Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaCon fundamento en el acuerdo precedente se dicta por mayoría la siguiente sentencia: I) Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora, dejando establecido que la tasa de interés fijada en la sentencia es aquella que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo “digital” a treinta días (es decir, aquellos cuyos fondos son captados a través del sistema HomeBanking de la entidad, actualmente denominado comercialmente como “Banca Internet Provincia” o “BIP”), y en su modalidad “tradicional” (sin posibilidad de cancelar anticipadamente), en los términos y con los alcances fijados en los últimos tres párrafos del considerando IV.3.c. II) Las costas por el recurso se imponen – conforme el resultado obtenido - en un 70% a la actora y en un 30% a la demandada (arts.71 y 274 del CPC), III) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art.51 del decreto ley 8904.
REGISTRO Nro. 223-S FOLIO Nro. 944/58 Expediente nº 155.954 – Juzgado nº3 // En la ciudad de Mar del Plata a los 4 días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “ROJAS, Orocimbo c. DELIO, Cristian y otro s. Daños y perjuicios”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau, Pedro D. Valle y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia que obra a fs.429/48, el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada por Orocimbo Rojas contra Cristian Delio y El Rápido S.A., y condenó a estos últimos, junto la aseguradora Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de pasajeros – en la medida del seguro- a pagar al actor la suma de pesos once mil doscientos ochenta ($ 11.280) con más intereses a tasa pasiva, impuso las costas al demandado vencido y difirió la regulación de honorarios. Allí mismo rechazó el planteo de inconstitucionalidad realizado por el actor en contra de la citada en garantía. II: A fs. 450 apeló el actor, y el recurso que le fue concedido libremente a fs. 451, ha sido fundado a fs. 457 y respondido a fs. 471 por la demandada.
Apeló la accionada a fs. 452, y el recurso que le fue concedido a fs. 453, fue posteriormente desistido conforme a la constancia que obra a fs. 467.
III: Los agravios de la parte actora son los siguientes:
a) Crítica el rechazo del daño causado por la “incapacidad física”, sosteniendo que “…se ha superado el enfoque tradicional y meramente patrimonialista del daño, lo que lleva a asignar primacía al daño a la persona…”. Con cita de diversos autores de prestigio, se detiene en las razones y fundamentos por los cuales considera indemnizable el daño a la persona, a su integridad psicofísica, aunque no genere inhabilidades funcionales o laborales, pues “…debe ser resarcido por tratarse de una disminución de la capacidad vital…”, con independencia del daño moral.
Considera que habiéndose probado el fuerte traumatismo de cráneo y cervicales sufridos por el actor, debe darse acogida al rubro, y así pide que se modifique la sentencia.
b) Se queja del monto otorgado para la reparación del daño moral, pues a su entender, la suma de $ 3.500 no resulta suficiente en orden al tratamiento psicoterapéutico que la pericia recomienda. También indica tres casos que juzga similares al de autos en los que se trataba de un hombre de 56 años, casado, fletero que sufrió traumatismo en la región cervical (2% de incapacidad), estrés postraumático al que se fijó un monto por daño moral de $ 10.000, otro de 41 años que sufrió un traumatismo cervical, en el cual la Sala D de la Cámara Nacional Civil fijó la suma de pesos quince mil, y un tercero en el que un hombre de 45 años sufrió una herida en su rostro y un traumatismo en su mano derecho, en el que la Sala B del mismo tribunal, fijó la suma de pesos ocho mil por daño moral.
Pide que eleve el parcial a la suma de pesos cinco mil reclamada en la demanda.
c) Se queja de la aplicación de la tasa pasiva que considera violatoria del derecho de propiedad, garantizado por el art.14 de la Constitución Nacional.
Refiere que la inflación que afecta el poder adquisitivo del dinero queda ejemplificada en el aumento del bono ley 8480 que al inicio de este proceso era de $ 13, y desde Enero de 2014 es de $ 80, lo que implica un aumento del 615%, advierte que el valor del automóvil del actor ha aumentado desde $ 8.500 a $ 30.000, mientras que la aplicación de la tasa pasiva no llega al 42% de ajuste.
Reconoce que pueden aplicarse fallos emitidos por el Superior Tribunal “…pero los mismos no dejarán de ser un dato erróneo, totalmente alejados de la realidad y violatorios del derecho de propiedad del actor, quien ve menguada su indemnización al menos en cinco veces.”
IV: En mi opinión el recurso merece progresar parcialmente.
IV.1: El primer agravio reclama que en la condena se incluya el daño a la integridad psicofísica del actor, como tercer género distinto al perjuicio patrimonial o moral.
a) En primer lugar corresponde tener presente que la actora no ha venido a esta instancia a agraviarse del lucro cesante derivado de la incapacidad física temporal alegada, ni del daño emergente que eventualmente pudiera haber surgido de la pérdida de capacidad funcional para la vida diaria, ni de la desventaja en que lo hubiera puesto la incapacidad respecto a alguna chance que se diluyó por su estado, todos estos aspectos propios del daño patrimonial que no fueron objeto de reclamo, ni – congruentemente – de tratamiento.
El apelante reclama el daño a la integridad psicofísica en si mismo, con independencia del resultado –patrimonial o moral – que la lesión sufrida pudiera ocasionar (ver fs.457 in fine a fs.462). En tal sentido, cabe recordar también que la sentencia que rechazó este parcial, juzgó que tal perjuicio no había sido probado en razón de que en la pericia médica se afirmó que “el actor no tiene secuelas del accidente”, “dolores, ni molestias”, y que según el paciente, “los dolores fueron leves luego del accidente y por poco tiempo”, por lo que la Sra. Jueza terminó el análisis del rubro remitiendo su tratamiento al capitulo correspondiente al daño moral.
A esto último, puede agregarse que el Sr. Perito médico reseña el certificado de la Dra. Prado conforme al cual, el actor sufrió un traumatismo de cráneo y columna cervical, y que al no haberse indicado estudios, ni tratamiento, ni internación para observación, puede deducirse que se trata de lesiones leves (fs.358 vta.).
El anterior es entonces, el daño a la integridad psicofísica cuya reparación autónoma insiste el apelante en reclamar. b) En segundo lugar, también es útil tener presente que la postura invocada por el actor para reclamar la reparación del daño injustamente sufrido temporalmente en la indemnidad de su integridad psicofísica, reconoce sus antecedentes en la doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como extranjera.
En materia de decisiones judiciales locales que hayan estimado favorablemente la autonomía de este daño puede leerse el excelente trabajo que publicó Jorge Galdós en la Revista de Responsabilidad Civil y Seguros (año 2005-p.-35 “Daños a la persona”) en donde reseña una notable cantidad de fallos que participan de esa idea, trabajo del cual parece haberse extraído uno de los párrafos que integran los fundamentos del recurso, aunque curiosamente no contiene la cita que naturalmente corresponde efectuar cuando se copia un texto de elaboración ajena (Galdós, Jorge , ob.cit. en RCyS 2005, p.36 punto2, edit.La Ley). Hago hincapié en la utilización en el recurso de un párrafo que concluye con la cita de Isidoro Goldenberg, en tanto leído fuera del contexto general de esa publicación puede pensarse que su autor favorece el pensamiento que funda el agravio, cuando – en realidad - sus conclusiones (ob.cit.p.55) resultan contrarias en cuanto deja claro que “ las tendencias judiciales esbozadas denotan que en nuestros tribunales no ha tenido mayormente recepción los criterios que, en otras legislaciones, proponen la autonomía resarcitoria de daños a las personas distintos del daño patrimonial y del daño moral”, considerando que dentro de las partidas resarcitorias del daño patrimonial y extrapatrimonial pueden ser apreciadas esas modalidades relativas a la incolumnidad psíquica y física.- También es la opinión del Juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Azul en su debate con otros juristas (“Diálogos de doctrina sobre daño extrapatrimonial” RC yS 2013-IV,5, con la participación de Galdós, Gil Dominguez, Grossman, Messina de Estrella Gutierrez, Pizarro, Picasso,Trigo Represas y Saux).
Entre otros. Jorge Mosset Iturraspe (“El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad” en RDPyC Rubinzal Culzoni tº T 1, “Daños a la persona”, Santa Fe ,1994), y Graciela Messina de Estrella Gutierrez (MESSINA de ESTRELLA GUTIERREZ, Graciela "Daños a la persona en la responsabilidad profesional" publicación individual en la obra colectiva "Responsabilidad profesional" en homenaje al Prof. Dr. Luis O. Andorno, ed. Platense, 1992. "El daño a la persona en la jurisprudencia argentina y la influencia del Prof. Carlos Fernández Sessarego", trabajo individual de 27 páginas, para la obra colectiva en homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández Sessarego Lima, Perú, en prensa. "La autonomía de los "Daños a la Persona" en las XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Lomas de Zamora, 26 al 29 de septiembre 2007 publicada en la Revista de la Facultad de Lomas de Zamora ISS Nº 1850-1719 ano 3 Nº 5 sep./07 Tomo I pág. 179 a 189.) sostienen la autonomía de los daños a la persona en sus numerosos trabajos y exposiciones que, en el caso de esta última autora, parecen haberla llevado a incluir sus ideas en el proyecto de Código Civil del año 2012 (art.1738 del original de la comisión), pues dentro de la indemnización la norma manda a tener en cuenta, en especial, “…las consecuencias de la violación a los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, de su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”.
Años antes, Aída Kemelmajer de Carlucci realizó un repaso de la doctrina y jurisprudencia italiana desde 1840, en su trabajo “El daño a la persona.¿ Sirve al derecho argentino la creación pretoriana de la jurisprudencia italiana?” (RDPyC tº 1.p-69), en la que explica que la justicia italiana – para evitar la estricta limitación que impone el art.2059 (“Il danno non patrimoniale debe essere rísarcito solo nei casi determinati dalla legge”) – se recurrió al primer párrafo del art.32 de la Constitución Italiana que protege el derecho a la salud.
Pizarro y Vallespinos (Obligaciones, v.4, p. 276, Hammurabi, Bs.As. 2008), explican que las ideas locales que consideran agotada la clasificación bipartita del daño en moral y patrimonial, la consideran inepta para alcanzar soluciones justas en numerosos supuestos de la vida real, admitiendo que sus orígenes se encuentran en el derecho italiano cuyo art. 2059 era tributario del parágrafo 253 del BGB (“Por un daño que no sea patrimonial la indemnización solo puede solicitarse tal y como lo establece la ley” Código Civil Alemán comentado por Emilio Eiranova Encinas,Edit. Marcial Pons, Madrid, 1998, p.120), y tienen por fin el reconocimiento del daño a la salud, del daño biológico, del perjuicio a la vida de relación – siguiendo antecedentes franceses -, del daño estético, sexual, psíquico y al proyecto de vida.
La utilización de estas expresiones, dicen los autores que vengo citando, puede ser útil para la valoración cuantitativa y cualitativa de ciertos perjuicios, imponiendo al Juzgador el debe de considerar por separado, fundadamente, las diferentes facetas y repercusiones patrimoniales y morales de la acción lesiva, pero no solo no tiene cabida en la nuestro país en donde no existen las limitaciones del derecho alemán e italiano al daño moral, sino que también en aquellos países que dieron origen a las ideas que ha desarrollado parte relevante de la doctrina nacional , la situación ha cambiado.
Para hacer patente ese cambio, citan el fallo del 12 de Mayo de 2003 de la Corte Constitucional Italiana que retornó a la clasificación bipartita del daño, conforme al cual el daño es patrimonial o extrapatrimonial, comprensiva del daño biológico y del daño existencial (con cita de Tucci, Giuseppe “Danno non patrimoniale, valori constituzionali e diritto vivente”). De todos modos, el debate sigue vigente, y al respecto puede leerse con provecho “Diálogos de doctrina sobre daño extrapatrimonial” (RC yS 2013-IV,5, con la participación de Galdós, Gil Dominguez, Grossman, Messina de Estrella Gutierrez, Pizarro, Picasso,Trigo Represas y Saux).
El concepto que esta Sala utiliza, y que tiene su respaldo en la doctrina legal de la SCBA, es que en ningún caso se resarce el menoscabo a la integridad del sujeto en sí mismo, en tanto se trata de un bien (el cuerpo humano) que no está en el comercio, por lo que las lesiones a la salud o a la integridad corporal, solo pueden derivar en daño moral o patrimonial (ver al respecto las conclusiones de la comisión nº 2 en las XXI Jornadas Naciones de Derecho Civil realizadas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora del 27 al 29 de Septiembre de 2007, descargables en el sitio www.jornadascivil.com.ar) . En igual sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (La Ley 1975-C-87) tiene posición tomada en cuanto a la clasificación del daño, en el sentido de que el daño es la consecuencia de la lesión, y que aunque se hayan producido lesiones incapacitantes, el daño que se indemniza es la consecuencia de aquellas lesiones en el ámbito material o moral, por lo que –a nuestro modo de ver – carece de autonomía todo otro daño (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños, V.2a, Daños a las personas. Integridad psicofísica", pags. 191 y sgts.).
La sola lesión, en consecuencia no resulta indemnizable, que es lo que ha venido a plantear a esta instancia el recurrente.
c) Sin perjuicio de ello, también es cierto que no hay prueba de las supuestas lesiones.
El apelante refiere como al pasar - al comienzo de fs.462 - que se encuentran debidamente probadas “…las consecuencias disvaliosas que el siniestro provocó en la integridad física y en la salud del Sr. Rojas (fuerte traumatismo de cráneo y cervicales)…”- Sin embargo, nada refuta respecto a las afirmaciones que obran en el dictamen pericial, ni se arrima razón alguna para que el Juez se aparte de la pericia médica que presume lesiones leves, no fuertes ni graves, sin secuelas, y sin muestras de incapacidad.
Por ello es que, y atendiendo a que el daño a la integridad psicofísica en sí, y fuera del perjuicio moral o extrapatrimonial, no se puede presumir a partir de las lesiones, y no resulta en la etapa actual resarcible (De lege lata, dice Graciela Messina de Estrella Gutierrez en “Dialogos de doctrina… ob.cit.), considero que no se ha probado el supuesto daño, y el rechazo debe confirmarse.
IV.2: Propongo que el agravio relativo al monto del daño moral sea también rechazado.
En primer lugar cabe señalar que el costo del tratamiento terapéutico que el apelante invoca para que en esta instancia se eleve el monto del daño moral, constituye un daño patrimonial que no fue reclamado en la demanda (fs.42 vta.punto VII a fs.44) y que – consecuentemente - no puede ser objeto de tratamiento (art.272 del CPC).
Para avaluar el daño moral parece útil tener presente la opinión de la prestigiosa autora cordobesa Matilde Zavala de González (RCyS 2013-XI portada), quien advierte que “no se justifica una punición disuasoria cuando no está de por medio alguna reprobación de la actitud subjetiva del responsable”, señalando también - como lo hace esta Sala II - que “ante perjuicios no patrimoniales de similar entidad corresponden indemnizaciones parecidas...”
La misma autora ha dicho que “como la intimidad no es accesible, necesariamente debe acudirse a parámetros sociales de evaluación, en el sentido de percibir el daño moral según lo experimentaría el común de las personas en similar situación lesiva” (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de daños” editorial Hammurabbi tº 5 A “¿Cuanto por daño moral? Página 106 y siguientes), y que “los daños morales son perceptibles por el Juez”, pues “el juzgador como hombre común, debe subrogarse mentalmente en la situación de la víctima para determinar con equidad si él, colocado en un caso análogo, hubiese padecido con intensidad suficiente como para reclamar una reparación” (obra citada en el párrafo anterior p. 107). Si bien se ha dicho reiteradamente que la fijación del monto de la reparación del daño moral siempre queda, en última instancia, librada al prudente arbitrio judicial, no es menos cierto que en la actualidad tiene mayor aplicación la tendencia que obliga a indicar, en la sentencia, las pautas objetivas que permitieron arribar a la suma de condena (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de Daños tº 5 a : “Cuanto por daño moral” , página 80 y siguientes; Editorial Hammurabi, Bs. As. 2005).
En el mismo sentido, Carlos Viramonte y Ramón Daniel Pizarro (“Cuantificación de la indemnización por daño moral en la jurisprudencia actual de la sala civil y comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba: el caso L. Q.” en La Ley Córdoba 2007, Junio página 465) recuerdan que la “Corte Suprema de Justicia de la Nación ha insistido desde hace mucho tiempo en la necesidad de que los jueces fundamenten sus decisorios y brindan argumentos suficientes a tenor los cuales determinan el monto indemnizatorio. Ha dicho en tal sentido que "para la determinación del resarcimiento, las normas aplicables confieran a la prudencia de los magistrados un significativo cometido, no los autoriza a prescindir de uno de los requisitos de validez de los actos judiciales, cual es la fundamentación (CS, 4/10/94,JA,1995-II-19).
Los mismos autores señalan que la Corte Suprema “ha avanzado en este camino y ha afirmado, en otro fallo, que "la motivación no tiene pautas 'asépticamente jurídicas', sino que al juzgar prudencialmente sobre la fijación del resarcimiento, no deben desatenderse las reglas de la propia experiencia y del conocimiento de la realidad" (CS, 10/11/92, JA, 1994-I-159).
De tal modo, se impone al tribunal el deber de examinar las pretensiones deducidas, prudentemente, y verificar si se han producido los perjuicios que se reclaman, evitando cuidadosamente no otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonables" (CS, 24/9/96, JA, 1997-III-142).
En mi opinión, el apuntalamiento racional del monto de la reparación del daño moral pasa principalmente por fijar sumas indemnizatorias similares a los correspondientes a iguales perjuicios, razón por la cual no se requiere otra argumentación que lo escaso o excesivo comparado a situaciones semejantes, con detalle de los motivos por los cuales el modo de estar disvalioso, y diferente al que tenía la víctima antes del hecho dañoso, no se encuentra suficientemente reparado por la suma otorgada (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de Daños tº 5 a : “Cuanto por daño moral” , página 80 y siguientes; Editorial Hammurabi, Bs. As. 2005; Carlos Viramonte y Ramón Daniel Pizarro, “Cuantificación de la indemnización por daño moral en la jurisprudencia actual de la sala civil y comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba: el caso L. Q.” en La Ley Córdoba 2007, Junio página 465)
La actora ha sufrido traumatismos leves. La pericia médica ha sido clara al respecto, sin secuelas, sin incapacidad parcial o total, temporal o definitiva, y entonces, el monto por la reparación del rubro fijado en $ 3.500, satisface adecuadamente su crédito a la reparación.
Los casos y las sumas que el apelante trae a colación son claramente diferentes del de autos, toda vez que evidencian daños diferentes en cuanto a su intensidad y permanencia a los invocados en la acción.
IV.3: Más intrincada es la cuestión relativa a la tasa de interés pasiva fijada en la sentencia, como bien dice el apelante, ante una realidad inflacionaria cambiante que finalmente tornará escasamente compensatorias las sumas reclamadas al momento de demandar.
a) Recientemente (el.23.4.14) la SCBA debatió nuevamente la cuestión aunque en un asunto de naturaleza laboral y en lo que respecta a la ley 14.399 (causa L.113.328) , pero es posible extraer del voto del Dr. de Lazzari, un progresivo reconocimiento al envilecimiento de la moneda recibida por el acreedor, y la admisión de la especulación consecuente que genera un largo pleito, argumentos estos que estuvieron presentes en las decisiones que tomó esta Sala II cuando en 2006 resolvió aplicar la tasa activa (Zibechi c. Trama Sala II 126.644 RSD 168 del 21.06.07) hasta que la sentencia recaída en “ “Ponce” (Ac.101.774) del superior Tribunal impuso la continuidad de la doctrina legal sentada al comienzo de la llamada “convertibilidad”.
La mayoría de la Corte Provincial continúa sosteniendo desde 1991 la tasa pasiva, aun cuando ello acarree la cristalización de los montos que impiden que la condena redunde en una reparación plena. Ante la pérdida de poder adquisitivo del dinero, la SCBA entiende que el daño moratorio se encuentra suficientemente cubierto por la tasa pasiva, sin que sea posible alterar la elección que ha efectuado el legislador por el nominalismo, descartando el valorismo (B. 49.193 bis “Fabiano” del 2.X.2002 ratificado en causa L 107,.840 del 18.4.12).
Claro que aquella elección del legislador fue ejercida dentro de las atribuciones constitucionales que le son propias (art.75 inc.11 CN), pero cuando esa selección confrontada con la inflación, hace perder al acreedor un porcentaje significativo del capital ( CSJ Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros) , o - agrego - diluye sustancialmente la capacidad adquisitiva de su crédito, una larga tradición jurisprudencial indica que podríamos hallarnos ante una violación al derecho de propiedad ( CSJN C.866.XLII.Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ accio´n de amparo del 3.7.09 aunque requiere la absorción de esa parte por el Estado en materia tributaria) que además, se verifica especialmente cuando se trata de la reparación de daños pues - al decir de la CSJN – el derecho a la reparación del perjuicio injustamente sufrido se encuentra protegido constitucionalmente (Pizarro, Ramón Daniel “La Corte consolida la jerarquía constitucional del derecho a la reparación (primeras reflexiones en torno a un fallo trascendente y a sus posibles proyecciones futuras) en LL 2004-F,90). b) La asunción de esa situación mediante el reconocimiento de valores actuales parece irse produciendo de a poco con los ejemplos citados en el voto del Dr. de Lazzari (art.70 de la ley 26.844 y art.8 de la ley 26.773 en materia laboral), o en materia de derecho de daños, de los valores más cercanos a la sentencia, siempre y cuando se haya demandado por lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse (esta Sala II causas nro. 131.705, 144.183, 155.233, 155.146,135.729 entre otras) Sin embargo, y como la declaración de inconstitucionalidad de una ley (arts.7 y 10 ley 23.928) es la “última ratio”, las posibilidades de que el crédito del actor no continúe perdiendo poder adquisitivo se reducen a la opción de volver a fijar la tasa activa, encontrar una tasa promedio entre la activa y la pasiva (como recomienda en su voto el Dr. de Lazzari), o a seleccionar – dentro de la tasa pasiva – aquella que más se acerque al mantenimiento del valor del crédito al modo en que lo ha comenzado a hacer el Tribunal de Trabajo nro.7 de San Isidro con sede en Pilar (“La tasa de interés aplicable en las sentencias laborales” por Julio A. Grisolía en LL on line del 5.5.14).
La especulación sobre el resultado final de este aspecto de la decisión y su influencia en el crédito del recurrente es inevitable, aún cuando pueda ser criticada, entre otras cosas, por responder a una suerte de “paternalismo”, supuesta protección que nadie ha pedido. Empero, creo justificada mi persistencia en que la Suprema Corte ha demostrado una firmeza contundente al seleccionar la tasa pasiva y descartar – incluso en el voto de los Dres.Hitters y de Lazzari, que conformaron la minoría en Ponce – la tasa activa, en el entendimiento de que esta última incluye en su cómputo algunos costos propios de las entidades financieras que los acreedores particulares no deben atender, y que consecuentemente generaría para estos últimos, un enriquecimiento sin causa.
Aún cuando no comparta el argumento – pues a mi juicio la presunción de adecuación que contiene el art.622 del Código Civil, alcanza para inferir que el acreedor reemplaza el dinero que su deudor no le pagó en tiempo oportuno recurriendo al crédito bancario, y ese constituye el daño moratorio – o que considere tan constitucional la ley 14.399 como lo es, según el mismo Tribunal Superior, el art.54 inc.b de la igualmente provinciana ley 8904, lo cierto es que la fijación de un tasa activa conduciría a que el acreedor vea más empobrecido aún su crédito cuando la sentencia sea revocada – dentro de algunos años – por la SCBA para volver a fijar tasa pasiva, como viene haciendolo desde hace 23 años.
La otra alternativa consistente en una tasa que promedie ambas, o en alguna situación intermedia similar, podría contar con un respaldo minoritario, probablemente insuficiente para mantenerse como criterio aplicable al daño derivado de la mora en la obligación de reparar. c) Finalmente, la opción a la que alude Grisolía en su trabajo recientemente publicado en La Ley ya citado, respeta nominalmente la doctrina legal en tanto se mantiene dentro de la tasa pasiva – esta es la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días – solo que permite seleccionar la tasa pasiva de mayor rendimiento (como haría cualquier depositante que cuide su dinero).
Ello implica acatar la doctrina legal de la tasa pasiva, pero dentro de ella, individualizar aquella que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo “digital” a treinta días (es decir, aquellos cuyos fondos son captados a través del sistema HomeBanking de la entidad, actualmente denominado comercialmente “Banca Internet Provincia” o “BIP”), y en su modalidad “tradicional” (esto es, sin posibilidad de cancelar anticipadamente), y que es un producto bancario que dependiendo del monto rinde un interés superior al 20% nominal anual para este año 2014.
Justamente, los periódicos informan que se registra una mayor tasa de interés en este tipo de operaciones. Infobae del jueves 27 de Febrero de 2014 informa que se llega a ofrecer hasta el 30% anual. En el mismo sentido el Cronista.com del 14 de Mayo de 2014 informa que el depósito tradicional rinde en el Banco de la Nación Argentina el 10,5%, mientras que si se hace en forma electrónica asciende al 23,5% anual, al igual que “ON.24” del 27 de febrero del corriente año.
Como es posible que ese tipo de tasa no existiera a la fecha de la mora en que incurrió el demandado respecto a su obligación de reparar, será necesario que al momento de efectuarse la liquidación se libre previamente por orden del Sr. Juez A quo un oficio al Banco de la Provincia para que informe: (1) en que fecha entró en vigencia la tasa pasiva que aquí se indica (plazo fijo digital, a treinta días, modalidad “tradicional” sin cancelación anticipada, contratable a través del sistema de homebanking por internet) y (2) el historial de tasas utilizadas por el banco en dicho producto, desde la fecha en que fue ofrecido al público por primera vez, y hasta la actualidad.
Recabada esta información, los intereses se liquidarán utilizando la tasa pasiva expuesta en el párrafo anterior para la totalidad de los períodos comprendidos. Si existieran períodos a liquidar respecto de los cuales no exista la tasa de referencia (por no existir el plazo fijo digital en aquel entonces), se utilizará la tasa pasiva que paga el Banco Provincia en sus depósitos a plazo fijo “a la vista” a treinta días. Por las razones y citas legales expuestas he de proponer haga lugar parcialmente a este último agravio, lo que implica estimar en igual forma el recurso dejando establecido que la tasa pasiva a aplicarse al crédito del actor corresponde a la señalada en los tres párrafos anteriores.
ASI LO VOTO
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Pedro D.
Valle dijo:
Disiento parcialmente con el voto emitido por mi colega preopinante, concretamente, en cuanto a lo resuelto sobre la tasa de interés aplicable.
I. Desde hace tiempo que en doctrina y jurisprudencia se consagra el principio de reparación integral de la víctima. La obligación de reparar el daño causado por medio de una indemnización, encuentra sus fundamentos en el derecho internacional.
Cuando existe una violación de los derechos humanos que se tramita en una instancia internacional, tanto los instrumentos generales (en el seno de las Naciones Unidas) como los instrumentos regionales (Convención Europea de Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Humanos) determinan inequívocamente el derecho de las víctimas o sus derechohabientes a una justa indemnización (Fabián Salvioli, “Algunas Reflexiones sobre la indemnización en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en “Estudios Básicos de Derechos Humanos”, Vol. III, pp 145-164, ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1995).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha entendido: "... La obligación contenida en el artículo 63.1 de la Convención [n. del a. se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos ] es de Derecho Internacional y éste rige en todos sus aspectos como, por ejemplo, su extensión, sus modalidades, sus beneficiarios, etc.
Por ello, la presente sentencia impondrá obligaciones de derecho internacional que no pueden ser modificadas ni suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno ..." (Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso “Aloeboetoe y otros, Reparaciones”, sentencia de 10 de septiembre de 1993 párr. 43, en Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C. 1994, pág 73).
Ya en 1989 estableció que: "... La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral (Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso Velásquez Rodríguez, indemnización compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C N 7, Ed. San José de Costa Rica, 1990, pág. 21; caso “Godínez Cruz, indemnización compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C N 8, Ed. San José de Costa Rica, 1990, pág. 19) (El resaltado es propio). En nuestro país, en 1986, la Corte Suprema en los fallos "Santa Coloma" y "Gunther" (Fallos: 308:1160 y 308:1118 respectivamente), dijo que el derecho a la reparación tenía raíz constitucional y comenzó a hablarse en la Argentina del derecho constitucional a la reparación.
Decir que un derecho tiene jerarquía constitucional implica una limitación a la "libertad de configuración del legislador" cuando reglamenta lo que tiene que ver con el mismo (Ibarlucía, Emilio A., “El Derecho Constitucional a la Reparación en el Proyecto del Código Civil”, 2012, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros).
Agrega el autor citado que ya en 2004, en causa “Aquino”, básicamente la Corte dijo que la ley no consideraba al hombre en sus integridad psicofísica, y que la jerarquía constitucional del derecho a la reparación —recordando "Santa Coloma" y "Gunther" y el carácter progresivo del derecho del trabajo— no admitía que hubiera daños que no fueran reparados. En especial el daño moral que la ley no consideraba, además de la exigüidad de la reparación de la incapacidad laboral y por muerte del trabajador (Fallos: 327:3753).
Expone que el art. 1740 del Proyecto del Código Civil 2012 reza: "La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que fuere parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero...". Y explica que no establece ninguna limitación cuantitativa. No obstante –aclara-, dicen los Fundamentos, recordando el Proyecto de 1998, que uno de los aspectos más controvertidos fue la existencia de limitaciones, y precisa: "La indemnización del daño nunca es integral, porque no coincide el daño ‘real' con el ‘jurídico'. Si hay algo que pueda ser denominado ‘real', comprende muchos aspectos que, para el legitimado del derecho son importantes, pero el sistema jurídico excluye. Por ejemplo hay un régimen de causalidad que no cubre todas las consecuencias, sino sólo las previsibles porque hay que valorar la posición del agente. También hay limitaciones difíciles de superar, como ocurre, por ejemplo, con la indemnización dineraria que nunca puede conformar la desaparición de un ser querido".
Destaca que en concordancia con fallos de la Corte posteriores a "Aquino" (Fallos: 326:651 o L.L. 2005-D, 439, "Angel Estrada y Cía. S.A. c. Sec. de Energía y Puertos", 5/04/05), se reconoce que la indemnización, a su vez, tiene relación con los distintos subsistemas en los que se aplica y que hay límites en el derecho vigente, además de provenir algunos de convenios internacionales: "En otros casos —agrega—, hay diferentes modos de solucionar un mismo problema, como sucede con los accidentes de circulación: unos países lo incluyen en la seguridad social, otros lo cubren con el seguro de primera persona, otros lo regulan mediante la responsabilidad civil, la mayoría con límites en la cobertura".
Concluye en que frente a tal variedad, el Proyecto ha preferido consagrar como principio el de la reparación plena, y agrega: "Como todo principio, debe lograrse su satisfacción en la mayor medida posible, lo que no es incompatible con que, en situaciones delimitadas, pueda armonizarse con otros principios y establecerse una limitación por medio de leyes especiales" (El resaltado es propio).
II. Ahora bien, en un reciente fallo de la S.C.B.A, causa L 113.328 del 23/04/2014 “M., O. E. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ Accidente de Trabajo”, el Dr. de Lázzari, dejó a salvo su opinión en cuanto a la necesidad de revisión de la doctrina legal del Máximo Tribunal Provincial en cuanto a la fijación de la tasa pasiva para los intereses moratorios, es decir, aquellos consagrados en el 1078, 1083 y 622, del Cód. Civil.
Pues, así como la suma de dinero fijada como indemnización debe intentar recomponer todos los agravios (llámese perjuicio material, lucro cesante, daño moral, o cualquier otro nombre), no puede ser menos ajustado a derecho que los intereses que se fijen deben regularse según el mismo principio: han de contribuir a que el resarcimiento sea integral u omnicomprensivo (SCBA, causa L 113.328 del 23/04/2014 “M., O. E. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ Accidente de Trabajo”, del voto del Dr. de Lázzari). ¿En qué consisten y cuál es la función de los intereses moratorios?
Los intereses moratorios constituyen la forma específica de indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria, o sea que, en principio, reemplaza a los daños y perjuicios que corresponden en el caso de incumplimiento de otras clases de obligaciones. (conf. Trigo Represas, Félix A.- Campagnucci de Caso, Rubén H., “Código Civil Comentado”, Obligaciones, T.I. Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2005, p. 493). Como todos sabemos, los jueces de esa Suprema Corte han establecido con la fuerza propia de su doctrina –por mayoría- que la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios es la pasiva usada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento, es decir, la misma que el banco paga a sus ahorristas (SCBA causa 101.774 del 21/10/2009, “Ponce”).
Sin embargo, hace tiempo que la judicatura, comienza a buscar formas alternativas que permitan una solución distinta a dicha doctrina legal, por considerar que la misma resulta insuficiente para proteger los créditos. Así, los Tribunales Laborales 2 y 3 de La Plata, 4 de Morón y 4 y 5 de San Isidro, vienen aplicando la tasa activa, al igual que en otras jurisdicciones como Capital Federal, Santa Fé, Mendoza, Río Negro (vrg. Tribunal N° 1 de La Plata, “Ojeda Juan Carlos c/ Ministerio de Obras y Servicios Públicos-UEPFP s/ Despido” 22/11/2013, ver artículo La Ley ON line, del 5/5/2014, AR/Doc/1349/2014, Grisolía Julio Armando, “La Tasa de Interés aplicable en las sentencias Laborales”). Recientemente el Tribunal de Trabajo N° 7 de San Isidro, en fallo (“Czernecki Jorge Alberto c/ Rezagos Industriales S.H.S. s/ Despido” Expte. N° 6597-2012), dispuso –según novedoso voto de la Dra. María Elena López- una nueva solución respecto a la aplicación de la tasa pasiva, adecuado al estrecho margen al que han quedado reducidas las facultades del artículo 622 in fine del Cód. Civ. y sin apartarse de la doctrina legal de la S.C.B.A. Tomando como punto de partida el voto del Dr. Hugo Guida del Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata, que en causa “Ojeda Juan Carlos c/ Ministerio de Obras y Servicios Públicos-UEPFP s/ Despido” 22/11/2013, “La Tasa de Interés aplicable en las sentencias Laborales”, quien se pregunta qué tasa pasiva debe aplicar, dado que observa la existencia de varias tasas pasivas en el marco de lo que la entidad bancaria abona a sus depositantes, concluye el Tribunal Sanisidrense que, revisando las distintas tasas pasivas que abona el Banco Provincia para sus operaciones a 30 días, corresponde, en función del principio protectorio, fijar la más beneficiosa a los trabajadores, es decir, la que surja de comparar la tasa que el Banco paga a los ahorristas a 30 días con la misma tasa de interés que paga el mismo Banco a sus clientes a través del sistema “Banco Internet Provincia” (tasa digital) por imposiciones mínimas de $1000 a 30 días –postura seguida por mi Colega de Sala-.
En opinión del Dr. De Lázzari, que comparto, el art. 622 otorga a los jueces, para el caso de que las partes no hubieran convenido la tasa de interés ni hubiera una ley especial que hubiera fijado una en particular, facultad de determinar los intereses que habrá de producir cierto capital –o más precisamente- la tasa según la cual se han de calcular (SCBA, causa L 113.328 del 23/04/2014 “M., O. E. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ Accidente de Trabajo”).
Dice que el ejercicio de esa discrecionalidad debe ser prudencial, debiendo el magistrado atender al juego armónico de diversos principios: la compensación que debe recibir el acreedor y el plexo de valores implícitos en los arts. 953 y 954 del Cód. Civ. Completa el concepto al establecer que con la fijación de los intereses por parte del juez no debe pretenderse corregir la depreciación monetaria o subsanar los efectos de la crisis económica (SCBA Causa “Fabiano”, sent int. del 2/X/2002), ni tampoco deben establecerse tasas tan excesivas o tan escasas que la función de los intereses quedase desnaturalizada.
En palabras del Ministro, “…si bien el deber de mantener el valor del crédito es impuesto a los jueces, no se les indica mecanismo alguno que deba aplicarse o que sirva a esos efectos. Otra vez, como en muchas otras ocasiones, el legislador indica una finalidad a conseguir, un derecho a proteger o una meta a alcanzar, pero deja a criterio de los jueces el preferir el camino a recorrer para alcanzarla, o elegir el medio para obtener la finalidad propuesta, o el instrumentar las formas con las que se ha de amparar un determinado derecho”.
Se ha dicho que las sentencias deben hacer mérito de los efectos de esa decisión, tanto en el orden particular del pleito resuelto como en el plano general. Ello siguiendo la reiterada jurisprudencia del más Alto Tribunal federal –y recordada por la misma SCBA en su fallorelativa a que los Jueces no pueden desentenderse de las consecuencias de sus fallos y que la preservación de las garantías individuales debe compatibilizarse con la del interés general, cuya tutela anticipa el Preámbulo de la Carta Magna (CSJN, fallos 313:532; 313:1232; considerando 22, votos de los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, concurrente considerando 24, voto del doctor Fayt en la causa R. 1309 XLII, “Rosza, Carlos Alberto y otro s/ Recurso de Casación”, sent. del 13-IV-2007).
III. Siguiendo la línea de estos pensamientos, no cabe duda alguna que el principio de reparación integral al que hemos hecho alusión al inicio, implica el reconocimiento de una suma de dinero por cada uno de los ítems por los que se hace lugar en una sentencia que, según los casos, correspondería que hubieran sido abonados o bien desde la fecha que el hecho dañoso ocurriera o, desde que cada desembolso se hubiera efectuado.
Surge así claramente la existencia entonces de una mora imputable al deudor a favor del acreedor, titular del derecho indemnizable que se reconoce.
Dicho esto y en virtud de la facultad que me otorga el art. 622 del Cód. Civ. en cuanto a la determinación de los intereses que se deben abonar, es que propongo la siguiente solución.
No tengo dudas de que cualquier persona que cuente con dinero a su favor, desde el momento en que el mismo hubiera ingresado a su patrimonio, más allá del destino personal que hubiera querido darle al mismo, le cabe lo que a todo ciudadano común en el ámbito del sistema económico capitalista en el que vivimos pueda realizar, pues es un hecho notorio, el depósito de tal dinero en una entidad bancaria, como mínimo dentro del sistema habitual de colocación por 30 días, renovable y con capitalización de los intereses que se acumulen (argto. del art. 384 del C.P.C.C.).
En efecto, la tasa debería ser superior si se tuviera en cuenta su carácter naturalmente acumulativo -las inversiones se realizan, en su abrumadora mayoría, a 30 días, al cabo de los cuales se renuevan-, por lo que el valor a considerar no debiera ser simplemente la tasa pasiva sino su proyección efectiva anual, esto es, la pasiva capitalizada cada treinta días.
Sin embargo, la doctrina civilista tradicional fue en general conteste en señalar que existe una prohibición legal del anatocismo, en cuanto veda lo que se consideraba una de las formas más o menos encubiertas de la usura, revistiendo -a juicio de algunos autores- el carácter de norma de orden público, por estar supuestamente en juego la regla moral (Conf. LLAMBIAS, Jorge J. "Tratado de derecho civil. Obligaciones", t. 11. p. 246, núm. 931; BORDA, Guillermo A., "Tratado de derecho civil. Obligaciones", t. I, p. 421, núms. 494 y sigts.: SALVAT, Raymundo y GALLI Enrique, "Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones en general" t. I, p. 445, núm. 502, citado por Palacio, Lino Alberto “Hacia el fin del "anatocismo"AR/DOC/13201/2001). Veamos.
El art. 623 del Cód. Civ. establece: “No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; op cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuere moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza”.
A más de la repetición dogmática de lo que la doctrina y la jurisprudencia han interpretado, algunos jueces han elaborado otras justificaciones igualmente erróneas de la prohibición del anatocismo cual es, por ejemplo, señalar que "El anatocismo no se permite porque significa retribuir al acreedor por el uso de un dinero que él no ha facilitado a la contraparte, que es el interés capitalizado al margen de las pautas legales señaladas, lo cual ofende entonces la noción de justicia distributiva dado que no se encuentra motivo para dicho pago el que no puede darse sin razón que lo sustenta" (CNCiv., sala I), (Rev. LA LEY, t. 1986-A, p. 298). Razonamientos como el transcripto desconocen el carácter fungible de la moneda y la circunstancia de que el interés, fruto del capital, integra el patrimonio del acreedor y en tanto el deudor no se lo ha entregado pese a pertenecerle a aquél, debe pagar por su uso como por cualquier otro capital que una persona usa sin pertenecerle. (Palacio, Lino Alberto, ob. cit.).
Ocurre que el dinero en tanto es fungible no puede ser distinguido entre capital e interés, integrando por igual el patrimonio del acreedor y devengando una retribución en tanto su dueño se prive de él; el acreedor, que pudo haber gastado, o invertido, o represtado el dinero constituido por intereses de su capital originario, tiene tanto derecho a que aquél fructifique como el resto. (Palacio, Lino Alberto, ob. cit.). Pues bien, doctrina especializada ha entendido que la prohibición a la que hace referencia la primera parte del artículo 623 del Código Civil, tiene sólo un carácter relativo, atento a que como admite en ciertos casos la capitalización de intereses, ello evidencia que la ratio legis no ha sido la de considerar a la misma como intrínsecamente disvaliosa y de vedarla por ley (CSJN, 2-3-82, L.L. 1982-C-82). (Trigo Represas-Campagnucci de Caso “Código Civil Comentado, Obligaciones”, T° I, Rubinzal Culzoni, 2005, pág. 507/508). De allí, que lo que el artículo 623 prohíbe, es que sin haber pactado capitalización, un contratante se la imponga luego al otro. Tendríamos motivo para hacer una objeción con base en esta norma si las partes hubieran celebrado un contrato y fijado sus intereses, sin pactar capitalización. Si luego el acreedor pretendiera cobrar los intereses con capitalización, habría que decirle que eso no es posible sin el consentimiento de su contraria (Barbero Ariel E, “Interés moratorio. Improcedencia de fijarlo por remisión a operaciones bancarias inexistentes”, LEY 04/11/2008, - LA LEY2008-F, 1040). Ese es el ámbito genuino de aplicación del art. 623 del Cód. Civ.
Pero esto no quiere decir que cuando los jueces se remiten a una operación bancaria para fijar un interés, que por hipótesis nadie pactó, no lo puedan hacer de modo coherente, incluyendo todo lo que determina su resultado económico (Barbero Ariel E, ob. cit).
El juez que fija el interés de modo indirecto (remitiéndose a una operación) no está ordenando al deudor moroso que celebre esa operación, ni por supuesto está decidiendo que esa convención lleve intereses capitalizados, cosa que si violaría el art. 623 del Código Civil. El juez no está juzgando las cláusulas de una operación bancaria entre las partes, ni imponiéndoles una futura, sino refiriéndose a una (que aquellos no han celebrado) como pauta. Esa operación bancaria no vincula al deudor con el acreedor, sino que es el criterio para determinar el alcance de sus derechos y obligaciones (Barbero Ariel E, ob. cit.).
A mi criterio, y siguiendo al autor citado, la prohibición de capitalización de intereses no debe entenderse de forma rígida sino que este concepto debe ser flexibilizado en la inteligencia de considerar que la posibilidad de capitalizar intereses se encuentra implícita en el art. 623. La norma impide que se agregue capitalización a una convención que no la tenía, pero no obliga a eliminarla de otra que sí la contempla, vgr. –la tasa de interés que pagan los Bancos por los depósitos a 30 días, incluye en la operatoria normal y habitual, su capitalización.- Es decir, cuando un Juez fija un valor con remisión a una tasa que contiene capitalización, debe hacerlo de modo íntegro.
Y cuando la Suprema Corte establece que la tasa a la que deben calcularse los intereses moratorios, es la pasiva usada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento, es decir, la misma que el banco paga a sus ahorristas para los depósitos a 30 días, se está refiriendo a una operatoria que en los hechos, incluye capitalización de intereses.
Por todo lo expuesto, considerando que el principio de reparación integral al que me referí ab initio de este acápite implica el reconocimiento de una suma de dinero por cada uno de los ítems por los que se hace lugar en una sentencia que, según los casos, correspondería que hubieran sido abonados o bien desde la fecha que el hecho dañoso ocurriera o, desde que cada desembolso se hubiera efectuado, estimo que corresponde establecer que la tasa aplicable debe ser la pasiva que el Banco Provincia paga a los ahorristas por sus depósitos a 30 días por imposiciones mínimas de $1000 (doctrina legal de la S.C.B.A.), capitalizada cada 30 días.
En consecuencia, corresponde liquidar los intereses del sub lite de conformidad a lo expuesto en el párrafo anterior, en los períodos correspondientes.
ASI LO VOTO
A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Ricardo D.
Monterisi dijo:
Adhiero al voto del Dr. Loustaunau por los mismos fundamentos.
ASÍ LO VOTO
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde, por mayoría, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora, y dejar establecido que la tasa de interés fijada en la sentencia es aquella que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo “digital” a treinta días (es decir, aquellos cuyos fondos son captados a través del sistema HomeBanking de la entidad, actualmente denominado comercialmente como “Banca Internet Provincia” o “BIP”), y en su modalidad “tradicional” (sin posibilidad de cancelar anticipadamente), en los términos y con los alcances fijados en los últimos tres párrafos del considerando IV.3.c. Propongo que las costas por el recurso se impongan – conforme el resultado obtenido - en un 70% a la actora y en un 30% a la demandada, y diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art.51 del decreto ley 8904.
ASI LO VOTO
Los Sres. Jueces Dres. Pedro D. Valle y Ricardo D. Monterisi votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta por mayoría la siguiente sentencia: I) Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora, dejando establecido que la tasa de interés fijada en la sentencia es aquella que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo “digital” a treinta días (es decir, aquellos cuyos fondos son captados a través del sistema HomeBanking de la entidad, actualmente denominado comercialmente como “Banca Internet Provincia” o “BIP”), y en su modalidad “tradicional” (sin posibilidad de cancelar anticipadamente), en los términos y con los alcances fijados en los últimos tres párrafos del considerando IV.3.c. II) Las costas por el recurso se imponen – conforme el resultado obtenido - en un 70% a la actora y en un 30% a la demandada (arts.71 y 274 del CPC), III) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art.51 del decreto ley 8904. Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art.135 del CPC). Devuélvase.
Roberto J. Loustaunau Pedro D. Valle Ricardo D. Monterisi Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia