Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 118.464
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmar la sentencia atacada en todo cuánto fuera materia de agravio, con costas.
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 80 inc. 1, 2 y 11 del Código Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 118464 caratulada “ROMERO LUGO ABEL ALEJANDRO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial contra la sentencia dictada el 9 de mayo de 2022 por el Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Lomas de Zamora, a través de la cual se condenó a Abel Alejandro Romero Lugo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género en concurso real con homicidio calificado por alevosía (arts. 45, 55, 80 incs. 1, 2 y 11, Cód. Penal). En primer término, alega que el acusado fue interrogado por personal policial cuando ya se encontraba aprehendido en la comisaría, esposado, y que los cuerpos de las dos víctimas se encontraron a partir de los dichos extrajudiciales que se obtuvieron de Romero en forma ilegítima. Solicita “la exclusión de la prueba obtenida en base a los dichos de Romero en el interrogatorio del policía Quintana. O sea, se excluya de la valoración el hallazgo de los cuerpos”. Cita jurisprudencia de la CSJN que entiende aplicable al caso.
Por otro lado, controvierte la significación jurídica de los hechos establecida por el tribunal. Con relación al homicidio de Cristina Iglesias, considera que no eran aplicables las agravantes de los incisos 1 y 11 del art. 80 del Código Penal. La primera, porque no se probó que existiera una relación de pareja entre víctima e imputado en los términos que exige la norma. La segunda, al coincidir con la fiscal del juicio en que no le fue intimada oportunamente al acusado. Invocó “la prohibición de sorprender al imputado con un extremo no descripto en el intimación”. Respecto del homicidio de la niña Ada Iglesias consideró que no era aplicable la alevosía, en tanto no se pudo recrear cómo se cometió el homicidio y, en consecuencia, si el acusado actuó sin riesgo y sobre seguro.
Finalmente, cuestiona la decisión del tribunal que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la pena perpetua de prisión. Hizo reserva del caso federal.
Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala. El Defensor ante esta Sede, Dr. José María Hernández, mantuvo el recurso de casación interpuesto, remitiéndose a los argumentos de la recurrente.
A su turno, la Fiscal ante esta Sala, Dra. Daniela Bersi, postuló el rechazo del recurso, por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. El Tribunal de la instancia anterior, luego de la sustanciación del debate, tuvo por probado que “entre el día 25 de marzo a las 18.00 horas y la madrugada del 26 de marzo del año 2020, en el domicilio de la calle Domingo Purita Nº 4064 de la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús, Abel Alejandro Romero, con clara intención de producir la muerte de Cristina Beatriz Iglesias, con quien mantenía una relación de pareja, le asestó múltiples cortes en la garganta y la región cervical posterior y un golpe en su cabeza, lo que generó un traumatismo de cráneo, siendo ello, la causa directa y determinante de su muerte, segando también la vida de Ada Antonia Iglesias, hija de siete años de edad de la primera de las nombradas, a quien también le efectuó múltiples cortes en la garganta con una cuchilla, procediendo además a asfixiarla, generando con ello lesiones en cuello y una congestión pulmonar con bullas, aprovechando para ello, la condición de vulnerabilidad e indefensión de la víctima, derivada de su diferencia física y de fuerza y de la circunstancia de hallarse además en su cama, para luego de ello, realizar una fosa en el fondo de la vivienda, donde enterró a las víctimas”.
2. Como planteo principal, la defensa solicita la exclusión probatoria del hallazgo de los cuerpos de las víctimas del conjunto de pruebas disponibles. Alega que se encontraron a partir de las manifestaciones que hizo su asistido en sede policial, cuando fue interrogado por el comisario Quintana. Expone que Romero ya era sospechoso y se encontraba aprehendido. Que así lo reflejó el acta policial y el propio tribunal en el veredicto, al describir los datos que a esa altura había aportado Dolores Iglesias en la comisaría y que motivaron la búsqueda de Romero.
Agrega que durante el examen directo, Quintana admitió que lo interrogó y que recién señaló que las manifestaciones del acusado fueron espontáneas cuando la defensa comenzó a preguntarle sobre el tema y a dejar constancias de sus respuestas en el acta de debate. Que Quintana no pudo aportar ningún dato sobre los otros policías o testigos civiles que habrían escuchado a Romero mientras declaró “espontáneamente” en el comisaría.
3. Los términos en que fue introducido el planteo de la parte obliga a realizar ciertas aclaraciones preliminares, a fin de lograr su correcto abordaje.
Conforme surge de la práctica de la prueba, el acusado realizó manifestaciones vinculadas al hecho en tres oportunidades: una en la comisaría, otra al momento de declarar en los términos del art. 308 del CPP y, finalmente, en el juicio oral.
Frente al fiscal del caso y en presencia de su abogada defensora (quien le aconsejó que se negara a declarar), Romero reconoció la autoría de los dos homicidios, dio detalles de cómo los cometió, sobre cómo enterró los cuerpos e intentó borrar las evidencias físicas que quedaron en el lugar del hecho. En el debate, negó su participación y dio una versión que fue refutada por el tribunal, en la que -en lo esencialatribuyó la responsabilidad de los homicidios a la testigo Jessica Pereyra y a su amiga, y dijo que se auto-incriminó por temor a sus represalias. Ello explica que en el juicio oral, frente a igual argumento de la defensa, la discusión entre las partes se haya centrado en la validez de la evidencia derivada de la primera declaración, pues como señaló la fiscal del juicio no había utilizado las manifestaciones que hizo Romero en la comisaría para estructurar la acusación en su contra y contaba con otros testigos que habían declarado que la tierra estaba removida en el lugar donde se hallaron los cuerpos, antes de que lo dijera Romero (conforme se resume en el recurso).
4. No obstante, la defensa cuestiona el razonamiento que hicieron los jueces al rechazar la exclusión probatoria, pues si bien señalaron que Dolores Iglesias ya había incorporado datos sobre la posible comisión de los delitos, incluido el señalamiento del lugar donde había tierra removida; partieron de una premisa errónea, pues establecieron que Romero declaró “espontáneamente y sin mediar coacción” en la comisaría, omitiendo el testimonio de Quintana (cuando admitió que le hizo preguntas) y que para esa altura Romero ya era sospechoso y estaba aprehendido.
A criterio de la defensa, la pregunta que debió responder el tribunal no era solo si se hubieran encontrado los cuerpos sin las indicaciones de Romero, sino “que a pesar de los señalamientos de Dolores Iglesias a la policía sobre la tierra removida, éstos no los habían hallado”.
Cuestiona otro de los argumentos que invocaron los jueces para validar la declaración de Romero, cuando estimaron que frente a la revelación “la policía no podía taparse los oídos”, pues afirma -la defensora- que si era sospechoso debía hacérsele saber que tenía derecho a no declarar en contra de sí mismo, de acuerdo con los estándares de los precedentes “Montengro”, “Ruiz” y “Francomano” de la CSJN.
5. En mi opinión, existe un déficit en el razonamiento que siguió el tribunal al dar respuesta a la exclusión probatoria que invocó la defensa, pero también en la solución que propone la recurrente. Ello exige realizar ciertas precisiones de orden metodológico en la tarea de examinar la validez de las manifestaciones que hace una persona bajo custodia policial y también sobre las soluciones que al respecto formuló la Corte Federal. En ese sentido, constato que frente a la violación de la garantía constitucional que denunció la defensa, tanto el tribunal como la parte estimaron aplicables estándares establecidos por la CSJN, y los jueces resolvieron la cuestión con remisión expresa a su doctrina (“Cabral”, “Jofre”, “Schettini” y “Minaglia”).
6. No se discute que la finalidad prioritaria de la actividad probatoria en el proceso penal es la averiguación de la verdad. Sin embargo, ese objetivo no puede llevarse a cabo de cualquier manera y, particularmente, si las vías que se utilizan quebrantan principios elementales que hacen a la dignidad humana. Esa es la posición que reglamenta el código procesal provincial al establecer que carece de toda eficacia la actividad probatoria cumplida y la prueba obtenida con afectación de garantías constitucionales (art. 211, CPP).
La doctrina trató este tema con amplitud bajo la denominación de las “prohibiciones probatorias” y su examen fue notablemente enriquecido por los criterios construidos por la jurisprudencia estadounidense, que nuestro más Alto Tribunal siguió en reiterados precedentes.
Ello se refleja en la norma procesal del art. 211 indicada, que tomó como base los antecedentes señalados y puede descomponerse en dos reglas:
(i) Regla de exclusión: las evidencias obtenidas en violación a garantías constitucionales no son admisibles como prueba de cargo;
(ii) Regla del fruto del árbol venenoso: la prueba que sea obtenida como consecuencia directa e inmediata de una evidencia recogida de manera ilegítima, es también inválida.
Esas reglas son sostenidas a partir de dos argumentos principales. En primer lugar, la administración de justicia no puede beneficiarse u otorgar valor al resultado de un delito y, en segundo término, la exclusión de la prueba obtenida ilegalmente tiene una incidencia disuasoria de futuros procedimientos arbitrarios.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que con el paso del tiempo fueron construidas por la doctrina y por los tribunales algunas excepciones que limitan los alcances de las reglas señaladas, entre la que cabe mencionar la “fuente independiente”, con la siguiente formulación: la prueba (derivada) resulta válida si existe un cauce de investigación distinto al que fue cuestionado, por el cual puede llegarse autónomamente a tal evidencia.
7. Otra premisa básica que rige en nuestro sistema procesal es que un funcionario policial no puede dirigir un interrogatorio de una persona que esté bajo su custodia.
En otras palabras, un policía no puede dirigirle preguntas a una persona sobre aspectos que podrían comprometerlo penalmente, cuando su libertad ya está restringida y sin hacerle saber que no está obligado a declarar contra sí mismo (art. 18, Const. Nac). En ese sentido, observo que la última reforma del art. 294 del CPP, que establece las atribuciones de los funcionarios de policía, suprimió del inc. 8 la facultad de requerir del presunto imputado del hecho, en donde fuere aprehendido, indicaciones o informaciones útiles para la prosecución de la investigación.
8. Establecido lo anterior, constato que aun cuando los jueces señalaron los datos que ya para esa altura había denunciado con insistencia Dolores Iglesias (hija de una de las víctimas y hermana de la otra), no confirmaron la presencia de la excepción de la “fuente independiente” (al menos no en esos términos), pues dieron por probado que Romero declaró en la comisaría de manera espontánea y sin mediar coacción. Es decir, no constataron violación de garantía constitucional alguna, que era el antecedente lógico para confirmar la excepción. Agregaron que frente a la noticia de dos personas que eran buscadas intensamente, “la policía no podía 'taparse los oídos' ante la revelación del entonces sospechado Romero”.
En favor de su decisión, el tribunal invocó la doctrina de la CSJN en “Cabral”, “Jofre”, “Schettini” y “Minaglia”, donde la Corte ratificó la validez de las declaraciones espontáneas realizadas en sede policial, aun si el sujeto se encontraba detenido, “siempre que no hubiese ninguna circunstancia que permitiera dudar de la libertad y espontaneidad con que fueron brindados”.
En efecto, la doctrina que invoca el tribunal para resolver la cuestión establece que en el análisis de la validez de declaraciones prestadas en sede policial, lo relevante sería la ausencia de “coacción” (además de defender la distinción entre lo que sería una manifestación auto-incriminatoria y un mero “dato” aportado al personal policial).
No obstante, constato que los jueces no analizaron de forma realista las circunstancias concretas en que el acusado declaró frente a Quintana, como para estar en condiciones de afirmar que sus manifestaciones fueron libres y sin coacción alguna.
En mi opinión, si los jueces se orientaron por aplicar al caso los peligrosos criterios de “Cabral”, según los cuales nada ilegítimo hay en que la policía reciba declaraciones incriminatorias de personas detenidas, pues se tratarían de meros “datos” y no de manifestaciones inválidas, debió extremar el análisis probatorio sobre (i) la inexistencia de una “coacción” (que ciertamente no se limita a los apremios ilegales) y (ii) establecer que no se le dirigieron preguntas directas al acusado vinculadas al hecho, en tanto ello se encuentra prohibido por nuestro ordenamiento procesal (y es el punto de partida para examinar si hubo “espontaneidad” en las manifestaciones).
9. No viene controvertido en el veredicto que Romero era sospechoso al momento de su aprehensión y que en esa calidad fue conducido a la seccional policial.
En lo que importa señalar, el oficial Miño declaró en el juicio oral que hicieron tareas encubiertas para ubicar a Romero (luego de la denuncia de Dolores Iglesias y de hallar en la vivienda de la hermana de Romero el DNI y las llaves de una de las mujeres desparecidas). Explicó que al encontrarlo le dieron la voz de alto, que Romero salió corriendo pero lograron aprehenderlo y lo trasladaron a la comisaría. Ese tramo fue corroborado por el oficial Torres, al declarar en el juicio oral. Dijo que lograron detenerlo cuando intentó darse a la fuga. Que lo alcanzaron a la cuadra y media.
10. En ese sentido, advierto que quien introdujo ciertas dudas sobre la calidad de aprehendido de Romero fue el comisario Quintana. En lo que interesa señalar, según consta en el veredicto, declaró que Romero estaba en la comisaría sexta de Lanús y que él, como comisario de la seccional primera, solo colaboraba. Dijo que lo “entrevistó”. Que Romero le dijo que era pareja de la mujer desaparecida y primero aportó una versión donde señaló que un tal “Viri” entró a robarles, mató a las mujeres, las enterró en el fondo de la casa y que él había presenciado todo. Que esa versión se descartó pues “fueron a buscar al tal 'Viri' y resultó que hacía dos años que no estaba en el lugar”. Que posteriormente se practicó en la comisaría el procedimiento con el perro, que “a través de su olfato se dirigió directamente hacia la persona de Abel [Romero]”. Luego, ante otros policías y testigos civiles convocados, Romero reconoció la autoría de los homicidios.
El veredicto también da cuenta que, frente a preguntas de la defensa, Quintana declaró “que Romero no estaba en carácter de aprehendido en primera instancia, estaba en una oficina sin custodio ni esposas, que él le fue a preguntar y el señor se puso a llorar y espontáneamente manifestó lo del muchacho 'Viri o Vili'”. Reiteró que más tarde Romero pidió hablar con él y reconoció ser el autor de los homicidios y precisó que “en caso de haber estado en calidad de aprehendido ellos no lo habrían entrevistado”.
11. Ahora bien, constato que, respecto de la espontaneidad y voluntariedad de las manifestaciones de Romero, el único que declaró en el juicio oral fue Quintana. Según alegó la recurrente, el comisario admitió que lo había interrogado (en rigor, Quintana dijo “entrevistado”) y que introdujo que el relato fue espontáneo solo cuando esa defensa profundizó el contra-examen. También consta en el veredicto que Quintana declaró desconocer la calidad de aprehendido de Romero, pues afirmó que en ese caso no lo habría “entrevistado”. No obstante, ya vimos que los policías que ubicaron a Romero y lo trasladaron a la comisaría no dudaron en declarar que se encontraba aprehendido y así consta en el acta de aprehensión que el propio tribunal valoró.
Bajo esas condiciones, los jueces debieron extremar el análisis sobre la capacidad de rendimiento de la testifical de Quintana para probar que la declaración de Romero en la comisaría fue “espontánea”, dato fáctico sobre el que justificaron su decisión.
12. Las actas policiales incorporadas por lectura al debate y valoradas por el tribunal, permiten reconstruir una cronología más precisa de los episodios que relató el comisario Quintana y establecer, más objetivamente, cuál era la situación de Romero al llegar a la comisaría y durante su permanencia en la seccional.
También observo, en tanto no hay controversia al respecto, que Dolores Iglesias se presentó el día jueves 26/03/20 en la casa de su mamá, en horas de la tarde (aproximadamente a las 15.30 horas), pues no le respondía las llamadas y alguien que no era ella contestaba sus mensajes de texto. Dijo que pudo ingresar por la parte de atrás a la casa y describió la escena que encontró. Tierra removida en el fondo, el colchón húmedo, pequeñas manchas de sangre, entre otras circunstancias que le llamaron la atención. Describió el encuentro que tuvo esa misma tarde con Abel Romero (pareja de su mamá), cuando ése llegó a la casa cerca de las 18 horas y relató cómo se “escapó” del lugar. Describió también las respuestas que fue recibiendo a lo largo de ese día cuando intentó hacer la denuncia policial para que buscaran a su mamá y hermana. En definitiva, dijo que cerca de las cuatro de la mañana del viernes 27/03 le toman la denuncia penal. Recordó que al principio unos oficiales que hacían tareas en el lugar le decían que la manchas no eran de sangre pero más tarde la policía científica confirmó que había sangre en las paredes y en el techo. También constataron una mancha de arrastre. Agregó que ese mismo viernes 27, por la noche, le informan que habían encontrado al acusado y que los cuerpos los encontraron el sábado 28/03.
En efecto, el acta de aprehensión de fs. 40/41 del principal da cuenta que Romero fue aprehendido por personal policial en la localidad de Rafael Calzada el día 28 de marzo de 2020 a las 00:00 horas. Por su parte, el acta de fs. 48/49vta. confirma que el primero de los cuerpos (el de la niña) se halló el sábado 28 de marzo, a las 18.35 horas y la existencia del segundo cuerpo se estableció a las 20.10 de ese mismo sábado. Se documentó que tras ello, el oficial Diego Tula tomó muestras del acolchado donde se halló el cuerpo de la niña y se dirigió a la comisaría sexta de Lanús, donde estaba Romero, para practicar el rastreo de olores con el perro. Así, el acta de fs. 78/vta. registra que a las 20.50 horas, el comisario Quintana y el oficial Escalante junto al guía del perro se presentaron en la comisaría sexta de Lanús. Se describe el procedimiento y recorrido del perro, hasta la “marcación activa” de Romero, que quedó filmada.
13. En mi opinión, es difícil admitir que el titular de una de las comisarías que colaboraba en la investigación del caso desconociera la situación en que Romero llegó a la comisaría. Para esa altura había una búsqueda activa de dos mujeres que convivían con él y se habían encontrado en el domicilio rastros físicos que permitían sospechar que allí se había cometido un delito. Miño y Torres explicaron cómo se logró dar con el paradero de Romero y los motivos de su aprehensión.
Por su parte, las actas policiales reflejan que Romero estuvo aprehendido varias horas en la comisaría sexta de Lanús y no consta en el veredicto que se le haya informado sobre el derecho que le asistía a no declarar contra sí mismo (art. 18, Const. Nac). De hecho, se puede inferir que Quintana no se lo informó al momento de la “entrevista”, pues declaró que en caso de haber sabido que estaba aprehendido no lo hubiese entrevistado.
14. En definitiva, entiendo que la cuestión merecía un análisis menos ingenuo que el que hizo el tribunal, pues no se trataba solo de descartar que se ejerció alguna coacción directa sobre el acusado para obligarlo a declarar en contra de sí mismo, sino de evaluar si en las condiciones concretas en que se hallaba podía oponerse a responder, pues solo así podría confirmarse que su declaración fue voluntaria.
En efecto, el tribunal estructura su razonamiento a partir de la voluntariedad de las manifestaciones de Romero (y aunque no lo diga, con clara remisión al testimonio de Quintana pues fue el único que declaró al respecto), pero omitiendo las condiciones en que se hallaba el acusado y especialmente sin analizar si a Romero se le advirtió que le asistía el derecho a negarse a declarar.
El examen sobre la validez de los dichos de un imputado en sede policial no puede omitir que los interrogatorios cumplidos en ambientes de máxima privacidad y sin que el detenido cuente con ningún asesoramiento legal tienen una ínsita carga de coacción.
En ese sentido, cuando un policía detiene a una persona, cualquier manifestación incriminatoria posterior a la detención, para ser constitucionalmente válida, debería ser sometida a un examen mucho más exigente que el de la mera ausencia de coacción (en el sentido más fuerte de la palabra). En otros términos, la regla de exclusión no aplica solo frente al supuesto de apremios ilegales, sino que rige ante “cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona” (Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, párr. 166).
15. Sin embargo, aun cuando no se pueda validar el razonamiento que siguió el tribunal al establecer que las manifestaciones de Romero en la comisaría fueron voluntarias, corresponde confirmar la presencia de una excepción a la regla de exclusión probatoria que invoca la defensa.
En efecto, conforme señaló la Corte Federal en “Rayford”, la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas. Sin embargo, también observó que más allá de su categórica formulación, esa regla admitía el concurso de factores que atenuaban los efectos derivados de su aplicación automática e irracional. En lo que interesa destacar, señaló que al examinar la exclusión de la evidencia derivada, debía tenerse en cuenta la posibilidad de su adquisición por otras fuentes distintas que las que se tuvieran por ilegítimas. En ese sentido, la excepción a la regla de exclusión formulada en “Rayford” existirá cuando se constate un cauce de investigación distinto del que culmina con el procedimiento ilegítimo, de modo que pueda afirmarse que existía la posibilidad de adquirir la prueba cuestionada por una fuente distinta o autónoma. No requiere la efectiva adquisición por el medio independiente, sino la “posibilidad” de que ello hubiese ocurrido en el caso concreto.
Cabe recordar que en “Daray” la Corte hizo una importante precisión sobre el alcance de la excepción de la “fuente independiente” y estableció que “no es suficiente para aceptar la existencia de un curso de prueba independiente que, a través de un juicio meramente hipotético o conjetural, se pueda imaginar la existencia de otras actividades de la autoridad de prevención que hubiesen llevado al mismo resultado probatorio; es necesario que en el expediente conste en forma expresa la existencia de dicha actividad independiente que habría llevado inevitablemente al mismo resultado” (CSJN, Fallos: 317:1985).
Así, la excepción no sirve para casos donde algún funcionario simplemente imagine que a la prueba cuestionada podría llegarse por un camino hipotético. Ese curso de prueba alternativo debe constar en la causa, de manera que sea claro que no es una invención a posteriori de quien pretende invocarlo. A la vez, debe tratarse de un curso de prueba con suficiente entidad y verosimilitud como para suponer que la prueba cuestionada habría sido adquirida de todas formas, con la simple utilización de la lógica de aquel camino alternativo o independiente (conf. Carrió, Alejandro; Garantías constitucionales en el proceso penal, Buenos Aires, Hammurabi, 2007, pág. 328).
16. Establecido lo anterior y al contrario de lo que propone la recurrente, la cuestión a resolver sí era preguntarse si se hubieran hallado los cuerpos sin las manifestaciones del acusado en la comisaría.
En otras palabras, la tarea era determinar -más allá de meras conjeturas- si el cauce para llegar a la evidencia derivada solo era posible a partir de la fuente original viciada (los dichos extrajudiciales de Romero).
17. Constato que no se encuentran en discusión los datos que Dolores Iglesias ya había aportado a las autoridades con anterioridad a que Romero fuera aprehendido, entre ellos: que había perdido contacto con su madre y hermana, que no atendían sus llamadas cuando era usual que hablaran constantemente; que alguien distinto a su madre venía respondiendo sus mensajes; que al llegar a la casa observó que habían tirado en la vereda objetos personales de los que su madre no se hubiera desprendido por el valor afectivo que tenían (como fotos familiares, ropa y juegos de su hermana Ada); que había manchas de sangre en la casa y tierra removida en el patio trasero del lugar (donde finalmente se hallaron los cuerpos). Luego, no es difícil inferir que el hallazgo de los cuerpos era una cuestión de tiempo. La investigación estaba en curso, la búsqueda de las mujeres -finalmente- se había activado ante la insistencia de la denunciante y se habría intensificado con seguridad con el correr de las horas.
En definitiva, la existencia de esos datos que constaban en la causa, obtenidos de manera regular, permiten afirmar objetivamente que se estaba ante la posibilidad de adquirir la evidencia derivada por otra fuente distinta a la declaración de Romero. Ello confirma la presencia de la excepción a la regla de la exclusión probatoria. En consecuencia, la adquisición de esa prueba es válida.
18. Dicho esto y al margen del planteo anterior, observo que la recurrente no realiza ninguna crítica concreta sobre el razonamiento probatorio que hizo el tribunal al establecer la autoría del acusado en los homicidios.
No obstante, constato que a los elementos de prueba que se fueron señalando en el marco de esta revisión, el tribunal agregó otros de diversas fuentes, que aquí se mencionan en forma resumida, por su capacidad de rendimiento para corroborar la hipótesis de la acusación.
Así, los jueces valoraron la declaración que hizo el acusado en los términos del art. 308 del CPP (incorporada por lectura al debate), donde precisó con detalle cómo cometió los homicidios, los cuchillos que utilizó, donde enterró los cuerpos y cómo intentó limpiar los rastros en el lugar, datos que tuvieron corroboración objetiva en otros elementos de prueba. Ya vimos las actas que dieron cuenta del hallazgo de los cuerpos, los rastros de manchas hemáticas, a los que cabe agregar el secuestro de los cuchillos compatibles con las heridas que presentaron las víctimas y el resultado de las autopsias en tanto corroboraron -en lo esencial, según lo entendió el tribunal- la mecánica de los ataques que describió Romero en su declaración, aun cuando intentó minimizar la violencia que ejerció sobre las mujeres.
En ese sentido, la autopsia reveló que las mujeres presentaron otros rastros de violencia distintos a los cortes que admitió el acusado. Cristina Iglesias presentó, además, fractura en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Se determinó que los cortes en el tórax de la niña fueron realizados cuando ya había fallecido y como causa de su muerte se estableció asfixia por compresión del cuello. La menor presentó múltiples equimosis en diferentes áreas (labio, muñeca y piernas). Como otro elemento de cargo, el tribunal valoró que se encontraron objetos personales de Cristina Iglesias (llaves de su vivienda y DNI) en la casa de la hermana de Romero, lugar al que concurrió el acusado luego de cometidos los homicidios. También se halló el teléfono celular de Cristina Iglesias en las cercanías del domicilio de los padres de Romero, en la localidad de Rafael Calzada.
Se probó que antes de su aprehensión, Romero dio diferentes versiones sobre el paradero de las mujeres. A Dolores Iglesias le dijo que “alguien” las había pasado a buscar en un auto blanco. A Leandro Fuciños (quien era pareja de Dolores) le dijo que Cristina Iglesias se había ido en un remise porque la perseguía la policía. Pocos minutos después le dijo a Yéssica Pereyra que hacía dos meses se había separado de Cristina y no la veía.
Finalmente, el tribunal valoró que en el juicio oral Romero dio una versión “difícil de creer”, donde acusó a la testigo Yéssica Pereyra y a Natalia Marquez, y manifestó que con anterioridad se había auto-incrimado falsamente “por miedo” a que le pasara algo a su familia. Salvo en el tramo relativo a la capacidad de rendimiento del relato de Quintana (sobre el que ya me expedí con detalle), la defensa no controvierte la fiabilidad del resto de la evidencia disponible, ni las proposiciones fácticas que el tribunal dio por probadas y que dan suficiente apoyo empírico a la hipótesis explicativa que sobre los hechos sostuvieron las acusaciones.
19. Dicho esto y en lo que interesa destacar, el tribunal estableció que al momento de recibirle declaración en los términos del art. 308 del CPP, se le hizo saber al acusado el hecho imputado y su calificación legal, entre la que se incluyó la agravante del art. 80 inc. 11 del Código Penal. Señaló que la acusación se mantuvo en iguales términos en los actos posteriores del proceso, lo que impedía afirmar que el acusado y su defensa técnica hayan sido sorprendidos con un aspecto sobre el que no tuvieron posibilidad de defenderse.
Los jueces también señalaron que en la discusión final del debate el particular damnificado mantuvo aquella acusación e identificó los elementos de prueba que a su juicio daban apoyo empírico a la aplicación de la agravante, que luego se dieron por probados. La defensa no controvierte esos argumentos e insiste en que la violencia de género no estuvo descripta en la base fáctica que le fue imputada a su asistido.
Sin embargo, el tribunal consideró que en el caso concreto, el elemento típico de la violencia de género también estuvo configurado por la propia modalidad del ataque a las mujeres.
Ya vimos que los jueces constataron que Romero ejerció sobre el cuerpo de las mujeres una violencia extrema y excesiva. A Cristina Iglesias le cortó el cuello en varias oportunidades, además de provocarle fracturas en el cráneo con pérdida de masa encefálica. La niña Ada presentó ocho heridas punzo cortantes, una en el cuello y el resto en el tórax (que no presentaron signos de vitalidad) y otras lesiones en el cuello que fueron compatibles con el proceso de asfixia que causó su muerte. Esos datos reflejan la dimensión expresiva que la violencia tiene en esta clase de muertes, donde el foco se coloca en el cuerpo de la mujer.
En efecto, ya he señalado en otros pronunciamientos que desde el punto de vista médico-forense se identifica como signo o indicio asociado al femicidio la utilización de una violencia excesiva, entendida como el “uso excesivo de la fuerza más allá de lo necesario para conseguir el objetivo pretendido”, y en igual sentido “la utilización de más de un procedimiento para matar (…) que se traduce en la combinación de varios instrumentos o formas de realizar la agresión. Son ejemplos los traumatismos con las manos u objetos y luego el apuñalamiento” (conf. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, ONU, párr. 217). Aun cuando se destaca que aquellos elementos no deben ser tomados en forma individual o aislada, pues no resultan específicos ni exclusivos para afirmar que en la muerte medió una “razón de género” (es decir, pueden no estar presentes en un femicidio y también encontrarse en homicidios aislados), lo cierto es que son signos que aparecen con más frecuencia los femicidios, como característica común que se corresponde con motivaciones que comparten (“Protocolo”, párr. 211, 309 y 310); (TPC, Sala I, causa 96.802 “Oliva”, rta. 04/02/2020).
20. Sobre la agravante relativa a la relación de pareja, la defensa alegó que el tribunal la justificó en las manifestaciones que habría hecho la víctima pero sin reparar en los dichos y conductas del imputado. Que la norma exige que el vínculo sea estable, con proyectos en común y perdurables en el tiempo. Afirma que la relación entre Cristina Iglesias y el acusado era circunstancial y ligada a la actividad de la venta de estupefacientes y eso se probó en el juicio oral. Que los nombrados se habían conocido hacia pocos meses, los testigos no relataron ni afecto ni estabilidad entre ellos, y “no se acreditó siquiera que compartieran el lecho”. En este tramo, constato que la defensa se limita otra vez a repetir los argumentos que alegó en la discusión final del debate, pero sin controvertir la justificación que dieron los magistrados. En efecto, los jueces describieron con detalle los datos informados por los diversos testigos, que permitieron reconstruir el vínculo existente entre víctima e imputado.
En lo que importa destacar, Dolores Iglesias señaló que le constaba que su madre y el imputado convivían, que estaban en pareja desde diciembre de 2019 y su madre le había comentado que tenían proyectado hacer una reforma en el patio de la casa. Agregó que su hermana Ada se había quedado en varias oportunidades bajo el cuidado de Romero. Fernando Iglesias manifestó que su hermana le había confirmado que estaba en pareja con Romero y que se llevó a su sobrina Ada unos días de vacaciones para que Cristina pudiera quedarse a solas con el acusado. Tanto Dolores como Fernando Iglesias coincidieron en señalar que en su último cumpleaños (8 de marzo) Cristina hizo un festejo íntimo y familiar donde estuvo Romero, quien se encargó de hacer un asado para agasajarla.
Jéssica Pereyra (amiga de ambos) declaró que desde el primer día que Romero conoció a Cristina se fue a vivir con ella. Los oficiales de policía Miño, Torres y Vinay coincidieron al declarar que los vecinos de la víctima señalaron a Romero como pareja de Cristina, pues los veían siempre juntos. Por su parte, Julio Labrune (ex-cuñado de Romero) confirmó que al momento de los hechos el acusado ya no vivía en el domicilio de su hermana “y sabía que estaba en una relación con una mujer más grande”.
Los jueces descartaron que hubiera otra dependencia dentro de la vivienda de la víctima que estuviera en condiciones de ser habitada, por fuera de la estructura principal de la casa. A tales fines valoraron las fotografías del lugar. Agregaron que el propio Romero declaró que dormía junto a Cristina en su cama y que la mujer lo hacía desnuda, dato que les permitió inferir que la convivencia no tenía solo fines lucrativos, como alegó la defensa.
Por otro lado, el tribunal estimó que la ausencia de contacto sexual con la víctima sostenida por el acusado, de ser cierta, no era un dato que impidiera la aplicación de la agravante, en tanto las parejas se constituyen y funcionan de diferentes modos. En definitiva, dieron por probado que la vínculo entre Romero e Iglesias excedió la mera comunidad comercial, pues hubo “una unión afectiva y familiar entre ambos que fue conocida por sus familias nucleares, por los amigos y allegados de los dos y hasta por los vecinos del barrio”.
En ese sentido, los magistrados estimaron que las características del vínculo entre Iglesias y Romero permitía la aplicación de la agravante, de acuerdo con la interpretación que la SCBA hizo del elemento típico que exige el art. 80 inc. 1 del Código Penal (P-128.437, entre otras). En lo esencial, observaron que en la “relación de pareja” que prevé la agravante, el mayor disvalor que se refleja en la respuesta penal se justifica en el quebrantamiento de la “relación de confianza” que aquella supone entre los sujetos que la integran.
De acuerdo a los parámetros interpretativos de la Corte, el tribunal constató en el caso concreto la existencia “de una relación afectiva de noviazgo y convivencia, de alguna permanencia en el tiempo (al menos 3 o 4 meses), claramente no ocasional, con intimidad familiar, con proyectos en común de reformar la vivienda y con conocimiento público, más allá de las familias de ambos, también del entorno de allegados que así catalogaban al vínculo que los unía”.
Como señalé, la defensa insiste en que el vínculo entre Iglesias y Romero solo era comercial, pero omitiendo cualquier referencia a la justificación de la sentencia, método insuficiente para demostrar la inaplicabilidad de la agravante.
21. Similar déficit recursivo constato con relación al agravio que cuestiona la agravante aplicada al homicidio de la niña Ada Iglesias (alevosía). La defensa argumenta que no se reconstruyó la modalidad de su muerte, ni se probó que Romero haya actuado sobre seguro y sin peligro para sí. Sin embargo, no menciona ni controvierte la justificación de la sentencia.
Cabe destacar que los jueces dieron respuesta a los concretos argumentos que alegó la defensa en la discusión final del debate. Así, estimaron que las lesiones que presentó el cuerpo de la niña, relevadas en la pericia de autopsia, permitieron complementar el relato de los hechos que hizo el acusado en los términos del art. 308 del CPP (evidencia no controvertida en el recurso) y establecer la modalidad en que se cometió su homicidio. En ese marco, dieron por probado que Romero mató a Cristina Iglesias en primer lugar, en el comedor, que la niña se levantó y fue hasta ese ambiente, para regresar a su cama buscando -con alta probabilidad- algún tipo de resguardo. En esas condiciones, Romero la asfixió mediante maniobras compresivas en el cuello y le clavó varias veces un cuchillo en el tórax.
Luego, el tribunal constató que en la casa solo quedaban él y la niña, de siete años de edad, circunstancias conocidas por el acusado y suficientes para acreditar que el resultado estaba asegurado, sin riesgo alguno. En ese sentido valoraron la declaración de Romero cuando manifestó que Ada regresó a su cama y se quedó allí sentada, que él acostó y allí la mató.
En definitiva, las argumentaciones de la defensa no evidencian más que una disconformidad subjetiva con lo resuelto por el tribunal, pero sin aportar fundamentos que demuestren las inobservancias legales denunciadas.
22. Tampoco prosperará el planteo de inconstitucionalidad de la pena perpetua.
Reiteradamente expuse mi criterio sobre el punto en cuanto entiendo que debe tenerse presente que la pena realmente perpetua, esto es, sin límite temporal, daría lugar a relegar a una categoría de ciudadanos que no serían capaces de rehabilitarse como tales, lo que implicaría una especie de muerte civil vedado por el art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 10 inciso 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 4 de la ley 12.256. Ello es así, pues evidentemente carecería de sentido pretender un objetivo de resocialización o de reinserción social respecto a una persona que en puridad nunca habrá de salir de su encierro, por lo que nunca tendrá oportunidad de “reintegrarse” en forma positiva o negativa a la sociedad. Para evitar esos efectos, nuestro Código Penal ha establecido límites temporales para que los condenados con esa especie de pena gocen del beneficio de la libertad, aún en caso de resultar reincidente o de serles impuestas la pena accesoria que prevé el artículo 52 del Código Penal. Resulta entonces que la pena prevista en el artículo 80 del Código Penal, pese a su calificación de “perpetua”, tiene en realidad un plazo máximo de duración. Por lo tanto la pena en cuestión deja de tener carácter perpetuo, ya que, aunque prolongada, no implica necesariamente un encierro de por vida, y permite la reinserción social del condenado.
De cualquier modo, no puede efectuarse un análisis meramente abstracto, y la defensa no ha explicado –en su tacha de inconstitucionalidad- de qué modo la extensión temporal de la pena recaída es desajustada respecto del principio de legalidad y del principio constitucional de culpabilidad en cuanto a la proporcionalidad de la reacción estatal en relación con el disvalor de los hechos concretos y sus resultados.
23. En orden a las consideraciones formuladas, propongo al acuerdo RECHAZAR el recurso deducido por la defensa y CONFIRMAR la sentencia impugnada en todo cuando fuera materia de agravio, con costas.
Por lo expuesto a esta PRIMERA CUESTION VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 55, 80 inc. 1, 2 y 11, Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP).
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa y CONFIRMAR la sentencia atacada en todo cuánto fuera materia de agravio; II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; art. 14, ley 48; 55, 80 inc. 1, 2 y 11, Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que vota en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa y CONFIRMAR la sentencia atacada en todo cuánto fuera materia de agravio, con costas.
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 80 inc. 1, 2 y 11 del Código Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia