Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 122.435
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Daniel Ernesto Findeisz, en favor de Norberto Rodríguez.
II. Rechazar por improcedente el recurso de casación deducido por la Defensa, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 1, 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 45, 55, 80 inc. 1 y 11, 189 bis, inc. 2, párr. 2do., Cód. Penal; 209, 210, 371, 372, 448, 450, 454 inc. 1°, 530 y 531 del CPP.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 122435 caratulada “RODRIGUEZ, NORBERTO S/ RECURSO DE CASACIÓN” (IPP 0500-46543-21), conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 14 de noviembre del año 2021, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial La Matanza, integrado por los Jueces Matías Jorge Rouco, Andrea Giselle Schiebeler y Alfredo Pedro Drocchi (quien votó en primer término), luego de la celebración del juicio oral en la causa n° 342/2022, dictó veredicto condenatorio e impuso al único acusado Norberto Rodríguez la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, cometidos el 7 de noviembre de 2021 en la localidad de San Justo partido de La Matanza en perjuicio de Beatriz Liliana Lescano (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 80 incs. 1° y 11° CP). Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Daniel Ernesto Findeisz interpuso recurso de casación (presentación del 6/12/2022).
La causa ingresó a la Sala con fecha 27 de febrero de 2023, encontrándose en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP). VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Violini, dijo:
Adhiero a los votos precedentes en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
La Defensa plantea tres motivos de agravio: a) la arbitrariedad en la valoración probatoria fundante de la autoría de Norberto Rodríguez, b) la inobservancia del art. 34 inc. 1° del CP al desatender el estado de inconsciencia en que se encontraba el imputado al momento de la acción y c) la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua. Con relación al primer agravio reclama por la insuficiencia probatoria en la justificación de la autoría, debido a la ausencia de prueba directa y al débil potencial informativo de la prueba indirecta. En ese sentido, cuestiona la credibilidad de los testigos Arrieta y González en tanto la información por ellos aportada no fue verificada con prueba adicional que la corrobore, no se secuestraron sus teléfonos celulares para examinar si, en efecto, recibieron las llamadas del imputado como afirmaron. Tampoco fueron recabados los testimonios de vecinos que pudieron haber escuchado los disparos en la madrugada. Por otra parte, indica que ninguna mención se hizo a la prueba de descargo: los testimonios de Elsa Priscila Crespo Zárate, María Marta Holubika y Sandra Castañeda Crespo, quienes coincidieron en señalar que Norberto Rodriguez es buena persona, padece adicción a las drogas y consideraron inverosímil que haya matado a su pareja Beatriz Liliana Lescano. Agrega que en base a la prueba reunida es posible, como hipótesis alternativa, considerar que fue Arrieta quien la mató, dado que después del hecho mudó de domicilio.
En segundo lugar, alega que, al momento del hecho, Rodríguez se encontraba en un estado de inconsciencia por el consumo de alcohol y cocaína que le impidió comprender y/o dirigir sus acciones. Entiende que esa perturbación de conciencia demuestra su incapacidad de culpabilidad según el art. 34 inc. 1 CP. Agrega que la pericia toxicológica (de fs. 176/vta. y 297/vta., incorporada por lectura) corroboró que al momento de la extracción de sangre el imputado poseía 1,43 g/l de alcohol en sangre y cocaína no cuantificada y que la pericia complementaria realizada por la perito oficial Dra. Blanca Dorelle, perteneciente a la Asesoría Pericial La Matanza, determinó mediante un peritaje de retrospectiva de alcohol en sangre (incorporado por lectura al debate) que en el horario en que habría ocurrido el hecho Rodriguez tenía una proporción promedio de 3 g/l de alcohol en sangre, con un máximo de 3,93g/l de alcoholemia a la 01:00hs de la madrugada del hecho; extremo no controvertido por las acusaciones y que coincide con la versión de descargo, que desde la aprehensión hasta el juicio oral, ha reiterado que no saber qué es lo que sucedió debido a una amnesia absoluta. Considera que la decisión del Tribunal resulta arbitraria “puesto que evita responder sobre el cuestionamiento central realizado por la defensa al respecto, basado en la prueba científica y pericial reproducida en el juicio oral”, tampoco indicó cuáles habrían sido las contradicciones de Rodriguez ni cuáles sus afirmaciones fuera de la lógica o de la experiencia, que valoró para rechazar el planteo. Señala que simplemente “ha optado por adjetivar negativamente a las manifestaciones de Rodriguez, sin brindar una fundamentación lógica y detallada, y por sobre todo, respetuosa del razonamiento que debe tener todo pronunciamiento judicial para poder ser considerado válido” (p. 46 del documento adjunto de fecha 16/12/22). Por último, plantea la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, por violación a los principios de culpabilidad, proporcionalidad, racionalidad, resocialización y humanidad.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, propicia el rechazo del recurso interpuesto, de acuerdo con los argumentos de su dictamen del 8/2/2023.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, mantiene el recurso interpuesto en base a los argumentos desarrollados en su presentación del 01/3/23.
El imputado realizó, por derecho propio, cuatro presentaciones electrónicas (de fechas 23/2/23, 13/3/23, 30/3/23 y 2/5/23) donde adjunta múltiples documentos que consisten en lo esencial en capturas de pantalla con mensajes de texto, fotografías, mails y un escrito firmado por el médico legista Dr. Carmelo Napoli donde explica su opinión sobre las pericias toxicológicas.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación.
Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, "Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, "Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, "Díaz Núñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Tribunal, luego de la celebración del debate, tuvo por acreditado: "En horas de la madrugada del 7 de noviembre de 2021, en el interior de la casa sita en la calle Thames 3.843 de esta ciudad de San Justo de este partido de La Matanza. En un marco de violencia de género Norberto Rodríguez, munido de un arma blanca y de una tumbera calibre 12/70, la que tenía sin la debida autorización legal, le produjo a su pareja, Beatriz Liliana Lescano, múltiples heridas punzocortantes en su torso y extremidades. Luego le disparó a la altura de su pecho, causándole lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso" (p. 12).
El recurso es procedente con respecto a la omisión de tratamiento del planteo sobre la incapacidad de culpabilidad por perturbación de la conciencia. En ese sentido, adelanto que propondré al acuerdo anular la sentencia impugnada y como consecuencia, el reenvío a la instancia para la celebración de un nuevo debate, solución que torna superfluo el tratamiento de los restantes agravios.
En los alegatos finales del juicio la Defensa planteó la concurrencia de un supuesto de incapacidad de culpabilidad por “estado de inconsciencia” debido a la intoxicación por consumo de drogas y alcohol, solicitando la aplicación del art. 34 inc. 1° del Código Penal (acta de debate, p. 6 del documento adjunto mencionado). Si bien del escueto resumen del acta de debate, no puede conocerse la fundamentación del planteo, de la enumeración de las pruebas incorporadas por lectura, con acuerdo de partes según art. 366 CPP, se desprende el ingreso como prueba pericial de los exámenes toxicológicos de sangre, orina y la pericia posterior, realizada como instrucción suplementaria, que evalúa el dosaje de alcohol en sangre al momento de la extracción y proyecta, mediante un cálculo probabilístico, una aproximación de la alcoholemia de Rodriguez al momento del hecho (de fs. 453/455, adjuntada vía electrónica).
El tribunal, luego de tratar la materialidad ilícita y la autoría responsable, cuestiones sobre las que concluyó afirmativamente, rechazó el planteo de la eximente por incapacidad de culpabilidad. Para fundar la desestimación sostuvo que “No se desprenden eximentes de lo actuado. Mientras que el estado de inconciencia del art. 34 del CP alegado por la Defensa, es inexistente, y se encuentra completamente respondido en la cuestión anterior, por los propios dichos selectivos, autocontradictorios, fuera de la lógica y de la experiencia del acusado. Como así también por las demoledoras testificales de cargo y la pericial médica” (p. 14). En el tratamiento de la cuestión anterior, vinculada a la acreditación de la autoría, a cuyos fundamentos el sentenciante se remitió para fundar el rechazo de la eximente en trato, fue valorada la prueba de cargo para fundamentar la ejecución de la acción lesiva por Rodríguez. En ese sentido, fueron reseñados los testimonios prestados por José Luis Arrieta y María Florencia González, conocidos o allegados al imputado, el primero concurrió a la escena del hecho a raíz de un llamado de Rodriguez (p. 8/9) y la segunda habló por teléfono con éste unas horas después del hecho (p. 9/10), junto al testimonio coincidente del funcionario policial Luis Damián Morel que describió la escena del delito (p. 10). A ello adunó la declaración de Ada Paula Lescano, hija de la víctima, que describió la relación de pareja entre su madre y Rodríguez como violenta (p. 10) y la prueba incorporada por lectura, en particular, la autopsia que concluyó como causa de muerte “las lesiones que causaron el shock hipovolémico por herida de proyectil en hemitorax izquierdo, línea axilar anterior” (p. 11), describiendo además diversas heridas contuso cortantes en todo el cuerpo y múltiples excoriaciones que permitieron inferir que la víctima se defendió del ataque.
Luego la versión de descargo fue rechazada. El tribunal desestimó la hipótesis de un suicidio -alegada en el juicio- por su falta de correspondencia con la herida de arma de fuego que presentaba el cuerpo de Lescano, de la que infirió, de manera lógica, la imposibilidad de haberse autoinfligido. Sostuvo además que “el justiciable Rodríguez únicamente pretende mejorar su situación procesal apelando a que no recuerda nada porque estaba alcoholizado y/o drogado. Cuando en realidad su relato es un disparate, al sostener que ella se quitó la vida usando varias veces un arma blanca para cortarse. Sobre este punto vuelvo sobre la autopsia de fs. 183/187 donde se certificó que el cuerpo de la mentada víctima Lescano presentaba múltiples excoriaciones superficiales apergaminadas, múltiples heridas cortantes, heridas múltiples punzo cortantes, más heridas cortantes superficiales múltiples, más múltiples heridas punzo cortantes.
Y luego a distancias imposibles de autoagresión se disparó con una tumbera propiedad del mismo acusado. Como vine reseñando, los testigos cuyas declaraciones resumí precedentemente, han sido coincidentes en que el propio Norberto Rodriguez, quería cortar a la víctima y enterrarla en el patio de su casa, que se quería ir y zafar de la Policía porque no se iba a comer el garrón de quedar preso, porque su mujer se había matado. Que se encontraba tranquilo. Aún peor, dijo José Luis Arrieta, que lo vio fumando un cigarrillo, que lo invitó a tomar una cerveza mientras le proponía que lo ayudara a cortar y enterrar a la víctima. En suma la prueba pericial y testimonial de cargo es contundente y abrumadora, en su totalidad y en su conjunto destruyen la versión exculpatoria del acusado” (p. 13/14).
La fundamentación trascripta no contiene ningún desarrollo en torno al estado de inconsciencia o, en términos más precisos, a la perturbación de la conciencia que alega la defensa y que habría determinado la hipótesis sobre una actuación sin capacidad de culpabilidad. La prueba valorada para fundar la ejecución del hecho por el imputado Rodríguez y que además sirvió para rechazar la hipótesis de suicidio sólo exhibe una fundamentación aparente en torno a la desestimación del planteo de incapacidad de culpabilidad. Tal desarrollo argumental no puede servir simultáneamente para justificar la autoría y rechazar el planteo de una eximente, máxime cuando fue sostenida a lo largo de las diversas declaraciones del imputado y la Defensa alegó, en su respaldo, la pericia toxicológica, practicada como instrucción suplementaria por la médica forense Dra.
Blanca Beatriz Dorelle, perito oficial de la Asesoría Departamental, donde elaboró una conclusión sobre el probable dosaje de alcohol en sangre que habría presentado el imputado al momento de la ejecución de la acción lesiva. La información agregada por esta prueba al menos debió ser examinada, en especial por su vinculación con el planteo de la eximente alegada por el imputado y su defensor y por la consideración de que dicho planteo, de prosperar, tendría incidencia en la decisión final del caso.
Tampoco hizo ninguna mención a la pericia toxicológica que aportó información probable sobre el nivel de intoxicación alcohólica de Rodriguez al momento del hecho. En la misma se determinó que al momento de la extracción de sangre (7/11/21 a las 10:44 am fs. 294 y la cadena de custodia fs. 295, agregado al expediente digital), Rodríguez tenía 1,43 g/l de alcohol en sangre y un resultado positivo para cocaína, sin especificar dosaje (fs. 176) -el momento aproximado de la muerte data de la madrugada de ese día. Asimismo, al examen de orina (cuya muestra fue tomada en igual horario, 10:44 am, conf. fs. 306) presentó un resultado de alcoholemia de 2,13 g/l y dio positivo para cocaína (fs. 177vta.).
La Dra. Blanca Dorelle, por su parte, realizó el peritaje de retrospectiva de alcohol en sangre (también incorporado por lectura al debate) donde determinó que en el horario en que habría ocurrido el hecho Rodriguez tenía una proporción promedio de 3 g/l de alcohol en sangre, con un máximo de 3,93g/l de alcoholemia a la 01:00hs de la madrugada. En conclusión, la hipótesis de descargo vinculada al suicidio de la víctima fue tratada en la cuestión de la autoría, más la eximente alegada fue rechazada con remisión a la fundamentación de la autoría, sin brindar una explicación que permita conocer la conexión entre la acreditación de la autoría y el rechazo del planteo sobre incapacidad de culpabilidad, todo lo cual exhibe una omisión de respuesta a un planteo esencial de la defensa en infracción a los arts. 1 y 18 de la Constitución Nacional, 168 de la Constitución provincial, 106, 210 y 373 CPP que, en definitiva, descalifica por arbitrario e infundado el pronunciamiento aquí cuestionado.
Por último, cabe agregar que las presentaciones del imputado, vía electrónica en esta sede, no configuran un supuesto del art. 457 del CPP y, al respecto, con acierto fue fundado por el Defensor Oficial Dr. Hernández. No obstante, la solución que aquí se postula convierte en superfluo su tratamiento.
Por lo expuesto, propongo hacer lugar, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la Defensa y anular el veredicto y sentencia condenatorios dictados por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial La Matanza y disponer el reenvío en los términos del art. 461 CPP para la celebración de un nuevo debate mediante la integración del tribunal con jueces hábiles. Cabe destacar que la solución que aquí propongo no es contraria a mi postura en la causa 90940 (“Mendoza, Astrid Marcela s/rec. de casación”, Reg. 398/2019), pues en el presente caso concurren circunstancias diferentes, precisamente por la omisión de tratamiento de una cuestión esencial. Por ello, en este caso particular, el reenvío para un nuevo juicio no importa una afectación al principio constitucional “ne bis in ídem” (arts. 1, 18 y 75 inc. 22 CN, 8.2.h CADH, 14.5 PIDCP; 168 de la Constitución provincial; 20 inc. 1, 106, 201, 203, 209, 210, 373, 448, 454 inc. 1°, 461, 530, 531, cits. y ccs., CPP). VOTO POR LA AFIRMATIVA A LA PRESENTE CUESTION.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
1. Abro respetuosa disidencia respecto del sufragio del colega que lidera el acuerdo, Dr. Ricardo Maidana, en tanto considero que el tribunal justificó razonablemente los motivos que lo llevaron a descartar el estado de inconsciencia, que como causal de inculpabilidad invocó la defensa en el juicio.
No obstante, también debo apartarme del voto de mi colega cuando establece que su decisión torna superfluo el tratamiento del resto de los agravios de la defensa, pues como planteo principal alegó que Rodriguez no cometió el homicidio, y entre esa premisa y la posible aplicación de la eximente, media una dependencia lógica y necesaria que impone el análisis en el orden en que fueron planteados.
Al margen de la necesidad de su tratamiento, la lectura del veredicto muestra la importancia de revisar ordenadamente el razonamiento probatorio que siguió el tribunal al dar por probado el hecho y la autoría del acusado, pues allí examinó con detalle la versión de los hechos que dio Rodriguez a las primeras personas que conocieron la muerte de la mujer, como las condiciones en que se encontraba en ese momento, y las confrontó con las diversas declaraciones que dio el acusado en esta causa, concluyendo -en definitiva- que no medió una ausencia real de recuerdos (compatible con el estado de inconsciencia que introdujo la defensa en la discusión final del debate), sino con una versión inverosímil, incompatible con la evidencia disponible. Sobre esto volveré.
En lo esencial, alega que los jueces sustentaron el juicio de autoría “exclusivamente” en las testificales de José Luis Arrieta y de María Florencia Gonzalez, sin haber realizado ningún análisis crítico sobre la fiabilidad de sus manifestaciones (pág. 39 del registro informático del recurso).
Señala que Arrieta declaró que el acusado lo llamó por teléfono diciéndole que tenía un problema y que al llegar a su casa encontró a la víctima sin vida, mientras que Florencia Gonzalez dijo que Rodriguez la llamó y le manifestó que al despertar encontró a su pareja fallecida y que quería darse a la fuga, pero -observa el recurrente- la fiscalía podría haber profundizado la investigación y efectivamente constatar si esas llamadas existieron (secuestrando sus teléfonos, requiriendo información a las compañías prestadoras del servicio o recibiendo declaración a otras personas que supuestamente se encontraban con aquellos testigos cuando recibieron las llamadas del acusado; conf. pág. 40, recurso).
Considera que esas omisiones probatorias impactan negativamente sobre la credibilidad de los únicos testigos de cargo que declararon en el juicio.
2.1. Dicho esto, observa que el tribunal no valoró la información que incorporaron las testigos de la defensa Elsa Crespo, María Holubika y Sandra Castañeda Crespo.
En particular, señala que Sandra Castañeda Crespo informó que fue pareja del acusado y que si bien Rodriguez tenía problemas de adicciones, nunca ejerció violencia sobre ella. Elsa Crespo, madre de la testigo Sandra, corroboró que el acusado y su hija tenían buen trato y no hubo situaciones de violencia intrafamiliar; mientras que María Holubika manifestó que el acusado era una persona comprometida y trabajadora, que tenía buen trato con la víctima “y que si bien Rodriguez era alcohólico, peleaba bastante con dicha adicción” (pág. 41, recurso).
Recuerda que al declarar en los términos del art. 308 del CPP y en el juicio oral, Rodriguez sostuvo que el día del hecho él y Liliana Lezcano tomaron alcohol, que él además consumió cocaína, y que en determinado momento perdió el conocimiento, encontrando el cuerpo de la mujer sin vida cuando se despertó, ignorando por completo lo sucedido (pág. 41, recurso).
Señala que el acusado relató que su relación con Liliana Lezcano era buena, sin conflictos y que nunca hubiera querido su muerte; que Rodriguez no tiene antecedentes de violencia, ni tenía motivos para matar a su pareja.
Bajo esas condiciones, alega que no puede descartarse la intervención de una tercera persona que haya ingresado al domicilio y cometido el homicidio mientras Rodriguez estaba inconsciente (pág. 42, recurso).
En particular, alega que no puede descartarse que el autor del homicidio haya sido José Luis Arrieta, “quien se presentó ante el tribunal como un inocente testigo involuntario” (pág. 42, recurso). Señala que resulta muy sugestivo que el principal testigo de la fiscalía se haya mudado de su domicilio luego del hecho y abandonado las tareas laborales que realizaba en la misma cooperativa que dirigía la otra testigo de cargo, Florencia Gonzalez. En su opinión, el propio comportamiento de Arrieta configura un indicio de culpabilidad.
Agrega que si Arrieta realmente vivenció lo que relató en el juicio, no se explica por qué no llamó a la policía inmediatamente y, al contrario, decidió ir a la casa de Florencia Gonzalez a contarle lo sucedido. En definitiva, considera que los dichos de Arrieta “no tienen ningún sentido, y solo generan dudas y sospechas sobre su propia responsabilidad en el homicidio”, y explican su declaración en contra del acusado, “para ocultar su verdadera responsabilidad en la muerte de Liliana Lezcano” (pág. 43, recurso).
Por lo expuesto, insiste en que no puede descartarse que el delito haya sido cometido por otra persona y que, en ese marco, no puede perderse de vista el estado de vulnerabilidad en que se encontraba Rodriguez al momento en que fue aprehendido, “profundamente alcoholizado” y bajo los efectos de la cocaína, por lo que resultaba sencillo atribuirle el homicidio (pág. 44, recurso).
3. Ahora bien, los argumentos que expone la defensa en este tramo del recurso resultan abiertamente inconducentes para controvertir la justificación del veredicto sobre la autoría de Rodriguez.
En efecto, su argumento central radica en la falta de fiabilidad del testigo José Arrieta, por la ausencia de prueba objetiva que corrobore que recibió un llamado del acusado, argumento que extiende a la testigo Florencia Gonzalez, pero sin reparar que fue el propio acusado en su declaración (confr. art. 308, CPP) quien manifestó que esa madrugada llamó “a sus vecinos José y a Miriam”, y aclaró que “también llamó a su jefa Florencia Gonzalez, quien le refirió que dejara todo así que llamaría a la policía” (pág. 13 del registro informático del veredicto).
El resto de los argumentos que invoca el recurrente en contra de la confiabilidad del testigo Arrieta se sustentan en meras conjeturas, desvinculadas de la prueba practicada en el debate. Advierto que José Arrieta no apareció en la causa como un “inocente testigo involuntario”, a declarar deliberadamente en contra del acusado, sino como consecuencia de la propia conducta de Rodriguez, quien lo introdujo en la escena del hecho cuando lo llamó por teléfono aquella madrugada, diciéndole que tenía un problema urgente y le pidió que fuera hasta su casa.
4. En lo que importa destacar, José Arrieta dijo que recibió aquel llamado entre las 6:05 y las 6:30 hs. Manifestó que ingresó al domicilio del acusado y ante sus preguntas de qué había pasado, Rodriguez le advirtió que hablara en voz baja, cerró la puerta con llave tras su paso y no fue hasta llegar al patio de atrás de la casa que ése le dijo, mientras fumaba un cigarrillo, “mirá la cocina”, lugar donde observó un gran desorden, “todo lleno de sangre” y el cuerpo de una mujer ahí tirado. Rodriguez le dijo que era Lili, que habían tomado cerveza, pastillas y que no recordaba nada. También le dijo que la mujer se había matado sola. Expuso que se desesperó y le pidió a Rodriguez que lo dejara salir de la casa, que se quería ir, y le preguntó para qué lo había llamado, respondiéndole que lo ayudara a enterrar el cuerpo. Que le insistió a Rodriguez para que lo dejara salir y ése le decía que no, que tomaran una cerveza. Dijo que el acusado estaba tranquilo. Agregó que él le dijo al acusado que llamara a Cristian, que era un policía conocido de la cooperativa. Expuso que finalmente Rodriguez lo dejó salir y no supo qué hacer. Fue hasta su casa, habló con su mujer y llamaron a Cristian para contarle lo sucedido, siendo atendido por Florencia, su mujer, quién le manifestó que Rodriguez era un hijo de puta, que la había matado (pág. 8/9 del registro informático del veredicto).
Haciendo uso de su declaración previa y frente a omisiones en el relato del testigo, la fiscalía solicitó su lectura y Arrieta declaró que el acusado le dijo “de última, yo la corto”, refiriéndose al cuerpo de la víctima y aclaró que “primero le dijo que lo ayudara a enterrarla, así como estaba él, cambiado, bañado, con la cara roja pero muy tranquilo, se sentía olor a alcohol” (pág. 9, veredicto).
5. La mencionada Florencia Gonzalez también declaró en el debate. Dijo ser esposa del policía Cristian García. En lo que interesa destacar, recordó que el día del hecho, entre las 6:15 y 6:30 horas recibió un llamado del acusado Norberto Rodriguez, preguntando por Cristian. Que su marido estaba saliendo a trabajar y le hizo un gesto negándose a contestar, entonces ella le preguntó a Norberto qué había pasado. Él le dijo que tenía un muerto en su casa y ella pensó que habría entrado alguien, pero el acusado continuó hablando y le manifestó que estaba con Lili, habían tomado alcohol, marihuana, pastillas, se acostó a dormir y cuando se levantó vio que estaba muerta. Ella le respondió que la había matado y él le dijo que era inocente, que había que llamar a la policía, y “que se iba a ir, que no se iba a comer un garrón por ella, que se había matado”. Expuso que lo escuchó normal a Norberto, que le hablaba como siempre. Recordó que José Arrieta le comentó que acusado le dijo que iba a cortar a la mujer y a enterrarla en el patio (pág. 10, veredicto).
6. Como dije, la defensa no aporta argumentos razonables, más allá de meras conjeturas, para desacreditar la testifical de Arrieta en el tramo donde relató las razones por la que se presentó en el domicilio del acusado, las condiciones en que estaba Rodriguez y las manifestaciones que le hizo.
Por lo demás y en lo que importa destacar, el tribunal valoró la declaración del policía Luis Morel -no controvertida por la defensacuando manifestó que en el lugar del hecho “el sujeto retenido refería que su pareja se había matado sola” (pág. 10, veredicto), corroborando el relato de Juan Arrieta cuando declaró “él me dijo que se mató sola” (pág. 9, veredicto) y el de Florencia Gonzalez cuando señaló que el acusado le manifestó “que él no se iba a comer un garrón por ella, que se había matado” (pág. 10, veredicto).
En otras palabras, el tribunal contó con una fuente de prueba independiente, distinta de los testigos controvertidos por la defensa (Arrieta y Gonzalez), que confirmó la primera versión que dio el acusado sobre lo ocurrido aquella madrugada: dijo que la mujer se había matado sola.
7. Establecido lo anterior, el tribunal analizó las conclusiones de la autopsia, en particular la cantidad de lesiones y heridas que presentó la víctima, como su ubicación y modo de producción (diversas heridas contuso cortantes en todo el cuerpo, múltiples excoriaciones y heridas por proyectil en el muslo y hemitorax izquierdo), y refutó “la hipótesis de que Beatriz Liliana Lezcano se quiso quitar la vida” (pág. 11, veredicto), por las características del mecanismo operativo del arma tumbera utilizada y la imposibilidad de que la mujer pudiera manipularla y dispararse en el pecho o en el muslo.
En similar sentido, los jueces valoraron las imágenes del lugar donde se encontró a la víctima, que reflejaron la presencia de gran cantidad de manchas hemáticas (en el piso y muebles), además de un completo desorden, compatibles con la hipótesis de que la mujer se defendió, dato que además quedó corroborado por el resultado de la autopsia en el tramo donde se constataron lesiones de defensa (heridas cortantes en antebrazo derecho y cara externa del mismo brazo).
8. Finalmente, el tribunal señaló que el acusado declaró en la IPP y varias veces durante la audiencia del juicio, demostrando una “memoria selectiva” e “incurriendo en contradicciones” (pág. 13, veredicto). En lo que importa destacar, los magistrados expusieron que en la IPP Rodriguez dijo que Liliana Lezcano llegó a su casa aproximadamente a las 13:30 hs. y comenzaron a tomar Fernet, cerveza, fumar porro, consumir pastillas y cocaína. Que él se fue a dormir y no se acordaba nada más. Que se despertó cerca de las 4:30 hs y observó que su pareja estaba tirada toda ensangrentada. Que ahí llamó a sus vecinos José y Miriam, y después a su jefa Florencia Gonzalez.
Luego, señalaron que en la audiencia de debate Rodriguez primero declaró que no acordaba nada, pero después dijo que el día que fue Lili a su casa se pusieron a tomar y a las 16.30 horas fueron a comprar cocaína y alcohol al kiosco de José, aclarando que era su vecino. Agregó “ahí no me acuerdo más nada, no teníamos control ni frenos, al día siguiente parecía que estaba en un sueño, y vi un bulto en mi habitación y no recuerdo más” (pág. 13, veredicto).
A criterio del tribunal, el acusado intentó colocarse en una mejor situación procesal, al declarar que no recordaba nada porque estaba alcoholizado y/o drogado. Los jueces también observaron lo absurdo de su relato “al sostener que ella se quitó la vida usando varias veces un arma blanca para cortarse” (pág. 13, veredicto), pues esa hipótesis fue incompatible con las conclusiones de la autopsia, que también les permitió establecer la imposibilidad fáctica de que la mujer se haya disparado con el arma del acusado.
Por último, los jueces recordaron que los testigos coincidieron “en que el propio Norberto Rodriguez quería cortar a la víctima y enterrarla en el patio de su casa, que se quería ir y zafar de la Policía porque no se iba a comer el garrón de quedar preso, porque su mujer se había matado. Que se encontraba tranquilo. Aun peor, dijo José Luis Arrieta, que lo vio fumando un cigarrillo, que lo invitó a tomar una cerveza mientras le proponía que lo ayudara a cortar y enterrar a la víctima” (pág. 14, veredicto). En definitiva, los jueces estimaron que “la versión exculpatoria del acusado” quedó refutada “por la prueba pericial y testimonial de cargo” (pág. 14, veredicto); razonamiento que cabe confirmar pues el tribunal constató -con apoyo en la evidencia disponible- que el acusado dio primero una versión inverosímil e incompatible con la evidencia física y también alegó una ausencia de recuerdos, pero la aplicó de modo selectivo (en particular, los jueces señalaron que en una de sus declaraciones recordó un encuentro con su vecino José e introdujo nociones relativas a la falta de control y frenos, y a la sensación de encontrarse en un sueño).
9. Constato que el tribunal también valoró la testifical de Ada Paula Lescano (no controvertida por la defensa) cuando expuso que su madre y el acusado estuvieron en pareja aproximadamente diez años y casi a lo último su mamá vivía en la casa de él. Recordó que su madre “decía que estaba bien, pero cuando volvía tenía moretones, yo le preguntaba qué pasaba y ella me contestaba que se había caído, yo sé que se peleaban” (pág. 10, veredicto).
10. Al tratar las eximentes, el tribunal estimó que “el estado de inconsciencia del art. 34 del CP alegado por la defensa es inexistente, y se encuentra completamente respondido en la cuestión anterior, por los propios dichos selectivos, autocontradictorios, fuera de la lógica y de la experiencia del acusado”. Como así también “por las testificales de cargo y la pericial médica” (pág. 14).
11. Como vimos, el recurrente explica que en el juicio y de forma subsidiaria, alegó la existencia de una causal de inculpabilidad, “debido a que su asistido se encontraba en un estado de inconsciencia producto de la intoxicación por consumo de sustancias alcohólicas y cocaína”.
Expone que no fue controvertido que al momento del hecho Rodriguez se encontraba en estado de ebriedad y bajo los efectos de la cocaína, pues la extracción sanguínea del acusado reveló una concentración de alcohol en sangre de 1,43 g/l y la presencia de cocaína en una proporción no cuantificada.
Agrega que la doctora Dorelle, de la Asesoría Pericial de La Matanza, realizó un dosaje de retrospectiva de alcohol (incorporado por lectura al debate) que permite estimar que en el horario en que se habría cometido el homicidio, Rodriguez presentó una proporción promedio de 3 g/l de alcohol en sangre, con un máximo de alcoholemia de 3,93 g/l a la una de la madrugada.
Cita bibliografía que entiende aplicable al caso donde se describe que el cuarto periodo de intoxicación alcohólica “se corresponde con el estado de inconsciencia absoluta”, progresando hacia un sueño profundo, coma alcohólico y muerte, extendiendo “los dosajes entre 3,01 y 6” g/l de alcohol en sangre (pág. 46, recurso).
Dicho esto, considera que la decisión del tribunal resulta arbitraria, pues evita responder el planteo de la defensa, basado en prueba pericial incorporada al debate.
Expone que al rechazar el estado de inconsciencia los jueces tampoco exteriorizaron cuáles fueron las contradicciones en que incurrió Rodriguez o cuáles fueron sus afirmaciones fuera de la lógica o la experiencia. Al contrario, considera que el tribunal se limitó a adjetivar negativamente la declaración de Rodriguez.
Agrega que la carga de la prueba corresponde a la acusación y la fiscalía no demostró la inexistencia del estado de inconsciencia que alegó Rodriguez.
En definitiva, sostiene que no es posible que una persona con una alcoholemia mayor a 3 g/l. de alcohol en sangre, más la ingesta de cocaína, tenga plena capacidad de culpabilidad; y que los jueces confirmaron la capacidad de culpabilidad del acusado mediante afirmaciones dogmáticas, sin apoyo empírico en la evidencia disponible.
12. Establecido lo anterior y al contrario del enfoque asumido por el colega preopinante, considero que la remisión que realizaron los jueces al rechazar el estado de inconsciencia resultó adecuada, pues la información que introdujeron los testigos Arrieta, Gonzalez y Morel, como los resultados de la autopsia y la confrontación con la versión del acusado (valoradas en la cuestión anterior), no solo le permitió al tribunal refutar la hipótesis del suicidio que quiso instalar el acusado, sino constatar las condiciones en que se encontraba Rodriguez inmediatamente después de cometido el hecho: llamó a Arrieta, lo hizo pasar a su casa, le mostró el cuerpo, le dijo que la mujer se había matado y le pidió que lo ayudara a enterrarla en el patio. Arrieta dijo que el acusado estaba tranquilo, que se fumó un cigarrillo y lo invitó a tomar unas cervezas. Florencia Gonzalez también habló con el acusado y dijo que no notó nada raro en su voz, que estaba normal. El oficial Morel dijo que el retenido estaba tranquilo y decía que su pareja se había matado sola.
Bajo esas condiciones y de acuerdo a cómo fueron introducidas las hipótesis alternativas del acusado, no encuentro objeción alguna a que el tribunal utilice el mismo razonamiento probatorio para acreditar la autoría de Rodriguez en el homicidio y, a la vez, para descartar el estado de inconsciencia alegado, pues los testigos brindaron información incompatible con esa última hipótesis.
En la cuestión anterior los jueces también desacreditaron la versión que dio el acusado, indicando porqué sus dichos fueron selectivos, contradictorios e incompatibles con la lógica y la experiencia.
En efecto, ya vimos que el tribunal señaló que el acusado declaró en la IPP y varias veces durante la audiencia del juicio (tres veces, según consta en el acta de debate, ver pág. 3, 4 y 5), demostrando una “memoria selectiva”, “incurriendo en contradicciones” y dando un relato absurdo sobre lo ocurrido. En lo esencial, los jueces observaron que en la etapa preliminar el acusado dijo que tomaron alcohol y otras sustancia con la mujer, que él se fue a dormir y no recordaba nada más, hasta que se despertó, vio el cuerpo y llamó a su vecino Juan y a su jefa Gonzalez; mientras que en el juicio dijo “que no se acordaba de nada”, para más tarde declarar que tomaron con la mujer y fueron a comprarle cocaína a José, su vecino, y después de eso no se acordaba nada más, agregando que al despertar estaba como en un sueño. Ya no recordó haber visto a la mujer, sino “un bulto en su habitación” y luego no recordó nada más.
Bajo esas condiciones, es posible validar el razonamiento del tribunal cuando concluyó que el acusado incurrió en contradicciones (pues modificó sus versiones); que su memoria operó en forma selectiva (pues en el juicio no recordó datos que permitían corroborar la prueba de cargo, como los llamados a Arrieta y Gonzalez, además de incluir otras nociones, claramente de mayor compatibilidad con su hipótesis subsidiaria, relativas a la falta de control y frenos, y a la sensación de encontrarse en un sueño). Su versión fue incompatible con la lógica y experiencia, pues conforme señalaron los jueces, resultó un absurdo sostener -como hizo el acusado- que la mujer se haya cortado en varias oportunidades con un arma blanca para quitarse la vida o disparado el arma en su contra a una distancia incompatible con una auto-agresión (pág. 13, veredicto).
Observo que el razonamiento seguido por los jueces al refutar la versión del acusado no fue controvertido por la defensa, pues limita a denunciar que el tribunal evitó responder su planteo y no explicó porqué los dichos del acusado habrían sido selectivos y contradictorios. En definitiva, la prueba que permitió descartar “la versión exculpatoria del acusado”, también le permitió a los jueces confirmar que Rodriguez actuó con la capacidad necesaria para decidirse en forma autodeterminada en favor o en contra de la comisión del hecho.
13. Ahora bien, la defensa también argumenta que no es posible que una persona con una alcoholemia mayor a 3 g/l. de alcohol en sangre, más la ingesta de cocaína, tenga plena capacidad de culpabilidad. En ese sentido, constato que la defensa solicitó, como cuestión preliminar en la audiencia de debate, incorporar por lectura la pericia de la Dra. Dorelle (ver pág. 2, acta de debate), que se admitió sin oposición de las partes y al momento de establecer su alegato inicial afirmó que iba a demostrar la ajenidad de Rodriguez en el homicidio (pág. 2, acta). Citó como testigos de la defensa a Elsa Crespo, María Holubika y Sandra Castañeda Crespo, quienes en lo esencial declararon sobre el buen concepto del acusado y su consumo problemático de alcohol y drogas (conforme lo explicó el recurrente en su presentación).
En el alegato final, la defensa introdujo como planteo subsidiario -si se probaba que Rodriguez fue el autor del homicidio- que “se encontraba en estado de inconsciencia por intoxicación de drogas y alcohol” requiriendo la aplicación del art. 34 del Código Penal.
14. Como explica el recurrente, el informe pericial de la Dra. Dorella establece una retrospectiva de alcoholemia del acusado, considerando “la franja horaria comprendida entre la 01:00 hs. hasta las 06:00 horas” del 7 de noviembre de 2021 (franja horaria en la que se cometió el homicidio) y la concentración de alcohol en sangre que tenía Rodriguez al momento de la extracción (10.45 hs. del mismo día), como también su talla y peso (de acuerdo a la copia digital que se adjuntó al recurso).
El estudio indicó los cálculos cada treinta minutos (a requerimiento de la defensa), y en lo que importa destacar, la perita consignó que “con diez horas de diferencia” (entre la extracción y la posible comisión del hecho, es decir, a la 1 AM) la alcoholemia arrojaba 3,93 gr/l; y a las “5 horas de diferencia” (es decir, a las 6 AM), la retrospectiva arrojaba una alcoholemia de 2,68 gr/l.
15. Ciertamente el estudio señalado estima una concentración elevada de alcohol en sangre en la persona de Rodriguez, en la franja horaria en que cometió el homicidio de su pareja; pero ese dato, desvinculado de otras condiciones particulares del acusado, impide asignarle la capacidad de rendimiento que le atribuye la defensa, especialmente frente a la evidencia practicada en el juicio que reflejó el estado en que lo vieron los testigos cerca de las 6 AM.
En efecto, la defensa argumenta que no es posible que una persona con un promedio de 3 gr/l. de alcohol en sangre haya tenido plena capacidad de culpabilidad, pero omite que esos parámetros, para establecer el grado real de intoxicación, deben conjugarse con otras circunstancias concretas del sujeto examinado que exceden su talle y peso, como las relativas a sus hábitos de ingesta alcohólica, en tanto pueden incidir en su tolerancia y la efectiva presentación de los síntomas que se describen en los manuales de manera general.
En otras palabras, las concentraciones reales necesarias para causar determinados síntomas que produce el consumo de alcohol en el organismo varían según la tolerancia de la persona, especialmente en consumidores crónicos o habituales.
En ese sentido, cabe reparar que la evidencia sobre la que insiste la defensa (relativa a los testigos que presentó en el juicio), se centra en destacar el buen concepto del acusado pero, a la vez, en su consumo problemático alcohol y estupefacientes. Según lo consigna la defensa en su presentación, María Holubika dijo que Rodriguez “era alcohólico y peleaba bastante con dicha adicción” (pág. 41, recurso). En consecuencia, si bien puede sostenerse -en forma genérica y abstracta- que un valor cercano a los 3 gr/l. de alcohol en sangre produce habitualmente los síntomas que señala el recurrente; lo cierto es que la evidencia concreta que se practicó en el juicio muestra que esos síntomas no se encontraban presentes en el acusado, cerca de las 6:00 AM (según Arrieta y Gonzalez) y la retrospectiva de alcoholemia sobre la que argumenta señala que aquel fue el promedio de alcohol en sangre que habría presentado el acusado durante la franja horaria en que cometió el delito (de 1 AM a 6 AM).
En otras palabras, la evidencia demostró que aun bajo los efectos del alcohol, los síntomas de intoxicación de Rodriguez no eran notorios, ni afectaron sus funciones o movimientos.
En ese sentido, la motivación que contiene el veredicto permite descartar que la intoxicación de Rodriguez haya presentado los síntomas habituales de una alcoholemia con valores de 3 g/l. o más, pues conforme la propia doctrina que cita el recurrente esos dosajes corresponden -en general- a un estado de inconsciencia absoluta, sueño profundo o coma alcohólico, incompatibles con el desarrollo de una actividad que requirió cierta destreza y despliegue de facultades psicomotrices. Recuerdo que la declaración de los testigos es prueba válida para conocer el estado en que se encontraba el sujeto al momento del hecho y los testigos dijeron que Rodriguez estaba tranquilo, se conducía y hablaba con normalidad. Los jueces también establecieron que el acusado quiso instalar una coartada para desvincularse del hecho. Esas conductas, probadas por el tribunal, reflejan una comprensión del sentido disvalioso de su conducta incompatible con el estado de inconsciencia invocado.
16. Tampoco se demostró, como alega el recurrente, que al momento de la aprehensión el acusado estuviera “profundamente alcoholizado”. El policía Morel, presente en el lugar del hecho, no mencionó una situación compatible con aquella proposición fáctica. Al describir al sujeto dijo que estaba tranquilo, sin otra consideración particular, y esa testifical no fue controvertida por la defensa.
17. Por lo demás, recuerdo que no existen reglas específicas atinentes a la valoración de las pruebas científicas, pues no son distintas del resto y, en ese sentido, si bien el fallo pudo contener -en cuanto a su técnica expositivauna mayor explicación al tratar la eximente, lo cierto es que la decisión no luce arbitraria, ni infundada, en tanto individualizó la evidencia que refutó ese planteo y remitió a la motivación del veredicto donde se examinó esa evidencia con mayor detalle, evitando reiteraciones innecesarias. Esa argumentación se presenta como apropiada a la luz de la poca rigurosidad que siguió la misma defensa al introducir aquel planteo recién en la discusión final del debate, después de la práctica de la prueba y sin reparar en el resto de la evidencia disponible refutó la versión del acusado. Bajo esas condiciones, la capacidad de rendimiento de la pericia de retrospectiva de alcoholemia, quedó implícitamente rechazada. En ese sentido, cabe recordar que el carácter excepcional de las causales de inculpabilidad que prevé el art. 34 del Código Penal exige que se incorporen al proceso elementos de prueba suficientes para acreditar su existencia, correspondiendo la carga de la prueba a quien la alega, en tanto esa situación extraordinaria no se presume sino que debe ser comprobada.
18. Tampoco prosperará el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
Reiteradamente expuse mi criterio sobre el punto en cuanto debe tenerse presente que la pena realmente perpetua, esto es, sin límite temporal, daría lugar a relegar a una categoría de ciudadanos que no serían capaces de rehabilitarse como tales, lo que implicaría una especie de muerte civil vedado por el art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 10 inciso 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 4 de la ley 12.256. Ello es así, pues evidentemente carecería de sentido pretender un objetivo de resocialización o de reinserción social respecto a una persona que en puridad nunca habrá de salir de su encierro, por lo que nunca tendrá oportunidad de “reintegrarse” en forma positiva o negativa a la sociedad. Para evitar esos efectos, nuestro Código Penal ha establecido límites temporales para que los condenados con esa especie de pena gocen del beneficio de la libertad, aún en caso de resultar reincidente o de serles impuestas la pena accesoria que prevé el artículo 52 del Código Penal.
Resulta entonces que la pena prevista en el artículo 80 del Código Penal, pese a su calificación de “perpetua”, tiene en realidad un plazo máximo de duración. Por lo tanto la pena en cuestión deja de tener carácter perpetuo, ya que, aunque prolongada, no implica necesariamente un encierro de por vida, y permite la reinserción social del condenado. De cualquier modo, no puede efectuarse un análisis meramente abstracto de la cuestión y la propia defensa explica que los jueces del tribunal, al analizar el mismo planteo, estimaron que su tratamiento devenía abstracto por aplicación de la jurisprudencia de la SCBA que exige -para cumplir la finalidad constitucional resocializadora de la pena- , establecer en el caso concreto en qué momento se tendría por cumplida (pág. 17, sentencia); decidiendo que se imponía adoptar ese temperamento. Bajo esas condiciones, la defensa no ha explicado –en su tacha de inconstitucionalidad- de qué modo la pena impuesta por el tribunal es desajustada respecto del principio de legalidad y del principio constitucional de culpabilidad en cuanto a la proporcionalidad de la reacción estatal con relación al disvalor de los hechos concretos y sus resultados. Por lo expuesto a esta segunda cuestión VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; arts. 45, 55, 80 inc. 1 y 11, 189 bis, inc. 2, párr. 2do., Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP).
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Violini, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Carral por los mismos fundamentos. VOTO POR LA NEGATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose, por mayoría, la siguiente:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Daniel Ernesto Findeisz, en favor de Norberto Rodríguez.
II. Rechazar por improcedente el recurso de casación deducido por la Defensa, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los arts. 1, 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 45, 55, 80 inc. 1 y 11, 189 bis, inc. 2, párr. 2do., Cód. Penal; 209, 210, 371, 372, 448, 450, 454 inc. 1°, 530 y 531 del CPP.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia