Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 15669982-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada en tanto confirmó la multa impuesta en los términos del artículo 954, apartado 1), inciso b) del Código Aduanero, e imponer una multa de 5000 pesos, en los términos de lo establecido en el artículo 994, inciso a) del Código Aduanero, por las razones expuestas en el considerando V del presente fallo;
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco resultó sustancialmente vencido (artículo 1163 del Código Aduanero y artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;
3Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V cumplidas ante esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
14562/2023 RONALB SRL (TF 15669982-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2024.-
VISTOS Y
I. Que, el 21 de junio de 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y confirmó la Resolución N° 496/2020 dictada por el Administrador de la Aduana de Santa Rosa mediante la cual le había impuesto a la exportadora el pago de una multa de 282.828 pesos, por la comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1, inciso b) del Código Aduanero.
Para así decidir, puso de manifiesto que el 20 de mayo de 2015 la actora había registrado la declaración jurada de venta al exterior n° 15 052 DJVE 000576 F, mediante la cual comprometió la exportación de 130 toneladas de mercadería clasificada en la posición arancelaria 1005.90.10.219 X (maíz pisingallo) cuyo cierre de venta había sido concretado el 19 de mayo de ese mismo año. Indicó que esa declaración jurada de venta al exterior había sido afectada a dos destinaciones: al permiso de embarque n° 15 052 EC01 004128 H (por 130 toneladas) y al permiso de embarque n° 15 052 EC01 004667 P (por 104 toneladas).
Refirió que, en esas condiciones, el servicio aduanero había considerado que la mercadería que había sido exportada mediante el permiso de embarque n° 15 052 EC01 004667 P, en exceso respecto de la cantidad de toneladas comprometidas en la declaración jurada de venta al exterior n° 15 052 DJVE 000576 F, resultaba de importación prohibida y; por ende, susceptible de ser sancionada en los términos de lo establecido en el artículo 954, apartado 1), inciso b) del Código Aduanero.
Consideró que la cuestión planteada ya había sido examinada por la Dra. Musso en el marco de la causa n° 27.079-A, caratulada “Aceitera General Deheza S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, del 24 de diciembre de 2012. Allí se expresó que “[l]a DJVE no agota sus efectos en la determinación del régimen tributario aplicable en los términos del artículo 6° de la ley 21 .453 sino que, en el marco de los deberes de colaboración, facilita el control de las cantidades a exportar autorizados por las DJVE vinculado Alta en sistema: 25/10/2024 al abastecimiento interno, tal como resulta de la Nota al Poder Ejecutivo que se acompañar al proyecto de la ley 21453”.
Sobre la base de tales consideraciones, concluyó que “…pesaba sobre las exportaciones una prohibición relativa de carácter económica, toda vez que la mercadería a ser exportada, debe encontrarse autorizada por una DJVE. La situación endilgada encuadra en la infracción prevista en el inciso b) del art. 954 del C.A., en cuanto sanciona la declaración inexacta cuando produjere o hubiere podido producir una transgresión a una prohibición”.
En diferente orden de ideas, consideró que las circunstancias verificadas en autos no permitían eximir a la firma del pago de la multa en la medida en que la infracción imputada no prevé distinciones respecto de los casos que se pudieren haber motivado en errores involuntarios, como expresa la parte actora.
Con relación al planteo relativo a que en el caso se habría vulnerado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, expresó que en el caso la firma no había demostrado que el proceso se vio prolongado “sin razón que lo justifique” y que sus manifestaciones al respecto se advertían “genéricas e imprecisas”.
Finalmente, y con relación a la pretendida atenuación de la multa en los términos de lo establecido en el artículo 916 del Código Aduanero, consideró que no le correspondía sustituir al organismo administrativo en la determinación de la medida de la sanción aplicable.
II. Que, contra la referida sentencia apeló la parte actora y expresó agravios que obran agregados a fs. 242/247 del DEO 9227209 incorporado digitalmente a la causa el 10 de abril de 2023, que fueron replicados por el Fisco y obran agregados a fs. 269/288 de ese documento.
La firma exportadora insiste en que en el caso no se tuvo en consideración que las prohibiciones a las que se refiere el artículo 954, apartado 1), inciso b) del Código Aduanero deben estar explícitamente contenidas en las normas complementarias, circunstancia que en el caso no se da, en la medida en que la Ley n° 21.453 no se halla prevista ninguna sanción para la conducta que se reprocha en la presente causa.
Considera que la sentencia recurrida se aparta de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa N.6. XLVI caratulado “Nate Navegación y Tecnología Marítima S .A. (TF 22.220-A) c/DGA” del 12 de junio de 2012.
Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Alude a las circunstancias concretas que se verificaron en la causa y formula un relevamiento de los términos en que fue dictada la Ley n° 21.453, para concluir que resulta arbitraria la interpretación efectuada por el Tribunal Fiscal ya que no se advierte de la lectura de sus normas ni de su motivación ningún extremo que permita concluir que aquella contempla un caso de prohibición para la exportación en los supuestos en que no se cumpliera con el registro de la declaración jurada de venta al exterior.
Subsidiariamente, plantea que el procedimiento se extendió por un plazo que considera irrazonable y que en las condiciones que se dan en el caso la multa debiera ser reducida. Finalmente, recuerda que de conformidad con lo establecido en el artículo 898 del Código Aduanero, en caso de duda, debe estarse a la interpretación que resulte más favorable al administrado.
III. Que, del examen de las actuaciones administrativas resulta que la Aduana consideró que la mercadería documentada en el permiso de embarque n° 15 052 EC01 004667 P, es decir, 104 tonelada de maíz pisingallo clasificado en la posición arancelaria 1005.90.10.219 X resultaban de exportación prohibida por cuanto en ese documento se había indicado la afectación de la declaración jurada DJVE N° 15 052 DJVE 000576 F que ya había sido afectada en su totalidad (es decir, por las 130 toneladas de esa misma mercadería comprometida) a la destinación de exportación PE n° 15 052 EC01 004128 H.
En tales condiciones, el servicio aduanero concluyó que con la carga documentada en el permiso de embarque n° 15 052 EC01 004667 P se habría excedido la tolerancia en más permitida, de hasta un 105% sobre la cantidad comprometida para exportar en la declaración jurada, de conformidad con lo establecido en la Res. Gral. AFIP N° 1256/2002, Anexo II “A”, Pto. 4.” Y que aquello era susceptible de ser sancionado en los términos de lo establecido en el artículo 954, apartado 1), inciso b) del Código Aduanero.
IV. Que, en primer término corresponde aclarar que la cuestión debatida en los presentes autos se halla circunscripta a determinar si la circunstancia de haberse exportado mayor cantidad de mercadería que la amparada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior n° 15 052 DJVE 000576 F -regida por la ley 21.453 y su reglamentación- que fue consignada en los permisos de embarque n° 15 052 EC01 004667 P y 15 052 EC01 004128 H, configura una Alta en sistema: 25/10/2024 transgresión a una prohibición, en los términos que sanciona el tipo infraccional previsto en el artículo 954, apartado 1, inciso b) del Código Aduanero. Es decir, que no se encuentra cuestionado en autos el monto que en concepto de derechos de exportación pagó el exportador al documentar el permiso de embarque n° 15 52 EC01 004667 P ni tampoco le fue imputado a la firma exportadora la eventual comisión de una declaración inexacta, en los términos de lo establecido en el artículo 954, apartado 1), inciso a) del Código Aduanero, derivada de haber liquidado y pagado los respectivos derechos de exportación tomando en consideración la alícuota vigente al tiempo de cierre de la venta y no la correspondiente a la fecha del registro del referido permiso de embarque, como consecuencia de no poder invocar el congelamiento del régimen tributario, de alícuotas, arancelario y de base imponible previsto en la Ley n° 21.453. Extremo que además tampoco fue examinado por el Tribunal Fiscal que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1143 del Código Aduanero, posee amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes.
V. Que, aclarado lo precedentemente expuesto, cabe destacar que de conformidad con lo establecido en el Código Aduanero las prohibiciones a la exportación y/o la importación pueden tener carácter económico (artículo 609) o no económico (artículo 610), absoluto (artículo 611) o relativo (artículo 612).
En este punto, debe tenerse en cuenta que el principio de legalidad en materia sancionatoria exige que la conducta sancionada esté definida de forma explícita y precisa por las normas aplicables. Los principios del derecho penal son aplicables con sus matices propios al ámbito de las infracciones aduaneras. Tal es así que el propio Código Aduanero reconoce esos principios, al disponer que “[l]a calificación de un hecho como infracción aduanera requiere que, previamente a su realización, se encuentre previsto como tal en las disposiciones de este código” (artículo 894), “[e]n materia de infracciones aduaneras no cabe la incriminación por analogía” (artículo 895), “[n]adie puede ser condenado sino una sola vez por un mismo hecho previsto como infracción” (artículo 897) y “[s]alvo disposición especial en contrario, en caso de duda deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado” (artículo 898).
Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Asimismo, en el precedente de Fallos 308:2043, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el “carácter punitivo de las multas aduaneras” y la aplicación a las mismas del “principio constitucional de legalidad”.
Tales principios resultan aplicables a las prohibiciones a la exportación en cuanto son reprimidas punitivamente por otra norma. En este sentido cobran relevancia, mutatis mutandis, los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa N.6. XLVI caratulado “Nate Navegación y Tecnología Marítima S.A. (TF 22.220-A) c/DGA” del 12 de junio de 2012. Allí, se distinguió claramente las mercaderías sujetas a una prohibición de importación, de aquellas otras cuya importación está permitida bajo la vigencia de ciertas y determinadas condiciones o requisitos, que no constituyen estrictamente “prohibiciones”. Al respecto, en ese dictamen se concluyó que: “El Código Aduanero regula de manera genérica el régimen de las prohibiciones en su Sección VIII. Tal como surge de la exposición de motivos de dicho cuerpo –de la que V.E. hizo mérito en el precedente de Fallos 319:1046-, este sistema, junto con el concerniente a los tributos y al control sobre el tráfico internacional de mercadería, “constituyen el eje principal de la legislación aduanera” (punto 1), y con él se ha buscado establecer un “estatuto básico” para “reunir los principios y reglas que regulan la materia” para que “se aplique en forma supletoria con relación a las normas que impongan prohibiciones”, puesto que, de tal manera “la tarea del legislador se verá facilitada notablemente en el futuro, pues al dictar la medida respectiva sólo deberá expresar el objeto de la prohibición y los puntos en que quiera apartarse de las disposiciones generales y supletorias previstas en el código” (punto 2).
Asimismo, de la exposición de motivos surge que el término “prohibiciones” designa a las restricciones directas, es decir “las que impiden en forma directa la importación o la exportación”, agregando que es claro “que no se pretende abarcar aquí el tratamiento de un sinnúmero de restricciones operativas tales como la concerniente al despacho de cierta mercadería por una determinada aduana, a la realización de las operaciones dentro de horarios hábiles, etc., que serán de cumplimiento obligatorio dentro de las pautas fijadas con carácter general por este código o bien establecidas por la repartición aduanera o por otros organismos en la esfera de su respectiva competencia” (puntos 3 y 4), agregando que el Código no establece específicamente prohibición alguna, sino que ellas “deben surgir de la legislación que Alta en sistema: 25/10/2024 corresponda a la materia de que se trate” (punto 5)”…Desde mi óptica, sostener la tesitura de la demandada, en cuanto a que la Resolución 909/94 y sus modificatorias, in totum, fijaban exclusivamente un régimen de prohibición, implicaría –como lo advirtieron tanto el propio legislador en la exposición de motivos citada más arriba como la cámara- elevar a tal categoría a todas las restricciones y simples condicionamientos para la exportación e importación de mercaderías, dando a los arts. 608 y cc. del código de la rama una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado. En efecto, toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la carga de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición….Así las cosas, estimo que, al no tratarse de una prohibición de importación para consumo el supuesto de autos, la conducta seguida por las actoras demuestra ser carente de la necesaria tipicidad para ser pasible de configurar una infracción aduanera”.
Por todo lo expuesto, cabe concluir, como regla general aplicable al caso, que las prohibiciones a la exportación a que se refiere el artículo 954, apartado 1, inciso b), del Código Aduanero deben estar establecidas de forma explícita en las normas complementarias, no pudiendo ser sancionadas aquellas conductas que no hayan sido claramente calificadas de tal modo.
De conformidad con todo lo expresado hasta aquí, en el caso, la interpretación efectuada por el Tribunal Fiscal mediante la cual concluyó que la Ley n° 21.453 establece una prohibición de carácter económico, destinada a mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno (art. 609, inciso d) del Código Aduanero) y de carácter relativo, condicionada a la obtención de la declaración jurada de venta al exterior, no puede ser admitida. Ello es así, ya que del texto de la mencionada ley no resulta explícitamente ninguna prohibición relativa de carácter económico que permita tener por configurada la infracción aduanera pretendida. En efecto, el artículo 2 de la Ley n° 21.453 señala que las ventas al exterior “deberán ser registradas, mediante declaración jurada, ante la Autoridad de Aplicación” pero ello es a efectos de gozar del beneficio tributario consagrado en el artículo 6 del mismo cuerpo legal, según el cual “serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V base imponible […] vigentes a la fecha de cierre de cada venta”.
De ninguna norma de la Ley n° 21.453 surge de forma explícita que la exportación de las mercaderías que no cuenten con la DJVE esté prohibida. Es más, la ley 21.453 no establece sanciones para la exportación de productos que no cuenten con la DJVE. Por el contrario, su régimen sancionatorio se limita a fijar multas por el “falseamiento de cualquiera de los datos incluidos en las declaraciones juradas” (artículo 8) y el “incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas” (artículo 9, párrafo 2). A contrario de lo concluido por el Tribunal Fiscal, no se verifica en la Ley n° 21.453 la existencia de condicionamientos a la obtención de una autorización previa para exportar sino que la registración se incentiva mediante el otorgamiento de un beneficio impositivo.
Tampoco puede inferirse necesariamente del sentido y finalidad de la ley 21.453 la existencia de tal prohibición relativa y explícita a la exportación. En efecto, la ley buscó “fomentar las exportaciones de algunos productos mediante un sistema que facilite a los vendedores la determinación de sus costas con la debida antelación de modo de propender a un más fluido ingreso de divisa, a la vez que sirva para registrar el volumen de tales exportaciones, sin que se afecte el correcto abastecimiento del mercado interno” (Mensaje de Elevación que acompañó al proyecto).
En este sentido, la Corte Suprema sostuvo que la Ley n° 21.453 “estableció un régimen especial que otorgó certeza a los exportadores en cuanto fijó el tratamiento tributario de la mercadería de acuerdo con las normas vigentes a la fecha en que quedaron concertadas las ventas al exterior, permitiéndoles así prever al momento de convenir el negocio, la carga fiscal que debería satisfacerse por la exportación” [“Tradigrain S.A. (TF 6965-A) c/ ANA”, Fallos 320-2656 (1997)].
Es así que, a cambio de la registración previa de la exportación mediante la DJVE, los exportadores acceden al beneficio tributario consagrado en el art. 6 de la ley, obligándose al mismo tiempo a exportar efectivamente al menos el 90% de la cantidad preceptuada (art. 9), para no frustrar las expectativas generadas al gobierno en referencia con la recaudación que traería la exportación registrada. De este modo, la registración previa no fue dispuesta obligatoriamente mediante términos explícitos. Por el contrario, la ley buscó incentivar dicha registración mediante el otorgamiento de un beneficio especial a quien registrare dichas operaciones. Por ello es que, entonces, no surge de la finalidad ni del mecanismo de la ley 21.453 que exista una Alta en sistema: 25/10/2024 prohibición explícita, con carácter relativo, a las exportaciones de los productos alcanzados por la ley. Por consiguiente, al no surgir una prohibición relativa de exportación de manera explícita de la ley 21.453 ni habiéndose acreditado afectación alguna al abastecimiento interno, debe concluirse que la conducta reprochada en la causa no es susceptible de ser sancionada en los términos del artículo 954, apartado 1), inciso b), del Código Aduanero.
Ahora bien, aunque la conducta reprochada no puede ser subsumida en los términos del artículo 954, apartado 1, inciso b) del Código Aduanero, corresponde aplicar la sanción residual prevista por el artículo 994, inciso a) del dicho Código, pues en el caso fueron suministrados informes inexactos al servicio aduanero. En tal sentido, considero que resulta razonable graduar la multa en la suma de 5.000 pesos e imponer las costas al Fisco que resultó sustancialmente vencido (art. 68 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En sentido concordante con lo precedentemente expuesto se pronunció esta Sala en la causa n° 32.362/19, caratulada “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 35409-A9 y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 18 de noviembre de 2022, la Sala III en la causa n° 27.550/2012 “Aceitera General Deheza SA (TF 27079-A) c/DGA”, del 13 de febrero de 2013 -pronunciamiento que quedó firme como consecuencia de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 19 de noviembre del mismo año, al declarar inadmisible los recursos extraordinarios interpuestos por ambas partes allí involucradas (cfme. art. 280 del CPCCN)-, esa misma Sala en la causa n° 64.107/22, caratulada “Mercator SA (TF 39708-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 10 de agosto de 2023 y por la Sala II de esta Cámara, en la causa n° 62.686/19, caratulada “Cargill SACI c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 8 de noviembre de 2018.
Por todo lo expuesto, SE
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada en tanto confirmó la multa impuesta en los términos del artículo 954, apartado 1), inciso b) del Código Aduanero, e imponer una multa de 5000 pesos, en los términos de lo establecido en el artículo 994, inciso a) del Código Aduanero, por las razones expuestas en el considerando V del presente fallo; 2) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco resultó sustancialmente vencido (artículo 1163 del Código Aduanero y artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 3) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones Alta en sistema: 25/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V cumplidas ante esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que el Dr. Guillermo F. Treacy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 del R .J.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 25/10/2024
Fin de la sentencia