Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs.681/687 vta. por el defensor de LUIS ALBERTO ROMERO MOOR, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:029 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 21 de mayo de 2019 AUTOS: "ROMERO MOOR LUIS ALBERTO S/HOMICIDIO SIMPLE", Expte. Nº R-1033/17/T.S.J.-
I.-) Que llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 681/686 vta. Y 687 vta. donde amplió fundamentos el defensor particular de LUIS ALBERTO ROMERO MOOR, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo, a fs. 662/670 vta., el que resuelve "...1º) RECHAZAR por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 626/632 vta. por el Sr. Defensor particular, Dr. Darío Carlos Mosso, en representación de LUIS ALBERTO ROMERO MOOR...".- II.-) Que la defensa de ROMERO MOOR planteó "...se ha valorado un testigo único como 'válido' y otro testigo como 'inválido', siendo que se lo acepta para una identificación pero no para un relato de los hechos que resulta exculpatorio para el condenado Romero Moor..." (fs. 683 vta.).-
Agregó que "...la ligazón lógico jurídico de descartar la duda en beneficio del imputado, no pudo dejarse de aplicar en este caso, pues el fallo de casación y el rechazo del mismo por V.E., no hace mérito alguno del hecho acreditado en el expediente de que el 'testigo único de cargo con versión no de oídas', Héctor David Maciel... y que requerido para realizar un identikit manifiesta 'que no está en condiciones de hacerlo'... luego si reconoce 100 x 100 la foto 642 del álbum policial, en el cual no debería estar Romero Moor por no registrar condenas ni procesos de ningún tipo a esa fecha... lo más grave es que V.E. ha omitido considerar en audiencia del juicio oral el 1° de junio de 2017, Armoa luego de dar sus datos personales dice 'que no conoce al imputado ni a la Sra. Ramona Monge', esto es, ni a Romero Moor ni a la madre del fallecido del cual dijo ser amigo y concurrir a su casa. Sino pudo reconocer a Romero Moor en la audiencia como pudo ser creíble su versión que acusa a Romero Moor como testigo único de haber agredido con un arma blanca que nunca se encontró, a su amigo Armoa?. Esta defensa pidió el procesamiento por falso testimonio de Armoa y no se hizo lugar. O sea, se dejó de investigar algo fundamental: la credibilidad de un testigo negador primero, titubeante después, y negador al fin (cuando ante el Tribunal Oral desconoce al procesado por homicidio..." (fs. 684).- Manifestó que "...debe tenerse en cuenta que se ha tomado como una prueba del hecho, la circunstancia que el vehículo de Romero Moor no estaba en su casa, pero esta situación no significa en modo alguno algo que haga referencia a la autoría del hecho supuestamente atribuido al citado..." (fs.684).-
Se agravió ya que "...el tribunal violando al principio 'in dubio pro reo' ha tomado una cuestión circunstancial y de sentido indiferente, como una acción que corrobora el delito que se investiga. Ha roto pues, las reglas de la sana lógica. Ha incurrido, por ello, en absurdo. Que debe hacerse referencia a la falta de prueba física del instrumento del delito y de la expresión solo posibilista del médico forense..." (fs. 684 vta.).-
Planteó la recurrente que "...el tribunal ha ejercido la presunción de culpabilidad excluyendo dogmáticamente que otra persona –pues Armoa estaba solo- haya causado la lesión mortal, cerrando el núcleo de referencias de cargo tan solo en Maciel, como veraz cuando no lo es, y no sospechoso del hecho cuando pudo haber sido autor..." (fs. 685).-
Señaló "...ahora bien, la falta de congruencia entre hechos y conclusiones imputativas de autor respecto al condenado Romero Moor, lo que hace que se aplica la teoría del razonamiento que cae en el absurdo, es que da por cierta la versión de quien no es capaz de reconocer al supuesto autor en la propia audiencia del juicio oral, y según sus propios dichos estaba ebrio al momento de la discusión de 'esa persona con Armoa'. O sea, toda la prueba consiste en suponer que Maciel vió sacar un cuchillo y asestar un puntazo con el mismo, cuando el otro testigo que podía haber visto lo mismo, Carlos Alberto Muñoz no vió tal arma ni tal ataque con dicha arma..." (fs. 685).- Sostuvo "...el principio in dubio pro reo es violado, cuando no se tiene en cuenta en relación al plexo probatorio que la víctima Armoa estaba viva al concurrir la policía y la ambulancia (fs. 605) y dijo 'me apuñalaron' pero no indicó quien..." (fs. 685).-
Finalmente manifestó que "...esta defensa sostiene entonces que V.E. ha incurrido al rechazar el recurso de casación, en la causal de apreciación arbitraria de la prueba, sin analizar las constancias de autos en su totalidad e integralidad, con respeto de la lógica, el sentido común, la experiencia habitual de los hechos cotidianos y el conocimiento científico, implicando violación del art. 14 de la ley 48, lo que lleva a infraccionar el art. 18 de la Constitución Nacional al no absolver al procesado por el principio 'in dubio pro reo', claramente violado en esta causa. Es decir, nos encontramos ante una sentencia arbitraria en la interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido tales fallos como descalificables como actos jurídicos válidos, capaces de quebrar el principio de inocencia y el de in dubio pro reo.
Por otra parte, la mención que hace respeto al quantum de la pena V.E., ha tomado como justificativo de la pena el hecho 'de haber guardado silencio durante todo el juicio' es decir, afectando lo que expresamente disponen no solo la Constitución Nacional sino los tratados internacionales. El silencio valorado como 'negativo' y la supuesta 'falta de arrepentimiento', implica que en el fondo, el Tribunal ha usado lo que está prohibido: tomar en contra del procesado su negativa a declarar. Ha presumido que debió haber una explicación o declaración de 'arrepentimiento' o sea autoincriminación, contra la regla básica del principio de inocencia..." (fs. 686).- III.-) Que a fs. 690 se ordena traslado del recurso extraordinario al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, a fs. 691/692, dictaminó que: "...resulta necesario como previo, pronunciarme en cuanto a si el libelo recursivo ha superado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que tal vía recursiva exige conforme las prescripciones del artículo 14 de la ley 48 para la prosperidad de su concesión... las prescripciones precedentemente señaladas se encuentran cumplimentadas en forma parcial en la pieza recursiva extraordinaria en análisis; pues entre otras cosas no se ha dado cumplimiento con lo expuesto por la acordada 38/2011 según la cual todas las presentaciones que se realicen ante el Máximo Tribunal deberán cumplir con el requisito de formato de hora A4; el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como tipo jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad.
En este entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica. Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras... la expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa resultando necesario para su admisibilidad el desarrollo jurídico demostrativo de que la resolución cuestionada por el recurso sea contraria al derecho federal invocado y que cause gravamen.
El agravio que sustente el recurso debe ser propio, jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual, este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley 48 constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del recurso extraordinario, de tal modo que su fundamento resulte de los autos y tenga una relación directa e inmediata con las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o convenciones en disputa...". Por lo antedicho, concluye que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.- IV.-) Que corresponde, entonces, verificar si se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de marras, tal y como lo dispone el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable a la especie); los arts. 14 y 15 de la Ley n° 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.
A fin de definir si la cuestión federal planteada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:3081).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente no dió cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al no presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, el análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que deben cumplir los escritos de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada una de las cuales sobrepasa los 26 renglones; han sido escritas con letra claramente legible (art. 1). No cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal [conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007] y que consignó el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Al analizar los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es asimilable a sentencia definitiva [entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633)], fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales (inciso a); así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual no se encuentra cumplido en la presentación en estudio.- Ahora bien, al continuar con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple cabalmente con los recaudos previstos en los incisos b), c), d) y e) del art. 3° de la Acordada N° 4/2007, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Constitución Federal y que, dice, han sido menoscabados [conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007].-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Entre otros requisitos, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. La cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales.- El recurrente funda su recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (confr. fs. 682 y 686).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se decidió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, sobre la responsabilidad penal del encartado, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario (cfr. Fallos: 101:70 y sum. Fallos: 148:62; y 307:129).-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 681/686 están referidos en última instancia a la aplicación de derecho común, por lo que fácil resulta advertir que tales causales devienen inatendibles para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad de los recursos extraordinarios son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; y b) Ese tipo de normas no afectan el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal (cfr. Palacio, Lino Enrique, El recurso extraordinario federal, Abeledo Perrot, 1997, pág. 161). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como exégeta final del derecho común.- En esta inteligencia ha entendido el Cimero Tribunal Nacional que "...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.-
Por otra parte, no se desarrolla en el escrito "...la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas..." [conf. inciso d) del art. 3º], como así tampoco la "fundamentación autónoma" a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 323:1261 y 331:809).- Tampoco se advierte "...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ni que la decisión impugnada es contraria al derecho esgrimido por el apelante con fundamento en aquéllas..." [cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)].-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432; y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).- V.-) Que con respecto del otro carril por el que se intenta encauzar el recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos: 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; y 297:100).-
No puede prosperar la denuncia de arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que las configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "...No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2002, 'G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro', LL 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en la causa y de la normativa aplicable que no se vislumbra como arbitraria.
Sobre esta cuestión, es oportuno traer a colación parte de los considerandos de la resolución obrante a fs. 662/70 vta. "...los agravios de la defensa no exhiben una hipótesis de arbitrariedad o de errónea valoración probatoria, toda vez que en la sentencia no se ha marginado ningún elemento de prueba, cuya consideración hubiera llevado a un fallo distinto. Sabemos que, efectivamente, una sentencia que prescinda de ponderar prueba relevante ingresada legítimamente al proceso, constituye una hipótesis de arbitrariedad, pues, la motivación o fundamento del fallo ha de ser, necesariamente, incompleto, por tanto parcial... en el caso concreto de autos, se puede aseverar que en la sentencia en crisis, se analizó con suma precisión la existencia del hecho y la autoría del enjuiciado; para ello se tuvo en cuenta el testimonio de la persona que acompañaba a la víctima, su correspondencia con las lesiones provocadas, los elementos incautados, etc.; en igual sentido se precisó respecto a los elementos objetivos y subjetivos asignados a la calificación legal del hecho, valorando en tal aspecto; en resumen podrá o no compartirse las conclusiones a las que arribaron los magistrados, pero para nada puede sustentarse en la falta de fundamentación como lo pretende la defensa.
Por lo demás, la valoración de la prueba que llevaron a cabo los sentenciantes, ha sido suficientemente racional, ello implica que el fallo en crisis, aparece como la derivación lógica y razonada de las pruebas evaluadas, sin que las críticas esbozadas por el impugnante, logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional...".- En atención a lo expuesto se debe afirmar que la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum. Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.- Abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos "Casal, Matías E.
Y otro" (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la condena del imputado.-
En el resolutorio de fs. 662/670 vta., este Tribunal se avocó al "contralor de logicidad" del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica imputada a LUIS ALBERTO ROMERO MOOR y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.- Surge evidente, por lo tanto, la insuficiencia recursiva ya que no logra perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Abeledo perrot, 1983, Tº I, pág. 25.
Ver también T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- VI.-) Que a mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" de la apelación extraordinaria federal, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.- Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues, de no ser así, la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros).
Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, no divisándose en autos la posibilidad de que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por el art. 18 CN; ni Tratados Internacionales.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 165:62, 266:135 y 310:2306; entre otros). Sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho o garantía que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. sum Fallos: 310:2306).- En autos, el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que considera menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
VII.-) Que por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs.681/687 vta. por el defensor de LUIS ALBERTO ROMERO MOOR, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Reneé Guadalupe Fernández - Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2002O.191 TOMO:IV– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:029 FOLIO Nº: 184/190 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia