Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8122
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aclarar el punto 2 de la sentencia en el sentido de que se admite el reclamo correspondiente a la multa del art. 2 de la ley 25323 y se desestima el reclamo por la sanción conminatoria del art. 132 bis de la LCT.-
2Desestimar los demás agravios y confirmar la sentencia en los demás aspectos.-
3Sin imposición de costas en la instancia por no haber sido contestados los agravios (art. 68 y 278 CPCC).-
4Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se encuentren regulados en la instancia de grado.-
5Tener presente la reserva del caso federal.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8122 Sentencia: 3025 Actor: Romano, Leonardo Demandada: CLEVER TECNOLOGIA ARGENTINA S.R.L.
Objeto: Laboral Fecha: 03/10/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 3 de octubre de 2023 se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “ROMANO LEONARDO C/ CLEVER TECNOLOGIA ARGENTINA S.R.L. S/ LABORAL” Expte. N° 1247/21, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Puerto Deseado, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 8122/23. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Humber-to E. Monelos y Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. En documento PE214793-2021 se presentan los Dres. María C. Sotomayor y Luis María Della Rosa en representación de Leonardo Alberto Romano, promueven demanda laboral contra Cle-ver Tecnología Argentina SRL por la suma de $ 1.283.621,12 en concepto de horas extras, despido incausado, preaviso, SAC en diferentes conceptos, integración del mes de despido, y multas art. 2° Ley 25.323 y art. 80 LCT, intereses, depreciación monetaria. Afirman que Romano se desempeñaba desde el 22 de marzo de 2018 para la firma demanda-da, cubriendo diferentes puestos siempre dentro del rubro de seguridad e higiene. Refieren que ante el reclamo del pago de horas extras, la empresa informa que finalizaría el contrato de trabajo y se abona-rían con la liquidación final. Ello generó un intercambio epistolar entre las partes hasta que la empresa informa el despido el 28 de febrero de 2019. Sostienen que el despido lo fue sin justa causa y practi-can liquidación de los rubros adeudados. La parte demandada no fue localizada y se dió intervención al Defensor en su carácter de defensor de ausentes, y se declaró la cuestión de puro derecho. En do-cumento PE805292-2023 se dicta sentencia que admite la demanda por los rubros derivados del des-pido más intereses a tasa activa del Banco Nación, desestima la multa del art. 2 de la ley 25323, impo-ne las costas al demandado y difiere la regulación de honorarios.
II. En documento PE831122-2023 la parte actora presenta aclaratoria, revocatoria y apelación en subsidio con relación a dicho decisorio. Solicita en primer lugar, se aclare lo dispuesto en la parte resolutiva con relación a la multa dispuesta por el art. 2 ley 25.323, ya que los puntos del fallo se con-tradicen. Supone la parte que el Juez pretendió decir en el punto II que no se hacía lugar al reclamo con concepto de indemnización art. 43 Ley 25.345 (art. 132 bis LCT), pero solicita se aclare. En los demás fundamentos se agravia en primer término por iguales fundamentos a los expues-tos en la aclaratoria. Seguidamente se agravia por cuanto el juez de grado no trata la actualización de montos por depreciación monetaria y/o la solicitud de inconstitucionalidad de las normas que prohí-ben la indexación, y por haberse denegado la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT.
Con relación a la multa art. 80 LCT refiere que no se ajusta a lo señalado por el juez de grado ya que el actor intimó la entrega de los certificados mediante la remisión de una carta documento que transcribe; e igualmente señala que hasta el momento de recurrir los certificados no fueron entregados. Solicita se revoque lo decidido en este aspecto.-
En segundo término se agravia por haberse omitido el tratamiento de la actualización de los créditos laborales. Invoca la aplicación del art. 276 de la LCT. Señala que la depreciación monetaria es pública y notoria y que solicitó que se aplique la actualización de los montos reclamados repotencian-do el capital reclamado, utilizando para tal operación el índice de actualización paritaria del sector de la construcción, con más un interés de un punto y cuarto por ciento (1,25%) mensual (quince por ciento -15%- anual), como fue aplicado anteriormente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Recuerda que en forma subsidiaria propuso la declaración de inconstitucionalidad de lo dis-puesto por el art. 7° de la Ley 23.928 (modificado por art. 4° de la Ley 25.561), por ser violatorio del derecho de propiedad del actor. Cita un antecedente de esta cámara de apelaciones de fecha 16 de junio de 2022, “Pérez, Raúl Ramón vs. Minera Santa Cruz SA s. Demanda laboral”,Tomo XCVI, Re-gistro 2955, Folios 156/166. Hace reserva del caso federal.- Los agravios no fueron contestados, los autos se remiten a esta Cámara con la certificación de estilo.-
III. En atención a que el Juez de primer instancia no se ha pronunciado con relación a la acla-ratoria peticionada, por imperativo del art. 277 del CPCC, por remisión de la ley 1444 corresponde en esta instancia su análisis.-
Con relación a la primera cuestión propuesta entiendo que asiste razón al recurrente habida cuenta que de una lectura integral del fallo de la instancia de grado, se desprende que se admite el reclamo correspondiente a la multa del art. 2 de la ley 25323 y por otro lado se trata la improcedencia de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la LCT. Por tal razón corresponde modificar la sentencia conforme lo analizado en los considerandos declarando la procedencia de la multa del art. 2 de la ley 25323 y rechazando la sanción dispuesta por el art. 132 bis de la LCT, de conformidad con los argu-mentos expuestos en la sentencia de grado y que en el particular no merecieron agravios.-
IV. Falta de tratamiento de la actualización de créditos laborales. El actor requiere en su escri-to de demanda la aplicación de la tasa activa, a lo que se hizo lugar en el fallo y en otro apartado se actualice los montos por depreciación monetaria y en forma subsidiaria peticiona la inconstitucionali-dad de la ley 23928. En la sentencia de grado el Juez hace lugar a la utilización de la Tasa activa sobre los montos de condena, tal como fue requerido. No se pronunció respecto a lo demás interesado. Tal como se menciona en forma reiterada la liquidación de los rubros de condena es la traducción de la sentencia en términos económicos. Es decir debe reflejar la realidad en cuanto a los fundamentos brindados en el fallo.
En el caso al momento de expresar agravios el recurrente no demuestra de que modo esa forma de cálculo -propuesta por el sentenciante- afecta el patrimonio del trabajador. Reali-zando un examen aproximado a modo ejemplo se observa que el monto de condena con la tasa activa tal como fue dispuesto en la sentencia arroja al día de hoy aproximadamente más de dos millones de pesos de intereses, la inflación acumulada desde el distracto a la fecha es de 275% , es decir que la suma que arroja el cálculo luce acorde con la realidad económica. No se evidencia una desproporción tal que genera una afectación al trabajador que amerite el dictado de inconstitucionalidad de una nor-ma. Tengo presente además que la depreciación de la moneda y la inflación existente no es un fenó-meno que afecta sólo al trabajador, sino que también los empleadores se ven inmersos en este fenó-meno y la sociedad toda y que desde el poder judicial también debe velarse por el equilibrio.
Al res-pecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que "...Es procedente el agravio referido a la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la Ley 25.561, que modificó los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, reemplazando el término australes por pesos, pero manteniendo vigente la prohibición de actualización monetaria, indexación de precios y repotenciación de deudas para aquellas obliga-ciones de dar sumas de dinero, pues no se encuentra acreditada una afectación al derecho de pro-piedad del actor de tal magnitud que sustente la declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, mas aun cuando el a quo aplicó a las sumas adeudadas un interés equivalente al pro-medio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales (del dictamen de la Sra. procuradora Fiscal al que la Corte remite)." (en Puente Olivera Mariano c/ Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur S.R.L. s|despido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8-nov-2016, Cita: MJ-JU-M-101872-AR | MJJ101872).
En igual pronunciamiento se hizo referencia a los precedentes "Chiara Diaz" (fallos:329:385) y "Massolo" (fa-llos: 333:447) reiterando que la aplicación de cláusulas de actualización monetaria significaría traicio-nar el objetivo antiflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales 23938 y 25561. En similar sentido se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones en Expediente CNT 52162/2016/CA1, SENT. DEFINITIVA 84876, AUTOS: “ALTAMIRANDA, Luis Guillermo c/ GALENO ART S.A. s/ Acciden-te Ley Especial”, 17 días del mes de MARZO de 2021. (www.cij.gov.ar). Es del caso recordar que la inconstitucionalidad de una norma es el último recurso que pude tener la magistratura para salvaguar-dar un derecho; entendiendo en el caso que existen otras formas de lograr recomponer el crédito del trabajador sin llegar a dicho extremo, como lo es la tasa de interés dispuesta en la sentencia de grado.
Establecer un criterio como propone el recurrente, para el caso de créditos laborales sin anali-zar concretamente como afectaría el crédito del trabajador o porque razón la indemnización otorgada es insuficiente, podría repercutir en forma desfavorable aún para toda la sociedad en su conjunto, habida cuenta que las medianas empresas y pequeños comerciantes no podrían hacer frente a los pa-gos de créditos laborales sin perder su equilibrio financiero; generando de este modo un precedente que podría repercutir aún peor en materia de empleo. Tengo presente además que el Fiscal ante la Cá-mara se ha expedido en similar sentido y se tiene en cuenta.- Resta señalar que si bien el recurrente cita un antecedente de esta Cámara de Apelaciones quien escribe no fue parte en dicho decisorio habiendo sido un voto de los Dres.
Monelos y Alonso.
Por estos fundamentos entiendo que el crédito del trabajador recompuesto a la tasa activa del Banco Nación promedio mensual para operaciones de descuento de documentos a 30 días es una forma válida dentro de la legislación vigente para recomponer el crédito del trabajador y no corres-ponde la actualización como pretende el recurrente, por no encontrarse debidamente demostrado el agravio (arts. 276 LCT, 90 y ccs. ley 1444).-
V. Indemnización del art. 80 de la LCT. El actor reclama la procedencia de esta multa en el escrito de demanda y en agravios sostiene que se libró una intimación mediante CD. Lo cierto es que si bien se invocó ello no se acreditó este recaudo mínimo que exige la ley para la procedencia de la multa que es la intimación previa. Asiste razón al Juez de grado en este aspecto habida cuenta que no obra en autos la intimación fehaciente a la empleadora pra la entrega de las certificaciones de estilo. En atención a ello corresponde desestimar la solicitud de multa e incorporar en el fallo la condena a la entrega de las certificaciones correspondientes al art. 80 de la LCT en igual plazo de cumplimiento de la sentencia bajo apercibimiento de la procedencia de la multa. Por las razones hasta aquí expuestas entiendo que debe aclararse la primera cuestión como se solicita y desestimarse los restantes agravios.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
VI. Que esta causa contiene aristas que la diferencian de las consideraciones que tuve en vista en mi voto en los autos "Pérez, Raúl Ramón c/ Minera Santa Cruz S.A. s/ demanda laboral" que se invoca en agravios. En el recurso se pretende que además de la recomposición del capital por la tasa activa se le sume un reajuste por desvalorización monetaria por un índice que propone. Shyloc maneja la pluma del recurrente, pues la simple operación de doble recomposición de la indemnización en la forma pretendida le origina un resultado alejado de la equidad y resulta abusiva. El recurrente no ha señalado la forma que lo afecta la solución de la sentencia desarrollando el agravio de tal forma de señalar de que forma la sentencia se encuentra equivocada. Ergo no da pleno cumplimiento al art. 264 del CPCC.- Quiero recordar que en el precedente invocado ambas partes habían recurrido, el actor por la indexación y la empleadora atacó la tasa de interés. Ello permitió que se redujera tasa de interés al 8% anual establecida universalmente para las obligaciones en monedas estables y para llegar a una suma estable se dispuso como forma de indexar que las indemnizaciones se fijaran tomando en cuenta la remuneración actual de un operario en la misma categoría y antigüedad que tenía el actor de esos au-tos. En esta causa la tasa de interés no ha sido atacada por lo que se puede incurrir en reformatio in peius modificándola oficiosamente. Ello me lleva a adherir al voto de mi distinguida colega en un todo siendo lo expuesto un comentario que entendí obligatorio al invocarse un precedente de mi auto-ría, pero con distintas circunstancias fácticas y de congruencia.
Comparto la solución brindada a las demás cuestiones propuestas en agravios.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA Dra. Griselda Bard dijo:
VII. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el si-guiente pronunciamiento 1º) Aclarar el punto 2 de la sentencia en el sentido de que se admite el re-clamo correspondiente a la multa del art. 2 de la ley 25323 y se desestima el reclamo por la sanción conminatoria del art. 132 bis de la LCT. 2º) Desestimar los demás agravios y confirmar la sentencia en los demás aspectos. 3º) Sin imposición de costas en la instancia por no haber sido contestados los agravios (art. 68 y 278 CPCC). 4º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Tener presente la reserva del caso fede-ral. 6º)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
VIII. Que coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 3 de octubre de dos mil veintitres.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial.
1. Aclarar el punto 2 de la sentencia en el sentido de que se admite el reclamo correspondiente a la multa del art. 2 de la ley 25323 y se desestima el reclamo por la sanción conminatoria del art. 132 bis de la LCT.-
2. Desestimar los demás agravios y confirmar la sentencia en los demás aspectos.-
3. Sin imposición de costas en la instancia por no haber sido contestados los agravios (art. 68 y 278 CPCC).-
4. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se encuentren regulados en la instancia de grado.-
5. Tener presente la reserva del caso federal.
6. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Jorge O. Alonso no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y constituir mayo-ría.- FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201037S.231 Tomo: XCIX Sentencia: 3025 Folio Nº: 071/075 Secretaria: 1
Fin de la sentencia