Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la acción de amparo promovida por el Sr. Jorge Luis Rodriguez contra Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
2Imponer las costas por el orden causado.
SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: TREINTA Y CINCO
San Fernando del Valle de Catamarca, 08 de octubre de 2026
Estos autos Corte Nº 021/2026 "RODRIGUEZ, Jorge Luis C/ MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA S/ Acción de Amparo" llamándose autos para Sentencia a fs. 151.
En este estado la Sala de Amparo y de Amparo por Mora se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
1)¿Es procedente la Acción de Amparo promovida? En su caso ¿Que pronunciamiento corresponde?.
2. Costas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Practicado el sorteo correspondiente, conforme al Acta obrante a fs. 152, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. FABIANA EDITH GÓMEZ, JORGE RAFAEL BRACAMONTE y CARLOS MIGUEL FIGUEROA VICARIO.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Gómez dijo:
I. Que, a fs. 65/70, comparece el Sr. Jorge Luis Rodríguez, con patrocinio letrado, interponiendo acción de amparo por mora contra la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, por omisión ilegitima, actual y continuada, en la que incurre al no ejecutar una orden administrativa firme que dispuso la demolición y desocupación de un bien integrante del dominio público, solicitando se ordene el cese inmediato de dicha inactividad y el cumplimiento efectivo de la resolución nº 1735/2023 dictada por el Juzgado de Faltas.
Asimismo, solicita medida cautelar innovativa.
Relata que es propietario de los inmuebles sitos en Av. Recalde s/n La Chacarita, en dichos lotes urbanos, construyó dos locales comerciales, con frente directo a la calle proyectada incorporada al trazado urbano municipal, la cual reviste carácter de bien del dominio público y cuya abertura resulta esencial para el normal desenvolvimiento de la actividad comercial de la zona.
Que, un particular, identificado como Sr. Roque Ceferino Barrionuevo, DNI Nº 31.386.949, sin título, autorización, ni habilitación alguna, procedió a ocupar ilegalmente dicha traza, instalando un puesto de ventas ambulantes generando una obstrucción total y permanente del frente de los locales comerciales, impidiendo su visibilidad desde la vía publica, restringiendo el acceso a los clientes y frustrando de manera directa el destino económico del inmueble, situación que motivó la intervención del Juzgado de Faltas, el cual, tras constatar la ilegalidad manifiesta de la ocupación, dictó la Resolución Nº 1735/2023, ordenando la demolición y remoción de las instalaciones emplazadas sobre el espacio público, reconociendo de manera expresa la ilegitimidad de la conducta desplegada por el ocupante.
Que, pese a la claridad y firmeza de dicha decisión administrativa, y los reiterados reclamos efectuados, por su parte, ante las autoridades municipales competentes, la Municipalidad demandada ha omitido ejecutar la orden de demolición, manteniendo una inactividad absoluta que no encuentra sustento en acto administrativo alguno ni puede justificarse en el ejercicio de facultades discrecionales, configurándose una mora administrativa palmaria, en tanto existe un deber jurídico concreto, actual y exigible de actuar que ha sido incumplido por un tiempo manifiestamente irrazonable, lo cual no solo implica una violación del principio de legalidad que rige la actuación estatal, sino, además, consolida una situación de hecho abiertamente contraria al orden jurídico.
Que, en dicho contexto, la omisión estatal adquiere una gravedad singular, puesto que no se trata de la falta del dictado de un acto administrativo, sino del incumplimiento de una decisión ya tomada por la propia administración a través de uno de sus órganos competentes, lo que revela un funcionamiento irregular del CORTE Nº 021/2026 aparato estatal que desnaturaliza el ejercicio del poder de policía urbana y vacía de contenido las decisiones administrativas firmes, trasladando injustamente al particular el incumplimiento estatal, quien se ve privado del uso pleno de su propiedad y del ejercicio de una actividad económica, con un perjuicio que no es hipotético ni eventual, sino actual, continúo y progresivo.
Que, la conducta omisiva de la Municipalidad vulnera de manera directa el derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la CN en tanto impide el uso y goce normal del inmueble y ejercicio de la actividad lícita, afectando el derecho de igualdad ante la ley al tolerar una ocupación ilegitima en perjuicio de quien ha cumplido con todas las exigencias normativas, configurándose una lesión constitucional que torna procedente la acción de amparo.
Ofrece prueba documental, informativa e inspección ocular.
A fs. 75/76 obra Dictamen Nº 15/2022 del Procurador General de la Corte.
Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 40, de fecha 11/06/2026, se resuelve, previo a proceder por secretaria a recaratular la causa como “acción de amparo”, declarar la procedencia formal de la acción interpuesta, no hacer lugar a la medida cautelar y requerir a la demandada el informe de ley.
A fs. 126 contesta el informe circunstanciado, el apoderado de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, solicita el rechazo de la acción interpuesta con expresa imposición de costas.
Luego de efectuar una negativa general y específica, relata los hechos cronológicamente, invocando un obrar diligente, continuo y ajustado a derecho por su parte.
Que, menciona el acto administrativo firme, Resolución Nº 1735/2023, dictado por el Juzgado Municipal de Faltas de Segunda Nominación, que declaró responsables a los Sres. Claudio Gabriel Acevedo y Roque Ceferino Barrionuevo, intimándolos a demoler, por su cuenta, una obra nueva que invade el dominio público.
Que, con fecha 12 de marzo del 2026, en la causa OP Nº 58/23-62/23, el Juez de Faltas dictó un decreto disponiendo la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Municipal, por haber agotado la vía administrativa, recibido el 13 de marzo del 2026.
Que, no obstante, el amparista, paralelamente realizó una presentación ante la Fiscalía Municipal, intimando al Fiscal a la demolición, lo que tramitó por expediente Ex. 2025- 00148216- MUNICTA-FIMU RODRIGUEZ, JORGE LUIS S/ INTIMACION AL FISCAL MUNICIPAL A DAR CUMPLIMIENTO CON LO RESUELTO POR EL JUZGADO DE FALTAS Nº 2 EN EXPTE 58/23 LETRA “OP”, resuelto mediante Resolución N 2025- 29 E- MUNICAT- FIMU, que no hace lugar al planteo efectuado.
Que, lejos de permanecer inerte, el día 20 de marzo, el Asesor legal de la Fiscalía Municipal, se constituyó en la intersección de las Av. Recalde y México para materializar de forma forzosa la demolición de los 68,87 metros invadidos, contando con la colaboración de la fuerza pública a través de la Comisaria Tercera. Que, del informe de fecha 26 de marzo de 2026, el operativo resultó de imposible cumplimiento material debido a la violenta resistencia de los usurpadores, quienes utilizaron menores de edad como escudos humanos y amenazaron con prenderse fuego utilizando una garrafa de gas combustible, exponiendo a un peligro común y de estrago a todos los funcionarios y vecinos, por dicho motivo bajo el estricto principio de prudencia y resguardo de la vida humana, el personal abortó momentáneamente la ejecución física.
Que, ante la comisión de delitos de flagrancia, se radicó la denuncia penal ante la Fiscalía General, la cual fue asignada y remitida a la Fiscalía de Instrucción 2 a cargo de Laureano Palacios, bajo expediente IPP Nº 7795/2026, persiguiendo la investigación de los delitos de usurpación, desobediencia a la CORTE Nº 021/2026 autoridad, amenazas e intimidación pública.
Alega la improcedencia sustancial de la vía del amparo por mora y la inexistencia de una conducta omisiva ilegitima o arbitraria estatal.
Expresa que el amparo es una vía excepcional que no procede si existen otros procesos judiciales idóneos, habiendo escalado el conflicto al ámbito de los delitos penales, la vía idónea y preexistente es el expediente 7795/2026. Que, la justicia del crimen es la única investida del imperio legal para disponer allanamientos, ordenar la restricción de los delincuentes, requerir el auxilio de los organismos de protección de menores y permitir que el municipio concrete la demolición de manera segura.
Ofrece prueba documental e informativa en subsidio.
A fs. 143 se abre la causa a prueba y a fs. 151 se clausura el mismo y se llama autos para sentencia.
A fs. 152 obra acta de sorteo resultando desinsaculada en primer término para estudio y votación.
II. Preliminarmente, en razón a la materia traída a resolver, ratifico la competencia de esta Sala, en virtud de lo establecido en el art. 204 de la Constitución Provincial, art. 1 de la Ley Nº 4998, modificatoria del art. 4 de la Ley Nº 4642 y Acordada Nº 4595/2022.
Que, la acción fue presentada en tiempo, en consideración a lo alegado en la demanda sobre la omisión en el cumplimiento de un acto administrativo por parte la administración que, la misma, genera una vulneración a sus derechos constitucionales -derecho de propiedad-, afectación que se renueva diariamente.
III. Que, la acción de amparo está prevista y regulada en nuestra Constitución Provincial, Ley Nº 4642 y 4998, es por ello que esta Corte de Justicia, en numerosos pronunciamientos, ha dicho que el amparo es un proceso excepcional que solo resulta procedente en las delicadas situaciones y de extrema gravedad en las que por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiestas que configuren, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, solo eventualmente reparable por esa acción urgente y expeditiva (CSJN, Fallos, 301:1061).
En un mismo sentido se ha dicho “ (…) hay casos excepcionales en los cuales la actuación arbitraria o manifiestamente ilegal del poder público causa perjuicios que, por su naturaleza y gravedad, hacen que las vías previstas por las normas procesales no resulten idóneas para asegurar la defensa de los derechos conculcados. (…). En estos casos procede el amparo. De ahí que los presupuestos especiales del amparo sean dos: un comportamiento manifiestamente arbitrario o ilegal de una autoridad pública o de particulares, y la inexistencia de otro medio jurisdiccional idóneo. La lesión, la restricción, la alteración o la amenaza de derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, son presupuestos de todo agravio jurídico."(Luqui, Revisión judicial de la actividad administrativa, 2, Astrea, Bs As, 2005, pág.183).
Ello así, corresponde verificar en autos el cumplimento de los recaudos para la procedencia de esta acción expedita establecidos por los arts. 1 y 2 de la Ley Nº 4642.
En dicha tarea, corresponde efectuar una breve reseña de las constancias del expediente administrativo iniciado en el Juzgado de Faltas Nº2 que dictó la Resolución Nº 1735/2023, invocada por el amparista como incumplida por el Municipio demandado, circunstancia que alega violatoria de sus derechos constitucionales.
Que, con fecha 08/05/2023, el Juzgado de Faltas Nº 2, dictó la Resolución Nº 1735/2023 JMF Nº 2, que resuelve: “PRIMERO: Declarar CORTE Nº 021/2026 solidariamente responsables, en rebeldía, a los Sres. Acevedo Claudio Gabriel DNI Nº 26.123.567 y Barrionuevo, Roque Ceferino DNI Nº 31.386.949, en la comisión de las infracciones de construcción sin permiso (obra nueva) e invasión de espacio público y no dar cumplimiento a las órdenes, intimaciones o emplazamientos dispuestas por autoridad competente, según lo dispuesto por los artículos 88º, 9º, 97º inciso d) y 272 del Cód. Municipal de Faltas, concordante con los puntos 2.3.0 y 3.3.3 del Código de Edificación, en el inmueble ubicado en Avenida Recalde y Avenida México S/N° - Barrio La Chacarita, de esta ciudad capital-, atento a lo denunciado por Acta de Comprobación N° 17170 y 17171 de fechas 19 y 27 de abril de 2023 respectivamente, imponiéndole la sanción de Multa de pesos Ciento Cincuenta ($150.000,00), obligación que deberá cumplimentar en el término de cuarenta y ocho (48) horas de notificada la presente bajo apercibimiento de Ley. SEGUNDO: Mantener la medida de paralización dispuesta mediante Acta de comprobación N° 17170, de fecha 19/04/2023, en el inmueble en Avenida Recalde y Avenida México S/N° - Barrio La Chacarita, de esta ciudad capital-, hasta tanto se modifiquen las circunstancias de hecho y derecho. TERCERO: Otorgar a los Sres. Acevedo, Claudio Gabriel DNI. N° 26.123.567 y Barrionuevo, Roque Ceferino DNI. N° 31.386.949, un plazo de veinte (20) días corridos, a contar desde la notificación de la presente Resolución, a fin de proceder a realizar los trabajos de demolición de la construcción en contravención a la normativa vigente (invasión de espacio de dominio Público), bajo apercibimiento de realizarlo la Municipalidad de la Capital, a su cargo y costa. CUARTO: Dar participación de Fiscalía Municipal, conforme lo dispone la presente Resolución. QUINTO: Registrar. Notificar personalmente (…)” (fs. 101/105).
Que, la participación de Fiscalía Municipal, dispuesta por la Resolución citada precedentemente, remite a los considerandos de dicho acto que expresa: “Por último, y teniendo en cuenta que de los presentes surge la eventual comisión de un delito penal, corresponde dar participación a Fiscalía Municipal a efectos que considere el criterio del suscripto y prosiga con los trámites legales que estime pertinentes”.
Que, luego de haber tomado conocimiento Fiscalía Municipal y constatado el incumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de Faltas (arts. primero, segundo y tercero de la Resolución Nº 1735), por parte de los Sres. Barrionuevo y Acevedo, se devolvió el expediente a dicho Juzgado de Faltas para “…la prosecución del trámite conforme las facultades inherentes al juzgado de mención” (fs.115). A fs.118 el Juzgado de Faltas Nº 2 ordena -25/07/2024- que se oficie a la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas y Privadas de la Municipalidad para que se verifique la demolición de la construcción que invade el espacio de dominio público. (fs.118).
Que, ante una presentación del amparista ante Fiscalía Municipal y previo dictamen, se dictó, con fecha 30/10/2025, la resolución RESOL-2025-29-E-MUNICAT-FIMU (fs.131/132 vta.), que resuelve, 1º no hacer lugar al planteo del Sr. Jorge Luis Rodríguez y 2º sobre la denuncia del Sr. Rodríguez y las conclusiones del Dictamen sobre el posible incumplimiento por parte del Sr. Magistrado titular del Juzgado de Faltas Nº 2, remítanse las actuaciones al Sr. Intendente para que tome conocimiento y disponga según su criterio.
Que con fecha 12/03/2026 el Juez de Faltas, interviniente, ante el incumplimiento de los artículos segundo y tercero (demolición -por cuenta de los Sres. Barrionuevo y Acevedo- y paralización de la obra), con fundamento en al art. 69 de la Ordenanza 2798/94 -habiendo agotado la vía administrativa-, dispuso: “I- Remitir a Fiscalía Municipal las presentes actuaciones a efectos que arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución JMF 2 Nº 1735/2023 II- Por secretaria, procédase a la remisión de los presentes” (fs.133).
De la nota obrante a fs. 134 surge que el Asesor de la Municipali-
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dad informa al Sr. Fiscal Municipal, que el día 20/03/2026, se constituyó con auxilio de la fuerza pública, para materializar la orden del Juzgado de Faltas, la que por el nivel de conflictividad, menores de edad y amenazas de prenderse fuego con una garrafa de gas, resultó imposible, sugiriendo que se requiera que el Sr. Juez de Faltas ordene librar los oficios pertinentes a la Jefatura de Policía, SAME, Acción Social de la provincia y organismo que considere necesario. Acto seguido presenta nota al Juzgado de Faltas poniendo en conocimiento el informe -fs.135- y la denuncia penal -fs. 136/138 de fecha 06/05/2026- por los presuntos delitos de usurpación, desobediencia a la autoridad, amenaza, intimidación pública, tentativa de estrago, y demás que surjan de la investigación.
De lo hasta aquí expuesto se observa, un derrotero entre el Juzgado de Faltas y Fiscalía Municipal, respecto a los alcances de la Resolución Nº 1735/2023, ante el incumplimiento voluntario de lo ordenado por la misma por los obligados, y la forma de efectivizar el cumplimiento forzoso conforme las competencias de cada organismo, lo que derivó en que, incumplido lo ordenado a las dos personas que ocupan ilegítimamente, conforme dicha Resolución, el espacio de domino público, el expediente tuvo un trámite errático que generó una alongada demora.
Ahora bien, de la lectura de la Resolución primogénita surge que, en su artículo cuarto, se le da participación a la Municipalidad demandada, en principio, por la “eventual comisión de un delito penal y prosiga los trámites legales que estime pertinentes”, cuestión que aparejó que se tuviera que complementar con actos administrativos posteriores, siendo el último con fecha 12 de marzo de 2026 -fs.133-, que expresamente ordena a la Municipalidad que arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento con el artículo tercero de la Resolución JMF Nº 1735/23.
Expuestas las cuestiones, se torna pertinente recordar que “La omisión, esto es, el incumplimiento de una conducta debida, puede también lesionar derechos constitucionales. Pero no toda inactividad u omisión de la autoridad pública habilita la vía del amparo, ya que en ciertos casos su silencio importa una manifestación contemplada por la ley, que aprueba o rechaza la petición formulada. En la determinación de si existe omisión de la autoridad pública deben tenerse presentes las circunstancias particulares del caso, pues sólo así podrá juzgarse la razonabilidad de la demora. Por su parte, Rivas entiende que a los efectos de determinar si hay mora habrá que considerar: a) la omisión en resolver un pedido del particular formalizado como solicitud, recurso administrativo o reclamo administrativo previo; b) la pasividad del Estado en el cumplimiento de una actividad impuesta específicamente por la ley, y c) idéntica situación frente a la utilización de sus poderes discrecionales.” (Salgado- Verdaguer, Juicio de Amparo y Acción de Inconstitucionalidad, Astrea, 2 ed., 2000, pág. 87).
Que, la Municipalidad demandada, luego de comparecer a efectivizar la medida ordenada -12/03/2026- informó los hechos acontecidos -20/03/2026- al Juzgado de Faltas a los fines de solicitarle tome medidas acordes a la situación descripta, asimismo, efectuó la denuncia en sede penal. Lo que me lleva a concluir, conforme la prueba incorporada, que existen dos vías paralelas a la presente acción de amparo, en trámite, es decir la administrativa ante el Juzgado de Faltas para que ordene las medidas propuestas como, a su vez, el curso de la investigación penal.
De lo expuesto y en atención a la prueba producida, consistente en el informe obrante a fs. 149 del cual surge que la denuncia penal, efectuada por apoderado de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca -demandada-, se encuentra en trámite y la copia del expediente IPP 7795-0/2026 que obra por cuerda, la presente acción excepcional no puede tener acogida favorable, en razón que no surge, conforme el relato de los hechos acontecidos, la arbitrariedad manifiesta en el actuar de la demandada, encontrándose en curso la investigación CORTE Nº 021/2026
penal -en donde expresamente la demandada peticiona se adopten medidas urgentes para proteger la integridad de las personas y en especial de los menores, se dispongan las medidas necesarias para hacer cesar la situación denunciada y se restituya el pleno dominio del espacio público indebidamente ocupado.
Aunado al oficio de fecha 25/03/2026 dirigido al Sr. Juez de Faltas Nº 2 -fs.135-, donde el Sr. Fiscal Municipal pone en conocimiento un informe circunstanciado -fs. 134- en relación a la medida dispuesta mediante Resolución Nº 1735/23. Del informe de mención surge, conforme la competencia y facultades del Sr. Juez de Faltas -art. 23 de la Ordenanza 2798/94-, que: "(...) el Sr. Juez de faltas ordene librar los oficios pertinentes a Jefatura de Policía, SAME, Acción Social de la Provincia, y cualquier otro organismo que considere necesario, a los fines de materializar y dar cumplimiento con la resolución de demolición, con el objeto de preservar la integridad y seguridad de las personas intervinientes (...)". Es decir, existen actualmente dos vías paralelas, en miras al mismo objeto que en autos, por un lado, la iniciada en sede penal a raíz de la denuncia efectuada por la Municipalidad -06/05/2026- y, a su vez, la continuidad del expediente administrativo en el marco del pedido de medidas -25/03/2026- por parte de la Municipalidad al Sr. Juez de Faltas en dicha sede.
Así, “De conformidad con lo expuesto, y considerando que el amparo no ha de servir para alterar el régimen de competencias establecido para el funcionamiento de los distintos órganos estatales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resumió su posición al respecto, recogiendo los antecedentes de esa tesitura in re: "Hughes Tool Company S.A. c/Gobierno Nacional (Ministerio de Economía) s/ amparo", fallo del 7/3/85, LL, 1985-C-140, al decir: "Que esta Corte ha tenido oportunidad de señalar, en forma reiterada, que la existencia de vía legal para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la admisibilidad de amparo (Fallos, 270:176), pues este medio no altera el juego de las instituciones vigentes (Fallos, 269:187) ('Sarli, Ricardo c/ Estado Nacional s/ amparo', Fallos, 303:419)” (Rivas, El amparo, La Rocca, 2 ed., 1990, pág.140).
En consecuencia, estimo que en autos no se encuentran reunidos los recaudos necesarios para la procedencia de la presente acción excepcional (arts. 1 y 2 inc. c de la Ley Nº 4642), por lo que propicio su rechazo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Bracamonte dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministra Dra. Gómez, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Figueroa Vicario dijo:
Adhiero a la relación de causa que expone el voto de la Sra. Ministra, Dra. Fabiana E. Gómez, que inaugura el acuerdo de esta Sala, no así sobre la improcedencia de la acción de amparo.
Expongo las razones de mi voto por la procedencia de la acción deducida.
I. Es innegable, que lo resuelto por el Juez de Faltas Municipal, en su resolución de condena de fecha 08 de mayo de 2023, recaída en autos N° 58/ 2023 c/ Acevedo y Otros, N° 1735/ 2023, cuya copia se exhibe a fs. 101/105, que condena a los responsables en la comisión de las infracciones de construcción sin permiso e invasión de espacio público (que sería lo que interesa a la causa), no dar cumplimiento a ordenes, intimaciones o emplazamientos por autoridad competente, consignando especialmente en el artículo 3° de la parte dispositiva, el otorgamiento de un plazo de 20 días, a contar de la notificación a los efectos de que proceda a los trabajos de demolición de la construcción -realizada en contravención a la normativa vigente y de invasión de espacio público- es un acto administrativo.
La Ordenanza Municipal N° 2798/94 de organización de los Juzgados de Faltas dependiente de la Municipalidad de San Fernando del Valle de CORTE Nº 021/2026
Catamarca, estipula que lo resuelto por el Juez de Falta puede ser recurrido por ante el titular del Poder Ejecutivo Municipal -lo que determina y sin perjuicio que alguna doctrina identifica como un acto administrativo jurisdiccional- no le quita la naturaleza jurídica de acto administrativo, para este último supuesto.
A su vez, el artículo 69 de la Ordenanza de cita, establece: “las sentencias firmes causan estado y agotan la vía administrativa”, señalamiento que ratifica aún más la calidad de acto administrativo el dictado por el Juez de Faltas, de identificación supra.
II. Tanto el artículo 38 de la Ley N° 3559, vigente a la fecha de emisión del acto, como el artículo 49 de la actual Ley N° 5893, establece una presunción de legitimidad, mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. El mencionado acto, conforme constancias de autos (fs. 106/109), se encuentra debidamente notificado a los infractores, sin que el mismo mereciera impugnación alguna, encontrándose firme, y por ende siendo el mismo eficaz.
En cumplimiento de la Resolución dictada por el Juzgado de Faltas, conforme proveido de fs. 118, la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas y Privadas, informa que los infractores no realizaron la demolición de lo construido sobre el espacio público. Con ello, se certifica el incumplimiento de los infractores, de un acto firme y consentido, al no haber sido recurrido.
Antes de continuar y sin perjuicio de analizar con detenimiento en cuanto a la ejecución del acto administrativo dictado, no están en discusión derechos dominiales y/o posesorios, como se pretende derivar el cuestionamiento que se hace en las actuaciones de la jurisdicción del fuero penal que dio inicio con la denuncia de integrantes de la Fiscalía Municipal, solo de infracciones acreditadas, entre ellas, la edificación sin autorización en un espacio público.
III. Esta presunción de legitimidad del acto administrativo dictado por el Juzgado de Falta Municipal, como dije, determina que el Estado, en este caso el Municipio, no debe probar su validez. El acto es por si mismo válido, siendo esta presunción juris tantum, es decir cede y se rompe si se prueba la invalidez del acto. De modo que se impone al destinatario del acto (en este caso los infractores) la carga de probar la ilegitimidad del acto si pretende su exclusión del mundo jurídico. (Carlos F. Balbin. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III, La Ley, Bs. As. 2015.) Presunción reconocida por la CSJN (Fallos 250:36; 293:133) entre otros.-Esta legitimidad, como dice el autor citado, que para algunos descansa esta presunción de validez de toda decisión estatal, para otros, es el conjunto de garantías subjetivas y objetivas que rodean el dictado del acto y que, permiten presumir su validez.
El acto administrativo además de presumirse su legitimidad, es ejecutorio, es decir, el Estado, en este caso, la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, puede hacerlo cumplir aun contra de la voluntad del destinatario y sin intervención judicial (artículo 40 de la Ley N° 3559 y artículo 51 de la actual Ley N° 5893) este último ordenamiento, siguiendo el criterio de la doctrina, estipula que la administración sólo podrá utilizar la fuerza contra las personas o sus bienes, sin intervención judicial, cuando deba proteger el orden público, el dominio público o tierras fiscales de propiedad del Estado.
La ejecutoriedad, como dije, permite a la administración ejecutar por sus propios medios, el acto administrativo, firme, consentido y el sujeto obligado se rehúsa a cumplirlo, sin tener la necesidad de acudir a un tribunal para obtener su cumplimiento forzoso.
También la doctrina a través de sus corrientes de pensamiento, han señalado que el principio de ejecutoriedad únicamente encuentra excepción en los casos en los que una norma o circunstancia particular exigiera que la ejecución del acto tuviera lugar por medio de los tribunales. Otro posicionamiento doctrinario entiende que con independencia de la letra de la norma transcripta, solo CORTE Nº 021/2026
excepcionalmente los actos administrativos son ejecutorios, por lo que la regla es la necesidad de ejecutarlos judicialmente. Dentro de esta última posición, algunos autores van más allá y entienden que, en virtud de la prohibición constitucional de que la propiedad y la libertad sean afectadas sin sentencia fundada en ley, la regla es que la administración no puede prescindir de la intervención judicial para ejecutar sus actos, a menos que el ordenamiento la faculte, de manera expresa o razonablemente implícita, a hacerlo por sus propios medios.
El ordenamiento vigente a la época del dictado de la sentencia del Tribunal de Faltas -Ley 3559- en su artículo 40 reconoce el carácter ejecutorio del acto administrativo y reconoce a la Administración la atribución de su cumplimiento por el uso de medios directos o indirectos.
Con fecha 12 de marzo de 2026 (fs. 133 de autos), el Tribunal de Faltas resuelve remitir las actuaciones a Fiscalía Municipal a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución JMF 2 N° 1735/2023, que dispuso la demolición de la construcción (invasión de espacio de dominio público) entendiendo que corresponde aplicar en la ejecución, las normas contenidas en la Ley N° 5893, que en su artículo 180, establece que los expedientes en trámite le serán aplicadas estas disposiciones, y en cumplimiento de esta directiva, el artículo 52 establece que en los supuestos de protección del orden público, el dominio público, podrá utilizar la fuerza pública contra las personas o sus bienes, sin intervención judicial. Consigna expresamente el carácter ejecutorio del acto administrativo.
Juan A. Stupenengo, en su obra (Ejecución Judicial del acto administrativo, Astrea, Bs. As., 2017) cita dos fallos, uno de ellos dictado por la Sala I de La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, donde rechazó intervenir en la ejecución del acto administrativo por medio del cuál el Gobierno de la Ciudad había dispuesto la demolición de un inmueble en peligro de desmoronamiento, sosteniendo para ello, que la Administración cuenta con facultad suficientes para actuar sin la autorización de la jurisdicción y por lo tanto, no existen razones que justifiquen la intervención del Poder Judicial.
Otro, La CNCont.AdmFed. Sala V, 7/9/05, en autos Secretaria de Agricultura, Ganadería , Pesca y Alimentos c/ Pedro Moscuzza e Hijos, (LLonline y www.pjn.gov.ar) resolvió que frente a la ejecutoriedad del acto administrativo, la intervención de los Tribunales no solo era innecesaria sino que, además, era contraria a la Constitución Nacional. Sostuvo el Tribunal, que la pretensión administrativa se contradice con el principio de reserva de la Administración en su quehacer especifico y que el contenido del régimen exorbitante del derecho administrativo permite, en la especie, al Estado Nacional a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en su carácter de autoridad de aplicación del Regimen Federal de Pesca…ejercer las facultades necesarias para hacer cumplir las medidas adoptadas a través de la res. SAGPA…sin necesidad de tutela judicial pues ello generaría el efecto no deseado del “gobierno de los jueces” con el ejercicio de potestades no conferidas por la Constitución Nacional.
Stupenengo (obra citada, p-76) expone dos conclusiones de relevancia para la cuestión de autos. La primera afirma que el acto administrativo puede ser ejecutado de oficio por la propia administración, los Tribunales no se encuentran constitucionalmente habilitados para intervenir en su ejecución forzosa. En efecto, tal como lo dispone el artículo 116 de la Constitución Nacional... y como es criterio clásico de la CSJN, los Tribunales judiciales solo están habilitados para entender en concretas “causas”, “casos” o “controversias”.
En consideración al artículo 12 de la Ley N° 19549 se prevé su ejecución judicial a pedido de la Administración únicamente en aquellos casos en los cuales esta no puede ponerlo en práctica por sus propios medios. Ello es de toda lógica, pues, como vimos, en tales supuestos, la afectación a la libertad, a la CORTE Nº 021/2026
propiedad y a la integridad de las personas tornan imprescindible la actuación de los Tribunales.
La segunda, ya desde una óptica y no jurídica, creemos dice el autor, que una solución contraria a la que aquí se propicia contribuiría a alentar que las autoridades administrativas pudieran fácilmente rehuir a las obligaciones y a las responsabilidades propias de las funciones que les fueron constitucional y legalmente atribuidas, la ejecución de sus actos administrativos ejecutorios y, como contrapartida, que deban ser los jueces quienes, obligados a poner en marcha el aparato jurisdiccional para hacer cumplir los actos administrativos sometidos a sus estrados, tengan que irremediablemente asumir los costos de tal ejecución.
IV. A fs. 134, obra informe del Sr. Abogado, integrante de la Fiscalía Municipal, de fecha 26 de marzo de 2026, dando cuenta de la imposibilidad del cumplimiento de lo ordenado por el Sr. Juez de Faltas, en cuanto a la demolición de la construcción -sin autorización- sobre espacio del dominio público, solicitando que el Sr. Juez de Faltas, libre los correspondientes oficios a Jefatura de Policía, SAME, Acción Social de la Provincia, para dar cumplimiento con la Resolución que ordena la demolición, entendiendo que la presencia en el acto de demolición podría haber cursado las notificaciones a las autoridades requeridas, la propia Fiscalía Municipal, en consideración a que en el informe referenciado, consigna la presencia policial, ello sin acreditar mediante acta u otro documento que permita certificar no solo el cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Falta, sino también la imposibilidad del cumplimiento.
No acompañó la Municipalidad, al momento de rendir el informe lo
decido por el Sr. Juez de Faltas, con respecto a libramiento de oficios, como da cuenta el documento de fs. 135, por lo que tal manifestación es inconducente para acreditar cumplimientos a la medida de demolición resuelta por el Juez de Faltas.
A su vez, agrega, copia de la denuncia formulada por ante el fuero
penal, aduciendo que tal intervención judicial, es necesario para los supuestos de allanamientos, ordenar la restricción de los delincuentes, requerir el auxilio de los organismos de protección de los menores, etc.-Por cuerda se acompaña las actuaciones del fuero penal.
Como lo dije en otros numerales de esta intervención, la ejecutoriedad es la facultad atribuida por el ordenamiento a los órganos estatales que
ejercen la función administrativa para disponer per se la realización o el cumplimiento del acto administrativo sin necesidad de acudir a la intervención de la justicia, empleando para ello, de ser necesario, procedimientos de ejecución coactiva (Cassagne, La ejecutoriedad del acto administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1971, p-53).
Bajo esta caracterización del acto administrativo, debió la autoridad municipal, iniciar la ejecución del acto administrativo, per se, y para el supuesto de imposibilidad cierta y acreditada de no poder ejecutar administrativamente lo resuelto por el Juez de Faltas, recién iniciar la ejecución del acto administrativo por vía judicial.
Traigo a colación un precedente de este Tribunal, SI N° 55 de fecha 18 de agosto de 2023, en causa Corte N° 050/2023, CECENARRO María Soledad (FISCAL Municipal) en autos GRIBAUDO c/ Cabrera s/ denuncia por tenencia de animales y obstrucción de vereda, donde la Sra. Fiscal inicia la ejecución de sentencia en contra de la infractora, pretendiendo que este Tribunal ordene el allanamiento del domicilio de la demandada, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por sentencia del Tribunal de Faltas de la Ciudad de Andalgalá, donde este Tribunal se declara incompetente para atender en la ejecución administrativa, dejando debida constancia, que en los supuestos donde se deba practicar allanamientos, en domicilios particulares o inmuebles cerrados, se deberá recabar la correspondiente orden del Juez Competente.
El dictamen del Sr. Procurador en la causa de referencia, hace CORTE Nº 021/2026
alusión a la ejecución del acto administrativo por la autoridad correspondiente y para el caso de necesitar el allanamiento de domicilio deberá obrar conforme art. 216 y conc. del CPP.
El citado art. 216 del ordenamiento penal, en su parte que nos interesa, expresa... alguna autoridad administrativa o municipal competente necesitare practicar registros domiciliarios, solicitará al Juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido”.
Fácil se colige, que la Fiscalía Municipal, bajo las condiciones que da cuenta el informe de fs. 134, y sin delegar facultad y competencia de ejecutar el acto administrativo, debió requerir, debidamente fundado, la intervención del Juez competente para obtener el allanamiento y resguardo de personas y menores, en los términos del artículo 216 del CPP, para proceder a la demolición de la construcción realizada por los infractores, sin autorización y en espacio público, o en su defecto, iniciar la ejecución del acto administrativo, a través del Juez competente -que será un proceso de ejecución y no un proceso de conocimiento.
Debo recordar que el artículo 52 segunda parte de la Ley N° 5893, autoriza a la Administración a utilizar la fuerza contra personas o sus bienes, sin intervención judicial cuando deba proteger el orden público, el dominio público o tierras fiscales. Si esta norma no fuera suficiente, la autoridad Municipal, debió requerir la intervención del Juez competente para allanar domicilio con la finalidad de dar cumplimiento a la demolición.
Ninguna intervención administrativa, puede ser atendida como cumplimiento de lo ordenado por el Juez de Faltas, como dije, si le era imposible por la presencia violenta de terceros o la presencia de menores, debió requerir, al solo efecto de ejecutar el acto administrativo, y sin delegar su competencia, el allanamiento y resguardo del espacio para producir la demolición, conforme el antecedente de este Tribunal y de cita.
Tampoco cumple la obligación legal impuesta a la autoridad administrativa, la denuncia formulada por ante la sede del fuero penal, en consideración a que la misma en manera alguna puede ser atendida como ejecución judicial del acto administrativo.
Como dije en oportunidad de emitir mi voto (causa Herrera Calderazzi c/ OSEP, SD N° 8 de fecha 27 de marzo de 2025) siguiendo a los autores
Tanzi y Papillu, que la caracterización de la omisión se refiere a la falta de acciones tendientes a cumplimentar una obligación constitucional, cuyo incumplimiento a pesar de pretender justificarse -como en el caso de autos, con informe administrativos y denuncia penal- quedó evidentemente a los designios de la autoridad administrativa sin ningún sustento o sustento aparente.
Como ya lo dije citando a Stupenengo (p-77), la autoridad administrativa exhibe una conducta de rehuir a sus obligaciones, pretendiendo que el poder judicial asuma la obligación de hacer cumplir actos administrativos ejecutorios que le son propios.
Hay una conducta omisiva por parte de la Municipalidad.
Por ello, me expido por la procedencia de la acción de Amparo en
contra de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, debiendo concluir con la ejecución del acto administrativo firme, consentido y eficaz, y para el supuesto de imposibilidad de su cumplimiento, debidamente fundado y acreditado, iniciar por vía judicial la ejecución del acto administrativo.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Gómez dijo:
En atención a las particularidades de la causa, fecha de la denuncia penal efectuada por la demandada -posterior a la interposición de la acción-, propongo que las costas sean impuestas por el orden causado. Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Bracamonte dijo:
CORTE Nº 021/2026 Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una vez más adhiero al voto de la Dra. Gómez votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Figueroa Vicario dijo:
Costas a la Municipalidad demandada. Es mi voto.
Por ello y por mayoría de votos,
LA SALA DE AMPARO Y DE AMPARO POR MORA DE LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Rechazar la acción de amparo promovida por el Sr. Jorge Luis Rodriguez contra Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
2. Imponer las costas por el orden causado.
3. Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívese.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora- En disidencia), Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano Sala de Amparo y Amparo por Mora) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
Fin de la sentencia