Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2383/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la nulidad de la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 148/157 vta. y todo lo actuado a partir de la misma; reenviando las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de Primera Instancia para que se dicte un nuevo fallo, teniendo presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo (cfr. artículos 2º y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2383/19-TSJ Interlocutorio N°: 728 Actor: RODRIGUEZ JUDITH SILVANA Y OTROS Demandada: PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA Objeto: ACCIÓN DE AMPARO Fecha: 03-03-2023 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 728 FOLIO Nº 4399/4410 PROT. ELECT. TSS1 003 S.231
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 3 días del mes de marzo de dos mil veintitrés, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y el Dr. Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, para dictar sentencia en los autos: “RODRIGUEZ JUDITH SILVANA Y OTROS c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA s/ ACCIÓN DE AMPARO”, Expte. Nº R-20.226/19 (R-2383/19-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos por el Estado Provincial y la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, a fs. 217/225 y 226/234 ?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión, el Dr. Mariani, la Dra. Mercau y el Dr. Basanta dicen:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación articulados por el Estado Provincial, por intermedio de su letrada apoderada Dra. Fernanda A. Loncón Paredes a fs. 217/225 y por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su letrada apoderada Dra. Mariana Paola Isak a fs. 226/234, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 208/213.-
La sentencia de la Alzada declaró abstracto el tratamiento de los recursos de apelación deducidos por las recurrentes a fs. 170/179 vta. y 180/188 vta.; e impuso las costas de Segunda Instancia por el orden causado. Para llegar a esta solución consideró que el objeto de la acción de amparo había devenido abstracto en atención a que los haberes de enero de 2019 se depositaron antes del día siete (7) de febrero, fecha que se había establecido como tope para el pago de los mismos. También ponderó que hacía algunos meses las jubilaciones se venían abonando con certidumbre, antes del día siete (7), que se había establecido como fecha tope de pago en numerosos amparos (cfr. fs. 208/213).- A su turno la sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la acción de amparo; declaró la ilegitimidad del pago paulatino y parcializado de los haberes jubilatorios; y estableció fecha cierta de pago de las prestaciones que se derivan de la Ley N° 1782 y modificatorias, las que deberán ser abonadas a mes vencido entre el 1 y 7 de cada mes. Asimismo, declaró como fecha cierta para el pago del Sueldo Anual Complementario (beneficio reconocido por el art. 125 de la ley citada) los días siete (7) de julio y siete (7) de enero de cada año. Impuso las costas de ambas instancias a las demandadas perdidosas (cfr. fs. 148/157 vta.).-
II. Que el Estado de la Provincia de Santa Cruz, en su recurso de casación, entiende que se ha producido una situación de quebrantamiento de las formas establecidas por la ley; violación y aplicación errónea de la ley (cfr. foja 217 vta.).-
Entiende que el pronunciamiento de Cámara contiene una falla en la congruencia y coherencia que impiden catalogarlo como una unidad lógico jurídica válida (cfr. foja 219 vta.).-
Afirma que yerran los Magistrados al declarar que la cuestión devino en abstracta en razón de que hace algunos meses las jubilaciones se abonan con certidumbre y antes de la fecha tope establecida en numerosos amparos. Recuerda que el objeto de la demanda era el siguiente: “...'Pedimos entonces se ordene a los entes mencionados el inmediato pago de nuestros haberes jubilatorios adeudados según corresponda a cada uno, más sus intereses, y se determine fecha cierta para el cobro de los sucesivos haberes jubilatorios, inclusive las cuotas correspondientes del Sueldo Anual Complementario (SAC), con expresa imposición de costas'”. (cfr. foja 220).- Agrega que: “Dictada la sentencia que hace lugar a la acción de amparo, declarando primero la ilegitimidad del pago paulatino y parcializado de los haberes jubilatorios, luego declarando como fecha límite de pago de los haberes previsionales el día 7 de cada mes y para el pago del SAC los días 07 de julio y 07 de enero de cada año, y además admitiendo el cálculo de intereses y su eventual ejecución, no resulta plausible sostener que porque se vengan abonando los haberes jubilatorios antes de los días 7 de cada mes, la controversia se haya convertido en abstracta.
Obsérvese que los agravios expuestos al momento de apelar la sentencia de primera instancia siguen manteniéndose, subsistiendo el interés de esta parte en que la Alzada se pronuncie acerca de cada uno de ellos, máxime cuando la resolución del juez de grado proyecta sus efectos sobre la fecha de pago de haberes jubilatorios en el futuro. De modo que, resulta evidente que no ha habido una pérdida de la materia justiciable cuando la decisión apelada condiciona a mi mandante a abonar los haberes de acá en adelante en una fecha tope que no surge de la ley e incluso a abonar intereses por aquellos meses en que se pagó después de la fecha tope establecida. La pretensión de esta parte es clara y no pierde virtualidad aun (sic) cuando al momento se estén abonando los haberes previsionales antes del día 7 de cada mes, en especial cuando las resoluciones que fijaron una fecha tope de pago de las jubilaciones -a las que refiere el Dr.
Arenillas- no se encuentran firmes y se encuentran a estudio en el Tribunal Superior de Justicia, no resultando entonces vinculante los plazos allí fijados.” (cfr. foja 220 vta.).- Expresa que no ha desaparecido el interés personal de esa parte, “Concretamente, los agravios vigentes consisten en que la declaración de la existencia de un derecho -que no surge expresamente de la normativa bajo análisis- en un proceso de amparo, que supone restricciones de debate y prueba, se traduce en un antecedente peligroso, puesto que se convalidaría una decisión de administración realizada por un juez que evidentemente se excede de sus funciones al adoptar una medida de gobierno sin contar con la información adecuada, medida esta que además repercute en el universo de los jubilados y en el desenvolvimiento normal de las actividades esenciales a cargo del Estado Provincial.
Entendemos que la gravedad remarcada merece poner en marc[h]a el control de validez constitucional a cargo del Tribunal Superior de Justicia.” (cfr. foja 221 vta.).- Señala que la sentencia impugnada, bajo el pretexto de que la cuestión ha devenido abstracta, elude expedirse acerca de cuestiones que resultan esenciales para el litigio. Sobre esta cuestión afirma que: “Una de las cuestiones esenciales que omitió el juez de la alzada encargado de emitir el primer voto, es lo atinente a la denuncia de esta parte acerca de la existencia de una acción declarativa en el marco de una acción de amparo.” (cfr. foja 222 vta.). Observa que: “...esta parte planteó que bajo el aparente ropaje de un amparo, el juez termina declarando la existencia de un derecho, en este caso, el derecho a cobrar en determinada fecha.
Ello es un aspecto propio de una acción declarativa, con un procedimiento propio y reglas de competencia definidas. El juez, sin atender los argumentos de esta parte, evita introducirse en el tema. En efecto, si lo que se pretendía era la declaración de certeza acerca de la fecha de cobro, debió canalizarse el reclamo conforme las reglas de competencia establecidas en la Constitución Provincial y Código Procesal y no bajo la apariencia de una acción de amparo, pues claramente se observa que el juez primero -excediendo su competencia- debió declarar el derecho para decidir luego que había violación a tales derechos.” (cfr. foja cit.).- Sostiene que: “El fallo vislumbra una errónea aplicación de la ley, pues soslaya lo establecido en el art. 3 inc E) de la ley N° 1117, que expresamente establece la improcedencia del amparo en aquellos casos que la intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado.
Con el criterio de la Alzada en cuanto a que ante la ausencia de legislación específica respecto de la fecha de pago de los haberes previsionales, los jueces pueden determinarla, se convalida toda intromisión del poder judicial en el poder administrador. Las potestades del juzgador no pueden ser entendidas de un modo tan amplio como para justificar la sustitución de la administración por el juez. La Constitución Nacional no lo autoriza a administrar, y hacerlo desfigura la función que le ha sido asignada.” (cfr. foja 223).- Entiende que se evade la aplicación de la ley que veda la intromisión, a través de la vía del amparo, en cuestiones que comprometen directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del estado.
Anuda que no se advierte ningún argumento válido para quitarle al poder administrador la facultad de determinar el destino de los fondos a medida que ingresan a sus arcas, distribuyendo equitativamente el pago de haberes a activos y pasivos del sector público provincial (cfr. foja 224).-
Asimismo plantea que: “...la sentencia de Cámara no ha logrado exitosamente justificar la vía del amparo para el reclamo impetrado por el actor. V.E.: se ha violado la ley de amparo al establecer la procedencia de la presente acción. La materia aquí debatida, por demás compleja, jamás debió ser sometida a decisión en el acotado marco de una acción de amparo puesto que como V.E. podrá advertir, el tema requiere un examen integral de la situación presupuestaria provincial, con la composición de éste y su ejecución, con los antecedentes necesarios, documental y peritos contadores que examinen las alternancias, cambios y disponibilidad de ejecución, lo que refleja la verdadera complejidad de la situación planteada. En efecto, el presente caso requiere mayor debate y prueba a fin de garantizar el debido proceso adjetivo.” (cfr. fs. 224 y vta.). Estas circunstancias, estima se contraponen a diversas leyes y también a las normas del debido proceso, todo lo cual tornaría arbitraria la decisión en crisis (cfr. fs. cit.).- Señala que los Magistrados deben seguir un criterio restrictivo respecto de la habilitación de la vía excepcional del proceso regulado por la Ley Nº 1117 y ello no ha sucedido. Observa que con ese desapego a la normativa vigente se obtiene el desbaratamiento de la estructura republicana de división de poderes (cfr. foja 225).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja cit.).-
La Caja de Previsión Social expone argumentos análogos a los del Poder Ejecutivo, los que en honor a la brevedad no serán transcriptos (cfr. fs. 226/234).-
Declarados formalmente admisibles los recursos de casación por la Alzada a fs. 236/237 vta., este Tribunal los declara bien concedidos a fs. 250/251; y se ponen los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho sólo la parte actora, quien solicita el rechazo de los recursos de casación con expresa imposición de costas (cfr. PE60369-2021).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, dictamina, por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos en honor a la brevedad, expresa que debe hacerse lugar a los recursos articulados y declarar la nulidad de la sentencia atacada (cfr. PE104259-2021).-
En PE95970-2021 se llaman autos para dictar sentencia y en PE114142-2021 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por las demandadas, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto aducen quebrantamiento de forma y violación de la ley.-
Si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586).-
En este marco, resulta imperioso advertir que -más allá de los planteos propuestos por las recurrentes- del examen de las actuaciones se desprende que el procedimiento por el cual se llegó a la sentencia atacada adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional.-
Ante este panorama, conviene rememorar que este Alto Cuerpo tiene dicho que: “La rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la oposición está íntimamente relacionada con la garantía constitucional de defensa en juicio […] Los pronunciamientos deben corresponderse con lo pedido en la demanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa en discusión.” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 591, Folio 3394/3398).-
Una de las facetas esenciales de esta garantía radica, justamente, en el respeto al principio de congruencia, que ha sido conceptualizado como: “…'la conformidad de la sentencia con la demanda ha de ser refiriéndose exactamente á (sic) las personas que litigaron, al objeto sobre (sic) que se litigó, al motivo que se expuso y á (sic) la razón que se dedujo…” (cfr. Enderle, Guillermo Jorge: “La Congruencia Procesal”, Rubinzal-Culzoni, 1ª ed., Santa Fe, 2007, pág. 57). Por su parte el artículo 34, inciso 4° del CPCyC dispone que es deber del juez “Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.”.- En suma, los pronunciamientos deben corresponderse con lo pedido en la demanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa en discusión.-
IV. Bajo este orden de ideas, y de una atenta lectura de las constancias obrantes en autos cabe concluir que las sentencias de Primera Instancia y de Cámara, presentan cada una un agente nulificador que descalifica a ambas como acto jurisdiccional válido.-
A fin de poner de resalto lo dispuesto en el párrafo anterior es preciso efectuar una breve reseña de lo ocurrido en el proceso.-
Que a fs. 62/69 vta., comparece la parte actora e interpone acción expedita y rápida de amparo con la finalidad que el Juez de grado: a) intime en un plazo de dos (2) días hábiles al pago íntegro de todo lo adeudado, más sus intereses, bajo apercibimiento de ejecución (cfr. foja 69 vta.) y b) determine fecha cierta para el pago de los sucesivos haberes jubilatorios y Sueldo Anual Complementario (cfr. fs. 62 y vta.).-
A la fecha de la interposición de la demandada (8 de febrero de 2018) se adeudaban los haberes correspondientes al mes enero de 2018 con más sus intereses (cfr. foja 62).-
El fallo de Primera Instancia hizo lugar a la acción de amparo promovida, declarando la ilegitimidad del pago paulatino y parcializado de los haberes jubilatorios y dispuso como fecha límite de pago de las prestaciones que se derivan de la Ley Nº 1782 y modificatorias, el siete (7) de cada mes y del pago del Sueldo Anual Complementario (beneficio reconocido por el art. 125 de la Ley Nº 1782) los siete (7) de julio y siete (7) de enero de cada año. Igualmente hizo saber a las partes que, con relación a los intereses moratorios, deberán estarse a la previsión del artículo 768 del CCyC debiendo articularse el cálculo y eventual ejecución por la vía procesal correspondiente (cfr. fs. 157 y vta.).- Que, recurrido dicho decisorio por las demandadas, la Excma. Cámara de Apelaciones decidió declarar abstracto el tratamiento de los recursos de apelación argumentando que: “…no solo (sic) se han pagado los haberes del mes de enero de 2019 (sic), sino que desde hace algunos meses las jubilaciones se abonan con certidumbre, antes del día 7 que se había establecido como fecha tope en numerosos amparos. A modo de ejemplo, puede verse, más abajo, el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de agosto del presente año del Gobierno de Santa Cruz. Las jubilaciones se pagaron el día 3 de septiembre...Respecto del Sueldo Anual Complementario, primera cuota, fue cancelado el 19 de junio del presente año. Por ello, corresponde declarar abstracta la presente acción...” (cfr. fs. 210 vta./211).-
V. En lo tocante a la sentencia dictada en Primera Instancia, se advierte que ésta omitió pronunciarse sobre los haberes jubilatorios adeudados (enero de 2018). Nótese que ni en los considerandos ni en la parte dispositiva de su estructura existe una decisión expresa con relación a esta pretensión como tampoco, del contexto general de la misma, surge que ésta haya sido resuelta en forma implícita.-
Recordemos al respecto que el Código Procesal Civil y Comercial establece en su artículo 164, inciso 6º, que las sentencias definitivas de Primera Instancia deberán contener: “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.”.-
Aplicando la norma citada al caso de autos, la sentencia de grado debería haber contenido una decisión expresa, positiva y precisa acerca de la procedencia o rechazo del pago de los haberes jubilatorios correspondiente al mes de enero de 2018 desde que dicha cuestión había sido puesta expresamente en su conocimiento y debió haberse resuelto al momento de dictar el fallo.-
Es que: “La sentencia debe atenerse a la situación existente al momento de la traba de la litis resolviendo con arreglo a las acciones deducidas, y pronunciarse sobre todo lo que piden las partes y nada más que sobre lo que piden, decidir las peticiones concretas, encuadrarse en el marco de los hechos y pretensiones precisas que se hayan traído a conocimiento y resolución guardando correspondencia con la demanda en cuanto a las personas, objeto, y causa, vale decir, que toda vez que la sentencia debe contener 'la decisión expresa y positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio' poniendo de relieve que, según el principio de congruencia, aquélla debe guardar estricta correlación con lo pretendido en la demanda, o sea, con las cuestiones planteadas por las partes en los escritos constitutivos del proceso, no pudiendo el juzgador alterar las reglas de juego del proceso que han sido establecidas por los propios justiciables.” (cfr. C1º CCom de la Plata, Sala III, “Banco Municipal de La Plata c/ Gravier Julio C. y Mahomond María A. s/ Cobro Ejecutivo”, del 4/11/2003 citado por Enderle, Guillermo Jorge en: “La Congruencia Procesal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1ª ed., 2007, págs. 74/75).- Guillermo Jorge Enderle nos ilustra que: “…una sentencia que no resolviera algunas de las pretensiones ejercitadas en el proceso...contravendría la prohibición del non liquet, afectando de forma directa el derecho constitucional a la tutela efectiva, puesto que el silencio judicial supondría la negación a obtener una sentencia fundada en derecho sobre las cuestiones planteadas en la demanda.” (cfr. aut. y ob. cit. pág. 81).-
Por su parte y con relación a este vicio, la jurisprudencia en la materia ha señalado que: “Debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas; y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos (SCBA, causas C. 116.483, sent. del 17-VI-2015; C. 100.716, sent. del 10-VI-2009; entre otras).” (cfr. SCBA, Sum. “Fernández Horacio Antonio y Otro/a c/ Ocupantes s/ Desalojo”, causa LZ 54.213 S, del 17/09/2020).- La falta de decisión expresa, positiva y precisa de acuerdo con las pretensiones deducidas en el proceso complica el derecho de defensa de las partes ya que no pueden conocer con certeza la solución del litigio. Esta omisión debe conceptuarse como inexistencia del fallo en sí, -que es el que en definitiva produce la cosa juzgada- y que se traduce en la parte dispositiva donde debe haber condena o absolución (cfr. CNCom., Sala A, “S.A. Cía. Azucarera Tucumana s/ Quiebra c. Cía. Nacional Azucarera S.A” del 28/11/95 citado por Highton, Elena I. - Areán, Beatriz A. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, Tomo 3, pág. 489).- A merced de lo expuesto, la ausencia de tratamiento y resolución por parte del Juez de grado sobre la procedencia o no del pago de los haberes jubilatorios del mes de enero de 2018, provoca el incumplimiento con un cometido que la ley les manda, tornando nula la sentencia dictada en dicha instancia (cfr. art. 2°, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) por cuanto la observación efectuada afecta directamente las garantías constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso.-
Debemos aclarar que este vicio tampoco fue advertido por la Excma. Cámara de Apelaciones al momento de emitir su decisión.-
VI. Despejada la anterior cuestión, es preciso agregar que la sentencia de Cámara, en orden a su estructura formal, congruencia y fundamentación, también adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional, ya que debe ser condición de validez de los fallos judiciales que sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo I, Reg. 10, Folio 42/45, entre numerosos otros).-
Como punto de partida, se debe ponderar que el razonamiento esbozado por la Excma. Cámara de Apelaciones para resolver como lo hizo no guarda relación con las constancias que surgen del proceso, transgrediéndose de esta manera, el principio de congruencia. Dicha violación surge con claridad del cotejo del escrito de demanda y de lo resuelto en la sentencia impugnada.-
Así pues, conforme se manifestó, uno de los fines perseguidos en el sub lite era el cobro de los haberes jubilatorios correspondientes al mes de enero de 2018 con más sus intereses, sin embargo, la simple lectura de la sentencia de Cámara revela la ausencia de un análisis en esa dirección limitándose, exclusiva-mente, a declarar abstracto el tratamiento de los recursos de apelación porque se encontraban abonados los haberes del mes de enero de 2019 excediendo, de esta manera, los límites del reclamo de los accionantes.-
Si bien, a fin de no incurrir en un exceso ritual manifiesto, este Alto Cuerpo podría considerar que la diferencia en el año se circunscribe a un mero error de tipeo, ello no resulta propicio toda vez que el fallo de Cámara también yerra al delimitar el objeto del proceso disponiendo: “...Entonces, si analizamos el objeto de la presente acción de amparo: 'el pago de los haberes jubilatorios del mes de enero de 2019 y se determine fecha cierta para el cobro de sucesivos haberes jubilatorios', comprobaremos que la cuestión debatida se ha convertido en abstracta.” (cfr. foja 210 vta.).-
El párrafo transcripto da cuenta que la Alzada coloca entre comillas un texto que no se condice con las actuaciones obrantes en el expediente, pues de una atenta lectura del mismo, no surge de manera literal el párrafo reproducido por el Tribunal inferior, como tampoco se indica de que fojas se habría extraído tal cita.-
Recuérdese que al promover el proceso y bajo el título “objeto” los actores refirieron: “…declare la ilegitimidad y arbitrariedad de su accionar, quienes por vía de hecho no han abonado a los presentantes el haber correspondientes (sic) al mes de enero del corriente año, pagado tardíamente los anteriores desde hace un año (febrero de 2017), y sólo la suma parcial de pesos veinte mil ($20.000). Pedimos entonces se ordene a los entes mencionados el inmediato pago de nuestros haberes jubilatorios adeudados…más sus intereses, y se determine fecha cierta para el cobro de los sucesivos haberes jubilatorios, inclusive las cuotas correspondientes del Sueldo Anual Complementario (SAC), con expresa imposición de costas.” (cfr. fs. 62 y vta.).- Mientras que en el petitorio concluyeron: “…a)…b)…c)…d) Se intime en un plazo de dos días hábiles al pago íntegro de todo lo adeudado, más sus intereses, bajo apercibimiento de ejecución.” (cfr. foja 69 vta.).-
En efecto, el fallo en crisis valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, superando el marco establecido por la relación procesal.-
Destacada jurisprudencia en la materia ha entendido que transgrede el principio de congruencia el fallo que se aparta del objeto del litigio determinado en la demanda y la contestación, comprometiendo la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal que debe primar en toda controversia judicial (cfr. SCBA, Sum. “Fideicomiso Financiero y de Administración 'Empresa Papelera Quilmes' s/ Beneficio de Litigar Sin Gastos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley”, causa LP A 74.632 S, del 23/09/2020; “Scaglia Ana María c/ IPS s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, causa LP A 74.458 S, del 19/12/2018, entre otros).- En palabras de Elena I. Highton, la Alzada se encontraba limitada en su decisión por aquello que fue materia de la litis, de modo tal que las cuestiones no presentadas al tribunal quedaban afuera del poder del juzgador, pues el límite lo constituye el thema decidendum propuesto por las partes en los escritos de constitución del proceso (cfr.
CNCiv., Sala F, 3/12/96, LL, 1997-B-806, DJ, 1997-3-576, aut. cit. y Aréan, Beatriz A.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, Tomo 3, pág. 479).- Idéntica postura han abonado los Máximos Tribunales Provinciales entre los cuales podemos destacar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que ha señalado: “...el principio de congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias.
El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (causas L. 94.807, 'Iasevoli', sent. de 1-XII-2010; L. 103.000, 'Boyler', sent. de 21-III-2012; L. 102.237, 'Villate', sent. de 05-IV-2013 y L. 117.223, 'Santore', sent. de 19-II-2015) (cfr. “Novoa María Paz c/ Corigliano Ricardo Domingo y otro/a s/ Despido”, causa LP L 122.222 S, del 14/12/2020).- En efecto, las consideraciones vertidas en los párrafos que anteceden sirven de suficiente y eficiente andamiaje jurídico para declarar la nulidad esencial y absoluta del fallo en crisis pues -al igual que el pronunciamiento de Primera Instancia- afecta la defensa en juicio y el debido proceso.-
VII. Ahora bien, aunque la sentencia de Cámara no hubiera incurrido en el vicio descripto precedentemente, igualmente vulnera el principio de congruencia al afirmar que la cuestión había devenido abstracta. En efecto, se observa que el fallo en análisis no valora adecuadamente las constancias de la causa omitiendo ponderar -de manera prudente- el interés concreto que tenían las recurrentes y que subsistía a la hora de emitir su pronunciamiento.-
A los fines de un mayor entendimiento del tema en estudio es preciso traer a colación que este moot case o caso abstracto, se da cuando “…no existe discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción (Imaz y Rey, Recurso Extraordinario, 2º ed. Nuevas Ediciones, p. 70 y 61). Ante la desaparición del interés que sustentaba la controversia, el juzgador se encuentra inhabilitado para ejercer su jurisdicción, no pudiendo erigirse pronunciamiento sobre lo que ya ha dejado de existir, sobre una cuestión que ha devenido en abstracto.” (cfr. SCJMendoza, Sala I, “C. R. E. y otra c/ Hospital Central s/ ejecución de honorarios p/ rec. ext. de inconstit-casación”, del 05/03/2015, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/3699/2015).- Este interés se encuentra determinado por el perjuicio o gravamen que la decisión le causa a la recurrente y consiste, en general, en la medida de la disconformidad de lo peticionado y lo resuelto (cfr. Fassi, Santiago C. y Yáñez, Cesar D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, Anotado y Concordado”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, Tomo 2, pág. 256).-
He de destacar que, al declararse abstracto el tratamiento de los recursos de apelación, quedaría firme la condena a abonar las sucesivas prestaciones jubilatorias de manera periódicas (dentro de las fechas señaladas en la sentencia de grado) y por un plazo indefinido ya que, el Magistrado de Primera Instancia, no impuso un límite temporal para su cumplimiento. Sumado a que -previo cálculo y por el proceso adecuado- se ejecuten intereses si se incurre en mora (cfr. fs. 157 y vta.).-
Idéntica situación ocurre con el Sueldo Anual Comple-mentario.-
Esto implica que la controversia aún no se encuentra extinguida, que el transcurso del tiempo no ha tornado inoperante el reclamo de autos y sobre todo que aún existe un interés económico y jurídico susceptible de ser tutelado.-
Esta situación -condena sin limitación en el tiempo- justificaba la interposición del recurso de apelación de las demandadas en virtud que el perjuicio se encontraba suficientemente determinado y precisado; y, reitero, mantenía su vigencia en oportunidad de dictarse la sentencia de Segunda Instancia.-
La cuestión a decidir no sólo tenía y tiene actualidad temporal y de contenido sino que, además, tiene implicancias para el futuro por lo que, existiendo colisiones efectivas de derechos, la Alzada debería haber ingresado al tratamiento de los recursos.-
Así entonces, se vislumbra que la respuesta jurisdiccional emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones es de una gravedad tal que no sólo trasunta un criterio visiblemente erróneo de las constancias de la causa sino que, además, determina el cierre de los caminos recursivos violando el derecho de defensa en juicio y alojando el decisorio en las puertas de la arbitrariedad lo que lo hace pasible de la tacha de nulidad.-
VIII. En definitiva, las irregularidades detectadas en ambos decisorios, llevan a la anulación, aun de oficio, de las sentencias de las anteriores instancias por violación de principios esenciales del procedimiento.-
Dichas nulidades son absolutas -por ende insusceptibles de convalidación-; debiendo reenviarse las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de Primera Instancia a efectos que dicte una nueva sentencia de acuerdo a las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo.-
Cabe entonces señalar que el núcleo dentro del cual se desenvuelve el fundamento crítico tanto al fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones como al pronunciamiento dictado por el Magistrado de Primera Instancia, está relacionado con la inobservancia del principio de congruencia consagrado en las disposiciones procesales supra apuntadas, dejando traslucir la carencia de los requisitos mínimos indispensables para su configuración jurídica originando un acto frustrado, nonato, impotente para la producción de efectos jurídicos insusceptible de convalidación e innecesitado de invalidación, no resultando necesaria su invocación, bastando meramente su constatación por lo que, ante ello, es potestad-deber de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia impedir que se mantenga una incongruencia decisoria y que ha determinado -por ende- sentencias anómalas (cfr. Sentencia, Tomo XI, Reg. 396, Folio 2149/2151).- La decisión que va a ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica.-
IX. Que en atención a lo expresado corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 148/157 vta. y de todo lo actuado a partir de la misma. Debiendo reenviar las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de Primera Instancia a efectos de que se dicte un nuevo fallo, teniendo presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo (cfr. arts. 2º y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Se imponen las costas por su orden atento la forma en que se resuelve.- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos por la afirmativa.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dice:
I. Si bien comparto el relato de los antecedentes de la causa así como la reseña de los agravios esgrimidos por las recurrentes, disiento con la solución propiciada por mis distinguidos colegas preopinantes.-
II. En mi opinión, declarar de oficio la nulidad de la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 148/157 vta. y de todo lo actuado a partir de ella es excesivo e importa un rigor formal lesivo de la garantía de defensa en juicio, que se encuentra integrada también por el derecho a obtener una sentencia en tiempo propio (art. 18 de la Constitución Nacional, arts. 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).-
Atendiendo al lapso prolongado que media desde el inicio del presente proceso, así como que en el mismo ya recayó sentencia, resulta contrario a la lógica y a la necesidad de garantizar a los justiciables la obtención de una tutela jurisdiccional rápida y efectiva, declarar en el presente estado de la causa la nulidad indicada. De admitirse esta tesitura se provocaría a los litigantes un innegable dispendio jurisdiccional y un evidente perjuicio al ver demorada injustificadamente una decisión judicial, en tanto importa retrotraer y reeditar una causa que se encuentra en trámite desde inicios del año 2018.- Entiendo que deben primar estas razones por sobre la eventual afectación generada al servicio de justicia derivada de la preterición por parte del juzgador de origen respecto a una de las pretensiones procesales introducidas en la demanda de amparo, vinculada con la deuda de los haberes jubilatorios del mes de enero de 2018, máxime cuando el Poder Ejecutivo Provincial precisó en marzo de ese año que para aquella fecha se encontraban íntegramente abonados a cada uno de los amparistas (cfr. foja 100 vta.), por lo que no se verificaría un agravio concreto y actual respecto a la ausencia de tratamiento de esa cuestión.
En tal sentido, es dable indicar que este Cimero Tribunal, al repasar la situación económica y social suscitada en el ámbito local durante aquella época, calificó de pública y notoria a la conflictividad producida en diversas áreas, concluyendo que fue producto de una situación excepcional, que no había vuelto a ocurrir (cfr. voto de la mayoría en Sentencia, Tomo XXII, Reg. 713, Folio 4277/4285; y Reg. 714, Folio 4286/4294).- Como bien ponen de resalto Augusto M. Morello y Carlos A. Vallefín, “Si bien es cierto que conforme al postulado de congruencia la labor del juez al momento de dictar sentencia está condicionada a los hechos afirmados en la demanda y en la contestación, no lo es menos que tal principio en modo alguno es rígido o absoluto desde que admite excepciones en todas aquellas hipótesis en las que durante el proceso se extinguen o consolidan los derechos litigiosos.
Es que si así no fuera, la labor del juez no traduciría un quehacer axiológicamente aprobable, toda vez que se limitaría a declarar o reconocer derechos cuya existencia o justificación han cesado y que han dejado sin base actual de sustentación el fundamento originario de la demanda (cfr. aut. cit., “El amparo. Régimen Procesal”, 4ª ed., LEP, La Plata, 2000, págs. 139/140).- Tampoco puede dejarse de sopesar la conducta discrecional de los amparistas frente a la omisión del sentenciante de Primera Instancia, dado que si hubieran estimado que les provocaba un perjuicio de magnitud habrían podido interponer el remedio de aclaratoria (art. 167, inc. 2° del CPCyC) o, en su caso, recurso de nulidad (art. 254 del CPCyC) o concretar una petición en los términos del artículo 277 del CPCyC.-
Por otro lado, no advierto en el pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones un déficit de orden formal. A mi juicio, es evidente que la Alzada incurrió en un error involuntario, al consignar que el objeto del amparo tenía en miras el pago de los haberes jubilatorios del mes de enero de 2019; empero, ello no habilitaría por sí solo la sanción de nulidad, resultando perfectamente válido concluir -sin afectación del principio de congruencia y el derecho de defensa- que el año individualizado refleja un mero error material de tipeo. Considero, asimismo, que el yerro en el razonamiento adoptado por el Tribunal a quo en punto a declarar abstracta la cuestión debatida importaría un eventual error in iudicando, acaecido con base en una equivocada apreciación de los hechos litigiosos.- Conviene puntualizar, por otra parte, que en esta instancia extraordinaria los amparistas no formularon reserva o acotación alguna en relación a las omisiones que se vienen comentando, conforme surge de la simple lectura de su memorial contenido en PE60369-2021.
Frente a ello, es de importancia destacar que “...la memoria del recurrido permite replantear la(s) cuestiones propuestas en la instancia de origen, que hayan sido omitidas, por descuido o desplazamiento, o desestimadas por el tribunal a-quo, en la medida que el tratamiento de estos capítulos por la SCBA propenda a la desestimación del RIL...” (cfr. Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires - Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal”, LED, La Plata, 2004, pág. 323).- Es menester tener en cuenta que: “...en materia de nulidades procesales debe primar un criterio de interpretación restrictivo y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio cause un perjuicio irreparable que tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en el menoscabo de algún otro derecho (conf.
Fallos: 330:4549 y 334:1081, entre otros) ya que, de otro modo, la nulidad aparecería como un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta terminación de los procesos, donde también se conjuga el interés del orden público (conf. Fallos: 325:1404).” (cfr. Del Dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 342:624).- Finalmente, estimo inconveniente retrotraer el proceso -postergando con ello su dilucidación- en tanto este Tribunal Superior de Justicia ya se ha expedido sobre la materia ventilada en el sub lite en reiteradas oportunidades y ante casos sustancialmente análogos. Con el seguimiento de la doctrina legal forjada en esos antecedentes -sobre los cuales volveré más adelante- se brinda predictibilidad, seguridad y se asegura en sede judicial el principio de igualdad, cumpliendo de este modo con una de las funciones primordiales de la casación, cual es, la unificación de la jurisprudencia.-
III. Despejado lo que antecede, es preciso ingresar en el estudio de los cuestionamientos formulados por las recurrentes, principiando por el agravio que procura la nulidad del pronunciamiento en crisis, al endilgarle la omisión de cuestiones esenciales.-
En prieta síntesis, las recurrentes aseveran que la sentencia del Tribunal de Alzada no se ha pronunciado sobre ninguno de los fundamentos que vertieron para rebatir los argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia, evadiendo de esa forma el tratamiento de cuestiones centrales que determinarían su invalidez. Dicen que bajo el pretexto de que la cuestión sometida a juzgamiento ha devenido abstracta, la Excma. Cámara de Apelaciones elude expedirse acerca de cuestiones que resultan esenciales para el litigio, entre ellas, la atinente a la existencia de una acción declarativa en el marco de una acción de amparo (cfr. fs. 222/223 y 231/232).- Frente a un agravio planteado en similares términos, este Tribunal Superior de Justicia ha tenido oportunidad de sostener que: “...El agravio así planteado, en tanto constituye una mera afirmación desprovista del mínimo desarrollo argumental que le de sustento, es manifiestamente improcedente...También ocurre lo propio con el agravio relativo a que la Alzada omitió tratar una cuestión esencial -planteada por el Estado Provincial en su recurso de apelación- relativa a la existencia de una acción declarativa en el marco de una acción de amparo, desde que la crítica del recurrente no constituye una impugnación directa y eficaz de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento objetado contiene en este punto. Dicha tarea, es de destacar, no se cumple cuando la recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio expuesto en la sentencia atacada, como ocurre en el caso.” (cfr. Voto de la mayoría en Sentencia, Tomo XXI, Reg. 686, Folio 4001/4012).- Robustece lo expuesto el hecho de que: “...'...La omisión de cuestión esencial ocurre cuando se ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando el tribunal brinda las razones por las cuales considera que aquél no debe ser encarado, siendo ajeno este remedio extraordinario de nulidad el acierto jurídico de tal determinación…'...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg. 554, Folio 3128/3138).-
Hay omisión de cuestión esencial cuando la Cámara incurre en una verdadera inadvertencia de la propuesta, pero no cuando la falta de tratamiento expreso de la temática aparece naturalmente desplazada por la atención brindada a otra que lógicamente supone haber olvidado la problemática (cfr. SCBA, “Granillo Olga Celia c/ Tedeschi Lorenzo Cayetano y otros s/ Daños y perjuicios”, causa LP Ac. 57.637 S, del 15-09-1998, voto del Dr. Juan Carlos Hitters).-
En autos no se observa la trasgresión denunciada, desde que el órgano de Alzada expresó las razones por las cuales consideraba que la cuestión sometida a juzgamiento había devenido abstracta, lo que entrañaba la imposibilidad de expedirse en torno a los agravios planteados en los recursos de apelación. Entonces, desde la óptica del quebrantamiento de forma, no asiste razón a las recurrentes, por lo cual este ataque debe ser desestimado.-
IV. Arribados a este punto, corresponde evaluar el reproche que las recurrentes despliegan contra la decisión de declarar abstracta la cuestión de autos.-
Si bien esta pretensión recursiva hace mención al carril impugnativo establecido en el artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. fs. 219 vta. y 228 vta.) a los efectos de encauzar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza del agravio desarrollado, corresponde que su tratamiento se adscriba al marco previsto en el artículo 3º del régimen precitado.-
Ello así, por cuanto actualmente la exigencia de precisión motivacional “…se encuentra morigerada merced a la aplicación de la regla que trasunta en el adagio 'iuria novit curiae' e 'indeferencia del nomen iuris'...basta que el recurrente señale exactamente un hecho contemplado en la ley como motivo de impugnación y lo desarrolle con la debida suficiencia técnica […] en materia impugnativa el error incurrido en la denominación del motivo no importa causal de inadmisibilidad del recurso de casación, siempre que el agravio...se halle clara (sic) y suficientemente expuesto […] 'el poder-deber que tienen los magistrados de aplicar el derecho, independientemente de los hechos alegados por las partes, autoriza sólo a superar errores de encuadre legal entre las distintas causales de un mismo recurso…'…” (cfr.
Perrachione, Mario C.: “La casación como método de control de la función jurisdiccional”, Alveroni, Córdoba, 2003, págs. 237 y 239).- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, frente a un recurso extraordinario de nulidad incoado contra una decisión de una Cámara de Apelaciones que había considerado que la cuestión debatida en el marco de un amparo había devenido abstracta, sostuvo que: “...el contenido de la impugnación se emplaza, en rigor, dentro de la temática típica del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por cuanto la crítica efectuada se sustenta…en el encuadre jurídico dado por la Cámara actuante a los hechos del caso, lo que motivó, en definitiva, que la pretensión haya sido declarada abstracta.
Es decir, que el embate se orientó a la forma en que la alzada juzgó los hechos del caso de conformidad con el derecho aplicable...la denuncia de vicios in iudicando deviene ajena al recurso extraordinario de nulidad y propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley…” (cfr. “Lafforgue Juan y otros s/ Amparo. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley”, causa LP A 70.134 S, del 11/04/2012).- Ello así, por cuanto la constatación de la existencia de una cuestión abstracta, con posterioridad al inicio de la demanda, constituye una típica cuestión de hecho, excluida de esta instancia casatoria, salvo demostración de absurdo (cfr. SCBA, “Albaytero Juan Aníbal c/ Municipalidad de Quilmes s/ Amparo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, causa LP A 72.274 S, del 09/03/2016). Requiere adentrarse en el análisis de los escritos constitutivos de la litis. “En general, constituye una cuestión de hecho interpretar los escritos judiciales presentados por las partes. Particularmente, los de demanda y contestación...” (cfr. Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires - Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal”, LED, La Plata, 2004, pág. 154).- En este contexto, estimo que las críticas esgrimidas son suficientes para tener por configurado el vicio del absurdo.-
Se ha dicho que: “Un pronunciamiento judicial debe emitirse dentro de la atmósfera natural en la cual actúan los jueces, es decir, el caso o controversia judicial...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 665, Folio 3843/3845). La necesidad de la configuración de un “caso”, “causa” o “controversia” judicial como requisito para entrar a conocer acerca del mérito o fondo de la cuestión propuesta es de la esencia de la función jurisdiccional en general.-
Un caso que originalmente fue justiciable puede dejar de serlo si suceden determinados hechos que lo convierten en un caso abstracto, y como tal carente de interés judicial. El caso tuvo actualidad, pero la ha perdido por la ocurrencia de hechos sobrevivientes a la promoción de la acción. El requisito del interés personal que debe existir al comienzo del pleito debe subsistir a lo largo de toda su existencia. Un caso judicial no nace abstracto; se hace tal cuando luego de su planteo sobrevienen circunstancias de hecho o de derecho que modifican las existentes en el momento de su iniciación, tornando innecesaria e ineficaz la decisión judicial (cfr. Bianchi, Alberto B.: “Control de constitucionalidad”, 2ª ed., actualizada, reestructurada y aumentada, Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998, Tomo 1, págs. 303, 304 y 307).- Es por ello que: “El poder de juzgar ha de ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuesto en el marco de un 'caso' o 'controversia', lo que impide su ejercicio cuando estas circunstancias ya no existen.” (Fallos 311:787).-
En ese mismo orden de ideas, es pacífica y reiterada doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que en la acción de amparo debe estarse a la situación existente al momento en que se resuelve, de manera tal que si varió la situación fáctica habida al tiempo en que se promovió la acción, las cuestiones planteadas se vuelven abstractas (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 610, Folio 3498/3509, entre otros). E, igualmente, se sostuvo que: “…cuando media el 'ius superviniens' (entendiéndose por tal, el evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis)…razones de economía procesal -y en algunos casos, de prevalencia de la verdad jurídica objetiva- aconsejan tomar en cuenta la modificación operada…” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 448, Folio 2445/2446).- Es importante tener en cuenta que los diversos elementos que componen el caso judicial no son fácilmente reducibles a categorías binarias (existencia o inexistencia), sino que se trata, por lo general de cuestiones de grado o intensidad (cfr. Laplacette, Carlos José: “Acciones Declarativas de Inconstitucionalidad: En el Poder Judicial de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 1ª ed., CABA, La Ley, 2020, pág. 70). Debe primar especialmente la prudencia y la mesura en aquellos pronunciamientos que arriben a soluciones como las aquí impugnadas, desde que eventualmente podrían importar un menoscabo al derecho de formular peticiones ante los órganos encargados de resolver conflictos, al dejar indefinidamente sin respuesta a quienes acuden a los estrados judiciales.- Si bien es evidente que la situación fáctica que originó la presente contienda sufrió alternaciones de significancia, no puede aseverarse sin más que el mero transcurso del tiempo haya conllevado el fenecimiento del interés jurídico de los litigantes, tornando estéril la intervención judicial.-
Conforme surge de las constancias obrantes en la causa, los amparistas entablaron su demanda con el objeto de que se ordene a las autoridades accionadas “…el inmediato pago de nuestros haberes jubilatorios adeudados según corresponda a cada uno, más sus intereses, y se determine fecha cierta para el cobro de los sucesivos haberes jubilatorios, inclusive las cuotas correspondientes del Sueldo Anual Complementario (SAC), con expresa imposición de costas.” (cfr. fs. 62 y vta.), pretensiones que fueron oportunamente repelidas por las accionadas (cfr. fs. 98/104 vta. y 114/120).-
Tal como se puso de relieve en el voto de mis colegas preopinantes, al declararse abstracto el tratamiento de los recursos de apelación incoados oportunamente por las demandadas (cfr. fs. 170/179 vta. y 180/188 vta.), adquiriría firmeza la condena dispuesta en la instancia de origen, a partir de la cual se ordena el pago de las prestaciones jubilatorias -incluyendo el SAC- dentro de las fechas allí consignadas, lo que se recrudece aún más frente a la indefinición temporal que se adopta para su cumplimiento. Tampoco puede restarse importancia al tratamiento que el judicante dedicó al reclamo de intereses moratorios, puesto que -según aquél razonamiento sentencial- estos se devengarían en el supuesto de que los haberes jubilatorios no se abonen en la fecha fijada judicialmente, estipulando que su cálculo y ejecución debería ser canalizado por la vía procesal pertinente (cfr. fs. 148/157 vta.).- En tales condiciones, subsiste un interés económico y jurídico que impide convalidar el decisorio bajo revisión en punto a la supuesta pérdida de actualidad del pleito.-
Se aprecia, en suma, un interés jurídico actual que justifica el dictado de un pronunciamiento judicial y, por ende, en modo alguno podía reputarse que la cuestión sometida a debate ha devenido abstracta. La recta hermenéutica de los elementos de juicio existentes en la causa, conduce a repeler la postura injustificadamente rígida expresada en la sentencia en crisis, en tanto se desentiende de la real significancia de los términos en los que cada una de las partes ha expuesto su posición, por lo que corresponde receptar favorablemente el agravio en cuestión.-
V. Sentado lo que antecede, deviene pertinente adentrarse en el examen del agravio rotulado como “Violación y Errónea Aplicación de la Ley. Vulneración del Principio de División de Poderes - Arbitrariedad”, en el que -en resumidas cuentas- las impugnantes denuncian la trasgresión del artículo 3º, inciso e) de la Ley Nº 1117 y dicen que la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones no logra justificar adecuadamente la vía del amparo, por cuanto la materia debatida jamás debió ser sometida a decisión bajo el acotado marco de este tipo de proceso, en tanto se requiere el examen integral de la situación presupuestaria, lo que refleja la complejidad de la situación planteada (cfr. fs. 223/225 y 232/234).- Tal como lo adelanté en el punto II, se advierte que la cuestión sometida a decisión ha sido resuelta por este Tribunal en casos sustancialmente análogos.-
En efecto, este Alto Cuerpo ha establecido -por mayoría- en las causas “Pereyra”, “Perancho”, “Zaragoza”, “Saldivia” “Vivanco” y “Llegues” que: “…la dilucidación del conflicto planteado exige mayor amplitud de debate y prueba, óbice insalvable para el remedio sumarísimo elegido…”, lo que llevó a considerar que: “…a efectos de dar una adecuada respuesta jurisdiccional a la pretensión del actor resulta necesario que el debate se realice en el marco de un proceso en donde pueda darse una mayor amplitud, no sólo de debate sino también de prueba; amplitud que en el breve trámite establecido en esta excepcional vía no puede observarse...Ese marco, le permitirá a los magistrados el prudente estudio de las consecuencias jurídicas, sociales y económicas de la decisión que tomarán sobre una materia que, en principio, se encuentra dentro de la zona de reserva de otro de los poderes del Estado...” (cfr. Sentencia, Tomos XX, Reg. 670, Folio 3880/3891; Reg. 677, Folio 3928/3939; Reg. 681, Folio 3957/3967; XXI, Reg. 686, Folio 4001/4012; Reg. 687, Folio 4013/4023 y Reg. 690, Folio 4040/4051).- De tal modo, siguiendo la doctrina judicial emanada de los precedentes aludidos, corresponde hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el Estado Provincial a fs. 217/225 y por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz a fs. 226/234, y casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 208/213; y en consecuencia, rechazar la acción de amparo interpuesta por los amparistas a fs. 62/69 vta., con costas por su orden (cfr. art. 16 de la Ley Nº 1117); diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
A la segunda cuestión, el Dr. Mariani, la Dra. Mercau, el Dr. Basanta y la Dra. Ludueña Campos dicen:
I. Atento a la forma en que nos hemos pronunciado respecto de la primera cuestión, proponemos se dicte sentencia declarando de oficio la nulidad del pronunciamiento dictado en Primera Instancia obrante a fs. 148/157 vta. y de todo lo actuado a partir del mismo; reenviando las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de Primera Instancia a efectos de que dicte un nuevo fallo, teniendo presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo (cfr. arts. 2º y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-); imponiendo las costas por su orden atento la forma en que se resuelve. Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.- A la segunda cuestión la Dra. Fernández dice:
Que, por las consideraciones vertidas en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a los recursos de casación interpuestos por el Estado Provincial a fs. 217/225 y por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz a fs. 226/234; y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 208/213, rechazando la acción de amparo interpuesta por los amparistas a fs. 62/69 vta., imponiendo las costas por su orden (cfr. art. 16 de la Ley Nº 1117) y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 3 de marzo de 2023.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y Dr. Fernando Miguel Basanta, y el voto en disidencia de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar de oficio la nulidad de la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 148/157 vta. y todo lo actuado a partir de la misma; reenviando las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de Primera Instancia para que se dicte un nuevo fallo, teniendo presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo (cfr. artículos 2º y 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1003S.231 Tomo: XXII Interlocutorio: 728 Folio N°: 4399/4410 Secretaría: 1
Fin de la sentencia