Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por José Francisco Rodríguez, con la asistencia técnica del Dr. Iván Franco Sotomayor, en contra de la sentencia nº 16/26 dictada por el Tribunal de Sentencias en lo Criminal de 2° Nominación, sala unipersonal a cargo del Dr. Martoccia.
2No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar la resolución impugnada.
3Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y SIETE
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil veintiséis, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la Dra. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta- y los doctores Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño; se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, expte. Corte nº 029/26, caratulados: “Rodríguez, José Francisco –robo agravado, etc- s/rec. de casación c/sentencia n° 16/26 de expte. n° 03/25”.
Por Sentencia nº 16 de fecha 27 de marzo de 2026, el Tribunal de Sentencias en lo Criminal de Segunda Nominación, sala unipersonal a cargo del Dr. Silvio Martoccia, en lo que aquí concierne, resolvió: 1) Declarar culpable a José Francisco Rodríguez, de condiciones personales obrantes en la causa, como autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa, por el que venía incriminado, condenándolo en consecuencia, a la pena de tres años y cuatro meses de prisión, con accesorias legales y costas (…)”.
Contra esta resolución, el Dr. Iván Franco Sotomayor, abogado defensor del acusado Rodríguez, presenta el recurso de casación.
Preliminarmente plantea la nulidad de la sentencia por infracción al art. 408, inc. 3° del CPP. A continuación, invoca la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba (art. 454, inc. 2° del CPP) y la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 454, inc. 1° del CPP).
Primer motivo de agravio:
Señala el recurrente que es evidente que la sentencia cuestionada es nula de nulidad absoluta desde que el Tribunal incurrió en arbitrariedad al condenar sin prueba cierta, incumpliendo, de manera flagrante, el art. 408, inc. 3° del CPP.
Critica que se tenga por acreditado el hecho con el grado de certeza necesario, dado que, según dice, es contrario al principio de razón suficiente que se exige.
Sostiene que no existe prueba directa del uso de arma de fuego, que la víctima no pudo identificar con certeza el elemento supuestamente utilizado y que tampoco existen testigos presenciales del acto intimidatorio. Refiere a la declaración de la denunciante.
Por otro lado, cuestiona que el aludido cuchillo no fue secuestrado en el lugar y que el testigo Soria tampoco lo vio por lo que, según dice, la sentencia no prueba el uso del arma, lo presume.
Agrega que no se ponderó la escasa visibilidad existente en ese tramo de la avenida Hipólito Irigoyen como tampoco la circunstancia de que el hecho podría encuadrar en la figura de robo simple o amenazas calificadas, lo que es suficiente para que se declare la nulidad de la resolución.
Segundo motivo de agravio:
Sostiene la errónea fijación de los hechos que dan sustento a la calificación legal aplicada.
Asegura que el Tribunal, incurriendo en una grave arbitrariedad, tuvo en cuenta como elemento probatorio el relato de la víctima, el que no fue analizado de manera objetiva sino de forma incorrecta, fragmentada, tergiversada, cayendo en una grave distorsión del testimonio. Transcribe partes de lo que considera como contradicciones entre lo sucedido en el juicio y lo expuesto por el sentenciante.
Reprocha que lo dicho por la hermana del acusado tampoco fue ponderado por el magistrado. Que, todo ello, revela que del relato de la víctima y del testigo se extrajeron frases e interpretaciones a conveniencia del tribunal, modificando el sentido de lo expuesto por la denunciante, incumpliendo con los principios que deben observarse al momento de valorar la prueba.
Tercer motivo de agravio:
Afirma que existe una flagrante violación del principio in dubio pro reo en cuanto las pruebas de cargo no superan la duda razonable, lo que obliga a absolver al imputado.
Arguye que, en este punto, lo que nulifica a la sentencia, es que lejos de resolver la duda existente a favor del imputado, dado el testimonio ambiguo y poco claro de la víctima sumado a la incertidumbre sobre el supuesto elemento introducido, el tribunal respondió con una condena.
Cuarto motivo de agravio:
El recurrente expresa que hay una errónea calificación legal con un agravante inexistente en virtud a que el art. 166, inc. 2° del CP es jurídicamente insostenible, atento a que para configurar dicha calificación el uso de arma debe estar acreditado, presupuesto que, según dice, no se configuró en la causa. Que la supuesta arma no fue exhibida en el juicio ni probado el dolo, por lo tanto, el hecho se podría haber encuadrado en amenazas calificadas o tentativa de hurto impropio.
Refiere que el elemento utilizado no tuvo capacidad intimidatoria alguna ya que la Sra. Tapia no se sometió a ningún tipo de asistencia. En conclusión, sostiene que la afirmación de la existencia del uso del arma es contraria al principio de razón suficiente.
Para finalizar, peticiona se anule la sentencia porque la conclusión fáctica que sustenta la calificación legal vulnera las reglas de la sana crítica racional. En su caso, se absuelva al acusado o se aplique una pena de menor cuantía. Hace reserva del caso federal.
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (f. 21), nos pronunciaremos de la siguiente manera: en primer lugar, la Dra. Rosales Andreotti; en segundo lugar, el Dr. Martel y, en tercer lugar, la Dra. Saldaño.
Así las cosas, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible el recurso?
2. ¿La resolución cuestionada ha incurrido en la inobservancia o errónea aplicación de la sana critica en la apreciación de las pruebas y en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva? En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar?
A la primera cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
El presente recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos en el art. 460 del C.P.P debido a que es interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige contra una resolución que, por ser condenatoria, pone fin al proceso y es definitiva. Por ende, es formalmente admisible. Así voto.
A la primera cuestión, el Dr. Martel dijo:
Adhiero a la solución propugnada por la Sra. Ministra preopinante y voto en igual sentido.
A la primera cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
La Sra. Ministra, emisora del voto que lidera el acuerdo, da las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión con relación a la admisibilidad del recurso. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la segunda cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
El hecho que el Tribunal consideró acreditado es el siguiente: “Que con fecha 20/08/2024, en un horario que no se pudo determinar con precisión, pero ubicable entre las 21:15 y 22:00 horas aproximadamente José Francisco Rodríguez, se hizo presente en intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y calle Córdoba, precisamente frente a la estación de servicio Axion, en una parada de colectivo que queda sobre la vereda Este, de esta ciudad Capital, lugar en donde se encontraba Paola Alejandra Tapia, circunstancia en que Rodríguez ejerciendo violencia en la persona de Tapia, concretamente exhibiéndole un elemento punzante (cuchillo) mientras se lo apoyaba en el rostro, intentó apoderarse ilegítimamente de su teléfono celular, no logrando su cometido, por razones ajenas a su voluntad, toda vez que fuera aprehendido por particulares que le entregaron a las autoridades policiales”.
1. En este estado, corresponde analizar los agravios alegados por el abogado defensor del imputado José Francisco Rodríguez.
Preliminarmente, deviene pertinente indicar la deficiencia del escrito recursivo, pues el defensor reiteró lo que expuso en los alegatos finales del juicio, postura que, además, fue debidamente contrarrestada por el magistrado en la sentencia impugnada.
Sin perjuicio de ello, procederé a expedirme sobre los motivos invocados, nuevamente, en esta instancia.
2. a. En primer lugar, plantea la nulidad de la sentencia por infracción del art. 408, inc. 3°, del CPP.
Manifiesta que el Tribunal condenó sin pruebas a su defendido, lo que implica la nulidad de la sentencia por configurarse lo establecido en el inciso 3° del art. 408 del CPP.
Esto lo vincula con los agravios expuestos con posterioridad: i) errónea aplicación de la ley sustantiva e ii) inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas. En ese marco, en síntesis, critica que se condenó a Rodríguez sin prueba suficiente, omitiendo valorar la declaración de la hermana del acusado, la duda respecto al uso de arma y tergiversando lo dicho por la denunciante.
Así las cosas, al reiterar ciertos argumentos en distintos agravios y estar, a su vez, relacionados entre sí, procederé a analizarlos en su conjunto para un estudio más ordenado y en miras de evitar reiteraciones innecesarias.
b. Sentado lo precedente, examinaré las razones sobre las cuales, en líneas generales, versa el recurso, esto es, lo respectivo a la prueba producida e incorporada en el juicio, las que según alega el defensor, no derriban la presunción de inocencia de Rodríguez.
Sobre este punto anticiparé que no le asiste razón al casacionista, pues advierto –tanto del debate como de la sentencia- que, en lo que aquí nos concierne, el juez evaluó y contestó adecuadamente lo dicho por la defensa a los fines de justificar la decisión arribada. Así, el defensor esgrime una mera disconformidad con lo sostenido en la resolución recurrida sin precisar el gravamen o los gravámenes causados a su defendido.
En efecto, surge que el sentenciante explicó claramente que “la circunstancia de que la víctima no haya podido identificar con absoluta precisión la naturaleza exacta del objeto (…) no disminuye la credibilidad de su percepción. Por el contrario, resulta razonable si se tiene en cuenta el contexto de sorpresa, tensión y proximidad física del agresor, así como las condiciones de iluminación del lugar que la propia testigo describió” (fs. 164).
Párrafo siguiente precisa por qué descarta el planteo defensivo relativo a la supuesta falta de certeza sobre la existencia del elemento intimidatorio y hace referencia a las condiciones de visibilidad.
De igual modo, se aprecia cómo refuta la posición del profesional respecto a la contradicción de la denunciante, al sostener que “no existe contradicción entre su testimonio y el hallazgo posterior de un cuchillo durante el palpado superficial realizado por personal policial al momento de la aprehensión del imputado, circunstancia que tuvo lugar instantes después del hecho. Por lo tanto, el argumento defensivo basado en una supuesta incompatibilidad entre ambas circunstancias carece de entidad suficiente para debilitar la credibilidad del relato de la víctima” (fs. 165).
Más adelante se centra en la declaración del testigo Soria y de la hermana de Rodríguez, cuyos contenidos los analiza detalladamente a los efectos de responder por qué la postura asumida por la defensa no tiene acogida.
Es así que yerra el casacionista al afirmar que el sentenciante no ponderó el testimonio de Dayana del Valle Rodríguez, en cuanto aclaró que no presenció el hecho y que relató lo que le comentaron otras personas (fs. 166/vta. y 167). El magistrado puntualmente menciona que es un testimonio de oídas y que, valorado conforme a las reglas de la sana crítica racional, “no aporta elementos objetivos capaces de desvirtuar la prueba producida durante el juicio ni de sostener la hipótesis de inimputabilidad invocada, limitándose a reproducir apreciaciones personales y referencias indirectas sobre hechos que no presenció”.
Idéntica suerte corre la postura que versa sobre la inimputabilidad de Rodríguez, en tanto el tribunal se sustenta en lo declarado por la Dra. Gallardo, quien se explayó detalladamente sobre el tema (fs. 150 vta/156). Incluso, ante pregunta efectuada por la misma defensa sobre si el acusado pudo comprender la criminalidad del acto, la profesional respondió afirmativamente (fs. 154/vta.).
Con lo expuesto, bajo el riesgo de ser repetitiva, pretendo significar que la resolución impugnada tiene sustento en el conjunto de elementos probatorios obrantes en la causa, los que derriban las razones esgrimidas por el casacionista, pues no logra rebatir los argumentos dados por el juez para resolver del modo en que lo hizo. Por oposición a lo esgrimido en el recurso, la visión parcializada de la prueba proviene de la defensa y no de la resolución cuestionada.
En definitiva, considero que, conforme al criterio de la sana crítica racional, la sentencia impugnada es el resultado razonable de las pruebas en las que se apoya. Cabe señalar, como bien lo sostiene la doctrina, que “la sana crítica racional se caracteriza, entonces, por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando, al explicar cómo llegó a ellas, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica (…)” (Cafferatta Nores, José y Hairabedián, Maximiliano, La prueba en el proceso penal, 9na. edición, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2023, página 109). Dicho presupuesto se verifica claramente, pues el magistrado lleva adelante su razonamiento basado en la prueba incorporada en la causa y en la inmediatez que le brindó el juicio, dando así razones de las conclusiones arribadas, con el grado de certeza requerido.
Consecuentemente con lo explicado, es evidente que de modo alguno puede prosperar el planteo de nulidad por incumplimiento del art. 408, inc. 3° del CPP que establece lo siguiente: “La sentencia será nula: (…) 3. Si faltara o fuese contradictoria la motivación o no se observaron las reglas de la sana crítica con respecto a elementos probatorios de valor decisivo (…)”. En efecto, tal circunstancia no se corrobora en la sentencia recurrida, en virtud de lo indicado en los párrafos que anteceden.
Mención aparte amerita la apreciación del defensor respecto a que la denunciante no tuvo capacidad intimidatoria por no someterse a ningún tipo de asistencia. Esto, no tiene ningún asidero en lo que la causa se refiere, pues no es más que una mera referencia de lo que, bajo su punto de vista, debió hacer una persona que se sintió amedrentada.
Por último, en relación al cuestionamiento de la calificación legal –la cual no varió en el transcurso del proceso-, sólo resta aclarar en esta instancia que, además de las explicaciones brindadas, el recurso carece de argumentos suficientes a los fines de la revisión que se pretende.
En conclusión, estimo que corresponde declarar formalmente admisible el recurso pero no hacer lugar al mismo, con costas.
Así voto.
A la Segunda cuestión, el Dr. Martel dijo:
Comparto los fundamentos emitidos por la Sra. Ministra preopinante que deciden correctamente la presente cuestión y la solución arribada. En consecuencia, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la Segunda cuestión, la Dra. Saldaño, dijo:
La Dra. Rosales da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y lo hago en idéntico sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por José Francisco Rodríguez, con la asistencia técnica del Dr. Iván Franco Sotomayor, en contra de la sentencia nº 16/26 dictada por el Tribunal de Sentencias en lo Criminal de 2° Nominación, sala unipersonal a cargo del Dr. Martoccia.
2. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar la resolución impugnada.
3. Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
4. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia