Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-13528288-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°440/21, dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en la actuación SIGEA N° 17535-609-2016.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-28730690-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 19 de Marzo de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht y Horacio Joaquín Segura (por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia Beatriz Sarquis), para resolver en los autos caratulados “RONALB S.R.L. c/DGA s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico Nº EX- 2022-13528288- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se presenta a este tribunal se condenó a la firma “RONALB SRL” al pago de $604.151 en concepto de multa por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954, inc. c) del Código Aduanero (“CA”).
II. Frente a dicho acto, la empresa presenta un recurso de apelación, argumentando que en el caso no se configuran los efectos que expresamente señala el art. 954. Indica que tampoco se verifica vulneración alguna por el exportador del principio de veracidad y exactitud al documentar la exportación. Menciona que la inexactitud debe recaer sobre los elementos de declaración exigible comprometida, que son los elementos o rubros a los que refiere el art. 332 del CA, es decir, de toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería de que se trate. Explica que la anulación y reemplazo de la documental referida asume una necesidad de índole contable. Considera que en el caso se evidencia una vulneración clara de la garantía de ser juzgado en plazo razonable. Subsidiariamente solicita se aplique el principio previsto en el art. 898 del CA. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo aduanero.
III. De su lado, la representación fiscal defiende la validez del acto administrativo. Señala que la empresa reconoció el hecho de haber modificado la factura con posterioridad al cierre del permiso. Indica que la actora omite acompañar, o tan siquiera identificar, cual es la factura que reemplazaría a la emitida en primer lugar. Explica que se dan en el caso todos los elementos constitutivos del tipo para la configuración de la infracción prevista y penada por el art. 954, inciso c del CA. Descarta los planteos esgrimidos por la actora respecto a la violación de juzgamiento en un plazo razonable y la pretendida aplicación del in dubio pro reo. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Desde ahora, debe señalarse que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal sino tan solo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
V. En esas condiciones, corresponde analizar en primer término la objeción planteada por la actora respecto de la supuesta vulneración del plazo razonable en el presente caso.
VI. Así las cosas, resulta pertinente recordar que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. En particular, el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica establece el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Asimismo, el art. 25 de dicho tratado consagra la tutela judicial efectiva, exigiendo que los procedimientos se resuelvan sin dilaciones indebidas.
Dicho principio ha sido desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que la razonabilidad del plazo debe evaluarse a la luz de tres factores: la complejidad del caso, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades. En el presente caso, del análisis de las actuaciones administrativas surge que el procedimiento se inició mediante apertura de sumario y corrida de vista en fecha 22.12.2016, desarrollándose sin interrupciones significativas. Posteriormente, la actora contesta vista el 10.02.2017. Finalmente, el 20.12.2021 se dicta resolución condenatoria, la cual fue notificada el 21.12.2021.
VII. A la luz de estos antecedentes, se observa que el lapso transcurrido entre los diversos actos procesales se corresponde con la dinámica propia del trámite, sin registrar demoras excesivas ni injustificadas, en tanto el Servicio Aduanero, en ejercicio de sus facultades de control y dentro del plazo de prescripción legalmente previsto, procedió a intimar a la firma involucrada a fin de que brindara las explicaciones pertinentes. Seguidamente, elaboró un informe técnico que sirvió de base para formular la denuncia correspondiente, lo que derivó en la apertura de un sumario infraccional, con la respectiva vista de ley notificada en el mismo acto. Cumplidas las etapas procesales de rigor, dictó la resolución ahora apelada, todo ello en un plazo inferior a cinco años.
En tal entendimiento, la extensión temporal del trámite no debe valorarse en abstracto, sino atendiendo a la naturaleza del procedimiento infraccional, las tareas de verificación y análisis desarrolladas por el organismo. En ese sentido, la sucesión ordenada de actos instructorios cumplidos en autos evidencian una sustanciación real y efectiva del proceso y no se colige en el sub lite una demora irrazonable ni una paralización atribuible a la autoridad administrativa.
VIII. Sentado lo anterior, conviene precisar la interpretación y alcance que debe darse a la infracción en trato, resultando ineludible remitirse a inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afirma que el bien jurídico tutelado mediante el art. 954 del CA es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana, al entender que en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 321:1614 y sus citas). Y, más recientemente, interpretó que tal disposición no se limita a la exclusiva protección del régimen de control de cambios, sino que la función primordial del organismo aduanero consiste en “ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías”, para lo cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas, agregando que “el inc. c, ap. 1° del art. 954 de la ley 22.415 debe ser apreciado desde esa amplia perspectiva, que se vincula y guardan coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado” (Fallos: 322:355). Por ello, interpretó que tal inciso abarcaba tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (Fallos: 321:1614; 322:355; doctrina reiterada, a su vez, en Fallos: 325:786).
IX. Desde esa perspectiva, es propicio recordar que la Corte también ha dicho que al momento de interpretar una norma, cualquiera sea su índole, debe tenerse primordialmente en cuenta su finalidad (Fallos: 305:1262; 322:1090; 330:2192; 344:1810). Ello, toda vez que no es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante (Fallos: 326:2095; 329:3666; 330:2093; 344:223), dado que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas (Fallos: 344:2591). Asimismo, sostuvo que los magistrados al momento de juzgar no pueden dejar de evaluar la intención del legislador y el espíritu de la norma (Fallos: 323:3139). Es que, la interpretación de la ley debe practicarse teniendo en cuenta la finalidad perseguida por las normas (Fallos: 284:9); indagando, por encima de lo que ellas parecen decir literalmente, lo que dicen jurídicamente (Fallos: 294:29). También enseña la jurisprudencia de la Corte Suprema que debe preferirse siempre la interpretación que favorezca a los fines que inspiran la ley y no la que los dificulte (Fallos: 326:3679; 330:2093; 344:223; 344:2513). Así, indicó que al interpretar una norma, es necesario indagar la ratio legis y el espíritu de la misma, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos del precepto legal (Fallos: 344:1539). Esto, ya que no es el espíritu de la ley el que debe subordinarse a las palabras sino éstas a aquél, máxime cuando aquella "ratio" se vincula con principios constitucionales que siempre han de prevalecer en la interpretación de las leyes (Fallos: 323:212). La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos: 326:2390; 329:2890; 330:1356; 330:4713), y por ello, resulte turbado el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, pues ello resulta lesivo del adecuado servicio de justicia garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:1845).
En ese sentido, a la luz de la jurisprudencia citada, debe tenerse presente que la finalidad del inciso en trato es evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan, ejerciendo el control sobre el tráfico internacional de mercaderías, competencia exclusiva de la Dirección General de Aduanas.
X. En las condiciones indicadas, la vexata quaestio remite a considerar si la anulación de la factura N° 0007-00000141 efectuada mediante nota de crédito N° 0007-00000020 por la actora (fs. 3/4 de las Actuaciones Administrativas) posee la entidad suficiente para tener por configurada la infracción prevista y penada en el art. 954, inciso c) del CA.
XI. Para analizar si la declaración de la recurrente responde a la realidad, las funciones de la Administración Nacional de Aduanas involucran la verificación de las declaraciones aduaneras formuladas, a los fines de determinar si resultan idóneas para producir el pago de un importe distinto del que efectivamente corresponda por cada operación concreta. En ese entendimiento del asunto, del escrito de apelación se desprende que el encartado fundamenta la anulación y sustitución de la documentación mencionada en una necesidad de carácter contable.
Ahora bien, no se advierte en las constancias obrantes en autos ni en las actuaciones administrativas la existencia de la factura que, según sostiene la parte recurrente, habría de reemplazar a la que fuera anulada mediante la emisión de la nota de crédito N° 0007-00000020, quedando así huérfana de respaldo documental la afirmación en que funda su pretensión.
De tal modo, la inexistencia de un respaldo documental que justifique la anulación y sustitución de la factura originalmente emitida no solo impide verificar la veracidad de la operación declarada, sino que además introduce una incertidumbre incompatible con el principio de exactitud y veracidad que rige en materia aduanera. Como ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la finalidad de la norma en cuestión es garantizar la confiabilidad de las declaraciones aduaneras, evitando que puedan configurarse maniobras que desnaturalicen o perviertan los regímenes de importación y exportación.
En este sentido, la falta de la documentación fehaciente que respalde la modificación alegada por la actora impide descartar que, como consecuencia de dicha alteración, se haya producido –o pudiera haberse producido– un ingreso o egreso de divisas distinto del que efectivamente correspondiera, ya sea en perjuicio del fisco o con la finalidad de obtener un beneficio indebido en la operatoria comercial internacional.
XII. Por otra parte, cabe resaltar que la falta de respaldo documental no puede ser suplida mediante meras alegaciones de la parte recurrente, pues la carga de la prueba en estos casos recae sobre quien invoca una determinada circunstancia en su favor. En ese orden de ideas, al no haber acreditado la existencia de una factura sustitutiva que permitiera verificar que la anulación de la original respondía exclusivamente a una cuestión contable –y no a una maniobra destinada a modificar artificialmente los valores declarados–, la apelante no logra desvirtuar la configuración del ilícito que se le atribuye.
XIII. A mayor abundamiento, incluso si, tal como sostiene la firma, existiera una factura que reemplazó a la anulada, ello no resultaría suficiente para desvirtuar la infracción, dado que en tal supuesto la empresa debió haber recurrido a los mecanismos previstos en la normativa aduanera para corregir su declaración. En este sentido, correspondía que hiciera uso del instituto de la autodenuncia (art. 917 del CA) o, en su caso, de la rectificación (art. 322 del CA), herramientas expresamente contempladas por el ordenamiento para regularizar inconsistencias en la documentación aduanera. Sin embargo, nada de ello ocurrió en autos, lo que refuerza la presunción de inexactitud en la declaración y da sustento a la imputación formulada.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N°440/21, dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en la actuación SIGEA N° 17535-609-2016.
2. Costas a la vencida.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N°440/21, dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en la actuación SIGEA N° 17535-609-2016.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel N. Licht y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia B. Sarquis (conf. art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2026.03.19 13:02:22 ART Date: 2026.03.19 15:59:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.19 16:00:53 -03:00
Fin de la sentencia