Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar subsanada la excepción de falta de personería opuesta por la representanción fiscal, con costas a la recurrente.
2Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones, con costas a la recurrente.
3Reducir la tasa de actuación al tercio del 50% y, en cosecuencia, intimar a la actora a que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 245.167,00.- en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-110120176-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 18 de Septiembre de 2023 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular la Vocalía de la 7º Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la Vocalía de la 8° Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal titular de la Vocalía de la 9º Nominación) para resolver el Expediente N° 47.254-I caratulado: “ROPHE S.A. s/recurso de apelación", El Dr. Vicchi dijo:
I. Que a fs. 34/36vta. la Sra. Nieves Rocha, en su carácter de Presidente de Rophe S.A., interpone recurso de apelación y plantea la nulidad de los certificados de deuda expedidos por el Sr. Jefe interino de la Agencia N° 56 con fecha 22/08/2016, por los cuales se pretende verificar en el concurso preventivo de aquélla, la suma de $ 58.840.170,85.- en concepto de saldos de declaraciones juradas de los impuestos a la Ganancia Mínima Presunta 04/2015, 2014 y 2015, Seguridad Social: DDJJ 12/2012, 1/2013 a 12/2015, 1 a 5/2016, multas e intereses. Afirma que el Tribunal Fiscal de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el art. 144 de la ley N° 11.683, es competente para resolver la cuestión que aquí se plantea y subsidiariamente, pide para el caso de que se declare la incompetencia de este Tribunal, se remita la causa a la AFIP-DGI a fin de que ésta le dé el trámite que corresponda, solicitando asimismo, se ordene administrativamente la suspensión de la ejecución del acto administrativo, de conformidad con el art. 12 segúndo párrafo de la ley 19.549.
II. Que a fs. 39 se resuelve correr traslado del recurso al Fisco Nacional quien contesta a fs. 49/63, oponiendo como cuestión previa la excepción de falta de personería y la excepción de incompetencia, previstas en el inc. b) y a), respectivamente, del art. 171 de la ley 11.683 (t.o. 1998).
Que respecto a la excepción de falta de personería, manifiesta que en el recurso incoado por la actora surge que el Documento Nacional de Identidad de la Sra. Nieves Rocha, Presidente de la actora, es 29.410.495, mientras que en el Acta de Asamblea Extraordinaria N° 18 que se acompaña al presente recurso, surge que el DNI de la misma es 3.991.405, por lo que señala la representación Fiscal, que no le consta que nos encontremos, en ambos casos, frente a la misma persona.
Que asimismo, afirma el Fisco Nacional que ante las serias irregularidades que presenta la demanda interpuesta, que rozan la temeridad procesal y en atención a los montos involucrados, considera que amerita la intervención de un profesional que patrocine a la presentante, siendo que ésta no opone título profesional alguno que la avale, ni surge de la documentación en traslado que así lo sea.
Solicita se intime a la recurrente a subsanar las irregularidades detectadas, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda incoada, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Que en relación a la excepción de incompetencia interpuesta, expresa la representante del Fisco Nacional que la materia objeto de apelación en la presente causa, se trata sobre boletas de deudas por obligaciones autodeterminadas por la recurrente, destacando que aquéllas no “determinan deuda”, sino que instrumentan el mecanismo de cobro coactivo por parte del Fisco frente al incumplimiento del contribuyente, y lo mismo respecto a la caducidad de planes de facilidades, por lo que tampoco corresponde a este Tribunal entender al respecto. Que asimismo, dicha parte considera pertinente la interposición de la mentada excepción de incompetencia, toda vez que se vislumbra de las actuaciones que el recurso tiene como objeto obligaciones correspondiente a Recursos de la Seguridad Social.
Que en ese sentido, la posibilidad de intervención en causas vinculadas con los recursos de la Seguridad Social no sólo viene denegada por los Dec. N° 507/93 y 2102/93, conforme a los cuales no son de aplicación en ese ámbito las disposiciones del Título II de la Ley 11.683, sino también por la ley 23.473 que las atribuye a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia en razón de la materia para entender respecto de los recursos de apelación contra las resoluciones o actos administrativos en materia previsional -aunque tampoco es en este caso ya que por los conceptos impugnados de Seguridad Social tampoco ha existido determinación de oficio alguna.
Que en consecuencia, señala la representante del Fisco Nacional, no encontrándose la materia en litigio, en modo alguno entre los supuestos enumerados en el art. 159 de la ley 11.683, ni tampoco en el art. 165 de la misma, corresponde que se haga lugar a la excepción de incompetencia opuesta, con costas a la actora.
Que por último, agrega que respecto a la solicitud subsidiaria realizada por la actora en caso de que se declare la incompetencia, deviene improcedente cualquier tipo de remisión al Organismo siendo que una vez dictados los títulos ejecutivos, no resta más trámite administrativo que su cobro y que a su vez, la suspensión prevista en el art. 12 segundo párrafo de la ley 19.549 es potestad exclusiva de dicho Organismo.
III. Que a fs. 64 se ordena correr traslado a la actora de la excepción de incompetencia y falta de personería planteada por el Fisco Nacional, el cual es contestado a fs. 66/71, por la presentante, Presidente de Rophe S.A., quien afirma que, respecto de la falta de personería, por un error involuntario en la interposición del presente recurso de apelación se indicó mal el número del documento nacional de identidad de la misma. Que a fin de subsanar el error, acompaña fotocopia del DNI a fs. 65.
Por otra parte indica que cumplió con lo dispuesto en al art. 18 de la Ac. 840/93 de este Tribunal, en razón de que ahora se presenta con letrado patrocinante, Dr. Federico Martín Goldsztein Alfici, T° 114 F° 728 CPACF, solicitando en definitiva se tengan por subsanados dichos requerimientos.
Que ante la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional, la actora expresa que los certificados de deuda revisten el carácter de sanción, por lo que en definitiva solicita se habilite la instancia, rechazándose la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional, con costas.
IV. Que se elevan los autos a consideración de la Sala C y se llaman a autos para sentencia.
V. Que en principio corresponde resolver la excepción de falta de personería opuesta por el Fisco Nacional Que dicho organismo ha observado la suficiencia de la representación procesal invocada por la Presidente de la recurrente, quien a fs. 2/22 acompaña el estatuto societario y las actas de asambleas extraordinaria y de directorio mediante las cuales se propone y se aprueba, respectivamente, a la Sra. Nieves Rocha (DNI 3.991.405) para el citado cargo.
Que el planteo del Fisco Nacional surge en razón de existir una diferencia en el número del documento nacional de identidad inserto por la Presidente de la actora en el recurso de apelación obrante a fs. 34/36vta. (DNI 29.410.495) y el obrante en los instrumentos societarios citados supra.
Que si bien frente a la excepción de falta de personería se exige para estos casos que se presenten los poderes y documentos habilitantes para la subsanación, lo cierto es que en el caso de autos dicha excepción ha sido interpuesta como consecuencia de un evidente error material, el cual se repara a través de la simple rectificación de la parte, en este caso la Presidente de la recurrente.
Que como se trata de una modificación de un acto válido, el error material numérico ha sido subsanado con la presentación a fs. 65 de la copia del Documento Nacional de Identidad de la Sra. Nieves Rocha (DNI 3.991.405) firmada por la misma y por su letrado patrocinante.
Que en relación al planteo del Fisco Nacional en cuanto a que el recurso interpuesto roza la temeridad procesal, en atención a que la actora no ha sido asistida por un letrado patrocinante, cabe destacar que el art. 161 de la ley 11.683 y el que el artículo 24 del Reglamento del Tribunal Fiscal de la Nación vigente (Acta acuerdo plenario del 29/06/2023) – anteriormente art. 18 del Reglamento para el Tribunal Fiscal, Ac. 840/1993-, conducen a interpretar que el hecho de ordenar que la parte sea asistida por letrado es facultativa del Vocal de la causa cuando, a su juicio, la falta de patrocinio letrado obstaculizare la buena marcha del proceso, la celeridad y el orden del procedimiento o así lo exigiere la naturaleza jurídica de las cuestiones controvertidas o la defensa del recurrente o demandante.
Que sin perjuicio de ello, la actora a fs. 66/71 se ha presentado con el patrocinio letrado de un abogado. Que en consecuencia de lo expuesto, corresponde tener por subsanado el error material invocado por el Fisco Nacional respecto del número del Documento Nacional de Identidad de la Presidente de la recurrente y declarar abstracto el tratamiento de la excepción de la falta de personería planteada por aquél. Costas por su orden.
VI. Que corresponde entonces evaluar si el recurso de apelación planteado aquí por la recurrente es idóneo para abrir la competencia de este Tribunal Fiscal a la luz del ordenamiento jurídico vigente, toda vez que el pronunciamiento sobre el alcance de su jurisdicción constituye un presupuesto esencial para otorgar validez a toda otra decisión posterior.
Que en tal sentido cabe recordar que "... la competencia es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso" (Palacio, Lino E.: "Manual de Derecho Procesal Civil" - 4ª ed. actualizada - 3ª reimpresión - Ed. Abeledo Perrot - T. I). Por tanto la misma viene atribuida exclusivamente por la ley, y en cuanto al Tribunal Fiscal de la Nación, específicamente por la ley 11.683, que taxativamente la delimita en su artículo 159.
Que de la propia letra de la ley de procedimiento tributario surge cuál es la vía idónea a efectos de abrir la competencia de este organismo jurisdiccional, cuando en el mencionado artículo 159 establece, en lo que aquí interesa, que “El Tribunal Fiscal será competente para conocer: a) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva, o ajusten quebrantos..., b) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que impongan multas..., c) De los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de tributos, formuladas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, y de las demandas de repetición que, por las mismas materias, se entablen directamente ante el Tribunal..., d) De los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los casos contemplados en el segundo párrafo del art.81; e) De los recursos de amparo a que se refiere los arts. 182 y 183.”
Que en las presentes actuaciones la actora plantea recurso de apelación ante este Tribunal contra nueve (9) Certificados de Deuda (obrantes en copia a fs. 23 a 33) por los cuales se certifica que, según consta en los registros de la Administración Federal de Ingresos Público, adeuda saldos de declaraciones juradas de los impuestos Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y Recursos de la Seguridad Social (aportes y contribuciones), multas e intereses.
Que ello así surge claramente que los agravios de la apelante no se refieren a una resolución de la AFIP-DGI en los términos del citado art. 159 de la ley 11.683, toda vez que en el caso de autos el organismo fiscal no ha dictado acto administrativo alguno objeto de apelación o repetición que determine tributo, ajuste quebranto, imponga multa, deniegue repetición de tributo, se demande reptición o por retardo de ésta y por lo tanto no se encuentra habilitada la vía para ocurrir ante este Tribunal.
A mayor abundamiento, cabe destacar que la competencia de este organismo jurisdiccional no comprende cualquier cuestión relacionada con la materia tributaria o aduanera, por más compleja que ésta sea, sino exclusivamente a aquéllas que resulten del texto de la ley de su creación (conf. CNACAF, Sala IV, “Sistemas Temporarios S.A. c/DGI” del 25/4/2006 y Sala II, in re: “Alba Cía. Argentina de Seguros” del 8/5/2007, entre otros) y además, siendo la competencia una institución de orden público, no corresponde extenderla por analogía (CNACAF Sala IV, in re “Juan Bracho García e Hijos SACI”, “Grunbaum Rico y Daucourt SAIC c/DGI”, sentencia del 28/51999 y 2/10/2001, entre otras).
VII. Que en cuanto a la caducidad de los planes de facilidades de pago que dan origen a los saldos del DDJJ correspodientes en parte del Certificado de Deuda N° 4, cabe destacar que en modo alguno puede confundirse el instituto de la caducidad con una sanción en los términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 159 citado, como pretende la recurrente para fundamentar la competencia de este Tribunal, ya que la caducidad no es sino la consecuencia de no haberse observado el orden u oportunidad dado por la norma para la realización de un hecho (en el caso, cumplir con un plan de pagos en tiempo oportuno). En consecuencia incumplido un plan, el administrado sufre las consecuencias objetivas de la acción conformada por su incumplimiento.
Que dicha conclusión ha sido corroborada por la Alzada en cuanto entendió que “la caducidad del plan no es una sanción de naturaleza penal comprendida en el artículo 144 ley 11.683 sino la consecuencia necesaria del incumplimiento del contribuyente a las condiciones establecidas en el plan al que se acogió voluntariamente, por lo que ella se produce de pleno derecho sin que sea necesario ni el reconocimiento por parte del contribuyente, ni el dictado por parte de la Dirección General Impositiva de una resolución que la declare (vide Sala V “Alapar SA” del 15/12/2014).
Que finalmente, respecto de las obligaciones referidas a Seguridad Social objeto también de los certificados de deuda aquí apelados, cabe resaltar que dicha materia resulta ajena también a la competencia de este Tribunal, conforme lo dispuesto por los Decretos N° 507/93 y 2102/93, según los cuales no resultan de aplicación en este ámbito las disposiciones del Título II de la ley 11.683, en concordancia con lo establecido por la ley 23.473 (modificatoria de la ley 18.820), que en su artículo 8° atribuye a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social competencia en razón de la materia para entender respecto de los recursos de apelación contra las resoluciones o actos administrativos en materia previsional (“Expreso Cañuelas S.A.”, Sala C, 25-9-97). Que en consecuencia, en atención a los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia articulada por el Fisco Nacional, con costas, quedando la tasa de actuación reducida a un tercio del 50%, conforme arts. 5° y 9° de la ley 25.964.
Que en atención la forma en que se resuelve deviene inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que en relación a la excepción de falta de personería opuesta por la representación fiscal, no obstante resultar procedente por los motivos expuestos por dicha parte en el escrito de contestación del recurso, en virtud de la presentación efectuada por la recurrente a fs. 66/71 y la fotocopia simple adjuntada a fs. 65, corresponde declarar subsanada la misma, con costas a la recurrente.
II. Respecto a la excepción de incompetencia articulada subsidiariamente por el ente recaudador, cabe destacar en primer lugar que los certificados de deuda, como títulos ejecutivos emitidos por la Agencia N° 56 de la Dirección Regional Norte y apelados en los presentes, no encuadran en ninguno de los supuestos expresamente enumerados por los artículos 159 y 165 de la ley 11.683 (t.o. vigente), que permitan abrir la competencia de este organismo jurisdiccional por poseer naturaleza determinativa o sancionatoria.
Que, a mayor abundamiento, ciertos conceptos incluidos en dichos certificados se refieren a aportes y contribuciones de la seguridad social, a cuyo respecto este Tribunal reiteradamente se ha declarado incompetente (conf. –entre muchas otras causas- T.F.N. Sala “C” en autos Nos. 34.488-I “HI CE AR Group S.R.L.” del 07/04/2011, 40.003-I “Inmobiliaria Bullrich S.A.” del 20/10/2015), a cuyos fundamentos corresponde remitirse. Que, siendo ello así, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones, con costas.
III. Que respecto a la tasa de actuación, corresponde su reducción al tercio del 50%, toda vez que conforne constancia de auto, la contribuyente se encuentra en concurso preventivo.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Marmillon.
Por las razones expuestas, por mayoría SE RESUELVE:
1. Declarar subsanada la excepción de falta de personería opuesta por la representanción fiscal, con costas a la recurrente.
2. Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones, con costas a la recurrente.
3. Reducir la tasa de actuación al tercio del 50% y, en cosecuencia, intimar a la actora a que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 245.167,00.- en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2023.09.14 14:20:09 -03:00 Date: 2023.09.14 15:59:56 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.18 18:53:10 -03:00 Juan Carlos Vicchi Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.18 18:53:11 -03:00
Fin de la sentencia