Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II Integrada de la Plata · Causa 126.205
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio de fs. 22/26 vta., haciéndose lugar a la recusación sin causa impetrada por la actora, debiendo, una vez arribadas las actuaciones a la instancia de origen, procederse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, se declara nula la resolución de fs. 19/21. Las costas de Alzada se imponen por su orden al tratarse de una cuestión generada de oficio (conf. art. 68, CPCC.).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXV Causa N° 126205; Juzgado En Lo Civil Y Comercial Nº10 - La Plata ASOCIACION MUTUAL WORK C/ GONZALEZ NESTOR ADRIAN S/ COBRO EJECUTIVO REG. INT.: 299 Sala II - FOLIO: 885 La Plata, 3 de octubre de 2019.
I. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación incoado por el accionante el día 9 de agosto de 2019, contra la resolución de fs. 22/26. En la misma fecha se presentó el respectivo memorial de agravios. Asimismo, el 13 de agosto de 2019 se concedió en relación el recurso interpuesto y se tuvo por presentado en término el memorial y por fundada la apelación concedida.
II. En prieta síntesis, el decisorio atacado desestimó la recusación sin causa efectuada, declarando la inconstitucional del artículo 14 del Código Procesal Civil y Comercial en la parte relativa al juicio ejecutivo. Ello así, pues la juez de grado concluyó que el artículo indicado resulta inconstitucional por afectar la garantía del juez natural, provoca un dispendio inútil de actividad jurisdiccional, violenta el debido proceso adjetivo y revela un ejercicio abusivo del derecho al debido proceso (v. fs. 22/26).
Para así decidir, entre otras cuestiones, la iudex a quo entendió que la circunstancia de que los operadores jurídicos se encuentren compelidos a recibir numerosos procesos en los que el magistrado y la secretaría deba constatar qué constancias documentales fueron acompañadas, deba formar el respectivo expediente y luego se deban inhibir de entender sin conocer el motivo del apartamiento pretendido, en forma masiva, conspira contra los principios de celeridad y economía procesal, evidenciando que la práctica recusatoria diaria revela un ejercicio abusivo del derecho al debido proceso, a través del uso indiscriminado de una facultad procesal (v. fs. 22/26). Tal manera de resolver suscitó la disconformidad del actor, quien articuló su recurso de apelación el 9 de agosto de 2019.
III. A. En el caso de autos, la Asociación Mutual Works promovió cobro ejecutivo contra Néstor Adrián González, destacando en el punto II de dicho escrito de inicio, que recusaba sin causa –en virtud a lo estipulado en el artículo 14 del Código Procesal Civil y Comercial- a los jueces a cargo de los juzgados n° 4, 17 y 10 del Departamento Judicial de La Plata.
Con posterioridad a ello, la juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial n° 10 ordenó librar mandamiento de intimación de pago y embargo, desestimando la cautelar solicitada, entre otras cuestiones (fs. 19/21 vta.). Sin perjuicio de ello, al advertirse que no se proveyera la recusación sin causa impetrada a fs. 15, procedió a tratarla, desestimándola y declarando la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código de rito (fs. 22/26 vta.). B. En las presentes actuaciones, como se expuso, la juez de la instancia de origen declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Procesal Civil y Comercial, decisión cuestionada por el aquí recurrente mediante un recurso formalmente válido. Mas los argumentos atacados que abren la instancia no son un límite para exponer otros que puedan apreciarse relevantes para dirimir la cuestión. Ello pues, acorde la postura de la Corte de la Nación, tanto el control de constitucionalidad como el de convencionalidad puede realizarse de oficio en pos de salvaguardar la primacía de los derechos tanto consagrados en la Carta Magna como en los Tratados internacionales que nuestro país ha suscripto y también incorporados en la Ley Fundamental. La Corte de la Nación, en la causa "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (sent. del 27-XII-2012), luego de relatar la evolución jurisprudencial del control de constitucionalidad desde su reconocimiento en los primeros pronunciamientos (Fallos: 23:37; considerando 8vo del fallo referido), lo cotejó con el control de convencionalidad que de oficio deben realizar los magistrados. Ello, en especial, luego de la reforma constitucional de 1994, al imponerse atender a las directivas emanadas del derecho internacional de los derechos humanos.
Recordó ese Máximo tribunal federal en la causa referida que “En el precedente "Mazzeo" (Fallos: 330:3248)... enfatizó que `la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)´ que importa `una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos" (considerando 20).”(Considerando 11, causa cit., publicado en Fallos: 335: 2333).
Es así que señaló, con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “… en el caso `Trabajadores Cesados del Congreso´ precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también `de convencionalidad´ ex officio entre las normas internas la Convención Americana ["Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro otros) vs. Perú", del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares términos, en los casos "Ibsen Cárdenas Ibsen Peña vs. Bolivia" (del l° de septiembre de 2010, parágrafo 202); "Gomes Lund otros ('Guerrilha do Raguaia') vs. Brasil" (del 24 de noviembre de 2010, parágrafo 176) y “Cabrera García y Montiel Flores vs. México" (del 26 de noviembre de 2010, parágrafo 225).
Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana (conf. caso "Fontevecchia D'Amico vs. Argentina" del 29 de noviembre de 2011).” (Considerando 12, fallo citado).
Se concluyó, de tal manera, en que “La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente normas locales de menor rango.” (considerando 12, causa referida).
Adunó a la cita efectuada que también cabe realizar este control de constitucionalidad en vista a la Constitución de la Provincia, la cual, al ser también la ley fundamental provincial también su supremacía debe ser asegurada (art. 3, primer párrafo, Const. de la Provincia).
Cierto es que tal control debe ejercerse con el mayor cuidado. En palabras que merecen transcribirse por la precisión de sus conceptos, la Corte recordó que “…el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar "en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes" (confr. casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña" y "Gómez Lundy otros", citados).
Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución.
En resumen, la tarea que ahora se emprende es la más cuidadosa de las funciones que debe cumplir un tribunal, no concluyendo en la declaración de inconstitucionalidad más que de ser de estricta necesidad y si la interpretación del texto legal en juego no permite estar a favor de la validez de la misma (conceptos plasmados en el considerando 14, causa cit.).
Ello así, pues es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también de nuestro más alto Tribunal provincial, que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurándose un acto de suma gravedad institucional, por lo cual cabe considerarlo como última ratio del orden jurídico (conf. CSJN, causa 99011, LL 1999 D, pág. 149; SCBA, Ac. 36570, Ac. 47340, sent. del 17/03/1992).
IV. A. Ahora bien, la recusación sin expresión de causa (art. 14 del C.P.C.C.) es la facultad otorgada a los litigantes para provocar la separación del juez en el conocimiento de un asunto de su competencia, reservándose éstos el derecho de expresar o silenciar la causa que los lleva a provocar ese desplazamiento.
En ese entender, sin perjuicio de la existencia de ordenamientos procesales que la prohíben, como las opiniones adversas de un sector de la doctrina o incluso, como afirma la iudicante de grado, el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial y de Familia de la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que el texto del artículo en cuestión se encuentra vigente en nuestra provincia, permitiendo el uso de dicha facultad en juicios como el presente - ejecutivo-.
Por otro lado, se aprecia que el legislador no ha querido vedar la mentada facultad para el presente proceso, como sí aconteciera en el caso de los juicios sumarios y sumarísimos. Es que la recusación sin expresión de causa ha sido reglamentada en forma compatible con la razonable celeridad que debe presidir el desarrollo del proceso, motivo por el cual, se excluye la posibilidad de deducirla en los juicios sumarios (art. 484 del C.P.C.C.) o sumarísimos (art. 496 del C.P.C.C.), como se refiriera anteriormente.
Asimismo, deviene menester recordar que, acorde estableciera esta Sala, a efectos de analizar la viabilidad de este instituto debe imperar un criterio restrictivo, tendiente a evitar el dispendio de actividad jurisdiccional, pues de otro modo quedaría desnaturalizada la finalidad del mismo. Es que la recusación tiende a asegurar la garantía de imparcialidad, que es inherente al ejercicio de la función judicial, de donde se desprende que está dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial (conf. esta Sala, causa 114402, sent. int. del 12/10/11, RSI 232/11).
Así, más allá que en el escrito de inicio se hubiera efectuado la recusación sin causa en forma plural a varios jueces de primera instancia en lo civil y comercial de este departamento judicial –lo cual aconteció en la especie, en donde se recusó sin causa a los jueces a cargo de los Juzgados nº 4, 17 y 10 (fs. 15 vta.)-, es lo cierto que, designado un Juzgado -cuyo titular ha sido recusado- se agota la posibilidad del accionante de proceder de igual forma con el Juzgado que ha sido sorteado en segundo término (arg. art. 15 C.P.C.C.). De otro modo, se permitiría a la parte la elección de un juez personal, lo cual está en contra de los más elementales principios de administración de justicia. Debe considerarse, entonces, que el derecho de recusar sin causa se extinguió para el actor respecto de los demás jueces, con la admisión que de dicho derecho haga el primer magistrado a quien la Receptoría General de Expedientes le atribuya originariamente el conocimiento de la causa. (Cfme. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos...", Vº II-A, pág. 428/429 y jurisp. allí citada).
B. Por otro lado, no se aprecia afectada la garantía del juez natural, tal cual refiere la iudex a quo.
En ese sentido, cabe referir que esta garantía puede verse afectada cuando se enerva la intervención de los tribunales competentes –en razón del grado, la materia y el territorio- para entender en el juzgamiento de los hechos que caen bajo su competencia, expresada en la contundente prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los jueces legítimamente nombrados (conf. art. 18 CN, CSJN Fallos 338:1216). En dicha prohibición incurren, por regla general, todos los casos en que por error o por abuso, se atribuya poder para juzgar a individuos no investidos por la ley con la jurisdicción para tal género o especie de delitos o en los que los jueces mismos se atribuyan facultades para entender o decidir en causas no sujetas a su jurisdicción (CSJN Fallos 310:804; 342:278). Mas, como sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la asignación de un expediente a otro tribunal del mismo fuero, determinada por una regla de conexidad, resulta ajena al principio del juez natural en tanto los jueces que comparten competencia material y territorial, poseen la misma jurisdicción y, en consecuencia, la unificación para conocer en todas las causas conexas sólo altera las reglas de turno y reparto de trabajo, pero no afecta propiamente las normas de carácter legal referidas a la competencia del órgano (conf. CSJN, Fallos: 339:1277).
En el particular, cabe señalar que la asignación de causas reglamentado por la Acordada 3397, tiende a resguarda la garantía del juez natural -en tanto prevé un sistema de compensación de expedientes entre todos los juzgados de primera instancia con competencia territorial y material, los que estarán permanentemente habilitados para que se les asignen nuevas causas, de manera igualitaria (conf. arts. 37 y conc., 62 sig. Ac. 3397)- eliminando y restringiendo, de tal manera, la posibilidad de que en el proceso entienda un juez especialmente designado o escogido para el caso, quedando la contraparte al arbitrio y opción del actor ante un magistrado determinado, con las disvaliosas consecuencias que tal accionar pudiera generar para la administración de justicia (conf. SCBA, B 69213, sent. int. del 25/11/09, voto del Dr. Pettigiani; conf. Camara I, causa 271.510, sent. int. del 24/9/19, RSI 342/19). C. Por otro lado, no escapa a esta Alzada la circunstancia de que en la práctica jurídica se recuse sin causa, en numerosos expedientes, a los jueces de primera instancia, haciéndolo de manera múltiple, lo cual parecería hacerse en miras a direccionar la elección de aquél, mas como se refiriera anteriormente, es la misma ley la que pone un tope a dicha prerrogativa, estableciéndose que la recusación puede ser usada por una sola vez en cada caso, y ello en atención a los claros términos del artículo 15 del Código Procesal Civil y Comercial, motivo por el cual, no se configura en el caso un ejercicio abusivo del derecho al debido proceso (conf. art. 15, CPCC).
En efecto, el artículo 15 del ordenamiento ritual impide que la facultad renazca ante la intervención de un nuevo juez, sea por haber sido designado en substitución del anterior, sea como consecuencia de la excusación o de la recusación, pues usada esa facultad ella se consume y no es recuperable. En consecuencia, el ejercicio de la recusación queda agotado al haberse hecho uso de ello en el escrito de demanda, motivo por el cual, no puede volver a recusar incausadamente al nuevo magistrado, pues si se admitiera ello atentaría contra la seriedad y buena fe con que deben actuar los letrados y las partes ante la jurisdicción (conf. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, ed. AbeledoPerrot, cuarta ed. ampliada y actualizada, Tomo II, pág. 344, jur. allí cit.; art. 15, CPCC).
V. A. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, no se aprecia que mediante la utilización de la recusación sin causa se haya vulnerado la garantía del juez natural, se haya provocado un dispendio inútil de actividad jurisdiccional, se atente contra el debido proceso adjetivo o exista un ejercicio abusivo del derecho al debido proceso -pues en este caso la ley es la que pone límite a ello de manera expresa (conf. art. 15, CPCC)-, razón por la cual, corresponde revocar el auto apelado de fs. 22/26, debiendo, una vez arribadas las presentes actuaciones a la instancia de origen, procederse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Código Procesal Civil y Comercial. B. De conformidad con la forma en la que se resuelve el presente, corresponde, asimismo, declarar nula la decisión de fs. 19/21 vta. Ello así, pues por efecto de la recusación sin causa son en general nulas las decisiones sobre cuestiones no referidas a la misma que emita a posteriori el juez recusado (Morello, Sosa, Berizonce, obra cit., p. 347), como lo es en el caso el decisorio de fs. 19/21 vta., el cual se expide acerca de la habilidad del documento traído a ejecución con fundamento en lo normado por la ley 24.240 y respecto de la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio –embargo de haberes-. Si bien dicho decisorio -fs. 19/21- fue anterior al tratamiento de la recusación sin causa, lo cierto es que, acorde se informara a fs. 22, la omisión de haberse proveído la mentada recusación se debió a un error involuntario (fs. 22), debiendo destacarse que el mismo debió ser tratado de manera previa a la decisión que luce a fs. 19/21 (conf. art. 16, CPCC).
Por lo tanto, siendo que la recusación sin expresión de causa admisible en el trámite ejecutivo provoca la separación del juez en el conocimiento de un asunto de su competencia, no cabe más que declarar la nulidad del pronunciamiento de fs. 19/21 (conf. arts. 14, 16, C.P.C.C.).
POR ELLO, se revoca el decisorio de fs. 22/26 vta., haciéndose lugar a la recusación sin causa impetrada por la actora, debiendo, una vez arribadas las actuaciones a la instancia de origen, procederse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, se declara nula la resolución de fs. 19/21. Las costas de Alzada se imponen por su orden al tratarse de una cuestión generada de oficio (conf. art.
68, CPCC.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia