Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-862/23-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar operada la negligencia en la producción de la prueba informativa ofrecida por la parte demandada en PE835197-2023, acápite V, punto 2°, peticionada por la actora en PE890319-2023.-
2Rechazar el acuse de negligencia respecto a la prueba informativa ofrecida por la demandada en su PE835197-2023, acápite V, punto 1°, peticionada por la actora en PE890319-2023.-
3No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora en PE490647-2023.-
4Imponer las costas en el orden causado.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: R-862/23-IMC-TSJ Sentencia N°: 1130 Actor: RODRIIGUEZ LUIS ANTONIO Demandado: MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA –INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 08/08/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1130 FOLIO Nº 3640/3644 PROT. ELECT. TSS1 017 C.231
Río Gallegos, 8 de agosto de 2023.-
Los presentes autos caratulados: "RODRIGUEZ LUIS ANTONIO C/ MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-", Expte. Nº R-862/23-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver el planteo de negligencia de la prueba informativa incoado por la parte actora en PE890319-2023, así como la pretensión cautelar que promueve en PE790647-2023.-
II.a. En su acuse de negligencia, la accionante peticiona que se le dé por decaído el derecho que la contraria ha dejado de usar, al no haber acreditado el diligenciamiento de los oficios ordenados a su pedido; ello, en atención al estado de autos y lo dispuesto por los artículos 22, 45 y 46 del CPCA, Ley N° 2600 y los artículos 361 y 362 del CPCyC (cfr. PE890319-2023).-
Corrido el traslado pertinente (cfr. PE561013-2023), la parte demandada solicita su rechazo y aclara que la prueba informativa en cuestión fue ofrecida en forma subsidiaria ante un eventual desconocimiento de las cartas documentos glosadas a la causa. Agrega que, sin perjuicio que en autos se rindió la constancia del diligenciamiento de las misivas, deviene abstracto su resultado, debido al reconocimiento expreso realizado por la actora en PE840475-2023 respecto a la autenticidad de la documentación aportada (cfr. PE914698-2023).- b. A fin de dirimir la presente incidencia, resulta conveniente efectuar una breve reseña de las actuaciones cumplidas en la causa y que guardan relación con el referido planteo de negligencia.-
En PE835197-2023 la demandada solicitó el rechazo de la medida cautelar peticionada por la contraria. En el acápite V de su escrito (rotulado bajo la denominación “Prueba”) aseveró que adjuntaba tres cartas documentos en calidad de prueba instrumental (v. ptos. B, E y F). En rigor de verdad, dos de estas misivas fueron acompañadas inmediatamente después con su PE836308-2023, al advertir que involuntariamente había omitido adjuntarlas. Igualmente, en el precitado acápite V, ofreció dos medios de prueba informativa: el primero, dirigido al Correo Argentino -sucursal Pico Truncado-, para que remita las constancias de notificación de las misivas individualizadas y, el segundo, destinado al Consejo Agrario Provincial -Dirección Pico Truncado- a efectos de informar la época en la que se procedió a retirar los sellos veterinarios que certifican el estado bromatológico de los productos faenados. Subsidiariamente, para el supuesto de que se desconocieran las epistolares, peticionó que se libre oficio al correo para que se expida en torno a su autenticidad (cfr. PE835197-2023, pág. 3).- Al conferirse traslado a la actora de la documental acompañada (cfr. PE528400-2023), esta reconoció su autenticidad (cfr. PE840475-2023, pto. III).-
El 30 de marzo del corriente año se ordenó la apertura y producción de las pruebas enunciadas con anterioridad (cfr. PE530375-2023). Posteriormente, la actora efectuó el acuse de negligencia en cuestión (cfr. PE890319-2023).-
c. Llegados a este punto, cabe precisar que no resultan acertados los argumentos ensayados en PE914698-2023, mediante los cuales la demandada le atribuye el carácter de abstracto a la cuestión, con base en que la prueba informativa fue ofrecida subsidiariamente para el supuesto desconocimiento de las cartas documentos y que tras el reconocimiento de la contraria en PE840475-2023 ha perdido actualidad. Un simple cotejo con el esquema probatorio plasmado en su PE835197-2023 alcanza para verificar la inexactitud de sus aseveraciones, puesto que el tema de la prueba informativa refería a las constancias de recepción de la correspondencia epistolar y tan solo la informativa ofrecida en subsidio versaba sobre su autenticidad.
También se aprecia el carácter fragmentario del análisis propuesto, al soslayarse toda referencia a la prueba informativa destinada al Consejo Agrario Provincial. d. Arribados a este tramo de análisis, corresponde recordar que este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que “…la negligencia en la producción de las pruebas según lo expresado por prestigiosos autores en la materia ‘...es reconocida como una institución procesal que tiene por finalidad hacer perder el derecho de actuar un medio probatorio cuando por acción o inacción imputable se ocasione una demora perjudicial e injustificable en su trámite. Y tiende a cumplimentar uno de los principios rectores del proceso, el de la celeridad, pues la sanción que la misma acarrea, estimula a las partes a instar el impulso procesal, en el pertinente plazo probatorio...’...” (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomos XIV, Reg. Reg. 927, Folio 2765/2766; XV, Reg. 951, Folio 2877/2879; XVII, Reg. 1041, Folio 3247/3248; y Reg. 1052, Folio 3301/3303).- El artículo 361 del CPCyC (aplicable a la especie por remisión del art. 71 CPCA) dispone, en su redacción actual, que: “Las partes deberán gestionar el libramiento de los oficios y exhortos y retirarlos para su diligenciamiento en el plazo de cinco (5) días contados desde la notificación por ministerio de la ley, de la providencia que los ordenó”. De su lado, el artículo 362 del mismo cuerpo normativo determina que le incumbe a los interesados urgir para que las pruebas sean diligenciadas oportunamente. Las partes no sólo deben ofrecer las pruebas de que intenten valerse, sino que también se encuentran compelidos a ejecutar todos los actos necesarios para que se produzcan efectivamente las mismas, dentro del plazo fijado por el Tribunal.- En el presente caso se constata que desde que se proveyó el libramiento de oficio al Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz -Delegación Pico Truncado- la demandada no instó la producción de dicha prueba, por lo cual corresponde hacer lugar al pedido de negligencia respecto al referido medio probatorio.-
e. Distinta solución corresponde adoptar con relación al acuse de negligencia formulado respecto a la prueba informativa dirigida al Correo Argentino -sucursal Pico Truncado-.-
Es necesario tener en cuenta, siguiendo a Enrique M. Falcón, que: “para que la negligencia en la producción de la prueba se tipifique, es menester que haya demora, que esa demora sea imputable y que implique una dilación injustificable en el normal desarrollo del proceso…pero, además, por un lado, corresponde efectuar una apreciación restrictiva de la procedencia de la declaración de negligencia probatoria, por lo que en caso de duda se ha de estar a favor de la producción de la prueba, salvo demora injustificada e irrazonable que altere el normal desarrollo del juicio y, por otro, el análisis en torno a la configuración de la negligencia probatoria no debe efectuarse sólo en base a pautas objetivas, pues esos datos deben evaluarse teniendo en cuenta las particulares aristas del proceso, el interés que se infiere de aquellos actos llevados a cabo por el oferente, cuanto de la importancia de la prueba a los fines de dilucidar el conflicto y asegurar el resultado de una decisión que cuente con el debido respaldo…”.
A ello añade que: “La calificación de la conducta no depende de manera exclusiva de la mera constatación objetiva del número de días transcurridos entre un acto y otro sino que más de ello resulta menester la existencia del condimento subjetivo que se vincula a la actitud de abandono, desinterés y desidia por parte del oferente de la prueba…el instituto de la negligencia en la producción de la prueba no tiene por finalidad hacer perder pruebas, sino, de alguna manera, sancionar al indolente que obstruye el desarrollo y conclusión normal del proceso.” (cfr. autor cit., “Tratado de la prueba”, Tomo III, 1ª ed. revisada, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2022, v. 3, págs. 559 y 560).- También debe juzgarse la cuestión a la luz de la directriz legal contenida en el artículo 363 del CPCyC, por remisión del art. 71 del CPCA, Ley Nº 2600, que en su parte pertinente dispone que: “Se desestimará el pedido de declaración de negligencia cuando la prueba se hubiere producido y agregado antes de vencido el plazo para contestarlo”.
Predomina el principio de amplitud probatoria, pues resultaría disvalioso que una prueba producida y agregada sea desestimada obstaculizando el esclarecimiento del litigio. La norma precitada tiende a incorporar las pruebas al proceso siempre que ello no implique demoras injustificadas (cfr. Highton, Elena I. – Areán, Beatriz A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2007, v. 7, pág. 472).- Aplicado lo expuesto al caso concreto, cuadra destacar que tan solo un día después del pedido de negligencia, la demandada adjuntó la constancia de diligenciamiento del oficio al Correo Argentino (cfr.
PE891001-2023). A la luz de ello, es dable advertir que no se ha configurado el desinterés de la demandada requerido como condición subjetiva para tornar procedente la declaración de negligencia.-
El 28 de abril del presente año se ordenó el traslado del acuse de negligencia (cfr. PE561013-2023), concretándose su notificación el 9 de mayo de 2023 (cfr. PE906545-2023; AOD00027205.pdf). Empero, antes del vencimiento para replicar el referido traslado -más precisamente el 3 de mayo-, se agregó a la causa el informe emitido por la entidad oficiada (cfr. PE901001-2023), por lo que debe reputarse purgada la negligencia peticionada.-
III.a. Despejado lo anterior, corresponde adentrarse en el tratamiento de la medida cautelar peticionada por la actora.-
En los autos principales, el Sr. Luis Antonio Rodríguez, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Eduardo Díaz Razmilich, interpone demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Pico Truncado, con el objeto de obtener la declaración de nulidad del Decreto N° 4404/2022 emitido por el Intendente de dicha localidad (cfr. PE490647-2023, pág. 1). Mediante este instrumento legal se dejó sin efecto un acuerdo de concesión del matadero municipal celebrado en el mes de diciembre del año 2013 y, además, se ordenó el impulso de las acciones legales pertinentes para obtener la percepción de algunos rubros adeudados por el hasta entonces concesionario (cfr. PE cit., INT00021139.pdf).- En su pedido de tutela precautoria, sostiene: “Siendo que llegado el caso de que la Municipalidad pusiera en ejecución el decreto impugnado, podría proceder a cortar el suministro eléctrico, o negarse a recibir pagos de canon o de permisos de faena, o de emitir los instrumentos legales a los que se ha obligado en el acta acuerdo y para el cumplimiento del contrato de concesión, tornando ilusorio el cumplimiento de una eventual sentencia que haga lugar a la demanda, solicito como medida cautelar se dicte prohibición de innovar…” (PE cit., pág. 3).- b. Corrido el traslado pertinente, es contestado por la Municipalidad de Pico Truncado por intermedio de su letrado apoderado Dr. Francisco Ojeda, postulando que el planteo debe rechazarse (cfr. PE835197-2023).-
Para sustentar su oposición, detalla los diversos incumplimientos del concesionario y aduce que: “…la actora articuló la presente acción con afirmaciones falaces, mendaces, temerarias y de mala fe…”; y que “…la decisión administrativa tiene sustento en el total incumplimiento de las obligaciones asumidas por el otrora concesionario.”. A ello agrega que la actora “Miente cuando sostiene que la decisión de la administración Municipal es intempestiva, por cuanto el 22 de Marzo del año 2022, se lo había intimado a acreditar el cumplimiento del pago del canon, de las inversiones y guardo (sic) silencio” (cfr. PE cit., pág. 2).- El Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia dictamina expidiéndose en sentido negativo, considerando que no debe hacerse lugar a la medida cautelar peticionada (cfr. PE931313-2023).-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE586157-2023.-
c. El sistema cautelar previsto en nuestro Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley N° 2600 tipifica, en el Título VI, tres tipos de pretensiones cautelares: la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, las medidas positivas y las medidas urgentes (arts. 33, 31 y 25 del código citado, respectivamente).-
Ahora bien, la enumeración transcripta no crea un régimen legal de ‘numerus clausus’, ya que queda abierta la posibilidad de su ampliación.-
Por ello, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que una medida extraña en principio a nuestra ley adjetiva contencioso-administrativa no puede ser óbice para que los particulares, en el convencimiento que su derecho puede encontrar una mejor tutela cautelar en una medida no prevista en nuestro Código, las soliciten. Es que el sistema cautelar administrativo es típico pero no autónomo en la medida en que se nutre, en forma directa o analógica, de preceptos provenientes de otros ordenamientos. En la materia rige el principio general de admisibilidad de cualquier medida cautelar que sea adecuada a la situación de cuya tutela se trata. Es por tal motivo que el artículo 25 del CPCA, Ley Nº 2600, establece que se podrá peticionar la adopción de medidas urgentes -sin decir cuales- que aparezcan como las más idóneas para asegurar provisionalmente la decisión de fondo, y es por ello, que el artículo 32 del citado ordenamiento nos permite aplicar las medidas cautelares y las normas generales referidas a aquellas contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211).- d. En la especie, la actora en el acápite VI de su escrito inicial califica a la medida cautelar peticionada como “prohibición de innovar” (cfr. PE490647-2023, pág. 3).-
Empero, surge diáfanamente del propio contenido vertido en esa parcela de su presentación que el interesado pretende que se suspenda los efectos del acto administrativo dictado en su contra. Este es el específico y delimitado alcance que exhibe la tutela cautelar pretendida, más allá del equívoco al que puede conducir la imprecisión desplegada por la peticionante.-
Este tipo de pretensión constituye la medida cautelar por antonomasia del proceso contencioso administrativo, cuyo efecto principal es privar al acto -siempre de manera provisoria- de uno de sus caracteres, esto es, de su ejecutoriedad o ejecución forzosa (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211 cit., entre otros).-
El principio de ejecutividad de los actos administrativos impide que el planteamiento judicial de una controversia sobre la legalidad del acto altere el desenvolvimiento de su eficacia material, excepto que el juez dicte una cautelar como es la suspensión del efecto o de la ejecución del acto.-
Este tipo de cautelar se ha establecido, entonces, con el propósito de evitar que los perjuicios, que de por sí habrán de seguirse del desbordamiento del marco legal en que incurre el acto administrativo cuestionado, aumenten irremediablemente como consecuencia de la tardanza de los procesos judiciales (cfr. Hutchinson, Tomás: “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, pág. 564).-
Esta vía armoniza el principio de ejecutividad de los actos administrativos y el derecho a una tutela judicial efectiva por parte del administrado, satisfaciendo la imperiosa necesidad constitucional de garantizar la plena eficiencia de la decisión jurisdiccional.-
e. Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada y atendiendo al carácter de la medida peticionada, resulta menester verificar si concurren los recaudos previstos en el artículo 33 del CPCA, Ley N° 2600, a los fines de meritar su procedencia.-
Para realizar esta faena conviene precisar que el juzgamiento de este tipo de pretensiones se despacha con una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria, de modo tal que puede ser modificado en la sentencia definitiva, por lo que ni el otorgamiento de la medida prejuzga sobre el mérito de la causa, ni el consentimiento de aquélla implica aceptación de la procedencia del derecho a juzgar en la sentencia definitiva (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVIII, Reg. 1111, Folio 3562/3564 y XIX, Reg. 1121, Folio 3608/3610).- El artículo 33 del CPCA, Ley N° 2600, requiere en su primer párrafo la verificación de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar, es decir, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. A la luz de tales presupuestos genéricos deberán valorarse las exigencias previstas en el inciso a) del referido artículo, esto es, que la ejecución o cumplimiento del acto impugnado, causare o pudiere causar perjuicios más graves que su paralización, o sea, de imposible o dificultosa reparación ulterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público.- Todo razonamiento a efectuarse en la materia que nos ocupa debe hacerse teniendo especialmente en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos, y que toda suspensión que pueda disponer el juzgador debe tener necesariamente carácter restrictivo. Además, no puede olvidarse que en este terreno debe observarse una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión porque la decisión es netamente excepcional, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813, entre otros).- Teniendo en cuenta las pautas reseñadas, debe señalarse que en el caso bajo examen no aparecen cumplidos los extremos que tornarían procedente la medida cautelar requerida.-
En cuanto al primero de los presupuestos, es decir, el de la verosimilitud del derecho, resulta oportuno considerar que para derrumbar la presunción de legitimidad de la actuación administrativa, aquella debe emerger con indiscutible nitidez (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XIV, Reg. 930, Folio 2771/2775 y XVIII, Reg. 1076, Folio 3430/3433, entre otros). Es indispensable que el derecho sobre el que se pretende la cognición cautelar aparezca como probable, con una probabilidad cualificada, lo cual no se avizora -en principio- en el caso de autos.- En esta línea, se ha dicho reiteradamente que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que aquéllos gozan (Fallos: 319:1069 y 323:3326; SCBA, “Ale Alejandro Ahmed c/ Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contenciosa Administrativa”, Causa 65.312, del 19/10/2011) (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVIII, Reg. 1076, Folio 3430/3433 y XIX, Reg. 1121, Folio 3608/3610, citados).- Si el acto se presume legítimo quien lo está impugnando y, además, peticionando que se suspenda su ejecución, debe destruir la apariencia de aquella legitimidad. Ergo, debe alegar y dar a entender, con cierta verosimilitud, que el acto no es legítimo. No se advierte en este incipiente estadio procesal que aparezcan de modo manifiesto las causas de nulidad alegadas por el actor y que pudieren habilitar la cautelar peticionada.-
Resulta conveniente poner de resalto que en el caso tampoco se evidencia con claridad suficiente un peligro inminente de magnitud tal que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona, y mucho menos que el mismo asome como irreparable ulteriormente (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1085, Folio 3464/3467).-
El examen de una pretensión cautelar debe considerar la existencia de un perjuicio o menoscabo cierto -actual o inminente- que ponga en marcha la jurisdicción en procura de un resguardo preventivo que asegure la eficacia de la decisión final dirimente del conflicto.-
Amén de ello, nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado el acto (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XI, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098; y XV, Reg. 978, Folio 2984/2986).-
Resta indicar que el hecho de que no se encuentren configurados los presupuestos a los que se hizo referencia más arriba exime a este Alto Cuerpo de ponderar la afectación del interés público, puesto que tales requisitos deben hallarse siempre presentes, ya que no funcionan de forma alternativa sino complementaria (cfr. Hutchinson, Tomás, “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe 2009, Tomo III, pág. 515; Treacy, Guillermo: “Las Medidas Cautelares y la Administración Pública: La difícil conciliación del interés público con el privado”, en Balbín, Carlos F. -Director-, “Proceso Contencioso Administrativo Federal”, Tomo I, pág. 610; y la jurisprudencia allí citada). (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211 cit.).- f. Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse el pronunciamiento definitivo.-
Por ello, y considerando que no se ha acreditado, dentro del estrecho margen de conocimiento de este incidente de medida cautelar, que la actuación de la demandada responda a un accionar irrazonable o arbitrario, como así tampoco el requisito del peligro en la demora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar operada la negligencia en la producción de la prueba informativa ofrecida por la parte demandada en PE835197-2023, acápite V, punto 2°, peticionada por la actora en PE890319-2023.-
2. Rechazar el acuse de negligencia respecto a la prueba informativa ofrecida por la demandada en su PE835197-2023, acápite V, punto 1°, peticionada por la actora en PE890319-2023.-
3. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora en PE490647-2023.-
4. Imponer las costas en el orden causado.
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1017C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1130 Folio N°: 3640/3644 Secretaría: 1
Fin de la sentencia