Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Casar por aplicación del Art. 453 del C.P.P.P.; la Sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial (fs. 163/169 vta.), disponiendo la Absolución de NORBERTO ROLANDO RODRIGUEZ de toda culpa y cargo y en orden al delito por el que fuera condenado (art. 189 bis, inc. 2, 1º y 2º párrafo del Código Penal).-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:016 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 19 de Septiembre de 2014 AUTOS "RODRIGUEZ NORBERTO ROLANDO S/ROBO, EXPTE. Nº 1894/05 Y SU ACUMULADO RODRIGUEZ CATRIGUAL, JULIO CESAR Y OTRO S/TENENCIA ILEGÍTIMA DE ARMA DE GUERRA EN CONCURSO REAL CON PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL” EXPTE. Nº 2730/09" Expte. Nº R-731/12.-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil catorce, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "RODRIGUEZ NORBERTO ROLANDO S/ROBO, EXPTE. Nº 1894/05 Y SU ACUMULADO RODRIGUEZ CATRIGUAL, JULIO CESAR Y OTRO S/TENENCIA ILEGÍTIMA DE ARMA DE GUERRA EN CONCURSO REAL CON PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL EXPTE. Nº 2730/09" Expte. Nº R-731/12/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 163/169 vta. resolvió condenar a la pena de dos (2) años de prisión de cumplimiento efectivo, como autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegítima de armas de guerra en concurso real con tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil (arts. 189 bis, inc, 2º, 1º y 2º párrafo y 54 del C.P.). Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el defensor particular del imputado Norberto Rolando Rodriguez, el Dr. Heraldo Juan Nanni y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 163/169 vta., interpuso recurso de casación el Defensor particular Dr. Nanni en representación del imputado, fundándolo en los artículos 439, 440 y 446 del CPP, manifestando "considero que tanto el Fiscal de Cámara como la Excma. Cámara en lo Criminal han vulnerado su propia doctrina pues para casos idénticos han dictado sentencias contradictorias en un hecho idéntico en cuanto al bien jurídico protegido...".- Agregó que "...con la sentencia de la Excma. Cámara en lo Criminal, se ha violado no sólo la propia doctrina, sino también los arts. 16 y ccs. de la Constitución Nacional -como inalienable derecho a la igualdad en similares circunstancias-, incurriéndose en absurda valoración de la prueba y errónea aplicación del derecho, lo que la convierte en una sentencia arbitraria que deberá ser casada y revocada...".-
A fs. 185/186 se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 194.-
El día 11 de diciembre de 2012 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 196/197).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 212, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 222 y vta., exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el Defensor ratificó el recurso de casación presentado a fs. 179/183 vta. agregando que "...el hecho era que dos hermanos habían ido a cazar al campo, tienen un choque y uno de los hermanos se asusta cuando viene la policía y arroja las armas. Que se hace el primer juicio a Julio y allí el Fiscal dice que hay que tener en cuenta el bien jurídico protegido acotando que no estaba afectado ya que la intención era solamente proceder a la caza. Que la Cámara hace lugar al dictamen ya que entiende no afectado el orden público. Que luego cuando se hace el segundo juicio el Fiscal cambia su dictamen lo mismo que la Cámara entendiendo el tribunal en este caso que como su defendido había pedido prestado las armas el caso era diferente. Finalmente refiere que una pena en efectivo por un antecedente que ya no es delito -tenencia de estupefacientes- es injusto, máxime cuando su asistido está insertado socialmente con un trabajo estable. Solicita se case la sentencia y se revoque la misma...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...se encuentra ajustada a derecho la sentencia, está acreditado el hecho, es justa la calificación legal, el relato está, por lo tanto solicito que la sentencia sea confirmada...".-
Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 179/183 vta. por la defensa del imputado NORBERTO ROLANDO RODRIGUEZ CATRIGUAL? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 179/183 vta. por la defensa de NORBERTO ROLANDO RODRIGUEZ CATRIGUAL?. A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales. A los efectos de tener, una mejor comprensión del tema en estudio, resulta conveniente recrear lo díctaminado por el Sr. Agente Fiscal de Cámara -Carlos R. Rearte-, en la audiencia de debate, en la que se juzgó la conducta del imputado Julio César Rodríguez (Expte. 2730/09, caratulado RODRIGUEZ CATRIGUAL JULIO CESAR Y RODRIGUEZ CATRIGUAL NORBERTO ROLANDO S/TENENCIA ILEGÍTIMA DE ARMA DE GUERRA EN CONCURSO IDEAL CON PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL). Así a fs 179/183 vta., luego de sostener que el aspecto subjetivo del injusto reprochado a Julio Cesar Rodriguez -dolo-, no se encontraba acreditado; agrega textualmente "...por otro lado debemos tener en cuenta la afectación del bien jurídico, en el caso, el bien jurídico protegido por el tipo penal es la seguridad jurídica, y en el caso no hay pruebas de que haya sido afectado, porque los imputados no tuvieron una finalidad distinta que la de cazar, y no la de perjudicar bienes de terceros, por ello pediré que se absuelva al imputado por el delito que se lo acusa..." (El sub. es nuestro).- Corresponde destacar, que el Tribunal de Juicio, hace lugar a lo díctaminado por el representante de la Vindicta Pública, y en consecuencia Absuelve Libremente a Julio César Rodríguez.-
En este orden de análisis, le asiste razón a la defensa, al sostener que en forma sorpresiva en el debate llevado a cabo con respecto a su pupilo -Norberto Rolando Rodriguez- el Sr. Fiscal de Cámara modifica su dictamen alegando que mínimamente se encuentra afectado el bien jurídico.-
Ahora bien con respecto a este último dictamen, si bien la Fiscalía fundamenta la diferencia del aspecto subjetivo -dolo- el cual razonablemente lo consideraba probado; nada dice porque razón el bien jurídico se encuentra efectado.-
Téngase en cuenta asimismo, que el Sr. Agente Fiscal de Cámara, no acusa por el delito de Portación de Arma; sino que meramente por el delito de Tenencia (art. 189 bis, inc. 2º, 1º y 2º párrafo del C.P.), con lo cual desde la óptica del bien jurídico protegido, seguridad pública, no se comprende cabalmente ¿cual sería la afectación del bien jurídico?; cuando la calificación jurídica resulta ser menos lesiva.-
En otros términos, las distintas clases de pena para la tenencia y para la portación, evidencian que para el legislador, la portación ha sido considerada de mayor riesgo para el bien jurídico protegido -la seguridad pública-. La razón es obvia: la seguridad pública resulta más expuesta ante individuos que deambulen llevando armas consigo, en condiciones inmediatas de uso, que ante quienes sólo la mantienen en su poder.-
No viene al caso tratar, si frente a un concurso ideal, la omisión de acusación de un hecho, no afecta la descripción en su conjunto, desde la óptica del nom bis in idem.-
El análisis del caso se centra, en el razonamiento originario de la Fiscalía, donde sostiene que no se afecta el bien jurídico "...ya que los imputados no han tenido otra finalidad que la de cazar...".-
En este sentido, si la razón del castigo de todo delito de peligro es su peligrosidad, siempre debe exigirse para su tipificación y punición, la fundamentación de ese peligro, puesto que sostener lo contrario, implicaría avanzar en un derecho penal de ánimo vedado por la Constitución Nacional.-
Acertadamente señala, Santiago Mir Puig "...Si la razón del castigo de todo delito de peligro (sea abstracto o concreto) es su peligrosidad, siempre deberá exigirse que no desaparezca en ellos todo peligro..." (Derecho Penal, Parte General 7ª edición Bdef 2004 pág. 233 y sgts).-
Con igual claridad, Alejandro O. Tazza al analizar el bien jurídico protegido de los delitos previstos en el Art. 189 bis del C.P., dice que "...del bien jurídico que nos estamos ocupando se ha dicho que se presenta como un estado colectivo exento de situaciones físicamente peligrosas o dañosas para los bienes o las personas en general, caracterizado a la vez sobre la base de la existencia de un peligro común y de una afectación a un sujeto pasivo indeterminado... para que pueda hablarse de un delito contra la seguridad pública es necesario, a su vez, que éste haya generado una situación de peligro común (por lo general de peligro concreto) para el bien jurídico protegido y que sea pasible de afectación a un número indeterminado de bienes o personas en general tomado en su consideración colectiva o comunitaria..." (El delito de tenencia y portación de armas de fuego, entrega ilegítima de armas y adulteración o supresión de su numeración en el nuevo artículo 189 bis del Código Penal", publ. en "La Ley" 2004-F, pág. 1.313).- También se sostuvo que, como derivación necesaria del análisis referido al principio de reserva, las estructuras de mera tenencia también resultan jurídicamente vulnerables, desde la perspectiva del principio de lesividad...
En efecto, si "...se prescinde de la referencia a la peligrosidad o al peligro concreto y se castiga una conducta por su peligrosidad abstracta o general, sin serlo en el caso concreto, se vulnera la exigencia de real eficacia lesiva de la acción como presupuesto de la antijuridicidad material. En estos delitos no existiría ni desvalor de resultado, ni desvalor objetivo de la acción...". (Damián R Muñoz, La Tenencia de Peligro, una visión crítica de las estructuras de "Simple Tenencia" desde el principio-garantía de lesividad, Revista de Derecho Penal, delitos de Peligro-I, Rubinzal-Culzoni editores. pág. 562).- Nuestro Cimero Tribunal, precisó el tema en debate sosteniendo: a) que no es posible que el legislador presuma que se da un cierto daño o peligro para terceros como ocurre en los delitos llamados "de peligro abstracto", b) en el derecho penal no se admiten presunciones juris et de jure que, por definición, sirven para dar por cierto lo que es falso, o sea, para considerar que hay ofensa cuando no la hay...
En cuanto al delito de peligro se trataría de claros supuestos o de tipicidad sin lesividad. Por consiguiente, el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de que sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, y que estos últimos siempre deben haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real que se deberá establecer en cada situación concreta siendo inadmisible, en caso negativo, la tipicidad objetiva..." (CSJN Fallo del 25/8/09, A.891, XLIV) (Arriola Sebastián y otros s/causa Nº 9080).- Señala, Zaffaroni "...En el Derecho Penal no se admiten presunciones "juris et de jure" que, por definición, sirven para dar por cierto lo que es falso, o sea, para considerar que hay ofensa cuando no la hay...
Por consiguiente, el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de que sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, y que en estos últimos siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real..."(Zaffaroni, E. R; Alagia A, y Slokar, A., Derecho Penal, Parte general, Ediar, Buenos Aires 2000, ps. 468-469).- En el mismo sentido, se afirmó que "...debido a las consecuencias de la generalización ex ante que hace el legislador, no permite garantizar, la justicia individual. Y así se sostiene que en un caso que se analiza dentro de lo general como peligrosos y que en base a ello se lo declara punible, como delito de peligro abstracto, podría tratarse, en determinadas circunstancias, de un hecho totalmente no peligroso, que termina siendo castigado, casi exclusivamente por razones de prevención general... los delitos de peligro abstracto se contra ponen al principio de culpabilidad en el caso concreto, debido a que es difícil hacer cualquier tipo de imputación subjetiva..." (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal.
Parte especial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, t. II-C, ps. 24/25).- Lo dictaminado por la Fiscalía, "afectación mínima" del bien jurídico protegido, sin especificar mínimamente su fundamentación, se ajusta perfectamente a lo aseverado por Ziffer cuando dice "...ante la necesidad de demostrar ejecutividad y de lograr condenas rápidas se recurre a tipos penales de prueba más sencilla, en los que basta con acreditar que alguien 'tenía' una cosa para calificar a esa conducta como peligrosa para los bienes jurídicos. De este modo, se evita la comprobación de una vinculación real y directa con aquello que verdaderamente se está reprimiendo; la posibilidad de que se geste una finalidad delictiva.
Probar que efectivamente existe la finalidad de cometer un delito siempre es más difícil, y por ello, cuando esto se logra se aplica una pena mucho más alta. Si no, dado que siempre quedaría alguna duda de que efectivamente la finalidad fuera ésa, se aplica una pena algo más baja, una pena que frecuentemente no es otra otra cosa más que una 'pena de sospecha' y, por lo tanto, violatoria de principios básicos del estado de Derecho, en especial, del de culpabilidad y debido proceso..." (Ziffer, Patricia S., El concurso entre la tenencia de arma de guerra y el robo con arma, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia penal, Nº 3, Ad-Hoc, ps. 336-337).- A pesar de pecar de reiterativo, en autos la Fiscalía, no ha fundado el principio de lesividad del bien jurídico protegido, circunstancia ésta que intenta subsanar el fallo, recurriendo entre otros argumentos a la Ley Nº 26.216.-
Ahora bien el Tribunal de Juicio, en la Sentencia, donde juzgó a Julio César Rodríguez (Tº XXI, Rº 564, Fº 050/052) argumentó que lo alegado por la Fiscalía reunía los requisitos legales de suficiencia y fundamentación; desde ésta óptica resulta evidente que en el nuevo fallo se está incurriendo en una inobservancia o mejor dicho en una errónea aplicación del derecho sustantivo.-
En síntesis, como corolario de todo lo expuesto, si bien en el pronunciamiento, se encontraría afectado, por el principio de igualdad, y por ser contradictoria sus fundamentos (Art. 387 inc. 2), hay una errónea aplicación del Art. 189 bis, inc. 2º, 1º y 2º párrafo del Código Penal.-
Sintético comentario corresponde efectuar con relación a la afectación del principio de igualdad, el cual se encuentra reconocido expresamente en el art. 16 de la C.N., así como por los Pactos y Tratados incorporados con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 de la C.N.) y en la Constitución Provincial (art. 9).-
El referido principio ha sido definido por la C.S.J.N., como el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyen a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según la diferencia de ellos (CSJN, 3/12/2002, 325:3229 "Gregorchuk, Ricardo s/recurso"), en igual sentido se estableció "...es violatoria de la igualdad la aplicación de la agravante del art. 13 de la ley 23.737 en perjuicio de sólo uno de los condenados, pues ello constituye una incoherente e indebida persecución, así como un trato legal no igualitario..." (CSJN, 26/11/2002, Fº 325:3118).- TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- Retornando a las consideraciones vertidas respecto del bien jurídico protegido, le asiste razón al recurrente, cuando sostiene que no se ha demostrado en el caso en estudio, afectación de la seguridad común, para la persona y sus bienes.
Así el casacionista, fundamenta su tesitura en: a) Lo alegado por el Sr. Fiscal de Cámara en la audiencia de debate oral del Imputado Julio César Rodríguez donde dictaminó "...en el caso, el bien jurídico protegido por el tipo penal es la seguridad jurídica y, en el caso, no hay pruebas de que haya sido afectado, porque los imputados no tuvieron una finalidad distinta que las de cazar y no la de perjudicar bienes de terceros..."; b) En los fundamentos, vertidos en la sentencia donde se absuelve al nombrado "...El titular de la acción penal hizo su alegato, que reúne los requisitos de suficiencia y fundamentación, y en el consideró que no estaban dadas las condiciones para tener por acreditado el tipo subjetivo de los delitos seleccionados en el requerimiento fiscal de elevación a juicio..."; c) Dado lo expuesto se está en presencia de inexistencia y atipicidad del delito.- Al respecto, le asiste razón a la defensa; es evidente que la Excma. Cámara incurre en un error de derecho sustantivo, toda vez que no puede haber una valoración diferente, respecto a la afectación del bien jurídico protegido.-
La valoración del Sr. Fiscal de Cámara, compartida en la sentencia, en cuanto a la finalidad de la acción de ambos imputados -ir de caza-, no puede variar, con relación a uno de ellos -el aquí condenado-.-
Desde ya que ha quedado descartada la intención de cometer un delito, por lo tanto la afectación de la seguridad de las personas, no ha sido perjudicada.-
En idéntico sentido, tampoco se puede alegar afectación de bienes o seguridad pública, en un hecho acaecido en una zona rural y circulando con un menor de edad en el interior del vehículo.-
Ante dos resoluciones e interpretaciones diferentes, corresponde conforme al principio pro homine privilegiar la interpretación legal, que más derechos acuerde al imputado; resultando evidente a la luz de tal postulado, que en el caso en concreto; se debe priorizar, lo díctaminado por la Fiscalía y receptado por el Tribunal; respecto de la no afectación del bien jurídico protegido.-
En síntesis, más allá de lo establecido en la Ley Nº 26.216, en el caso en estudio, conforme a las particularidades del hecho, no ha quedado demostrado de manera certera la afectación del bien jurídico protegido.-
Suficientemente ilustrativa, resulta ser la jurisprudencia que dice "...Si se le asigna al bien jurídico la capacidad limitativa de la potestad punitiva del Estado, del poder punitivo, el bien jurídico seguridad común tiene que estar, de alguna manera, afectado. Naturalmente que en los delitos de peligro abstracto la lesión no es un elemento característico y, por ello, incluso, se ha cuestionado su constitucionalidad de estas figuras delictivas, yo no participo de ésta última tesis, pero cuanto menos, tiene que darse de un modo potencial la posibilidad de la afectación del bien jurídico..." (Cgar.Pen. de Mar Del Plata, sala III, 5-3-2007, "T.,J s/Tenencia ilegal de arma de usos civil", causa 11.573, elDial -AA3C13).- Por todo lo expuesto, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 179/183 vta. por la defensa técnica, en favor de NORBERTO ROLANDO RODRIGUEZ CATRIGUAL, por aplicación del Art. 453 del C.P.P.P.; casando la Sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial (fs. 163/169 vta.), por los motivos expuestos, disponiendo en consecuencia la Absolución del nombrado de toda culpa y cargo y en orden al delito por el que fuera condenado (art. 189 bis, inc 2, 1º y 2º párrafo del Código Penal).-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. CASAR por aplicación del Art. 453 del C.P.P.P.; la Sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial (fs. 163/169 vta.), disponiendo la Absolución de NORBERTO ROLANDO RODRIGUEZ de toda culpa y cargo y en orden al delito por el que fuera condenado (art. 189 bis, inc. 2, 1º y 2º párrafo del Código Penal).-
2. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dr. Mauricio Mariano-Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2009S.141 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:016 FOLIO Nº: 101/104 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia