Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 844/864 vta. por el defensor de GERMÁN HORACIO ROMERO, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:026 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 25 de noviembre de 2018 AUTOS: "ROMERO GERMÁN HORACIO S/INF. ART. 80 Y 45 DEL CP", Expte. Nº R-994/16/T.S.J.-
I.-) Que llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 844/864 vta. por la defensa particular de GERMÁN HORACIO ROMERO, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo, a fs. 824/834, el que resuelve "1º) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 776/802 por el Defensor particular de GERMÁN HORACIO ROMERO...".-
II.-) Que la defensa de ROMERO planteó "...se vulnera el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y el derecho de igualdad... restricciones indebidas al derecho de defensa en juicio, violación al debido proceso y a la igualdad de armas. Impugnamos la sentencia pues se ha violado claramente el derecho de defensa en juicio y el debido proceso en perjuicio de esta parte ya que se nos ha impedido arbitrariamente y en base a una normativa inconstitucional proponer y controlar la principal prueba de cargo que es son (sic) las pericias psicológicas y psiquiátricas, a través de un especialista en psicología, ya que la normativa que regula los peritos de control (art. del Código Procesal Penal de Santa Cruz establece que los peritos de control tienen que estar matriculados en el Colegio profesional respectivo. El punto concreto de agravio y que violenta el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso en perjuicio de esta parte es que para matricularse los profesionales en cuestión (psicólogos) se ha instaurado un sistema arbitrario y cerrado que anula la libertad de matriculación y de libre elección del perito de confianza por parte de la defensa..." (fs. 849).- Agregó que se agravia por la "...arbitrariedad y a parcialización en la valoración de la prueba. Fundamentación solo aparente en el fallo impugnado. Todo ello nos permite afirmar que no solo se vulneró el derecho aplicable mediante la obtención de conclusiones que carecen de todo sustento normativo, sino que además de ello se utilizan afirmaciones dogmáticas y subjetivas y se valen de preceptos y premisas de excesiva amplitud que configuran un fallo arbitrario a la luz de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación..." (fs. 855 vta.).- Manifestó que se agravió por la "...inconstitucionalidad en general de listas cerradas de peritos..." (fs. 855 vta.).-
Se agravió por la "...inconstitucionalidad en particular de listas cerradas de peritos en la provincia de Santa Cruz. En el caso especial de autos por otra parte es más patente la irracionalidad del sistema de listas cerradas para los peritos, pues dichas listas ni siquiera son confeccionadas por el Poder Judicial Provincial sino que el acceso, control de acceso, permanencia, sanciones y expulsiones está a cargo de un organismo privado, como es el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz, por lo cual la falta de garantías denunciadas en el orden nacional se acentúan en un sistema así programado como en Santa Cruz. O sea ni siquiera los requisitos de acceso son reglamentados por el Poder Judicial... no discutimos que pueda haber reglamentación de acceso y permanencia en las profesiones, pero si tachamos de inconstitucional cuando dicha reglamentación es arbitraria, absurda, irrazonable como es el caso de Santa Cruz, por los requisitos que hay que cumplir para inscribirse en dicho Colegio de Psicólogos. Por lo cual los argumentos que utiliza el Tribunal que se recurre utiliza una argumentación circular para avalar tal irracional sistema de matriculación, pues mencionada (sic) que todo sistema profesional tienen que estar reglamentado pero sin entrar a analizar cómo lo efectuado esta parte si tal reglamentación es constitucional o afecta el debido proceso y garantías constitucionales de los ciudadanos. Por lo cual es una sentencia arbitraria pues la fundamentación para rechazar el pedido de esta parte sobre el punto constitucional oportunamente introducido y mantenido ha sido rechazado con una fundamentación arbitraria y con una fundamentación aparente y circular..." (fs. 858 vta.).- Agregó al respecto "...esta violación se magnifica también en este caso, pues la propia sentencia que se recurre les otorga a los informes periciales valor de prueba dirimente junto a la prueba testimonial, por lo cual y al ser una prueba dirimente y que esta parte no pudo refutar con las mismas armas que la acusación corresponde declarar la nulidad de la sentencia que se recurre, como asimismo del régimen de colegiación de psicólogos de la provincia de Santa Cruz..." (fs. 858 vta.).-
Se agravió por la "...violación al debido proceso y a la igualdad de armas con la acusación. En efecto y dadas las circunstancias de hecho relatadas se ha producido una afectación grave y seria al debido proceso y al derecho de defensa de esta parte, derechos estos que comprenden tal como lo sostiene la Corte Suprema el derecho de controlar en paridad de armas las pruebas de la acusación y también el de ofrecer pruebas de descargo, derechos conculcados en este proceso, pues como se ha referido no se pudo controlar de manera adecuada, técnica y en paridad de condiciones como correspondía a las pruebas testimoniales aportadas por la acusación..." (fs. 860).- Sostuvo "...la sentencia impugnada reviste el carácter de arbitraria..." y agregó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y doctrina (fs. 863 vta.).-
Finalmente, hizo reserva y mantenimiento del caso federal "...nuestra parte mantiene en esta instancia la reserva del Recurso Extraordinario y del caso Federal oportunamente opuesto en este proceso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendiendo a la violación por parte de la resolución impugnada de expresas normas de garantías constitucionales (art. 16, 17, 18 y 19 CN) por la vía del art. 14 de la Ley 48, doctrina de la arbitrariedad y/o mediante Recurso de Apelación previsto por el art. 256 del CPCC. En especial se ha denunciado la violación al debido proceso, al derecho de defensa en juicio, contemplados en las normas antes mencionadas, como asimismo el derecho a poder refutar la acusación con paridad de condiciones que el acusador público, a tenor de lo normado en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos..." (fs. 864).- III.-) Que a fs. 875 se ordena traslado del recurso extraordinario al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, a fs. 876/877 vta., dictamina que: "...el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica. Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco, que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras (...) La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa (...) Este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley Nº 48, constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del Recurso Extraordinario...
Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende, no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo...". Por lo antedicho, concluye que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.- IV.-) Que corresponde, entonces, verificar si se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de marras, tal y como lo dispone el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable a la especie); los arts. 14 y 15 de la Ley n° 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.
A fin de definir si la cuestión federal planteada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:3081).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente no dió cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al no presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, el análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que deben cumplir los escritos de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada una de las cuales no sobrepasa los 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal [conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007] y que no consignó el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Al analizar los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es asimilable a sentencia definitiva [entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633)], fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales (inciso a); así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual se encuentra cumplido en la presentación en estudio. Hasta aquí llega el cumplimiento de los requisitos del artículo 3º.- Ahora bien, al continuar con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple cabalmente con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del art. 3° de la Acordada N° 4/2007, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Constitución Federal y que, dice, han sido menoscabados [conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007].-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Entre otros requisitos, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. La cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales.-
El recurrente funda su recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (cfr. fs. 849).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se decidió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, sobre la responsabilidad penal del encartado, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario (cfr. Fallos: 101:70 y sum. Fallos: 148:62; y 307:129).-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 844/864 vta. están referidos en última instancia a la aplicación de derecho común, como así también el intento de introducir agravios que no fueron planteados en la etapa casatoria, por lo que fácil resulta advertir que tales causales devienen inatendibles para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad de los recursos extraordinarios son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; y b) Ese tipo de normas no afectan el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal (cfr. Palacio, Lino Enrique, El recurso extraordinario federal, Abeledo Perrot, 1997, pág. 161). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como exégeta final del derecho común.- En esta inteligencia ha entendido el Cimero Tribunal Nacional que "...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.-
Por otra parte, no se desarrolla en el escrito "...la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas..." [conf. inciso d) del art. 3º], como así tampoco la "fundamentación autónoma" a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte-). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 323:1261 y 331:809).- Tampoco se advierte "...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ni que la decisión impugnada es contraria al derecho esgrimido por el apelante con fundamento en aquéllas..." [cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)].-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432; y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
V.-) Que con respecto del otro carril por el que se intenta encauzar el recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos: 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; y 297:100).-
No puede prosperar la denuncia de arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que las configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "...No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2002, 'G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro', LL 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en la causa y de la normativa aplicable que no se vislumbra como arbitraria.
Sobre esta cuestión, es oportuno traer a colación parte de los considerandos de la resolución obrante a fs. 824/834 "...una prueba elocuente de lo mencionado anteriormente, resulta ser el pedido de nulidad alegado por el recurrente, sosteniendo que en el proceso se afectó el derecho de defensa; toda vez que, en las anteriores instancias, la defensa ha sido meramente formal, privándolo a su asistido de una defensa eficaz. Para sustentarlo, la defensa se basa en doctrina y jurisprudencia -fs. 781/784-, que éste Tribunal Superior de Justicia, las comparte totalmente, debiéndose aclarar que, sin perjuicio de ello, dichos conceptos no se ajustan al proceso en cuestión... los agravios de la defensa no exhiben una hipótesis de arbitrariedad.
La sentencia no ha marginado ningún elemento de prueba, cuya consideración hubiera llevado a un fallo distinto. Sabemos que, efectivamente, una sentencia que prescinda de ponderar prueba relevante ingresada legítimamente al proceso, constituye una hipótesis de arbitrariedad, pues, la motivación o fundamento del fallo ha de ser, necesariamente, incompleto, por tanto parcial. Como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, en principio, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal... en el caso concreto de autos, se puede aseverar que en la sentencia en crisis, se analizó con suma precisión la existencia del hecho y la autoría del enjuiciado; para ello se tuvo en cuenta la defensa material llevada a cabo por Romero y su correspondencia con el resto del material probatorio; en igual sentido se precisó respecto a los elementos objetivos y subjetivos asignados a la calificación legal del hecho, valorando en tal aspecto la experticia psicológica llevada a cabo al encartado, testimoniales, etc.; en resumen podrá o no compartirse las conclusiones a las que arribaron los magistrados, pero para nada puede sustentarse en la falta de fundamentación como lo pretende la defensa... la valoración de la prueba que llevaron a cabo los sentenciantes, ha sido suficientemente fundada, en un todo acorde con las reglas de la sana crítica racional, ello implica que el fallo en crisis, aparece como la derivación lógica y razonada de las pruebas evaluadas, sin que las críticas esbozadas por el impugnante, logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido...".- En atención a lo expuesto se debe afirmar que la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum.
Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos "Casal, Matías E. Y otro" (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la condena del imputado.-
Ahora bien, intenta el recurrente incorporar agravios en esta instancia que no fueron planteados claramente al fundar el recurso de casación toda vez que sólo hizo meras referencias sin desarrollar argumentos fácticos o jurídicos de la inconstitucionalidad alegada como para permitir su tratamiento por este T.S.J.-
Si las argumentaciones que desarrolla el recurrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su consideración en la instancia extraordinaria (Fallos: 313:342).-
En el resolutorio de fs. 824/834, este Tribunal se avocó al "contralor de logicidad" del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica imputada a GERMÁN HORACIO ROMERO y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.- Surge evidente, por lo tanto, la insuficiencia recursiva ya que no logra perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Carrió y Carrió, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25. también T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45).- VII.-) Que a mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr.
Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" de la apelación extraordinaria federal, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.- Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues, de no ser así, la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros).
Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, no divisándose en autos la posibilidad de que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por los arts. 14 y 18 CN; ni 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 165:62, 266:135 y 310:2306; entre otros). Sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho o garantía que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. sum Fallos: 310:2306).- En autos, el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que considera menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
VIII.-) Que por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 844/864 vta. por el defensor de GERMÁN HORACIO ROMERO, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Reneé Guadalupe Fernández - Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2012O.181 TOMO:IV– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:026 FOLIO Nº: 162/168 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia