Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.323-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Fallo N° 05/2012 dictada en la Actuación SIGEA N° 12297-118-2007. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-78194698-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Agosto de 2021 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “RONALB S.R.L. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 31.323-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Que a fs. 31/33 la firma referida interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo N° 05/2012 dictada el 07/02/2012 por el Juez Administrativo de la Div. Aduana de Iguazú en la Actuación SIGEA N° 12297- 118-2007 mediante la cual se la condena al pago de una multa de $12.415,24 en los términos del art. 9 de la Ley 21.453 en relación a la DJVE 07 029 DJVE 000835 X. Se agravia del cálculo de la multa realizado por el servicio aduanero. En ese sentido esgrime que la misma debió reducirse en un 75% so pretexto de que comunicó el cumplimiento parcial a través de su despachante de aduanas con anterioridad a la intervención del servicio aduanero. Por consiguiente, encuadra su caso en lo previsto en art. 917 del CA, habida cuenta de que, desde su perspectiva, no se trata de una infracción de fondo al régimen de destinaciones suspensivas. En subsidio, solicita la atenuación de la multa conforme los arts. 915 y 916 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Solicita se haga lugar a lo solicitado, con costas.
II. Que, a fs. 44/46, la representación fiscal se opone a la aplicación del instituto de la autodenuncia. Consigna que, habiéndose asignado canal naranja a la operación, se inició el proceso de inspección aduanera, lo que impide la aplicación del beneficio solicitado. A mayor abundamiento, pone de manifiesto que su aplicación también resulta descartada en los términos del segundo apartado del art. 917 del CA. Entiende que objeto de la infracción resulta configurado porque la mercadería nunca fue embarcada/exportada y, desde esa perspectiva de la cuestión, el “libramiento” no ha existido. Hace reserva de plantear el caso federal. Ofrece prueba. Solicita se confirme el decisorio aduanero apelado, con costas.
III. Que a fs. 52 se declara la causa como de puro derecho. A fs. 53 se elevan los autos a esta Sala G, la que los pasa a sentencia.
IV. Que la Actuación Nro. 12297-118-2007 se inicia a fs. 1ref. con la denuncia formulada contra la recurrente el 21/09/2007 y la liquidación de multa mínima en relación a la DJVE 07 029 DJVE 000835 X en los términos del art. 9 de la Ley 21.453, 969 del C.A. y Nota Externa N° 19/2005 (DGA). A fs. 11ref./13ref. se agrega copia de dicha declaración. A fs. 14ref. se instruye el sumario contencioso y se corre vista de lo actuado a la imputada (notif. del 25/04/2008 cfme. constancia de fs. 17ref.). A fs. 19ref./20ref. se agrega el descargo de la actora y a fs.21ref./46ref. la documental acompañada (en particular, a fs. 43ref. se agrega la presentación efectuada el 29/08/07) por el despachante ante la Aduana de Iguazú en la que informa el incumplimiento relativo a la DJVE de autos). A fs. 51ref./52ref. se emite Dictamen N° 61/2012 y a fs. 54/56, el 07/02/2012, se dicta la resolución apelada (notif. 23/04/2012 cfme. constancia de fs. 57vta.).
V. Que, de acuerdo a la reseña efectuada, cabe puntualizar que la recurrente documentó ante el servicio aduanero la exportación en los términos de la Ley 21.453 de 2.200 toneladas de arvejas mediante la DJVE 07 029 DJVE 000835 X cuya prórroga automática venció el 29/08/2007.
Que, el mismo día en que operaba dicho vencimiento, la recurrente efectuó, a través de su despachante de aduanas, una presentación ante el servicio aduanero mediante la cual le informaba que, por razones comerciales, había desistido de realizar las últimas operaciones para cancelar la DJVE de autos quedando pendiente de exportación un saldo de 9 toneladas para completar el 90% de la mercadería documentada.
Que, en las condiciones señaladas, toda vez que no se encuentra discutido ante esta instancia que la recurrente no cumplió con la exportación del 90% de la mercadería dentro del plazo previsto al efecto, el tema decidendum resulta ceñido a considerar si puede asignársele a la presentación referida en el párrafo anterior el carácter de autodenuncia reconociéndosele, consecuentemente, los efectos previstos en el art. 917 del CA en relación a la multa que se le exige en virtud de la infracción prevista en el art. 9 de la Ley 21.453.
VI. Que, a tal efecto, resulta relevante considerar, en primer lugar, que mediante la Ley 21.453 se implementa un régimen de fomento a las exportaciones de productos agrícolas, mediante el cual se establece que, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de dichas mercaderías, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta (art. 6 de la Ley 21.453). Que, como contrapartida de dicho beneficio (congelamiento del tratamiento tributario de exportación a la fecha del cierre de venta) la ley establece que, las ventas declaradas bajo el régimen allí previsto, se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el 90% de la cantidad declarada. Asimismo, dispone que la Autoridad de Aplicación puede dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
Finalmente, y en cuanto aquí concierne, estipula que el incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente 15% del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el 90% de la cantidad declarada (art. 9 de Ley 21.453) .
VII.-Que, en igual sentido, el art. 730 del CA estipula que, cuando el exportador hubiese optado por el régimen previsto en el art. 729 del CA (régimen opcional en virtud del cual, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación y demás tributos que gravaren la exportación a consumo, resultan aplicables el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigentes a la fecha en que se perfeccionare el contrato de compraventa) deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos establecidos al efecto, cumplir con la exportación respectiva. Asimismo, dispone que dicha exportación se considerará cumplida cuando comprendiere, por lo menos, el 90% de la cantidad declarada en el contrato registrado.
Que, finalmente, mediante el art. 969 del C.A. se sanciona, con una multa del 10% al 20% del valor en aduana cantidad de mercadería no exportada, al exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 y, sin mediar causales de caso fortuito o fuerza mayor, no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 del CA.
VIII.-Que, por su parte, el art. 917 del CA cuya aplicabilidad al caso concreto se examina, prevé un supuesto de atenuación en virtud del cual, la multa mínima correspondiente a una infracción aduanera, se reduce en las siguientes condiciones: “El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un 75% y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que:a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería.
2. La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación.
3. La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones.
IX. Que, en relación a esta cuestión y considerando que, conforme resulta de la reseña normativa efectuada, se trata aquí de una infracción que se configura en virtud de la falta de exportación de, al menos, el 90% de la mercadería registrada dentro del plazo establecido al efecto, coincido con el criterio de Dr. Segura expuesto en autos: “PEREDA, NICOLÁS VICENTE c/DGA s/recurso de apelación”, Expte. N° 31.268-A, en cuanto sostiene que, si bien no se trata de una infracción de fondo al régimen de destinaciones suspensivas, el régimen especial bajo el cual la actora confeccionó la DJVE (Ley 21.453), sí conlleva una obligación –material- y un plazo determinado para su realización, razón por la cual, el mentado régimen, no se encuentra excluido de lo previsto en el apartado 3 del art. 917 del CA. Ello así toda vez que, de este último, no surge que la improcedencia de la autodenuncia allí prevista se encuentre circunscripta a las infracciones relativas a los regímenes de destinación suspensiva sino a todas aquellas “destinaciones u operaciones” cuya realización se halle, como ocurre en el caso de autos, sujeta a un plazo reglado.
X. Que tal conclusión se sostiene aun en el caso de que la comunicación del incumplimiento ante el servicio aduanero se practicase con anterioridad al vencimiento del plazo estipulado para el cumplimiento de la obligación de que se trate o, como en el caso, en el mismo día en que el dicho vencimiento opera. Ello obedece a que, previo al vencimiento del plazo referido, no hay configurada infracción alguna, razón por la cual no puede hablarse de “autodenuncia” y, si en virtud de la aplicación del principio del informalismo a favor del administrado, debiese considerarse que esa presentación fue realizada con posterioridad al vencimiento de dicho plazo, el supuesto de exclusión previsto por el apartado 3 del art. 917 del CA se encontraría, sin hesitación alguna, configurado.
XI.-Que, por otra parte, cabe poner de resalto que, el beneficio de la autodenuncia, tiene por objeto “retribuir” la colaboración del infractor en la detección de errores cometidos al comprometer la declaración aduanera antes de que estos puedan ser advertidos por la aduana, mas no consagrar la posibilidad del importador/exportador de eludir el cumplimiento de las obligaciones del régimen al que se acoge mediante el pago de una multa reducida. Que admitir dicha posibilidad en supuestos como el de autos implicaría, no sólo reconocerle al exportador la posibilidad modificar la DJVE permitiéndole exportar una cantidad distinta a la documentada (en contra de lo previsto por la Ley 21.453 en cuanto dispone que sólo la autoridad de aplicación puede dar por cumplidas las operaciones cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador), sino que abriría la puerta a la ejecución de las maniobras especulativas cuya perpetración, conforme resulta de la nota de elevación al Poder Ejecutivo del proyecto de la Ley 21.453, tiende a evitarse mediante el régimen sancionatorio contenido en la misma.
XI.-Que, como corolario de lo expuesto, cabe subrayar que la “colaboración” del infractor no es necesaria en supuestos como el de autos en los que, el incumplimiento de los plazos, es manifiesto.
Que, en virtud de lo expuesto, entiendo que la reducción de la pena en los términos previstos por el art. 917 del CA es improcedente.
XII. Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento voluntario a un régimen de excepción importa, con idéntico alcance, el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216; 285:410; 299:221; 307:1582; 314:1175; 327:4360, entre otros).
Asimismo, corresponde considerar que, tratándose de beneficios tributarios, se debe ser cuidadoso en la interpretación de modo tal de que, por vía interpretativa, no se consagren las excepciones como regla general y, por lo demás, debe tenerse en cuenta el contexto general de las leyes y de los fines que las informan (Fallos 264:152; 265:256, entre otros).
Que, desde comprensión del asunto, entiendo que, si el exportador se acogió en forma voluntaria al régimen especial de la Ley 21.453 con el propósito de obtener los beneficios previstos en dicha norma, no puede, al amparo de normas previstas en el régimen general, cuestionar o pretender eludir el cumplimiento o justificar el incumplimiento de las obligaciones expresamente estipuladas como contrapartida de tales beneficios.
XIII. Que con relación a la atenuación de la multa por debajo de los topes mínimos en los términos de los arts. 915 y 916 del CA solicitada por la recurrente, cabe señalar que, tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable.
Que así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa,ED- DCCLXIV-708).
XIV. Que las costas deben imponerse por su orden en atención a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el tema.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución Fallo N° 05/2012 dictada en la Actuación SIGEA N° 12297-118-2007. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución Fallo N° 05/2012 dictada en la Actuación SIGEA N° 12297-118-2007. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2021.08.23 15:48:38 ART Date: 2021.08.23 23:57:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.08.24 14:15:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.08.24 14:16:40 -03:00
Fin de la sentencia