Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175.368
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve I) Rechazar los recursos de la citada en garantía (del 13/06/2022), del demandado Facundo Jesús Parodi (del 09/08/2022) y el interpuesto por derecho propio por el Dr. Luciano Oscar Scaminaci (el 16/06/2022), con costas en el orden causado atento a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); II) Efectuar un llamado de atención al Dr. Luciano Oscar Scaminaci y requerirle que en el futuro se abstenga de incurrir en comportamientos como los descriptos en el considerando «III.4»; III) Disponer que, vuelta la causa a primera instancia, se realicen las vistas y comunicaciones a la Fiscalía General Departamental y al Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata que se indican en el considerando «III.4.» de la presente; IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). V)
Expte. Nº 175368 - Juzgado Civil y Comercial N°06 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “RODRIGUEZ, MARCOS DANIEL C/ PARODI, FACUNDO JESÚS Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 13 de junio de 2022? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 13 de junio de 2022, la Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°6 departamental, Dra. Gabriela Judith De Sábato, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Marcos Daniel Rodríguez contra Facundo Jesús Parodi y condenó a este último —conjuntamente con la citada en garantía Escudo Seguros S.A.— a abonar al actor $69.535 más intereses y costas.
Asimismo, declaró la nulidad del punto II de la contestación de demanda del Sr. Parodi, en la parte que se refiere a la limitación de cobertura y que fue presentada por su letrado: el Dr. Luciano Oscar Scaminaci.
Para así decidirlo, explicó que correspondía tener por acreditado el hecho no solo por la declaración del testigo presencial Manuel Roberto Leguizamón (quien dijo que en la fecha y lugar indicada por el actor ocurrió un accidente de tránsito que tuvo por protagonista al Peugeot 207 y el Volkswagen Suran que prestaba servicio de taxi), sino también la denuncia que hiciera ante la citada en garantía el chofer del vehículo propiedad del demandado: el Sr. Walter Daniel Zabaleta, coincidente en cuanto a aquellas circunstancias de tiempo, lugar y vehículos intervinientes.
La declaración del testigo Leguizamón permitió verificar que ante el cambio del semáforo de calle Sarmiento y Alberti —y poniéndose verde para quienes se encontraban por Alberti—, el taxi intentó pasar por el espacio que había entre los vehículos estacionados y el Peugeot 207 del actor que se encontraba detenido por el semáforo, rozándolo en el sector de la puerta delantera hacia adelante con la puerta trasera derecha del taxi, cuando ya lo estaba pasando. El testigo narró que fue un error de cálculo del conductor del taxi, porque no había suficiente espacio entre los vehículos estacionados y el Peugeot.
Este relato, sumado al contenido de la denuncia del siniestro que hiciera el chofer del taxi, llevó a la jueza a afirmar que el Volkswagen propiedad del demandado impactó en el sector lateral delantero izquierdo del Peugeot 207 del actor. Quedó entonces acreditada la intervención de la cosa riesgosa propiedad del accionado, el daño y el nexo causal entre uno y otro. Destacó además que no se probó ninguna eximente de responsabilidad y la labor probatoria del accionado y su aseguradora ha sido “prácticamente nula”.
En el considerando V, afirmó que la responsabilidad civil del demandado debe hacerse extensiva a la citada en garantía Escudo Seguros S.A., quien no respondió la demanda y ninguna defensa vinculada a límites del contrato de seguro postuló oportunamente.
Reparó en que ese planteo lo hizo el propio demandado al contestar la demanda con el patrocinio letrado del apoderado de su aseguradora. Introdujo en su contestación de demanda un capítulo titulado “limitación de cobertura” pretendiendo circunscribir la eventual obligación emergente del contrato de seguro a los términos convenidos entre las partes.
Entendió que ese planteo debía ser considerado nulo, de nulidad absoluta, por constituir un acto procesal cuyo contenido viola una garantía constitucional o una disposición relacionada con la defensa en juicio. Reparó en el conflicto de intereses que existe entre el abogado apoderado de la aseguradora y su otro cliente, el asegurado, a cuyo nombre introdujo el planteo referido.
Advirtió que “nadie que conozca debidamente sus derechos y esté correctamente asesorado puede realizar un planteo en contra de sus intereses, como el que realizó el Sr. Parodi”.
A renglón seguido, estableció que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro —que asciende a $18.000.000— no será oponible al asegurado ni al actor víctima del accidente de tránsito, ello considerando que los daños se indemnizan a valores actuales. Dicho límite, agregó, se extenderá al tope de la cobertura del seguro contrato, vigente al momento de la valuación judicial del daño.
En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes rubros: (i) $44.000 en concepto de costo de reparación del vehículo; (ii) $13.535 en concepto de pérdida de valor de reventa; (iii) $12.000 por privación de uso. Por último, aplicó el criterio que este tribunal fijó en el caso “Melegari” (c. 167589, del 16/07/2020) en materia de tasa de interés moratoria. II.1 El recurso de la citada en garantía y del demandado Facundo Jesús Parodi a. Escudo Seguros S.A. apeló el 13 de junio de 2022 y fundó su recurso el 31 de agosto de 2022. El demandado Parodi recurrió la sentencia el 9 de agosto de 2022 y presentó su expresión de agravios el 1 de septiembre de 2022.
A excepción de un punto en particular (sobre el que más abajo me referiré), los fundamentos de ambos recursos son exactamente los mismos y pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Refieren que la sentencia omite fundar un extremo primordial de la responsabilidad como es la falta de acreditación de la mecánica del hecho o nexo causal. Dicen que la mecánica nunca fue acreditada y menos aún dada por cierta.
Alegan que solo se encuentra acreditado que el vehículo del actor se encontraba en franca infracción de tránsito. Dicen que “si el vehículo del actor se hubiera encontrado frenado en su debido lugar y sin cruzarse de carril, no hubiera existido accidente alguno y más aún si el rodado supuestamente embistente no cometió infracción de tránsito y siempre circuló por la franja establecida exclusivamente para los taxis. (ii) Critican también el encuadre legal que le ha sido dado al caso. Dicen que toda imputación de responsabilidad objetiva debe acreditarse: la teoría del riesgo —agregan— no exime al actor de acreditar los extremos y presupuestos de la responsabilidad.
Dicen que la mecánica del hecho está controvertida y la propia sentencia reconoce que el vehículo del actor se encontraba en franca infracción de tránsito administrativa.
(iii) Afirman que debieron ser receptados los rubros que posean una relación de causalidad con los hechos debatidos, todo lo cual no se verifica en el caso. Los daños debieron ser rechazados porque no se encuentran demostrados. Manifiestan que no existe ninguna prueba que intente acreditar la cuantificación de los daños o gastos incurridos por el accidente. (iv) Se agravian de la tasa de interés fijada en la sentencia, por apartarse de la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. b. Por su parte, la firma “Escudo Seguros S.A.” se queja de la inoponibilidad del límite cuantitativo previsto en la póliza de seguro. Considera que la decisión de la jueza se aparta de lo normado en el art. 118 de la Ley de Seguros. Cita jurisprudencia que refiere a la franquicia pactada en las pólizas de seguro.
Alega que cualquier excedente o suma que eventualmente se obligare a pagar a la citada en garantía afectará arbitraria e ilegítimamente su solvencia patrimonial y aparejará un agravio a su derecho de propiedad.
II.2. El recurso del Dr. Luciano Oscar Scaminaci El 16 de junio de 2022 el Dr. Luciano Oscar Scaminaci apeló la sentencia invocando un derecho propio, considerando que la decisión —si bien no lo dice, se infiere que refiere a la porción que destaca un conflicto de intereses entre sus dos clientes— le conlleva una agresión indebida que afecta sus derechos constitucionales.
El letrado no presentó una expresión de agravios individual para fundar esa apelación, por lo que debo interpretar que el agravio “F” del memorial presentado en nombre de Escudo Seguros S.A. refiere, en verdad, a un interés personal y constituye la fundamentación de su propio recurso. Si bien allí dice representar “al suscripto, a mi mandante y al propio asegurado”, lo cierto es que el asegurado no es más su cliente y los argumentos desarrollados coinciden con el planteo que es de estricto corte personal que introdujo en su escrito del 16/06/2022.
Sus quejas pueden resumirse de la siguiente manera:
(i) Considera agraviante lo expresado por la jueza porque viola garantías constitucionales como el derecho a trabajar, el derecho del debido proceso adjetivo, el derecho de defensa en juicio y la preclusión procesal. Destaca que el juzgado consintió inicialmente su asistencia letrada común al demandado y a la aseguradora. La remoción ordenada en la sentencia viola la preclusión y atenta contra los propios actos de la jueza y los estadios procesales ya cumplidos.
(ii) Alega que la decisión afecta su derecho a trabajar, a defenderse, al debido proceso, a la propiedad y obliga al asegurado a procurarse un nuevo letrado, con el costo que ello conlleva. Considera que la decisión deshonra su buen nombre, desprestigiándolo públicamente en su sentencia. (iii) Entiende que no hubo conflicto de intereses dado que la suma asegurada excede casi en el doble el monto de la demanda y su sentencia. La decisión apelada encarecerá el proceso.
III. La solución del caso.
Adelanto que los recursos deben ser desestimados.
III.1. Sobre la mecánica del hecho y los daños a. Contrariamente a lo afirmado en los recursos del demandado y de la citada en garantía, la decisión de la jueza de considerar acreditado el accidente de tránsito que motiva este pleito es correcta y no posee los errores que los apelantes le atribuyen.
El relato del testigo Leguizamón luce sincero y preciso y permite formar convicción suficiente sobre el modo en que acaeció el siniestro. A ello se le suma un dato sumamente relevante que la jueza, con acertado criterio, destacó en su sentencia: el demandado negó la existencia misma del accidente sin reparar en que uno de sus protagonistas —aquel a quien le confió la conducción de su automóvil— había denunciado la colisión ante su propia aseguradora.
Este material probatorio, sumado al valor indiciario que emerge de la circunstancia reseñada (que el conductor del taxi reconoció el accidente que luego, en juicio, el dueño del rodado pretendió negar), resulta más que suficiente para concluir del modo en que la magistrada lo hizo, dando soporte a la versión de los hechos que invocó la accionante en su escrito de demanda (art. 384 del CPCCBA).
b. Resulta inatendible el argumento de los apelantes por medio del cual pretenden invocar la culpa del Sr. Rodríguez para justificar la ausencia de responsabilidad por los daños acaecidos.
La estrategia de defensa del demandado ha sido vacilante y contradictoria. Al responder la demanda negó el accidente de tránsito que motiva este pleito y todo otro detalle invocado por el actor en la demanda. Y lo hizo bordeando los límites de la buena fe procesal, pues sabía —o debía saber— que el conductor a quien le encomendó la conducción del rodado había denunciado el siniestro ante su aseguradora.
No puede ahora, en instancia recursiva y frente a una sentencia que le ha sido adversa, pretender virar su defensa hacia una alegación distinta: que el accidente ocurrió pero la culpa en realidad la tuvo el actor por estar “cruzado” en la línea de marcha del chofer del taxi.
Tratándose específicamente de las alegaciones de los escritos postulatorios, el Ministro de Lazzari afirmó con acertado criterio que “ese universo -refiriéndose a los hechos y alegaciones que serán luego objeto de controversia- no puede ser constantemente modificado, acomodándolo según las circunstancias y las conveniencias, porque ello implica la violación de elementales deberes de buena fe y de la doctrina elaborada respecto de los actos propios (todo ello traducido en la fórmula "venire contra factum propium non valet")” (véase voto del Dr. De Lazzari en SCBA, Ac 88395, del 13-12-2006).
Más allá de que la contradicción señalada debilita la solvencia argumental del planteo, lo cierto es que la jueza mencionó el relato del chofer del taxi contenido en la denuncia de siniestro solo como un argumento complementario: es decir, asumió por hipótesis la verdad de esa narrativa, como modo de concluir que el resultado igualmente era favorable a la pretensión del actor.
No hay allí ningún argumento principal, ni esa afirmación integra la premisa fáctica de la decisión apelada. La demanda prosperó porque el accidente se produjo en el modo en que el testigo Leguizamón lo relató (y que coincide con la versión de la actora), y no porque le haya sido dada alguna entidad al relato del Sr. Zabaleta contenida en la denuncia del siniestro. A lo sumo, lo relevante en el caso es la ya referida contradicción entre el conductor del Volkswagen (que reconoció el hecho) y la defensa que el propietario presentó en este proceso (negando férreamente su ocurrencia).
Sobre la denuncia del siniestro el demandado nada dijo al momento de responder la demanda y optó por faltar a la verdad (pues, salvo que aceptemos que Zabaleta denunció un hecho inexistente, no cabe sino concluir que Parodi mintió al defenderse). Mal puede ahora el accionado pretender tomar provecho del contenido de esa denuncia para esbozar tardíamente una defensa que no fue dada a conocimiento de la jueza de primera instancia.
Ninguno de los apelantes invocó una eximente de responsabilidad, ni fundada en el hecho o culpa de la víctima ni en ninguna otra circunstancia idónea para romper total o parcialmente el nexo causal que se presume existente entre el riesgo de la cosa y el daño ocasionado. A todo evento, tampoco hay prueba en la causa que permita vislumbrar siquiera un hecho idóneo para generar un resultado análogo, aminorando o eliminando la responsabilidad civil del Sr. Parodi en su carácter de dueño del vehículo que colisionó con el Peugeot del actor.
Por ello, los agravios que a esta temática refieren deben ser desestimados (arts. 375 del CPCCBA y 1757 del CCyC).
c. Las alegaciones volcadas en el apartado “c” del recurso de la citada en garantía y del demandado resultan inadmisibles porque no logran superar el estándar argumental regulado en el art. 260 del CPCCBA.
La magistrada hizo lugar a tres rubros resarcitorios. Cada uno de ellos mereció un tratamiento particular en el que se señalaron los fundamentos normativos y fácticos que justificaban su procedencia. Señaló cada una de las pruebas con las que formó su convicción y los criterios con los que cuantificó cada indemnización que compone el total de condena.
Nada de ello mereció crítica o mención siquiera en el agravio que proponen los apelantes, quienes se limitaron a señalar —genéricamente, sin indicar cuanto menos a qué rubro se refieren— que deben admitirse los daños que tengan prueba suficiente. El memorial habla de “este rubro” o del “presente rubro” pero, en verdad, no se indica ni menciona ninguno en particular: hay una mención genérica e indetallada sobre la supuesta falta de prueba del daño, pero nada en particular se dice sobre los parciales que reconoce el fallo, sobre las pruebas en las que cada uno de ellos se sustenta y sobre las premisas que dan soporte a la decisión que se pretende cuestionar.
El carácter genérico de las afirmaciones que contiene la expresión de agravios y la ajenidad que tiene esta parte del recurso con las constancias del expediente y las fundadas afirmaciones que sostienen al tratamiento de cada rubro en particular, coloca al Tribunal en la incómoda e indebida tarea de suplir un esfuerzo ajeno, especulando sobre cuál es el fundamento de las afirmaciones que el demandado y su citada exponen para cuestionar el fallo que hizo lugar a los parciales resarcitorios (mi voto en causa c. 162717 -Moliendas del Sur S.A.- sent. del 07/06/2022).
En numerosas oportunidades esta Sala ha dicho que la expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual las simples consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez, sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada (mi voto en causas n° 143781 -“Patalagoyti...”- del 11/10/2018, n° 162163 -“Pereira...” del 22/09/2016, n° 162083 -“HSBC Bank Argentina S.A...” del 22/12/2016, n° 162403 -“Etcheverry...”- del 07/02/2017, n° 162247 -“Di Sabatto...”- del 06/04/2017, n° 162837 -“Musoni...”- del 15/05/2017, n°162854 -“Argaña...”- del 22/06/2017, n° 163775 -“Reyes...”- del 09/08/2017, entre otros).
En suma, frente a la notoria carencia de crítica, ha de tenerse por no fundado el agravio en estudio, debiendo los recurrentes soportar las consecuencias previstas en el art. 261 del CPCCBA.
III.2. Sobre los intereses moratorios El agravio referido a la tasa de interés tampoco prospera.
La Sala que tengo el honor de integrar se apartó de la doctrina legal fijada por la Suprema Corte en los casos “Ponce” (C.101.774), “Ginnossi” (L. 94.446, ambas del 21/10/2009) y “Cabrera” (c. 119.176 del 15/06/2016) brindando un amplio abanico de razones por las cuales debía escogerse una tasa bancaria que asegure la reparación plena (o la mejor reparación posible) del daño moratorio, propósito que no se cumple satisfactoriamente de utilizar una tasa pasiva prevista para operaciones bancarias de bajo riesgo (c. 167.589, -"Melegari, Bernando...” del 16/4/2020).
Sostuve allí, junto al Dr. Loustaunau, que en el caso “Salinas” (C.117.292 del 01/04/2015) la Casación insistió en que sus pronunciamientos tienen efectos vinculantes sumamente fuertes respecto de las demás instancias, no obstante agregó que «resolver de una forma contraria a lo que en ellos se establece (lo que, por supuesto, es posible) exige que sean exhibidas razones convincentes, decisivas y atinentes de opuesto sentido» [de fecha más reciente, véanse C.118.968, "Torres", del 15/07/2015 y C. 120.890, "Canales", del 18/04/2018, el resaltado me pertenece).
De lo dicho se sigue que el deber moral e institucional de seguir al pie de la letra la doctrina legal de la SCBA (dejando a salvo la opinión personal del juez, si fuere distinta) no excluye un razonable margen de decisión para que los tribunales puedan resolver en modo diverso, prerrogativa que queda condicionada a que existan -y se vuelquen en el fallo- motivos fundados para así hacerlo.
Agregamos que «la tasa de interés moratorio judicial -aquella que regulan los arts. 622 del Código Velezano y 768.c del Código Civil y Comercial- tiene que ser entendida como una reparación del costo de sustitución del capital debido por el deudor. Es una indemnización de un daño emergente que se identifica con el valor que [debemos presumir que] pagó el actor para acceder al crédito con el propósito de reemplazar un capital que estaba destinado al consumo de bienes y servicios. De ello se sigue que la tasa que corresponde utilizar para liquidar los intereses moratorios -allí donde no hay tasa legal o pactada- es de tipo activa (la que -presumimos que- percibió el banco y que pagó el actor para procurarse el dinero que se le adeuda)». Señalé que «no es posible indemnizar el daño moratorio si el resultado que se sigue de liquidar el capital con una cierta tasa de interés arroja un rendimiento negativo (es decir, el poder adquisitivo de la suma resultante es inferior al que tenía originalmente el capital de condena a la fecha de la mora -o, tratándose de obligaciones de valor cuantificadas por guarismos actualizados, a la fecha en que operó esa conversión-). Una tasa que genera resultados negativos no conlleva reparación alguna y, peor aún, asegura la pérdida parcial del poder adquisitivo del capital al cual accede y genera incentivos sumamente negativos en el proceso (abuso de proceso, dilación maliciosa del demandado, financiación judicial, litigiosidad, etc.).» Luego, y «como consecuencia de lo anterior, en contextos inflacionarios como los que rodean al proceso civil bonaerense desde hace casi dos décadas, el juez debe escoger una tasa activa que asegure en el mediano y largo plazo -esto es, en los tiempos que insume normalmente un pleito- un rendimiento positivo, entendiéndose por tal a un resultado que sea superior al valor actualizado del capital de condena.» (fallo cit.).
Expliqué además que el uso de tasas activas para liquidar intereses moratorios no constituye ninguna forma de repotenciación -ni explícita ni encubierta- dado que toda tasa, pasiva o activa, internaliza algún sistema de actualización y ello es un recaudo sine qua non para que pueda funcionar como tal en economías inflacionarias. El Código Civil y Comercial, al contemplar su uso en créditos alimentarios -art. 552-, permite concluir que no es una práctica que viole los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928. Por lo demás, tampoco puede afirmarse que el acreedor recibe “un plus” indebido dado que si se admite que es más probable que el acreedor hubiera destinado el dinero que se le adeuda al consumo y no a la inversión bancaria, el mentado “plus” o cualquier otro componente o escoria de las tasas activas serán, en definitiva, elementos que constituyen el costo que debió asumir el actor para procurarse la sustitución del dinero que el deudor no quiere o no puede pagarle. Es decir, forma parte del interés compensatorio que abonó por la modalidad de financiación a la que debió acudir para ese fin (fallo cit., cons. «III.3.e»).
Expuse además que no parece coherente objetar el uso de tasas activas para liquidar intereses moratorios so pretexto de que ello importaría un mecanismo solapado de indexación vedada por ley (arts. 7 y 10 de la Ley 23.928) cuando en paralelo se le permite a las entidades financieras utilizarlas para percibir el rédito de sus productos financieros (mediante alícuotas activas que, previsiblemente, contienen una prima por desvalorización del dinero prestado).
Se dijo que «no importa aquí que en un caso la tasa se use para tarifar el daño moratorio (interés moratorio o punitorio) y en otra para calcular el precio de un producto financiero (interés compensatorio): la supuesta repotenciación del capital operaría indistintamente en ambas operaciones y no encuentro razones válidas para permitirlo en un caso y censurarlo en el otro. La amplitud de la prohibición de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 tampoco permitiría generar distingos entre ambos supuestos» (fallo cit., cons. «III.3.c.iii»).
En el precitado caso “Melegari” la Sala Segunda no se apartó de la doctrina legal fijada en “Vera” y “Nidera S.A.” —y la decisión de la Casación de utilizar una tasa pura en deudas de valores cuantificadas a valores actualizados, que va desde la mora hasta la cuantificación— sino que se limitó a apartarse del tramo referido a la tasa bancaria: en lugar de una tasa pasiva, se fijó como tasa moratoria a la que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus descubiertos en cuenta corriente en pesos, sin acuerdo. La elección no solo se sustentó «en el resultado positivo -y no exageradamente elevado- que reporta el uso de esta tasa en el cuadro de evolución, sino porque además la cuenta corriente y la financiación -que ella permite en su descubierto- constituye una opción bancaria disponible para el público en general, y no está reservada para un uso exclusivamente empresarial y comercial» (mi voto, causa “Melegari”, cit.).
Por las razones previamente expuestas, no encuentro motivos para modificar lo resuelto por la jueza de la instancia previa en materia de intereses moratorios, motivo por el cual el recurso —en cuanto a este tópico refiere— debe ser desestimado (art. 622 del CC y 768.c del CCyC).
III.3. Sobre el límite de la suma asegurada Igual suerte correrá el agravio consignado en el apartado «E» del memorial de la citada en garantía, referido a la delimitación cuantitativa del riesgo contenido en la póliza.
Más allá de que la colega de primera instancia ha utilizado el giro “inoponibilidad”, lo cierto es que su decisión termina por considerar oponible a la víctima el límite económico previsto en la póliza, pero ese “valor” de cobertura es interpretado a la luz de la doctrina legal de la Casación que el propio fallo enuncia: es decir, se considera que el valor que constituye el límite cuantitativo de la póliza que lo vincula con el asegurado es el valor actualizado de conformidad lo dispuesto por la autoridad de aplicación al momento de la valuación judicial del daño.
Ya he dicho en otra oportunidad que no tiene mayor sentido invocar jurisprudencia que refiere a la oponibilidad a la víctima de las cláusulas previstas en la póliza cuando el fallo considera que el límite cuantitativo produce efectos frente a la víctima, y el debate pasa por considerar cuál es el valor de ese límite: si su valor nominal histórico o su valor real actualizado (v. mi voto en c. 166475 -"Lallement, Matías N."- del 21/12/2021). También afirmé en ese mismo caso que no abastece las existencias del art. 260 del CPCCBA el recurso de la compañía de seguros que se desentiende —o siquiera menciona— la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que tiene una posición ya asumida sobre el tópico, adversa a la posición defendida por la empresa de seguros, y que ha sido desarrollada en la sentencia que se pretende cuestionar (c. 119088 del 21/02/2018, c. 166475 ya cit.).
Eso mismo ocurre en el caso: el apelante cita fallos que datan de treinta años atrás en el que se evalúa la oponibilidad de las franquicias en los seguros, tópico completamente distinto al que subyace a la decisión que intenta cuestionar. A ello se agrega que el apelante se desentiende del hecho de que el argumento principal que da sustento a la decisión apelada consiste en una doctrina legal de la Casación emergente de un fallo que el memorial siquiera menciona.
Por lo demás, este Tribunal, ampliando el criterio fijado por la SCBA en el caso “Martinez”, ha considerado que la solución más justa consiste en aplicar el límite de cobertura fijado por la autoridad administrativa para el tipo de seguro de que se trate -obligatorio o voluntario- vigente a la fecha del efectivo pago de la condena, comprensivo de capital e intereses (c. 167638 -“Rodriguez...”- del 08/10/2019), agregando luego que ese límite fijado por la Superintendencia de Seguros de la Nación debe ser actualizado por IPC desde la fecha que comenzó a regir la resolución en la que se lo establece y hasta la extinción de la obligación (Sala II, c. 167352 -"Verdinelli, Néstor O."-, del 25/03/2021; en igual sentido, c. 172880 -"Bartoli, Cecilia B."- sent. del 31/11/2021).
Como se puede apreciar, el criterio de la Sala es concordante con el que subyace a la decisión de la Dra. De Sábato, e incluso brinda una protección mayor al actualizar el último valor fijado por la autoridad de aplicación (pero que no cabe aquí aplicar puesto que no hay agravio que lo permita). Por las razones señaladas, considero que la decisión de la jueza sobre este punto ha sido la correcta, motivo por el cual propondré al acuerdo desestimar el agravio en estudio.
III.4. Sobre el conflicto de intereses y la nulidad del planteo efectuado en nombre del Sr. Parodi.
i. Los argumentos invocados por el Dr. Luciano Oscar Scaminaci y contenidos en la expresión de agravios de la citada en garantía no son admisibles.
Como señalé en párrafos precedentes, la jueza de primera instancia declaró la nulidad del punto II de la contestación de demanda en la parte que se refiere a la limitación de cobertura realizada por el demandado patrocinado por el Dr. Luciano Oscar Scaminaci. Asimismo, removió al letrado de la asistencia legal del demandado Parodi e intimó a este último a que se presente con un nuevo letrado.
La decisión de la colega es correcta y debe ser confirmada.
Una nulidad absoluta es, por definición, insusceptible de ser saneada por confirmación o prescripción. No hay motivo para considerar que el vicio que motiva una ineficacia de esa naturaleza pueda diluirse —como pretende afirmar el letrado— por el mero transcurso del tiempo y la aplicación de un postulado general de derecho procesal provincial (art. 387 del CCyC). De ello se sigue que la preclusión no logra constituirse como argumento suficiente para restringir la facultad de la magistrada de advertir y reprochar, en la instancia procesal que sea, una irregularidad que afecta derechos fundamentales de los litigantes (art. 18 CN). Máxime si es al momento de dictar el fallo cuando los jueces evalúan, en detalle y profundidad, el contenido y mérito de las respectivas pretensiones y defensas de las partes, contexto en el cual es posible advertir un defecto en la asistencia letrada sin que para ello la jueza deba considerarse restringida o condicionada por el temperamento adoptado durante el trámite del proceso. En otras palabras: nunca es tarde para advertir que una de las partes se encuentra en un estado de indefensión por una irregularidad en la actividad del letrado o letrada que lo representa (arts. 18 CN y 387 in fine del CCyC). Tampoco tiene razón el apelante cuando afirma que no había conflicto de intereses en razón de la diferencia entre el monto de condena y el límite nominal previsto en la póliza.
El argumento no resiste análisis: si tan elevado era el límite de cobertura y ninguna consecuencia práctica tendría en este pleito el monto contenido en la póliza, no puedo sino preguntarme por qué el apoderado de la aseguradora introdujo y dedicó un capítulo completo en el escrito que presentó en nombre del Sr. Parodi y en el que reclamaba —en nueve párrafos que contienen citas jurisprudenciales y reflexiones doctrinarias— la vigencia del límite nominal contenida en el contrato.
La respuesta no es compleja: evidentemente algún motivo (actual o contingente) ha de haber existido para que el Dr. Scaminaci formule un planteo de esa naturaleza. Algún escenario (actual o potencial) ha de haber sido considerado como para que invoque esa defensa y para que lo haga en el ámbito en el que decidió postularlo: en el escrito más importante de defensa de la parte procesal que mayor perjuicio (actual o potencial) sufre por el contenido de esas alegaciones.
Y esto último es lo llamativo del caso y refleja el acierto en la decisión de la magistrada. El apoderado de la compañía de seguros ya había perdido su posibilidad de contestar la citación en garantía (pues se venció el plazo para hacerlo y la aseguradora fue declarada rebelde), por lo que utilizó el escrito de defensa de su propio asegurado para insertar un planteo que claramente se opone de modo flagrante a los intereses de quien allí decía estar representando. La irregularidad es indisimulable.
Los argumentos que presentó el letrado tutelan los intereses de uno de sus clientes (la aseguradora, quien -reitero- ya no podía responder la citación en garantía pero que evidentemente pretendía limitar la extensión de la garantía a un valor nominal pretérito y que se desactualiza al son de la inflación) a la par que operan en explícito desmedro de los intereses de la persona en cuyo nombre se presentó el escrito (el demandado, quien siempre preferirá evitar o disminuir el riesgo de que su indemnidad patrimonial se vea afectada si es obligada a pagar de su peculio el saldo de condena potencialmente no cubierto por el seguro) [mi voto en c. n° 172400 -"Mendoza..."-, del 15/03/2022].
Como bien señaló la colega de la instancia previa, en la causa "Albarracín" (c.122594, sent. del 24/8/2020), la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires instó a los tribunales inferiores para que extremen la diligencia necesaria a fin de evitar situaciones que conlleven un claro menoscabo de la debida defensa en juicio de los protagonistas principales del proceso, situación que se verifica cuando un abogado representa litigantes cuyos intereses son actual o eventualmente contrapuestos. A criterio de la Casación, ese escenario se presenta cuando la aseguradora pretende ceñir su responsabilidad a los contornos numéricos de una cierta cobertura frente a la presumible vocación de total indemnidad de los asegurados. Esta circunstancia -dijo la SCBA en la causa “Albarracín”- "no debió ser soslayado por los profesionales circunstancialmente a cargo de la defensa técnica de ambas partes" y "debieron declinar -y no lo hicieron- la representación o el patrocinio ejercidos en favor de una u otra de las partes cuyos intereses se vieron claramente confrontados” (fallo cit.). Similar decisión había adoptado casi un año antes este Tribunal en el caso "Rodriguez" (c. 167638, sent. del 08/10/2019). Allí se le llamó la atención al letrado común de los demandados y la compañía citada en garantía, quien «postuló un agravio autónomo -objetivamente favorable al demandado condenado y contrario a la posición defendida por la citadavinculado al tema del alcance de la cobertura y la actualización de la suma asegurada prevista en la póliza» (considerando 3 del fallo citado). Dije en aquel precedente -y reitero ahora- que la defensa de intereses contrapuestos queda aprehendida en la regla del art. 60 inciso 1° de la Ley 5177 (Sala II, c. 148.406 -"Putzolu, Daniel..."- del 29/05/2012) motivo por el cual el letrado no debe colocarse en la incómoda y potencialmente reprochable posición de defender en un pleito intereses que pueden resultar incompatibles entre sí (art. 28 de las Normas de Ética Profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires).
Para terminar, diré que la decisión apelada no afecta el derecho del apelante a trabajar, a defenderse ni tampoco lesiona el derecho a la propiedad.
El apelante puede ejercer con absoluta libertad la profesión letrada, pero siempre con los límites y pautas que el legislador provincial le impone en la Ley 5177, cuyo artículo 60 inciso 1° le impide defender a partes con intereses contrapuestos.
Por todo lo dicho hasta aquí, propondré al acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio (arts. 242, 260 y cctes. del CPCCBA).
ii. Por lo demás, el desempeño del letrado no puede pasar desapercibido y por ello, siguiendo las indicaciones que la Casación formulara en el ya citado caso “Albarracín” y lo resuelto por esta Sala en el caso “Mendoza” [n° 172400, del 15/03/2022], corresponde llamar la atención del Dr. Luciano Oscar Scaminaci y requerirle que en el futuro se abstenga de incurrir en comportamientos como los descriptos en apartados precedentes (arts. 18 y 75.22 CN, 8.1 CADH, 15 CPBA; 110 de la LS, 1324 y 1325 del CCyC y 60.1 de la Ley 5177; SCBA, C.122594 “Albarracín, Fernando Emilio contra Ruiz Díaz, Cristian David. Daños y perjuicios”, del 24/8/2020, considerando «IV.4» del voto del Ministro Genoud; esta Sala, c. 173130 -"Idoyaga..."- y 173131 -"Selva..."-, ambas del 24/02/2022).
Asimismo, y ante la eventualidad de que la conducta del letrado pudieran suponer la comisión de un delito de acción pública, de conformidad con el deber normado por el art. 287 inc. 1° del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y 71 del Código Penal, corresponde ordenar que, una vez devuelto el expediente a primera instancia, se dé vista de la totalidad de las actuaciones a la Fiscalía General Departamental a los efectos que correspondan (art. cit.).
Por último, y de conformidad con lo establecido en el art. 22 primer párrafo de la ley 5177, y teniendo en cuenta las circunstancias de hecho mencionadas en párrafos precedentes, corresponde que -una vez radicado digitalmente el expediente en primera instancia- se remitan copias digitales de la sentencia de primera instancia, de los recursos y de la presente resolución al Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata a los fines que estimen corresponder (arts. 24, 31, 45, 58 a 60 y cctes. de la Ley 5177 del Ejercicio Profesional de la Abogacía y arts. 1, 6, 10 in fine, 26, 28, 34 de las Normas de Ética Profesional de los Abogados, creado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I) Rechazar los recursos de la citada en garantía (del 13/06/2022), del demandado Facundo Jesús Parodi (del 09/08/2022) y el interpuesto por derecho propio por el Dr. Luciano Oscar Scaminaci (el 16/06/2022), con costas en el orden causado atento a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); II) Efectuar un llamado de atención al Dr. Luciano Oscar Scaminaci y requerirle que en el futuro se abstenga de incurrir en comportamientos como los descriptos en el considerando «III.4»; III) Disponer que, vuelta la causa a primera instancia, se realicen las vistas y comunicaciones a la Fiscalía General Departamental y al Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata que se indican en el considerando «III.4.» de la presente; IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve I) Rechazar los recursos de la citada en garantía (del 13/06/2022), del demandado Facundo Jesús Parodi (del 09/08/2022) y el interpuesto por derecho propio por el Dr. Luciano Oscar Scaminaci (el 16/06/2022), con costas en el orden causado atento a la falta de controversia (art. 68 del CPCCBA); II) Efectuar un llamado de atención al Dr. Luciano Oscar Scaminaci y requerirle que en el futuro se abstenga de incurrir en comportamientos como los descriptos en el considerando «III.4»; III) Disponer que, vuelta la causa a primera instancia, se realicen las vistas y comunicaciones a la Fiscalía General Departamental y al Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata que se indican en el considerando «III.4.» de la presente; IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia