Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Quilmes · Causa 46244
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la demanda promovida por Juan Ramón ROJAS contra SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , por no haberse acreditado las condiciones nocivas de prestación de tareas que resultaran ser el hecho constitutivo de su acción (artículos 499 del Código Civil, 726 del Código Civil y Comercial y 375 del C.P.C. y C.);
2Imponer las costas del juicio al actor vencido, si bien con el beneficio de gratuidad (artículos 24 a 27 de la Ley 15.057). Regúlanse los honorarios de los Doctores Pablo Luis ENZETTI, letrado apoderado de la parte actora en la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 1.638.000) EQUIVALENTE A VEINTINUEVE CON DOS (29,02) CENTIMOS DE JUS; y los del Doctor Mariano Roberto OLIVERA, letrado apoderado de la parte demandada, en la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 2.340.000) EQUIVALENTE A CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE (41,47) CENTIMOS DE JUS; sumas todas a las que deberá adicionarse el 10% de aportes previsionales y el 21% del Impuesto al Valor Agregado -en caso de corresponder- (artículos 2, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 28, 29, 43, 51, 54 y 58 de la Ley 14.967, 12 de la Ley 8.455 y Decreto 522/17 E de la Provincia de Buenos Aires). Se aclara que el "valor jus" considerado es de $ 56.426 (Res. R.P. 1517/26 de la S.C.B.A.). …
Registrado bajo el Nº................
El Tribunal del Trabajo Nº 1 de Quilmes, que integran los Señores Jueces Doctores José Facundo Rodríguez Ponte y Horacio Andrés Casquero, con la Presidencia de la Señora Jueza Doctora María Juliana Zicavo, procede al dictado de la Sentencia en la causa Nº 46.244 caratulada " ROJAS JUAN RAMON C/SWISS MEDICAL ART S.A. S/ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " .
Practicada la designación que determina el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial (artículo 89 de la Ley 15.057) resultó el siguiente orden de votación: CASQUERO - ZICAVO - RODRIGUEZ PONTE.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:
PRIMERA CUESTION : ¿Cuáles son los hechos constitutivos del objeto del juicio que resultan reconocidos y cuáles aquellos controvertidos que han sido acreditados?
SEGUNDA CUESTION : ¿Es procedente la demanda?
TERCERA CUESTION : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CASQUERO, DIJO :
1. Antecedentes :
El señor Juan Ramón Rojas, por intermedio de su letrado apoderado Doctor Pablo Luis Enzetti, promueve demanda (presentación electrónica del 30 de mayo de 2.024) contra SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., tendiente a obtener indemnización en los términos de las Leyes 24.557 y 26.773 por incapacidad laboral derivada de una enfermedad profesional.
Dice que trabaja bajo dependencia de la firma "TRANSPORTES SAN JUAN BAUTISTA S.A.", empresa de transporte público de pasajeros, desde hace treinta (30) años (al momento de la interposición de la demanda); que se desempeña en tareas de "Chofer de colectivo"; que cumple horarios de lunes a sábados de 03,55 a 12,30 horas con seis (6) francos mensuales; que percibe un salario mensual de $ 498.117,09.
Describe su puesto de trabajo y el ambiente laboral del mismo afirmando que "... se encontraba expuesto permanentemente al tránsito, lo que acarrea un excesivo ruido ambiental, el que resulta nocivo para el oído humano con el paso del tiempo ..." y que "... durante su jornada laboral ha sufrido constantes ruidos que superaban los límites de tolerancia provocando graves molestias en sus oídos y tímpanos ..." .
Denuncia que las tareas desempeñadas en el ambiente laboral descripto le han provocado una hipoacusia bilateral y un daño psíquico. Estima la incapacidad que tales dolencias le causan en un 34,45% de la total obrera.
Plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de las Leyes 24.557, 26.773 y 27.348; practica liquidación; funda en derecho; ofrece pruebas y pide el progreso de la demanda.
Mediante presentación electrónica del 25 de agosto de 2.023, contesta la demanda SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., por intermedio de su letrado apoderado Doctor Mariano Roberto Olivera. Contesta el planteo de inconstitucionalidad; niega pormenorizadamente por no constarle algunos hechos planteados en la demanda, pero reconoce haber recibido la denuncia de la enfermedad y haberla rechazado por entender que las dolencias constatadas eran de carácter inculpable. Funda en derecho; ofrece pruebas y pide el rechazo de la demanda.
En fecha 8 de agosto de 2.024, se dicta resolución declarando la incompetencia material del tribunal para entender en el reclamo por daño psíquico.
El 1° de noviembre de 2.024 se dicta el auto de prueba.
Agregadas todas las pruebas producidas por las partes, tiene lugar la audiencia de vista de la causa el 5 de agosto de 2.026, a la que concurre el actor con su letrado apoderado Doctor Carlos Sebastián Muriano y la Doctora Carolina Natalia Cabezas por la accionada. Tras alegar ambas partes por escrito, pasan los autos al Acuerdo del Tribunal el 30 de septiembre de 2.026.
2. Relación laboral . Tareas cumplidas :
2. 1.- Con los escritos de demanda, contestación a la misma y el informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A.) de fecha 10 de febrero de 2.025 (archivos desembebidos al día siguiente), tengo por acreditado que el actor era personal dependiente de la firma "TRANSPORTES SAN JUAN BAUTISTA S.A." a la fecha de la denunciada primera manifestación invalidante y que percibió en el año de trabajo anterior a tal suceso las retribuciones de que da cuenta el informe de A.R.C.A. referido, al cual me remito por elementales razones de brevedad.
No hay constancia de su fecha de ingreso, categoría, ni horarios cumplidos, pero ello no impide resolver la presente litis.
2. 2.- Respecto de las tareas cumplidas y el medio ambiente laboral , el accionante sostiene que se desempeña como "Chofer de colectivo" y se encuentra expuesto al constante ruido del tránsito.
La accionada negó tales afirmaciones (Capítulo VIII.- de su contestación).
Así, puesta en cabeza de la parte actora la carga de acreditar las circunstancias fácticas en que fundara su acción (artículos 375 del C.P.C. y C. y 63 de la Ley 11.653), produjo prueba testimonial sobre el punto, consistente en la declaración del señor Zoilo Miguel Moya.
Como regla general, se entiende que para que las declaraciones testimoniales convenzan al juzgador de su certeza, deben ser específicas, imparciales, objetivas y conducentes, emanar de personas no interesadas -material o moralmente- en la suerte del litigio ni demostrar animosidad alguna respecto a alguna de las partes y estar referidas a los hechos efectivamente planteados y controvertidos en el pleito.
Con tal enfoque se comenzó a interrogar al testigo y -adelanto- su declaración resultó espontánea y veraz.
Moya sostuvo trabajar como chofer de colectivos en la empresa "San Juan Bautista" desde el año 1.999. Afirmó que el actor ya estaba trabajando también como chofer cuando el ingresó y que trabajaron juntos en el turno mañana, realizando jornadas de ocho (8) o nueve (9) horas, hasta el mes de febrero de 2.026. Indicó que todos los vehículos que conducían tenían motor delantero que producía mucho ruido.
Del análisis de los dichos del testigo puede apreciarse que, el medio ambiente en el que cumplía tareas Rojas era el propio de todo vehículo que transita por la vía pública.
Así, no puede tenerse por probado que el ruido ambiente en el lugar de trabajo del accionante superase el máximo legal permitido, máxime cuando no se cuenta en autos con una pericia técnica que determine el nivel sonoro constante en forma precisa. Corresponde señalar que, en otros casos, este Tribunal ha tenido por acreditado que el nivel sonoro del lugar de trabajo era superior al legalmente permitido sin contar con una pericia técnica que lo precisara, pero los hechos ventilados daban cuenta de una multiplicidad de máquinas funcionando al mismo tiempo en un espacio cerrado. Ello dista mucho de ser asimilable al caso en tratamiento.
3. Enfermedades profesionales . Consecuencias . Toma de conocimiento :
3. 1.- Sostiene el demandante que, en el cumplimiento de sus tareas, contrajo hipoacusia bilateral y estima la incapacidad que tal dolencia le causa en un 19,50% de la total obrera.
Con la pericia médica presentada digitalmente el 8 de agosto de 2.025 y sus aclaraciones del 22 de septiembre de 2.025, tengo por debidamente acreditado que el actor padece una hipoacusia perceptiva leve de oído izquierdo, que lo incapacita en un 0,28% de la total obrera en relación causal con las tareas prestadas. El perito se extralimita al presuponer (de manera impropia) y afirmar en sus aclaraciones que "... hipoacusia que se correlaciona con los grandes niveles de ruido al que el actor estaba expuesto en su jornada laboral. El actor trabajo durante 30 años en la empresa 9 horas por día estando expuesto a niveles sonoros por encima de la capacidad auditiva ..." . Queda claro que el médico opina sobre la relación de causalidad entre las tareas y la dolencia, dando por cierto el relato de la demanda sin que ningún elemento objetivo lo corrobore.
3. 2.- En cuanto a la relación de causalidad entre la dolencia constatada y las tareas prestadas para la asegurada de la demandada, el perito es claro al vincular las mismas a tareas cumplidas en un ambiente ruidoso que excede el límite legal permitido, pero que el actor no acreditó haber realizado a lo largo del proceso (punto 2.2.- de esta misma cuestión).
Cabe puntualizar que el Decreto 658/96 sólo reconoce a la hipoacusia perceptiva como enfermedad profesional en el caso en que se compruebe algún tipo de trabajo que importe exposición a una intensidad de presión sonora superior a 85 decibeles de nivel sonoro continuo equivalente. No existiendo en autos una pericia técnica que determine con precisión que la intensidad de presión sonora en el puesto de trabajo del actor era superior a 85 decibeles de nivel sonoro continuo equivalente, ni otro elemento de prueba concluyente que indique que el ruido ambiente superaba un límite tolerable, no puede tenerse por probada la relación de causalidad entre las tareas y la hipoacusia que el actor sufre, para encuadrar la misma como enfermedad profesional.
Se agrega a ello un dato no menor, como es el carácter unilateral de la hipoacusia que sólo afecta el oído izquierdo de Rojas. Si tal disminución auditiva encontrara su causa en el ruido ambiento o en el sonido del motor del colectivo que conducía, es lógico suponer que la misma afectara ambos oídos y no sólo el izquierdo.
Llegados a este punto, no acreditada la existencia del factor de riesgo invocado como causante de la dolencia del actor (ruido ambiente), en el marco de la prestación de las tareas cumplidas para su empleadora (punto 2. 2.-), resulta claro que tampoco se ha probado que su dolencia guarde algún tipo de etiología laboral (artículo 474 del C.P.C. y C. y 63 de la Ley 11.653).
4.-
Dada la forma en que se han resuelto las cuestiones precedentes, el tratamiento de todas las restantes circunstancias de hecho que pudieren existir (contrato de afiliación, edad del actor, ingreso base mensual, eventual indemnización, etc.), resulta inconducente para resolver la litis.
Así voto (artículo 57 inciso 4. de la Ley 15.057).
A la cuestión planteada, la Señora Jueza Doctora Zicavo y el Señor Juez Doctor Rodríguez Ponte, por las mismas consideraciones, votaron en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CASQUERO, DIJO :
Conforme las conclusiones a las que se llegara en la Primera Cuestión, corresponde resolver las pretensiones deducidas por las partes.
Cabe iniciar este acápite recordando que el demandante ha fundado la acción que intenta en las normas de la Ley 24.557 y 26.773, reclamando las indemnizaciones tarifadas que las mismas prevén como reparación a las incapacidades laborativas derivadas de varias enfermedades profesionales.
Corresponde entonces en esta parte del decisorio, analizar los hechos acreditados en la causa y definir si resultaría procedente o no la pretensión actora con fundamento en las normas invocadas.
El artículo 6 de la Ley 24.557 responsabiliza a las aseguradoras de riesgos del trabajo (o empleadores autoasegurados), por las consecuencias dañosas de los accidentes ocurridos y las enfermedades profesionales sufridas por su personal, lo que presupone en primer lugar la acreditación de las dolencias discapacitantes y -luego- del nexo causal entre ellas y las tareas cumplidas o el accidente sufrido.
Surge de la Cuestión Primera que no se acreditó que exista relación causal entre las secuelas físicas que el actor sufre (hipoacusia unilateral) y las tareas cumplidas, ya que el accionante no acreditó la naturaleza nociva del medio ambiente laboral en que las mismas se llevaban a cabo, lo que resulta ser un hecho constitutivo de su acción.
Atento a ello, no queda en esta instancia otro camino a seguir que el rechazo de su pretensión indemnizatoria, atento la inexistencia del presupuesto básico de hecho que hace al fundamento de su reclamo (artículos 726 del Código Civil y Comercial y 375 del C.P.C. y C.).
Por ello propongo se rechace la acción intentada en todas sus partes con expresa imposición de costas a la parte actora (artículos 24, 25 y 26 de la Ley 15.057), si bien con el beneficio de gratuidad previsto por el artículo 27 de la ley citada.
Atento el total rechazo de la demanda, a fin de establecer la base regulatoria de los profesionales intervinientes, conforme lo ha dispuesto reiteradamente el Superior Tribunal Provincial, corresponde se efectúe el cálculo del monto por el cual podría haber prosperado el reclamo de autos en caso de haberse acreditado los extremos fácticos planteados en el escrito de inicio.
En tal menester, se advierte que la liquidación efectuada en la demanda se encuentra ajustada a derecho y de haber prosperado el reclamo lo habría sido por una suma aproximada de $ 11.700.000 importe que propongo sea tomado como base regulatoria.
Así voto.
A la cuestión planteada, la Señora Jueza Doctora Zicavo y el Señor Juez Doctor Rodríguez Ponte, por las mismas consideraciones, votaron en igual sentido.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CASQUERO, DIJO :
Atento la forma en que ha sido resuelta la cuestión que antecede, corresponde: 1°) Rechazar la demanda promovida por Juan Ramón ROJAS contra SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , por no haberse acreditado las condiciones nocivas de prestación de tareas que resultaran ser el hecho constitutivo de su acción (artículos 499 del Código Civil, 726 del Código Civil y Comercial y 375 del C.P.C. y C.); 2°) Imponer las costas del juicio al actor vencido, si bien con el beneficio de gratuidad (artículos 24 a 27 de la Ley 15.057).
Así voto.
A la cuestión planteada, la Señora Jueza Doctora Zicavo y el Señor Juez Doctor Rodríguez Ponte, por las mismas consideraciones, votaron en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Lo decidido en el Acuerdo que antecede y los fundamentos que lo sustentan, el Tribunal RESUELVE : 1°) Rechazar la demanda promovida por Juan Ramón ROJAS contra SWISS MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. , por no haberse acreditado las condiciones nocivas de prestación de tareas que resultaran ser el hecho constitutivo de su acción (artículos 499 del Código Civil, 726 del Código Civil y Comercial y 375 del C.P.C. y C.); 2°) Imponer las costas del juicio al actor vencido, si bien con el beneficio de gratuidad (artículos 24 a 27 de la Ley 15.057). Regúlanse los honorarios de los Doctores Pablo Luis ENZETTI, letrado apoderado de la parte actora en la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 1.638.000) EQUIVALENTE A VEINTINUEVE CON DOS (29,02) CENTIMOS DE JUS; y los del Doctor Mariano Roberto OLIVERA, letrado apoderado de la parte demandada, en la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 2.340.000) EQUIVALENTE A CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE (41,47) CENTIMOS DE JUS; sumas todas a las que deberá adicionarse el 10% de aportes previsionales y el 21% del Impuesto al Valor Agregado -en caso de corresponder- (artículos 2, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 28, 29, 43, 51, 54 y 58 de la Ley 14.967, 12 de la Ley 8.455 y Decreto 522/17 E de la Provincia de Buenos Aires). Se aclara que el "valor jus" considerado es de $ 56.426 (Res. R.P. 1517/26 de la S.C.B.A.). Asimismo, regúlanse los honorarios del perito médico Sebastián Lucas FAIAD en la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 468.000) a la que deberá adicionarse el 10% Ley 6.742 y artículo 8 inciso j) Decreto 1.845/64 y el 21% del I.V.A. en caso de corresponder. Regístrese y notifíquese.
Se hace saber que el Artículo 54 de la Ley 14.967 , textualmente reza: "Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación" .
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de Quilmes, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
La presente resolución es autonotificable (Artículos 10 y 13 del Anexo Único, Capítulo II, del Acuerdo 4039/21 de la S.C.B.A., texto ordenado por el Acuerdo N°4013 de la S.C.B.A) y se remite a los domicilios electrónicos correspondientes. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Firmas
Funcionario firmante: CASQUERO Horacio Andres - JUEZ
Funcionario firmante: RODRIGUEZ PONTE Jose Facundo - JUEZ
Funcionario firmante: ZICAVO Maria Juliana - JUEZA
Funcionario firmante: WILCZEK Federico Adolfo - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 465-2026
Fin de la sentencia