Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 38.128-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto y liquidan intereses, con costas.
2Confirmar la aplicación de las multas de ambos tributos, reduciéndolas al mínimo legal de la escala. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por el orden causado en lo que se reduce.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-129569831-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 31 de Octubre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Expte. N° 38.128-I y su acumulado Expte. N° 38.129-I, caratulados “ROMO, Mariela Yanina s/Recurso de Apelación”, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Magallón dijo:
I. Que a fs. 20/27 y fs. 106/113 Mariela Yanina ROMO interpone recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por la Dirección Regional Rosario II de la AFIP-DGI:
(i) N° 61/2013 de fecha 15 de agosto de 2013 a través de la cual se determinó de oficio la obligación fiscal en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 01/2008 a 09/2009 en la suma de cuatrocientos veintisiete mil ochocientos dieciocho con tres centavos ($427.818,03) en concepto del impuesto omitido, con más quinientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta con treinta y cinco centavos ($579.860,35) en concepto de intereses y le aplica multa graduada en doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y dos con sesenta y dos centavos ($299.472,62) por encuadrar su conducta en las previsiones del artículo 45 de la ley N° 11.683 (Expte. N° 38.129-I).
(ii) N° 62/2013 de fecha 15 de agosto de 2013 a través de la cual se determinó de oficio la obligación fiscal en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2008, en la suma de cuatrocientos cuarenta y tres mil trecientos noventa y siete con seis centavos ($443.397,06) en concepto del impuesto omitido, con más la de trecientos diez mil sesenta y siete con noventa y cuatro centavos ($310.077,94) en concepto de intereses y le aplica multa graduada en quinientos noventa y cinco mil setecientos setenta y siete con seis centavos ($595.777,06) por encuadrar su conducta en las previsiones del artículo 45 de la ley N° 11.683 (Expte. N° 38.128-I).
Pone de manifiesto que los actos apelados se sustentan en la infundada idea de que se desplegó una actitud consciente signada por una voluntad tendiente a evadir el impuesto al valor agregado.
Expresa que, respecto al Impuesto a las Ganancias existen dos divergencias “la primera de carácter conceptual al considerar que determinadas facturas son documentos apócrifos (…) la segunda en considerar que la inspección insistía en determinar ajustes en el periodo 2008”.
Señala que la determinación ha sido realizada sobre base presunta y que se aportaron elementos de prueba que fueron desestimados por el organismo fiscal.
Sostiene que se encuentra demostrado que todos los ingresos de dinero de la firma fueron explicitados de forma clara y exhaustiva, mediante la pertinente declaración jurada presentada.
Respecto al Impuesto al Valor Agregado, menciona que existen dos divergencias “la primera de carácter conceptual al considerar que determinadas facturas son documentos apócrifos y por lo tanto imposibilitan el computo de IVA (…) la segunda en considerar que la inspección determina ajustes en los periodos Enero/2008 y Setiembre/2009, no comprendidos dentro de la inspección de acuerdo a la comunicación efectuada”. Ratifica que las operaciones realizadas fueron abonadas y que los contribuyentes resultan existentes, conforme surge de la consulta efectuada en la página de la AFIP.
Finalmente, con relación a la multa aplicada invoca que el Fisco Nacional no aportó ninguna comprobación objetiva ni subjetiva, haciendo únicamente una mera alusión a las normas aplicables. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable. Formula reserva del caso federal y solicita que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 36/42 y fs. 142/151 la representación fiscal contesta los recursos cuyos traslados les fueron conferidos.
Como cuestión preliminar, expresa que los argumentos que pretenden conmover la pretensión fiscal resultan escasos y que la recurrente no aportó nuevos elementos que permitan apartarse de lo decidido por el juez administrativo.
Advierte que la recurrente, ante la vista conferida, presentó un único escrito de descargo que se refiere exclusivamente al Impuesto al Valor Agregado, sin que la misma haya realizado mención alguna respecto de los cargos formulados en relación al Impuesto a las Ganancias.
Manifiesta que la fiscalización realizó un trabajo consistente y responsable en la recolección de pruebas, mediando sendos requerimientos de información a la contribuyente y el debido análisis de la documentación aportada en respuesta a tales requisitorias, concluyendo que no se vislumbraría ninguna causal que pueda invalidar el procedimiento seguido.
Destaca que en el transcurso de la fiscalización quedó demostrado que los depósitos bancarios de titularidad de la responsable -debidamente depurados- superan las ventas y/o ingresos declarados del período, y por lo tanto representarían montos de ventas omitidas.
En lo que respecta a la cuestionada facturación apócrifa, manifiesta que habiendo localizado a un socio gerente de una de las firmas -supuestas- proveedoras, éste desconoció las operaciones supuestamente efectuadas con la contribuyente, como así también se verificaron inconsistencias respecto de la documentación respaldatoria aportada, a saber, facturas emitidas con fecha anterior a la de su impresión e inclusive con fecha anterior a que la sociedad se inscribiera ante el organismo.
Advierte que la recurrente no pudo demostrar, sobre ciertas operaciones realizadas, “la total cancelación de pagos” (sic) con los proveedores involucrados en la operatoria controvertida.
A su vez, menciona que respecto de ciertos proveedores -Pedreira, Reynoso, Toselli y Timbó S.A.- que no fueron declarados apócrifos, fué impugnado el crédito fiscal computado respecto de operaciones desconocidas por aquellos mismos terceros que, en teoría, las habían realizado. Al propio tiempo, le fue adicionado al recurrente crédito fiscal por montos derivados de operaciones reconocidas por tales terceros, las que no habían sido debidamente registradas.
Razona que devienen improcedentes los agravios de la actora en relación a la falta de notificación de la fiscalización atinente a los períodos 01/2008 y 09/2009 y se remite al contenido del F. 8000 036 N° 0015079 de fecha 03/12/2009, mediante el cual se habría puesto a la contribuyente en conocimiento del inicio de la inspección detallándose los impuestos y periodos involucrados.
Finalmente, ratifica las multas por el impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado manteniendo que la actora ingresó en defecto el importe correspondiente a las obligaciones fiscales respectivas. A su vez menciona que es necesario analizar la reprochabilidad del accionar, a partir de la finalidad que tuvo la recurrente, ya sea “si la voluntad estuvo dirigida al propósito de lesionar la norma, o si al menos, por haber puesto la diligencia y cuidado en la acción requería igualmente produjo el resultado dañoso” (sic). El organismo fiscal menciona que demostrado el elemento material, se presumirá la intención del contribuyente, y es este quien deberá demostrar, mediante presunciones legales, la falta de este. Cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la recurrente y hace reserva del caso federal. Solicita se rechacen los recursos interpuestos y se proceda a confirmar las resoluciones impugnadas, con costas a la actora.
III. Que a fs. 172 vta. se resuelve acumular el Expte. N° 38.129-I al que lleva el N° 38.128-I. Que a fs. 53 se resuelve abrir a prueba el Expte. N° 38.128-I, intimando a la recurrente a reformular el ofrecimiento del inciso a) del punto B) de la prueba informativa -toda vez que no se ajustaba a la norma del art. 396 del C.P.C.C.N.-, rechazar la prueba informativa ofrecida en el inciso b) del punto B) y hacer lugar a la prueba pericial contable.
Que a fs. 61 se tuvo por desistida a la parte actora de la producción de la prueba pericial contable y se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en la resolución de fs. 53, y en consecuencia, se rechazó la producción de la prueba informativa ofrecida en el inciso a) del punto B) del escrito recursivo. A fs. 164 se resuelve abrir a prueba el Expte. N° 38.129-I y a fs. 179 se tuvo por desistida la prueba informativa ofrecida en el punto 6.B).
Que a fs. 198 se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, y a fs. 204 se ponen los autos para el dictado de la sentencia.
IV. Que corresponde tratar en primer lugar la observación planteada por la parte actora en su escrito recursivo con respecto a que la inspección habría determinado ajustes en los períodos 01/2008 y 09/2009 no encontrándose los mismos comprendidos dentro de la Orden de Intervención. Se adelanta que el agravio debe ser desestimado.
Ello así toda vez que, conforme surge del formulario F 8000 N° 0015079 obrante a fs. 2 del Cuerpo Principal I del Impuesto a las Ganancias, el Fisco Nacional dispuso que “la citada fiscalización comprenderá las obligaciones y períodos que se detallan a continuación: Imp. a las Ganancias período fiscal 2008, IVA 01/2008 a 09/2009.”
Que, dicho formulario consigna claramente que el 03/12/2009 la recurrente fue notificada sobre la fiscalización, dejando en claro los impuestos sobre los que versaba la fiscalización y los periodos fiscales de los mismos.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de la recurrente.
V. Que corresponde adentrarse en las determinaciones de oficio relacionadas con el IVA e Impuesto a las ganancias respecto a la impugnación de los proveedores. En atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los indicios que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida a los proveedores que declara la recurrente, para luego emprender el análisis de aquellos, teniendo en cuenta la prueba arrimada.
Que según surge del informe final de fiscalización obrante a fs. 801/809 del Cuerpo Principal IVA N° 5 de los antecedentes administrativos, se detectó que la recurrente se encontraba inscripta en la actividad de venta al por menor de productos de almacén-dietética, actividad que no correspondía con las operaciones que esta llevaba a cabo, por lo que fue modificada por venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos.
Los ajustes efectuados en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias se detallan por cada proveedor, según los siguientes indicios:
1. Mercantil Rukwa S.A.: (véase el análisis de este proveedor obrante a fs. 129 del Cuerpo Principal Impuesto a las Ganancias 1/1 y fs. 806 del Cuerpo Principal IVA 5/6), circularizado el proveedor, se recibió la nota “Devuelta por el correo”. De la consulta de la base E-FISCO surge que la actividad principal de la firma es la elaboración de productos alimenticios. Que figura como fecha de inscripción en IVA el 07/2008, ingreso 21/08/2008.
A su vez el proveedor solicitó el CAI el 03/10/2008, no obstante lo cual, la factura que aportó la recurrente posee una fecha previa (11/07/2008), fecha que no estaba aún autorizado el proveedor para facturar, y se corroboró que las declaraciones juradas de IVA fueron presentadas en cero.
Debido a las irregularidades detectadas se procedió a impugnar el crédito fiscal computado por estas operaciones.
2. Vilte, José Reinaldo: (véase el análisis de este proveedor obrante a fs. 129 del Cuerpo Principal Impuesto a las Ganancias 1/1 y fs. 806 del Cuerpo Principal IVA 5/6) circularizada la firma, respondió que no ha realizado ninguna operación con la contribuyente.
Asimismo, se constató que la firma existe y su actividad principal es la venta al por menor de repuestos y accesorios para automotores.
A su vez se detectó que el CAI que figura en las facturas que acompañó la recurrente no coincide con el CAI autorizado que figura en la base informática del organismo fiscal.
En atención a todo lo mencionado, se procedió a impugnar el crédito fiscal computado por estas operaciones.
3. Agyl S.R.L.: (véase el análisis de este proveedor obrante a fs. 129/131 del Cuerpo Principal Impuesto a las Ganancias 1/1 y fs. 806 del Cuerpo Principal IVA 5/6) circularizada esta contribuyente se recibió nota “devuelta por el correo”.
Se concurrió al domicilio fiscal de la firma constatando que se trataba de un local abandonado al lado de una Estación de Servicio también desocupada y fuera de funcionamiento. Se concurrió al domicilio declarado del socio gerente, en donde se encontraba su esposa, quien aportó datos telefónicos. Luego de esto, se concertó una entrevista con el Sr. Nadalín quien informó que la firma no tuvo actividad, puso a disposición el talonario de facturas tipo “A” y del mismo se pudo constatar que dicha factura es notablemente distinta a la intervenida y anexada.
A su vez se le exhibió copia de la multinota suscripta por la Sra. Romo, donde figuran las supuestas operaciones realizadas entre la compañía y la Sra. Romo, que el Sr. Nadalín había detallado. Este procedió a desconocer la nota, la firma y la copia de la factura adjuntada.
Atento a todo esto se procedió a impugnar el crédito fiscal computado.
4. Telimtex S.R.L.: (véase el análisis de este proveedor obrante a fs. 131 del Cuerpo Principal Impuesto a las Ganancias 1/1 y fs. 807/808 del Cuerpo Principal IVA 5/6). Una vez circularizada la firma, respondió que no ha realizado ninguna operación con la contribuyente.
Asimismo, del análisis de la documentación aportada por la contribuyente y de las consultas a las bases del organismo se verificó que la firma proveedora se encuentra inscripta en la AFIP y su actividad principal es la venta al por mayor de tejidos y telas.
Con relación a las facturas verificadas por la fiscalización, se observó que la operación con la contribuyente tuvo como objeto la venta de bolsas, siendo que la contribuyente moviliza la mercadería a granel. Además, se advirtió que ésta no cuenta con un deposito ni con personal que pudiera llevar a cabo tareas de fraccionamiento.
También, se verificó que las facturas no tienen al pie ni CAI ni datos de la imprenta.
Ello así, se procedió a impugnar el crédito fiscal ya que resultaba improcedente su cómputo. Que en cuanto al ajuste por facturación presuntamente apócrifa que generó la impugnación del crédito fiscal computado en el IVA por la recurrente, es doctrina sentada por este Tribunal que “…de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos materialformales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos material (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal)” (vide “Impulso S.A.”, Sala “A” del 27/3/1998; jurisprudencia continuada en “Idoipe Larraga, Angel”, Sala “A” del 11/12/2001; y compartida en “Cooperativa Avícola Mendoza Limitada”, Sala “B” del 19/04/2010; “Raúl Pitteri Hogar S.R.L.”, Sala “C” del 28/02/2006; “Prodecom S.A., Sala “D” del 24/08/2000, entre muchas otras).
Que ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación, toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito.
Que en análogo sentido se ha expedido nuestro Más Alto Tribunal in re “Industrias Electrónicas Radio Serra S.A.”, de fecha 06/08/1991 (Fallos 314:745), en tanto establece que “en orden a esta prevalencia de la denominada “realidad económica”, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes que solo existirán en el futuro, pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible podría originarse un crédito fiscal a favor del “comprador” que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas”. Que del análisis de los indicios colectados por la inspección respecto de los proveedores observados en el IVA, puede concluirse que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal se encuentra debidamente fundamentada. En efecto, se advierte que dichos indicios ostentan el carácter de graves, precisos y concordantes, lo que lleva a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas, tal como fueron presentadas.
A su vez, se debe mencionar que respecto a los proveedores Miguel Antonio Pedreira y Omar Orlando Toselli, se procedió a impugnar el crédito fiscal sobre las operaciones que no fueron reconocidas por estos, sin embargo se debe tener en consideración que los proveedores mencionados no son apócrifos para el organismo fiscal (fs 152 y 184 del antecedente administrativo – Cuerpo Principal IVA 1/6). Corresponde recordar entonces que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues, como lo establece el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido, corresponde a la actora demostrar la existencia de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo.
Ello así, debe determinarse si los elementos probatorios aportados por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la realización de la venta de bienes por parte de los proveedores impugnados y su real representación en los créditos fiscales declarados. Esta equivalencia resulta imprescindible para considerar válida la cuantificación, y por consecuencia, irresistible la consistencia de la obligación tributaria declarada por el contribuyente. De no ser así, aunque se acredite la existencia física de los proveedores impugnados, no se podría aseverar que la autodeterminación practicada por el contribuyente se corresponde con operaciones efectivamente realizadas.
Que si bien la actora ha ofrecido prueba pericial contable en la presente instancia, lo cierto es que, a raíz del tiempo transcurrido sin que impulsara su producción, este Tribunal la tuvo por desistida (fs. 61). Lo propio sucedió con la prueba informativa por lo que también se la tuvo por desistida (fs. 179). Tampoco hay en los antecedentes administrativos constancia de producción por la actora de prueba alguna con la que pudiera revertirse el valor convictivo de los sólidos indicios colectados por el Organismo Fiscal. Que la recurrente se agravia, con mera argumentación teórica, del método indiciario utilizado por el Fisco Nacional, sin rebatir con prueba fehaciente los indicios que revelan la falta de veracidad de las facturas aportadas. Por otro lado, en modo alguno puede admitirse el cómputo del crédito fiscal por el mero cumplimiento de cuestiones formales -como pretende la actora- cuando se presente un cuadro de serios reparos respecto a la realidad de las operaciones y la capacidad operativa del supuesto proveedor. Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza de los referidos proveedores; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
Que tal como explicara nuestro más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto,“...el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986). Que en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas con los proveedores cuestionados, no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto, por lo que debe confirmarse la determinación practicada, así como también los intereses resarcitorios, habida cuenta la falta de agravio a su respecto por parte de la actora.
A su vez, respecto al Impuesto a las Ganancias a la apelante se le impugnaron compras correspondientes a los proveedores antes enumerados. En el punto en cuestión se trata de establecer, según la realidad económica, la procedencia de la deducción de los gastos en que indispensablemente se haya incurrido para obtener las ganancias gravadas o mantener y conservar la fuente que las produce.
Que resulta pertinente recordar que el art. 17 de la Ley del Impuesto a las Ganancias dispone que “para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga”. Asimismo, el art. 80 de dicha ley define el concepto de gasto deducible, disponiendo que “los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán las ganancias producidas por la fuente que las origina”. Asimismo, entre las deducciones especiales de la tercera categoría, el art. 87 inc. a) prevé la deducción de “los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio”.
Cabe poner de relieve que en el acto determinativo del Impuesto a las Ganancias se reiteran los fundamentos de la resolución del Impuesto al Valor Agregado, es decir que frente a los indicios constatados se consideró que las operaciones denunciadas son inexistentes y ninguna prueba en contrario ha producido o aportado la recurrente para revertir el criterio fiscal.
Que ello así, se considera que en Impuesto a las Ganancias las impugnaciones de los proveedores han sido adecuadamente sustentadas por el organismo fiscal, habiendo reunido el Fisco Nacional indicios suficientes para poner en tela de juicio la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas.
Que la falta de capacidad operativa de los proveedores y la ausencia de prueba sobre la real existencia de la actividad u operatoria que a los proveedores se les ha querido atribuir inducen a concluir razonablemente la inexistencia de las mismas y por lo tanto resulta improcedente admitir la deducción de estos gastos inherentes, por lo que debe confirmarse la determinación practicada, así como también la liquidación de los intereses resarcitorios, habida cuenta la falta de agravio a su respecto por parte de la actora.
VI. Que corresponde tratar el tema de fondo relacionado con los depósitos bancarios efectuados por la contribuyente, que excedían a los ingresos de ventas declarados y con relación a las compras y gastos imputados, respecto de las operaciones que fueron 1) desconocidas por los proveedores y 2) que no habían sido informadas.
Que con fecha 05/02/2010, la fiscalización concurrió a la oficina del asesor de la contribuyente quien aportó copias de los registros de compras con su documentación respaldatoria correspondientes a los períodos 01/08 a 09/09, procediéndose a cotejar lo registrado y las facturas de compras y gastos correspondientes.
Una vez analizada la documentación aportada, la auditoria procedió a controlar las sumas totales mensuales, consultó en las bases todos los datos de los proveedores, procediéndose a la circularización de los mismos. A su vez fueron analizadas las cuentas bancarias de la recurrente, donde se constataron diferencias entre los ingresos y las ventas declaradas.
Según surge del informe final de fiscalización obrante a fs. 125/133 del Cuerpo Principal Ganancias N° 1, los inspectores procedieron a efectuar un análisis de las acreditaciones bancarias de la parte actora sobre la base de la información aportada por las entidades bancarias que fueron circularizadas, llevándose a cabo la depuración de los depósitos de conceptos que no configuraban como ventas, tales como cheques devueltos y transferencias entre cuentas.
Explica la inspección que habiendo realizado la sumatoria de los depósitos depurados, se confeccionó un detalle con la determinación del importe de las ventas originales declaradas, pudiendo comprobarse que los montos de las acreditaciones superaron las referidas ventas declaradas. Consecuentemente, se procedió a dispensar a las diferencias así comprobadas el tratamiento previsto en el artículo 18, inciso g) de la ley 11.683 y asignarles el carácter de incremento patrimonial injustificado, adicionándole al monto establecido un 10% en concepto de renta consumida en gastos no deducibles. Dichas diferencias no fueron explicitadas por la fiscalizada (vide fs. 132 Cuerpo Principal Ganancias N° 1). Tampoco en esta instancia aportó la inspeccionada elementos probatorios que logren desacreditar las impugnaciones de la fiscalización, por lo que corresponde confirmar los cargos.
Asimismo, por las compras omitidas, sobre los proveedores Miguel Antonio Pedreira, Omar Orlando Toselli, Lorenzo Reynoso y Timbo S.A. el organismo fiscal procedió a adicionar al crédito fiscal (fs 94 de los antecedentes administrativos – Impuesto a las Ganancias – Cuerpo Principal 1/1) y, sobre los proveedores Miguel Antonio Pedreira y Omar Orlando Toselli. Asimismo, se procedió a impugnar el crédito fiscal de las operaciones que no fueron reconocidas por éstos, considerando que los proveedores mencionados no son apócrifos para el organismo fiscal (fs 152 y 184 del antecedente administrativo – Cuerpo Principal IVA 1/6).
Que la recurrente no pudo desvirtuar la postura arribada por el fisco respecto a los incrementos resultantes del análisis de los depósitos bancarios, por lo que corresponde confirmar la determinación practicada, así como también los intereses resarcitorios, habida cuenta la falta de agravio a su respecto por parte de la actora, con costas VII. Que como consecuencia del criterio de confirmar los ajustes precedentemente analizados, corresponde pasar a examinar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis. Que en el caso de autos se le aplicaron al contribuyente dos multas por omisión de impuesto con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental.
Cabe recordar que el art. 45 de la ley 11.683, (t.o. 1998) en su redacción vigente para los hechos aquí ventilados, establecía que “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el 50% y el 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente siempre que no corresponda la aplicación del art. 46 y en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales”.
Que con arreglo al texto legal, la infracción del art. 45 de la ley 11.683 requiere para su configuración objetiva la concurrencia de dos elementos: por un lado, la omisión de pago de impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable.
En lo que atañe al aspecto subjetivo, la figura requiere la existencia de culpa en el obrar del imputado. Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”.
Sentado ello y tras recordar su conocida doctrina en el sentido de que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena -que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente-, concluyó que “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN –“Morixe Hnos. SACI” - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales que claramente se exhiban como de difícil y/o alambicada interpretación.
En el caso bajo análisis, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto en su justa medida mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas y, ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar las multas aplicadas.
No obstante ello, con relación al quantum de las mismas, cabe precisar que si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar, como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio, sobre la concreta aplicación de dicha facultad punitiva. Ello así, se observa que el Juez Administrativo fijó las mismas en el 70% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que la recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir las mismas al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal preopinante y a la solución a la que arriba votando en el mismo sentido.
II. Que en efecto tal como surge de las presentes actuaciones, en lo relativo al ajuste en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2008 e Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 01/08 a 09/09 se ajustaron las ventas declaradas y los débitos fiscales. Del análisis de la información colectada de terceros -en virtud de la falta de aporte por parte de la contribuyente-, se detectó que los depósitos bancarios efectuados por la contribuyente en la Cuenta corriente en pesos N° 11126/3 correspondiente a la sucursal Venado Tuerto del Nuevo Banco de Santa Fe durante los períodos fiscales 01/2008 a 09/2009 y en la cuenta corriente en pesos N° 281-013730/3 de la Sucursal Venado Tuerto del Banco Credicoop Coop. Ltdo, en idéntico período, luego de ser debidamente depurados, excedían a los ingresos por ventas por ella declarados. La diferencia entre el total de los depósitos extractados de los resúmenes de cuenta bancarios -debidamente depurados- y el total de ventas declaradas, se consideró constituyen ganancias netas de su actividad comercial, ello en un todo de acuerdo con lo prescripto por el articulo 18, inciso g), punto 1) y 2) de la Ley N° 11.683 (incremento patrimonial no justificado), esto es, la consecuencia prevista por la ley ante una determinada situación fáctica.
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae. En definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TEN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/1/1996).
Que sobre estos ajustes la parte actora no ofrece defensa alguna ni aportó elementos de prueba a fin de derribar las conclusiones del Fisco Nacional, razón por la cual corresponde su confirmación.
III. Por otra parte en el Impuesto a las Ganancias se ajustaron las compras y gastos imputados al Costo y en el Impuesto al Valor Agregado el crédito fiscal declarado por la contribuyente en los períodos bajo análisis. Se circularizó a las firmas que figuran como proveedoras en los registros aportados. De la compulsa de las respuestas recibidas por los proveedores circularizados con los registros de Compras emergió la existencia de operaciones de compra registradas que fueron desconocidas por los presuntos proveedores procediendo su impugnación (Pedreira Miguel Antonio, ver fs. 19 y 152 Cpo. Ppal. IVA, Toselli Omar Orlando ver fs. 23 y 184 Cpo Ppal IVA, Vilte José Reinaldo, ver fs. 231 a 233 Cpo Ppal IVA, y Telimtex SRL ver fs. 246 a 248 Cpo Ppal IVA), Por otro lado se detectaron operaciones que fueron informadas por los proveedores Pedreira Miguel Antonio, Toselli Omar Orlando, Reynoso Lorenzo y Timbo SA que no habían sido registradas, procediendo su cómputo en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado se procedió a su adición al crédito fiscal registrado.
Asimismo en relación al costo/crédito fiscal declarado, luego de la auditoría practicada y en función de las constataciones y pruebas colectadas, las cuales en detalle se expusieron en la vista, se concluyó que las compras que la obligada registró como efectuadas con AGYL S.R.L. y MERCANTIL RUKWA S.A. no se encontraban fehaciente e inequívocamente probadas, consecuentemente se efectuó la impugnación de las mismas y del costo correspondiente.
Que en virtud de lo expuesto, se concluyó en el Impuesto a las Ganancias que el monto de compras y gastos computables en las liquidaciones proyectadas a efectos de determinar el costo del ejercicio fiscal 2008, es el resultante de deducir al total de compras y gastos registrados.
Por su parte, en el Impuesto al Valor Agregado el crédito fiscal computable en las liquidaciones proyectadas, es el resultante de deducir al crédito fiscal plasmado en los registros de compras aportados, las inconsistencias antes apuntadas y de adicionar el crédito fiscal informado y no registrado. En tal sentido, es dable señalar con repecto a la parte del ajuste relativo a la impugnación de las operaciones con los proveedores cuestionados que ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia (concomitantemente) de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional, habida cuenta lo actuado por la inspección, en donde se acredita que en el caso de Pedreira, Toselli, Telimtex SRL y Vilte José Reinaldo desconociendo ciertas operaciones con la contribuyente y respecto de Mercantil Rukwa S.A. la facturación fue emitida cuando no estaba aún autorizado el proveedor para emitir facturas, presentando además las declaraciones juradas de IVA en cero. Por otra parte en el caso de Agyl SRL se constató que al haber concurrido al domicilio fiscal de la firma se trataba de un local abandonado al lado de una Estación de Servicio también desocupada y fuera de funcionamiento. Se concurrió al domicilio declarado por el socio gerente en donde se concretó una entrevista con el Sr. Nadalin quien informó que la firma no tuvo actividad, puso a disposición el talonario de facturas tipo “A” y del mismo se pudo constatar que dicha factura es notablemente distinta a la intervenida.
Que, siendo en el presente contexto aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", cabe señalar que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores (no de su situación fiscal o la identidad definitiva del mismo) y acreditar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Que, en esta inteligencia debe recordarse que la Sala B tiene dicho que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma Sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Que, todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento dictado in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de esta Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/8/91), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que, en suma, corresponde al recurrente acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, independientes de la identidad del presunto proveedor, circunstancia que la actora no ha demostrado, no habiendo aportado elementos de prueba que permitan evidenciar el circuito comercial desplegado para tener por existentes a las operaciones impugnadas.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar razonablenente de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de la inscripción en AFIP de los mismos, facturas, recibos, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias mas arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados. Ello así, corresponde confirmar la impugnación del costo en ganancias y del crédito fiscal en el IVA que efectúa el Fisco Nacional en los actos recurridos.
IV. Que por último, adhiere a lo resuelto por el preopinante con relación a la confirmación de las multas impuestas, con la reducción al mínimo legal.
V. Que atento lo expuesto precedentemente voto por: Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto y accesorios, y graduar en el mínimo legal las sanciones aplicadas en los términos del articulo 45 de la ley procedimental, con costas en lo que se confirma y por su orden en la parte en que se reduce el quantum de la sanción.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiero al relato de los hechos formulado y la conclusión a la que arriba el Dr. Magallón en las presentes actuaciones, votando en el mismo sentido, compartiendo asimismo las precisiones efectuadas por el Dr. Pérez en su voto.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto y liquidan intereses, con costas.
2. Confirmar la aplicación de las multas de ambos tributos, reduciéndolas al mínimo legal de la escala. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por el orden causado en lo que se reduce. Regístrese, notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregada al expediente papel. Date: 2023.10.30 17:09:48 ART Date: 2023.10.30 17:14:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.31 13:53:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 13:53:38 -03:00
Fin de la sentencia