Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 2 de Morón · Causa MO-32343-2022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los PLANTEOS DE INCONSTITUCIONALIDAD articulados por la parte actora de los arts. 3° y 17 inc.3 de la ley 26.773 y Daño Punitivo fundado en la ley 24.240 (art. 726 del CCC). -
Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19.-
2Rechazar la EXCEPCION DE PAGO TOTAL articulado por la demandada, por carecer de causa fuente jurídica (art. 726 del CCC).-
3Rechazar la DUPLICIDAD DE PAGO POR RUBROS COINCIDENTES, peticionado por la demandada en relación al "RODRIGUEZ SILVIO OSVALDO C/ MASCOTENA HECTOR ENRIQUE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Expte. N° MO - 8882 - 2020", atento no haberse acreditado tal extremo (art. 726 del CCC).-
4Hacer lugar a la DEMANDA y condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., a pagar al damnificado SILVIO OSVALDO RODRIGUEZ la suma de Pesos QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CTVOS. ($ 15.132.083.45), en concepto de prestaciones dinerarias de la LRT y normas complementarias (arts.6 ,14 inc.a, del ap. 2 de la ley 24.557; art. 17 de ley 26.773; Dec. 1694/09; Dec. 472/14 y art. 11 de la ley 27.348).-
5COSTAS A LA DEMANDADA, en su calidad de vencida (arts.24 de la ley 15.057).-
6En caso de verificarse mora por parte de la demandada en el cumplimiento de la presente Sentencia - y hasta su efectivo pago -, al capital establecido se le adicionará un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a …
AUTOS: RODRIGUEZ SILVIO OSVALDO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE
EXPTE MO-32343-2022
///la Ciudad de Morón, en la fecha y hora consignadas en las referencias de firma digital impuestas al pie, las señoras. Jueces que integran el Tribunal de Trabajo N° 1 de Morón, .Dras. Graciela Alicia Porta, María Alejandra Amaya y Carolina Noale - en calidad de Juez Subrogante -, a fin de dictar Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 54 párrafo 3° in fine de la ley 15.057, previo sorteo en el siguiente orden: Dras. NOALE- AMAYA- PORTA, en los autos caratulados: "RODRIGUEZ SILVIO OSVALDO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE", EXPTE MO-32343-2022 , resolviendo plantear y votar por separado las siguientes:
PRIMERA: ¿Es procedente la demanda?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Juez Dra. Carolina NOALE, dijo:
Antecedentes del caso:
Que mediante la presentación electrónica del 8 de septiembre de 2022. se presenta en autos el Dr. Christian Adrián Lanaro (Tº XIX, F° 261 CASM), invocando la calidad de apoderado del damnificado Silvio Osvaldo RODRIGUEZ, a iniciar demanda por Accidente In Itinere contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.-
Dice que viene a iniciar acción laboral ordinaria en los términos del art. 2 inc."j" de la ley 15.057 y del art. 2 de la ley 27.348.-
Que el damnificado comenzó a trabajar bajo dependencia de "EMPRESA DE TRANSPORTE TTE. GENERAL ROCA S.A" , el 11 de septiembre de 2006, cumpliendo tareas de Conductor, percibiendo una remuneración mensual de Pesos 50.000; cumpliendo una jornada de trabajo de 14 a 22 hs. con francos rotativos.-
Relata que el día 21 de septiembre de 2019, siendo las 12.30 hs., se dirigía en motocicleta desde su casa, al trabajo, circulando por calle Martín Fierro, en Ituzaingó, al llegar a la intersección con calle Los Payadores, es violentamente embestido por un automóvil que hizo una maniobra imprudente, girando en "U", por lo que terminó golpeándose contra el pavimento .-
Sufrió pérdida de conocimiento y fue traslado a la Clínica Privada Provincial S:A..-
Tuvo diversas fracturas, derrame pleural y lesión en el nervio ciático.-
Dice que luego lo trasladaron al Sanatorio del Oeste de Ituzaingó, donde le hicieron placas radiográficas, y le administraron calmantes. Luego fue intervenido quirúrgicamente el 22 de septiembre de 2019, por reducción y osteosíntesis de pelvis y colocación de tutor externo.-
Que fue nuevamente sometido a cirugía torácica el 12 de diciembre de 2019 y colocación de prótesis para fijar fractura que sufrió en costillas. Que recibió el alta de la internación el 15 de diciembre de 2019; continuando con tratamiento ambulatorio; continuando dos meses postrado en la cama, sin posibilidad de movilizarse o ponerse de pie.-
Que en fecha 21 de enero de 2020 fue sometido a una nueva operación por una lesión en el nervio ciático y por complicaciones derivadas de las anteriores cirugías. Nuevamente fue dado de alta de la internación el 24 de enero de 2020, y con sorpresiva alta médica el 19 de noviembre de 2020.-
A consecuencia del siniestro denuncia padecer incapacidad física del 71 % de la total obrera y psíquica, del 25 % de la total obrera.-
Practica liquidación. Pide la aplicación de daños punitivos de la ley 24.240.-
Solicita la aplicación del Índice RIPTE al monto indemnizatorio.-
Introduce la declaración de inconstitucionalidad del art. 3° de la ley 26.773, del DNU 669/19 y del art..17 inc. 3 de la ley 26.773.-
Funda en derecho, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal; y solicita que se haga lugar a la demanda, con costas.-
Que en fecha 27 de septiembre de 2022, se confiere traslado de la demanda, presentándose el 25 de octubre de 2022, el Dr. Javier Horacio López (T° XXVI F°316, CALZ), invocando la calidad de apoderado de PROVINCIA ART. S.A., conforme los instrumentos que acompaña y la contesta.-
En primer lugar manifiesta que en cumplimiento de la carga procesal niego todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda así como la autenticidad de la totalidad de la documentación acompañada por el contrario o la que se agregare con posterioridad, mientras no sean objeto de expreso reconocimiento de su parte.-
Seguidamente opone excepción de pago total por el presente siniestro ya que el actor firmó un acuerdo con su mandante, por el cual se le reconocía un 13,53% de IPPD y su mandante le pagó la suma de $1.056.452.- en concepto de IPPD-PU, suma que fue depositada en la cuenta del actor según surge del resumen de siniestro.-
A todo evento solicita que se tome dicho pago como a cuenta del total.-
Denuncia que el accionante cuenta con preexistencia incapacitante, y que se aplique en el caso el método de la capacidad restante.-
Opone defensa de Falta de Acción - suspensión del procedimiento. Sostiene que la única fuente de obligaciones a cargo de su representada es el Contrato de Afiliación oportunamente suscripto con la empleadora de la accionante en los términos de la Ley 24.557 y sus normas reglamentarias, que únicamente obliga a mi mandante a cumplir con las prestaciones determinadas en ella, exclusivamente ante las patologías previstas en dicha norma, así como por la vía y por medio de los órganos que ella establece.-
Afirma que el planteo promovido debe desecharse, ya que no puede pretender válidamente la aplicación de la LRT, en la que funda la acción, prescindiendo -a su exclusiva discreción- de segmentos de la ley que considera inconvenientes. En este sentido, lo que se intenta en la demanda es un diseño normativo a medida de las pretensiones del actor.
Pide la suspensión de este proceso y que se intime al accionante a concluir el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional, a fin de obtener dictamen de ésta sobre la calificación de las dolencias denunciadas y, eventualmente, el otorgamiento de las prestaciones, sin perjuicio de su eventual revisión en sede judicial. -
Solicita la inmediata aplicación de la ley 27.348.-
Impugna la liquidación; manifiesta de la inaplicabilidad al caso de autos del art. 3° de la ley 26.773; y del Índice RIPTE.-
Cita jurisprudencia. Describe la Realidad de los Hechos. Asi dice que, ante la denuncia del siniestro, la ART procedió a otorgar las prestaciones en especie de rigor, y una vez dado de alta el actor paso por la SRT, la cual le determino un 13,53% de IPPD por el cual su mandante pagó la suma de $1.056.452.- en concepto de IPPD-PU, por lo que debe hacerse lugar al pago total y rechazarse la demanda.-
Funda en derecho, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal. Solicita la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399; y contesta otros. Pide finalmente el rechazo de la demanda, con costas.-
Que en fecha 10 de noviembre de 2022, se disponen medidas probatorias anticipadas; disponiéndose luego la apertura a prueba de la causa.-
Habiéndose otorgado los pertinentes traslados a las partes a fin que presenten los alegatos, clausurada la etapa probatoria e integrado debidamente el Tribunal, están estos autos en condiciones de resolver.-
Análisis del caso:
Persigue el promotor del pleito, indemnización en los términos de la ley 24.557 (art. 6°) y el art. 3° de la ley 26.773, en virtud de las secuelas incapacitantes que denuncia a consecuencia del Accidente In Itinere sufrido el 21 de noviembre de 2019.-
Dable es señalar que con la tramitación del Expte Administrativo SRT N° 309691/20, iniciado por el damnificado ante la Comisión Médica Jurisdiccional N° 38 de Morón, encuentro acreditado que Silvio Osvaldo RODRIGUEZ dio cumplimiento con la instancia previa, obligatoria y excluyente - obteniendo incluso la clausura del procedimiento a través de la correspondiente Disposición de Alcance Particular (emitida por el Titular del Servicio de Homologación de la C. M de Morón, en fecha 18 de abril de 2022), prevista por el art. 1° de la ley 27.348 y art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 a fin que el trabajador afectado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia; establezca su grado de incapacidad y determine las consecuentes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo; asignando la competencia de las mentadas Comisiones Médicas, y delegando en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el dictado de las normas de procedimiento - que acontece con la SRT 298/17 (art. 1° de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 27348).-
Dado que en autos se reclaman prestaciones dinerarias derivadas de la ley 24.557 y sus modif., se recuerda que la utilización de la Tabla de Incapacidades Laborales, prevista en el Anexo I del Dec. 659/96, es de uso obligatorio, ya que las pautas establecidas en el régimen legal de reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los que alude la Ley 24.557, sus normas y resoluciones complementarias, respecto a la determinación de la incapacidad de carácter permanente, y la consecuente cuantía del resarcimiento tarifado, se halla prevista en los arts. 8 inc- 3 y 40 inc. 2 ap. c de la LRT, ratificada luego por la Ley 26.773, en cuanto dispone el art. 9 que los colegiados que han de aplicar la LRT deberán "ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos", a la Tabla de Incapacidades citada supra. -
Tal criterio de evaluación fue expresamente convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Recurso de Hecho deducido por Asociart ART S.A. en la causa Ledesma Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A: S/ Accidente Ley Especial (Sent. de fecha 12 de noviembre de 2020). En el precedente en cuestión se afirma que habiendo el legislador establecido un régimen de prestaciones dinerarias tarifadas, la determinación del grado de incapacidad laboral constituye un parámetro esencial, debiendo ser determinado por autoridad administrativa o judicial a la que corresponde intervenir "con arreglo a una misma tabla de evaluación"; teniendo en miras asi, que los damnificados siempre reciban un trato igualitario, en el sentido que "sus incapacidades serán apreciadas, tanto en sede administrativa como judicial, aplicando criterios de evaluación uniformes, previamente establecidos y no con arreglo a pautas discrecionales" confiriendo de éste modo al sistema de prestaciones reparadoras la "automaticidad pretendida". Bajo tales parámetros, el Superior Tribunal de la Nación, descalificó el fallo que recurriera la aseguradora Asociart ART S.A:, por arbitrario (cuyo origen fuera la sentencia dictada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco del Expediente 47.722/2014).-
Tal como denunciara la demandada en su responde, surge de la lectura del Expediente Administrativo SRT N° 309691/20, que el damnificado portaba - al momento de la presente contingencia -, con preexistencias incapacitantes por siniestros sucedidos con anterioridad (V. Acta de Audiencia Médica de fecha 12 de octubre de 2021; Folio 175); extremo que no fue impugnado ni desconocido por parte del damnificado oportunamente (art. 375 del CPCC), se constata asi que se otorgó un 6 % de incapacidad en el marco de Expte. 76495/13; y que de las actuaciones judiciales Expte.: 0163-0000020132/13, en Primera Instancia se hizo lugar a la demanda y se determinó incapacidad del 6.01% de la total obrera; debiendo partirse de tales preexistencias a los fines de la presenta contingencia (art. 54 de la ley 15.057 y Baremo de la LRT).-
En consecuencia, la capacidad restante que presentaba el damnificado al momento del siniestro que nos ocupa, era de 88.36 % de la total obrera. En razón que al 100 % de capacidad, he de restarle el primer siniestro (100- 6%), quedando una capacidad restante del 94 % de la total obrera; y sobre dicho porcentaje detraigo el segundo siniestro (94 % * 6.01 %)= 5.64 % ( 94 % - 5.64 %) de capacidad restante (art. 375 del CPCC; arts. 12, 54, 89 de la ley 15.057).-
Sentado lo precedente, era carga del peticionario acreditar las dolencias física y psíquica denunciadas por el siniestro que nos ocupa, de conformidad con la carga impuesta por el art. 375 del CPCC (art. 89 de la ley 15.057), a quien afirma un hecho constitutivo, obligación que a la luz de la prueba producida, ha logrado probar.-
La pericia médica legista fue ingresada al proceso de Augusta el 16 de mayo de 2024, y con apoyo en los estudios complementarios solicitados y el examen clínico del damnificado que llevó cabo con uso de goniómetro informó el perito que RODRIGUEZ presenta secuelas incapacitantes por el accidente in itinere que nos ocupa, correspondiendo un15% de incapacidad por columna 10% de incapacidad por costillas y 15% de incapacidad por pelvis suma un total de 40% de incapacidad física, de acuerdo al Baremo del Dec. 659 /96.-
Posteriormente amplió el informe incorporando la incapacidad psíquica ponderada en el psicodiagnóstico traído por el accionante.-
También adicionó los Factores de Ponderación (Dificultad Alta para la realización de sus tareas 20 % y la Edad, 2 %).-
Al traslado conferido, la pericia quedó consentida para la demandada e impugnada por la parte actora. Respondió el perito la observación que se hiciera al informe, ratificando los porcentajes de incapacidad física expresados.-
Ingresando en el análisis de la pericia médica, advierto en primer lugar que el perito omitió considerar las preexistencias incapacitates del damnificado, dado que como supra dijera, al momento de la presente contingencia, contaba con un 88,36 % de capacidad restante (art. 54 de la ley 15.057). No contaba pues RODRIGUEZ con la plenitud de su capacidad laborativa del 100%, y pretender lo contrario sería hacer prevalecer la ficción sobre la realidad (art 375 del CPCC).-
Por otro lado, surge evidente de la pericia que el experto omitió también efectuar el cálculo de la capacidad restante, sumando sin mas - aritméticamente -, todos los porcentajes incapacitantes mencionados, lo cual se opone no sólo a lo previsto expresamente en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del Dec.659/96, sino además en la jurisprudencia del Superior Tribunal de éste Estado, que tiene dicho que " en supuestos de incapacidades múltiples, la determinación final del grado de menoscabo parcial y permanente con que la víctima emerge del hecho dañoso y sus derivaciones, no se logra mediante la suma o yuxtaposición de todos y cada uno de los porcentuales de incapacidad, que los expertos médicos de cada disciplina del arte de curar determinan o precisan sobre cada área lesionada del sujeto", aplicando por ello el método de la capacidad restante (SCBA LP L 85715 S 09/05/2007 y baremo de la LRT).-
Asi las cosas, se reseña que el psicodiagnóstico quedó incorporado al proceso el 28 de marzo de 2023, estableciendo el profesional actuante un 15% de incapacidad por RVAN Grado II- III; dicho porcentaje fue tomado por el perito médico .-
Tanto la pericia médica, como su ampliación del 7 de mayo de 2025, quedó consentida por la parte demandada, al no haber efectuado observación alguna al informe (art. 54 y 89 de la L.O.;art. 375 del CCC); vinculando en ambos casos las incapacidades que menciona al accidente in itinere del 21 de noviembre de 2019.-
Es asi que, consecuentemente con todo lo dicho, partiendo de la capacidad restante del damnificado y aplicando igual método en relación a todas las dolencias - comenzando por las de mayor puntuación - se arriba a una incapacidad total del 39.50 % de la total obrera (88.36 % *15 % (por disminución funcional de columna= 13.25 % (88.36-13.25 %= 75.11% de cap.restante); 75.11 % * 15 % (por pelvis = 11.26% (75.11-11.26%=63.85 % de capacidad restante); 63.85 % * 15 % (inc.psíquica = 9.57 % (63.85= 54.28 % de cap. restante); 54.28 % * 10 % (inc. por fractura de costillas =5.42% (Dec. 659/96).-
Al porcentaje establecido del 39.50 %, corresponde agregar los Factores de Ponderación ya mencionados, alcanzando un total de 49.40 % de la total obrera (arts. 54, 89 de la L.O.; art. 375 del CPCC).-
Dicho extremo lo tengo por cierto, y probada la relación causal con el accidente sucedido el 21 de noviembre de 2019; toda vez que el experto médico la fundó científicamente en el examen físico del actor, sino ademas en los estudios complementarios que el galeno solicitara, y no encontrando razones para apartarme de las conclusiones de la pericia médica, con el alcance supra señalado en virtud de la aplicación del método de la capacidad restante (arts. 12, 54, 89 de la ley 15.057 y art. 375 del CPCC).-
No obsta a ello, el traslado conferido en19 de febrero de 2026, y que se solicitara la perito médico una readecuación de los porcentajes incapacitantes que han surgido de la pericia, de acuerdo al baremo del Dec. 549/25, pues nada impide al tribunal disponer todas las medidas de prueba que estime pertinentes, previas al dictado de la sentencia (36 inc 2 del CPCC). Asi las cosas, visto que, independientemente de la disposición que manda adecuar los informes de acuerdo el nuevo baremo del Dec.549, la fecha del siniestro data del 21 de noviembre de 2019 y que el damnificado fue evaluado tanto en la Comisión Médica, como en oportunidad de tener la entrevista médica en el marco de estas actuaciones, de acuerdo al anterior baremo, he de estarme a lo dicho en el párrafo precedente, con fundamento en la irretroactividad de la ley (art. 5 del CCC; cfr. fundamentos del precedente L. 118.695 "Staroni, Lidia Estela contra Provincia A.R.T. S.A. y ots. Amparo").-
Asi las cosas, y a los fines de la determinación del IBM del damnificado, he de estarme al informe pericial contable, que luce agregado en 30 de diciembre de 2024 .-
No resultó un hecho controvertido que la demandada y la empleadora del damnificado se encontraban vinculadas mediante la suscripción de un contrato de afiliación en los términos de la LRT y normas complementarias; como asi tampoco la ocurrencia del siniestro in itinere (art. 6° del Dec. 717/96 T.O.), y conforme ha surgido de la documentación obrante en autos, quedando el siniestro asentado bajo el N° siniestro de autos, el N° 01780860/001/00 (art. 375 del CPCC).-
Informó que el IBM obtenido por el damnificado, con la actualización del Índice RIPTE, en virtud de la fecha de ocurrencia del siniestro de autos (el 21/11/19); y la modificación del art. 12 de la LRT (t.o. art. 11 de la ley 27.348); ascendió a Pesos 57.304,01 (arts. 12, 54, 89 de la L.O.; art. 375 del CPCC).-
Tengo para mi que, no encontrando razones jurídicas ni científicas que me aparten del informe pericial, tengo por acreditado tal valor (art.54 de la L.O.).-
No modifica lo dicho al planteo de inconstitucionalidad articulado por la parte actora referido al DNU 669/19, toda vez que éste tribunal en reiteradas causas consideró que el mismo era inconstitucional, y por razones de economía procesal, en vista a que del mismo modo fue declarado por la Suprema de Justicia de este Estado, constituyendo por ello doctrina legal, he de estarme a lo establecido en la el precedente SCBA causa "Muzychuk", Sentencia del 14/7/2025.-
En efecto, asi fue resuelto por el Superior Tribunal de este Estado, en atención a que el referido decreto de necesidad y urgencia, no reúne los requisitos previstos por el art. 99 inc. 3 de la Constitucional nacional, y a cuya lectura remito. Dice en uno de los párrafos la Dra. Kogan - y como prieta síntesis- que: " La invalidez del decreto de necesidad y urgencia 669/19 es incontrastable. No justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo" (SCBA L. 129800).-
Luego y con la documentación que obra en autos, tengo por cierto que, habiendo nacido Silvio Osvaldo Rodriguez el día 6 de noviembre de 1969, su edad al momento del siniestro de autos, era de 50 años (art. 375 del CPCC).-
Decisorio:
Acreditado el accidente, de naturaleza in itinere padecido por el damnificado 21 de noviembre de 2019 (cfr. art. 6º inc. 2° de la L.R.T.), la reducción de la capacidad laboral parcial y permanente (art. 8 de la ley 24.557) y la relación de causalidad entre ambos extremos, considero que de conformidad con lo que dispone el art. 14º ap. 2. a) de la L.R.T. (t.o. Dec. 1694/09; 472/2014 y Res. MTEySS) - vigente a la fecha del accidente- corresponde declarar a la demandada, deudora de la prestación dineraria que establece la norma, consistente en el pago único de una prestación dineraria.-
Asi las cosas y a los fines de determinar el quantum indemnizatorio de la prestación dineraria, habré de tener en cuenta el ingreso base ajustado por RIPTE, en los términos del art. 11 de la ley 27.348 establecido precedentemente, de Pesos 57.304,01, monto al que de conformidad con lo dispuesto por el texto del art. 12 ley 24.557 (t.o. ley 27.348) vigente a la fecha del siniestro (21 de noviembre de 2019), habrán de adicionarse intereses calculados al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (a contar desde la fecha de producción del siniestro y hasta el momento de la liquidación por determinación de la incapacidad laboral definitiva, lo cual en el caso de autos se concreta a través del presente pronunciamiento.-
La referida operación matemática arroja un ingreso base actualizado y con interés que asciende a la suma de Pesos 283.972.,07 ( 57.304,01 + 226.668,06) .-
Establecido lo anterior, corresponde ahora determinar el monto indemnizatorio en función de la fórmula prevista por el inc.a, del ap. 2 del art. 14 de la Ley 24.557 (t.o. Dec. 1278/00, modif. Dec. 1694/09; art. 17 de la ley 26773 y ley 27.348).-
La fórmula es la siguiente IBM x 53 x 65/50 x % I = ($ 283.972,07 x 53 x 1.3 x 49.40 %) = Pesos 9.665.443,75.-
Y en concepto del art. 11 ap.4 a) de la LRT y la Nota S.C.E. 76715123/19, corresponde, diferir también a condena el importe previsto por la resolución aludida, toda vez que el porcentaje de incapacidad adquirido por el trabajador con motivo de esta contingencia padecida y las preexistencias que surgen de las presentes actuaciones, superan el 50 % de la T.O..-
En efecto, dice el art. 11 ap.4 a) de la LRT: "4. En los supuestos previstos en el artículo 14, apartado 2, inciso "b"; artículo 15, apartado 2; y artículos 17 y 18, apartados 1 de la presente ley, junto con las prestaciones allí previstas los beneficiarios percibirán, además, una compensación dineraria adicional de pago único, conforme se establece a continuación".-
Consecuentemente, toda vez que la referida compensación dineraria adicional de pago único constituye un rubro accesorio del principal, esto es, de aquella prestación dineraria contemplada por el art. 14 ap. 2° inc. b) de la ley 24.557 a la cual se ha hecho acreedor el damnificado de autos; estimo que la misma deberá correr idéntica suerte a la hora de calcular los intereses devengados, debiendo aplicarse igual criterio.-
Por ello, la suma de Pesos 1.103.138. (confr.Res.citada), han de devengar intereses calculados desde la fecha de la ocurrencia del hecho dañoso hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva (que en el caso de autos se concreta a través del presente pronunciamiento), que calculada al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina arroja un monto a adicionar de Pesos 5.466.639,70 ($ 1.103.138 + 4.363.501,70).
Prestación que deberá abonarse en un pago único, en el mismo plazo que el de sentencia.-
En relación al art. 3° de la ley 26.773, la parte actora opuso la inconstitucionalidad de la limitación impuesta por la referida norma, para casos como el presente, que versa respecto a un accidente in itinere, y peticionó se haga lugar a este incremento. Por su parte la demandada se manifestó en contra de su procedencia. Remito a la lectura de las posturas de ambas, plasmadas en el libelo de inicio y en el responde.-
El citado artículo dice: "Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes), percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en éste régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al 20 % de esa suma" Surge entonces que el fundamento del art. 3° de la ley 26.773, radica en la responsabilidad objetiva del empleador frente a los infortunios que padezca el trabajador, en ocasión de su trabajo o mientras se encuentre a su disposición; situación fáctica no compatible con las probanzas de autos (art. 375 del CPCC).
Surge entonces que el fundamento de la norma del art. 3° de la ley 26.773, radica en la responsabilidad objetiva del empleador frente a los infortunios que padezca el trabajador, en ocasión de su trabajo o mientras se encuentre a su disposición; extremo alejado de las constancias del expediente.-
En definitiva, la aludida normativa del art. 3° de la ley 26.773, tuvo en miras, eliminar o atemperar las posibles diferencias que pudieran existir entre las reparaciones del sistema de la LRT y las fundadas en el derecho común - en las que fuera parte la empleadora -, situación fáctica que como ya expresara no se vincula con la reclamación de autos.-
Tal criterio - en favor de la constitucionalidad del artículo -, fue expresamente convalidado por parte del Superior Tribunal en sendos fallos, constituyendo su jurisprudencia de aplicación obligatoria para el fuero (L. 120.170, "Fleita", sentencia de 29-VII-2015; L. 119.002, "Carabajal", sentencia de 25-IV-2018 y L. 120.205, "Pereyra", sentencia de 11-III-2020; e.o.) y concordante con lo sostenido también por parte de la CSJN en autos "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", Sent. 7-VI-2016).-
Se destaca por otra parte que un fallo judicial que descalifique una norma legal es un acto de suma gravedad institucional, al que sólo debe recurrirse como ultima ratio del orden jurídico, debiendo evidenciarse de manera palmaria la repugnancia existente entre la norma cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende y la garantía de la Constitución Nacional, tal como reiteradamente ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.( in re 285:322; 288:325),; y requiere de quien la invoca indefectiblemente la acreditación del perjuicio concreto que su aplicación le ocasiona, no bastando consideraciones genéricas o hipotéticas.-
Por lo expuesto, propongo rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773, por falta de acción (art. 726 del CCC).-
Ahora bien, a la fecha de la contingencia de marras (21 de noviembre de 2019), se hallaba vigente la reforma introducida por la ley 26.773 (art. 17 ley cit,), cuya normativa establece que el método de ajuste a aplicar desde el 26- X- 2012, ha de efectuarse por la evolución del índice RIPTE, que eleva los pisos mínimos de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte del trabajador, como así también de la compensación por cualquier otro daño no reparado prevista en el art. 3°, segundo párrafo de la ley 26.773.. Por ello y teniendo en cuenta la fecha de acaecimiento del accidente reclamado en autos y la resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social vigente a la fecha expresada (Res.Nota S.C.E. 76715123/19) y el porcentaje de incapacidad establecido en autos (49.40 %), el cálculo no supera éste último importe previsto en la fórmula polinómica ya mencionada ( $2.482.061 x 49.40 % ) corresponde por ello, diferir aquel a condena; ello a la luz del precedente "Godon Pablo David C/Provincia ART SA S/Diferencia Indemnizatoria" (SCBA L 118.532).-
En cuanto a la aplicación del Índice RIPTE, en relación al art. 17 de la ley 26.773, se recuerda que la SCBA ha dicho: "El decreto 472/14 recoge la exégesis de los arts. 8 y 17.6 de la ley 26.773 -derogados por la ley 27.348 (art. 21)- y de las resoluciones n° 34/13, 3/14 y 6/15 dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en cuanto el índice RIPTE resulta aplicable sobre las compensaciones adicionales de pago único y sobre aquellos importes correspondientes a los pisos o valores mínimos de las indemnizaciones a las que aluden los arts. 3 y 4 del decreto 1694/09" (conf. SCBA LP L. 119002; S 25/04/2018, "Carabajal, María Isabel y otro contra Provincia A.R.T. S.A. y otro. Accidente in itinere"). -
Dable es mencionar que si bien la demandada al contestar la litis opuso excepción de pago total, expresando que había depositado en la cuenta del damnificado el importe correspondiente a la incapacidad establecida en la Comisión Médica de un 13,53 % y cuya cuantía dineraria ascendía a Pesos 1.056.452.- en concepto de IPPD-, tal extremo fue desconocido por el accionante al evacuar el traslado previsto por el - anterior- art. 29 de la ley 11.653 (v. escrito de fecha 8 de noviembre de 2022), sin que se produjera prueba alguna de la mencionada transferencia bancaria. Consecuentemente, tengo por no encontrando acreditado el aludido pago, correspondiendo el rechazo de tal pedimento (art. 726 del CCC).-
La parte demandada solicitó en el caso, la aplicación a estos actuados de la ley 24.432; es asi que en favor de la constitucionalidad de la norma se expidió en sendas causas la Suprema Corte provincial receptado en iguales términos en el Código Civil y Comercial de la Nación (causas L. 120.948, "Cano", sent. de 27-VI-2020; L. 121.845, "Romero", sent. de 27-VII-2020 y L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020).
Particularmente en el precedente L. 77.914, "Zuccoli, Marcela A. contra SUM S.A. Daños y perjuicios", la Corte se pronunció en igual sentido, siendo de aplicación en el orden provincial el art. 505 - último párrafo- del Código Civil en materia de honorarios, que establece un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al pleito, en concepto de costas y con plena operatividad en el ámbito de esta la Provincia, sin que tal disposición requiera de adhesión alguna por parte de este Estado, no vulnerando ello en modo alguno la autonomía local, ya que las regulaciones de honorarios se realizan de hecho y de derecho conforme a las leyes arancelarias locales, por lo que no existe desplazamiento del régimen provincial en detrimento de otro especial. Se recuerda también que el máximo Tribunal de la Nación, se pronunció desde antaño sobre la constitucionalidad de la facultad del Congreso nacional de dictar normas procesales con el fin de asegurar la efectividad de los derechos que consagra la legislación de fondo que le incumbe sancionar (Fallos, 137:307; 138:154 y 157; 141:254; 162:376; 247:524; 265:30; 299:45).
Por lo expuesto, corresponde tener presente su pedimento.-
Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 24 de la L.O.).-
Si bien la parte actora planteó la inconstitucionalidad del art. 17 inc. 3 de la ley 26.773, el mismo resulta abstracto todo vez que de a lectura del libelo de inicio, no surge denunciada la celebración de Pacto de Cuota Litis del actor, con su representación letrada, correspondiendo por ello, su rechazo al carecer de causa fuente jurídica (art. 716 del CCC).-
Luego, y mediante la presentación del escrito electrónico de fecha 9 de abril de 2026, la parte damnificada solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 55 y 56 de la Ley 27.802. Sin embargo el planteo actoral luce manifiestamente abstracto en cuanto la mentada norma vino a modificar aspectos relativos a las relaciones individuales del trabajo, es decir entre un trabajador y su empleadora, situación ajena al ajena al caso que nos ocupa. Para mas del relato que hace expone un salario actualizado conforme distintas variables sin determinación concreta de fechas, y con un importe que no es el IBM determinado en autos. Afirma - alejado de las constancias de la causa, que "En este contexto, los créditos reclamados en autos, indemnizaciones por despido, diferencias salariales y sanciones por irregularidad registral, constituyen la reparación mínima frente a un fraude laboral prolongado durante más de veintisiete años".-
Consecuentemente, visto que ninguna de las afirmaciones reflejan la realidad de lo tramitado en de causa, y que por otra parte la única normativa a aplicarse en estos actuados corresponde a la ley 24.557 y sus modificatorias y normas complementarias, no asi la Ley de Contrato de Trabajo, ni ninguna de sus reformas, corresponde el rechazo de tal pretensión (art. 726 del CCC).-
Peticionó también la accionante en demanda, se condene a la demandada por Daño Punitivo.-
Funda su pedido en el art. 52 bis de la ley 24.240, que dice "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".
Constituyen sumas, se conceden en carácter adicional a cualquier daño compensatorio y en general como pena o disuasorio que se impone a la parte demandada cuya conducta se califica o se tiene por culpable en razón de un accionar malicioso o temerario .-
Nada de ello fue concreta y específicamente alegado y menos aún probado por quien solicita tal condena (art. 375 del CPCC). Contrariamente la misma parte alega que busca "extender los beneficios protectorios que emanan de la Ley de Defensa del Consumidor a los trabajadores en materia de prestaciones de salud por siniestralidad laboral", si bien reconoce la aplicación al caso de la LRT.-
Considero que ninguna norma analógica corresponde sea de aplicación al caso de autos, en tanto, como bien dice el accionante, nos encontramos en el marco de aplicación de una ley especial, que traduce ni mas ni menos - en caso de ser favorable el reclamo -, en prestaciones dinerarias, determinadas todas ellas por ley, en función y con el límite de cobertura del contrato de afiliación suscripto por la aseguradora y la empleadora de la damnificada. Por ello, cualquier reclamo que exceda tal marco de contratación debe ser estrictamente probado. En este sentido, tampoco nos hallamos situados frente a un reclamo de naturaleza civil, que conlleve una reparación integral.-
Surge evidente que lo que pretende la accionante es la aplicación analógica del régimen especial de defensa del consumidor, trasladado a estos actuados.-
Considero que no es de recibo lo pretendido, La propia parte reconoce que ocurrido el accidente, recibió prestaciones de la ART, y concluídas las mismas se le otorgó el alta. Dable es señalar que, si la peticionaria consideraba que tales prestaciones eran insuficientes o temprana el alta dispuesta, debió iniciar el trámite correspondiente ante la Comisión Médica Jurisdiccional por Divergencia en las Prestaciones o Divergencia en el Alta Médica, tal como en la práctica sucede.-
Por lo expuesto, entiendo, no le asiste razón a la actora en su planteo. Y no es dable en el caso aplicar por analogía lo que pide.-
En el Tratado de Derecho Civil- Parte General, Llambías señala - en prieta síntesis - que la analogía "constituye un procedimiento interpretativo al que se recurre cuando en el ordenamiento jurídico no se halla una norma aplicable al caso".
En consecuencia, y merituando que la presente causa no reúne a mi entender los requisitos de procedencia de los daños punitivos que se solicitan, corresponde rechazar tal parcela del reclamo, por carecer de causa fuente jurídica. Ningún accionar malicioso, temerario o dañoso se probó en autos. En este sentido, lo que se ha considerado es todo lo actuado ante estos Estrados (art. 52 bis de la ley 24.240 ; art. 12, 54, 89 de la ley 15.057 art. 375 del CPCC; art. 726 del CCC).-
La demandada intentó valerse de un reclamo de naturaleza civil tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia N° 10 de éste departamento judicial, en los autos caratulados: "RODRIGUEZ SILVIO OSVALDO C/ MASCOTENA HECTOR ENRIQUE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Expte. N° MO - 8882 - 2020" , alegando duplicidad de indemnizaciones frente al mismo siniestro.-
Trajo al proceso, mediante su escrito del 26 de marzo de 2026, las pericias médica y psicológica producidas en los actuados supra mencionados, digitalizadas en archivo adjunto.-
Tengo para mi, que las referidas pericias, carecen por si solas de valor probatorio alguno en estos actuados, en razón que de las mismas no surge resolución alguna por parte de la Magistrada interviniente, ni el mérito que hubiera efectuado de tales pruebas.-
A ello se suma que en una nueva presentación de la parte demandada en 9 de septiembre de 2026, hace saber que en el juicio civil en fecha 8 de septiembre de 2026, tomó "vista por la MEV", "y tome conocimiento que dicho expediente se ha terminado con un acuerdo realizado por el actor y la compañia de seguros, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($58.800.000.-) cifra que comprende la totalidad de los rubros reclamados en dicho juicio. Siendo que la incapacidad fijada en dicho expediente es integral y engloba todos los aspectos de la vida de una persona, donde la incapacidad sistémica de la LRT integra la reparación integral, se solicita a V.E. se tome vista y certifique tanto el acuerdo presentado, como la homologación que pone fin a dicho expediente.".-
Es asi que por un lado, no resulta certera la afirmación que realiza en cuanto a que no se visualiza en tal escrito archivo adjunto alguno que pudiera dar cuenta que en dichos autos se arribó a un acuerdo y homologación (art. 375 del CPCC).-
Aun mas, el referido acuerdo - de haberse incorporado-, debería haber contenido o haber surgido, un análisis del reclamo, de la prueba producida y que extremos fácticos efectivamente fueron ponderados para establecer la cuantía indemnizatoria, si lo que perseguía la demandada era hacer valer todo ello, en estos obrados. O, por el contrario, si el referido acuerdo se realizó al solo efecto conciliatorio sin reconocer hechos ni derechos.-
Consecuentemente con ello, y visto que la sola incorporación de dos evaluaciones periciales no alcanzan para determinar una duplicidad de indemnizaciones respecto del mismo siniestro, no tengo por probado el extremo invocado por la demandada. Para mas, de los dichos de la propia ART, surge que no resultan ser en ambos casos, las mismas compañias aseguradoras (independientemente de la naturaleza del aseguramiento); con lo cual, tampoco estaría abonando una doble indemnización (Arts. 12, 54, 89 de la ley 15.057 y art. 375 del CPCC).-
Intereses.
En fecha 29 de agosto de 2024, la parte actora viene a peticionar que "Atento al estado de autos, es que vengo a solicitar que oportunamente sea de aplicación la capitalización de la deuda en los términos del art. 770 del CCC como así también se decrete la inconstitucionalidad de los arts. 7º y 10 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561), de conformidad a lo establecido en el fallo "Barrios, Hector Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y Otra s/Daños y perjuicios" dictaminado por la SCBA en el mes de abril del corriente año".-
En primer lugar advierto que ninguna fundamentación ni justificación formula el peticionario con relación al caso que nos ocupa, de manera concreta conforme las reales constancias de la causa, y por tanto alejado de las circunstancias materiales del expediente; desentendiéndose también de la fórmula actual para calcular el ingreso base, que es justamente el núcleo de la pretensión articulada.-
Tengo para mi que, el planteo articulado, carece de argumentación suficiente a los fines de fundar un planteo de inconstitucionalidad (art. 54 de la ley 15.057).-
Sin perjuicio de ello, se recuerda que con el dictado de la Ley de Convertibilidad N° 23.928 (arts. 7 y 10) se estableció que: " En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1° del mes de abril de 1991 en que entra en vigencia la convertibilidad del austral. Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias, y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo dispuesto...". Dicha derogación de prohibición de indexar, fue luego ratificada con el dictado de la Ley de Emergencia Económica N° 25.561, vigente al día de hoy .-
En virtud de la fecha de ocurrencia de la contingencia que nos ocupa considero una ley especial como la aplicable al caso - ley 27.348 - ha previsto la repotenciación del crédito del trabajador mediante la aplicación del RIPTE sobre cada una de las remuneraciones mensuales, con más el cálculo de intereses a una tasa activa nominal anual a la fecha del pronunciamiento, lo cual claramente constituye una excepción a la prohibición de actualización que contuviera la cuestionada norma ley 25.561.-
No puedo dejar de señalar que ningún salario, de ninguna actividad - tras la salida de la convertibilidad -, creció a la par de la inflación, y en consecuencia apegarse dogmáticamente a tales parámetros - dada la materia que nos ocupa -, es alejarse de la realidad en casos como el presente. En su presentación ni siquiera ha valorado o considerado el art. 11 de la ley 27.348, que vino a modificar al art. 12 de la LRT.-
En el caso de autos, las prestaciones dinerarias se encuentran específicamente determinadas por ley y modo de aplicación de intereses a valores actuales.. En efecto, estos dos modos de determinación de interés se asientan por un lado en el incremento del coeficiente del salario, es decir mediante la actualización por RIPTE de los mismos - mes a mes -, mas la adición a dicho resultado, de intereses a Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina.
La situación no es la misma que con anterioridad a la reforma de la ley 27.348, en relación al art. 12 de la LRT y los intereses a aplicar, siendo que con anterioridad a ella, los créditos se ajustaban con los intereses resultantes de la Tasa Pasiva Digital..-
Importe sobre el cual - en definitiva - se efectuó el cálculo del art. 14 ap.2 inc.a) de la LRT, y normas complementarias.
Y dado que la acción de inconstitucionalidad deducida no se asienta en ningún cálculo real fundado en el reclamo, ni da ejemplo, de que manera en los hechos concretos y de acuerdo a las probanzas de autos, tales valores actuales, lo agravian constitucionalmente, fundando su pedido en escasos párrafos.-
Dable es recordar que es doctrina establecida de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma comporta una "extrema gravedad institucional" , siendo la misma la última ratio del orden jurídico RODRIGUEZ SILVIO OSVALDO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE" EXPTE MO-32343-2022 en relación al Expte. Administrativo SRT N° 309691/20-
ASI LO VOTO
Las señoras Juezas, Dras. María Alejandra AMAYA y Graciela Alicia PORTA, por iguales consideraciones y compartir los mismos fundamentos, votan en idéntico sentido.-
POR ELLO, y lo que resulta del Acuerdo celebrado, el Tribunal RESUELVE:
1. RECHAZAR LOS PLANTEOS DE INCONSTITUCIONALIDAD articulados por la parte actora de los arts. 3° y 17 inc.3 de la ley 26.773 y Daño Punitivo fundado en la ley 24.240 (art. 726 del CCC). -
DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DNU 669/19.-
2. RECHAZAR LA EXCEPCION DE PAGO TOTAL articulado por la demandada, por carecer de causa fuente jurídica (art. 726 del CCC).-
3. RECHAZAR LA DUPLICIDAD DE PAGO POR RUBROS COINCIDENTES, peticionado por la demandada en relación al "RODRIGUEZ SILVIO OSVALDO C/ MASCOTENA HECTOR ENRIQUE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) Expte. N° MO - 8882 - 2020", atento no haberse acreditado tal extremo (art. 726 del CCC).-
4. HACER LUGAR A LA DEMANDA y condenar a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., a pagar al damnificado SILVIO OSVALDO RODRIGUEZ la suma de Pesos QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CTVOS. ($ 15.132.083.45), en concepto de prestaciones dinerarias de la LRT y normas complementarias (arts.6 ,14 inc.a, del ap. 2 de la ley 24.557; art. 17 de ley 26.773; Dec. 1694/09; Dec. 472/14 y art. 11 de la ley 27.348).-
5. COSTAS A LA DEMANDADA, en su calidad de vencida (arts.24 de la ley 15.057).-
6. En caso de verificarse mora por parte de la demandada en el cumplimiento de la presente Sentencia - y hasta su efectivo pago -, al capital establecido se le adicionará un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina art. 770 del Cód. Civ. y Com).-
7. El capital, intereses y costas deberán pagarse dentro de los diez días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución (art. 60 Ley 15.057). Respecto de los pagos a realizarse, la demandada deberá depositar el CAPITAL ACTORAL en la "cuenta sueldo" del respectivo trabajador, siempre que aquella se encuentre disponible (art. 17 ley 27.348). A tal efecto, queda intimada la parte actora para que denuncie y acredite en autos la titularidad y los datos de la cuenta sueldo respectiva (BANCO, N° CBU, ALIAS) a los efectos hacerlo saber a la parte obligada al pago de dichos emolumentos. Se hace saber a la demandada que SOLO deberá depositar en la cuenta de autos el monto correspondiente al accionante en el caso de que éste manifieste expresamente no poseer cuenta sueldo. A los efectos de lograr mayor celeridad y economía procesal, se hace saber que la presentación de invocación y acreditación de la cuenta bancaria referidas supra, se descargará del sistema informático y se dará inmediata publicidad a los fines de su visualización por la obligada al pago, la que deberá consultar periódicamente el sistema informático. Se pone en conocimiento de la demandada que el C.U.I.T. del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es: 30-70721665-0.-
8. A los fines de lo dispuesto por el art. 23 de la ley 14.967, deberán pasar los autos a Secretaría. Fecho vuelvan para la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.
9. Tener presente lo solicitado por la parte DEMANDADA en relación a la ley 24.432.-
10. LIBRESE OFICIO por Secretaría, a la SRT y al SERVICIO DE HOMOLOGACION de la CMJ N° 38 de Morón, a los fines que tomen razón de la sentencia recaída en los presentes actuados "RODRIGUEZ SILVIO OSVALDO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE" EXPTE MO-32343-2022 en relación al Expte. Administrativo SRT N° 309691/20-
11. Oportunamente regístrese y notifíquese con su entrega en forma electrónica, sin necesidad de otro instrumento ni de formato de cédula (arts. 16 de la ley 15.057; 143 inc. 1 del CPCC, Ac. 3991/20 de la SCBA), cúmplase y previa vista fiscal, archívense las presentes actuaciones.
Dra. CAROLINA NOALE
JUEZ DEL TRABAJO
DRA. MARIA ALEJANDRA AMAYA DRA. GRACIELA ALICIA PORTA
JUEZ DEL TRABAJO JUEZ DEL TRABAJO
Ante mi,
Se deja constancia que la presente resolución se ha notificado en forma automatizada, bajo el mecanismo aprobado por el Ac. 3991 de la S.C.J.B.A.; modif. del "Reglamento para la notificación por medios electrónicos" (Ac. 3845).-
Firmas
Funcionario firmante: NOALE Carolina - JUEZ
Funcionario firmante: AMAYA Maria Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: PORTA Graciela Alicia - JUEZ
Funcionario firmante: IESULAURO Natalia Paola - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 231-2026
Fin de la sentencia