la Chevrolet S 10 era muy baja y no aportó energía cinética al impacto. Destacó que el informe técnico priorizado en la sentencia fue realizado por un joven de solo 25 años de edad con un curso en accidentología y no fue realizado en el lugar de los hechos - como afirma el decisorio-, sino que sólo se recogieron de allí los datos de rigor. Esgrime que esos mismos datos (mediciones, fotografías, etc.) son los que empleó el Ingeniero Electromecánico Behotas en esta sede (recibido tras seis años de estudios), por lo que las razones por las cuales el decisorio apelado dio prevalencia a lo dictaminado en sede penal carecen, a su entender, de razonabilidad.
Por ello, considerando que acorde el ingeniero Behotas la velocidad del Fiat Siena excedió en más del doble la máxima permitida (40 km/h conforme los carteles instalados en el lugar), el accionado Coria resultó el embestidor mecánico y causante exclusivo del accidente. Ello pues la Sra. Matis, que se encontraba realizando la maniobra de giro a muy baja velocidad previo vislumbrar a gran distancia la presencia del automóvil, no podía prever que quien se aproximaba lo hacía a una velocidad que excedía el doble de la máxima permitida. Seguidamente, el accionante se agravia de que la sentencia haya considerado aplicable el art. 41 inc. d de la Ley 24.449, pues tal precepto se refiere a los siniestros acontecidos en una semiautopista y no en una ruta (ruta 226).
Aclara además que el accidente no ocurrió en una encrucijada como es el supuesto del art. 41 aludido, sino sobre una ruta, transitando los conductores en sentido contrario uno respecto del otro. Entiende entonces que corresponde aplicar el art. 43 de la Ley 24.449 que alude a “giros y rotondas”, cuyas previsiones, aduce, fueron cumplidas por la Sra. Matis. Agrega que su versión de los hechos no sólo concuerda con la pericia realizada en esta sede, sino también con lo expuesto por los dos testigos que comparecieron a la audiencia de vista de causa, los Sres. Rodrigo Schwindt y Rubén Páramo, los que pese a ser contundentes no fueron ni siquiera aludidos en la sentencia. Por todo lo expuesto solicita que se revoque la sentencia apelada y se atribuya al accionado responsabilidad exclusiva en la producción del evento dañoso, o, subsidiariamente, se le atribuya un porcentaje mayor de influencia causal.
En lo tocante a los rubros indemnizatorios, se agravia de que en materia de privación de uso se haya omitido considerar lo planteado en punto a que el automotor siniestrado era una herramienta de trabajo y transporte de mercaderías, lo que se acreditó con la prueba testimonial e incluso en el beneficio de litigar sin gastos. Recuerda que según adujo en la demanda, a la época del hecho explotaba un “parri-pollo” (rotisería) en la localidad de Hinojo, y a raíz del hecho incurrió en cuantiosos gastos de transporte y luego de alquiler de una camioneta similar; máxime que vive a 25 km de Olavarría, de donde retiraba la mercadería. Por ello, solicita que se acoja íntegramente el monto oportunamente peticionado de $30.000.
Finalmente, en relación con los “gastos colaterales” que la sentencia desestimó por falta de prueba, argumenta que en la causa penal se encuentra acreditado que su pareja Valeria Matis sufrió lesiones leves, y debió ser hospitalizada incurriendo en gastos por medicación, placas, movilidad para realizar curaciones a Olavarría; y respecto de los gastos de fotografías y revelado y gastos de inicio de mediación (cuya factura agregó en autos) pone de relieve la aplicabilidad de lo previsto por el art. 1744 CCCN, en cuanto exime de probar cuando el daño “surja notorio de los propios hechos”. Solicita entonces que se acoja el rubro por la suma requerida de $8.000, más intereses a la tasa pasiva digital del Bco.
Pcia. Bs As.
A su turno, la citada en garantía, Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G, en su expresión de agravios del 30/07/2020 (a cuyos términos adhirió el demandado por presentación de igual fecha), se agravia de que se haya atribuido al Sr. Coria un 15% de responsabilidad en la causación del siniestro vial. Ello pues conforme la descripción de los hechos realizada en sede penal, fue la conductora de la camioneta quien no percibió o percibió con retardo el automóvil del accionado. Argumenta que al llevar a cabo una maniobra riesgosa (cruce de una autovía con doble carril de circulación en cada mano), debió ejecutarla con suma cautela (cf. art. 39 de la Ley 24.449), respetando que acorde el art. 40 de la Ley 24.449 no contaba con prioridad de paso, pues había frenado en la intersección con una autovía (art. 41 d y g. 3) y se encontraba realizando una maniobra de giro o viraje (art. 41 g.3). Sostiene que aún cuando hipotéticamente el Sr. Coria hubiese circulado a 40 km/h -y no a 45-, no hubiese podido evitar el impacto, por lo que no hay relación causal entre el obrar del demandado y el resultado dañoso. Subsidiariamente, se agravia de que se hayan fijado intereses a la tasa pasiva digital desde la fecha de mora (19/10/17), sin advertir que los presupuestos adunados a la demanda están actualizados a la fecha de expedición, por lo que hasta esa fecha los intereses deben computarse al 6 % anual y de ahí en adelante a la tasa pasiva digital.
Corrido traslado de las expresiones de agravio sin que las partes las contesten; llamados los autos para sentencia, firme esa providencia y practicado el sorteo de ley, se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
III. 1. Anticipo que a mi juicio procede hacer parcialmente lugar al recurso de apelación de la parte actora, y rechazar íntegramente el del demandado.
En primer término, destaco que no es de recibo la crítica del actor a la aplicación que efectúa el decisorio apelado de la regla de prioridad de paso emanada del art. 41 inc. d de la Ley 24.449 (aplicable cf. adhesión provincial, art. 1 Ley 13.927). Sostiene el accionante que tal precepto corresponde a los siniestros acontecidos en una semiautopista mas no en una ruta como en este caso. Frente a ello, destaco que como surge de autos (fs. 48 vta. I.P.P.) y es de público conocimiento, en el trayecto que une las ciudades de Azul y Olavarría, la ruta 226 es una “autovía”. En el marco de la terminología legal, constituye una vía multicarril (pues dispone de “dos o más carriles por mano”; art. 5 inc. y Ley 24.449), y puede ser calificada como “semiautopista” conforme el inc. 5 de ese mismo precepto. Ello toda vez que es “un camino similar a la autopista pero con cruces a nivel con otra calle o ferrocarril”. De manera que no abrigo dudas de que el art. 41 inc. d de la Ley 24.449 resulta aplicable al caso. Acorde ese precepto, la prioridad de paso de quien circula por la derecha se pierde, entre otros casos, ante “vehículos que circulan por una semiautopista”. Ello pues, enfatiza la norma, “antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha”. A fortiori, si quien circula por la derecha carece de prioridad frente a quien circula por una semiautopista, tanto más carecerá de ella quien, como en el caso del actor, intenta ingresar o cruzar una semiautopista desde la izquierda. Claramente entonces, tal como se entendió en la sentencia apelada, la conductora de la camioneta del accionante incumplió una regla de prioridad de paso, pues al avistar, como se relató en la demanda, que se aproximaba un automotor por la mano de la autopista que pretendía atravesar, debió permanecer detenida y cederle el paso, aún cuando se encontrara más alejado del acceso al que ella pretendía ingresar. Tal incumplimiento reviste sustancial gravedad, no sólo por la relevancia que las reglas de prioridad de paso poseen para el ordenamiento del tránsito vehicular, sino también por verificarse en una semiautopista, con las gravísimas consecuencias que ello puede traer aparejado (art. 39 inc. b Ley 24.449).
2. Ahora bien, ese sustancial y grave incumplimiento no exime de valorar el proceder que paralelamente adoptó el conductor accionado. Ello pues, como lo ha destacado esta Sala respecto de la prioridad de paso de quien circula por la derecha –con reflexiones aplicables al caso-, la prioridad de paso no puede ser evaluada en forma autónoma “sino, por el contrario, imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos del Código Civil –hoy, el Código Civil y Comercial- que disciplinan la responsabilidad por daños” (cf. S.C.B.A. Ac.102.703 del 18-3-09, “Pellegrino”; Ac.101.536, “Rodríguez”; esta Sala, causas n° 54.299, “Grassi” del 17-8-10; n° 61.880, “Araujo”, del 10-8-17; n° 61.694, “Denisio Soria”, del 31-8-17; n° 62332, “Muñoz Elsa Beatriz...”, del 22/02/18, entre otras tantas).
Lo dicho conduce a valorar la prueba reunida en punto a un extremo fáctico fuertemente controvertido en autos, cual es la velocidad a la que circulaba el demandado Coria. El informe técnico accidentológico (fs. 48/53 I.P.P.) practicado en sede penal por el Sargento Nicolás Fazio, Técnico Superior en Criminalística, Especialista en Accidentología Vial, determinó que al momento del impacto el automotor del accionante era conducido por la Sra. Matis a una velocidad mínima de 18 km/h y que el demandado Coria conducía a una velocidad mínima de 45 km/h. Por su parte, el Ingeniero Electromecánico Marcos Alberto Behotas, en la experticia realizada en autos el 15/09/19, concluyó que la velocidad de circulación del actor era muy baja –sin referir un valor concreto por no requerirse en los puntos periciales-, pero determinó –en contraste con el Técnico Fazio- que el Sr. Coria conducía a una velocidad aproximada de 83,14 km/h. Como se observa, es notable la diferencia entre la velocidad del accionado dictaminada por uno y otro experto, por lo que conviene determinar –de ser ello posible- a qué obedece esa diferencia.
En su informe técnico (fs. 50 vta. I.P.P.), el Sargento Fazio dejó constancia de que para determinar la velocidad en el caso en particular, “cuantificará la energía disipada en trabajo de trompo y de vuelco”; es decir, sin considerar, en particular, la energía absorbida por la deformación que sufrieron los automotores, y que constituye, según lo por él mismo referido en el párrafo anterior, uno de los factores a ponderar al efecto. Por su parte, el ingeniero Behotas, que aclaró que toda la energía cinética al impacto fue aportada por el Fiat Siena del accionado (en razón de la velocidad de marcha muy baja que llevaba la camioneta pick up y del carácter perpendicular del impacto), no sólo tuvo en cuenta la energía disipada en el giro y vuelco sufrido por los automotores, sino también la energía absorbida por la deformación que ellos sufrieron. Al parecer entonces, tal es el motivo de la notable diferencia de velocidades a la que arribaron uno y otro experto. Ciertamente, si se repara en la pericia realizada en esta sede, se advierte que el Ingeniero Behotas atribuyó 211.158,11 Nm (Newton metro) a la energía absorbida por la deformación de ambos vehículos (135.398 Nm para el Fiat Siena y 75.760,11 Nm para la pick up), lo que equivale al 73,59% de la energía total de 286.933,33 Nm que verificó al impacto (resultante de la sumatoria de la antedicha energía de deformación, más la energía absorbida por el giro de la pick up y el trabajo de vuelco de ambos vehículos).
Como explicación para la omisión de considerar un factor relevante para determinar la velocidad de impacto en un siniestro (máxime considerando la gran deformación que en el caso sufrieron los automóviles;
fundamentalmente el del accionado; ver fs. 14 de autos y fs. 7 vta. y 49 y vta. de la IPP), el Sargento Fazio explicó en la audiencia videograbada a fs. 101, que si bien “hay un quantum de energía que se disipa en deformación (…) a nivel técnico no lo puedo plasmar (…) porque no tengo una tabla moderna que lo sustente”. Reconoció además que al no considerar la energía absorbida en la deformación –lo que expresó no poder hacer por las razones antes dadas-, la velocidad a la que realmente circulaba el Sr. Coria sería mayor a la que dictaminó. Explicó que las tablas que existen para calcular la velocidad a partir de la deformación no son aplicables a los automotores actuales, porque se idearon para automóviles antiguos, como el Falcón etc., y no contemplan la “deformación programada” propia de los vehículos modernos. Sin embargo, contrarrestando tal afirmación, el ingeniero Behotas explicó en la mentada audiencia que tales tablas han sido actualizadas en al año 2014, otorgando a los automotores actuales, por categorías, un 15 o 20% más de deformación programada. Trajo consigo además documentación respaldatoria de sus dichos; documentación que exhibió al Sargento Fazio sin que éste haya formulado algún cuestionamiento concreto que la desacredite. Por todo ello, frente al cuadro de debate descripto, no cabe otorgar prioridad a la pericia llevada a cabo en sede penal, puesto que de los propios dichos del Sargento Fazio surge que en ella se ha omitido un extremo que –al menos en el caso- aparece muy relevante para la determinación de la velocidad, invocándose para ello un obstáculo (ausencia de tablas actualizadas) que ha quedado desvirtuado en autos (art. 474 CPCC). Por lo demás, no puede soslayarse que el dictamen glosado en sede civil es mucho más detallado y fundado, conteniendo argumentos técnicos de mayor relevancia (arts. 384 y 474 CPCC).
Incluso, refuerza la prevalencia que a mi juicio cabe otorgar a la pericia practicada en esta sede, el hecho de que el único testigo presencial del siniestro, el Sr. Rodrigo Nelson Schwindt, expresó que el Fiat Siena circulaba “a más de 100 km estoy seguro”, “por lo rápido que llegó al vehículo que venía cruzando” (cf. audiencia videograbada en CD de fs. 98) . El citado testigo manifestó, con un relato suficientemente descriptivo y verosímil (art. 456 CPCC), que “venía saliendo de Colonia Hinojo; estaría llegando a la autovía….cincuenta metros aproximadamente antes de llegar a la autovía yo veo la camioneta parada para entrar, para doblar…la camioneta hace su maniobra, empieza a doblar despacio, normal, y yo veo que viene un auto; la camioneta dobló bien pero el auto venía muy rápido…me asusté, vi que iba a pasar el accidente”.
No omito que las explicaciones brindadas por el experto Behotas en la audiencia ya aludida en punto al modo en que midió las deformaciones sufridas por los vehículos (sólo con las fotografías puestas a su disposición por no haber tenido los vehículos a la vista), arrojan cierta duda en punto a la exactitud de tal mecanismo de medición. Sin embargo, la prueba testimonial rendida, sumada al carácter prudencial del valor de deformación que el experto adjudicó a los automotores -conforme las explicaciones por él brindadas en tal ocasión-, me convencen de la conveniencia de mantener los valores informados por el experto, sin perjuicio de considerar prudente, a su vez, tener por acreditada la velocidad en el mínimo estimado por el perito, conforme la cota de certeza o de incertidumbre del 10% propia del método analítico de cálculo que empleó. En consecuencia, tengo por acreditado que el demandado Coria circulaba al momento del impacto a una velocidad de 74,82 km/h (cf. pericia; arts. 384, 474, 456 y ccds. CPCC).
Despejado entonces el extremo fáctico en cuestión, y siendo un hecho no controvertido en autos que la máxima de circulación permitida en la zona del impacto conforme la señalización del lugar era de 40 km/h (ver fs. 13 y 15), cabe concluir que la infracción a las reglas de tránsito cometida por el demandado ha sido también de entidad, pues importó la circulación de su vehículo a casi el doble de la velocidad permitida. Por ello, como lo señalé en la causa “Dos Santos”, pese a la prioridad de paso con que contaba, “su velocidad marcadamente superior a la permitida conlleva la presunción de ausencia de control adecuado y efectivo del rodado” (cf. esta Sala, causa nº 62.015, “Dos Santos, Fabricio Germán…”, del 17/10/17; art. 52 inc. b Ley 24.449). Incluso, siendo que el accionado confesó que no divisó a la Sra. Matis pues “en ese lugar se encontraba un camión estacionado para doblar a la cantera Villa Mónica” (ver CD de fs. 98; art. 421 CPCC), la obstrucción de su visión por el motivo indicado, le aconsejaba entonces aún más adoptar una velocidad precautoria acorde a la contingencia, conforme lo estipula el art. 50 de la Ley 24.449.
Empero, al cotejar la entidad concausal de ambas inconductas –e infracciones de tránsito- estimo de mayor gravedad e incidencia en el resultado final la maniobra de la Sra. Matis. Es que como lo destaqué en la causa “Lucero”, el viraje a la izquierda en hipótesis siniestrales como la de autos, implica una maniobra particularmente riesgosa por importar la invasión de la zona de la calzada reservada para los que avanzan por la mano contraria (esta Sala, mi voto en la causa nº 45939, “Lucero Emilio Raúl...”, del 25/11/03; con cita de Mosset Iturraspe Jorge, “Responsabilidad por daños”, Tº II-B p.51; Garrido – Andorno “El artículo 1113 Código Civil...”, p.339; Cám. Apel. Civ. y Com. Trenque Lauquen, “Pichinini, Luis M. c/Baldres Rafael s/Daños y Perjuicios”, Revista Jurisprudencia Provincial Buenos Aires, Julio 1992, Nº1, p.67; Cám. Civ. y Com. San Nicolás, Causas del 4/8/87, “Assi Rodolfo Mario c/ Johanning José Alberto s/Ds.y Pjs.” y del 28/6/88 “Cortese Juan Armando c/ Pessone Juan Domingo s/Ds. y Pjs.; esta Sala Causas Nº37224 del 11/6/96 “Alvarez” J.A.1997-II-183; Nº37032, 12/7/96 “Ermaliuk”; Nº42976, 6/9/01 “Testa”; S.C.B.A. Ac.76725, 28/11/2001, “Orellana, Nancy Gabriela c/ Sbaiz, Bruno César s/Ds. y Pjs.”). De modo que al emprender el cruce horizontal del carril de circulación de una autovía, la Sra. Matis debió asegurarse de que no bloquear el tránsito, obstruyéndolo con su presencia. Habiendo divisado que se aproximaba el automotor del accionado (cf. demanda fs. 23), debió permanecer detenida y sólo emprender el cruce una vez que el paso se encontrara expedito. Por ello, si bien la excesiva velocidad a la que circulaba el accionado tuvo gravitación causal en el desenlace dañoso, estimo que la maniobra de giro emprendida por la pareja del accionante importó la introducción de un factor de mayor riesgo, y poseyó, por ende, mayor relevancia causal en el resultado dañoso (art. 384 CPCC).
3. En consecuencia, propongo hacer parcialmente lugar al recurso de apelación del accionante rechazando el incoado por la citada en garantía y el demandado; y modificar la sentencia recurrida determinando que la contribución causal del demandado al siniestro del que se derivaron los daños y perjuicios sufridos por el accionante fue del 30%, correspondiendo el restante 70% al hecho de un tercero en autos, la Sra. Matis, conductora del rodado de propiedad del actor (arts. 1, 2, 3, 1716, 1717, 1721, 1731, 1734, 1736, 1769, 1757, 1758 y ccds. CCCN; arts. 39 inc. b, 41 inc. d, 50, 52 inc. b y ccds. de la Ley 24.449 -aplicable cf. adhesión Ley provincial 13.927-; arts. 260, 375, 384, 421, 456, 474 y ccds. CPCC).
IV. En lo que atañe al rubro indemnizatorio privación de uso, la sentencia apelada fijó prudencialmente una suma de $8.000. El accionante se agravia de que la sentencia haya omitido considerar que su camioneta era una herramienta de trabajo y transporte de mercaderías –no sólo de uso particular como consideró el decisorio-; lo que acreditó con la prueba testimonial e incluso en el beneficio de litigar sin gastos. Recuerda que como lo destacó al demandar (fs. 25 vta./26), a la época del hecho explotaba un “parri-pollo” (rotisería) en la localidad de Hinojo, y a raíz del hecho incurrió en cuantiosos gastos de transporte y luego de alquiler de una camioneta similar; máxime que vive a 25 km de Olavarría, de donde retiraba la mercadería. Por ello, solicita que se acoja íntegramente el monto oportunamente peticionado de $30.000.
Estimo que le asiste razón en esa crítica, por cuanto el decisorio recurrido efectivamente omite meritar el destino comercial que el accionante también brindaba a su vehículo, conforme lo acreditó con las declaraciones de dos testigos. El Sr. Rodrigo Schwindt, conocido del accionante por vivir en Hinojo, declaró que éste “tenía un espiedo, una rotisería y usaba la camioneta para trabajar, llevar la mercadería y los insumos para el local”. Por su parte, el Sr. Rubén Darío Páramo, que también manifestó conocer al actor del pueblo, declaró que el mencionado tenía una rotisería que estaba a dos cuadras y media de su casa; que lo veía descargar mercadería y que, según su conocimiento, el accionante no tenía otro auto. Expresó además que a los cuatro o seis meses la rotisería cerró, por motivos que desconocía. En razón de lo expuesto, considero que el accionante ha acreditado este perjuicio material adicional que sufrió como consecuencia de la privación de su automotor (arts. 1716, 1726, 1727, 1737, 1738, 1740, 1744 y ccds. CCCN; arts. 375, 384, 456 y ccds. CPCC). Por lo hasta aquí dicho, en los términos del art. 165 CPCC -pues no se ha acreditado el monto correspondiente al perjuicio probado-, y considerando que conforme lo declarado por el testigo Páramo, la rotisería cerró a los cuatro o seis meses del siniestro, estimo prudente hacer lugar a su recurso y elevar la suma indemnizatoria fijada en concepto de este rubro a la requerida de $30.000 (arts. 1716, 1726, 1727, 1737, 1738, 1740, 1744 y ccds. CCCN; arts. 165, 375, 384, 456 y ccds. CPCC).
V. Por otra parte, el actor se agravia también de que la sentencia apelada no haya hecho lugar a lo reclamado en concepto de “gastos colaterales” por falta de prueba. Por tal concepto, el accionante requirió se ordene la reparación de gastos indocumentados en concepto de traslados, medicamentos por la atención médica de su pareja y la beba de ambos, controles médicos, y gastos de iniciación de mediación.
Los gastos por iniciación de la mediación prejudicial obligatoria, deben considerarse integrantes del concepto de costas, debiendo incluirse –en la proporción correspondiente al progreso de la demanda- en la liquidación respectiva a realizarse en la etapa pertinente (cf. art. 31 Dec. 43/2019, reglamentario de la Ley 13.951).
Asimismo, respecto de lo reclamado en concepto de los gastos médicos en que debió incurrir su pareja, la Sra. Matis, entiendo que el accionante carece de legitimación activa para su reclamo, pues no ha acreditado que los haya afrontado a título personal (arts. 1738 y 1739 CCCN.). Finalmente, en lo que respecta a los gastos por la atención médica de su bebé, la ausencia de toda prueba impide el reconocimiento de lo reclamado por el rubro (art. 375 CPCC), en razón de que no se aplica al caso la presunción emanada del art. 1746 CCCN, pues la bebé del accionante no padeció lesiones producto del siniestro, tal como él mismo lo relató en su demanda (ver fs. 23 y vta.). Y si bien va de suyo que se le han efectuado los controles de rigor que descartaron lesiones, debo suponer, frente a la ausencia de toda prueba, que ellos han sido cubiertos por el sistema público de salud (tal como surge del relato introducido en la demanda; fs. 23 y vta.) o por una obra social. De modo que no encuentro motivos atendibles para revocar el decisorio apelado en esta parcela (arts. 1738, 1739, 1746 y ccds. CPCC; arts. 384, 375 y ccds CPCC).
VI. Finalmente, en lo que atañe a los intereses, la citada en garantía – a cuyos fundamentos adhirió el demandado-, critica que se haya fijado la tasa pasiva digital del Banco Provincia desde la fecha de mora (producida el día del siniestro; el 19/10/17), en razón de que los presupuestos adunados a la demanda están actualizados a su fecha de expedición, por lo que hasta esa fecha los intereses deberían computarse al 6% anual y recién de ahí en adelante a la tasa pasiva digital.
Entiendo que este agravio también debe ser rechazado, puesto que los escasos 11/14 días transcurridos entre el siniestro (el 19/10/17) y las fechas de expedición de ambos presupuestos (30/10/17 el de fs. 20 y 2/11/17 el de fs. 21), permiten considerar que los valores en ellos consignados corresponden a valores de mercado vigentes al tiempo de los hechos. Por ello, cabe concluir que el reconocimiento de intereses a una tasa bancaria desde la fecha del siniestro, no entraña en el caso un enriquecimiento sin causa del accionante (art. 3 CCCN). En razón de lo expuesto, propongo rechazar el agravio en tratamiento y confirmar lo resuelto al respecto por el decisorio apelado.
VII. En lo que atañe a las costas generadas por el recurso de apelación del accionante, propongo imponerlas en un 40% a su parte y en un 60% a la citada en garantía y al demandado, acorde el éxito parcial de los agravios (art. 71 CPCC). Por su parte, propongo imponer en su totalidad a estos últimos las costas de alzada generadas por su recurso, atento su íntegra calidad de perdidosos en el trámite recursivo (art. 68 CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde: 1) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación del accionante, y modificar la sentencia apelada determinando que el accionando y su compañía aseguradora deberán responder por el 30% de los daños y perjuicios sufridos por el accionante. 2) Hacer lugar a la impugnación del actor, y elevar la suma indemnizatoria reconocida en concepto de daño por privación de uso a la de treinta mil pesos ($30.000). 3) Rechazar el agravio del demandante y confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó el rubro “gastos colaterales”. 4) Rechazar en todas sus partes el recurso de apelación incoado por la citada en garantía y el demandado. 5) Imponer las costas generadas por el recurso de apelación del accionante en un 40% a su parte y en un 60% a la citada en garantía y al demandado (art. 71 CPCC); e imponer en su totalidad a estos últimos las costas de alzada generadas por su recurso (art. 68 CPCC). 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 Ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 18 de febrero de 2021.
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación del accionante, y modificar la sentencia apelada determinando que el accionando y su compañía aseguradora deberán responder por el 30% de los daños y perjuicios sufridos por el accionante. 2) Hacer lugar a la impugnación del actor, y elevar la suma indemnizatoria reconocida en concepto de daño por privación de uso a la de treinta mil pesos ($30.000). 3) Rechazar el agravio del demandante y confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó el rubro “gastos colaterales”. 4) Rechazar en todas sus partes el recurso de apelación incoado por la citada en garantía y el demandado. 5) Imponer las costas generadas por el recurso de apelación del accionante en un 40% a su parte y en un 60% a la citada en garantía y al demandado (art. 71 CPCC); e imponer en su totalidad a estos últimos las costas de alzada generadas por su recurso (art. 68 CPCC). 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 Ley 14.967). Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase al Juzgado de origen.
Fin de la sentencia