Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 119885
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de casación deducidos por los Defensores Oficial y Particular en favor de Josue Joel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas.
II. Rechazar -por mayoría de votos- por improcedentes los recursos, con costas, contra las sentencias de la Sala III de este Tribunal (dictada en el legajo 64.979) y de cesura del juicio dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca (causa 1085-13, o.i. 2589).
III. Confirmar la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca en cuanto revocó la denegatoria de detención formulada en los términos del art. 371 CPP (IPP 22.501/I).
IV. Tener presente la reserva del caso federal.
V. Regular los honorarios profesionales de la Dra. María Laura Bentivegna (T° X F° 159 C.A.B.B) por sus trabajos en esta Sede en representación de Rojas, en 25 jus.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 C.N.;
8.2.h C.A.D.H., 14.5 P.I.D.C.P.; 40, 41, 42, 44, 45 y 80 inc. 7° CP; 1, 106, 144, 146, 148, 210, 371, 373, 421, 422, 439, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal; ley 14.967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Carlos Ángel Natiello, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en la causa N° 119885 caratulada “RODRIGUEZ JOSUE JOEL Y ROJAS ESTEBAN ALEJANDRO S/ RECURSO DE CASACIÓN” y sus acumuladas N° 121350 "RODRIGUEZ JOSUE JOEL S/ RECURSO DE CASACIÓN" y N° 121879 “ROJAS ESTEBAN ALEJANDRO S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - NATIELLO.
El 21 de abril del año 2014, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mediante integración de los Jueces Eduardo Alfredo d'Empaire, Daniela Fabiana Castaño y Guillermo Lopez Camelo (causa n° 1085/2013 o.i. 2589), dictó veredicto absolutorio en favor de Josue Joel Rodriguez y Esteban Alejandro Rojas, a quienes el Agente Fiscal le atribuyó los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud física de la víctima, por el concurso premeditado de más de dos personas en concurso real con homicidio “criminis causa” en tentativa. En la misma decisión condenó al restante coimputado Juan Pablo Rodríguez, por los mismos hechos, a quien le impuso la pena de treinta (30) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber provocado un grave daño a la salud física de la víctima, por el rol de guardador y por aprovechamiento de la convivencia, en concurso real con tentativa de homicidio “criminis causa” (cometidos el 30 de noviembre de 2012 en Bahía Blanca, en perjuicio de la menor P.R.R., arts. 42, 45, 55, 80 inc. 7°, 119 párrafo tercero y cuarto incs. “a”, “b” y “f” del CP). El veredicto absolutorio fue impugnado por el Ministerio Público Fiscal y el veredicto condenatorio por la Defensa Oficial. La Sala III de este Tribunal, mediante integración de los Jueces Ricardo Borinsky (primer voto) y Víctor Violini, resolvió el 10 de diciembre de 2015 (legajo casatorio n° 64.979), hacer lugar parcialmente al recurso fiscal y casar el veredicto absolutorio respecto de Josue Joel Rodríguez y de Esteban Alejandro Rojas, por el delito de homicidio “criminis causa” en tentativa, como coautores funcionales y mantuvo la absolución por el delito sexual, por el beneficio de la duda. Ordenó el reenvío a la instancia para la realización del juicio de cesura y el dictado de un nuevo pronunciamiento sobre el tramo casado.
La Defensa Oficial de los imputados Josué Rodríguez y Esteban Rojas interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado inadmisible por la Sala III (el 18 de agosto de 2016). La Defensa recurrió en queja a la Suprema Corte de Justicia provincial, la que fue rechazada así como la queja por recurso extraordinario federal denegado (el 13 de marzo de 2019). Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible la queja por ante ella interpuesta (el 18 de noviembre de 2021).
El 14 de julio de 2022 el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca, con nueva integración de los Jueces Julián Francisco Saldías (primer voto), María Mercedes Rico y Claudia Cecilia Fortunatti, luego de la audiencia de cesura del juicio, dictó nuevo pronunciamiento imponiendo a Josue Joel Rodríguez y a Esteban Alejandro Rojas la pena de doce (12) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, a cada uno, como coautores responsables del delito de homicidio agravado “criminis causa” en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 80 inc. 7° CP). En la misma decisión rechazó el pedido de detención formulado por el Fiscal en los términos de los arts. 371 y 151 CPP. Contra el pronunciamiento adoptado en la cesura del juicio interpusieron recurso de casación la Defensa de los imputados, a cargo del Defensor Oficial Dr. Germán José Kiefl en favor de Rodriguez y la Defensora Particular Dra. María Laura Bentivegna en representación de Rojas.
Contra la denegatoria de detención, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de apelación, que motivó la intervención de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental. El 10 de septiembre de 2022, la Sala 1ra., integrada por los Jueces Pablo Hernán Soumoulou, Gustavo Angel Barbieri y Alfredo Hernan Mones Ruiz (en el marco de la causa I.P.P. nro. 22.501/I) hizo lugar al recurso fiscal y revocó la decisión que denegó la medida de coerción, disponiendo, por mayoría, la detención de los nombrados Rodríguez y Rojas, con efecto suspensivo, es decir una vez que adquiera firmeza la decisión.
La decisión de la Cámara, revocatoria de la primera instancia, fue impugnada por recurso de casación por el Defensor Oficial Dr. Kiefl en representación de Rodríguez (legajo casatorio 121350) y por la Defensora Particular Dra. Bentivegna en favor de Rojas (legajo 121879).
La Sala se encuentra en condiciones de resolver en forma definitiva, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Son procedentes los recursos de casación presentados por el Defensor Oficial en representación de Josué Joel Rodríguez y por la Defensora Particular en favor de Esteban Alejandro Rojas?
Tercera: ¿Son procedentes los recursos de casación -deducidos por ambos defensores- contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca?
Cuarta: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Los recursos interpuestos contra la sentencia dictada luego del juicio de cesura fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente. Asimismo, en resguardo de la garantía de revisión amplia de la sentencia dictada por la Sala III de este Tribunal, conforme los lineamientos fijados por la CSJN en el caso “Duarte” (D.429.XLVIII del 5/7/14) y por la SCBA en “Carrascosa” (P.108.199, resol. del 24/6/15), se encuentran reunidos los recaudos legales para su impugnación (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
Por otra parte, los recursos de casación deducidos por ambos defensores contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca también resultan admisibles. Si bien la garantía constitucional del recurso fue desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos principalmente con relación a la sentencia condenatoria, con el tiempo, se ha extendido a otros autos procesales relevantes (Informe Nro. 17/94 Caso 11.086 –Argentina- e Informe Nro. 55/97, Caso 11.137 –Argentina-).
En la función de control de dichos actos procesales importantes, históricamente, se utilizó el recurso de apelación, el que satisface con suficiencia las exigencias normativas y los requerimientos previstos Sin perjuicio de ello, también se permitió la utilización del recurso de casación en circunstancias que, por razones vinculadas a las etapas del proceso, el recurso de apelación no podía cumplir dicho objetivo. Así, por ejemplo, en Ruiz (fallos 320:2326), Álvarez (fallos 319:585), Nápoli (fallos 321:3630), Domínguez (fallos 322:3225) y Garzía (fallos 324:4076).
El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires – t.o. seg. Ley 13.812- establece en el último párrafo del artículo 450 que: “…podrá deducirse [recurso de casación] respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución”, por lo que el recurso de casación permite garantizar el ejercicio del derecho al recurso en materia que implique la revisión de resoluciones sobre coerción formal o material.
Por ello, el tribunal debe ingresar al conocimiento del planteo en casos como el de autos, pues las normas convencionales y procesales imponen examinar el fondo de la cuestión a fin de resguardar el derecho del condenado a acudir a un órgano superior, imparcial e independiente (arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP). Habida cuenta que no se encuentra satisfecha la garantía en cuestión, no corresponde evaluar la existencia de alguna cuestión federal o gravedad institucional, por lo que resultan admisibles los recursos de casación presentados por los Defensores de los imputados.
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión el señor Juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del Dr. Maidana por sus mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión el señor Juez doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto del Dr. Maidana por sus mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión el señor Juez doctor Maidana dijo:
El Defensor Oficial Dr. Germán Kiefl, en representación de Rodríguez, plantea tres motivos de agravio: 1) la violación a la garantía de revisión de la sentencia de condena por un “tribunal superior”, conforme lo establecido por los arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP; 2) la falta de inmediación de los jueces de la Sala III con los testimonios de cargo y arbitrariedad en la fundamentación de la coautoría responsable; 3) en subsidio, la inobservancia de los arts. 40 y 41 del CP en la determinación de la sanción penal.
Como primer motivo de agravio critica la denominada “revisión horizontal”, que tiene por fuente a la doctrina jurisprudencial de la SCBA en la sentencia “Carrascosa” (P.108.199, resol. del 24/6/15) y la CSJN en el caso “Duarte” (D.429.XLVIII del 5/7/14). Alega su incompatibilidad con el derecho a la revisión del fallo adverso por un tribunal superior de acuerdo al mecanismo compatible con la CADH art. 8.2.h y el PIDCP art. 14.5.
En cuanto a la fundamentación de la imputación, en primer lugar, reclama por la violación al principio de inmediación, pues el tribunal revisor revocó el veredicto absolutorio y tuvo por acreditada la coautoría de su defendido en base a una reinterpretación de los testimonios reseñados en el veredicto absolutorio, pero sin haber oído de manera directa las declaraciones, en infracción al art. 8.1 de la CADH. Con relación a la prueba de cargo, cuestiona el valor probatorio asignado a los testimonios de Romina Marcela Gómez, madre de la víctima, de su abuela Marta Beatriz Saucedo y del conductor del camión Sergio Fabio Demattía. Descalifica el relato de Gómez por mendaz y el de su madre, porque sólo reprodujo en el juicio el relato de su hija. En cuanto a Demattía señala que no aportó información relevante. Frente a ello, objeta que, la Sala III, no obstante, reconoció que “durante el debate, Romina Marcela Gómez fue confusa y contradictoria (…) se mostró por demás reticente a contestar preguntas al Fiscal acusándolo de confundirla y mezclarle las cosas…” , más no explicó en qué habrían consistido las supuestas confusiones y contradicciones. Con relación al testimonio de Marcela Beatriz Saucedo, señala que luego de efectuar apreciaciones subjetivas sobre una testigo a la cual no conoció, subrayó –literalmente- que “en lo que aquí interesa destacar, recordó que su hija le contó que había sucedido el día de los hechos, narrando la misma historia que luego Gómez afirmó que es mentira”. Refiere, que coincide con el veredicto absolutorio del Tribunal de primera instancia, en tanto la duda en torno a la intervención de Josue se apoyó en la ausencia de rastros de ADN compatibles; su descargo, el relato de testigos presenciales y la falta de verosimilitud de la versión de Romina Gómez.
Por último, de manera subsidiaria, cuestiona el monto de la pena. En particular, el rechazo de dos pautas atenuantes (formuladas en los alegatos finales): el buen concepto de su defendido y la prolongada duración del proceso penal. Con relación al primero, señala que del informe socio ambiental se desprende que mantuvo su trabajo en relación de dependencia, circunstancia que requiere un buen concepto de su empleador y demuestra que ha logrado reinsertarse exitosamente. Sobre la excesiva duración del proceso destaca que Josue Joel Rodríguez estuvo privado de la libertad por un año y cuatro meses, luego fue absuelto por el Tribunal del juicio y desde ese momento permaneció en libertad por más de ocho años, siempre a derecho. Alega que el tribunal respondió parcialmente a su planteo pues sólo indicó que el lapso en prisión preventiva sería computado, pero desatendió las otras circunstancias que involucran el prolongado estado de incertidumbre que conculca el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Solicita se haga lugar al recurso, se anule la sentencia de la Sala III y se dicte nueva decisión respetando las garantías del debido proceso, defensa en juicio y los recaudos del principio de inmediación en la producción de la prueba. En subsidio, se acoja el reclamo sobre las pautas atenuantes de la pena y se reduzca el monto punitivo al mínimo de la escala.
El Defensor Oficial Adjunto de Casación Dr. Ignacio Juan Domingo Nolfi mantiene expresamente el recurso presentado. Añade argumentos críticos en torno a la falta de inmediación y a la arbitrariedad en la fundamentación de la coautoría responsable (presentación electrónica del 5/12/22).
La Defensora particular Dra Bentivegna, por su parte, en representación de Esteban Alejandro Rojas, plantea dos motivos de agravio: a) la insubsistencia de la acción penal por el transcurso del tiempo y b) la inobservancia de los arts. 40 y 41 CP en la determinación del monto punitivo (la intervención de Rojas en la tentativa de homicidio calificado afirmada por la Sala III llega firme a esta Sede debido a que no fue discutida por su Defensa).
Sobre lo primero de los motivos de agravio, señala que se ha violado la garantía de ser juzgado en plazo razonable de Rojas, pues si bien permaneció un año y cuatro meses en prisión preventiva, la incertidumbre y los avatares que debió soportar durante la tramitación del proceso, lo tornan excesivo e innecesariamente largo. Refiere que contaba con 18 años de edad al momento del hecho y que el desarrollo de su vida adulta estuvo signado por el peso de esta causa. Durante este lapso se abocó al trabajo y a su familia y siempre estuvo a derecho. Las vicisitudes en la tramitación de la causa (veredicto absolutorio, revocación en Casación, nueva audiencia para la cesura del juicio) no son imputables a Rojas y si bien no permaneció detenido durante ese período, la incertidumbre y las restricciones que importan para un ciudadano el tener una causa pendiente, evidencian una violación al plazo razonable.
Reclama que la ausencia de antecedentes no tuviera una mayor incidencia, que no se haya valorado el buen concepto pues declaró una testigo sobre la dedicación de Rojas al trabajo, a la vida familiar y a alejarse del conflicto, lo que refleja su reinserción social. A ello agrega el rechazo de las agravantes pedidas por el fiscal, principalmente la extensión del daño causado a la víctima, lo que debió tener una mayor influencia en el monto punitivo.
Solicita se haga lugar al recurso y se declare la insubsistencia de la acción penal. En subsidio se reduzca al mínimo la pena impuesta.
V. Los recursos no son procedentes.
En primer lugar, no encuentro que se haya violado la garantía de revisión de la sentencia condenatoria por la circunstancia de que sea efectuada por otra Sala de este mismo Tribunal. Si bien el derecho al recurso previsto en el art. 8.2.h C.A.D.H. establece que lo sea por un “tribunal superior”, lo cierto es que, en el caso de un primer veredicto condenatorio dictado en segunda instancia, el tribunal superior es la Suprema Corte provincial. Dicho tribunal en su ámbito de competencia carece de un “recurso ordinario, accesible y eficaz” “que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas”, conforme los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mohamed vs.
Argentina” (párrafo 100). En sintonía, la SCBA ha sostenido que “los recursos locales previstos ante esta Suprema Corte, según el diseño constitucional de la Provincia (art. 161 y su desarrollo en el CPP), son extraordinarios y, en consecuencia, no han sido organizados para proveer una fiscalización amplia, sencilla e integral de la condena” y por ello, siguiendo los lineamientos fijados por la CSJN en la causa 429.XLVIII “Duarte, Felicia s/ recurso de casación” (sentencia del 5-VII-2014), consideró que “pese a ser ella el ‘tribunal superior’ en la línea de impugnación, no estaba habilitada para ejercer la revisión de esa primera sentencia de condena con el estándar fijado en ‘Casal’ en razón de las antedichas limitaciones en su quehacer revisor” (causa P. 128.086 “Vizcarra, Sergio Daniel.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 70.908 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, sentencia del 8-VIII-2018). El recurso de casación, en cambio, permite una fiscalización amplia e integral de modo de satisfacer la garantía de la doble instancia. Por tanto, frente a la particularidad de este caso, la exigencia del “tribunal superior” debe ceder ante la necesidad de asegurar la posibilidad de una revisión amplia del veredicto condenatorio. Por otra parte, la imparcialidad del tribunal revisor se garantiza mediante su integración con jueces hábiles, distintos de los que dictaron la condena que aquí se impugna y por tanto que no intervinieron en períodos anteriores del proceso.
La interpretación de la SCBA en el caso “Carrascosa” (causa P. 108.199, sentencia del 24-VI-2015) al disponer que la revisión del fallo condenatorio lo sea por otra sala del mismo tribunal que dictó la sentencia de condena a revisar, no viola el derecho al recurso del art. 8.2.h C.A.D.H. Antes bien, importa una interpretación armónica y coherente de la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en los casos “Mohamed vs. Argentina”, “Mendoza y otros vs. Argentina”, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, “Barreto Leiva vs. Venezuela”) acerca del alcance del derecho a la revisión integral de la sentencia. La exigencia de superioridad del tribunal revisor busca garantizar su independencia e imparcialidad, recaudos que no se ven afectados por la intervención de este Tribunal en el tratamiento del recurso contra el veredicto condenatorio.
Pues tales recaudos se abastecen con la selección de nuevos jueces hábiles, sin que se advierta a priori ningún perjuicio ni riesgo de afectación de alguna garantía para la parte. Por tanto, en la colisión entre “revisión amplia del fallo” versus “superioridad del tribunal revisor”, esta última exigencia debe ceder en pos de asegurar el derecho al doble conforme, además de la salvaguarda del alcance excepcional de la competencia constitucional de la Corte.
Por otra parte, se advierte que la condena de Josue Joel Rodríguez como coautor del delito de homicidio calificado en grado de tentativa de la niña P.R.R. (art. 42 y 80 inc. 7, CP) dictada por la Sala III al hacer lugar al recurso de casación oportunamente interpuesto por la Fiscalía, no se basó, en lo esencial y dirimente, en la valoración de fuentes personales de prueba, sino que, sobre idéntica plataforma fáctica que la tenida por probada por el Tribunal en lo Criminal, tuvo por acreditada la aludida intervención del nombrado con eje central, en la declaración testimonial incorporada por su lectura y prestada con control de la defensa de los imputados, de la madre de la víctima, Romina Gómez, que lo colocaba en el lugar y al momento de los hechos, sumado a indiscutida prueba pericial indicativa de que la niña por las lesiones producidas por el abuso sexual no estaba en condiciones de caminar o trasladarse por sus propios medios, lo que no solo desmerece el cuestionamiento del impugnante centrado en la vulneración del principio de inmediación propio de los jueces del debate -a un lado las apreciaciones subjetivas sobre los testigos realizada por la Sala III, cuya prescindencia no altera la corrección de lo resuelto-, sino que dejó de manifiesto la arbitrariedad de la absolución que dispusieran en la instancia respecto del delito tentado contra la vida, como la viabilidad, en el caso, de la casación positiva ejercida. En efecto, el Tribunal Criminal n° 3 de Bahía Blanca, en la sentencia del 21 de abril de 2014, tuvo por acreditados los siguientes hechos, cuya materialidad no viene aquí discutida, que se presentan en dos tramos:
(1) "El día 30 de noviembre de 2012, sin precisión de horario pero entre las 12:30 y las 14:30 hs., en el inmueble de calle Rastreador Fournier 2243 de Bahía Blanca, la niña P.R.R., de un año y cuatro meses de edad, fue abusada sexualmente y accedida carnalmente vía vaginal, a consecuencia de lo cual se le provoca un desgarro con escotadura en hora 5 que produce apertura con exposición de vagina, destrucción de periné con compromiso del piso muscular pelviano que impresiona comunicar con recto. Hay continuidad de lesión con el ano, hematoma bilateral en región inguinal, abundante pérdida hemática por genitales externos, se visualiza esfínter anal y mucosa rectal desgarrada y desgarro en himen y vagina. La lesión de periné es grave con compromiso de introito vaginal, vagina, labios menores, cara lateral de vejiga y cuello vesical, desgarro de pared posterior de vagina, desgarro de pared lateral derecha, se identifica fractura sínfisis pubiana con diástasis, lesión profunda de periné hacia cara lateral de vejiga, lesiones éstas que permitieron el paso de materia fecal a vagina, lesiones todas de tal entidad que pusieron en riesgo su vida por shock neurogénico o shock vascular por hemorragia masiva, según se desprende del informe de fs. 19/21 y lo declarado en el curso del debate por los facultativos que la asistieron".
(2) "En las mismas circunstancias de tiempo, luego del hecho antes descrito, se intentó dar muerte a la menor P.R.R., con el claro propósito de ocultar el delito contra la integridad sexual y procurar, de este modo, la impunidad, colocando a la niña junto a las bandas de rodamiento de las ruedas traseras de un camión marca Dodge modelo C 400 dominio colocado VCY 848, color blanco y celeste de la empresa de distribución de agua y soda Cimes, que se hallaba estacionado frente al domicilio antes indicado, lo que fue milagrosamente evitado por la oportuna intervención de una mujer no identificada haciendo señas al chofer cuando ya iniciaba el avance, sumándose luego a ello varios vecinos del lugar que alertaron y detuvieron la marcha del vehículo" (p. 3/4). Como resultado del primer juicio, el Tribunal de la instancia condenó a Juan Pablo Rodríguez, padrastro de P.R.R., como autor de ambas conductas en base a la prueba indiciaria derivada de su presencia en el lugar de los hechos y el resultado de la pericia de análisis comparativo de ADN sobre muestras tomadas de la remera de la niña (PSA antígeno prostático específico) que coincidió con el perfil genético del imputado. En cambio, absolvió a Josue Joel Rodriguez -su hermano- y a Esteban Alejandro Rojas -su amigo- por los mismos hechos en base a lo que evaluó como un déficit probatorio: a) la ausencia de rastros de ADN en la víctima o en sus ropas que puedan vincularse a estos dos últimos, b) la falta total de fuerza convictiva en el relato de Romina Marcela Gómez, madre de la víctima, quien si bien no fue presencial de los hechos, se ubicó en un lugar cercano físicamente al lugar de comisión, c) por derivación, la falta de peso probatorio del testimonio indirecto de Marta Beatriz Saucedo, madre de Gómez y abuela de la niña, quien "de oídas" reprodujo el relato de su hija, d) la falta de certeza sobre la presencia de Josué Rodriguez en el lugar al momento del segundo tramo.
La Sala III con fecha 10 de diciembre de 2015, hizo lugar, de manera parcial, al recurso de casación interpuesto por la Fiscalía, revocó la absolución de Josué Joel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas en el segundo tramo de conducta imputado, a saber, la tentativa de homicidio agravado por la causa (arts. 42, 45 y 80 inc. 7° del CP), a la vez que mantuvo el beneficio de la duda sobre su intervención en el abuso sexual. Como consecuencia, dispuso el reenvío para el juicio de cesura. El mismo tribunal, con nueva integración, fijó la pena de ambos imputados en doce años y seis meses de prisión.
Así, en la condena de Josue Joel Rodríguez se mantuvo la plataforma fáctica, a la vez que se afirmó su intervención como coautor.
Como se adelantara, sostengo que, en el singular, la naturaleza de la impugnación y la materia de revisión sobre la que ingresó la Sala III, permitía asumir competencia positiva.
La extensión del recurso que, por vía de una interpretación compatible con las exigencias de los Pactos sobre Derechos Humanos, se acordó al recurso de casación (por todos, cfr. CSJN in re “Casal”) no opera cuando es el acusador público el que impugna un pronunciamiento final. Ello así en la medida en que el recurso es para el imputado una garantía de raigambre constitucional, mientras que el recurso fiscal solo es una prerrogativa legal (cfr. CSJN, Fallos: 320:2145). Entonces, en casos en los que el acusador ejerza dicha potestad –salvo cuando recurra en favor del imputado-, no corresponde apartarse de los motivos enunciados por el art. 448, inc. 1º, del CPP, justamente porque es la ley la que lo ordena (“El recurso de casación podrá ser interpuesto por los siguientes motivos...”; art. cit.); de tal manera, cabe afirmar que en este tipo de supuestos, la evaluación en el ámbito de esta Sede del razonamiento desplegado por los sentenciantes sobre la valoración que hicieran de la prueba, queda circunscripta a la determinación de absurdo o arbitrariedad (cfr. TCP, Sala VI, causa nº 59.446 “Martínez, Mario Daniel s/ Recurso de Casación interpuesto por Agente Fiscal” sentencia del 23 de febrero de 2015).
Justamente dicha arbitrariedad aludida en el párrafo precedente, precisamente, es la que constataron los jueces de la Sala III de Casación, concretamente al descartar prueba indiciaria que conducía a fundamentar la participación de Josue en el suceso en cuestión, a saber: a) la niña P.R.R., de un año y cuatro meses de edad, fue accedida carnalmente por al menos un hombre, Juan Pablo Rodríguez, que le provocó un daño físico de tal gravedad que la imposibilitó para desplazarse por sus propios medios, b) inmediatamente después del abuso fue encontrada junto a las ruedas traseras de un camión de reparto de agua, estacionado frente a la vivienda donde residía junto a su madre y el concubino de ésta Juan Pablo Rodríguez, precisamente cuando éste se disponía a retirarse del lugar; c) la presencia de los coimputados Josué Rodríguez y Esteban Rojas (su amigo) junto a Juan Pablo Rodríguez, hermano del primero, en el lugar.
En efecto, a partir de los daños físicos que presentaba la niña víctima descriptos en la materialidad ilícita y no discutidos en esta instancia, que claramente le impedían movilizarse, la Sala III fundó dos inferencias probatorias: 1) la niña fue trasladada por al menos una persona adulta, luego de ser abusada, desde la casa donde se encontraba, para ser colocada detrás de las ruedas del camión; 2) presentaba lesiones internas no constatables a simple vista, que de haber prosperado el plan y haber sido arrollada por el camión, se habría desviado la atención de un posible ataque sexual, debido a que el aplastamiento hubiera impedido detectar las heridas internas producto del acceso carnal. Estas dos inferencias fundan correctamente el segundo tramo del curso lesivo, es decir, el intento de homicidio para ocultar otro delito.
A su vez, la fuente principal, esencial, de ese juicio, fue la declaración de la madre de la niña agredida, Romina Gómez, que fue prestada con antelación al debate y con control de la defensa de los imputados, y disponible para fundar un veredicto condenatorio al haber sido incorporada por su lectura al juicio, que desplazó a la que ensayó en el juicio oral, que motivó el pedido de falso testimonio del Fiscal, donde intentó beneficiar a su pareja y al resto de los imputados. En efecto, al declarar en sede judicial, con la presencia de los defensores, brindó información clara y verosímil sobre la presencia de los coimputados junto a su marido. En ese sentido, indicó que el día de los hechos Juan Pablo Rodríguez estuvo reunido con el hermano Josué Joel y su amigo Esteban Alejandro Rojas, por un lapso de media hora aproximadamente al cuidado de P.R.R. en el patio de la casa, mientras ella se ocupaba en los quehaceres domésticos. Que en un momento su marido ingresó a la vivienda y desde el baño le pidió papel higiénico, Gómez le preguntó por la niña, éste respondió de manera evasiva e insistió con el papel higiénico. Luego llegó Rojas, preguntó por su marido y ella respondió que estaba en el baño. Rojas salió y casi de inmediato oyó a Joel que gritaba “pará pará”. Al salir vio a su hija debajo del camión. Agregó que antes de esta secuencia había cambiado a su hija y no tenía sangre, estaba normal. Al día siguiente su mamá Beatriz Saucedo le confirmó que su hija había sido violada y que Gómez debía ir a declarar. En ese momento apareció su marido, quien no quería que la lleven a declarar.
La Sala III, con acierto, a partir de la información recabada, concluyó que “Joel Rodríguez fue el primero en llegar al lugar -se escucharon sus gritos- y luego Rojas...”.
A partir de este cuadro probatorio, construyó las inferencias sobre la división funcional: la acción de trasladar a la niña herida desde la casa al camión necesitó la división de tareas, ya que mientras uno la colocaba junto a las ruedas traseras para su aplastamiento, los otros tuvieron que ocuparse de distraer a la madre. De ese modo, concluyó que “resulta evidente que el trío y la niña estaban en el patio o en la habitación de Joel Rodríguez -ubicada en el mismo terreno que la de su hermano, compartiendo el patio- y luego de perpetrada la agresión, intentaron borrar todo tipo de rastros simulando un accidente, que fue evitado por una ocasional transeúnte que alertó al conductor del camión”. La sentencia revocatoria explicó fundadamente qué circunstancias de su relato fueron verosímiles en base a una evaluación integral del contexto de comisión del delito, su cercanía con los imputados y la víctima, así como con las coordenadas de tiempo y lugar de los hechos y la información reunida de manera directa e indirecta por diversas fuentes: los testigos cercanos a las acciones lesivas, concretamente Gómez, madre de la víctima, en su declaración incorporada por su lectura -la abuela de la víctima reprodujo la misma versión en el debate- y las pericias médicas realizadas a la niña, que afirmaron que las graves lesiones eran por agresión sexual y no por el aplastamiento de un vehículo y reflejaban que luego de sufrirlas no estaba en condiciones de trasladarse por sus propios medios.
De la prueba valorada se advierte el conocimiento por Rodríguez y los restantes, en el caso de su hermano Josué, respecto a las circunstancias fácticas relevantes, de crear un peligro con una elevada probabilidad de producción del resultado muerte, lo que permite interpretar la realización del tipo subjetivo de la figura pretendida. La niña además no podía moverse (por las lesiones, su corta edad, su nula capacidad de comprensión y por ende de reacción sobre lo que estaba sucediendo) y fue colocada en un lugar donde si el camión se movía sería atropellada sin casi margen de error. De allí deriva claramente la conducta de los autores dirigidas a obtener el resultado muerte, es decir, como decisión -según parámetros normativos y no como un desnudo dato psíquico- a favor de una altamente probable lesión del bien jurídico (conf. mutatis mutandis c. 85689 “Alvarez” del 16/08/18).
De los extremos tácticos reconocidos y reconocibles en el caso concreto, se desprende de manera razonable y lógica, la prueba del propósito de causar la muerte como resultado de la acción de colocarla detrás de las ruedas del camión.
El medio probatorio indiciario exige el mayor rigor crítico, pues la verificación del “hecho desconocido” opera por conexión lógica y directa de la existencia de otro “hecho indicador”, el cual debe con seguridad estar probado; ya no se trata de un cálculo de probabilidades, sino que el juez infiera de modo completo, concluyente y convincente una relación de certeza basada en la logicidad (cfr. TCP, Sala I, c. 82435, "Acuña", rta. 1/3/2018, c. 112937 "Cusano" rta. 8/11/2021, c 113447 "Achával" rta. 7/12/2021).
Desde esta perspectiva, se refleja el acierto del razonamiento desarrollado por los sentenciantes, el que parte de una serie de datos objetivos de los cuales diera cuenta en el veredicto, habiendo logrado demostrar la participación de los imputados en el evento, sin que se perciban desvíos lógicos ni arbitrariedad, pues el iter lógico, en definitiva, exhibe cuáles fueron los motivos para asignar a la prueba indiciaria un valor certero y acabado, es decir un supuesto de hecho con sustento suficiente y adecuado para tener verificada la responsabilidad de los acusados del modo señalado.
La conclusión de la Sala se apoyó rigurosamente en la lógica y su razonamiento es inobjetable, en cuanto afirma probado los extremos del delito previsto en el art. 80 inc. 7° CP resulta ajustada a derecho.
Con lo señalado, debe mantenerse la revocación del veredicto absolutorio y la condena dispuesta en orden al delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por los colegas de la Sala III de éste Tribunal de Casación, visto que no solo que la decisión no resulta arbitraria, sino que los fundamentos centrales, dirimentes, no fueron desvirtuados de modo efectivo por la Defensa de Josué Rodríguez, lo que conduce a la confirmación de lo resuelto en dicho aspecto.
Las críticas a la sanción impuesta tampoco habrán de prosperar. El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018; “Manzo” 5/5/20).
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
En tal sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “...Si lo que la defensa pretendía era que además de ello, la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna...” (SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no permiten arribar a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Encuentro razonable y ajustada a las exigencias legales el rechazo del buen concepto respecto a Rodríguez y la duración del proceso respecto a ambos como pautas atenuantes.
El buen concepto derivado, como alega el Dr. Kiefl, de la circunstancia de que mantuvo su trabajo en relación de dependencia resulta una hipótesis conjetural que, en mi opinión, no puede tener incidencia en el monto de la pena. Ello no sólo por consistir en un dato desvinculado del hecho aquí juzgado, sino además por proceder de una inferencia indirecta y difusa sobre las características del imputado. En cambio, la crítica de la Dra. Bentivegna no tiene correlato con lo efectivamente resuelto, pues el tribunal consideró el buen concepto como atenuante. En lo que interesa, sostuvo que “Eliana Nuñez (...) dijo que vive en la localidad de Fernández Oro -Provincia de Rio Negro-, y conoce al encausado desde hace 8 o 9 años; que lo conceptualiza como una persona trabajadora, responsable, que tiene una familia constituida por su pareja y dos hijos” (p. 19/20).
Por otra parte, la duración del proceso, en el caso, no es un parámetro viable para cancelarlo por insubsistencia de la acción penal -como reclama la Defensora-, ni para incidir en la pena -como propone el Defensor Oficial-, pues resulta fácilmente observable que la tramitación no presenta ninguno de los indicadores fijados en la jurisprudencia nacional ni supranacional como para considerar las interpretaciones propuestas. Teniendo en consideración que en el transcurso de poco más de diez años desde la comisión del delito y el inicio de la causa (30 de noviembre de 2012), fueron celebradas dos audiencias de debate (una de producción de la prueba que derivó en el veredicto absolutorio y otra de cesura del juicio luego de la revocación de este último), una revisión en casación de por medio y el lapso de un año y cuatro meses de prisión preventiva (desde el día del hecho hasta la primera sentencia absolutoria), todo eso sin haber agotado el plazo de prescripción de la acción penal -sin considerar las causales de interrupción del art. 67 CP- justifican el rechazo de ambos planteos.
Por otra parte, por enfrentarnos a un suceso enmarcado en la violencia de género contra una niña de un año y cuatro meses, debe evaluarse el contexto de doble vulnerabilidad para interpretar los hechos y juzgar la gravedad de los injustos, que motiva un abordaje diferenciado e incorpora perspectivas específicas de género e interseccionalidad por la menor edad y mayor indefensión. Ello tal como lo dispone la Constitución Nacional y la normativa de derechos humanos incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno (CEDAW; Belem Do Pará y Convención sobre los Derechos del Niño).
Por todo ello, partiendo de la gravedad de los hechos y su calificación legal -no discutida-, la calidad de coautores funcionales (art. 45, CP), la atenuante contemplada (falta de antecedentes penales) y las agravantes valoradas (el aprovechamiento de la mayor indefensión y vulnerabilidad de la niña, la familiaridad y relación de confianza que facilitó la ejecución de las acciones y el camión de gran porte empleado como medio para perpetrar el homicidio), el monto de doce (12) años y seis (6) meses de prisión fijado, se encuentra dentro del marco penal correspondiente (de diez a quince años de prisión, conf. arts. 42, 44, 45 y 80 inc. 7°del CP) en el punto medio de la escala, ajustándose así, a la necesidad, idoneidad y exigibilidad como criterios propios del principio de proporcionalidad y constituyendo la medida de la culpabilidad de los actos atribuidos (arts. 40 y 41, CP). En lo demás, no advierto una violación al principio de proporcionalidad ni tampoco la imposición de un monto excesivo, considerando las pautas agravantes valoradas. No compruebo motivos fundados, ni han sido alegados, para imponer el mínimo de la escala, como pretende la Defensa.
Por todo ello, propongo al Acuerdo rechazar los recursos de casación interpuestos en favor de Josue Joel Rodríguez por la Defensa oficial y de Esteban Alejandro Rojas por la Defensa particular, con costas (arts. 40, 41, 42, 44, 45 y 80 inc. 7° del CP; 20 inc. 1, 106, 209, 210, 373, 448, 454 inc. 1°, 530, 531, cits. y ccs., CPP). Asimismo corresponde regular los honorarios profesionales de la Dra. María Laura Bentivegna (T° X F° 159 C.A.B.B) por sus trabajos en esta Sede en representación de Rojas, en 25 jus (ley 14.967).
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
Abro respetuosa disidencia respecto del sufragio del distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Ricardo Maidana.
1. En lo esencial, la defensa de Joel Rodríguez solicita la revisión de la primera sentencia adversa del acusado, dictada en el marco del recurso de casación interpuesto por la fiscalía y que quedó integrada con la imposición de la pena resuelta –en el reenvío- por el Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Bahía Blanca.
El recurrente cuestiona la competencia positiva asumida por los jueces de la Sala III, en especial luego de la realización de un juicio oral válido donde se discutió la fiabilidad y suficiencia de la evidencia de cargo para dar por probada la hipótesis acusatoria, relativa a la participación de Joel Rodríguez en los delitos.
Sin perjuicio de lo anterior, alega que al casar el veredicto absolutorio los jueces de la Sala III se basaron en una supuesta arbitrariedad del tribunal del juicio, pero sin dar mayores explicaciones, limitándose a desplazar la decisión que absolvió a Joel Rodríguez por una propia, pues valoraron la prueba como lo hizo la fiscalía, pero prescindieron de los déficits que señaló el veredicto absolutorio sobre la prueba de cargo y su capacidad de rendimiento para justificar una condena.
2. El trámite que siguió la presente causa y los términos en que están formulados los agravios de la defensa obligan a realizar una serie de aclaraciones para asegurar su correcto abordaje.
3. En primer término, considero que la naturaleza del recurso y la materia de revisión sobre la que ingresó la Sala III no permitían asumir competencia positiva.
En efecto, la discusión y, por ende, los aspectos controvertidos del veredicto revisado por los jueces de la Sala III involucraron fuentes personales de prueba y fue esa misma base probatoria la que se valoró para dictar el veredicto condenatorio en esta instancia, sin la inmediatez, publicidad y contradicción propias del juicio oral, principios que aparecen vulnerados.
Observo que es la naturaleza de la prueba a fiscalizar la que permite evaluar, en cada caso, la posibilidad de dictar un pronunciamiento condenatorio en esta instancia, aun cuando se trate de la primera sentencia adversa a los intereses del imputado.
Así, la posibilidad de realizar una casación positiva o negativa varía según el contexto probatorio presente en cada caso concreto y, en ese sentido, la posibilidad de arribar a un pronunciamiento condenatorio en esta instancia dependerá de la capacidad de reconstrucción e integración objetiva del cuadro probatorio disponible, cuando la naturaleza de los elementos lo permita.
Al contrario de lo que acontece con la prueba informativa o documental, donde los jueces revisores se encuentran objetivamente en paridad de condiciones con los de la instancia anterior en cuanto a la posibilidad de evaluar el aporte informativo de la fuente; el juicio sobre la fiabilidad del testigo como fuente de información involucra aspectos que requieren el tamiz de la inmediatez, publicidad y contradicción del juicio oral.
En definitiva, solo procedería la asunción de competencia positiva a partir del examen de pruebas disponibles y ajenas a la fuente personal (TEDH, Stcias. del 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero contra España; sentencia en el caso Serrano Contreras contra España, entre otras, resuelta el 20 de marzo de 2012).
3.1. Establecido lo anterior, constato que el agravio principal de la fiscalía, según lo resumen los propios jueces de la Sala III, fue que “el tribunal [del juicio] no valoró adecuadamente “tres declaraciones fundamentales” (pág. 7, registro informático de la sentencia de esa Sala) y fue esa misma prueba la que analizaron para condenar en esta instancia. En efecto, los jueces de casación establecieron que la participación de Joel Rodríguez y de Rojas en la tentativa de homicidio, “como lo señala el fiscal”, “se sustenta en las testificales de Romina Marcela Gómez, Mar[cela] Beatriz Saucedo y Sergio Fabio Demattia” (pág. 15, sentencia Sala III).
4. En segundo lugar, corresponde tener presente dos cuestiones: que en esta causa se encomendó la revisión del pronunciamiento dictado por otra Sala de este Tribunal en el marco de una revisión requerida por el acusador estatal, y que al recurso de la fiscalía no se le concede el alcance que determina la teoría de la máxima capacidad de rendimiento (que permite una fiscalización amplia e integral del veredicto), sino que debe demostrar la arbitrariedad de la decisión y ello determina el límite que se imponía en la revisión por parte de los jueces de la Sala III.
4.1. No obstante, el caso presenta una problemática particular, pues los jueces de la Sala III no realizaron un juicio diferenciado para demostrar que el veredicto absolutorio fue arbitrario (requisito de procedencia que se imponía frente a la limitación propia del recurso de la acusación), sino que ingresaron directamente en la valoración de la prueba que invocó la fiscalía en favor de su hipótesis (las “tres declaraciones fundamentales”) y dieron por probada la participación del acusado Joel Rodríguez en el delito.
Luego, la cuestión a resolver exige revisar dos aspectos estrechamente relacionados, debido a sus consecuencias: (i) si la primera sentencia adversa del acusado (la de la Sala III) tuvo como prelación lógica y condición de posibilidad la supuesta arbitrariedad del veredicto absolutorio; (ii) A partir de ello se impone ahora la revisión de ambas cuestiones, la del juicio de admisibilidad del recurso fiscal y la de la valoración de la prueba de la condena en casación, pues la Sala III las asoció indisolublemente. En otras palabras, corresponde analizar si los jueces de la Sala III constataron adecuadamente la arbitrariedad en el razonamiento probatorio del tribunal del juicio (único supuesto que permitía la apertura del recurso fiscal) y, a la vez, garantizar el derecho del imputado a la revisión integral de la primera sentencia de condena.
5. En tercer lugar, también veremos que los jueces de la Sala III no solo se limitaron a examinar las testificales que invocó la fiscalía en el recurso (sin controvertir el razonamiento probatorio del veredicto absolutorio), sino que al justificar la condena de Joel Rodríguez -y del coimputado Rojas- introdujeron en forma irregular una declaración previa de Romina Gómez, en contra de lo establecido en el art. 366 del CPP.
En ese sentido, observo que “seleccionar” la evidencia que demostraría la participación de los acusados, ignorando el razonamiento probatorio que sobre esa misma prueba contiene el veredicto, ingresa en el terreno de la arbitrariedad desde que implica una re-evaluación de la prueba por parte de jueces que no presenciaron el debate. Para habilitar la anulación del veredicto absolutorio con base en la corroboración de la arbitrariedad es necesario -como punto de partida- demostrar un defecto realmente grave de fundamentación o en el razonamiento inferencial que contiene el fallo, de acuerdo con la evidencia disponible, tarea que no fue asumida por los jueces de la casación.
6. Ahora bien, los magistrados de la Sala III resumieron cuál fue la versión de los hechos que sostuvo la fiscalía y los agravios que ese ministerio invocó en el recurso, que aquí cabe repasar, pues son los que permiten examinar si la acusación demostró oportunamente los graves defectos del razonamiento que exigía la arbitrariedad o el absurdo en la valoración de la prueba, como condición necesaria para casar en casación el veredicto absolutorio.
Observo que la fiscalía llevó a juicio a tres acusados: Juan Pablo Rodríguez (padrastro de la niña), que fue condenado como autor de ambos delitos (abuso sexual y tentativa de homicidio), y a los imputados Joel Rodríguez y Esteban Rojas, que fueron absueltos por el tribunal, luego de la sustanciación del debate.
En la misma sentencia de la Sala III que ahora se revisa, los jueces de casación confirmaron la condena de Juan Pablo Rodríguez (en el marco del recurso que interpuso su defensa), casaron el veredicto absolutorio de Joel Rodríguez y de Rojas, y los condenaron como coautores -junto al padrastro- del delito contra la vida de la niña P.
7. En lo que importa destacar, según la hipótesis de la fiscalía, que resume la sentencia de la Sala III (pág. 8), los tres acusados estuvieron con la niña en el patio de su casa (donde vivía con su padrastro Juan Pablo y su madre Romina Gómez), por un lapso de aproximadamente media hora, donde la abusaron sexualmente. Luego, los tres acusados decidieron matar a la niña colocándola debajo del camión de reparto de soda que estaba estacionado en la vereda del lugar, para simular un accidente y ocultar el primer delito, pues su aplastamiento por las ruedas del camión impediría el conocimiento de las graves lesiones que presentó a consecuencia del abuso.
En particular, el fiscal sostuvo que luego de cometer el abuso, Juan Pablo Rodríguez ingresó al baño de la casa donde convivía con Romina Gómez y desde allí la mantuvo ocupada en el interior de la vivienda al requerirle en forma insistente que buscase papel higiénico. Agregó que, bajo esas condiciones, el imputado Rojas se acercó y “en clave” le dijo a Juan Pablo que tenían que terminar lo que estaban haciendo y, mientras, Joel Rodríguez (hermano de Juan Pablo) trasladó a la niña debajo del camión, teniendo en cuenta que no podía desplazarse por sus propios medios por las lesiones que le provocó el abuso.
Según lo explicó la fiscalía, su hipótesis de los hechos se estructuró sobre la tercera declaración que prestó Romina Gómez en la IPP, donde afirmó la existencia de la reunión de los tres sujetos en el patio de la casa, junto a la niña, modificando así sus dos declaraciones anteriores. En el juicio, Romina Gómez negó la existencia de aquella reunión.
El fiscal afirmó en el recurso que la versión real fue la que expuso Romina Gómez en la tercera declaración de la IPP, que además reprodujo en el debate Marcela Saucedo (progenitora de Gómez y abuela de la niña). Agregó que el testigo Demattía declaró que al poner en marcha el camión, una mujer le hizo señas para que no lo haga (porque advirtió que la niña estaba debajo), pero un hombre desde un costado le decía que avance. Según el fiscal, ese hombre no pudo ser otro que Joel Rodríguez.
El fiscal recordó que no se pudo establecer si la niña fue abusada por uno o más sujetos. Según alegó, la magnitud de las lesiones y hemorragias que presentó P. impidieron obtener muestras vaginales, pero sí se halló un perfil genético de su padrastro Juan Pablo en la remera que tenía puesta.
Dicho esto, el fiscal afirmó que la prueba de descargo, con base en los testigos que presentaron las defensas, “pudo tener algo de cierto, pero dejaron algunos vacíos o estiramientos temporales para favorecer a los acusados” (pág. 8, sentencia Sala III).
Cuestionó la reconstrucción de los hechos que hizo el tribunal del juicio cuando, en contra de su hipótesis, estableció que Rojas llegó al lugar cuando rescataban a la niña debajo del camión y que Joel Rodríguez no estaba en la casa de Juan Pablo (padrastro) al momento en que se cometieron los delitos.
Afirmó que el tribunal justificó la absolución de Rojas en la inexistencia de su ADN en las muestras que se peritaron, en la declaración que Rojas prestó en el debate, en que fue esa fiscalía la que acusó a Romina Gómez de haber prestado falso testimonio y, por lo tanto, el tribunal no valoró su declaración, y en las testificales de Cecilia Schoeder y Jaqueline Veloso, cuando expusieron que ese día estuvieron con el acusado.
El fiscal observó que el relato de Rojas estuvo plagado de incongruencias y se acomodó con el de los familiares del acusado Joel Rodríguez, a fin de desvincularlo del abuso sexual; y expuso que acusó a Romina Gómez de haber prestado el falso testimonio en el debate, “pero tomando como real la versión antes mencionada”, es decir, la tercera que prestó en la IPP (pág. 10, sentencia Sala III).
Respecto de Joel Rodríguez, el fiscal observó que el tribunal lo absolvió utilizando iguales argumentos sobre la declaración de Romina Gómez y descartaron arbitrariamente la declaración Marcela Saucedo, por resultar una testigo de oídas (pág. 10, sentencia Sala III).
En definitiva, recordó las razones por las cuales no se encontraron rastros en la zona vaginal de la niña y concluyó que “no se sab[ía] a ciencia cierta si la accedieron carnalmente una o más personas, pero es indiscutible que fue en presencia de los tres en el patio aludido” (pág. 10, sentencia Sala III) y que ello no impedía que todos respondieran por el abuso, de acuerdo con la doctrina que citó en el recurso. Luego, estimó probado que hubo una división funcional de los acusados para cometer el homicidio de la niña, que quedó tentado.
8. El método que siguieron los jueces de la Sala III, limitado a re-examinar la prueba testifical que invocó la fiscalía (incluso, por fuera de la que estaba disponible), exige repasar la justificación del veredicto que debían revisar, pues solo así se tendrá acceso al razonamiento probatorio seguido por el tribunal del juicio. También advierto que la estrecha vinculación o comunidad de la prueba que justificó la absolución de Joel Rodríguez y de Rojas luego de la sustanciación del juicio, impone su examen conjunto en esta instancia, con las consecuencias que se verán más adelante.
9. Dicho esto, cabe aclarar que no es correcta la afirmación de los jueces de la Sala III cuando, respecto del abuso sexual, dicen que “el tribunal absolvió a Josué Joel Rodríguez y a Esteban Alejandro Rojas por la sencilla razón de que no se hallo´ ADN ni en las prendas ni en el cuerpo de la niña” (pág. 12, sentencia Sala III).
Es correcto que no se hallaron esos rastros, pero no que la absolución se haya edificado sobre ese dato, pues -según el veredicto- Joel Rodríguez y Rojas no estuvieron en el patio de la casa de Juan Pablo con la niña, en las circunstancias temporales que afirmó la fiscalía.
10. En ese sentido, advierto que las defensas sostuvieron hipótesis alternativas a la de la acusación, con sustento en la falta de oportunidad de los acusados para cometer los delitos. En lo esencial, afirmaron que Joel Rodríguez estuvo en la casa de su padre Faustino Rodríguez (ubicada a metros de donde convivían Romina Gómez y Juan Pablo) y salió del lugar cuando Rojas (que venía de almorzar con su madre y salió de su casa pasadas las 13.30 horas), llegó en su moto a buscarlo, instantes antes de producida la secuencia donde el chofer intenta arrancar el camión, la mujer desconocida le hace señas y encuentran a la niña debajo.
11. El tribunal del juicio cuestionó la credibilidad de Romina Gómez como fuente fiable de información. Efectivamente, señaló que la propia fiscalía había pedido su procesamiento por falso testimonio y por ello “no p[odía] construirse ninguna certeza sobre [ese] relato”, pero esa no fue la única razón que expusieron los jueces para refutar que la reunión de los tres acusados en el patio existió, en las condiciones fácticas que afirmó la acusación (pág. 153 del registro informático del veredicto).
En efecto, a tales fines valoraron que al declarar en la IPP (art. 308, CPP) y en el juicio (art. 358, CPP) Rojas relató lo que hizo ese día, incluyendo el lapso temporal en que se ubicó la comisión del delito (es decir, aproximadamente media hora antes de que se encontrara a la niña debajo del camión), declaración que fue corroborada por otros testigos en el debate.
En lo que importa destacar, los jueces advirtieron que Rojas no negó que ese día estuvo con Juan Pablo y Joel Rodríguez en la casa de Romina Gómez, pero ubicó ese encuentro cerca del mediodía, antes de ir a la casa de Cecilia Schoeder, llevar a su hermanito al colegio, almorzar con su madre y volver para el barrio de los Rodríguez.
En efecto, el tribunal observó que si bien Romina Gómez declaró sobre una junta o reunión de los tres acusados en el patio de su casa (pág. 153, veredicto), debía repararse en la explicación de Rojas cuando dijo que pasó por allí, pero en horas del mediodía. Que estaban Joel y Juan Pablo. Que estaba organizando un viaje a Sierra de la Ventana para esa noche y por ese motivo partió junto con Joel en su moto hacia la casa de Cecilia Schoeder.
El tribunal observó que Cecilia Schoeder, en el juicio, corroboró que Rojas y Joel Rodríguez estuvieron en su casa el día del hecho al mediodía (pág. 154, veredicto).
Rojas declaró que cuando regresaban de lo de Cecilia Schoeder dejó a Joel en la casa de su padre (Faustino Rodríguez, ubicada a metros de donde vivía la niña), y continuó hacia su domicilio pues su madre le avisó que tenía que llevar a su hermano menor a la escuela. Dijo que entonces regresó a su casa, llevó a su hermano al colegio, volvió a su vivienda y almorzó con su madre. Que pasadas las 13.30 horas volvió para la casa de los Rodríguez. “Que pasa por lo de Juan Pablo y no lo encuentra (Romina le dice que estaba en el baño) y sigue a la casa del padre para buscar a Joel” (pág. 153, veredicto).
Los jueces valoraron que Jorgelina Velozo (madre de Rojas), corroboró “las circunstancias de los llamados, el motivo (llevar al nene a la escuela), el almuerzo en su casa y la posterior salida para la casa de Faustino Rodríguez (el pastor Rodríguez) alrededor de las 13.30 horas” (pág. 154, veredicto). Constato que las testigos Cecilia Schoeder y Jorgelina Velozo no fueron cuestionados por la fiscalía como fuentes fiables de información.
El tribunal concluyó que la versión de Rojas “no pudo ser enervada ni demostrarse contradicción alguna. Si lo hubo, fueron de menor entidad e irrelevantes a los fines pretendidos” (pág. 153, veredicto).
En ese sentido, los jueces dieron respuesta a la fiscalía cuando alegó que Rojas faltó a la verdad por la supuesta contradicción que constató entre su declaración y la de Romina Gómez. Según surge del veredicto, el fiscal señaló que mientras Rojas declaró que su madre Jorgelina Velozo le envió un mensaje a su teléfono para avisarle que debía llevar a su hermano al colegio; Romina Gómez dijo que Velozo envió el mensaje al celular de Juan Pablo Rodríguez, pues Rojas no tenía el teléfono encima.
Los jueces observaron que el razonamiento del fiscal era contradictorio, pues para controvertir la credibilidad de Rojas utilizó el testimonio de Romina Gómez en el juicio, que también había cuestionado (pág. 154, veredicto). El tribunal agregó que no se había demostrado que Rojas, ese día, no tuviera su teléfono encima.
12. Establecido lo anterior, el tribunal recordó que el fiscal sostuvo la imputación de Joel Rodríguez en las declaraciones de Romina Gómez y Marcela Saucedo, a lo que “sum[ó] las discordancias horarias” de los testigos que presentó su defensa (el resto de la familia Rodríguez) y la “posibilidad cierta de que en la prenda de la víctima analizada se encuentren rastros compatibles con su ADN”.
Los jueces concluyeron que no cabía valorar la declaración de Romina Gómez en contra de Joel Rodríguez, por la falta de fiabilidad de su relato y, como derivación, tampoco el testimonio de oídas que replicó Marcela Saucedo en el juicio (pág. 151, veredicto), pues no presenció ninguna de las circunstancias sobre las que declaró.
Luego, los jueces observaron “que de todos los testimonios escuchados en el debate” y también de la declaración del coimputado Rojas “surge que al momento en que se escucha el griterío por el hallazgo de la víctima al lado de las ruedas del camión, Josué Joel Rodríguez no se encontraba con la niña ni en la casa del hermano” Juan Pablo y agregaron que no había ningún otro dato que permitiera ubicar a Joel en el lugar de los hechos, tanto de la agresión sexual como de la tentativa de homicidio (pág. 152, veredicto). Los jueces estimaron que las discordancias horarias que señaló el fiscal respecto de las declaraciones de los familiares (Faustino, Gabriela, Débora y Matías Rodríguez) no eran relevantes para controvertir la reconstrucción de los hechos que se estableció en el veredicto. Primero, porque el horario de la comisión del hecho sufrió un corrimiento temporal en el curso del debate (la fiscalía, en un principio, dijo que el abuso se cometió a las 15 horas y se probó que fue antes) y segundo, porque las discordancias señaladas “no son más que de algunos minutos” y tampoco la acusación sometió a esos testigos a careo alguno (pág. 151, veredicto). Finalmente, recordaron que la pericia comparativa de ADN que el fiscal invocó en contra de Joel Rodríguez no fue concluyente.
13. En lo que importa destacar, el tribunal valoró la declaración de Faustino Rodríguez (progenitor de los acusados Joel y Juan Pablo), cuando relató que el día del hecho había regresado de un viaje a la provincia de Salta y que llegó a su casa aproximadamente a las 13.15 horas. Dijo que recibió la visita de Juan Pablo, con su concubina Romina Gómez y la niña P., a quien entregó unos regalos. Agregó que en un momento Romina Gómez se retiró con la niña y que él se quedó conversando con su hijo Juan Pablo hasta que llegó un vecinito a traer a la niña, que aparentemente había encontrado sola en la calle. Dijo que entonces Juan Pablo tomó a la niña de la mano y se retiraron del lugar, hacia su propia casa. Seguidamente, Faustino Rodríguez agregó que se quedó tomando mate con su otro hijo Joel Rodríguez y Débora Rodríguez, hasta que en un momento escucha que llega Rojas a buscarlo y se quedan afuera. Al rato siente un griterío desde la calle y al salir ve a Romina Gómez con la niña en brazos al lado del camión. Dijo que había mucha gente y que era todo muy confuso, aparentemente la niña había sido arrollada por el camión. Recordó que Romina Gómez y Rojas partieron con la nena en la moto y que hasta el momento en que Juan Pablo se llevó a la nena, estaba en perfectas condiciones, no lloraba y caminaba normal (pág. 155, veredicto). Los jueces valoraron que el testigo Oscar Laher, vecino del lugar, declaró en el juicio que “vio a un vecinito de nombre Fabian (de aproximadamente 9 años) que había encontrado a P. en la calle y la llevó a la casa de Juan Pablo Rodríguez y Romina Gómez. Como la mamá de la nena no estaba, la llevó a la casa de la familia Rodríguez” (pág. 156, veredicto).
Constato que la testifical de Oscar Laher no fue controvertida por la fiscalía como fuente fiable de información.
Luego, el tribunal estimó que el testimonio de Laher fue “crucial”, pues permitió confirmar lo siguiente: que la niña fue encontrada sola en la calle por su vecinito y que cuando la llevó a su casa, Romina Gómez no estaba (pág. 156, veredicto). También establecieron que la última persona que fue vista con la niña, antes de ser encontrada debajo del camión, fue Juan Pablo Rodríguez (Faustino Rodríguez dijo que cuando el vecinito la trae a su casa, la niña y su padrastro se retiran del lugar, hacia su domicilio).
Seguidamente, razonaron que “la nena estaba en la calle, en su casa no estaba la mamá y que es [Juan Pablo] Rodríguez quien la lleva unos 20 minutos antes de que estalle el griterío en la calle” (pág. 156, veredicto); y que hasta ese momento la pequeña “estaba en perfectas condiciones físicas” (dato relevante, pues en el juicio se estableció, sin controversia, que luego del abuso y por la magnitud de las lesiones la niña ya no pudo trasladarse por sus propios medios).
Finalmente, el tribunal valoró el resultado de la pericia química que determinó la existencia de PSA de en la remera que tenía puesta la niña (en la parte de la espalda y una de las mangas), que cotejado con la muestra de ADN del acusado Juan Pablo Rodríguez, dio resultado positivo (pág. 157, veredicto).
14. Establecido lo anterior, constato que sin examinar el razonamiento probatorio que motivó el veredicto absolutorio de Joel Rodríguez y Rojas, los jueces de la Sala III concluyeron que ambos intervinieron en la tentativa de homicidio de la niña. Estructuraron su decisión sobre tres elementos: las testificales de Romina Gómez, Marcela Saucedo y Sergio Demattía (pág. 15, sentencia Sala III).
En ese sentido, establecieron que debía valorarse la declaración que Romina Gómez prestó en la IPP (la tercera, que invocó la fiscalía), donde -en lo esencial- hizo el relato que se refleja en la hipótesis acusatoria. Según lo resumen los jueces de casación, dijo que ese día los tres acusados estuvieron con la niña en el patio de su casa, por un lapso de aproximado de media hora. Que en un momento su concubino Juan Pablo ingresa al baño y le pide papel higiénico en forma insistente, mientras ella le preguntaba dónde estaba la niña. Que “luego se apersonó Rojas requiriendo la presencia de Juan Pablo Rodríguez, quien le contestó que estaba en el baño”; que “Rojas salió y casi de inmediato oyó a Joel Rodríguez que gritaba 'pará, pará' y al salir se encontró con la nena debajo del camión”. Afirmó que “antes del episodio, cambió a la nena y no tenía sangre, todo estaba normal” (pág. 15/16, sentencia Sala III).
Los jueces de casación observaron que, en aquella oportunidad, cuando declaró en la IPP, Romina Gómez dijo que “esa era la historia real”.
Agregaron que esa declaración, “que se incorporó por lectura al debate, se produjo veinte días después del hecho, en la sede de la fiscalía con la presencia de los defensores”. Observaron que en el juicio, Romina Gómez dijo que mintió al prestar esa tercera declaración, que “estaba shockeada, presionada y por eso mintió” (pág. 16, sentencia), situación que los magistrados de la Sala III estimaron “llamativa” pues “se supone que los nervios y la angustia de una madre ante el ataque de un hijo debería ser más cercano a la fecha de ocurrencia, donde de un accidente se pasó a una violación” (pág. 16, sentencia).
Seguidamente señalaron que en la declaración que Romina Gómez prestó en el debate y que “catalogó de real”, ubicó a su pareja Juan Pablo en el baño, a Rojas “requiriendo su presencia, pero a la niña jugando tranquilamente en la vivienda, y minutos después, debajo de un camión” (pág. 16, sentencia).
Luego, descartaron esa versión, la del juicio oral, “por mendaz” y expusieron que eran “múltiples las razones para descreer de esta última historia”. Primero, porque Romina Gómez “fue confusa y contradictoria, argumentando en forma repetida no recordar alguna secuencia” y “se mostró por demás reticente a contestar preguntas al Fiscal acusándolo de confundirla y mezclarle las cosas” (pág. 17, sentencia).
También valoraron, como “lo que más se destaca, y no para bien”, que preguntada si creía que su hija fue abusada “primero se quedó callada por varios segundos” y “luego adujo que era lo que expresaron los médicos” (pág. 17, sentencia).
Los jueces de casación dijeron que les “c[ostaba] entender sus dudas” frente a la prueba científica practicada y “más dudoso aún que hable de un estado de shock veinte días después”, cuando la niña ya estaba fuera de peligro (pág. 17, sentencia).
En definitiva, estimaron que “frente a dos historias en pugna, resulta una obviedad que en una mintió y tal como se dieron los hechos, descartado que P. se hubiera desplazado por sus propios medios, que la última vez que la cambio´ de ropa estaba bien, y la presencia del trío en el patio y vivienda donde ocurrió, es evidente que la versión real fue la que propicia el Fiscal, que además cuenta con el apoyo de la creíble Marcela Beatriz Saucedo, abuela materna de la niña” (pág. 17, sentencia; el subrayado me pertenece).
A un lado, de momento, lo relativo al valor probatorio de la declaración previa de Romina Gómez (tema sobre el que volveré), cabe apreciar el razonamiento circular en que incurren los jueces, pues utilizan la “presencia del trío en el patio” para validar lo que dijo Gómez en la IPP, cuando esa era la proposición fáctica a probar. En otras palabras, la única persona que dijo que esa reunión existió fue Romina Gómez. Luego, no puede utilizarse la existencia de la reunión para justificar que la testigo fue fiable cuando afirmó su existencia.
Dicho esto, los jueces de la Sala III ponderaron que, a diferencia de la madre de la niña, la abuela Marcela Saucedo “evidenció angustia y deseos de justicia” y “recordó"´ que su hija le contó que´ había sucedido el día de los hechos, narrando la misma historia que luego Gómez afirmo´ que es mentira” (pág. 18, sentencia).
También observaron que la defensa catalogó a Marcela Saucedo “como un mero testigo de oídas, y el veredicto hace suyo el argumento y por ende no lo tuvo en cuenta” (pág. 18, sentencia) y con cita de jurisprudencia que consideraron aplicable al caso, estimaron que su declaración sí era válida como elemento de cargo (pág. 19, sentencia).
Finalmente, los jueces de casación valoraron la testifical “del incuestionable” Sergio Demattía, ajeno al ámbito familiar, cuando dijo que se subió al camión previo a constatar que no hubiera nada debajo y “que se dispuso a poner en movimiento el vehi´culo, pero una mujer le hizo sen~as para que no avance, pero desde un costado un hombre le dijo que avance”.
Según los magistrados de la Sala III, Demattía “no pudo ver quién era, pero no puede ser otro que Josué Joel Rodríguez, que trasladó a la niña y aprovechando que Demattía efectuaba sus anotaciones, la colocó debajo del camión, al lado de una rueda –por sí misma no podía moverse-, mientras que su hermano y Rojas se encontraban en el interior de la vivienda junto a la madre de Priscila” (pág. 19, sentencia, el subrayado me pertenece). E inmediatamente agregaron “[n]o se puede soslayar que fue Joel Rodríguez el primero en llegar al lugar –se escucharon sus gritos- y luego Rojas que se fuera de la casa, inmediatamente después de que el condenado [Juan Pablo] le dijera que estaba en el baño - ¿haciendo sus necesidades o higienizándose luego de haber abusado de la víctima?” (pág. 19, sentencia).
En definitiva, los jueces de casación resumieron que si bien existía un estado de duda que no permitía tener por probado que Rojas y Joel Rodríguez participaron del abuso sexual, no sucedía igual con “todo lo que vino a continuación, que requirió´ una división funcional como para que mientras distraían a la madre, Joel Rodríguez intento´ lograr la impunidad, al menos para su hermano” (pág. 20, sentencia).
Concluyeron que “no se trata[ba] de elegir una declaración que se acople mejor a una versión escogida de antemano. El relato de Romina Marcela Gómez fue como mínimo inverosímil, no se explica como una niña que estaba jugando ante su vista, en escasos segundos apareció violada debajo de un camión. Resulta evidente que el trío y la niña estaban o en el patio o en la habitación de Joel Rodríguez –ubicada en el mismo terreno que la de su hermano, compartiendo el patio-, y luego de perpetrada la agresión, intentaron borrar todo tipo de rastros simulando un accidente, que fue evitado por una ocasional transeúnte que alerto´ al conductor del camión (pág. 20, sentencia Sala III).
15. Ahora bien, el fallo de la Sala III presenta serios déficits, algunos ya señalados.
El principal, es que dan por probada la hipótesis de la fiscalía valorando -en contra de lo que autoriza el art. 366 del CPP- una declaración previa de Romina Gómez, por sobre la que brindó en el juicio oral.
A la vez, la ausencia de cualquier análisis sobre el veredicto que debían revisar, muestra que tampoco repararon en que la versión de los hechos que dio Romina Gómez en aquella declaración previa (que quedó reflejada en la teoría del caso de la fiscalía) fue refutada por el tribunal del juicio a partir de la confrontación con otra evidencia de distinta fuente, también ignorada por los jueces de la Sala III (ver en ese sentido las declaraciones de Rojas, Cecilia Schoeder y Jaqueline Veloso pero también la del vecino Laher y la Faustino Rodríguez, que en conjunto permitieron reconstruir los hechos y ubicar a Juan Pablo Rodríguez como el autor de los delitos).
En el medio, los magistrados de casación incurren en otros razonamientos defectuosos, en algunos casos mediante argumentos engañosos o falaces, y particularmente prejuiciosos, que pretenden ser convincentes.
16. Pero vamos por partes. La testigo Romina Gómez estuvo disponible en el juicio y se garantizó su interrogatorio cruzado, como también la utilización de sus declaraciones previas como herramienta de litigación, para que las partes pusieran a prueba su fialibilidad como fuente de información.
Luego de esa práctica, el tribunal realizó un juicio adverso sobre su confiabilidad, no solo por el falso testimonio que pidió la fiscalía (que reforzó la idea de que no fue fiable en su relato), sino porque la reunión de los tres acusados en el patio de la casa con la niña, inmediatamente antes de ser hallada debajo del camión, quedó refutada por otra evidencia disponible. Al contrario, el tribunal reconstruyó que fue Juan Pablo Rodríguez quien estuvo con la niña, por un lapso suficiente para cometer los delitos, durante el cual “no son vistos en ningún lado” (pág. 158, veredicto); mientras que se corroboraron las hipótesis alternativas que presentaron en el juicio Joel Rodríguez y Esteban Rojas.
Omitiendo por completo ese análisis, los jueces se casación estructuran su argumentación sobre una incorrecta interpretación del uso legítimo de las declaraciones previas del testigo en el juicio oral (art. 366, sexto párr, CPP), pues en contra de lo que autoriza esa norma, no solo asumen que la declaración previa que el fiscal utilizó para confrontar a Romina Gómez “se incorporó por lectura al debate”, sino que su recepción “en la sede de la fiscalía con la presencia de los defensores” sería razón suficiente para valorarla, desplazando lo que dijo en el debate (pág. 16, sentencia Sala III). Observo que el eventual control de ese tipo de prueba por parte la defensa, en la etapa preliminar, sería relevante para decidir su incorporación por lectura cuando ese testigo no está disponible en el juicio para garantizar su interrogatorio cruzado (conf. doctrina “Benítez”); supuesto no asimilable al presente, pues Romina Gómez declaró en el debate.
El uso de la declaración previa como herramienta de litigación no autoriza su incorporación por lectura como prueba al debate.
17. En efecto, ya he sostenido en numerosos pronunciamientos que la declaración previa del testigo puede utilizarse para refrescar su memoria, actividad normalmente “amigable” del litigante, en tanto está destinada a ayudar al testigo a precisar su declaración ante el tribunal, y también puede utilizarse como herramienta de litigación orientada a evidenciar las inconsistencias del testigo, objetivo mucho más adversarial, pues lo que persigue es desacreditarlo debido a que se trataría de una persona que cambia sus versiones, impactando en su credibilidad.
De cualquier modo, en ambos casos (es decir, cuando el objetivo del uso de la declaración previa sea refrescar la memoria del testigo o cuando sea evidenciar sus contradicciones), la declaración previa no sustituye la testifical actual del deponente: o bien contribuye a que la declaración actual sea más completa o tiene el objeto de entregar al tribunal elementos para examinar la credibilidad del testigo.
En otras palabras, la declaración previa del testigo no constituye prueba en el juicio oral, pues ésta sigue siendo la testifical que presta en la audiencia.
En efecto, el art. 366 del CPP establece como regla general que “las actuaciones de la IPP no podrán ser utilizadas para fundar la condena del imputado” y, en lo que aquí importa, autoriza la utilización de aquellas piezas a las que “el testigo aludiere en su declaración durante el debate al solo efecto de verificar sus contradicciones, incongruencias u omisiones, sin que pueda suplirse la versión oral por la documentada” (párr. sexto).
Esto refleja que hay información que se introduce en la práctica de la prueba del juicio oral que es inadmisible en tanto evidencia, pero admisible para otros usos legítimos (como herramienta de litigación).
La diferencia entre una declaración que se admite como prueba en el juicio (es decir, que se incorpora por su lectura) o que se utiliza a los fines del art. 366, sexto párr. del CPP, es relevante, pues solo cuando es admisible como prueba podrá ser utilizada para acreditar la o las proposiciones fácticas que contiene. En el caso del art. 366 comentado, la prueba sigue siendo la testifical del juicio oral, con el impacto en la credibilidad que haya sufrido como resultado del uso legítimo de la declaración previa.
18. Bajo esas condiciones, no puedo acompañar la decisión de mi colega preopinante, doctor Maidana, cuando al validar la condena de los jueces de la Sala III señala que “la fuente principal, esencial, de ese juicio, fue la declaración de la madre de la niña agredida, Romina Gómez, que fue prestada con antelación al debate y con control de la defensa de los imputados, y disponible para fundar un veredicto condenatorio al haber sido incorporada por su lectura al juicio, que desplazó a la que ensayó en el juicio oral que motivó el pedido de falso testimonio del Fiscal y la que intentó beneficiar a su pareja y al resto de los imputados” (pág. 16 del registro informático de esta resolución).
Como vimos, el art. 366 del CPP no permite ese desplazamiento, pues la declaración previa del testigo no constituye prueba en el juicio oral. En todo caso la presencia de la defensa en esa declaración de la etapa preliminar puede -eventualmente- adquirir trascendencia si la testigo no se encuentra disponible para el juicio (nuevamente doctrina “Benítez” C.S.J.N.)
19. De todos modos, tampoco se daría desplazamiento alguno, pues ya vimos que el tribunal del juicio tampoco asignó valor a lo que Romina Gómez declaró en el debate. En opinión de esos magistrados, la testigo no fue confiable y, en ese sentido, también cabe insistir en que la absolución de Joel Rodríguez y de Rojas no se edificó sobre la supuesta declaración desvinculante de Romina Gómez en el juicio, sino sobre el razonamiento probatorio que refutó la hipótesis de la fiscalía.
En otras palabras, aun si por hipótesis se tomase como válida la declaración que invoca el fiscal y los jueces de la Sala III, la co-autoría de Joel Rodríguez y Rojas no quedaría, sin más, probada, pues quedaría en pie el resto de la prueba testifical que se practicó en el juicio y que no fue controvertida por la fiscalía, ni examinada por los jueces de casación.
20. Aun así, constato que la valoración que realizan los jueces de la Sala III sobre la declaración de Romina Gómez en el juicio se dirige más a cuestionarla en función del quebrantamiento de las expectativas que se esperaban de una “buena” madre y en generalizaciones sin base empírica sobre la actitud que debió asumir ante el hecho cometido en contra de su hija (según los jueces).
En ese sentido, recuerdo que la corroboración empírica de lo que declara un testigo exige confrontar esa información con otra evidencia de fuente independiente (y disponible).
Al contrario, los jueces descartaron la explicación de Romina Gómez cuando dijo que “estaba shockeada, presionada y por eso mintió” en su tercera declaración (pág. 16, sentencia, esto merece una aclaración sobre la que volveré), pues “se supone que los nervios y la angustia de una madre ante el ataque de un hijo debería ser más cercano a la fecha de ocurrencia, donde de un accidente se pasó a una violación” (pág. 16, sentencia Sala III). También valoraron, “y no para bien”, que preguntada si creía que su hija fue abusada “primero se quedó callada por varios segundos” y “luego adujo que era lo que expresaron los médicos” (pág. 17, sentencia) y confrontaron esos datos con la conducta de la abuela, Marcela Saucedo, que “a diferencia de su hija, evidenció angustia y deseos de justicia” (pág. 18, sentencia).
21. Corresponde aquí aclarar que el valor del testigo de referencia depende de la fiabilidad de la fuente principal, pues declara lo que le dijo esa fuente y, en ese sentido, no encuentro objeción alguna al razonamiento que siguió el tribunal del juicio cuando luego de desacreditar a Romina Gómez y refutar la existencia de la reunión de los tres acusados en el patio de la casa junto a la niña (como lo postuló el fiscal), estimó que en su calidad de testigo de oídas, los dichos de Marcela Saucedo no eran relevantes para probar la participación de los acusados.
22. Advierto que si bien lo que alegan las partes en el juicio no es prueba, es importante repasar las incidencias y discusiones que sobre las distintas declaraciones de Romina Gómez se dieron en la audiencia del debate, pues reflejan que la discusión sobre su fiabilidad en las distintas etapas del proceso involucró más aspectos que el “inexplicable” estado de shock que valoró la Sala III.
23. El acta de debate refleja lo siguiente: Romina Gómez prestó declaración el primer día del juicio (pág. 15, acta debate) y quedó a disposición del tribunal, de acuerdo con lo requerido por la fiscalía. El tercer día de debate el fiscal solicitó la detención de Romina Gómez por haber incurrido en el delito de falso testimonio (pág. 27, acta). En el mismo acto pidió la incorporación por lectura al debate de la primera y de la tercera declaración que prestó en la IPP y solicitó que Gómez vuelva declarar en la audiencia.
Las defensas se opusieron. En lo esencial, el Dr. Radivoy alegó que el fiscal tuvo a disposición a la testigo y no la confrontó con sus declaraciones previas. Que ahora pedía la incorporación por lectura de esas declaraciones y que la mujer volviese a testificar, con un pedido de detención pendiente, situación que perseguía presionar indebidamente a la testigo para que declarase en favor de la hipótesis acusatoria. Observó que en el juicio Romina Gómez declaró que las presiones las sufrió durante la investigación, para implicar a los acusados. En particular, dijo “que se decía que ella había participado en el hecho, y se comentaba que ella había tenido agarrada a la niña de los brazos mientras ocurría el hecho” (pág. 29, acta debate). La defensa destacó que tales presiones no fueron hechas por los acusados, ni sus allegados, sino que provenían de “comentarios del barrio y de su propio entorno familiar (la abuela de la nena)”, Marcela Saucedo, circunstancia que oportunamente Romina Gómez mencionó en cartas que fueron incorporadas por lectura al debate. El tribunal no hizo lugar a la detención de Romina Gómez y permitió la ampliación de su declaración en el juicio, de acuerdo con el art. 360 del CPP (pág. 39, acta debate). Durante la nueva declaración de Romina Gómez en el juicio, el fiscal la confrontó con sus declaraciones previas (de fs. 24 y 222 de la causa principal) “por advertir la existencia de omisiones y contradicciones por parte de la testigo, en los términos del art. 366 del CPP” (pág. 41, acta debate), aun cuando en forma incorrecta solicitó “su incorporación por lectura”.
23.1. Luego, las partes alegaron sobre la fiabilidad de Romina Gómez, en sus distintas declaraciones. En lo que importa mencionar, el fiscal dio apertura a su alegato final diciendo que la abuela de P., Marcela Saucedo, “sabía que habían sido ellos” (en referencia a los tres acusados) desde el primer día (pág. 50, acta), pues los vio irse del hospital “como riéndose” y algo no le cerraba. Adelantó que la defensa iba a cuestionar a esa testigo, por resultar “de oídas” o porque “sus pasiones o su bronca habrían influido o distorsionado su relato” pero señaló a los jueces que no debían olvidar que “más allá de la visible emoción que manifestó en el debate”, Saucedo no solo era la abuela de P. sino la persona que en la actualidad la cuidaba, por disposición del Sistema de Protección de Derechos del Niño (pág. 51, acta). Afirmó que Romina Gómez armó su declaración con los acusados para salvar a todos, en especial a su pareja Juan Pablo. No obstante, el fiscal recordó que en su tercera declaración de la IPP, que en lo relevante se le leyó a Romina Gómez en el juicio, la testigo dio un relato coincidente con el de la abuela Marcela Saucedo.
En lo que importa mencionar, la defensa del acusado Rojas explicó que en el juicio Romina Gómez declaró lo mismo que dijo en su primera declaración, prestada el día del hecho. Según la defensa, Romina Gómez admitió que existieron presiones desde el principio para que señale a los tres acusados y que esas presiones provenían de Marcela Saucedo (pág. 76, acta). Observó que en las cartas incorporadas por lectura Romina Gómez le contaba a su pareja que en el barrio decían que ella también estaba involucrada en el abuso. Que le quemaron su casa y le quitaron la custodia de la niña. El defensor también señaló que en la primera declaración, la que Romina prestó el día del hecho, dijo que los tres acusados estuvieron en el patio de su casa aproximadamente a las 11.30 horas y que luego, por las presiones, en la tercera declaración “traspoló” ese dato y ubicó la reunión más tarde. Finalmente, dijo que la única declaración válida era la que la testigo prestó en el juicio oral, conforme el art. 366 del CPP, pues en la audiencia aclaró las diferencias y mantuvo su relato inicial.
24. Las posiciones que se enfrentaron en el juicio oral sobre la posible existencia y origen de las presiones que habrían motivado que Romina Gómez modifique su versión inicial (la que prestó el mismo día del hecho), por la tercera, reflejan que el análisis de los jueces exigía algo más que cuestionar lo que Gómez sintió u opinar lo que debió sentir como madre.
25. Finalmente y para agotar esta revisión, constato que según surge de la sentencia de Sala III, el chofer Demattía, aun cuando fuera “incuestionable”, no vio a la persona que le dijo que avance con el camión. Luego, las conclusiones que derivan los magistrados de ese dato son meras conjeturas 26. En definitiva, el tribunal del juicio constató una serie de proposiciones fácticas -con suficiente apoyo empírico- que refutaron la hipótesis de la fiscalía con relación a Joel Rodríguez y a Esteban Rojas, que fueron omitidas en la valoración de la Sala III, lo que determina que la decisión que propongo al Acuerdo abarque también al acusado Rojas, más allá de los motivos de agravio planteados por su defensa en esta instancia (art. 435, CPP).
27. En función de las consideraciones expuestas, corresponde CASAR PARCIALMENTE el pronunciamiento dictado por los jueces de la Sala III del TCP, en el extremo donde hacen lugar al recurso fiscal y condenan a Joel Rodríguez y a Esteban Rojas; CASAR el pronunciamiento dictado por el Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Bahía Blanca que les impuso pena (como integrantes del fallo completo); y ABSOLVER a Joel Rodríguez y a Esteban Rojas con relación a los hechos imputados, pues el examen de la prueba valorada en el veredicto que los absolvió (dictado por Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Bahía Blanca, con otra integración, el 21 de abril de 2014), confirma que ella es insuficiente para fundar una condena, siendo innecesario el tratamiento del resto de las cuestiones planteadas por la defensa (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.1 y 8.2.h), CADH; 14.1. y 14.5, PIDCP; 15, 168 y 171, Const. prov.; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531, CPP) y a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto del doctor Madiana en igual sentido y por sus fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada el señor Juez doctor Maidana, dijo:
Contra la decisión de la Cámara de Apelación, revocatoria de la de primera instancia, ambos Defensores deducen recurso de casación.
El Defensor Oficial alega la inobservancia de los arts. 151, 421, 422 y 439 CPP y objeta la acreditación de gravamen irreparable que haya habilitado la admisibilidad y tratamiento del recurso de apelación. Destaca que su asistido Josue Joel Rodriguez siempre estuvo a derecho, aún después de la revocación del veredicto absolutorio, el 10 de diciembre de 2015. No se comprobó ninguna conducta concreta que demostrara su intención de sustraerse a la justicia y la Cámara omitió valorar el informe socio ambiental, del que se desprende que Rodríguez desde que recuperó su libertad como consecuencia del veredicto absolutorio (el 21 de abril de 2014) formó una familia integrada por su esposa y tres hijos menores, adquirió un trabajo y posee arraigo. Alega que la Cámara inobservó la interpretación jurisprudencial de los arts. 18 CN, 9 PIDCP y 7 CADH al erigir la pena en expectativa como parámetro suficiente para disponer la detención.
La Defensora Particular Dra. Bentivegna, en similares términos, alega la inimpugnabilidad objetiva de la decisión de primera instancia que denegó el pedido fiscal de detención en los términos del art. 371 CPP. Destaca la ausencia de gravamen irreparable para el fiscal, en tanto Rojas al igual que Rodríguez estuvo a derecho durante todo el trámite de la causa y aún luego del veredicto condenatorio y de la sentencia de cesura.
Ambos recurrentes solicitan se deje sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y se mantenga la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca que denegó el pedido fiscal de detención.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra M. Moretti, propicia el rechazo de ambos recursos. Considera correctamente acreditado el gravamen irreparable y la concurrencia de peligros procesales derivados de la pena no firme impuesta y la gravedad de los hechos (presentaciones del 14/11/2022 y 12/12/22).
Preliminarmente, corresponde fijar el alcance de la potestad recursiva del Ministerio Público Fiscal, con respecto a la resolución que dispuso no hacer lugar a la detención de los imputados (en la oportunidad del art. 371 CPP), y establecer si dicha decisión era susceptible del recurso de apelación.
Es decir, se encuentra en discusión el derecho del acusador público de hacerlo, consecuentemente, la medida de jurisdicción de la Cámara local para examinar sus agravios y, en el caso, dictar una medida de coerción personal contra los imputados.
Rige en nuestro ordenamiento procesal el principio de taxatividad recursiva, esto es que los pronunciamientos sólo son impugnables por los interesados, a través de los modos y en los supuestos que expresamente establece la ley adjetiva a tal efecto (art. 421 del C.P.P.). Y que en tal sentido, la apelación sólo procede en los casos así reglados o, en su defecto, cuando el resolutorio cause gravamen irreparable (cfr. art. 439 del C.P.P.).
En concordancia con lo expuesto, debo remarcar que el Poder Ejecutivo provincial, al dictar el dec. 2793/04, ejerció su facultad de veto prevista en el art. 108 de la Const. prov., y excluyó la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la resolución denegatoria de detención (arts. 151 y 164 del CPP).
No obstante, al no existir previsión legal, resta examinar si lo resuelto ocasiona gravamen irreparable que autorice su tratamiento, sin que cualquier perjuicio revista dicha entidad, sino sólo el que no pueda ser remediado en el curso del procedimiento y que podría consolidarse en detrimento de quién lo sufre, sin posibilidad de ser restituido en el goce originario.
En efecto, la decisión debe ocasionar un perjuicio tal que, de no admitirse la impugnación, no habría modo de volver sobre el punto debatido y se privaría al interesado de obtener la tutela inmediata de su derecho cuya lesión no podría ser subsanada al momento de la solución final del pleito, pues nunca podría ser restablecido por el pronunciamiento definitivo (CSJN, Fallos: 300:642; 290:393).
Por ello, debe examinarse si el Ministerio Público Fiscal logró demostrar en el caso en concreto que, de no ser removido el gravamen que le ocasiona el pronunciamiento, se consolidará el perjuicio de los intereses que representa, tornándose irreparable. No basta entonces con la invocación genérica de la escala penal o las demás circunstancias enumeradas en el art. 157 del C.P.P., sino que deberá acreditar que, de no dictarse la medida de coerción, los fines propios del proceso no podrán cumplirse. En consecuencia, no puede sostenerse que el recurso de apelación contra la resolución que no hace lugar a la prisión preventiva no deba ser admitido en todos los casos (Sala VI, TCPBA c. 55696 “Ferreyra Néstor Maximiliano s/Recurso de casación”, rta. 30/7/13., reg. 259/13, entre muchas otras).
En el presente, el Fiscal expuso la existencia de un gravamen irreparable en función de la severidad de la pena impuesta que por su monto sería de efectivo cumplimiento, y la gravedad de los hechos juzgados. Si bien el Tribunal de primera instancia no hizo lugar a la detención solicitada por el Fiscal, la revocación dispuesta por la Cámara de Apelación y Garantías se ajusta a derecho. En tal sentido, el pronunciamiento impugnado no puede ser descalificado como acto jurisdiccional válido, pues la Cámara, tras analizar las constancias de autos, consideró que la condena no firme impuesta configura, en torno al peligro procesal de fuga, un aumento de verosimilitud, teniendo en cuenta el elevado monto y la gravedad de los hechos. A ello debe agregarse, como dato adicional, que la confirmación en esta sede del monto de la sanción, importa un doble conforme que, en principio, cierra la posibilidad de revisión en las instancias extraordinarias ulteriores. De ese modo, no se está considerando la pena en expectativa, como parámetro abstracto para ordenar la detención, sino antes bien la concreta pena de cumplimiento efectivo fijada.
De tal modo, no solo la resolución satisface la motivación exigida por los arts. 168 y 171 de la Const. Provincial y el 106 del CPP, lo que permite descartar su descalificación como acto jurisdiccional válido, sino que puso en evidencia que la denegatoria de la medida de coerción constituyó un gravamen irreparable con clara incidencia en el aseguramiento de los fines propios del proceso, lo que habilitó la intervención de la Cámara.
En consecuencia, propongo al acuerdo rechazar por improcedentes los recursos interpuestos y confirmar lo decidido por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, al revocar el pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal n° 3 en cuanto no hizo lugar a la detención de Josue Joel Rodriguez y Esteban Alejandro Rojas, sin costas (arts. 14, ley 48; 106, 144, 146, 148, 371, 421, 433, 450, 454 inc. 2°, 530 y 531 del CPP); y tener presente la reserva del caso federal efectuada.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Carral, dijo:
Enterado en el Acuerdo del voto de mis colegas -que alcanzó la mayoría-; adhiero al sufragio del doctor Maidana en igual sentido y por sus fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Maidana y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la cuarta cuestión planteada el señor Juez doctor Maidana, dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de las cuestiones precedentes, corresponde: a) declarar admisibles los recursos de casación deducidos por los Defensores Oficial y Particular en favor de Josue Joel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas; b) rechazar -por mayoría de votos- por improcedentes sendos recursos, con costas, contra las sentencias de la Sala III de este Tribunal y de cesura del juicio dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca (causa N° 1085-13, o.i. 2589); c) confirmar la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca en cuanto revocó la denegatoria de detención formulada en los términos del art. 371 CPP (IPP 22.501/I); d) tener presente la reserva del caso federal y f) regular los honorarios profesionales de la Dra. MarIa Laura Bentivegna (T° X F° 159 C.A.B.B) por sus trabajos en esta Sede en representación de Rojas, en 25 jus (arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 8.2.h CADH, 14.5 PIDCP; 40, 41, 42, 44, 45 y 80 inc. 7° CP; 1, 106, 144, 146, 148, 210, 371, 373, 421, 422, 439, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal; 16 y 31 de la ley 14.967). Así lo voto.
A la cuarta cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Maidana y por sus fundamentos.
Es mi voto.
A la cuarta cuestión planteada el señor juez doctor Natiello dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Maidana y por sus fundamentos.
Es mi voto.
Por lo que se da por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
I. Declarar admisibles los recursos de casación deducidos por los Defensores Oficial y Particular en favor de Josue Joel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas.
II. Rechazar -por mayoría de votos- por improcedentes los recursos, con costas, contra las sentencias de la Sala III de este Tribunal (dictada en el legajo 64.979) y de cesura del juicio dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca (causa 1085-13, o.i. 2589).
III. Confirmar la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca en cuanto revocó la denegatoria de detención formulada en los términos del art. 371 CPP (IPP 22.501/I).
IV. Tener presente la reserva del caso federal.
V. Regular los honorarios profesionales de la Dra. María Laura Bentivegna (T° X F° 159 C.A.B.B) por sus trabajos en esta Sede en representación de Rojas, en 25 jus.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 C.N.;
8.2.h C.A.D.H., 14.5 P.I.D.C.P.; 40, 41, 42, 44, 45 y 80 inc. 7° CP; 1, 106, 144, 146, 148, 210, 371, 373, 421, 422, 439, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal; ley 14.967.
Regístrese electrónicamente, notifíquese y, oportunamente, radíquese en el organismo de origen.
Fin de la sentencia