Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 27.079-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Fallo N° 496/2020 (AD ROSA) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario, en la Actuación Nº 17535-152-2015. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-62348020-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Junio de 2022 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “RONALB S.R.L. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente EXP-2021-15669982-APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante RE-2021-15668292-APN-SGASAD#TFN la firma RONALB S.R.L. interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo N° 496/2020 (AD ROSA) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario, en la Actuación Nº 17535-152-2015, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $282.828 por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. Da por reproducidas las manifestaciones efectuadas en el descargo ante la Aduana. Entiende que en el caso no se configuró la infracción endilgada, atento no exista una prohibición, sino de una exportación sujeta a una condición. Se refiere a la prohibición de la aplicación de la analogía, entendiendo que aquí se trata de mercadería no amparada y no de mercadería prohibida. Explica que registró ante UCESCI dos declaraciones comprensivas de la totalidad del embarque comprometido para su cliente, pero al momento de la carga manual, involuntariamente consignó el dato numérico de una misma DJVE en dos operaciones de exportación. Resalta la buena fe en la actuación de la empresa y la circunstancia de no haber generado dicho error perjuicio fiscal alguno. Se refiere a la garantía del plazo razonable y afirma que el servicio aduanero no efectuó un análisis fundado del trámite. En subsidio, solicita la aplicación de lo dispuesto en el art. 898 del C.A. y, asimismo, de los art. 959 inc. a) y la atenuación establecida en el art. 916 del C.A.. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. En IF-2021-35353195-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido. Luego de hacer una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Destaca que existió una declaración inexacta y no consta, como lo afirma la actora, que ello se deba a un error. Manifiesta que, de pasar inadvertido, pudieron haberse exportado 97,5 tn de mercadería en demasía gozando del beneficio del régimen de la Ley 21.453, pero no encontrándose autorizado ese beneficio. Cita los arts. 726 del C.A. y 6 de la Ley 21.453, analizando que el primero constituye la regla y el segundo la excepción a la misma. Concluye que la excepción a la regla beneficia al particular, y por lo tanto, la declaración que se hace usufructuando un régimen de excepción que no se tiene resulta una declaración inexacta e implica una transgresión a una prohibición relativa de carácter económico. Cita jurisprudencia. Se opone a la aplicación del principio de la duda previsto en el art. 898 del C.A., considera que no resulta aplicable lo establecido por el art. 959 del C.A. ni lo solicitado en relación a la atenuación de la multa prevista en el art. 916 del C.A., por los fundamentos que expone. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se confirme el fallo aduanero apelado, con costas.
III. Mediante PV-2022-57830293-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala G, que los pasa a sentencia (v. IF-2022-598477869-APN-VOCXIX#TFN).
IV. La Actuación N° 17535-152-2015 (Sumario SA52 Nº 355/2015-K), agregada mediante los IF-2021-87766681- APN-DTD#JGM, se inicia a fs. 1 mediante Informe Nº 369/15 (Sec. Insp. Ex-Ante), acompañando a fs. 2/13 print de pantallas de consultas al SIM de la DJVE Nº 15 052 DJVE 000576 F, copias de las destinaciones Nros. 15 052 EC01 004128H y 15 052 EC01 004667 P y documentación complementaria, y de la DJVE Nº 15 052 DJVE 000576 F. A fs. 16 obra Acta de Denuncia del 01/09/2015 por infracción al art. 954 del C.A. y a fs. 18 se determina la multa mínima. A fs. 19/20 se instruye sumario contencioso y se corre vista de lo actuado a la firma Ronalb S.R.L. mediante Resolución Nº 765/15 (AD ROSA) y a fs. 22/26 presenta su descargo la firma denunciada. A fs. 61/62 obra Dictamen Nº 8/2020 (AD ROSA), a fs. 63/64 obra impresión de consulta al Registro de Infractores y a fs. 65/68 se dicta la Resolución Fallo Nº 496/2020 (AD ROSA), apelada en autos.
V. Corresponde resolver si la Resolución Fallo Nº 496/2020 (AD ROSA), en cuanto condenó a Ronalb S.R.L. al pago de multa por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A., se ajusta a derecho.
El art. 954 del Código Aduanero en su ap.1 establece que.: “El que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación...”.
El servicio aduanero imputó a la aquí actora la comisión de la infracción indicada, al entender que se excedió en la cantidad de toneladas autorizadas por la DJVE Nº 15 052 DJVE 000576 F. La recurrente reconoce que ello se debió a un error al consignar el número de DJVE declarado.
VI. Así las cosas, atento las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, corresponde recordar que la DJVE Nº 15 052 DJVE 000576 F (y su correspondiente ROE VERDE), fue registrada el 20/05/2015 por un total de 130 toneladas en relación a la mercadería de la P.A. 1005.90.10.219X “Los demás Pisingallo Más del 15% de embolsado (Ley 21.453) En grano - Los demás MAÍZ”, fecha de cierre de venta el 19/05/2015.
A través del Permiso de Embarque Nº 15 052 EC01 004128 H, oficializado el 08/06/2015 se exportaron 130 toneladas de la mercadería referida, consignando como fecha de cierre de venta el 19/05/2015 y en el campo “Documentos a Presentar”, la DJVE Nº 15 052 DJVE 000576 F.
Asimismo, mediante el Permiso de Embarque Nº 15 052 EC01 004667 P, oficializado el 07/07/2015, se exportaron 104 toneladas de la mercadería referida, consignando como fecha de cierre de venta el 19/05/2015 y en el campo “Documentos a Presentar”, la DJVE Nº 15 052 DJVE 000576 F.
VII. Cabe recordar que el art. 1 de la Ley 21.453 dispuso que las ventas al exterior de los productos de origen agrícola que indica, entre los que se encuentra la P.A. declarada en los P.E. de marras, quedarían sujetas a las normas que allí se establecen. De ese modo, las ventas al exterior de los productos indicados, debían ser registradas mediante las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. Mediante el art. 6 se estableció que para la liquidación de los tributos, reintegros y reembolsos serían de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelarios y de base imponible vigente a la fecha de cierre de cada venta.
En las condiciones indicadas, tengo para mí que la cuestión planteada ha sido debidamente considerada en el voto de la doctora Cora Musso en los autos: “Aceitera General Deheza S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”; del 24 de febrero de 2012, Sala E, Expte. Nro. 27.079-A, publicado en:
http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=21545”.
La DJVE no agota sus efectos en la determinación del régimen tributario aplicable en los términos del art. 6° de la ley 21.453 sino que, en el marco de los deberes de colaboración, facilita el control de las cantidades a exportar autorizados por las DJVE vinculado al abastecimiento interno, tal como resulta de la Nota al Poder Ejecutivo que se acompañara al proyecto de la ley 21453.
VIII. En tales condiciones, encuentro que el acto administrativo ha de ser mantenido en esta instancia recursiva, puesto que pesaba sobre las exportaciones cuestionadas una prohibición relativa de carácter económica, toda vez que la mercadería ha ser exportada, debe encontrarse autorizada mediante una DJVE. La situación endilgada encuadra en la infracción prevista en el inciso b) del art. 954 del C.A, en cuanto sanciona la declaración inexacta cuando produjere o pudiere producir una transgresión a una prohibición a la exportación.
IX. En los términos señalados, en relación a los errores involuntarios que aduce el recurrente para dispensarse de su responsabilidad sancionatoria, advierto que, a tenor de las características que son propias del derecho administrativo sancionador, no tienen peso para hundir a la decisión administrativa. Así lo considero, en lo fundamental, porque la tesis que sostiene la unidad del poder sancionatorio se da de bruces con la Constitución Nacional, habida cuenta de que la potestad penal es indelegable (art. 76, 99 inc.3 y 109) y, secundariamente, porque el legislador aduanero en línea con ese temperamento dispuso que el error no constituye eximente de sanción, salvo las excepciones expresamente previstas en el código. (art. 902 del C.A.). En atención a ello, cabe hacer notar que si la infracción aduanera fuera una especie de un poder sancionatorio que se reconduce bajo principios uniformes, el legislador nunca podría haber hacer caso omiso a la incidencia que tiene un error en la determinación de si una conducta es delictual. Al respecto, debe tenerse presente que cuando el articulo artículo 34, inciso 1º del Código Penal Argentino declama la no punibilidad de aquellas personas que desconozcan la naturaleza de la criminalidad del acto, no lo hace en el uso de su política criminal, sino por rigurosa necesidad de desarrollar y observar los principios constitucionales punitivos y de los que se desprende sin hesitación que el delito es una acción, típica, antijurídica y culpable.
X. En ese orden de ideas, la consideración anterior es fundamental para advertir que no es conveniente referir que en el ámbito administrativo sancionador ha de producirse una atenuación de los principios penales. Ello es así, toda vez que estos no son en rigor principios, es decir, mandatos que admiten su optimización en razón de las circunstancias, sino que son imperativos rígidos cuya observancia es inexcusable. En tal sentido, no cabe propiciar que puede existir la atenuación del principio del “acto” o de la “culpabilidad”, ya que su verificación resultaría inexcusable si la infracción administrativa resultase un desprendimiento de la potestad punitiva. Surge como lógica conclusión que la relación entre la sanción penal y la sanción administrativa no es de género a especie y los principios que la rigen no son los aceptados en la teoría del delito. Si coinciden los principios de configuración del sistema sancionador penal con los del derecho administrativo sancionador lo será porque eventualmente podrán compartir un componente retributivo.
XI. En efecto, si bien la sanción es un castigo, ya sea que la imponga la administración o la imponga un juez, no estamos en presencia de ejercicio de potestades que tienen un tronco común. Por ello mismo, cabe poner de relieve que las conductas consideradas como infracciones administrativas son expresión de la función administrativa y, en consecuencia, ante todo, las soluciones deben buscarse en el derecho público. A la sazón no resulta irrelevante quien impone el castigo, ya que la norma constitucional no habilita a elegir discrecionalmente entre la competencia sancionatoria de la administración y el ejercicio de las potestades punitivas de los jueces. Subsiguientemente, no existen tales principios comunes al ejercicio de la potestad sancionadora, sino que se trata de principios del derecho penal que se aplican al derecho administrativo los que deben incorporarse condicionada a la realización de un juicio de proporcionalidad. Conviene destacar, entonces, que la finalidad que cumple el derecho administrativo sancionador en el sistema jurídico no puede ser indiferente en la determinación del régimen jurídico.
XII. Así las cosas, el derecho administrativo sancionador propende a la protección de un único bien jurídico que es la protección de la función administrativa que, en este caso, se concreta en la tutela del principio de veracidad y exactitud de la declaración. Lo expuesto no implica desconocer una eventual faceta represiva del fenómeno administrativo sancionador, pero que tiene un rol absolutamente secundario y esto se pone en evidencia fácilmente a poco que se repara que la sanción administrativa se impone sin que exista ningún interés en el reproche moral al individuo, tanto es así que de corriente se aplican como en este caso a personas de existencia ideal carentes de toda actuación volitiva.
XIII. En consecuencia, para que una conducta pueda justificar una sanción administrativa no debe reunir las características que justifican la imposición de un castigo en concepto de delito. Así, en primer lugar, no debe existir una conducta, ya sea por acción u omisión. La responsabilidad puede serle imputada a sujetos carentes de voluntad. En efecto, no es de rigor el principio de imputación por el hecho en cuanto exige que, para imponer una sanción, exista una acción (o una omisión), ya que en derecho administrativo sancionador aún si no hay acción, puede haber una sanción. Por otra parte, la lesividad se presume iure et iure por incumplirse el mandato administrativo. En los ilícitos administrativos, la desobediencia apareja per se una situación de peligro que induce a crear la figura ilícita. Conviene destacar que el ilícito, dependiendo la figura examinada, podría quedar consumado aunque en el caso concreto no se haya producido ningún otro peligro que la mera desobediencia. En la misma sintonía, habida cuenta de que la responsabilidad puede ser endilgada sin acción, tampoco es de rigor el principio de personalidad de las penas en cuanto implica que únicamente pueden ser sancionados quienes hubieran realizado la conducta infractora, dado que en derecho administrativo sancionador es posible disociar el autor del hecho y la responsabilidad. Por tanto, no siendo aplicable este principio no puede excluirse la posibilidad de que se impongan sanciones en las cuales un sujeto (el responsable) responda por otro (el infractor).
XIV. En línea con lo comentado, tampoco es menester el reconocimiento de la exigencia de dolo o cuando menos culpa para imponer una sanción administrativa. Existe la posibilidad de imponer sanciones de modo objetivo y, en consecuencia, no es menester hacer un reproche en base al dolo o la culpa del imputado.
XV. Ello es así, habida cuenta de que el sentido primario de la autoridad administrativa sancionadora no es retributivo sino distributivo y es que pueda aplicarse una sanción proporcionada al incumplimiento objetivo de la norma. Sucede que destacar la aplicación de la sanción por la falta de culpa dejaría impune un sinfín de situaciones riesgosas que no deben ser soportadas por la comunidad y a cuya protección está obligado el legislador. Se insiste, al respecto, que la responsabilidad penal se enmarca en el principio de mínima intervención, por lo cual opera cuando los demás alternativas de control han fallado, no estando obligado a sancionar todas las conductas antisociales, pues la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que puede imponerse, habida cuenta de que imponer una pena implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad. En sintonía con ese carácter el derecho penal sólo se permite castigar al hombre por lo que hace y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. El principio según el cual no hay acción sin voluntad, exige la configuración del elemento subjetivo del delito, por lo que ningún comportamiento humano es valorado como acción, sino es realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. De manera tal que la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad. La autoridad administrativa no dispone la sanción ni para reparar un daño ni exclusivamente para afligir meramente un castigo.
XVI. En efecto, a diferencia del derecho penal, donde la regla general es que resulta menester un factor subjetivo de atribución, en el derecho administrativo bien podría resultar suficiente la inobservancia de la norma. Sobre el punto, conviene destacar que suele decirse que las normas sancionatorias administrativas presumen el actuar negligente del autor de la infracción. Esa galimatía se enuncia para seguir ligando al derecho administrativo sancionador con el principio de culpabilidad. Lo cierto es que no se alcanza a vislumbrar que la sanción administrativa podría ser aplicada aun cuando el resultado o riesgo prohibido se hubiera producido más allá de la diligencia debida del obligado por la norma administrativa. Atiéndase que los deberes impuestos por las normas administrativas razonablemente pueden ir más allá de situaciones en que el peligro no pueda ser conjurado ni aún extremando los deberes objetivos de cuidado.
XVII. En ese orden de ideas, no puedo dejar de señalar que dicho criterio se alinea con la posibilidad que una sanción administrativa termine siendo impuesta por hechos de terceros. Efectivamente, conviene subrayar que en el ámbito punitivo es proporcional a sus fines que se responda por hechos propios, sin que quepa, con el fin de una más eficaz tutela de los intereses públicos, establecer responsabilidad alguna sancionable solidariamente por actos ajenos. Sin embargo, en el ámbito administrativo sancionador puede preverse la responsabilidad por el hecho de otro e inclusive establecer la responsabilidad solidaria. Sucede que no pocas veces quien ha cometido la infracción no es la misma persona obligada. Esa persona ha introducido un riesgo que motiva la activación de los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones. Como sucede en el caso de autos, pocas veces tiene sentido que la autoridad administrativa entrase a indagar si el obligado cumplió con la diligencia debida o bien incurrió en un error involuntario.
XVIII. En orden a ello, debe considerarse que en el derecho tributario y en el derecho aduanero ha sido consagrada la responsabilidad sin culpa propia. Así la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), en el título I, capítulo VII, se ocupa de los Responsables de las sanciones. En el art. 54 se dispone la responsabilidad sancionatoria de las personas respecto de las cuales se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las leyes tributarias, sean o no personas de existencia visible, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes.
Otro tanto puede hacerse notar respecto de la solución prevista en la legislación aduanera, ya que, en efecto, si bien el Código Aduanero se aparta del texto del art. 166 bis de la Ley de Aduana, en cuanto consagraba que las infracciones aduaneras son de responsabilidad objetiva, al reformárselo, se dispuso en el artículo 902 que no se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en el mismo código. Al respecto, no puede obviarse que las personas son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las infracciones aduaneras que éstos cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
(art. 903). Asimismo cuando una persona de existencia ideal fuere condenada por alguna infracción e intimada al pago de las penas pecuniarias que se le hubieren impuesto, sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables responderán solidariamente con aquélla por el pago del importe de dichas penas, salvo que probaren que a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal condición (art. 904). Por su lado, el importador o el exportador será responsable por toda infracción aduanera que el despachante de Aduana, sus apoderados o dependientes cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones, en forma solidaria con éstos (art. 907). En el mismo instrumento legal se dispone que el despachante de Aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el art. 36, apart. 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo.
En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida (art.908). En toda infracción aduanera cometida por el transportista o por las personas por las cuales debiere responder el mismo, el Servicio Aduanero podrá dirigir la acción respectiva contra el agente de transporte aduanero que lo representare (art. 909) .
XIX. Por ello, estimo que no resulta admisible el agravio del recurrente fincado en el error involuntario, ya que la sanción prevista puede aplicarse frente al incumplimiento involuntario. A mi entender, la inteligencia expuesta es la que mejor se concilia con el principio según el cual el alcance de las leyes deben determinarse computando la totalidad de las normas que las integran, para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 295:755; 302:661; y 307:871, entre otros). Contrariamente a lo manifestado por el recurrente, todo el esquema del código, como no podría ser de otra manera, gira en torno al cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. Tanto así que al establecer la norma que la ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de pena en materia de infracciones aduaneras, el legislador relativiza el principio de culpabilidad que se consideró incorporado al Código Aduanero. Todo lo cual, conduce a concluir que la imposición de una sanción administrativa puede justificarse más allá de no verificarse una acción típica, antijurídica y culpable.
XX. En ese estado de cosas, corresponde referirse al planteo opuesto por la actora en cuanto aduce que se ha violado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Que si bien es cierto que la exigencia de un plazo razonable es exigible a la autoridad administrativa para que esta ejerza sus potestades, también lo es que no puede sostenerse su violación por el mero cotejo del paso del tiempo, ya que siempre será menester que el responsable demuestre acabadamente que el procedimiento administrativo se vio prolongado sin razón que lo justifique. Ese extremo no se ha visto corroborado en la especie toda vez que las alegaciones presentadas por la actora han sido demasiado genéricas e imprecisas.
En atención a lo expuesto, no corresponde hacer lugar al planteo de la actora en lo que a esta cuestión se refiere XXI.- En relación a la solicitud de la actora, respecto a la atenuación de la multa en los términos del art. 916 del C.A., cabe señalar que tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable.
Que así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa, ED-DCCLXIV-708).
XXII. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución Fallo N° 496/2020 (AD ROSA) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario, en la Actuación Nº 17535-152-2015.
Por ello, voto por:
Confirmar la Resolución Fallo N° 496/2020 (AD ROSA) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario, en la Actuación Nº 17535-152-2015. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial, sin perjuicio de mi diferente opinión respecto a los Considerandos XX y XXI, que no incide en la resolución final.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
Confirmar la Resolución Fallo N° 496/2020 (AD ROSA) dictada por el Sr. Administrador de la Aduana de Rosario, en la Actuación Nº 17535-152-2015. Con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.
Date: 2022.06.21 10:35:27 ART Date: 2022.06.21 15:42:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.21 18:15:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.21 18:15:21 -03:00
Fin de la sentencia