Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide.
2Diferir la regulación del honorario del profesional interviniente hasta que exista regulación en la instancia de grado. 3º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9465/26 Sentencia: Definitiva Actor: Rogel Maximiliano Abel Demandada: Federación patronal de seguros ART S.A.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 28-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos: “ROGEL, Maximiliano Abel c/ FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS ART S.A. s/ demanda laboral” Expte. Nº 1994 del año 2019 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de la ciudad de Las Heras, que ingresaran en la instancia con el Nº 9465/26. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández y para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que Maximiliano Abel Rogel, con la documental de fs. 1/17 y escrito de fs. 18/24,con el patrocinio de los Dres. Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila promueve demanda ley 24.557 contra la Aseguradora de Riesgos de Trabajo FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS ART S.A. por cobro de la suma de $3.545.642,31 más los intereses o lo que en más o menos surja de la prueba en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas del Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 1 Ley 26.773). Refiere su ingreso a trabajar en la Empresa de Transportes CREXELL S.A. el 17/6/2013 y lo hace de manera continua hasta la actualidad. Detalla las remuneraciones en el año anterior a la PMI con las actualizaciones conforme al R.I.P.T.E. y determina un VMIB de $78789,35. Se refiere a la incapacidad laboral denunciando como primera manifestación de la incapacidad laboral el 14/05/2019 conforme certificado con diagnóstico expedido por el Dr. José Daniel del Colle. Describe las tareas pesadas desempeñadas en posiciones anti ergonómicas sin ningún tipo de protección que han afectado su salud. Dice haberlas puesto en conocimiento de la demandada. Indica las prestaciones reclamadas en virtud de lo reclamado y las patologías descriptas que le ocasionan una incapacidad parcial y permanente en los términos y alcances del art. 8 LRT del 38,1% y reclamando las prestaciones del art. 14 inc. 2 ap. B de esa norma y sus modificaciones por el decreto 1964/09 y arts. 3,8 y 17 inc. 6 de la ley 26.773 indicando los parámetros con los que llega su reclamo a la suma de $3.545.642,31 o lo que en más o menos surja de la prueba de autos. Efectuó planteos de inconstitucionalidad, fundó en derecho. Ofrece prueba que amplía a fs. 26/27. A fs. 28 se ordena correr traslado de la demanda. A fs.29/30 los Dres. Víctor V. Martensen y Norberto M. Castelo se presentan como apoderados del actor.
II. Que, ya en el expediente digital, la demandada “Federación Patronal Seguros ART S.A. se presentó a contestar la demanda en PE 944878/2022 por medio de sus representantes los Dres, Leonardo Darío Cárdenas y Darío Alberto Tejedor. Contesta la demanda en términos que se tienen presentes en este acto. Explica cuáles son sus obligaciones en cuando a las recomendaciones sobre seguridad, niega los hechos afirmados y desconoce la documental acompañada consistente en certificado del Dr. José Daniel del Colle y denuncias administrativas y recibos de haberes. Reconoce que la empleadora ha celebrado un contrato de seguros con su representada. Contesta los planteos de inconstitucionalidad y plantea la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 en términos que se tienen presentes y solicita la aplicación del art, 277 de la LCT. Impugna la liquidación practicada por el actor. Sostiene la no capitalización de los intereses desde la notificación de la demanda por contradicción con el art. 12 de la LRT y la excepcional autorización del anatocismo del CCyC. Ofrece prueba, cita doctrina, jurisprudencia y normativa que considera aplicable.
III. Que se corrió traslado de los puntos de pericia, documental a la parte actora quien contesta en PE 972017/2023. En PE 596032/2023se corre vista a la Fiscalía de los planteos de inconstitucionalidad y la Fiscalía que dictamina en PE 1042641/2023. Por providencia de PE 649816/2023 de ordena la producción de prueba. Producida la prueba ofrecida entre ellas la pericial médica de PE 2037545/2025 que fuera impugnada por la demandada en PE 2066965/2025 que contesta con el informe de fs. 2101481/2025.
Se clausuró el periodo probatorio por auto de PE1301250/2026 fijándose la audiencia del art. 70 de la ley 1444. Sólo la parte actora alegó sobre la prueba perdiendo el derecho de hacerlo la demandada (ver PE 1323535/2026) y se dispuso el pase de los autos a sentencia que se publica en PE 2256853/2026. Ésta en su fallo dispone: 1º) Haciendo lugar a la demanda interpuesta por Maximiliano Abel Rogel en contra de Federación Patronal Seguros ART S.A. y por ende condena a esta última a pagar al actor la suma que surja de la liquidación prevista en el art. 99 de la ley 1444 de conformidad con las pautas establecidas bajo el considerando con el título DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA CONDENA.
2. Imponiendo las costas procesales al demandado. 3º) Difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad indicada en el considerando bajo el título “COSTAS Y HONORARIOS”. 4º)Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula.
IV. Que disconforme con lo resuelto el apoderado del actor el Dr. Julián Michavila interpuso recurso de apelación y expresó agravios en PE 2267437 que se le concede con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios en PE1353836/2026. El traslado no es contestado por la parte demandada y en PE 1377002/2026 se da por decaído a la demandada el derecho dejado de usar y se tiene por notificado por Ministerio de ley elevando los autos con el certificado de estilo de PE2348954/2026. Recibidos los autos en PE 2356737/2026 se llama autos a sentencia estableciendo el orden de estudio.
El actor se agravia por cuanto la sentencia al tratar el monto de la condena establece que la suma será actualizada desde la primera manifestación siguiendo la pauta establecida en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 en su redacción según ley 27.348 que transcribe. Se agravia por cuanto la tasa de interés dispuesta para actualizar las sumas de condena (tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina) no recompone el capital adecuadamente atento que sus índices se encuentran por debajo de los índices inflacionarios de nuestro país en los últimos años con vulneración de los arts. 14 bis, 16, 17 de la Constitución Argentina y tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes y los detalla analizando los principios de igualdad, no discriminación e inviolabilidad de la propiedad. Sostiene que la tasa de interés aplicada en el caso atenta contra la integralidad de la indemnización diferida a condena y licua el crédito del trabajador que tiene naturaleza alimentaria. Plantea la tesis del pago de un importe que equivalga al poder adquisitivo que tenía el importe de la obligación cuando nació. Cita un precedente de este tribunal. Realiza cálculos para poner de resalto la insuficiencia de las tasas y el IPC e invoca jurisprudencia. Solicita que se haga lugar al agravio y se disponga actualizar las sumas adeudadas conforme la ley 27.802 aplicando la tasa pasiva del Banco de la República Argentina para el cálculo de intereses moratorios sobre créditos laborales judicializados o subsidiariamente la tasa pasiva promedio de dicha entidad bancaria a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos.
Estos agravios no fueron contestados y quedan los autos en condiciones de resolver.
V. Que en tema de la tasa de interés se ha conseguido aclarar algunos aspectos en los últimos pronunciamientos unificando criterios.
Explique en otras causas que un nuevo estudio me había llevado a apartarme de la adhesión formulada al emitido en primer término por la Dra. Griselda I. Bard en los autos “Linares, Daniel Andrés c/ Experta ART SA s/ accidente laboral” número de Cámara 8919/25 T.CII, reg. 134/139 y releyendo el voto de mi distinguida colega en esos autos me convencí de que estaba equivocado por las razones que ella expuso. Y, como dos errores no hacen una verdad, debí rectificarme y no mantenerme en un error.
Me indujo a equivocarme la búsqueda de una solución equitativa en la lucha entre la tasa pasiva promedio del Banco Central y la llamada tasa activa hoy día con varias variantes. La primera es (no para los calculadores que utilizan la tasa estadística del Comunicado 14290 BCRA) un promedio entre las tasa que perciben quienes invierten depositando en Bancos. Mientras que la tasa activa es la que cobran los bancos al invertir el dinero de los depositantes. Por lógica esta última debe ser una tasa mayor pues debe contener la tasa que se abona a los inversionistas, los costos administrativos y la ganancia del banco.
Pero empezó a darse en algunas de las liquidaciones la paradoja que la tasa pasiva era más alta. Los peritos me informaron que se debía al distinto año de inicio del cómputo para cada tasa lo que acepté como explicación. Pero en la actualidad no hay excepciones y siempre es más conveniente la tasa activa para el deudor, lo cual no tendría sentido. Consulté al Contador Público José Rodiño decano del Gabinete Contable y me dijo que en el gabinete se utilizaba el calculador judicial del Consejo Jusbaires-gob-ar entre los muchos de la red. Le pedí que me aclarara esta anomalía y se puso en la tarea de investigarla. Me informó que, aparentemente, en algún momento desde la justicia se ordenó al Banco Central colocar un factor de corrección de inflación futura en el cálculo de la tasa pasiva.
En resumen, el ahorrista no recibe más que el tomador del crédito en la ventanilla del banco sino que la anomalía se produce dentro de la serie estadística actualizada del Comunicado P 14.290 del BCRA para uso de la justicia. Los calculadores judiciales de tasa pasiva o bien ajustan por inflación o bien capitalizan en forma compuesta (interés compuesto o anatocismo) mientras que la tasa activa en el calculador puede estar aplicándosela de manera lineal y sin coeficientes (interés simple) de actualización, quedando, por ello, rezagada. Los calculadores oficiales y judiciales aplicarían la tasa pasiva efectiva diaria acumulada utilizando la fórmula de interés compuesto. Esto se debe a que la serie que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo el Comunicado 14290 (y sus actualizaciones) para uso judicial es una serie de factores diarios.
Cada día tiene un coeficiente que ya incorpora la capitalización, por lo que el cálculo entre dos fechas no se realiza sumando tasas (interés simple) en largas sábanas, sino dividiendo los factores de ambas fechas. En realidad esta evolución comenzó con el (comunicado P 14290 del BCRA) donde en Agosto de 1991 con la publicación de una serie de estadísticas de tasas de interés para el uso de la justicia que reflejaría diariamente la capitalización de la tasa diaria equivalente a la tasa de interés efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo -en australes- correspondiente al segundo día anterior a la fecha informada, según la encuesta que diariamente lleva a cabo el Banco Central, de acuerdo con la metodología prevista en el punto 1 del Anexo a la comunicación “A” 1845.
Se recomendó la siguiente expresión:
100 ./. tm I= [---------------- -1 ] . 100 100 + to Donde i= tasa de interés expresada en tanto por ciento tm = valor de la serie de interés promedio ponderada de depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo correspondiente al día hasta el cual deben devengarse intereses to = valor de la serie de tasa de interés promedio ponderada de depósitos en caja de ahorro común y a plazo fijo correspondiente al día anterior a partir del cual se devengan los intereses.
El 1º de septiembre de 2024 el BCRA anuncia que ya está disponible una calculadora que simplifica la tarea del cómputo de los intereses y que encuadra en lo estipulado en el art. 768 del CCyC y entiende que refleja la realidad económica existente en cada momento. El 7 de enero del corriente año el Directorio del Banco Central de la República Argentina resolvió difundir en el marco de lo previsto en el inciso c) del art. 768 del Código Civil y Comercial una nueva serie estadística de tasas de interés en pesos denominada Tasa de Intereses Moratorios (TIM) la cual se calcula con base en la metodología descripta en el anexo (F 200-00002786-GDEBCRA-GEM # BCRA) el cual forma parte de esa resolución.
En la actualidad todos saben que en las liquidaciones judiciales al acreedor le conviene la tasa pasiva y al deudor le resulta ventajosa la tasa activa, pero no saben por qué es más conveniente una u otra, y ser más dificultoso hacer el cálculo manualmente. Por ello es más cómodo utilizar, sin cuestionarlos, los “calculadores” que han proliferado. Aclarado por qué las tasas pasivas no son lo que eran, vuelvo a la cuestión a resolver.
La sentencia ha aplicado la ley y se puso en tela de juicio lo perjudicial de la tasa de interés por la desvalorización monetaria alta en la época de la primera manifestación y de la promoción de la demanda y que, ahora, ha descendido notoriamente.
Estamos en un supuesto en que la ley ha establecido la tasa y sería por lo tanto aplicable esa tasa de conformidad con lo dispuesto en el art. 768 inciso b) del Código Civil y Comercial. Pero la aplicación de la tasa activa llevaría a un notable perjuicio patrimonial que afecta la integralidad de la indemnización que puede y debe repararse oficiosamente por la aplicación de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) utilizada por los calculadores de interés usual. Ello no perjudica a la parte actora y la demandada ha utilizado el capital durante este tiempo obteniendo un veneficio. Entiendo que en este caso el esfuerzo compartido de ambas partes lleva a una solución justa.
En tales condiciones los agravios vertidos por la parte actora deben tener parcial y favorable acogida. En atención a que la demandada no ha contestado los agravios corresponde imponer las costas de la instancia en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCC). Por ello respondo en forma negativa a presente cuestión por considerar que la sentencia en el aspecto analizado no es justa. Es mi voto A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VI. Comparto el resumen de los hechos y el agravio que realiza el Dr. Monelos así como la solución propuesta al caso que coincide con el criterio sostenido por la suscripta en “ERRODIBART, Pablo Silverio c/ SWISS MEDICAL ART S.A. s/ demanda laboral” (Tomo: CVII, Registro: 3237 Folio: 097/103 PROT. ELECT, A201 066 S261) al dirimir una disidencia, y reitero en el presente. Advierto que utilizar la tasa activa en los presentes es contrario a los intereses del trabajador cuyo crédito laboral es de indudable naturaleza alimentaria; entiendo que corresponde aplicar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos siendo ello además la doctrina casatoria del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y habiendo quedada acreditada la insuficiencia de los intereses que propone el juzgador de grado (arts.14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la C.N.; 768 inc. c) del CCyC; arts. 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello adhiero al voto que antecede. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que en función de las consideraciones vertidas precedentemente propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide. 2º) Diferir la regulación del honorario del profesional interviniente hasta que exista regulación en la instancia de grado. 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. La propuesta se ajusta a lo establecido al responder la primera cuestión. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 28 de septiembre de dos mil veintiséis.
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir el agravio formulado por el actor y en consecuencia modificar la sentencia disponiendo que los intereses se calculen mediante la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a treinta días (serie judicial) con costas en la instancia en el orden causado y confirmarla en lo demás que decide. 2º) Diferir la regulación del honorario del profesional interviniente hasta que exista regulación en la instancia de grado. 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Fernández no vota por no existir disidencia a dirimir. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 074 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3245 Folio Nº: 152/156 Secretaria: 1
Fin de la sentencia