Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 37763-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 30414/2023/CA1; ROJAS LEAL GUIDO RENE Y OTRO c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
DVP Buenos Aires, de marzo de 2024 Y VISTOS,
I. Mediante sentencia del 18/11/2022 –obrante a fs. 210/215–, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución Nro. 1012/2016 por medio de la cual el Administrador de la Aduana de Mendoza condenó a los Sres. Henry Javier Murillo Toral y Guido René Rojas Leal, así como a la firma Turismo Hard Road, al pago de $158.603,55 –en concepto de multa–, USD 10.745,50 –en concepto de tributos adeudados– y $78.613,24 –en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias– en virtud de reputarlos responsables de la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A –incumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del régimen de importación temporaria otorgado–, como consecuencia de un ingreso al territorio nacional –desde Chile–, por parte del primero de los mencionados, en un ciclomotor de propiedad de la firma encartada –y cuya titularidad corresponde al segundo de los individuos referidos–, bajo un régimen temporario distinto al que correspondía: ingreso temporal de vehículos de particulares, cuando según la Aduana debería haberlo hecho bajo el régimen de admisión temporal de vehículos de alquiler. Siendo ello así, consideró que se habían incumplido los requisitos exigidos por la normativa nacional.
Para así decidir, luego de sintetizar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, efectuó una detallada reseña del marco jurídico que estimó aplicable, así como de la plataforma fáctica del sub–examine.
En esta línea, explicó que por conducto de la ley 25.229 se había aprobado el “Tratado entre la República Argentina y la Republica de Chile sobre Controles integrados en la Frontera” y, en consecuencia, se dictaron numerosas resoluciones que reglamentaron el ingreso y egreso temporal de vehículos particulares utilizados en viajes de turista –Res. (ex ANA) 127-1986, 2523-1987, 1944/91 y RG (AFIP) 2623-2009–, así como lo atinente a la salida y admisión temporal de vehículos arrendados –Res. (ex ANA) 2784-92 y RG (AFIP) 3311/2012–. De tal modo –expuso– se implementaron sistemas informáticos de control e intercambio de información entre aduanas, aprobando los formularios únicos de ingreso (OM-2261 para particulares y OM-2112/A para vehículos alquilados). Asimismo, destacó que no se encontraba discutido que en el caso concreto, el Sr. Murillo Toral –de nacionalidad ecuatoriana– había ingresado al territorio Nacional a bordo de un ciclomotor marca Harley Davidson de propiedad de la empresa Hard Road –chilena y de titularidad del Sr. Rojas Leal, de ese mismo país–, por un plazo de 6 días y bajo el régimen de ingreso temporal de vehículos de particulares (en adelante, RT), sin que dicha circunstancia mereciera algún tipo de reparo por parte de las autoridades aduaneras al momento del ingreso. No obstante, con posterioridad, al momento de efectuar los controles de salida, se dio curso a un proceso infraccional –que culminó con la sanción apelada–, por considerar que se debería haber adoptado el régimen de ingreso temporal de vehículos arrendados (en delante, RA) y por ello –a su criterio– verificados los extremos para configurar la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA.
Así las cosas, señaló que, según lo normado en el art. 250 del C.A, la obligación fundamental que el régimen de importación temporal impone a los beneficiarios, es la de reexportar la mercadería dentro del plazo otorgado, inculpando el art. 970 C.A a quien no cumpliera con dicha obligación, conforme la forma y en las condiciones en la que se obligó. En esta tónica, ponderó que de la lectura de la RG AFIP 3311/2012, que instituye el RA, surgía que su finalidad era que los vehículos alquilados reingresaran “…a la República de Chile dentro del plazo acordado no pudiendo efectuar actividades comerciales en el territorio argentino…” y su incumplimiento “…pasible de las sanciones y medidas cautelares previstas en el Código Aduanero…”, sin perjuicio de que, ante el referido incumplimiento, “…cuando se trate de vehículos de alquiler pertenecientes a empresas chilenas se las intimará –a través de la aduana Chilena– por el termino de 20 días hábiles para que se presenten a Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 30414/2023/CA1; ROJAS LEAL GUIDO RENE Y OTRO c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
regularizar la situación, bajo apercibimiento de proceder al embargo e interdicción de los vehículos que se encuentren en el territorio aduanero o que pretendan ingresar o salir del mismo, hasta que se efectivice el pago de los tributos que gravan la importación definitiva para consumo, sin perjuicio de continuar con la actuación sumaria para la aplicación de las multas respectivas…”. (cfr. arts. 2 y 3 RG AFIP 3311/2012).
Sentado todo ello, puntualizó que sin perjuicio de que en el caso concreto no quedaban dudas de que el régimen al que debía someterse la mercadería bajo estudio –el ciclomotor– era el RA, fue el propio servicio aduanero quien en un primer momento permitió al turista el ingreso al territorio aduanero nacional bajo un régimen específico distinto (es decir, el RT) y con la única condición de egresar del mismo al cabo de seis días, para luego –cuando el Sr. Murillo Toral pretendía abandonar el territorio nacional dentro de los plazos establecidos a tal efecto–, labrar un acta de infracción, señalando que dicho régimen no era el que correspondía y afectando el rodado al sumario, todo lo cual denotaba una actitud que no se ajustaba a derecho y era “…propia de un agente provocador…”
Por otro lado, remarcó que el personal aduanero había incurrido en una “…flagrante inobservancia de lo establecido en la misma resolución general cuyo incumplimiento esgrime como piedra basal de la imputación efectuada…”, toda vez que la propia normativa sobre la cual fundaba su imputación la obligaba a otorgar un plazo de 20 días hábiles para que las empresas chilenas –como lo es Hard Road– regularizaran su situación y dieran cumplimiento con los requisitos establecidos por la RG 3311/12 –ver supra normativa transcripta–, y solo su incumplimiento la habilitaba a embargar los bienes, redeterminar impuestos y aplicar una multa. En esta línea, puntualizó que el servicio aduanero no solo había incumplido con la intimación requerida por la norma aplicable, sino también ignorado que la propia firma encartada –y por motus propio– se había inscripto en el “Registro Rent a Car”, dando cumplimiento con los requerimientos impuestos por la RG 3311/12 y, por ello, regularizando su situación, todo lo cual se constituía en un óbice para reputar valida la Resolución Nro. 1012/2016. Por tal razón, resolvió revocar esta última en todos sus términos, con expresa imposición de costas a la DGA.
II. Contra dicha decisión se alza la parte demandada, interponiendo su recurso de apelación a fs. 218 y expresando agravios a fs. 222/224, los que fueron replicados por la contraria a fs. 227/231. Esgrime que el Tribunal Fiscal no dejo en claro cuál fue el presunto incumplimiento legal incurso por su parte.
Refiere al principio de legalidad del acto administrativo y explica que en virtud del mismo, el accionar estatal se presume válido por lo que su ilegitimidad debe ser debidamente acreditada por la contraria, circunstancia que –según sostiene– no se verifica en el caso de autos. Alega que, de seguirse la lógica del Tribunal Fiscal, se permitiría que un individuo incumpla con la normativa argentina por su simple condición de extranjero, en una clara contradicción con los principios generales que rigen el derecho local e internacional.
Considera que en el caso concreto se encuentran reunidos los presupuestos sentados en el art. 970 del C.A, toda vez que se encuentra en cabeza de la firma importadora la correcta documentación y declaración de la reexportación de la mercadería temporalmente importada, así como su prueba.
III. Preliminarmente, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 30414/2023/CA1; ROJAS LEAL GUIDO RENE Y OTRO c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22, entre otros).
IV. Expuesto lo que antecede, cabe recordar que el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación expresa que: “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas…”.
Por ello, se ha sostenido que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la resolución cuestionada y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas, ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el juez, sin suministrar bases fácticas y jurídicas del distinto punto de vista, no es suficiente para sostener un recurso de apelación (cfr. esta Sala, in rebus: “NOA Transport SRL c/ EN -M Planificación IP y S - ST s/ Proceso de Conocimiento”, Causa Nº 46.482/2013, del 4/11/2020; “Telecom Argentina SA c/ ENACOM s/Proceso de conocimiento”, Causa N° 11.365/2017, del 28/2/2019; esta Cámara, Sala II, in re: “Musso, Carlos Alberto c/ E.N. - Mº Defensa s/ Personal militar y civil de las FF.AA. y Seg.”, del 11/7/2013 y sus citas, entre muchos otros), ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el juez, sin suministrar las bases fácticas y jurídicas del distinto punto de vista, no alcanza para sostener un recurso de apelación (cfr., esta Sala, in rebus: “Cencosud SA c/ Lotería Nacional SE (en liquidación) y otros s/ Daños y perjuicios”, Causa Nº 68.622/2015, del 21/4/2021; “Boehringer Ingelheim SA c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas”, Causa Nº 46.816/2018, del 17/2/2021; “González, José Andrés c/ DGA s/Recurso Directo DE Organismo Externo”, Causa Nº 72998/2018, del 17/4/2019 y; “Luo Chao Xi (TF 18453-A) c/ DGA”, Causa Nº 4623/2005, del 22/9/2011).
A su vez, la expresión de agravios carece de contenido, si se limita a afirmaciones de carácter general, sin indicar los errores u omisiones en el pronunciamiento y debiendo siempre atacar, en forma concreta, los verdaderos fundamentos del fallo (cfr. FENOCHIETTO, Carlos Eduardo – ARAZI, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1987, t. I, págs. 837-838). En definitiva, esa crítica concreta y razonada debe ser autosuficiente en relación con el pronunciamiento apelado y debe constituir un estudio de los razonamientos contenidos en aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (cfr., esta Sala, in rebus: “Santoro, Jorge Alberto Antonio c/ SEGEMAR s/ Empleo Público”, Causa Nº 38.452/2017, del 3/2/2022; “Caro, Jorge Enrique y Otros c/ EN- M Defensa – EMGA s/ Proceso de Conocimiento”, Causa N° 7.119/2015, del 30/5/2019; “Agencia Marítima Silversea SA (TF 14813-A) c/ DGA”, Causa Nº 160156/2002, del 9/8/2011).
En efecto, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios –por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa–, ello no puede conducir al extremo que implique en los hechos derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (art. 265 CPCCN; y esta Sala, “Compañía Arg. de Const. S.A.I.C.F.E.I. c/Ferrocarriles Argentinos s/Contrato de Obra Pública”, del 07/08/09, causa Nº 28.298/95; "SIGLA S.A. c/ Consejo Nacional de Investigac Cient. y Técn. (CONICET) s/Contrato Administrativo" del 25/06/07, causa Nº 23.899/94; “Acetatos Argentinos SA c/EN – AFIP DGA – Resol 2330/04 (expte 602151/99) s/Dirección General de Aduanas”, del 12/11/08 –ya citado–; “González Domínguez Rubén Darío c/EN-PFA y otros”, del 16.7.07, causa Nº 42.734/03; “Banco Río de la Plata SA c/EN – AFIP DGI – Sumario 463/03 (GC) s/Dirección General Impositiva”, del 23.10.07, causa Nº 490/05; “Acetatos Argentinos SA c/EN-DGA – Resol 4606/04 (expte 602092/99) s/Dirección General de Aduanas” y esta Sala “Primera Red Interactiva de Medios Arg.
(Prima) S.A. c/DNCI –Disp 280/09 (expte S01:96667/08)”, del 13/05/10, causa Nº 16.795/09; “DGA (Autos National Starch & Chemical SA – TF 22958-A)”, causa Nº 7900/08, del 31/10/08; Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 30414/2023/CA1; ROJAS LEAL GUIDO RENE Y OTRO c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
“Comercializadora Multiemprendimiento SA c/DNCI – Disp. 285/04 (expte S01:0119320/02)”, del 30/09/10, causa Nº 1676/07; “Corporación Río Luján SA c/DNCI – Disp 930/08 (expte S01:382434/06)”, del 23/03/10, causa Nº 1897/09; “Etronix c/DNCI – Disp 61/07 (expte S01:371065/07)”, del 23/03/10, causa Nº 13340/09; “Servicios Buenos Aires SA (TF 33906-I) c/DGI”, del 07/02/13, causa Nº 39303/2011; “Banbest SA c/ Dirección General Impositiva”, del 21/04/15, causa Nº 31393/2014).
V. En tales condiciones, corresponde advertir que, de la confrontación de los fundamentos expuestos en la resolución apelada, con las manifestaciones vertidas por la recurrente en su expresión de agravios, se observa que aquélla no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal.
En este sentido, la apelante no ha controvertido –siquiera tangencialmente– los principales razonamientos esbozados por el Tribunal Fiscal de la Nación para revocar la Resolución Nro. 1012/2016, en particular:
i) que fue la propia aduana quien autorizó la entrada del turista bajo un régimen determinado –y sujeto a una única condición temporal– y al momento de su egreso –y de manera sorpresiva– consideró erróneo dicho régimen, incumplidos los requisitos que el RA impone, y por ello configurado los presupuestos del art. 970 del CA; y principalmente ii) que la propia normativa utilizada por la Aduana para fundar su pretensión –RG 3311/12–, la obligaba a intimar a la firma chilena a regularizar su situación – como presupuesto para poder secuestrar la mercadería, redeterminar tributos y proseguir con el sumario–, circunstancia que no solamente no se verificó en el sub–examine, sino que incluso se había ignorado que dentro del plazo establecido la firma encartada procedió a regularizar su situación. De este modo, se observa que los argumentos vertidos por la parte demandada se erigen como una mera discrepancia respecto del criterio del juzgador y carecen de un mínimo análisis de la decisión atacada, puesto que no demuestran las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. En esta línea, los referidos argumentos no son aptos para conmover las conclusiones a las que arribó el Tribunal a quo, toda vez que no aportan elementos de suficiente entidad a tal fin (conf. esta Cámara, Sala I in re "Centurión, Martín Abel -Inc. Med. c/ E.M. MS Justicia -SPF- Dto 2.807/93 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg", del 22-09-09 y su cit.)
En virtud de todo lo expuesto, SE
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y –oportunamente– devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia