Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios formulados por la parte actora confirmando la sentencia obrante a PE 1161373-2023 inscripta al Reg. Sentencia N° 1619 Tº XL Fº 035/040, teniendo por justificado el despido.-
2Imponer las costas en ésta instancia a la vencida (art. 68 C.P.C.).-
3Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8387/2024 Sentencia: Definitiva Actor: Rojas Carolina de los Ángeles.
Demandada: Montaje y Soldaduras Don José SRL Objeto: Demanda Laboral Fecha: 25-02-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 25 del mes de Febrero de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “ROJAS, CAROLINA DE LOS ANGELES C/MONTAJE Y SOLDADURAS DON JOSE SRL S/DEMANDA LABORAL", Expte. Nº 19623 que tramitan en el Juzgado Provincial de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8387/2024. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda I. Bard y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que a fs. 64/74 se presenta el Dr. Alberto Luciani en calidad de apoderado de la Sra. Carolina de los Angeles Rojas y promueve demanda laboral en contra de la empresa “Montaje y Soldadura Don José SRL”. Reclama indemnización por despido sin causa con más los intereses a tasa activa, la sanción establecida en el art. 2 de la ley 25.323 y la preceptuada por el art. 80 de la LCT. Al relatar los hechos dice que su representada comenzó a trabajar para su empleadora en el año 2008, precisando que luego de estar dos semanas a prueba, el día 21 de Junio de ese año le dieron el alta como empleada de comercio con un horario de 8 a 12:30 y de 14 a 18 hs. de lunes a sábados. Afirma que tenía que estar siempre a disposición de aquella, incluso fuera de ese horario de trabajo y los domingos y feriados también, agregando que nunca la daban vacaciones y que en su recibo de sueldo solo les hacían figurar 6 horas normales de trabajo.
Destaca luego que los problemas laborales surgieron cuando se enfermó y la operaron de cálculos y tenía 10 días de reposo y solo le otorgaron 3 y tuvo que volver a trabajar. Después dice que en el año 2017 tenía 21 días de vacaciones y sólo se tomó 10 y los otros 11 le hicieron figurar como gozados pero en realidad los trabajó. Hace saber que en los recibos de sueldo figuraba un haber remunerativo superior al que cobrara, sosteniendo así que la demandada abuso y avasallo sus derechos laborales con una conducta de hostigamiento y que por eso se enfermó de estrés laboral, la que nunca reconocieron como enfermedad laboral, otorgándole a cambio licencia sin goce de haberes. Sostiene que luego la despidieron por abandono de trabajo sin abonarle un solo peso, dejándola desamparada en un momento que había denunciado estar enferma psicológicamente.
Señala también que cuando fue intimada por la empleadora estaba con carpeta médica psiquiátrica por estrés laboral y que la empresa estaba comunicada por medio fehaciente de esa circunstancia, por lo que su ausencia estaba plenamente justificada, no obstante aquella procedió sin más a despedirla por abandono de trabajo. Alega que si la dadora de trabajo dudaba de su enfermedad, correspondía someterla a una Junta Médica de la Comisión Médica y no lo hizo. Hace referencia a haber recibido un trato desigual y discriminatorio, ya que la demandada reconoció días de enfermedad por dolores de cuello y por estrés laboral a otra empleada de la empresa, siendo dispar el trato que ella recibió. Relata el intercambio epistolar y afirma estar acreditada la admisibilidad del derecho reclamado y la ilegalidad e impunidad del obrar de la demandada.
También dice estar probado el desprecio por la salud e integridad psicofísica de su parte. Cita jurisprudencia respecto de la causal de abandono de trabajo, también de las cargas probatorias en los despidos discriminatorios y solicita daño moral. Ofrece prueba y hace su petición final. II.-Que a fs. 102/112 se presenta el Dr. Héctor Fabián Farías en representación de la demandada “Montaje y Soldadura Don Jose SRL” y contesta demanda. Formula una negativa particular de hechos y relata que la actora realizaba tareas administrativas que desarrollaba en la base de la empresa, habiendo sido encuadrada como personal fuera de convenio. Dice que el 21 de Febrero de 2018 prescindieron de sus servicios abonándole sus haberes e indemnización correspondiente.
Señala que cumplía una jornada laboral de Lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs. y 14 hs. a 18 hs. y los días sábados de 8 hs. a 12 hs. Afirma que la actora enuncia la realización de tareas que jamás efectuó, y que en los últimos tiempos venía demostrando una notoria falta de contracción al trabajo, situación que llevó al distracto laboral por abandono de trabajo. Dice que la actora en el mes de enero de 2018 presento un certificado médico que prescribía reposo laboral con diagnóstico lumbalgia por el término de 5 días computados desde el 8 de enero de 2018 y que finalizaba el día 12 de enero de 2018 y que desde ese momento no hubo más noticias de la misma. Sostiene que su parte la intimó mediante carta documento notificándola que en razón de su inasistencia injustificada desde fecha 13 de enero de 2018, desconociendo los motivos de su ausencia, la intimaba para que en el plazo perentorio de 48 hs. de notificada, retome tareas laborales y asimismo justifique inasistencias bajo apercibimiento de considerar su conducta como abandono de trabajo.
Señala que la actora rechazó la intimación y ante la falta de justificación de inasistencias laborales y la no reanudación de tareas laborales, su parte procede a despedirla por abandono de trabajo mediante carta documento de fecha 21 de febrero de 2018. Afirma que la actora debió reintegrarse el 13 de enero de 2018 y no lo hizo y que tampoco acompañó ningún certificado médico para justificar inasistencias. Agrega que aquella jamás informó ningún estado de salud, que no lo puede acreditar con certificados médicos ni hizo mención a médico tratante y que contrariamente a lo que dice la actora gozaba de beneficios en la empresa por su parentesco con el socio gerente, por lo que mal puede sostener persecución y discriminación, sino que dejó de ir a trabajar, no justifico su ausencia haciendo abandono de trabajo y esa fue la causa de despido y que por otro lado, nunca presentó carpeta por estrés laboral como sostiene.
Rechaza la indemnización por falta de entrega de certificado de trabajo art. 80 LCT aduciendo que la actora, estando debidamente intimada, jamás se presentó en las oficinas a retirar el certificado de servicios y remuneraciones y certificado de trabajo y que fue por eso que decidió concurrir ante los estrados judiciales a consignar la documentación laboral dando lugar a los autos “Montaje y Soldadura Don José SRL c/Rojas Carolina de los Angeles S/Consignación Laboral” Expte. 19605/18. Por último, impugna liquidación, se opone a prueba, ofrece prueba, y hace su petición final.
III. Que por PE 1161373-2023 se dicta sentencia definitiva en fecha 8 de Noviembre de 2022, Reg. N° 1619, T° XL, F° 035/040, mediante la cual, se desestima la demanda interpuesta por Rojas, Carolina de los Angeles, tendiente al pago de la indemnización por despido incausado, condenándola en costas e intimándola a retirar la documental que fuera consignada en los autos “Montaje y Soldadura Don Jose SRL C/Rojas Carolina de los Angeles S/Consignación Judicial” Expte. Nro. 19605/18, difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que cumplimenten con lo dispuesto por el Acuerdo N° 2628/96 del TSJ.
IV. Contra el fallo dictado la parte actora interpone y funda recurso de apelación mediante PE 1174506-2023. Al fundamentar el primero de los agravios expone que se encuentran reunidos los requisitos que hacen procedente la pretensión de su parte, debiendo haberse declarado que el despido fue injustificado por no encontrarse presentes los recaudos que establece la legislación laboral para validar un despido con justa causa por abandono de trabajo. Señala en ese sentido que no se encuentra configurado el elemento subjetivo de querer abandonar el trabajo, necesario para considerar válido, legítimo y justo despedir con justa causa. Cita abundante jurisprudencia y solicita se revoque el fallo recurrido por ser contrario a derecho y a los hechos probados.
En su segundo agravio sostiene que ha tenido una relación laboral de larga data con pocas sanciones laborales en su contra y en donde ha probado que estaba enferma poco antes del despido y que estaba realizando reclamos a la patronal por incumplimientos laborales por persecución y hostigamiento, agraviándola que en la sentencia de grado se haya tenido por acreditado el abandono de trabajo ya que no se encuentra presente el elemento subjetivo necesario para validar el despido con causa de abandono de trabajo y por lo tanto se incurrió en una valoración arbitraria de la prueba. En ese sentido agrega que la arbitrariedad se configura por falta e insuficiencia de fundamentación normativa y fáctica de la sentencia, la que se sustenta en pautas de excesiva latitud y amplitud en sustitución de normas positivas directamente aplicables y de la doctrina y jurisprudencia dominante.
Como tercer agravio señala que la prueba producida no ha sido valorada con perspectiva de género. Cita el bloque normativo del que deriva la obligación de fallar con esa perspectiva y aduce que debió haberse valorado que tenía una considerable relación laboral en donde siempre demostró contracción y responsabilidad en sus obligaciones laborales y que su ausencia estaba perfectamente justificada por cuestiones médicas debidamente comprobadas y que si la demandada tenía dudas tenía que haberla sometido a control médico, nada de lo cual hizo y procedió a despedirla, avasallando derechos de la mujer actora sin ninguna consecuencia legal ni indemnizatoria. Reitera que no se encuentra reunido el elemento subjetivo requerido para que se configure el abandono de trabajo, concluyendo que mal se pudo validar el despido de una empleada con 10 años de antigüedad cuando no tenía voluntad de abandonar ese trabajo, por lo que hay una valoración de la prueba sin perspectiva de género ya que la accionante vivía de ese trabajo y era la parte débil de la relación laboral.
V. Estos agravios no fueron contestados quedando la presente en estado de decidir.
VI. Establecidas así las quejas de la accionante en contra de lo decidido en grado, tratare de manera conjunta el primer y el segundo agravio formulado, habida cuenta que los argumentos en los que se sustenta cada uno contienen un idéntico cuestionamiento. Así es que la recurrente sostiene la postura de que ha sido despedida injustificadamente por no encontrarse reunidos los recaudos de ley para tener por configurada la causal invocada por la dadora de trabajo, esto es, el abandono de trabajo, concretamente el elemento subjetivo de la figura. Parto de la base que la evaluación de los presupuestos de esa causal debe serlo con la mayor estrictez en orden a la plena vigencia del principio protectorio que atraviesa la materia laboral frente a las severas consecuencias que acá se encuentran involucradas.
Tal como lo señala la quejosa la figura en cuestión requiere para configurarse la convergencia de dos elementos: uno de carácter objetivo, cual es la no concurrencia al trabajo, y otro de tipo subjetivo, que es la voluntad del trabajador de no reintegrarse al empleo. “El abandono de trabajo supone una suerte de renuncia tácita evidenciada por un comportamiento concluyente e inequívoco como la que se rige por los art. 58 y 241 de la LCT” (ACKERMAN MARIO EDUARDO. Sforsini Maria Isabel. Ley de Contrato de Trabajo Comentada. 2ª ed. actualizada. Tomo III. Santa Fe. Rubinzal Culzoni. Año 2019. Pág. 186.) Es de ahí que para que la omisión del operario de prestar el trabajo sea invocable como injuria, el art. 244 de la LCT, impone al empleador una carga consistente en “la previa constitución en mora, mediante la intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso.” Sentado ello, veamos entonces si del repaso de la prueba producida le asiste razón a la apelante.
Del intercambio epistolar dado entre las partes, surge lo siguiente: mediante la CD 619084715 de fecha 1 de febrero de 2018 la empleadora demandada intima a la operaria a retomar sus tareas laborales en un plazo de 48 hs. de recibida y le requiere justifique inasistencias desde el 13 de enero de 2018 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de considerar su conducta como abandono de trabajo. La intimación es rechazada por la actora a través de la CD 619088270 en la cual le atribuye a la primera estar a conocimiento de la carpeta médica por estrés laboral que le comunico debido al maltrato y mobbing laboral de la que es víctima en su lugar de trabajo. A su vez la dadora de trabajo responde a esa misiva por CD 517625830 de fecha 21 de febrero de 2018 por la que desconoce que la operaria se encuentre en carpeta médica por estrés laboral y que le haya comunicado esa situación.
Seguidamente e invocando que aquella se encuentra intimada en debida forma y que desde el 13 de enero de 2018 no asiste a su lugar de trabajo desconociendo los motivos de su ausencia sin que haya justificado las mismas, la despide con justa causa. La actora por CD 619087518 rechaza la causal de despido invocando hostigamiento, persecución y discriminación. Esta documental se tiene por autentica teniendo en cuenta el tenor del responde de la demanda y la prueba informativa agregada a fs. 178/182 y fs. 259/266. Del intercambio epistolar reproducido observo que el eje de la cuestión a resolver gira en torno a las ausencias de la trabajadora demandante posteriores al doce (12) de enero de 2018, esto es, si están o no justificadas, pues, está incontrovertido que luego de esa fecha aquella parte no concurrió a cumplir con su débito laboral.
La actora sostiene que ha probado que estaba enferma antes del despido y que estaba haciendo reclamos a la patronal por incumplimientos laborales por persecución y hostigamiento. Es de ahí que resulta trascendental, corroborar si se ha logrado probar si el empleador tenía conocimiento que la trabajadora estaba atravesando una enfermedad por estrés laboral. En tal dirección observo que a fs. 115 obra agregado certificado médico emitido por la profesional Cristina Maldonado, en el que se certifica que la actora, Rojas, Cristina, DNI 30830942, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico con diagnóstico de F43 e indica reposo laboral por 30 días con actividad física/recreativa. La documentación fue agregada con el escrito de fs. 116 mediante el cual se amplío la prueba ofrecida en la demanda.
La parte demandada por presentación de fs. 122, desconoce la documentación de referencia y dice que nunca fue presentado a la empresa y que jamás tuvieron conocimiento del mismo. Impugna en particular la fecha de emisión argumentando que la esbozada en números en margen inferior izquierdo no se corresponde con el trazo, además de no resultar simple la lectura de la fecha, haciendo luego un detalle de lo que a su entender no resulta claro y acusa de falsedad documental. A fs. 213 obra acta de audiencia de reconocimiento de documental de la pieza procesal agregada a fs. 115 en la que la Sra. Cristina Maldonado reconoce totalmente la firma inserta en el instrumento y observa que la fecha indicada al final del certificado no es de su pertenencia.
Ordenada la pericia caligráfica, la misma se la tiene por desistida mediante providencia de fecha 8 de abril de 2021 agregada a fs. 340, en virtud a que la parte actora, luego de frustradas las citaciones cursadas a la profesional nombrada, no hubo de denunciar nuevo domicilio para lograr su comparendo a los efectos de formar cuerpo de escritura. Esta última circunstancia sin lugar a dudas constituye un óbice para su valor probatorio, pues, al no haberse producido la medida de referencia, no queda más que estar al expreso desconocimiento de la fecha formulado por la profesional que lo suscribió. En ese sentido cabe recalcar que al ser este un documento que emana de un tercero, la prueba en cuestión tenía una relevancia superlativa, en razón de que, al no haber sido las partes en litigio quienes intervinieron en su confección ni tampoco pertenecer a su autoría, el certificado aludido carece de todo valor intrínseco y por ende correspondía a la parte que lo acompaño demostrar su autenticidad.
Por otro lado, los dos testimonios ofrecidos por la reclamante perteneciente a los Sres. Segundo Macías y Ángela Asef, no fueron convincentes en cuanto al motivo por el que la Sra. Carolina Rojas no se presentó a trabajar al momento de ser despedida y si ésta era perseguida o discriminada por la empleadora. No obstante, no pierdo de vista que la nombrada ha invocado una enfermedad, concretamente estrés laboral, que merece un especial tratamiento dado que ella atribuyó su origen al trato recibido y a las características del trabajo desempeñado. En ese sentido la Excma. Cámara del Trabajo Sala Cuarta – Primera Circunscripción de Mendoza, en la causa “P. L.M.A. C/PROVINCIA A.R.T. S.A. P/ENFERMEDAD ACCIDENTE” (2.019) concluyó que: “El estrés laboral no es de por sí una enfermedad.
Las demandas, situaciones o circunstancias del trabajo (que llamaremos estresores) alteran el equilibrio del trabajador provocando una respuesta que se denomina estrés. Estos estresores activan las estrategias de afrontamiento del problema y generan soluciones. En cambio, cuando el exceso de demanda supera la capacidad de respuesta del individuo, aparece el estrés laboral como patología”. En cuanto al estrés como enfermedad laboral, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, sostuvo que: “Si bien la jurisprudencia tardó en receptar al estrés y a la depresión como enfermedades atinentes al trabajo, las condiciones de exigencia y presiones que rodean a quienes se desempeñan en relación de dependencia han motivado, desde hace años, la consideración de tales dolencias en su real magnitud como antesala o epílogo de una consecuencia más grave, en muchos casos específicamente el estrés como antesala del cuadro depresivo y en otros como riesgo al final del tratamiento de la depresión”.
Apoyado sobre esos cimientos conceptuales advierto que la labor probatoria a producir debe direccionarse a acreditar la causalidad entre el trabajo y la enfermedad, y es en ese sentido que son pilares fundamentales tanto la ciencia médica y psicológica como elementos técnicos idóneos para detectar tal patología. Si bien, como se dijo en el inicio del presente, no se debe pasar por alto que estamos en el ámbito laboral impregnado por el principio protectorio, el que impone como regla interpretativa de la prueba que en caso de duda debe estarse a la que favorezca al trabajador, ello no implica dejar de la lado la objetividad en su valoración, pues, de lo contrario, se atentaría contra la garantía del debido proceso y el principio de la sana crítica racional.
Dicho ello concluyo entonces que el trabajo probatorio de la accionante ha sido insuficiente y esa falta de actividad, no puede de ninguna manera ser suplida por el juzgador sin riesgo de perder la debida imparcialidad. Tengo en cuenta para opinar de tal manera que no se han aportado a autos elementos idóneos, tales como los arriba señalados (pericia médica y psicológica), que avalen los hechos expresados en la demanda, ya que por un lado no se acreditó que la enfermedad invocada tenga vinculación con el trabajo y por el otro, tampoco se acreditó que la empleadora demandada tenía conocimiento al tiempo del despido de que la operaria cursaba una enfermedad, pues, el certificado médico agregado para corroborar ese extremo carece de fecha de emisión por haber sido desconocido por la profesional que lo suscribió y haberse frustrado la diligencia pericial por una omisión imputable de la accionante, restándole por ende a la documentación aludida toda virtualidad probatoria.
En el mismo sentido tampoco se acredito que el certificado haya sido debidamente recepcionado por el empleador demandado. Por éstas razones jurídicas y las circunstancias fácticas apuntadas, entiendo que la demandante no pudo justificar las ausencias en las que incurrió posterior al 12 de enero de 2.018, lo que se traduce en un incumplimiento a las obligaciones que emanan de las relaciones de trabajo y por ende se torna legítima la decisión rupturista adoptada por la demandada. Es por lo expuesto que los agravios tratados en el presente no pueden ser admitidos. Por último y en cuanto al tercer agravio expresado relativo a una ausencia de valoración de la prueba con perspectiva de género, debo primero que nada remarcar que juzgar bajo esa mirada constituye una obligación para los operadores judiciales, quienes estamos constreñidos a aplicar esta herramienta cuando en el caso bajo análisis se constata la existencia de situaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, género o las preferencias/orientaciones sexuales de las personas.
Aclarado ello, observo que el apelante refiere que la sentencia adolece de tal falencia ya que debió haberse valorado que la actora tenía una considerable relación laboral en donde siempre demostró contracción y responsabilidad en sus obligaciones laborales y que su ausencia estaba perfectamente justificada por cuestiones médicas debidamente comprobadas y que si la demandada tenía dudas tenía que haberla sometido a control médico, avasallando derechos de la mujer actora sin ninguna consecuencia legal ni indemnizatoria. En ese sentido, observo que los fundamentos esgrimidos giran sobre los mismos ejes sobre los que se apoyan los anteriores agravios y respecto de los cuales ya he emitido opinión sin que se adviertan razones distintas que merezcan un tratamiento autónomo que pueda conllevar a una respuesta en sentido contrario a la ya dada.
Pues, en ningún tramo de la exposición se explica de qué modo o mediante qué hechos, comportamientos o circunstancias concretas habría quedado demostrada una conducta que no pase el filtro de una mirada con perspectiva de género. No alcanzan las alegaciones dogmáticas o genéricas, sino que debe haber una imputación concreta de la que resulte que la mujer trabajadora, en virtud de prácticas basadas en una desigual relación de poder por razón del generó, se enfrentó a violencias que lesionaron sus derechos fundamentales y como tales, activen los mecanismos de protección contenidos en el bloque nacional y supranacional sobre la materia. Que por tanto, y ante la ausencia en el agravio que se analiza de una crítica que contenga los recaudos aludidos, entiendo que el mismo no puede prosperar.
Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia debe confirmarse en todos sus términos, con costas a la vencida. Así lo propongo al acuerdo.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
VII. Coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante, en cuanto a que la causal de despido se encuentra debidamente justificada, ya que no se han vulnerado principios de persepectiva de genero (art. 244 LCT).-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
VIII. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios formulados por la parte actora confirmando la sentencia obrante a PE 1161373-2023 inscripta al Reg. Sentencia N° 1619 Tº XL Fº 035/040, teniendo por justificado el despido 2º) Imponer las costas en ésta instancia a la vencida (art. 68 C.P.C.). 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado. 4º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 25 de Febrero de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial
1. Rechazar los agravios formulados por la parte actora confirmando la sentencia obrante a PE 1161373-2023 inscripta al Reg. Sentencia N° 1619 Tº XL Fº 035/040, teniendo por justificado el despido.-
2. Imponer las costas en ésta instancia a la vencida (art. 68 C.P.C.).-
3. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado.-
4. Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. El Dr. Humberto Eduardo Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.-
Protocolización: A201004S.251 Tomo: CII Sentencia: 3100 Folio Nº: 005/011 Secretaria: 1
Fin de la sentencia