Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2591/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1241382-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1337146-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2591/24-TSJ Interlocutorio N°: 3827 Actor:
Demandada:
Objeto:
Fecha: 30-08-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3827 FOLIO Nº 6985/6988 PROT. ELECT. TSS1 041 I.241
Río Gallegos, 30 de agosto de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “RODRIGUEZ LUIS ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº R-20.330/19 (R-2591/24-TSJ) venidos al acuerdo para resolver; y:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora (cfr. PE1241382-2024) contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial. Esta decisión revocó el pronunciamiento dictado en Primera Instancia e hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios, condenando a la Municipalidad de Pico Truncado a abonar la suma de pesos cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta ($466.480), con más los intereses computados a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. PE1204740-2023).-
II. En su impugnación extraordinaria, el señor Luis Antonio Rodriguez aduce errónea aplicación de la ley y arbitrariedad en la determinación del monto de condena (cfr. PE1241382-2024, pág. 1).-
Postula que la cuantía indemnizatoria es exigua e insuficiente para reparar integralmente el daño provocado a su patrimonio y que, además, carece de fundamentación razonable, constituye una inobservancia del principio de congruencia e importa un absurdo (cfr. PE cit. pág. 2).-
Al sostener la irrazonabilidad del valor de la reparación, recuerda que el 24 de noviembre de 2016 fue despojado ilícitamente por la demandada de carne bovina y ovina, y que por razones ajenas a su parte (por ejemplo, depreciación monetaria, distorsión de los precios relativos y evolución de variables económicas y financieras) el monto correspondiente al precio de plaza de esa fecha no alcanzaría para reponer ni siquiera el 20% de la mercadería confiscada y mucho menos para compensar la pérdida de chance y el quebranto financiero provocado. Afirma que para comprar 44 corderos y 37 medias reses de novillo en la época señalada se necesitaban $490.000 y para comprar esa misma cantidad en febrero de este año se requieren $32.380.000, lo que refleja la verdadera magnitud del daño (cfr. PE cit., pág. 3).- Indica que a partir del principio de congruencia el juez no está autorizado a introducir cuestiones que no fueron planteadas por los litigantes a lo largo del proceso (cfr. PE y pág. cits.).-
Para sustentar la arbitrariedad del decisorio argumenta que la certificación contable acompañada con la demanda no fue impugnada ni redargüida de falsedad, debiendo entenderse que hace fe pública sobre la veracidad de las cifras allí consignadas y que, asimismo, se prescindió de valorar las explicaciones que el profesional brindó en una audiencia. Expresa, por otra parte, que la Cámara excedió la materia sometida a juzgamiento al incursionar en fórmulas que no fueron peticionadas por las partes (cfr. PE cit.,pág. 5).- Dice que, casos como el presente -en los que se demanda la reparación de daños y perjuicios- no se deben considerar valores históricos sino los propios del momento de la sentencia (cfr. PE cit., pág. 8).-
Por último, expresa que deja sujeto a criterio de este Alto Cuerpo si habrá de condenarse a la demandada al pago del monto reclamado con más sus intereses a tasa pasiva fijados desde la interposición de la demanda o bien si se habrá de establecer un modo diverso de calcular la cuantía indemnizatoria que asegure -al momento del pago- la equivalencia en dinero del valor actual de la mercadería objeto de despojo (cfr. PE cit., pág. 12).- La Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1337146-2024).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE854964-2024).-
III. Se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido.- A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva examinada no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. Los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el presente caso.-
En efecto, de lo que se agravia el actor es de la manera en la cual el Tribunal de Alzada cuantificó la indemnización y ello es, en principio, materia propia de los jueces de grado.-
Este Tribunal Superior de Justicia ha señalado en reiterados precedentes que la fijación del monto de las condenas, en cuanto a su cálculo aritmético y quantum, resulta, en principio, ajeno a la casación. En esta línea ha expresado que la cuantificación del resarcimiento en acciones de daños y perjuicios sólo encuentran acogida por la vía casatoria, si se logra demostrar el manifiesto absurdo que permita el excepcional estudio de hechos y pruebas porque la determinación del monto indemnizatorio constituye una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado, quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXII; Reg. 3641, Folio 6366/6369; Reg. 3644, Folio 6375/6381; XXXIII, Reg. 3694, Folio 6524/6528, entre otros).- Los planteos así formulados tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de las pruebas llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de Alzada. En efecto, bajo el ropaje de una pretendida errónea aplicación de la ley, el casacionista procura incursionar en cuestiones de orden probatorio, sin refutar todas y cada una de las razones desplegadas en el pronunciamiento impugnado.- Entonces, sólo intentando demostrar que se ha configurado un caso de absurdo, podría el recurrente lograr el ingreso a la máxima instancia provincial.-
En este caso el actor circunscribe su ataque recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin tratar de demostrar acabadamente la incorrección de la evaluación llevada a cabo por la Cámara de Apelaciones y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado. El casacionista pretende lograr la revisión de las circunstancias fácticas ante esta instancia extraordinaria sin hacerse cargo de los argumentos brindados por la Alzada y así no logra evidenciar, puntualmente, que el razonamiento empleado estuvo afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes.- No se observa en el fallo atacado la configuración del vicio referido, toda vez que brindó sólidos y razonables fundamentos para justificar la cuantificación del daño.-
Al concretar la tarea de cuantificación el órgano judicial puntualizó que: “…no se acompaña ni de (sic) dan cifras de haber requerido refinanciación al Banco, haber vendido bienes o el impacto en la empresa. Ni tampoco se acompaña prueba alguna más que el certificado del CPN Manyare…no surge de autos la magnitud de la empresa…ni la magnitud de la descapitalización que sostiene debió soportar, no se indica que bien debió vender…No acompañó balances ni la evaluación de sus obligaciones tributarias y si el decomiso fue denunciado como pérdida para reducir ganancia sobre la que debía tributar.” (cfr. PE1204740-2023, pág. 23).- Y, a continuación, puso de relieve que: “…no obstante tener el actor sobre sus hombros la carga de la prueba, se limitó a aportar la mencionada a fs. 27 [aludiendo a la certificación contable]…” (cfr. PE cit., pág. 24).-
En cuanto al daño indirecto o pérdida de chance alegado en la demanda, expuso que: “…ninguna prueba se trajo a autos cuando hubiera sido fácil acreditar el pago de intereses al Banco por descubierto, la venta de bienes para asumir compromisos que no se dimensiona… no se indicó ni se probó el margen de ganancia de su actividad…” (cfr. PE cit., págs. 24/25).-
También explicó que: “En el beneficio de litigar sin gastos [el actor] afirma haber experimentado un acelerado proceso de endeudamiento y descapitalización…En esas actuaciones se dispuso de oficio, además de la prueba ofrecida, la realización de un informe socio ambiental…al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, al Municipio de San Julián sector Tierras. No se diligenció ninguna de las pruebas ofrecidas y nunca se concedió el beneficio y por ende no se acreditó lo invocado.” (cfr. PE cit., pág. 25).- Fue en definitiva, sobre esta base argumentativa que la Cámara admitió que correspondía fijar una suma indemnizatoria total de $446.480, con más intereses desde que el daño se produjo y hasta el efectivo pago, computados a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina.-
Frente a este contexto, se advierte que el escrito portador del recurso evidencia endebles críticas sin ser sostenidas en argumentos jurídicos y fácticos que permitan calificarlas de razonadas o fundadas, omitiendo rebatir las razones esenciales brindadas por la Cámara. Por el contrario, las afirmaciones del recurrente pretenden discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse. Empero, omite desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado.- Por otra parte, debe tenerse en cuenta que: “El éxito del recurso exige la demostración del error jurídico que se le atribuye a la sentencia (…) ‘Así los argumentos de la impugnación deben dirigirse directa y concretamente en contra de los preceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Tiene que replicarse en forma completa o adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento cuestionado contiene, porque, de otra forma, aquellas permanecen firmes e impiden su revisión…’…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3169, Folio 5208/5212).- Así las cosas, el desarrollo recursivo bajo examen resulta insuficiente, por cuanto omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares reseñadas. De este modo, debe advertirse que no se presenta como eficaz la crítica que se desentiende de la línea argumental del fallo y se dedica a censurarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento.- En suma, la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas agregadas a la causa, hizo la Cámara constituye una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio.-
Tampoco son de recibo las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a una presunta infracción al principio de congruencia. En este punto, el recurso se exhibe insuficiente porque el casacionista no ha logrado demostrar un error grave, palmario o manifiesto en el juicio o raciocinio de la Cámara de Apelaciones o una inconsistencia severa que patentice un grosero desvío lógico.- En cuanto a la alegada arbitrariedad de la resolución, se debe recordar lo ya dicho por este Alto Tribunal, a saber que: “…‘...para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’...’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- Es así que, no se aprecia en la especie, un planteo con entidad suficiente para demostrar la existencia de arbitrariedad en la sentencia.-
Idéntica suerte adversa debe correr el argumento vinculado con la supuesta afectación de derechos de orden constitucional, como los contenidos en los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que el impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. La sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
V. En virtud de lo expuesto, el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1241382-2024, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1337146-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1241382-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1337146-2024.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1041I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3827 Folio N°: 6985/6988 Secretaría: 1
Fin de la sentencia