Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 5527
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAtento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, propongo a mis distinguidos colegas: 1°) revocar la sentencia dictada a fs. 699/ 711vta. y en su consecuencia se haga lugar parcialmente a la demanda entablada por Maia Ayelen Ustar, Aixa Maiten Ustar y Walter Rosas contra Araucar Motors S.A. y Chevrolet S.A de ahorro para fines determinado, condenando a estos últimos a pagar el monto total que resulte de la liquidación que deberá practicarse, y abonarse dentro del plazo de 10 días de quedar firme la presente sentencia, otorgando: A) a favor de Maia Ayelen Ustar la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 67.054,20)
(correspondiendo la cantidad de $30.000 por daño moral, $30.000 por daño punitivo y $7.054,20 en concepto de gastos); B) a favor de Aixa Maiten Ustar la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 67.054,20) (correspondiendo la cantidad de $30.000 por daño moral, $30.000 por daño punitivo y $7.054,20 en concepto de gastos) y C) a favor de Walter Rosas la suma total de SESENTA Y SEIL MIL SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($66.072,45) (correspondiendo la cantidad de $30.000 por daño moral, $30.000 por daño punitivo y $66.072,45 en concepto de gastos). …
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL ROSAS WALTER Y OTROS C/ ARAUCAR MOTORS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
CAUSA Nro.: 5527/1 JUZ. C Y C Nro.: 5 RSD Nro.: 50 /19 Folio Nro.: 388 En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 9 días del mes de abril de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza, para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “ROSAS WALTER Y OTROS C/ ARAUCAR MOTORS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (causa nro. 5527/1), habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: DRES. POSCA –TARABORRELLI- PÉREZ CATELLA- resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ª cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMON
DOMINGO POSCA dijo:
I. Antecedentes del caso A fs. 699/711 vta. el Sr. Juez de grado resolvió rechazar la demanda instaurada por Maia Ayelen Ustar, Aixa Maiten Ustar y Walter Rosas contra Araucar Motors S.A y Chrevrolet S.A de ahorro para fines determinados. Impuso las costas a las accionantes vencidas y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para el momento procesal oportuno. A fs. 722 la parte actora apela la sentencia recaída, recurso que ha sido concedido libremente a fs. 723.
A fs. 731 se radican los presentes ante esta Sala Primera, poniéndose los Autos en Secretaría para que los apelantes expresen agravios a fs. 732 vta. A fs. 737/755 los actores expresan agravios.
Corrido el incontestado traslado de ley (ver fs. 756 y 757), con fecha la Fiscalía de cámara contesta la vista dispuesta.
Finalmente, a fs. 759 se llaman los autos para el dictado de la sentencia y se practica el sorteo de vocalía y orden de estudio de la presente causa a fs. 760.
II. Los agravios.
II. 1 Los agravios expresados por la parte actora.
Manifiestan que en la sentencia apelada existe grave error de juzgamiento, por no ser una derivación razonada del derecho y no basarse en las circunstancias fácticas y probanzas cuyas constancias obran en la causa.
En primer lugar, se agravian por la valoración de la prueba, específicamente en relación a la determinación de la cuota, del contrato de adhesión y de la publicidad. Sostienen que no se ha considerado documental relevante como la circular N° 40/2013 acompañada por Araucar Motors S.A como prueba a fs. 181/185 donde claramente se corrobora lo sostenido por los actores que fuera plasmado en los Partes de consulta (fs. 11 y 12) y promocionado en página web Araucar (fs. 74). Señalan: “Debió el Juez apreciar esta Circular 40/2013 ordenada por Chevrolet S.A. para promoción de venta de sus automóviles de no haberlo omitido y confrontado con lo manifestado por los actores no hubiese sentenciado que la interpretación que los actores hicieron sobre el precio de la cuota fue errónea, lo cierto es que interpretaron lo que le ofertaron, lo que está escrito en los partes de uno y otro no difieren en nada con lo dispuesto en esa circular 40/2013, ni en el documento acompañado como captura de pantalla de página web donde Araucar publicita el Plan Génesis (fs 102) .- Los partes acompañados donde consta la oferta hecha por el asesor de ventas a los actores son el reflejo de la circular referida.- Y esto especialmente es lo que debería haber verificado el a quo para formar convicción que hubo incumplimiento por parte de los demandados, que hubo una oferta hecha por el concesionario a los actores cumpliendo las directivas de promoción de venta plasmada en la circular 40/2013 que Chevrolet lanzó a la venta.-“ (ver expresión de agravios fs. 740 vta.).
Sostienen que en su carácter de consumidores han consultado al concesionario para que le informen especialmente del monto final de la cuota sobre el vehículo que pretendían adquirir y que ello mal puede llevar a la interpretación del juez en cuanto a que lo informado a los actores o bien lo consignado en el parte de consulta es sobre cuota pura y a ello debía sumarse los gastos, seguros, etc.
Por otra parte, se quejan en relación a la interpretación del contrato de adhesión, manifestando que no se ha realizado una interpretación favorable al consumidor. Sostienen: “Son los mismos demandados quienes en su responde han dicho tanto Aracuar como Chevrolet que la primera es la comercializadora del producto y la segunda es la administradora de los fondos. El juez ha seguido a rajatabla lo esgrimido por los demandados en sus contestaciones de demanda, en detrimento de los actores (quienes son simples consumidores de sus productos de comercialización) pues sostuvo que éstos estaban debidamente informados porque el contrato de adhesión fue acompañado en la demanda, se encontraba en poder de ellos por ende concluye que no se puede alegar el desconocimiento sobre la integración de la cuota. Conclusión adversa, pues las constancias de autos que obran en el extenso responde de Chevrolet de fs. 217/232 en el que a fs. 221/vta., en el ítem “Plantea Nulidad de las Promesas realizadas por el Agente” refiere a fs. 222 que “son nulos todas y cada una de las bonificaciones y/o compromisos que otorguen o comprometan los agentes y/o promotores respecto de la Administración y/o Terminal” (ver expresión de agravios fs. 742).
Aducen que ello no es otra cosa que la configuración plena de la desleal oferta: “Puesto que por un lado Chevrolet S.A. Ahorro para Fines Determinados emite una circular 40/2013 a los agentes de ventas en el caso en trato la acompañada por Araucar Motors S.A- a fs. 181/185 para promocionar productos y captar clientes lanzando un plan promocional con importantes bonificaciones (como refieren en su circular) pero a su vez dispone en las cláusulas generales predispuestas, se plantea la nulidad de todo bonificación.- Esto importa un pleno engaño que el juez debió valorar al momento de formar convicción si hubo o no incumplimiento por parte de los demandados.- Aun más, a fs. 222 continua esbozando Chevrolet en su responde “….el suscriptor deberá denunciar por escrito dentro de los 30 días …..en su caso copia del instrumento respectivo, compromiso, promesas u otras obligaciones que hubiera asumido el Agente/o Promotor de la solicitud de adhesión, respecto de las situaciones no previstas en estas Condiciones Generales….”, por ende debió introducir en su análisis el a quo que los Agentes o Concesionarios tienen facultad de ofrecer beneficios y/o hacer promesas, como es el caso de autos corroborado con la circular 40/2013 acompañada por el Concesionario de Chevrolet (Araucar Motors) y que fuera plasmado en el parte de consulta y sobre las que los actores contrataron con Araucar Motors S.A. compromisos, promesas y obligaciones que fueron desconocidas por Chevrolet S.A. Ahorro para Fines Determinados y las declara NULAS.-“ (ver expresión de agravios fs. 743)
Por otro lado, se quejan en relación a la falta de consideración de las pruebas aportadas por los actores en relación a los folletos de publicidad aportados. Sostienen que: “El folleto de publicidad de fs. 74 que confirma la promoción por las que los actores se acercaron a informarse destaca que “durante un año la cuota no sufrirá modificaciones”, esto mismo es lo que les fue ofrecido a los actores plasmado en el parte de consulta, sobre estas condiciones los actores suscribieron la solicitud de adhesión dando principio de ejecución al contrato en esas condiciones que fueron luego incumplidas y desconocidas por ambos demandados, haciendo valer clausulas predispuestas para justificar su incumplimiento.- Fue corroborado ello con la documental Circular 40/2013 ofrecida como prueba por la demandada Araucar Motors y que el Juez de grado ha omitido dar total tratamiento.-“ También se agravian en no haberse encontrado vulnerado el derecho a la información. Citan doctrina y jurisprudencia y aducen que la prueba aportada revela que la oferta dispuesta en los partes de consulta –por las que según esta información los actores suscribieron el contratovariaron notoriamente en lo que respecta a la “cuota” al enviarles los cupones de pago violando las condiciones de contratación que anunciaba que durante un año no sufriría modificaciones. Se agravian también por la interpretación que consideran arbitraria de los cupones de pago de fs. 48/55 así como de la imputación que realiza el juez de la pericia contable. Consideran también que se vulnero la garantía de debido proceso e igualdad ante la ley en virtud de haberse colocado a las coactoras Maia y Aiza Ustar en desigualdad de condición respecto de los representantes legales de Arauca y Chevrolet quienes no han sido interrogados libremente, no dándole el mismo trato a los actores que a los demandados en igualdad de condiciones. Agregan que se ha realizado una referencia arbitraria y con tintes discriminatorios contra una de las coactoras por su condición de abogada y empleada judicial. Remarcan que no se ha presentado ante Araucar Motors S.A en condición de abogada ni mucho menos como empleada judicial para adquirir un auto, sino que lo hizo en calidad de consumidora.
En otro orden de ideas, se agravian “…por haber omitido el a quo otorgar la tutela del beneficio de gratuidad establecido en la ley de defensa de los consumidores, tutela que fuera reconocida por el propio juzgador en oportunidad de iniciar esta parte el Beneficio de Litigar sin Gastos en expte 27.773/2016 donde al respecto oportunamente resolvió: “Y
Como primera medida debemos recordar que las actuaciones judiciales que sean iniciadas de conformidad con la ley de defensa del consumidor, en razón de un derecho o interés individual, gozarán del beneficio de justicia gratuita (art. 53 de la ley 24.240, actualizada por la ley 26.361)…… En razón de lo expuesto considero que disponer la tramitación de las presentes actuaciones resulta innecesario y contrario a la finalidad que tuvo en miras el legislador al sancionar la ley de defensa del consumidor.-Por ello, en virtud de la doctrina, jurisprudencia y disposiciones legales citadas; RESUELVO: I) Declarar innecesaria la tramitación del presente beneficio de litigar sin gastos (art. 53 de la LDC su doctrina y jurisprudencia)Queda claro, en consecuencia, que el Juez en la sentencia que se recurre, se apartó del vértice que había prefijado en la tramitación del Beneficio de Litigar sin Gastos, cambiando al dictado de la sentencia en el principal en contradicción con los propios actos anteriores, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces como lo fue el resolutorio del expte 27.773/2016.-_” (ver expresión de agravios fs. 750)
Por último, sostienen que no se ha aplicado correctamente la normativa de la Ley de Defensa al Consumidor, doctrina y jurisprudencia y no se ha procedido al dictado de la sentencia con la imparcialidad debida. En consecuencia, manifiestan que se encuentra configurada la responsabilidad solidaria de Araucar Motors S.A y Chrevrolet S.A Ahorro para Fines Determinados quienes cambiaron las condiciones de contratación unilateralmente no respetando la oferta por la que suscribieron los actores, violando el deber de información e incurriendo en publicidad engañosa, por lo que solicitan se haga lugar a la demanda, con costas.
III. Solución III. 1 La sentencia apelada.
El señor juez de grado sostiene que en el caso concreto se ha cumplido suficientemente con el deber de información. Afirma: “Comenzaré por analizar cada uno de los acontecimientos detallados a fin de verificar si ha mediado incumplimiento por parte del accionado.”
“En primer término, debo ponderar el precio de la cuota que se informara en los partes de consulta obrantes a fs. 11/12.”
“En dicho sentido, a fs. 11, se le indica a Rosas que, en condiciones normales de contratación, la suma a abonar por la primer cuota seria de mil setenta y ocho pesos -$1078-, encontrándose dicho monto integrado por, ochocientos cincuenta y dos pesos -$852- en concepto de cuota pura, y el saldo restante por los rubros seguro de vida y gastos administrativos. Ahora bien, es claro el parte de consulta N°00000851, al indicar en la zona media del mismo que con el plan de cuota reducida, la primera cuota a abonar sería de $765, indicándosele que de la cuota 2 a la 10 el monto a abonar por las mismas sería el de $656, de la 11 a la 50 de $1078, y de la 51 a la 84 el de $ 955, siempre hablando de la cuota pura, toda vez que sería de un raro sentido de interpretación el hecho de poder adquirir un bien oneroso, como lo es un automóvil, financiado en ochenta y cuatro cuotas sin pagar interés alguno, ni gastos, ni seguro alguno.” (Ver sentencia apelada fs. 708/vta.).
“En igual sentido fue la información brindada a las otras coactoras, Maia Ayelen y Aixa Maitén Ustar. Tal es así que del parte de consulta N°0000851, efectuado por Christian Dávalos, se describe, en igual sentido la situación antes referenciada, respecto a cómo sería el plan de ahorro en condiciones normales, y cuales los supuestos “beneficios” del plan Génesis de cuota reducida. En tal sentido, se indica que el monto a abonar por cuota pura es el de novecientos sesenta y nueve -$969-, con más el seguro de vida y gastos administrativos correspondientes, lo que totalizaría la suma de mil doscientos veintiséis pesos -$1226-. Ahora bien, con el plan de cuota reducida, se indica que el monto a abonar por la primera cuota es de $870, de la 2 a la 10 de $746, de la 11 a la 50 de $1226 y de la 51 a la 84 de $1087, claramente haciendo alusión a que los montos consignados se corresponden a la cuota pura. “ (Ver sentencia apelada fs. 708 vta.). También el señor juez de grado considera que la actora contó con copia del contrato. “Sumado a ello, no resulta ser menos importante, que los accionantes contaron en todo momento con el contrato de adhesión en su poder. De hecho fue adjuntado con la interposición de la presente demanda, motivo por el cual no pueden alegar el desconocimiento que tenían respecto a la integración de las cuotas al momento de recepcionar los respectivos cupones de pago de la cuota N°2.”
“De los mismos, los cuales obran a fs. 14/24, 25/37 y 38/45, se describe perfectamente que “Clausula 1.11. Cuota Pura: Es el importe resultante de dividir el valor del Bien Tipo vigente a la fecha del pago, por la cantidad de cuotas de duración del plan que corresponda. Su valor constituye la cuota pura de ahorro o de amortización, según resulte aplicable”, especificándose posteriormente como está compuesta la cuota “1.12. Cuota mensual. Es el monto que mensualmente debe abonar el suscriptor y está integrado por: I) Cuota Pura; II) Cargas administrativas más la porción de los derechos de inscripción y adjudicación de acuerdo con las facilidades de pago otorgadas; III) El importe de la cuota mensual del Seguro de Vida Colectivo abonado por los suscriptores que sean personas físicas;
IV. Seguro del bien adjudicado; V) Intereses y todo otro cargo que resulte de estas Condiciones Generales”. (Ver sentencia apelada fs. 709).
También ha considerado el señor juez de grado: “Otro elemento determinante para establecer la convicción de este juzgador de no dar acogida a la demanda incoada resultan ser los cupones de pago obrantes a fs. 48/55. En tal sentido, en relación al coactor Rosas, se desprende que la cuota pura que debería abonar de la cuota 2 a la 10, habiéndosele efectuado la reducción de la misma en un 20 por ciento, sería de $654, vale decir, dos pesos menos inclusive de lo que le había dicho el vendedor al momento del parte de consulta.” (Ver sentencia apelada fs. 709).
“En el mismo norte se encuentran las particulares situaciones de las coactoras Ustar, consignándoseles en dichos cupones de pago, que por la cuota pura deberían abonar $736, diez pesos menos aun que lo consignado en el instrumento de fs. 12 agregado por el las accionantes. “ “En consecuencia, no encuentro vulnerado el derecho a la información consagrado por el art. 4 de la ley de defensa del consumidor y los arts. 16, 17 y 18 del Código de implementación de los derechos de los consumidores y usuarios de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.133).” (Ver sentencia apelada fs. 710).
El señor juez de grado también ha considerado la pericia contable: “Se suma a ello, la pericia contable obrante a fs. 660/669, donde la experta indica que el monto de los cupones a los que hice referencia anteriormente se encuentran confeccionados conforme las cláusulas estipuladas en los contratos suscriptos por los accionantes.”(Ver sentencia apelada fs. 710 ). “Otro dato de relevancia, y no menos importante, resulta ser la declaración efectuada por la accionante Maia Ustar, al ser interrogada libremente por el suscripto en la AVC celebrada en autos. Es así que entre los minutos 36.15 y 38 de la misma, la Srta. Ustar al exhibírsele el instrumento de fs. 12 lo reconoce, manifestando que “…no recuerdo si incluía todo, pero cálculo que lo hizo para comparar con otro plan…” (Sic), ello haciendo alusión a información brindada por el ejecutivo comercial al suscribir el respectivo plan respecto a los demás cargos incluidos en la cuota que eran ajenos a la cuota pura en sí. “ “Sumado a ello, no puedo desconocer la situación particular de Maia Ustar, quien siendo abogada y empleada de este Poder Judicial, doy por descontado que tiene la capacidad y profesionalismo pertinente a los fines de comprender tanto el parte de consulta como el contrato de adhesión respectivo, no pudiendo creer erróneamente que podría adquirir un bien mueble registrable oneroso como lo es un auto, por la suma de $870 mensuales, que implicaría estar abonando dichas cuotas sin interés, sin gasto administrativo y sin seguro alguno. A su vez, la otra accionante, en iguales circunstancias, manifiesta al minuto 39.41 que la segunda cuota fue el doble que la primera, cuestión que claramente no es así.”
“Teniendo todo ello en consideración, cabe destacar que: 1)
Claramente de los Partes de Consulta obrantes a fs. 11/12, se desprende que el monto que se vería reducido por la suscripción del plan de ahorro “Génesis” es el de la cuota pura; 2) Que los accionantes contaron en todo momento con los contratos de adhesión, motivo por el cual no pueden alegar el desconocimiento de la integración de la cuota que deberían abonar; 3) En los cupones de pago de fs. 48/55, se encuentran debidamente reducidos los montos de las cuotas puras. En base a ello, puedo concluir que las demandadas “Araucar S.A.” y “Chevrolet S.A. de Ahorro para fines determinados” no vulneraron el derecho a la información consagrado por los arts. 4 de la ley de defensa del consumidor y los arts. 16, 17 y 18 del Código de implementación de los derechos de los consumidores y usuarios de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.133), ni han incurrido en un indigno trato al consumidor (art. 10 de la ley 24.240), sino que la falta de ejecución del contrato celebrado por las partes y posterior incumplimiento llevado a cabo por las accionantes, se debió a un llamativo error de interpretación del parte de consulta y de las cláusulas establecidas en el contrato, por lo que no corresponder darle acogida a la presente pretensión, correspondiendo en consecuencia rechazar la demanda incoada por Maia Ayelen Ustar, Walter Rosas y Aixa Maitén Ustar. “ “A modo de reflexión me permito expresar que una cosa es que el derecho del consumo procure proteger a la parte más débil de la relación económica como forma de restablecer una igualdad y una libertad que habían devenido ficticias, y otra que esto pueda interpretarse como una suerte de carta blanca a favor del consumidor.”
“En igual sentido, la función del derecho del consumidor consiste en actuar como corrector de la desigualdad estructural que éstos -los consumidores- padecen en el mercado, pero debe evitarse que en el caso concreto se sobrepase tal finalidad.”
“El legislador no puede autorizar –y mucho menos patrocinar e incentivar– la conducta irresponsable del consumidor en el mercado. No hay nada en la Constitución que permitiera al Estado intervenir en el mercado para reducir los niveles de confianza y seguridad en su funcionamiento, con la mera excusa de que el consumidor merece ser protegido en el mercado.” “La buena intención de nuestro legislador para proteger a los consumidores en el mercado, se llevó al exceso de forma que, con una sobreprotección injustificada, se está autorizando e incentivando a que los compradores actúen de forma irresponsable, inconsulta frente a los derechos ajenos, abusiva respecto de derechos adquiridos y expectativas legítimas de los agentes económicos y, en todo caso, contraria a las bases constitucionales de nuestro país.”
“Todo derecho tiene que armonizarse con los demás que con él coexisten.” (Ver sentencia apelada fs. 710 vta.).
Entiendo que los argumentos de la sentencia apelada han sido correctamente rebatidos por los apelantes, sin perjuicio del alcance de la reparación integral. La motivación del fallo obedece a un tema indócil de compleja prueba que requiere conceptos cuya evolución aún están en rodaje. Los hechos en debate exigen soluciones equilibradas porque el prestigio del derecho de consumo no debe quedar exclusivamente sometido al albedrío del oferente ni a las conductas excesivamente dogmáticas de determinados consumidores. La determinación del daño cierto se fundamenta con soluciones ceñidas a la aplicación de los principios de los derechos del consumidor, sin que ello implique devastar empresas con conductas cuestionables.
III. 2 La función social del contrato.
El plan de ahorro previo es un contrato de consumo con fuerte incidencia de inclusión social. La función social del contrato es evidente en la contratación basada en el ahorro previo para permitir el acceso a bienes y servicios.
La función social del contrato constituye una arista del derecho que se bifurca desde todas las necesidades que la persona tiene para ser incluido socialmente.
En los fundamentos del Código Civil y Comercial de La Nación, con relación a la función social del contrato, se explica que “En suma, seguramente se interpretará que la exigencia de que el contrato sea celebrado en razón de su función social, y dentro de sus límites, no implica que ciertos intereses estrictamente individuales carezcan de tutela legal; pero sin embargo será necesario que el contrato tenga una función económica apreciable socialmente, por ser razonable, digna, seria, equilibrada y oportuna para el negocio del caso.”
La teoría del abuso del derecho tiene páginas eruditas escritas para su comprensión. (Doct. Arts. 1071 CC; 10 CCCN). No debe olvidarse tampoco que el Código Civil y Comercial de La Nación regula el supuesto de abuso de posición dominante que ha inspirado doctrina y jurisprudencia constitucional con suficiente antelación a la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento jurídico. (Doct. Art. 11 CCC). En este aspecto el Código Civil y Comercial de La Nación constituye una fuente de doctrina indispensable por su origen en la doctrina y la jurisprudencia que dieron puentes al derecho privado constitucionalizado, orientado por el dialogo de fuentes.” (conf. Mi voto en la causa “Ortiz Sergio Benito C/ Liderar Compañía General De Seguros S.A S/ Daños Y Perjuicios” R.S.D N° 172/17 sentencia del 19 de septiembre de 2017)
III. 3 El contrato de ahorro previo.
La jurisprudencia ha señalado: “Los denominados "planes de ahorro previo para fines determinados" son contratos de consumo atípicos y complejos, mediante los cuales el fabricante de un bien (en el caso, automóviles) y la empresa administradora de los fondos crean un sistema de autofinanciación para la colocación de sus productos en el mercado. El otro partícipe de esa relación jurídica (el grupo de ahorristas) queda conformado mediante los contratos que la sociedad administradora suscribe con los consumidores de manera individual, reservándose las facultades de manejo y dirección del grupo, que no participa como sujeto del negocio sino como fondo dirigido por aquélla. En este contexto, el contrato debe ser interpretado conforme las pautas especiales que estipula la Ley de Defensa del Consumidor, cuando dispone que las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte se tendrán por no convenidas; que la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor y, cuando existan dudas sobre los alcances de la obligación, se estará a la que sea menor gravosa (arts. 3 y 37 inc. "b" de la ley 24.240).” (CC0102 MP 161562 305-S S 01/12/2016 Juez MONTERISI (SD) Carátula: GONZÁLEZ, Elisa Samanta C/ CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y Otro S/ Daños y Perjuicios por Incumplimiento contractual”” B5025432 JUBA). (Art. 37 Ley 24.2409; Decreto 1798/94); 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122 Código Civil y Comercial de La Nación, aplicables como fuente de doctrina, considerándose la época de los hechos).
III. 4 Las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor.
Las disposiciones de la ley de defensa del consumidor, se integra con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la ley 25.156 de Defensa de la Competencia y la ley N° 22.802 de Lealtad Comercial. (Art. 3° Ley 24.240 texto Ley 26.361).
En caso de duda al interpretar este conjunto normativo, ha de prevalecer la ley más favorable al consumidor (Art. 3° citado). “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa” (Art. 37 ley 24.240 texto ley 27.266). La oferta en la relación de consumo debe prestigiar la confianza y la seguridad jurídica. Sabemos que la publicidad puede ser como los cantos de sirena que no quiso oír Ulises. El consumidor todavía es más vulnerable. El oferente no puede omitir responsabilidades porque es el constructor del contrato y en este aspecto debe trato digno, equitativo y no discriminatorio a los consumidores. (Art. 1° Ley 24.240); (Art. 2° Ley 24.240 texto Ley 26.361; Art. 2° Decreto 1798/94); (Art. 3° Ley 24.240 texto Ley 26.361; Art. 3° Decreto 1798/94 – sin reglamentar -(Arts. 1093, 1094 y 1095, Código Civil y Comercial de La Nación, citado como fuente de Doctrina, considerándose la época de los hechos).
No se redime el oferente aun alegando que el consumidor ha especulado en la relación de consumo, buscando después de pagar una cuota, indemnizaciones desproporcionadas según la gravedad del incumplimiento. En todo caso se medirá estrictamente el alcance del perjuicio.
III. 5 La publicidad. Efectos La publicidad no puede llevar al consumidor a las tinieblas. Se dice que una imagen vale más que mil palabras. La publicidad asegura difusión de información que a veces está distorsionada y no resulta compatible con el contrato formal. Estos avatares que resultan de la discrecionalidad del oferente no pueden perjudicar al consumidor. (Art. 4° Ley 24.240 texto Ley 27.250, Art. 4° Decreto 1798/4; Art. 1100 Código Civil y Comercial de La Nación, citado como fuente de doctrina, considerándose la época de los hechos).
La publicidad es compleja en los contratos de consumo y con mayor razón en planes de ahorro previo de vehículos, y su falta de precisión si bien no le quita su carácter convocante y captador de clientes, lo cierto es que causa perjuicio a los adherentes.
La publicidad integra el contrato. “Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente” (Art. 8° Ley 24.240 texto Leyes 26.994 y 27.077); (Arts. 1101, 1102 y 1103 Código Civil y Comercial de La Nación, citado como fuente de doctrina, considerándose la época de los hechos).
El carácter vinculante de la publicidad obliga al oferente en los mismos términos anunciados por difusión masiva. La publicidad abre la puerta del contrato, de modo que una vez traspuesto los umbrales no deben someterse al consumidor a ningún desconcierto.
La información debe ser proporcionada con suficiente claridad para permitir su comprensión. La información debe ser cierta, clara y detallada. Es decir, no se deben omitir ninguna información que interese a las cláusulas del contrato. En su actual redacción la ley ha innovado, exigiendo que el oferente debe explicar las condiciones de comercialización. (Art. 2 Ley 24.240 texto Ley 26.361).
El proveedor tiene la carga de probar que informó suficientemente. (conforme mi voto en "Boragno, Cristian Edgardo C/ Dragoun, Jorge Y Otro S/ Daños Y Perjuicios (Sumario) Causa Nro. 213/1 R.S.D N° 25/04 sentencia del 9 de septiembre de 2004)
III. 5.1 La regulación de la publicidad en los sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados. Resolución General 26/2004. (Bs. As., 19/11/2004).
“Artículo 4º — Publicidad “4.1. Publicidad para la concertación de operaciones “4.1.1. Será considerada publicidad o propaganda toda difusión realizada por las entidades, sus agentes, representantes, proveedores de bienes y/o entidades de recaudación dirigida a personas en general o a sectores o grupos determinados, ya sea a través de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiofónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, entrega o dispersión de volantes, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de divulgación, tendiente a proponer, promover u obtener en forma directa e indirecta la suscripción de títulos o contratos.
“4.1.2. La publicidad deberá realizarse con el máximo de claridad y precisión en cuanto al objeto y características de las operaciones que se ofrecen, omitiendo cifras, datos, circunstancias o referencias falsas o capciosas, como así toda otra que pueda hacer suponer una intervención o control oficial o de instituciones o reparticiones oficiales fuera del establecido por las disposiciones normativas vigente.
“4.1.3. En toda publicidad o propaganda deberán contemplarse los siguientes recaudos:
a) Indicarse, de manera que se destaque claramente en el texto, que lo que se publicita es un plan de capitalización y ahorro o de ahorro previo por "grupo cerrado" o de "ciclo abierto", según sea el caso.
b) Dicha indicación se insertará en un tipo de letra cuyo tamaño resulte ser como mínimo el promedio de los restantes caracteres utilizados en el mismo aviso. Si la publicidad fuere verbal las referencias al sistema deberán ser parte del mensaje.
“c) Consignarse la denominación y domicilio comercial de la entidad, la duración total del plan que se ofrece, el método de adjudicación para la obtención de la prestación ofrecida y los datos de aprobación del plan por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, indicando número y fecha de la respectiva resolución.
d) En caso de ofrecerse bonificaciones u otros beneficios se deberá describir el alcance de los mismos.
e) Para las operaciones bajo la modalidad de ciclo cerrado reguladas en los Capítulos II y III, se deberá indicar a cargo de quién se contempla el pago de los gastos de entrega en el contrato por adhesión que se ofrece o promueve, salvo se indique que se los bonifica, y que, si estarán a cargo del suscriptor, su monto estará sujeto a libre pacto dentro de los valores máximos comunicados a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA conforme al artículo 4º, apartado 4.4., del Capítulo II y que la entidad administradora pone a disposición del suscriptor.
“f) La publicidad no podrá realizarse juntamente con otra que publicite el ofrecimiento de bienes en venta ni de créditos inmediatos para su adquisición.” (el destacado pertenece al Tribunal)
La publicidad integra el contrato y en ese aspecto con mayor razón el parte de consulta forma parte del proceso de integración porque se relaciona con la oferta al ambientar sus modalidades directamente a los consumidores. (Art. 8° Ley 24.240 texto Leyes 26.994 y 27.077); (Arts. 1101, 1102 y 1103 Código Civil y Comercial de La Nación, citado como fuente de doctrina, considerándose la época de los hechos).
En consecuencia, si el oferente indicó determinadas condiciones de la oferta que han convencido al adherente, su obrar de presentar en fecha diferida formularios de adhesión con cláusulas incompatibles con aquellas que motivaron la aceptación de los consumidores, deviene perjudicial para un principio sobresaliente en materia de interpretación de los contratos y que se fundamenta en el principio de buena fe. (Doct. Art. 1198 Código Civil). En este aspecto debe recordarse que el Código Civil y Comercial de La Nación ha receptado entre las reglas de interpretación, el principio de protección de la confianza, antaño y mediante creación pretoriana considerado sobre la base de la teoría de los actos propios o propios actos. (Doct. Art. 1198 Código Civil; Art. 1067 Código Civil y Comercial de La Nación, citado como fuente de doctrina, considerándose la época de los hechos). No obra correctamente quien promete determinadas condiciones en un ambiente informal pero deliberativo y hace suscribir documentos con cláusulas uniformes que no pregonan las ventajas de la publicidad y de las promesas del parte de consulta. De modo que no basta para dar por cumplido el deber de información con el argumento que los actores conocían las condiciones de la oferta porque firmaron solicitudes de adhesión y tenían una copia de cada ejemplar donde se observan propuestas en un ejercicio de seducción al adherente. También se advierte que no se explicó suficientemente la modalidad del plan de cuotas reducidas que de ninguna manera se resume a un cronograma de cuotas fijas y escalonadas durante la vigencia del plan. Ello sólo surge en un Anexo (formulario de adhesión) cuando ya se había aceptado la oferta del parte de consulta.
La oferta en la relación de consumo debe prestigiar la confianza porque los contratos de adhesión son auspiciados a las muchedumbres que no debaten el tenor de cada cláusula y suscriben al ritmo del oferente. Se erosiona la protección de la confianza cuando tardíamente se advierte que se han modificado las condiciones primigenias en la contratación y para ello no puede constituir ningún obstáculo la firma de documentos privados que orientan otras precisiones de la oferta. Además, toda controversia entre oferta originaria y modalidades más pragmáticas y de estilo reguladas en un contrato, que en otra fecha se ha firmado, no puede ser interpretado en contra del consumidor.
Tampoco hay certeza que se haya expedido copias de la totalidad de la documentación a los adherentes.
Debe tenerse en cuenta que la concesionaria al contestar demanda ha admitido la autenticidad de los partes de consulta y solamente ha señalado que los actores no interpretaron correctamente su texto. Al reconocerse como autentico un documento se está admitiendo su contenido. De modo que se volatilizan determinadas negativas en la contestación de demanda, en este caso relacionadas con haberse asegurado la entrega del vehículo en la cuota N° 10 o que el importe de las cuotas se haya establecido en forma escalonada y desde este aspecto informado que serán fijas durante la vigencia del plan. Resulta evidente que la prueba de la falsedad de los asertos de la demanda correspondía al oferente (Ver contestación de demanda fs. 194/vta.) (art. 53 Ley de Defensa del Consumidor N°24.240). Esta interpretación se afirma con mayor fortaleza cuando se lee en la contestación de demanda, con referencia a los hechos, que se reconocen los partes de consultas acompañados con la demanda, pero se discrepa “con la interpretación efectuada en el escrito de inicio. Que tiene como único objetivo sustentar un reclamo que carece de todo fundamento” (Ver fs. 196 vta).
III. 6 La publicidad integra el contrato. Los manuscritos obligan a su autor.
Las personas que pretenden adquirir un automóvil ingresan muchas veces a la concesionaria con más sueños que dinero en los bolsillos. El ahorro es la base del sistema. En la frontera del negocio jurídico, se plantean conversaciones que no necesariamente se edifican sobre papeles. En la intemperie como inmisiones inmateriales tal vez se propaguen algunas promesas del oferente con voces sin eco. La informalidad en estos casos, perjudican al adherente. Allí está la explicación de la necesidad de requerir mayor esfuerzo probatorio a quien está en mejores condiciones de probar como constructor de la relación jurídica.
A fs. 11/12 obran glosados partes de consulta manuscritos con intervención del empleado vendedor Cristian Dávalos.
Si bien la concesionaria codemandada niega que las pautas que constan en la consulta N° 00000851 acompañado con la demanda tengan el alcance dado por la parte actora, le correspondía la carga de la prueba de demostrar su pragmatismo en los hechos. (Ver contestación de demanda fs. 196 vta.) En definitiva, la concesionaria codemandada ha admitido la validez de los partes de consultas acompañadas con la demanda, controvirtiendo la interpretación de su contenido, afirmando que no tiene el alcance que estiman los actores en la demanda.
Al contestar demanda afirmó la concesionaria que a los valores consignados como cuota pura se debía adicionar el seguro de vida y los gastos administrativos y que el descuento establecido era solamente para el valor de la cuota pura, “lo que fue efectivamente realizado según surge de los talones de pago Plan Chevrolet” (Ver contestación de demanda fs. 196 vta).
El deber de información (Art. 4 Ley 24,240 texto ley 26.361)
deriva del principio de buena fe y ha sido ostensiblemente dimensionado en la contratación moderna, específicamente en lo que atañe a los contratos por adhesión y de consumo.
Si bien, tal como señala el señor juez de grado, el derecho del consumidor no constituye ninguna franquicia especial o bill de indemnidad que favorezca al adherente, lo cierto es que en el caso concreto debe determinarse si carece su pretensión de verosimilitud.
El derecho de consumo es también una responsabilidad del adherente quien no debe acudir a dogmatismos sin anclajes en el caso concreto. Ello ha de permitir un equilibrio permanente.
III. 7 El deber de información La Constitución Nacional (Art. 42) y la Constitución de la Provincia de Buenos (Art. 38) garantizan el derecho de los consumidores y usuarios a una información adecuada y veraz. La legislación de consumo sigue esas directivas. (Art. 4° Ley 24.240 texto Ley 27.250, Art. 4° Decreto 1798/4; Capítulo V, Ley Provincia de Buenos Aires N° 13.133). Art. 1100 Código Civil y Comercial de La Nación, citado como fuente de doctrina, considerándose la época de los hechos). Ha señalado la doctrina: “El deber de información adquiere en materia de defensa del consumidor el rango de derecho fundamental reconocido expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en tanto constituye un trascendental instrumento tendiente a conjurar la superioridad económico-jurídica que suelen detentar los proveedores”. (WAJNTRAUB, Javier H. “Régimen Jurídico del Consumidor Comentado”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2017, pág. 41, con cita de LORENZETTI, Ricardo L. “Consumidores”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, págs. 170/172).
La información debe brindarse en todas las etapas de la contratación. (WAJNTRAUB, Javier H., obra citada, pág. 46). En consecuencia, resultan relevantes los denominados partes de consulta obrantes a fs. 11/12, respecto a la información brindada en esa oportunidad. El principio de buena fe debe gobernar al deber de información en las relaciones de consumo. En este aspecto ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “El derecho a la información reglado en el artículo 4 de la ley 24.240 constituye la aplicación a las relaciones de consumo del principio de buena fe contenido en el art. 1198 del Código Civil. Ello a su vez refleja en el procedimiento estableciendo en materia probatoria "cargas dinámicas" (art. 53 de la mencionada ley) llevadas a su máxima expresión, tanto que el proveedor tiene una obligación legal: colaborar en el esclarecimiento de la situación litigiosa. Toda negativa genérica, silencio, reticencia o actitud omisiva creará una presunción en su contra.” (SCBA LP C 117760 S 01/04/2015 Juez DE LÁZZARI (SD): “G, A. C. contra "Pasema S.A." y otros. Daños y perjuicios”, B4200918 JUBA). El parte de consulta no puede relativizarse a una simple invitación a contratar porque reúne entre otros antecedentes constitutivos del contrato un elemento esencial particular de la compraventa, que es el precio y además las condiciones particulares de la comercialización, es decir “sus modalidades, condiciones y limitaciones”. (Art. 7° primer párrafo Ley 24. 240 texto ley 26.361). Debe tenerse en cuenta que la oferta cuando contiene una información determinada, su incumplimiento “será considerada negativa o restricción injustificada de venta” (Art. 7° citado, último párrafo). Se trata de un supuesto de incumplimiento contractual. La oferta en el derecho del consumidor no pueda quedar expuesta a fragilidades que tornen aún más gravosa su vulnerabilidad. En este caso no puede considerarse a los partes de consulta como una escena informal donde el consumidor se ha limitado a escuchar. En el caso concreto no se requerían nuevas manifestaciones del oferente porque los consumidores habían recibido la información de mayor interés para la aceptación de la oferta. Si bien la oferta se ha efectuado en el ámbito de la relación de consumo, su trascendencia no se ha agotado en la publicidad (oferta al público) porque sus elementos constitutivos han sido explicados a persona determinada.
El deber de información tiene raigambre constitucional. Este aspecto ha sido destacado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “El deber constitucional de brindar una información adecuada y veraz se relaciona directamente con la certeza, autenticidad y comprobabilidad de la misma, en función de la disponibilidad de datos que una parte tiene y de la cual la otra -claramente más débil en la relación jurídica- carece. En tal sentido, la información debe cubrir la etapa genética y funcional ya que es cumplimiento del deber de buena fe la prestación de servicios informativos permanentes y actualizados. La información debe estar relacionada con la complejidad del negocio y la educación del receptor, en cuanto a su extensión y exhaustividad.” (SCBA LP C 99518 S 03/06/2009 Juez DE LAZZARI (MA): “Conca, Hugo Luis c/Banco de la Provincia de Bs.As. s/Cumplimiento de contrato, cancelación de hipoteca y repetición de pago”, B31064 JUBA).
En el caso concreto se han controvertido percepciones con relación al precio, que a mi entender no se agotan en meras discordancias entre el carácter de cuota pura o cuota definitiva que corresponde atribuir a cada alícuota del precio. Se ha señalado: “Uno de los elementos esenciales sobre los que debe recaer la información la que alude la ley 24.240 es el precio, aspecto fundamental de cualquier transacción mercantil y que goza de una tutela específica relativa al modo en que debe ser publicitado.” (SCBA LP C 102100 S 17/09/2008 Juez HITTERS (SD): “Lucero, Osvaldo Walter s/Amparo”, B30055 JUBA).
La información es el eje sustancial de la declaración unilateral del oferente, aquello que el primigenio Código Civil exigiera en el concepto de oferta: Debe contener todos los antecedentes constitutivos del contrato. La información debe ofrecer certezas al adherente. Es fundamental que la información de certezas sobre la fidelidad y completividad de la oferta y no derive al consumidor adherente a un terreno difuso e indócil, donde tenga que pedir explicaciones o se intente disuadirlo con formalidades. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado: “La información exigida por la ley 24.240 debe tener aptitud para colocar al co-contratante en una situación de discernimiento en el aspecto técnico ventilado en el negocio. En tal sentido, la información debe cubrir la etapa genética y funcional ya que es cumplimiento del deber de buena fe la prestación de servicios informativos permanentes y actualizados. Además, debe estar relacionada con la complejidad del negocio y la educación del receptor, en cuanto a su extensión y exhaustividad. “(SCBA LP C 102100 S 17/09/2008 Juez HITTERS (SD) Carátula: Lucero, Osvaldo Walter s/Amparo B30054 JUBA). SCBA LP B 65834 I 07/03/2007 Juez RONCORONI (MA): “DE.U.CO. Defensa de Usuarios y Consumidores Asoc. Civil c/ Org. Regulador de Aguas Bonaerense y Aguas del Gran Bs. As. s/Amparo-Cuestión de competencia art. 6° CCA”. (Por mayoría), B94035 JUBA).
El derecho constitucional debe ser asegurado en su plena y absoluta vigencia. Ha señalado la SCBA: “Una de las prerrogativas fundamentales reconocidas a los particulares en el ámbito de las relaciones de consumo (contracara del deber que paralelamente se coloca en cabeza de los empresarios), es el derecho a una información adecuada y veraz (arts. 42 de la Constitución nacional y 38 de la Constitución provincial), es decir, a ser nutrido de elementos ciertos y objetivos, detallados, eficaces y suficientes sobre las características esenciales del producto respectivo (art. 4 de la ley 24.240). Se trata de una herramienta basilar del sistema protectorio de marras, justificada en la desigualdad material que caracteriza a los partícipes de las relaciones de consumo.”(SCBA LP C 102100 S 17/09/2008 Juez HITTERS (SD): “Lucero, Osvaldo Walter s/Amparo”, B30053 JUBA).
III. 8 La carga de la prueba del deber de información.
Responsabilidad del oferente.
El oferente debe probar que informó correctamente (art. 53 Ley de Defensa del Consumidor N° 24240). No debe librarse entre el oferente y el consumidor una batalla sobre cargas probatorias cuando la desigualdad económica y la posición dominante constituyen un hecho notorio que la ley de defensa del consumidor y el principio de interpretación que contiene (Art. 3°) arroja sobre las espaldas del oferente (constructor del contrato) la carga de probar que informó bien y en los términos del artículo 4 de la mencionada legislación de consumo. En efecto, la deficiente o confusa información tiene relación causal con el perjuicio cuando ha impedido conocer con certidumbre el alcance de la oferta. La doctrina señala: “En una obra reciente, se han señalado los límites del deber bajo análisis precisando que éste radica en los "hechos ampliamente conocidos, denominados notorios" y tiene relación con el nexo causal toda vez que el "deber de informar que se omite tiene relevancia causal cuando su incumplimiento impide conocer, lo que no ocurre si el hecho es ampliamente conocido o lo es con una simple diligencia media" En lo sustancial, pues, la reforma no ha modificado la teleología del deber de información, de raigambre constitucional, pero se ha ganado en claridad desde el punto de vista de la técnica legislativa utilizada. En otras palabras, en puridad, creemos que la reforma permitirá nuevos desarrollos del conocimiento a brindarse por el proveedor y la proporcionalidad que deberá tener en cuenta, según el nivel del consumidor, en cada caso.”: (ARIAS CÁU, Esteban J. Comentario de la ley 4827 sobre exhibición y publicidad de precios (CABA), La Ley Online; Cita Online:
AR/DOC/1765/2014).
El autor citado también se refiere a las consecuencias del incumplimiento del deber de información. “Desde el punto de vista objetivo, adelantamos que el incumplimiento total o parcial de este deber por parte del proveedor por sí mismo, sin ninguna clase de interpretación, hace nacer la responsabilidad del incumplidor. En nuestra opinión, el incumplimiento del deber de información posee naturaleza objetiva y se acredita con la simple constatación de la omisión o deficiencia en la transmisión del conocimiento a cargo del proveedor, siempre proporcionado a la calidad de su interlocutor, ya sea consumidor determinado o potencial. Este deber comprende todo el iter contractual, incluyendo las tratativas previas, el perfeccionamiento contractual, la ejecución posterior y la garantía correspondiente, comprensivos de la relación de consumo, según los parámetros legales fijados en el art. 3° de la LDC. Empero, además, la infracción es meramente formal, es decir, que una vez violado el derecho de información no interesa su dispensa posterior originando la obligación de responder del proveedor, de manera automática, tanto frente al consumidor como frente a la Secretaría de Comercio Interior o las autoridades locales correspondientes, como por ejemplo la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, autoridad de aplicación de la ley 4827 (art. 35). Las consecuencias para el proveedor, a nuestro juicio, pueden ser las siguientes: a) El consumidor puede pedir la nulidad del contrato, según lo previsto por el art. 37 de la LDC. Con relación a los bienes puede "plantear la cuestión en el terreno de los vicios redhibitorios, en la medida que, en la hipótesis, no se le ha comunicado el estado de la cosa". Puede demandar la reparación de daños sufridos. b) La autoridad de aplicación, por su parte, podrá iniciar un procedimiento de oficio (art. 45°, LDC) e imponer las sanciones previstas en el art. 47° de la LDC.” (CAU, obra citada).
III. 9 La contratación sin debate previo requiere la mayor prolijidad en la prueba de la oferta y sus alcances o limitaciones. Los instrumentos formales deben ser preservados por el oferente.
El oferente debe explicar todas las condiciones de comercialización. (Art. 2° Ley 24.240 texto Ley 26.361).
Si el oferente en la primera conversación con el consumidor formula promesas en un parte de consulta, tiene la obligación de conservar un ejemplar en custodia, sin perjuicio de la copia que suministra al consumidor. La pre constitución de pruebas que atañe al derecho de información, ha sido preocupación de las Direcciones Provinciales de Defensa del Consumidor, bastando como ejemplo la Resolución 4389/18 (14/11/2018) emitida por Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta ante las numerosas denuncias recibidas de adherentes de planes de ahorro de vehículos. Los principios de esta directiva debieran ser en la práctica una conducta espontánea del oferente al dar estricto cumplimiento al deber de información. La Directiva mencionada exige: “La Secretaría de Defensa del Consumidor, mediante resolución 4389/18, resolvió que será obligatorio para las concesionarias y sociedades administradoras de planes de ahorro de toda provincia entregar por escrito el detalle de las características de la contratación. Deberá quedar asimismo una constancia de la recepción de la documentación.”
Advertimos que también se exige una constancia de la recepción de la documentación. Este recaudo no deber ser considerado un acto de cortesía con el consumidor, ampliando el concierto de papeles que se firman al unísono. Esta exigencia hace a la defensa del consumidor cuando no se sabe si de todos los papeles que ha firmado se les han dado las copias respectivas, debidamente suscriptas por las partes. En el caso concreto, anticipo, no hay certezas que la concesionaria les haya entregado, por ejemplo, copia del Anexo de cuota reducida, a los consumidores. Ello debe ser cumplido antes de formalizar el contrato de adhesión, oportunidad en que el consumidor debe leer atentamente la siguiente información:
“1. Las cuotas son variables: es decir que aumentan cuando se actualiza el valor del vehículo.”
“2. Es posible que el modelo del vehículo que usted elegirá, si es que decide adherirse al plan, deje de fabricarse en el transcurso de los años que dura el plan. En caso de cambio del modelo elegido, el precio puede aumentar cerca del 20%, porcentaje que se trasladará a las alícuotas. Usted no está obligado a aceptar el cambio de modelo; puede dar de baja el plan.” “3. Usted puede solicitar la baja del plan, en cualquier momento. Para la devolución del dinero deberá esperar la finalización del plan, cuyo plazo debe informarse previamente. Se le devolverá la suma de dinero equivalente a la cantidad de cuotas que usted pagó, menos los gastos administrativos y las eventuales penalidades.”
“4. Los gastos de flete y patentamiento se deben informar en el momento de la adjudicación y deberán pagarse por separado, es decir que estos gastos no se incluyen en las cuotas.”
“5. Los requisitos crediticios (garantes, afectaciones en el veraz, recibos de sueldo, etc.) deben ser informados por el vendedor de forma clara y detallada antes de suscribirse al plan.”
“6. La entrega pactada no significa necesariamente que usted tendrá el auto tras pagar la cuota 2, 4, 8 o cualquier otra. Si usted no cumple con los requisitos de la entrega del vehículo, la demora puede extenderse por tiempo indeterminado.”
“7. La concesionaria debe presentarle una nómina de seguros para que usted pueda elegir y su costo no puede ser mayor al de la plaza.” “8. Usted puede anticipar cuotas o cancelar el plan en forma anticipada. Se adelantan cuotas al valor de la alícuota o cuota pura (sin cargas administrativas, ni seguro de vida, ni otro concepto). Esto es un beneficio para el cliente.”
“9. Reclamos: ante cualquier disconformidad que pueda surgir durante la duración del plan, usted podrá realizar su reclamo por escrito (duplicado) en la concesionaria para que sea elevado a la administradora de Buenos Aires.” Se trata de información mínima que no releva de otras responsabilidades al oferente.
III. 10 El caso concreto. Los agravios se sustentan en el incumplimiento del deber de información.
En el caso concreto, la perita contadora, con relación a la fecha de celebración de los contratos, informa “que de la verificación practicadas en las Solicitudes de Adhesiones no surge fecha manuscrita, en tanto que se observan las mismas fechadas con sello 31 DE MAYO 2013. Y que la verificación practicada en los Anexos a las solicitudes, surgen las siguientes informaciones respecto a las fechas de firma de los formularios:” “Anexos de la Solicitud de Adhesión N° 00678277: 25/03/2013 “Anexos de la Solicitud de Adhesión N° 00698232: 27/03/2013 Anexos de la Solicitud de Adhesión N° 00715165: 19/04/2013” (Ver pericia contable fs. 661 vta); (Ver pericia contable fs. 662 con relación a los Anexos Solicitudes de Adhesión –Cláusulas sobre gastos de entrega, con las fechas que antes se indicó respecto a cada uno de los suscriptores; ver fs. 662). Indudablemente los partes de consulta son de fecha anterior a la firma de los contratos de adhesión -31 de mayo de 2013- es decir cuando ya se había aceptado la oferta con determinadas condiciones que los instrumentos formales contradicen.
La perito contadora informa sobre los registros del pago de la cuota N° 1 y la bonificación practicada, respecto a cada uno de los actores. (Ver fs. 662 vta./665).
Destacan los apelantes que el oferente no ha cumplido con la promesa que durante un año las cuotas no experimentarían modificaciones. Ellos llamado parte de consulta cuyos manuscritos obran a fs. 11/12, donde se comparó las modalidades de un plan de ahorro común y el plan génesis que se ofreció y que fue aceptado por los apelantes.
Al respecto afirman los apelantes: “Para la coactoras Ustar quienes solicitaron informe sobre un Chevrolet Agile les ofreció abonar una primer cuota de (fs. 12) $870 informando que de la cuota 2 a la 10 el valor de la misma sería de $ 746, de la cuota 11 a la 50 $1226 y de la cuota 51 a la 84 $1087.- “ “Para el coactor Rosas quien solicitó informe por un Chevrolet Corsa Classic le ofrece abonar la primer cuota de $765 y de la cuota 2 a la 10 el valor de la cuota sería de $ 656; de la 11 a 50 $1078 y de la 51 a 84 $955.-“ “En esta oferta también se le ofrecía que durante un año la cuota no sufriría modificación.-“ “Siendo accesible esas condiciones para los coactores suscriben los contratos de adhesión, Aixa Maiten Ustar la solicitud Nº 00698232 abonando la 1er cuota $870 el día 27/03/2013; Maia Ayelen Ustar el Nº 006787277 abonando la 1er cuota $870 el 28/03/2013 y Walter Rosas en Nº 00715165 abonando la 1er cuota 765 el 17/04/2013.-“ (Ver expresión de agravios). En este aspecto el agravio es verosímil porque tiene el respaldo de los partes de consulta que la concesionaria no ha negado (solo se ha limitado a discrepar con la interpretación de los actores, ver contestación de demanda). En efecto esta modalidad de cuotas fijas con incremento escalonado se advierte en los partes de consulta de fs. 10/11), del modo que describen los apelantes.
III. 11 Plan génesis La marca también promueve la oferta. resulta evidente que la publicidad comprendía a toda la comercialización de la marca y modelos mencionados y que la oferta fue dispuesta por la empresa de automóviles y no constituía un resorte exclusivo de la concesionaria.
III. 12 La información de la cuota pura.
La cuota pura resulta de dividir en este caso en 84 cuotas el valor total financiado del plan de ahorro y constituye la base para para adelantar o cancelar en forma anticipada el valor pendiente.
En este aspecto la demandada ha probado que informó adecuadamente el importe de la cuota pura y las modalidades respecto a otros rubros verosímiles tales como intereses y gastos, exclusivamente con relación al plan corriente. Ese plan quedó relegado porque en la combinación de ofertas, se ofreció una alternativa de cuotas fijas reducidas, sin la debida explicación de su alcance, modalidades o composición de la cuota. No ha explicado el oferente el monto de la segunda cuota. Las omisiones e imprecisiones, ficciones y falta de explicación concreta de las características del plan cuota reducida, ofrecida como alternativa en el mismo parte de consulta, no fue informado correctamente. En ese ámbito los consumidores actores pudieron haber creído que contrataba bajo determinadas condiciones y con el auspicio de cuotas fijas durante 84 meses. (Con la aclaración que el carácter de cuota fija ofrecida era bajo la modalidad de precio escalonado). Luego se verá que las características del plan cuota reducida nada tenían que ver con cuotas fijas y escalonadas. Se trataba en todo caso de mantener el mismo importe de la cuota al principio y después incrementar las siguientes mediante un sistema de pago diferido. (Ver el Anexos Solicitud de Adhesión N° 678277(fs. 525/526), N° 698232 (fs. 5587559 vta.); N° 715165). Es decir que si bien la cuota que en concreto debe abonar el adherente no se limita al valor de la cuota pura porque se integra con gastos administrativos (La administradora percibe el importe de los gastos que son necesarios para sostener el sistema y deben ser debidamente informados al consumidor), lo cierto es que bien pudo haber creído cada uno de los consumidores que el concepto de cuota reducida ya contenía los gastos mencionados. Los planes también consideran importes por seguro de vida y del bien que se adjudica (Si bien este importe se cobra al momento de la adjudicación) y en caso de mora los intereses punitorios. No se le puede exigir a los consumidores que dejen de ser crédulos cuando el oferente les promete condiciones en cuanto al precio que exceden a los principios básicos de los planes de ahorro en cuya redacción no intervienen los consumidores donde las cuotas representan una alícuota del valor actualizado del bien que se adjudica por sorteo o licitación.
Los gastos deben ser debidamente informados. Ello esta cumplimentado en el caso, reitero, exclusivamente con relación al plan génesis ordinario. En definitiva, los consumidores en el caso concreto contrataron un plan de cuota reducida.
Si bien no pueden pretender los adherentes al círculo de ahorro participar sin afrontar gastos administrativos en un sistema organizado que requiere solvencias para su funcionamiento, la oferta debe ser lo suficientemente explicita para ser comprendida y conocer de antemano el consumidor el importe de la cuota, previsibilidad que a veces carece de muchas certezas por la movilidad del precio constante en épocas de inflación. Con más razón hay que ser claro con el consumidor que ha de quedar expuesto a un plazo de 84 cuotas. Sin embargo, ellos creyeron que no se trataba de una cuota pura y si de una cuota definitiva. Anticipo que por tratarse de un contrato de consumo, el oferente está en mejores condiciones de probar que las sumas indicadas cuando planificó en el parte de consulta, las denominadas cuotas reducidas, solo comprendían a la cuota pura. (art. 53 Ley de Defensa del Consumidor)
Los apelantes han reseñado en los agravios la modalidad informada en el parte de consulta de cuotas fijas y escalonadas durante la vigencia del plan. (Ver fs. 11/12). ¿Podía ofrecer la concesionaria ese plan con las modalidades indicadas? Según la administradora ello no era factible. (Ver contestación de demanda fs. 221 vta). La administradora sostuvo que “la promesa de abonar un monto determinado para la totalidad de las cuotas”, no puede obligar a su mandante porque es nula. (Ver fs. 221 vta./222). Los partes de consulta son muy explícitos en el cronograma de cuotas fijas: “2-10 ($ 656); “11-50 1078”; “51-84 (1955)” (Ver fs. 11). “2-10 $ 746; 11-50 $ 1226; 51-84 $ 1087” (Ver fs. 12). Ello no es compatible con las cláusulas del contrato de adhesión y con las características del plan de cuota reducida (Ver Anexos de cuota reducida y contestación de demanda de la administradora, fs. 223 vta. /224).
La cuota pura y los gastos administrativos tienen oscilaciones porque quedan expuestos a su adecuación siguiendo los vaivenes del valor del bien durante la vigencia del contrato. Ello constituye un predicamento básico del sistema. En este aspecto tanto la publicidad como el parte de consulta aseguraban durante un año cuotas fijas y nada decían sobre cuotas fijas y escalonadas respecto del plan cuota reducida que tampoco se mencionaba en la propaganda. El oferente debió haber explicitado en el parte de consulta como se modulaban las alícuotas durante la vigencia del plan. En consecuencia, se quejan con razón los actores cuando advierten que con la segunda cuota había un incremento en los valores En este aspecto, no se ha informado suficientemente en el parte de consulta y si bien se ha determinado en el contrato de adhesión todo lo relacionado con los importes de cuota pura y su integración a gastos administrativos, lo cierto es que ese documento de adhesión que se suscribe a libro cerrado cuando el consumidor ya ha quedado impregnado de la atmosfera donde el dependiente ha propuesto a viva voz y redactado el parte de consulta. Tampoco tiene incidencia, a diferencia de lo considerado en la sentencia apelada, interpretar que la ofertante ha cumplido suficientemente porque en el importe reclamado para la segunda cuota, se ha respetado el valor de cuota pura estipulado. Debe tenerse en cuenta que la teoría de la hermenéutica en el caso concreto permite receptar diferentes reglas de interpretación que guían a interpretar que el oferente en todos los casos se ha referido a cuotas fijas y escalonadas, sin hacer referencia al importe de la cuota pura, su estabilidad durante un tiempo y el sistema de precio diferido en las cuotas siguientes.
En el parte de consulta (fs. 11) la propuesta para el modelo Classic LS por el valor de $ 71.616 y su división en 84 cuotas, da por resultado la suma de $ 852 en concepto de cuota pura. Ello surge claro del manuscrito. También se hace referencia a “S. Vida. G/Administ. CTA. Final $ 1078” (Ver fs. 11). Es decir, en la propuesta del parte de consulta, el empleado autorizado discrimina tanto la cuota pura como su integración a gastos administrativos, exclusivamente respecto al plan génesis ordinario. De modo que la interpretación literal (gramatical) y contextual (enhebrar las cláusulas, las unas en función de las otras), permite inferir que cuando después se propone un plan más ventajoso, denominado “cuota reducida”, el importe señalado en concepto de cuota que resulta mayor a la cuota pura indicada para el plan corriente, no debe asimilárselo a la “cuota pura”, solución que tampoco se explica en consideración al 20% de descuento que aparentemente constituía la ventaja para esa modalidad del plan, cuando en realidad como después se regula en el Anexo de cuota reducida, las ventajas eran temporarias porque en otro tramo del plan, las cuotas sucesivas se adecuaban mediante el sistema de pago diferido. Con ello a la larga o a la corta el precio prorrateado respondía a una alícuota del valor actual del automóvil. En ningún caso el sistema se basaba en un plan de cuotas fijas. (ofrecido en los partes de consulta de fs. 12). Es decir, sin perjuicio del debate sobre cuota pura o cuota fija, tarde o temprano se iban a desvanecer sobre la realidad las promesas del oferente.
No resulta entendible que durante el lapso de 7 años (84 cuotas) puedan pregonarse con verosimilitud cuotas fijas o escalonadas durante la vigencia del plan. La interpretación de la cuota reducida debe procurarse en el Anexo que acompaña la codemandada y que no coincide en absoluto con los términos de los partes de consulta.
En el contrato de adhesión el suscriptor autoriza a que el importe de las cuotas, a partir de la segunda le sea facturado “por el importe variable respecto del Valor Básico del Bien Tipo y la cantidad de mensualidades que declaro conocer a continuación” (Ver fs. 542). Sin embargo, ello no puede prevalecer sobre la publicidad y los partes de consultas en cuyos ámbitos y extensiones el consumidor se convenció que tenía que adherir a un plan de ahorro. Con pretexto de papeles y formalidades, el oferente no puede contrariar la oferta en cuyos términos se aceptó el contrato.
El parte de consulta explica un sistema de cuotas fijas y escalonadas que contradice al “Anexo Cuota Reducida”, que establece los porcentajes de diferimiento que se realizan sobre cada cuota pura del sistema y que se detallan en el punto 3°. Tal es el mecanismo que respecto a la cuota 1 el porcentaje es -0 y de la cuota 2 a la 11, por ejemplo, el porcentaje de diferimiento es 28,75 %; de la cuota 12 a la 13 28,75%; de la cuota 14 a 21 0%; de la cuota 22 a la 50 -11,22% y de la cuota 51 a 84 0%. “El sistema Cuota Reducida constituye una redistribución en el importe de las cuotas puras pero no significa bonificación final alguna. El importe total financiado es igual para los planes de 84 meses tradicionales que para los de cuota reducida”. (Ver fs. 525 respecto del Anexo Solicitud de Adhesión N° 678277).
Resulta indudable que este complejo sistema no ha sido explicado en el parte de consulta y se informó un mecanismo de cuotas fijas y escalonadas que no tienen relación con las características del plan promovido.
Sin embargo, en lo que concierte al ANEXO CUOTA REDUCIDA AGILE SPIRIT SP LS 1.4. PLAN Génesis 100%, correspondiente al Anexo Solicitud de Adhesión N° 698232, se aclara que “Los porcentajes de diferimiento respecto de cada cuota pura son los siguientes”, Debe tenerse en cuenta en el Anexo mencionado que “La cuota de licitación será equivalente a la cuota pura real del grupo”. Es decir, será la resultante de dividir el valor básico del bien por la cantidad de meses (84)” (ver fs. 547 respecto de Aixa Ustar, fs. 573 en relación a la solicitud de adhesión N° 715165 respecto Walter Rosas, y fs. 525/526 en relación a la solicitud de adhesión N° 678277 respecto de Maia Ayelen Ustar)
En el mencionado Anexo también se lee: “El sistema Cuota Reducida constituye una redistribución en el importe de las cuotas puras pero no significa bonificación final alguna. El importe total financiado es igual para los planes de 84 meses tradicionales que para los de cuota reducida” (Ver Anexo de fs. 547). Ello regía también para los demás co- actores. La documentación de referencia fue presentada por la administradora a requerimiento de la parte actora. (Ver fs. 583). La información formulada en el Anexo dista de aquellas que recibieron los consumidores en las charlas que derivaron en los partes de consulta. Los partes de consulta son básicos en la conformación de la oferta porque constituyen la fórmula que ha seducido, en el caso concreto, a los consumidores.
La perito contadora dictamina sobre las condiciones y cláusulas que rigen la promoción Cuota Reducida-Plan Génesis 100%, señalando que “Los porcentajes de diferimiento que se realizan sobre cada cuota en el sistema y que se detallan en el punto 3 siguiente, se aplicarán sobre el precio de los vehículos que se informan… Esta lista de precios se encuentra sujeta a las variables de precios que General Motors de Argentina S.R.L. informe de tanto en tanto”
3. “Los porcentajes de diferimiento respecto de cada cuota pura son los siguientes: Cuota 1 0%; De la cuota 2 a la 11 28,75%; De la cuota 12 a la 13 19,00%; De la cuota 14 a 21 0%; De la cuota 22ª la 50 -11,22%; De la cuota 51 a 84 0%”
“8. El sistema Cuota Reducida constituye una redistribución en el importe de las cuotas puras pero no significa bonificación final alguna. El importe total financiado es igual para los planes de 84 meses tradicionales que para los de cuota reducida” (Ver pericia contable fs. 667/vta). Debe tenerse en cuenta que tampoco los actores fueron informados en el parte de consulta sobre los efectos, por ejemplo, en los casos de renuncia o rescisión o de la cancelación anticipada en el programa de cuota reducida. Ello constituye una omisión relevante porque los consumidores se fueron con un manuscrito que sin ninguna referencia detallaba cuotas fijas y escalonadas. Sin embargo, el perito informa: “7. Para el supuesto de Renuncia o Rescisión previsto en la Solicitud de Adhesión, los porcentajes diferidos que todavía no hayan sido cobrados serán deducidos del Haber Neto que corresponda cobrar al Suscriptor al momento de su liquidación” (Ver pericia contable fs. 667 vta). Evidentemente ello no tiene nada que ver con el concepto de cuotas fijas en su concepto literal y asimilable a las percepciones de un consumidor puesto que así lo fuera no correspondería ninguna deducción del capital de restitución al adherente. Reitero lo que también afirma la perito contadora: “…El sistema Cuota Reducida constituye una redistribución en el importe de las cuotas puraspero no significa bonificación final alguna” (Ver fs. 667 vta). De modo que al plantearse en los partes de consulta manuscritos cuotas fijas y escalonadas se ha incurrido en una ficción que le impide al oferente debatir sobre el carácter de cuota pura o definitiva de cada pago durante los 84 meses del plan.
También afirma la perito contador: “De producirse la cancelación anticipada del presente contrato, reconoceré como deuda, las sucesivas reducciones de cuota que me hubiesen otorgado en el transcurso de la cuota 2 a la cuota 13, neto de los recuperos que se hubiesen abonados desde la cuota 22 a la cuota 50” (Ver fs. 668).
Resulta abusiva e incompatible con la tutela del consumidor toda cláusula que exprese “Por medio del presente declaro conocer todas las condiciones y cláusulas que rigen la presente promoción, aceptándolas en todos sus términos” (Ver pericia contable fs. 668). (conf. Art. 37 Ley N° 24.240 y sus modif.Dec. 1798/94; arts. 1117,1118, 1119, 1120,1121, 1122 CCCN, aplicable como fuente de doctrina atento a la fecha de los hechos) Ello no se explicó en el parte de consulta. Se discute sobre el carácter de cuota pura o de cuota definitiva cuando los consumidores no fueron informados en el parte de consulta sobre el mecanismo de redistribución en el importe de las cuotas puras, de modo que no constituye una información veraz proponer un plan de cuota reducida con cuotas fijas durante la vigencia del plan (84 meses), con modalidad escalonada, cuando el sistema de cuota reducida constituye una redistribución en el importe de las cuotas puras y no significa bonificación final alguna. En los partes de consultas manuscritos los consumidores fueron guiados a una idea equivocada respecto de las modalidades del plan cuota reducida, bastando para ello la indicación en los partes de consulta manuscritos de cuotas con sumas escalonadas y fijas en cada uno de los segmentos (cuotas 2 a 10; cuotas 11 a 50, cuotas 51 a 84 (Ver fs. 11/12).
La oferta es vinculante y ha sido aceptada por el adherente. Debe pensarse que hay un principio de los contratos basado en el deber de confianza y buena fe. Publicar con términos ambiguos que la cuota es fija sin ninguna explicación de otros ingredientes que pudieran encarecerla, no es la letra esclarecida que se requiere en las relaciones de consumo para dar información suficiente y veraz.
La palabra cuota fija es para el profano, sujeto pasivo de la adhesión, la idea que en su concepto también están los gastos administrativos. La jurisprudencia ha sido rigurosa en cuanto a las exigencias de la publicidad en los contratos de ahorro previo, considerándose que la captación del ahorro público provoca expectativas en un sistema donde domina el oferente. El consumidor cautivo debe ser protegido. Ha señalado la jurisprudencia: “El concepto del ahorro previo “la captación del ahorro público con promesa de prestaciones futuras”, introducido por la reforma del año 1985 (Ley 23.270) al art. 93 de la ley 11.672, ha quedado convertido en una comercialización perversa, con una serie de sufrimientos para lograr la posesión del bien elegido. Es decir, no existe el ahorro, sino simplemente una financiación cautiva. Es nuestro deseo asociacional que el concepto de ahorro se recupere y se eleve a su justa expresión de valor: importancia máxima en la escala de los derechos a los intereses económicos del consumidor. Es el mínimo respeto que merece ese derecho consagrado por la Constitución Nacional. Con respecto a las normas sobre exhibición del precio y publicidad, son totalmente marginadas por las administradoras del mercado. Inducen al error, engaño o confusión en el consumidor al no cumplir con la Resolución S.C. e I. Nº 434/94, reglamentaria de la ley 22.802 de Lealtad Comercial. La misma que prevé específicamente para los SISTEMAS DE AHORRO PREVIO: “Art.11 Cuando la financiación ofrecida corresponda a sistemas de ahorro previo, además de cumplir con las prescripciones del art. 8 , deberá anunciarse o exhibirse de tal manera que identifique dicha circunstancia inequívocamente. Asimismo los precios financiados a anunciarse o exhibir corresponderán a los que deba abonar el suscriptor, debiendo informar además sobre todo otro adicional inherente al sistema tales como gastos administrativos, sellados, impuestos, seguros, fletes y similares”. Esta resolución debe integrase a la Res. S.I.C. y M. Nº 789/98, que prohíbe la arraigada letra chica o microscópica en los avisos publicitarios de los medios gráficos y audiovisuales.” ( www.proconsumer.org.ar/index.php/2011-08-15-07-10.../127-planes-de-ahorr o).
En la publicidad no se alude específicamente al concepto de cuota pura. Es cierto que en los partes de consulta se discrimina entre cuota pura y otros gastos, con relación exclusiva al plan génesis común, sin que esta información se haya dado en la publicidad. Por ejemplo, la primera cuota se había establecido en la suma de $ 1078, resultante de considerar un importe de $ 852 en concepto de “cuota pura” y el saldo se integra con los rubros seguro de vida y gastos administrativos, erogaciones que no fueron mencionadas en la publicidad.
Tampoco se ha promovido en la propaganda el denominado plan de cuota reducida que tiene características diferentes al plan génesis común. La publicidad debió contener todas las condiciones para los modelos de automóviles de la marca que se promocionaban mediante planes de ahorro previo.
Además, en el parte de consulta se puede leer “Cta. N° 10 entrega asegurada” (Ver fs. 11/12). Debe tenerse en cuenta que la concesionaria codemandada ha admitido esos documentos, discrepando solamente con la interpretación de su alcance. Entiendo que una expresión tan gráfica como asegurar la entrega del vehículo con el pago de la cuota N° 10 no requiere ninguna controversia en cuanto a su interpretación. Las expectativas del consumidor han sido indudablemente motivadas por esa aparente certeza del oferente.
En la publicidad que adjunta la concesionaria codemandada se promueve las ventajas del plan Génesis. (Ver fs. 74). Para el Plan Chevrolet Celta, Chevrolet Classico Chevrolet Agile entre abril y junio de 2013 se promovió la publicidad de la oferta que aseguraba para quienes se suscribieran entre abril y junio de 2013 “Te congelamos” la cuota por un año. Y además te bonificamos “el 50% de las primeras tres cuotas del seguro de tu auto”. En ningún párrafo se aclara que la oferta se limita a la llamada “cuota pura.”. Tales imprecisiones pueden formar expectativas sobre las ventajas de un plan que solo se explicita en oportunidad de concurrir a las oficinas del oferente.
Debe tenerse en cuenta que la concesionaria codemandada niega al contestar demanda que sea válido asegurar la entrega del vehículo en la cuota N° 10 (Ver fs. 194) cuando no ha negado los partes de consulta y su contenido, limitándose a discrepar con la interpretación de los consumidores. En las solicitudes de adhesión no se advierten cláusulas relacionadas con cuotas fijas, su modalidad escalonada durante toda la vigencia del plan y la entrega del vehículo con el pago de la cuota N° 10 . No hay concordancia entre la publicidad, los partes de consulta y los contratos de adhesión en cuanto al alcance de la oferta.
En el contrato de adhesión se mencionan concepto de cuota pura (Art. 1.11) y de la integración de la cuota mensual que se conforma con cuota pura, cargas administrativas, seguro e intereses (Cláusula 1,12). Resulta evidente que la publicidad que promovía la oferta de “y te congelamos” la cuota por un año” (Ver fs. 74), no fue autorizada en el respectivo contrato de agencia suscripto por la administradora y la concesionaria, resulta incompatible con el contrato de adhesión donde se establece que el valor de cada cuota es móvil, resultando de los valores que los automóviles podrían experimentar durante el lapso de 84 meses, es decir con la vigencia del plan.
En este aspecto, la administradora al contestar demanda hace referencia a que este tipo de condiciones resultan nulas.
El Plan génesis 2013 fue promovido en la publicidad con el auspicio “Está bien agrandarse. Oportunidades como esta hay pocas” (Ver fs. 74). Con mayor razón si se ofrecen cuotas escalonadas, es decir un monto determinado para todas las cuotas o la entrega asegurada con el pago de la cuota 10, si bien proyectada en los borradores de consulta, sin regulación alguna en los contratos de adhesión. La administradora al contestar demanda sostuvo que estas promesas son nulas. (Ver fs. 221 vta./223 vta). Ello bastaría para considerar que no se cumplió con el deber de información puesto que se estaba promoviendo una oferta imposible. Resulta evidente que cuando la publicidad es muy ventajosa son mayores las expectativas del consumidor.
Se sabe que el deber información es sustancial cuando se trata del precio de la cosa en cuyo caso no pueden instarse percepciones que pueden convencer al consumidor sobre una determinada elección que después en cuanto a las condiciones no corrobora el contrato de adhesión. En los partes de consulta y cuando se hace referencia al plan cuota reducida, se establecen cuotas escalonadas, afirmándose valores en cada tramo del trayecto de pagos. Nótese que ello ha sido considerado nulo por la administradora. El precio escalonado de las cuotas excede toda bonificación o liberalidad del oferente cuando se lo establece durante el lapso del plan, es decir 84 cuotas que demandan siete años de pago, cuando constituye una característica de este tipo de planes diferir la actualización de las cuotas al incremento que vaya experimentando el automóvil durante la vigencia del plan. El consumidor aceptó una oferta que con generosidad afirmaba cuotas fijas durante el plan. Pienso que un consumidor que duda, no obstante, el tenor de la publicidad y que recibe en las preliminares, es decir cuándo arriba a la concesionaria y muestra su interés en adquirir un producto, tal vez se disipen todas sus vacilaciones no solamente cuando le prometen un plan más ventajoso (cuota reducida) y le auspician una modalidad de pago de cuotas fijas y escalonadas durante 84 meses. En este contexto ninguna fórmula contractual prevista en el contrato de adhesión o en los respectivos anexos que afirmen lo contrario han de tener el predicamento que interpreta el señor juez de grado en la sentencia apelada.
El consumidor es un profano debilitado por su condición de vulnerabilidad en la relación de consumo. Los contratos de ahorro para fines determinados son auto creados por el oferente y en este aspecto la oferta debe ser muy precisa, con mayor razón cuando los vaivenes del tiempo han forzado la economía del adherente, expuesto a reiteradas oscilaciones en los precios de los vehículos que inciden notablemente en un aumento de la cuota pura, siempre guiada por un porcentaje del valor del automóvil a la época de cada pago mensual. En este contexto el consumidor tiene que saber de antemano cuanto va a pagar en concepto de cuota pura y de cuota definitiva, que porcentaje alcanzan los gastos administrativos y otros rubros incluidos en cada liquidación. En este caso particular también debió haber sido informado correctamente en el parte de consulta con relación a las características de pago diferido del plan cuota reducida. Ello no está suficientemente explicitado en los partes de consulta que indudablemente constituyen en estos casos la puerta que se abre para decidir adherir al contrato. Entiendo que hay discordancias entre la publicidad, los manuscritos partes de consulta con el contrato de adhesión y los respectivos anexos, de modo que toda contradicción que algunos de ellos puedan tener con el parte de consulta, no puede ser interpretado en contra del consumidor. Reitero, el consumidor ha decidido sobre la base de una oferta dirigida a personas determinadas (parte de consulta) donde el vendedor ha asegurado determinadas condiciones de venta. Los formularios que no se leen con detalle o se omite su lectura no pueden contener cláusulas que en su esencia tengan otra determinación de la oferta. En caso de duda la interpretación del contrato debe hacerse a favor del consumidor. (art. 37 Ley de Defensa del Consumidor)
Si bien los apelantes afirman que esta incumplido el deber de información con relación al importe de la cuota y discuten con los codemandados sobre la interpretación del carácter de cuota pura o definitiva, lo cierto es que también en los partes de consulta en forma manuscrita se ha asegurado la entrega del vehículo a la cuota 10ª , promesa no autorizada por la administradora del plan. Estas aristas del parte de consulta no han sido controvertidas por la concesionaria al contestar demanda, de modo que se ha admitido que ofrecieron a los consumidores demandantes cuotas fijas y escalonadas durante 84 meses y la promesa de adjudicar el vehículo con el pago de la cuota 10ª. Indudablemente tales ventajas, en una época donde ya asomaban tibios índices inflacionarios y la promesa de adjudicación del automóvil con el pago de la cuota 10ª constituía una certeza desde la percepción del consumidor de contar rápidamente con un automóvil cero kilómetro con solo abonar algunas cuotas, resultaban en este contexto una oferta irresistible.
Si bien la concesionaria codemandada afirma que “La realidad de los hechos es muy distinta a la narración efectuada por la parte actora en el escrito de demanda (Ver contestación de demanda fs. 96), lo cierto es que cuando afirma que “los actores suscribieron los planes de adhesión”, omite señalar que una parte de esa documentación no ha sido suscripta por los consumidores. Respecto a que los planes de adhesión fueron suscriptos, de acuerdo con las condiciones del denominado “Plan Génesis”, también omite que la redacción de los documentos difiere de las propuestas del parte de consulta. (Ver contestación de demanda fs. 196). Es ocioso destacar que los actores abonaron la primera cuota al momento de adherirse al plan cuando la problemática se suscitó a partir del pago de la segunda cuota, interpretando los apelantes que la suma reclamada difería de aquella acordada en el parte de consulta.
(Ver contestación de demanda fs. 196 vta). No está suficientemente claro en los partes de consulta que en la propuesta innovadora respecto del plan génesis originario, denominado de “cuota reducida” cuya modalidad concreta no se explicó porque en los manuscritos solo se hace referencia a un plan de pagos de cuotas fijas y escalonadas cuando el sistema tenía otras características. Si no se explican adecuadamente las características del plan “cuota reducida”, se torna ocioso ese debate sobre la interpretación de la cuota pura o la cuota definitiva, que ha contrariado a las partes.
De allí que se torna ilusorio pensar que todo se ha explicado en las cláusulas 1.12, 1.13 y 1.14. de las solicitudes de adhesión, precisamente porque allí se explicitan los conceptos de cuota pura y demás gastos que debe abonar el suscriptor y que se integran a la alícuota del precio del vehículo.
En cuanto a los cupones que también tienen ese detalle, se volatiliza también el argumento de la concesionaria al contestar demanda, porque resultan de fecha posterior a los partes de consulta y no coinciden con la información manuscrita.
Insisto el consumidor se convence cuando escucha en la oficina del oferente al vendedor que teoriza sobre el valor del producto y en forma manuscrita redacta determinadas condiciones y ventajas del plan de ahorro. En es de la cuota definitiva cuando la concesionaria sostiene que ello es con respecto a la cuota pura y ello constituye una cuestión inescindible de las características del plan de cuota reducida que fuera informado en forma incorrecta, conducta de la concesionaria que lesiona valores sustanciales de la relación de consumo. De modo tal que no alcanza con explicar al contestar demanda que en los cupones correspondientes a la segunda cuota se había efectuado la reducción de la cuota pura. (Ver contestación de demanda fs. 196 vta). Ello tampoco explica el mecanismo de cuota fija y escalonada durante la vigencia del plan que consta en los manuscritos del parte de consulta.
III. 13 La valoración de la pericia contable Sin perjuicio de las facultades del señor juez de grado para seleccionar y valorar la prueba y en un contexto donde fundamente suficientemente su criterio, considero que la prueba pericial contable en este caso no ha tener incidencia en perjuicio de los actores porque las conclusiones del perito se basan en las cláusulas de los contratos de adhesión cuando ya se dijo que en todo caso los formularios no pueden contener condiciones de la oferta distintas a aquellas expuestas en el parte de consulta que ha aceptado el consumidor en un ambiente de tratativas y promesas que han sido motivantes para aceptar el contrato. En consecuencia, no modifica el encuadre jurídico del caso que los cupones hayan sido confeccionado conforme a las clausulas estipuladas en los contratos de adhesión. Ya dije que contraria el principio de buena fe prometer condiciones que una vez aceptadas tienen como correlato cláusulas uniformes en un contrato de adhesión donde el oferente recupera el pragmatismo de sus negocios y reformula una oferta ya aceptada, con cláusulas diferentes.
Por otra parte, aciertan los apelantes cuando sostiene que la perito contadora, afirma “que de la verificación practicada en los contratos agregados en autos como prueba documental por los actores…se observa que las Condiciones Generales que rigen las solicitudes de adhesión no se encuentran firmadas al pie de cada una de sus carillas por los solicitantes” (el subrayado pertenece a los apelantes. Ver expresión de agravios). En definitiva, ya se dijo antes, lo razonable es que los consumidores reciban toda la documentación y que cada parte conserve un ejemplar con firmas de ambos contratantes, sin perjuicio de la posibilidad que cada parte, al menos, tenga un ejemplar firmado por el otro. En este caso no exhibe el demandado ningún detalle de la documentación y le corresponde la carga de la prueba de probar que efectivamente de toda la documentación que conserva, le ha dado copia firmada al consumidor. En este aspecto la accionada debió probar que expidió el Anexo de cuota reducida, por su trascendencia en la oferta y por el debate suscitado con relación al carácter de cuota fija o definitiva de la alícuota. De la pericia contable surge, por ejemplo, que la demandada no conserva un ejemplar de los partes de consulta. (Ver pericia fs. 662 vta.).
Señalan los apelantes: “Ha soslayado el informe de fs 661/vta y 663 del libro diario de contabilidad de Araucar Motors (empresa contratante) en donde la perito indica el monto abonado en concepto de Cuota Nº1 y consta el monto abonado de la 1er cuota menos la bonificación: “de la Suscripción 678277 (Maia Ustar) de la ecuación allí referida el monto de la cuota es de $870; Suscripción 698232 (Aixa Ustar) $870 y Suscripción 715165 (Walter Rosas) $765” - No surge del informe que se deban otros conceptos como arbitrariamente lo interpreta el juez plasmados en los cupones que ha hecho referencia que serían los de fs 48/55.”
“Aun más el informe que da la perito con respecto de la cuota paga volcado en extractos de Chevrolet a fs 662/vta no coinciden con el informe de fs 661/vta y 663 del libro diario de contabilidad de Araucar Motors.- Para Maia Ustar el valor de la primer cuota es de $1087,42; Aixa Ustar $1087,42 y Walter Rosas $966,92.-“ “Ha omitido considerar estas conclusiones periciales prescindiendo de ellas valorándola fragmentaria y aisladamente en detrimento del consumidor sin respaldo real según elementos relevantes que obran en autos.-“ “Otra anormalidad que debió valorar el juez es respecto a la fecha de suscripción que indica el informe del perito quien refiere a fs 660/vta que “En relación a informar la fecha de celebración de los contratos, informa que de la verificación practicada en las solicitudes de adhesión no surge fecha manuscrita en tanto se observan las misma fechadas con sello 31/5/2013” Difieren las fechas entre el parte de consulta y los contratos de adhesión.
Además, en el caso concreto y con relación estricta al carácter del valor de la cuota ofertada, es decir sí se trataba de cuota pura (como afirma la concesionaria codemandada) o cuota definitiva como sostienen los apelantes, no puede quedar librada a un campo de batalla donde le toque al débil contractual controvertir al oferente fortalecido por su organización y economía y que además ha sido el autor del contrato. En estos casos prevalece un principio señero del derecho del consumidor cuya proclama es la aplicación de las cargas dinámicas de la prueba. El oferente estaba en mejores condiciones de probar que la cuota promovida se limitaba al valor de la alícuota del precio del automóvil. No me parece siquiera que la codemandada haya cooperado en el esclarecimiento de los hechos, bastando para ello la lectura de su contestación de demanda y las fragilidades en la producción de la prueba. El consumidor se ha llevado a su casa un manuscrito con determinadas condiciones (parte de consulta) que con otras informalidades (la oralidad del vendedor y las promesas que tal vez el viento se ha llevado pero cabe inferir en este particular contexto) y con esa base han decidido integrarse a un plan de ahorro. Cabe inferir que los adherentes guiados por esos manuscritos regresaron a la concesionaria ya pensando en determinadas condiciones de la adquisición de los automóviles. En estos umbrales quedó cautivo el consumidor. Ningún papel de fecha posterior arrojado sobre el proceso pueden forzar la solución que propongo. Debe tenerse en cuenta que la documentación que menciona el señor juez como respaldo de una información cierta son de fecha posterior a los mencionados partes de consulta. En este aspecto la adhesión no tiene valor vinculante para el consumidor porque el texto literal del contrato no responde a las promesas de los partes de consulta manuscritos. Debe repararse que sobre esa base de información los consumidores demandantes consintieron integrarse a los respectivos círculos de ahorro previo.
En este tipo de contratos donde el ahorro previo para fines determinados constituye para un sector importante de la sociedad, tal vez el único camino para acceder a un automóvil cero kilómetros, es necesaria la mayor prolijidad en la publicidad y las condiciones que se dan en los escritorios antes de la celebración formal de los contratos, a los efectos de no desilusionar las fundadas expectativas que tienen los consumidores Ahora bien los cupones de pago que hacer referencia de fs 48/55 (cuota Nº 2) tiene fecha de emisión 30/05/2013. Esto es prueba cabal de las irregularidades e improvisaciones que han incurrido los demandados violando toda normativa de carácter protectorio al consumidor.-“ (Ver expresión de agravios).
III. 14 La garantía del debido proceso e igualdad ante la Ley. Se quejan los apelantes porque en el señor juez de grado “ha dado relevancia negativa también al libre interrogatorio hecho a Maia y Aixa Ustar en la audiencia de Vista de Causa, cuando en la misma Audiencia la prueba confesional ha sido desistida por todas las partes vulnerándose la garantía del debido proceso al usar sus declaraciones en su contra sin escuchar también a la contraria”. (Ver expresión de agravios). Entiendo que en el contexto del caso y considerándose la integración de la prueba, el resultado de la Audiencia de Vista de Causa no ha incidir en el caso porque se ha probado que la información no ha sido precisa.
El proceso de consumo es requirente de equilibrios permanentes. Es difícil que el consumidor recuerde todos los papeles que firmó cuando no se tienen certezas que se le haya entregado toda la documentación, por ejemplo, el Anexo de cuota reducida. Si la actora no recuerda “si incluía todo” (respecto del parte de consulta de fs. 11), y afirma “pero calculo que lo hizo para comparar con otro plan”, frente al texto manuscrito que es concluyente en cuanto a modalidades diferentes a las establecidas en el contrato de adhesión, debe prevalecer la interpretación más favorable al consumidor y en este caso sus afirmaciones no deben tener el alcance dado en la sentencia apelada.
III. 15 La condición de abogada de una de las partes.
El derecho del consumidor debe ser la voz del ciudadano, desde la dogmática y desde las soluciones pragmáticas. La condición de abogado si bien indica el conocimiento del derecho del profesional, lo cierto es que aún aquellas personas formadas en la disciplina jurídica cuando contratan en las relaciones de consumo siguen siendo débiles contractuales. No se puede discriminar entre consumidores, por su oficio, profesión o experiencia. En todo caso hay un ejemplo que bien puede aplicarse analógicamente. Antaño, durante la vigencia del código civil, incumbía al adquirente probar que los vicios redhibitorios existían al tiempo de la adquisición (Art. 2158) y además no podía reclamar por los defectos ocultos aquella persona que los conocía o que por su profesión u oficio no debía ignorarlos (Art. 2170). La impronta del derecho consumidor modifica la base estructural del concepto y que durante la vigencia del Código Civil ya consideraba inaplicable la disposición del art. 2170 en las relaciones de consumo y que permite inferir que impone al oferente la carga de probar que la cosa no tenía vicios ocultos. (Art. 18 Ley 24.240 que dispone en el inciso b) que el artículo 2170 del Código Civil no podrá ser opuesto al consumidor). En esa evolución, el artículo 1053 del Código Civil y Comercial de La Nación flexibiliza la situación del adquirente en cuanto a la prueba cuando haya hecho reserva expresa y cabe inferir también cuando por las características especiales de la cosa que resulta compleja, se dificulta la percepción de los defectos ocultos (inciso a) o cuando el transmitente actúa profesionalmente en la actividad que corresponde a la transmisión (inciso b). El primer inciso, entendemos, se aplica a los contratos discrecionales y no a los contratos de adhesión y de consumo.
Como se puntualiza en los agravios la publicidad también puede convencer a un profesional del derecho y en este aspecto no hay que distinguir entre abogados y profanos. El principio de buena fe indica que quien promete debe cumplir cuando se acepta la oferta, de modo que no se le puede cuestionar al que cree porque no ha desconfiado de la promesa del oferente. Si el oferente le hubiera explicado correctamente las condiciones del llamado plan cuota reducida que distan de aquellas expuestas en los partes de consulta manuscritos, tal vez este litigio no hubiera sido necesario. Cuando las ofertas son confusas o parciales, las noches se vuelven más oscuras.
Hasta es ocioso discurrir si los actores admitieron en la audiencia de vista de causa si el importe de cuotas también comprendía los gastos cuando en realidad el plan de cuota reducida se había explicado sobre bases incorrectas. No se les aclaró a los consumidores que las cuotas eran fijas según el entendimiento que dan esas palabras y que, en la práctica, a partir del año, las siguientes cuotas serían compensadas mediante un sistema de diferimiento. Ello no se dijo en el parte de consulta. Entonces las respuestas de los actores en la audiencia de vista de causa no tiene incidencia alguna para determinar que cabe inferir que el importe de las cuotas se limitaba al valor de la alícuota del precio actual del vehículo sin considerar otros gastos. Se supone que hay explicar detalladamente en cuanto se ha de incrementar la cuota pura. Ello hace a la previsibilidad del plan de 84 meses (7 años). El consumidor debe saber de antemano cuanto va a pagar, inclusive si se considera que las cuotas son fijas. En consecuencia, aciertan los apelantes cuando afirman que en este aspecto de la sentencia apelada no prevaleció el principio de interpretación de la ley en la orientación más favorable al consumidor.
III. 16 La interpretación del alcance del beneficio de gratuidad. El beneficio de litigar sin gastos.
Los apelantes se quejan porque el señor juez de grado distinguió entre el beneficio de justicia gratuita y el beneficio de litigar sin gastos, imponiendo las costas a la parte actora por resultar vencida. Los apelantes se agravian porque entienden que en la sentencia apelada se ha omitido otorgar la tutela del beneficio de gratuidad establecido en la ley de defensa del consumidor cuando en el beneficio de litigar sin gastos y se declaró innecesario su tramitación porque los actores tenían el beneficio de justicia gratuita en los términos del artículo 53 de la ley 24.240.
Entiendo que al proponerse que se admita la demanda, se torna abstracto el agravio relacionado con la imposición de costas o la interpretación del alcance de la gratuidad.
III. 17 La documentación suscripta por las partes.
III. 17. a El contrato de Agencia.
El consumidor debidamente informado tiene que tener copia firmada de toda la documentación.
La documentación entregada por la concesionada no fue suscripta en su totalidad por las partes. Las copias originales en poder de la accionada fueron agregadas al proceso. (Ver fs.514/581; Ver pericia contable fs. 661). No ha probado el demandado que entregó a los consumidores copia del Anexo de cuota reducida. Ello ha sido destacado por la Perito Contadora. “se observa que las Condiciones Generales que rigen las Solicitudes de Adhesiones que han presentado los actores no se encuentran firmadas al pie por cada una de sus carillas por los solicitantes” (Ver pericia contable fs. 661). Reitero tampoco se advierte en los originales que en todos los adherentes hayan firmado los formularios (en particular los Anexos) y en algunos instrumentos tampoco lo ha hecho la concesionaria (Ver omisión en certificaciones). Los Anexos de cuota reducida si bien han sido suscripto por las partes, se carece de prueba de entrega de copias firmadas a los consumidores.
Debe tenerse en cuenta y ello es congruente con puntuales disposiciones que se recomiendan desde organismos oficiales que resulta necesario que se expidan copias con las instrucciones o modalidades de la oferta. En este aspecto la demandada no exhibió copias de los partes de consulta. (Ver pericia contable fs. 662/vta.) Estos documentos manuscritos no son simples borradores que no dejan huellas.
Determinados contratos por su vinculación económica y el deber de cooperación que va ínsito en la naturaleza jurídica de la convención, indica que atañe a los contratos de comercialización una férrea disciplina en cuanto a la responsabilidad civil. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires denomina entre los “contratos coligados en red”, a los contratos de agencia, concesión, franquicia y distribución. (SCBA LP L 97609 S 21/12/2011 Juez PETTIGIANI (OP): “Rodríguez Betelú, zelmira maría c/Celular Multimar S.R.L. Telefónica Comunicaciones Personales s/Indemnización por despido”, B55608 JUBA).
La jurisprudencia ha señalado: “Los contratos de distribución y agencia se enrolan dentro de los contratos "atípicos", carentes de legislación positiva, razón por la cual en la labor interpretativa adquiere relevancia el rol de la autonomía de la voluntad de las partes expresadas en la convención, y en los principios generales de los contratos. A ello debe sumarse el carácter de cooperación o colaboración comercial que poseen, la tipicidad social que han adquirido, los usos y costumbre y la conducta de las partes, elementos que, al tiempo que fijan los límites, permiten conocer el contenido de la relación.” (CC0102 MP 124370 RSD-538-3 S 21/08/2003 “Nicosia, Alberto c/Milkaut S.A. s/Daños y perjuicios” JUBA B1403959); “Se trata de la comercialización de los productos a través de otras empresas especializadas, que actúan en forma autónoma pero controlada, y que exceden en cuanto a su naturaleza la clásica figura del auxiliar de comercio -corredores, factores o encargados, empleados, viajantes-, dando lugar a nuevos contratos no tipificados -concesión, entre ellos, pero también: distribución, agencia, franchising, estimatorio, etc.- y a contratos conexos que, por su estrecha vinculación funcional, no pueden ni deben ser examinados de manera aislada ni desde una óptica del contrato de compraventa.” (CC0102 MP 116863 RSD-224-1 S 28/06/2001 Fiat Auto Arg. c/Cital S.A. s/Restitución de bienes en autos Cital S.A. s/ Concurso Preventivo JUBA B1403448)
Por otra parte, si bien en relación a un supuesto diferente al que nos ocupa, resulta aplicable analógicamente: “La entidad administradora responde civilmente por la inejecución de la obligación de entregar el rodado, aún cuando el incumplimiento sea de la concesionaria, y aún sin que exista culpa ni dolo de la primera; ello en virtud de lo preceptuado en el art. 1ro. de la resoluón 8/82 de la Inspección General de Justicia. Pese a que el intermediario no sea su dependiente, sino su contraparte en el contrato de agencia, la disposición se inspira en la culpa "in eligendo", que sería lo que en definitiva consagra la norma al expresar el principio de la responsabilidad refleja de la administradora por los actos de los terceros intervinientes en la operación.” (CC0102 MP 111670 RSD-211-00 S 06/06/2000 Diez, Marta c/Auto Plan Círculo de inversores de ahorro para fines determinados s/Cumplimiento de contrato-daños y perjuicios JUBAB1403037)
Debe tenerse en cuenta que: “…los círculos de ahorro para la compra de automóviles engendran una complicada red (el administrador, el fabricante, el concesionario, el asegurador de la unidad –designado por el primero-, el gestor, etc.) a que debe someterse el comprador. Sobre la sociedad administradora pesan la organización del círculo, la admisión de los suscriptores y el debido y completo funcionamiento del sistema, asumiendo la responsabilidad frente al ahorrista insatisfecho (conf., Cám. CC Mar del Plata, sala 1ª; causa 107.776 del 21-12-2001; sum. JUBA B1352454).” “La responsabilidad de la administradora de un plan de ahorro para la compra de un automotor se extiende a las consecuencias de los actos de los concesionarios y agentes del fabricante del bien a adjudicar, pues aquélla debe cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos que constituyen su objeto y de su correcto ejercicio hasta la entrega del bien y liquidación fiscal.” (CC0002 SI "Guakeken S.R.L. C/Plan Rombo S.A. de Ahorro para fines determinados y otro s/cumplimiento de contrato y daños y perjuicios causa 93.342 RSD-208-4, sentencia del 21/9/2004)
Por otra parte, “La ley 24.240 de defensa de los consumidores alcanza al sector turismo, sin perjuicio de la legislación específica, la que debe ser interpretada en beneficio del consumidor (art. 37), y resulta más exigente cuando se trata de liberar de responsabilidad a los prestadores del servicio, quienes solo lo harán si demuestran que la causa del daño les ha sido ajena (art. 40)” (SCBA LP C 98790 S 12/08/2009 Licciardi, Francisco c/Fratelli de Brassi S.A. s/Daños y perjuicios JUBA B31518)
También se ha señalado: “La entidad administradora responde civilmente por la inejecución de la obligación de entregar el rodado, aún cuando el incumplimiento sea de la concesionaria, y aún sin que exista culpa ni dolo de la primera; ello en virtud de lo preceptuado en el art. 1ro. de la resolución 8/82 de la Inspección General de Justicia. Pese a que el intermediario no sea su dependiente, sino su contraparte en el contrato de agencia, la disposición se inspira en la culpa "in eligendo", que sería lo que en definitiva consagra la norma al expresar el principio de la responsabilidad refleja de la administradora por los actos de los terceros intervinientes en la operación.” (CC0102 MP 111670 RSD-211-00 S 06/06/2000 ”Diez, Marta c/Auto Plan Círculo de inversores de ahorro para fines determinados s/Cumplimiento de contrato-daños y perjuicios”, B1403037 JUBA)
III. 17.b La responsabilidad de la administradora La prueba indica que la administradora promovió y patrocino la marca de automóviles que comercializa la concesionaria.
La codemandada “ARAUCAR MOTORS S. A. es una concesionaria oficial de la administradora. (Ver logos en la documentación). Con logo oficial obra diversa documentación. La administradora comunicó a los actores la incorporación a grupo (Ver fs.72773). Si bien hay publicidad fue efectuada por “ARAUCAR MOTORS S. A., se ha utilizado el logo de la administradora (Ver fs. 74; 102/04); (Ver Copias recibo fs. 105/106; copias de contratos por adhesión). Otra documentación menciona a la administradora (Ver fs. 77/179) (Ver Circular fs. 181). La administradora también ha realizado publicidad sobre la comercialización de los productos. (Ver)
III. 17.c La administradora plantea la nulidad de las promesas realizadas por el agente.
Las cláusulas del contrato de agencia no son oponibles al consumidor.
Los planteos de nulidad de las condiciones de la oferta no son oponibles al consumidor. Entiendo que habiéndose probado condiciones de la oferta en los partes de consulta que son resistidos por la administradora, se ha incumplido con el correcto deber de información y se han formulado promesas cuando el oferente ya sabía que no podía cumplirlas. Ello atañe al concepto de cuota fija (subsumiéndose el debate sobre su carácter de cuota pura o cuota definitiva y a diversas modalidades propuestas en los partes de consultas), La administradora codemandada al contestar demanda solicitó en caso de admitirse “que la promesa de abonar un monto determinado para la totalidad de las cuotas, bonificar el flete, polarizado sin cargo y entrega pactada en cuota 10, fue efectivamente emitida por dependientes de Araucar”, se considere que esas promesas no pueden obligar a su mandante porque son nulas”. (Ver contestación de demanda fs. 222). Resulta relevante la afirmación de la administradora, sin perjuicio de su eventual responsabilidad en el caso, al afirmar que determinadas promesas no son factibles, de modo que lo ofrecido en el parte de consulta indudablemente no obedece a la naturaleza y finalidad del plan de ahorro. Ello bastaría para considerar que la concesionaria codemandada ha formulado una oferta incompatible con los formularios de adhesión. Con mayor razón cuando en la solicitud de adhesión se hace referencia a la responsabilidad de la administradora, estableciéndose que “Son nulas todas y cada una de las bonificaciones y/o compromisos que otorguen o comprometan los agentes y/o promotores respecto de la Administradora y/ o Terminal”, tal como destaca la administradora al contestar demanda (Ver fs. 222). Entiendo que esta cláusula no compromete la libertad de los consumidores para plantear responsabilidades de la administradora porque constituye una clausula inoponible al consumidor, tratándose de un contrato de adhesión y aplicándose según mi criterio la teoría de la apariencia jurídica. (Ley de Defensa del Consumidor)
Es la propia administradora que enfáticamente refiere la nulidad de promesas, fundamentalmente en lo que aquí interesa, relacionadas con asegurar cuotas fijas y entrega del vehículo a la cuota 10ª. Resulta indudable que siendo un elemento de prueba fehaciente el parte de consulta donde obran las promesas indicadas, ningún contrato posterior puede desandar ese camino puesto que constituye una alteración de la promesa aceptada, resultando sin valor (aun firmado por los consumidores) todo instrumento de adhesión que limita, modifica o restringe una oferta ya aceptada (Ley de Defensa del Consumidor). Tampoco resulta útil a las confidencias entre los contratantes, abandonar los consensos de los umbrales del contrato, una vez presentados en otra fecha en el escritorio los formularios con cláusulas estandarizadas y en otro contexto.
No se pueden oponer liberaciones y endilgarle exclusivamente responsabilidad al agente cuando el consumidor atraído por la marca de la administradora, suscribe un contrato de ahorro previo.
Tampoco debe el consumidor alzarse contra los formularios en un plazo perentorio como plantea la administradora porque es la parte débil de la relación jurídica.
Entiendo que la cláusula de liberación que indica la administradora es abusiva y agrava todavía más la vulnerabilidad de los consumidores, al exigir que informen a la empresa fabricante de automóviles codemandada, dentro de un plazo perentorio de 30 días, las supuestas promesas de la concesionaria y no cumplida esa carga que “las mismas solo tienen alcance entre el suscriptor y el Agente siendo nulas respecto de Chevrolet” No puede la administradora dejar de controlar la forma en que se comercializaban sus productos y en consecuencia no corresponde que traslade al débil contractual obligaciones que son inherentes a su propia responsabilidad (Ver contestación de demanda fs. 222 vta). (Ley de Defensa del Consumidor) Se han probado que las cartas documentos N° de envío 380919518; N° 381072119; N° 381090090 son auténticas (Ver informe de Correo Argentino obrante a fs. 304). Si bien es cierto que las interpelaciones fueron dirigidas a “ARAUCAR MOTORS S.A.” (Ver fs. 62/64), ello no disipa la responsabilidad de la administradora, obligada a ejercer permanentes controles sobre la concesionaria puesto que tiene un deber de vigilancia sustentado en la elección de la empresa que ha de comercializar sus productos. Se supone que el carácter de concesionaria oficial de la empresa administradora, exige un permanente conocimiento de sus actividades, entre ella la difusión de la oferta. No podía desconocer la administradora los textos de la propaganda realizada por la concesionaria oficial.
La administradora explica las características del plan génesis y con su reseña en forma directa se desvincula de toda responsabilidad, afirmando que si fueran probadas las promesas del parte de consulta, según los compromisos contractuales con el agente, son improponibles. Si consideramos las características del plan génesis, la concesionaria no podía prometer en el parte de consulta ni cuotas fijas ni seguridades para la entrega del vehículo a la cuota 10ª. Explica la administradora: “El plan de cuota reducida Génesis, prevé la posibilidad de diferir el valor móvil del Bien, determinante de la cuota pura a pagar por los suscriptores, a cuotas futuras (conforme cláusula 24). Independientemente de la facilidad inicial que ofrece este tipo de plan, es dable advertir que el valor de la cuota siempre está determinado por el valor móvil del Bien Tipo suscripto, tal y como surge de la contratación que cada accionante firmó (Ver contestación de demanda fs. 223). Ello aparece corroborado con el anexo.
Se podrá apreciar qué por la propia naturaleza del plan de ahorro, el precio del vehículo de ninguna manera podría someterse a cuotas fijas puesto que sus alícuotas obedecen a los vaivenes de los precios durante las 84 cuotas del plan. Prometer que durante la vigencia del plan que alcanza siete años, aun estableciendo cuotas escalonadas (no autorizadas), es una formula sin verosimilitud y su sola mención en las tratativas, quebranta el principio de buena fe porque en todo caso el oferente sabe que está prometiendo lo que no puede cumplir. (Doct. Arts. 1198 Código Civil; 9, 729 y 961 Código Civil y Comercial de La Nación aplicable como fuente de doctrina).
Bien lo explica la administradora (sin perjuicio de sus responsabilidades) que “el valor móvil de la cuota resulta la esencia del plan de ahorro”. (Ver contestación de demanda fs. 223 vta).
En el parte de consulta, se ha ofrecido un plan más ventajoso, sin explicar (al menos no surge del manuscrito) su verdadero alcance, omitiéndose precisar que el valor de las cuotas iniciales queda diferido para otro momento. La administradora explicó que “en el plan de cuota reducida contratada, se difiere la variación o aumento del valor del Bien Tipo, para las cuotas 13 en adelante procurando que las primeras 12 cuotas no sufran modificaciones. Ello a los efectos de facilitar el acceso a la contratación y tener la oportunidad de retirar la unidad” (Ver contestación de demanda fs. 223 vta/224). Ello no está explicado en los partes de consulta. En consecuencia es incorrecto promover la publicidad de cuotas fijas que indudablemente confunden al consumidor que puede inferir bonificaciones o ventajas en el precio definitivo del automóvil. Ninguna mención hay en los partes de consulta manuscritos respecto al mecanismo de cuotas fijas iniciales con valores que se difieren a partir de la cuota 13, tornándose una información inexacta (la publicidad debe ser veraz) el “congelamiento” de cuotas durante un año, sin aclarar que después de transcurrido ese tiempo, los valores se reacomodaran para permitir la sustentación del plan, siempre expuestas las alícuotas a un porcentaje del valor del automóvil. El consumidor que es un profano y no participa en la construcción del contrato, que solo adhiere y no tiene porqué saber los insondables misterios de la contratación masiva, debe ser guiado en los escritorios del oferente con prístina claridad.
Si la concesionaria prometió lo que no podía ofrecer, indudablemente esa información no ha sido veraz y ya se sabe que el consumidor no debe ser un adquirente de quimeras.
Los organismos de control imponen multas por deficiente publicidad y en este aspecto esta las resoluciones de la Dirección Nacional de Comercio respecto a las multas impuestas una concesionaria de automotores y administradora de plan de plan de ahorro para fines determinados por infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240, por incumplir con la obligación de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las condiciones de comercialización del bien convenido, en muchos casos resultan convalidadas en sede judicial. Al respecto ha señalado la jurisprudencia: “Constatado el incumplimiento de la obligación de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las condiciones de comercialización del bien convenido, corresponde confirmar la multa impuesta a una administradora de plan de ahorro para fines determinados por infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240 —en el caso, también se impuso una multa a la concesionaria de automotores—, pues, si bien aquella invocó que le resulta imposible controlar el actuar de todos y cada uno de los vendedores, su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar en relación a la suscripción o ejecución del contrato.”, Esta solución si bien dista del caso en debate, lo cierto es que contiene fundamentos compatibles con la responsabilidad concurrente de la concesionaria y la administradora, considerándose que en el caso concreto, el fabricante deslindó responsabilidades por el hecho del dependiente de la concesionaria. Ha señalado el Tribunal: “tal como han quedado planteadas las posiciones de las partes, resulta oportuno destacar que las apelantes fueron sancionadas en virtud de lo que disponen los arts. 4º y 19 de la ley 24.240, pues el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización; asimismo, quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.”
En cuanto a la normativa puntual en materia de publicidad, sostiene el Tribunal: “Y, conforme lo normado por el Capítulo 1, art. 6º de la Resolución IGJ 26/04 las entidades administradoras deben cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos y títulos que constituyen su objeto, así como de su correcta y leal ejecución hasta el cumplimiento de la prestación ofrecida y liquidación final; su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar en relación a la suscripción o ejecución del contrato o título aprobado, por dicha razón además no puede prosperar la defensa de la recurrente en cuanto a que le resulta imposible a su parte controlar el actuar de todos y cada uno de los vendedores de las concesionarias”. Respecto a la responsabilidad de la administradora en la sentencia citada, se ha señalado: “En lo que concierne a la legitimación pasiva de la defendida, la venta de un automotor por vía del sistema de plan de ahorro supone la intervención, no sólo de la administradora de los fondos con los cuales habrá de ser comprado el rodado, sino también de una concesionaria y de un fabricante o productor. El de una concesionaria, en razón de que el usuario no acude directamente a la administradora del plan, sino a quienes tienen otorgada -por lo general con exclusividad la habilitación para vender, que son siempre las concesionarias. Y el de un productor o fabricante, puesto que el sistema de ahorro utilizado no es sino un modo creado por el propio fabricante para permitir la financiación de sus productos. La utilización de ese plan genera, por ende, un diverso sistema de responsabilidades de aquel que hubiera debido aplicarse si la venta hubiera sido efectuada directamente por la concesionaria.” (Díaz Paula Carolina Y Otro C/ Ford Argentina Sa S/ Ordinario. Cámara Comercial: C. Fecha: 20140904 Ficha Nro.: 000066572 https://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00013/00082879.Pdf)
La IGJ 8/82 en su art. 1° establece: “Las sociedades administradoras de planes de ahorro para fines determinados deben cuidar de la debida promoción y celebración de los contra-tos que constituyen su objeto, así- como de su correcta y leal ejecución hasta la entrega del bien y liquidación final; su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de los concesionarios y agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar, en cuanto se refieran al sistema en cualquiera de sus aspectos”
La administradora al contestar demanda destaca que se vincula a la concesionaria mediante un contrato de agencia La jurisprudencia ha señalado: “Cuando la venta se realiza por medio de un plan de ahorro no hay posibilidad de distinguir: la responsabilidad de la concesionaria conlleva siempre la de la sociedad administradora del sistema y, por ende, a la del fabricante o productor que es quien avala tal sistema de financiación. Así surge de la resolución de la IGJ 8/82. Y surge, además, de la aplicación de los principios generales que rigen la representación y el mandato. Nótese, en tal sentido, que la concesionaria en estos supuestos no actúa en calidad de intermediaria autónoma entre el comprador y la aludida sociedad administradora.
Ella se encuentra autorizada por ésta a suscribir los contratos que justifican los desembolsos del interesado, y actúa en nombre de aquélla. Hay más que un mandato implícito: hay lisa y llana representación en cuya virtud la concesionaria actúa en tales casos como mero agente colocador. Actuación de esa índole revela -como lo ha destacado la doctrina- la inequívoca configuración de un contrato de agencia entre la concesionaria y la entidad administradora del sistema, como se infiere de la circunstancia de que, habilitada la intermediaria para concluir en representación de la administradora los aludidos contratos, su parte asume de manera estable el encargo de promover por cuenta de ésta la celebración de tales convenios percibiendo una compensación por ello (CNCom, Sala A, "Maggio, Antonio c/ Automotores Louvre SA s/ cumplimiento de contrato", del 22.12.89; íd.
Sala C, "Nill, Carlos c/ Compañía Interamericana de Automotores SA s/ ordinario" del 10.06.97). De ahí que, en tales casos, hay actuación conjunta generadora, frente a terceros, de obligaciones que no pueden ser discriminadas. Y ello en razón de que, al así actuar, estos sujetos se avienen a efectuar en conjunto una prestación de servicios que, en cuanto tal, y con prescindencia de cualquier otra consideración, se halla subsumida en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 24240. En tal contexto, y dado que tal norma extiende la responsabilidad derivada de la gestión a todos los sujetos que han intervenido en la cadena que condujo a tal prestación, forzoso es concluir que, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere asistirles en el plano interno, los tres sujetos que “que intervienen en la operatoria -productor, administradora del plan y concesionario- son solidariamente responsables frente a terceros.”(DIAZ Paula Carolina y Otro c/ FORD ARGENTINA SA S/Ordinario” Cámara Comercial: C.
Fecha: 20140904 Ficha Nro.: 000066574 También se ha señalado: “Y, conforme lo normado por el Capítulo 1, art. 6º de la Resolución IGJ 26/04 las entidades administradoras deben cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos y títulos que constituyen su objeto, así como de su correcta y leal ejecución hasta el cumplimiento de la prestación ofrecida y liquidación final; su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e importadores de los bienes a adjudicar en relación a la suscripción o ejecución del contrato o título aprobado, por dicha razón además no puede prosperar la defensa de la recurrente en cuanto a que le resulta imposible a su parte controlar el actuar de todos y cada uno de los vendedores de las concesionarias…”.
“…Ello es así desde que el adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental una información clara y disponible en todo momento para los consumidores y debe ser proporcionada en forma amplia por los proveedores de bienes y servicios. Si bien la Administradora no puede excusarse en el incumplimiento del mandatario para eximirse de su responsabilidad, toda vez que el pago efectuado a éste le es oponible, el mandatario compromete su responsabilidad extracontractual frente al tercero que experimenta un daño vinculado causalmente con su culpa u omisión en la ejecución del mandato.-“ “Se ha dicho en tal sentido: “Los errores o demoras atribuibles a la concesionaria que intervino en la operación, no excusan la responsabilidad de la administradora del plan por la inejecución en la entrega del rodado, aun cuando el incumplimiento sea de la concesionaria y aun sin que exista culpa o dolo de la administradora (res.
Igj 8/82 : 1º) pues si bien el concesionario no es un dependiente de la administradora sino su contraparte en un contrato de agencia, la mencionada disposición reglamentaria se basa en la culpa "in eligendo" de la administradora, al atribuirle responsabilidad, en la condición de organizadora del sistema.” (Sibay, Emir Omar C/Circulo De Inversores Sa De Ahorro P/Fines Determ. S/Ordinario.- Causa Nº: 29094/ 99.- Mag.: Caviglione Fraga - Monti - Di Tella. - 19/07/2002.-) La jurisprudencia también ha señalado: “En los contratos de ahorro previo para fines determinados, al actuar la concesionaria como representante del plan de ahorro, la administradora no puede pretender escindir su conducta de la de aquélla manifestando que los pagos efectuados a ésta son inválidos.
Máxime si -como en el caso- tal extremo cae ante la recepción de esos pagos por la administradora, toda vez que ellos constan en su administración.” Autos: Fernández, Julián C/Auto plan - Circulo De Inversores SA De Ahorro Para Fines Determinados S/Ordinario.- Nº Causa 50401/96.- Mag.: Piaggi - Diaz Cordero - Butty. - 15/11/2002.). “Acierta el magistrado al citar el fallo que esta Sala dictara en los autos "Baillieau, Nicolás Augusto c/ Volkswagen de Ahorro para fines determinados y ot. s/ Daños y Perjuicios" (causa n°139438, sentencia del 30/06/2015) puesto que existe una marcada analogía entre el conflicto que motivara aquél precedente y el diferendo que se presenta en el caso en estudio. Los criterios allí fijados sobre la responsabilidad concurrente de las concesionarias de autos en el contexto de incumplimientos negociales de las administradoras de planes de ahorro resultan -como consecuencia de aquella similitud fáctica- enteramente aplicables en este pleito.
“En efecto, en aquél caso -y al igual que en el presente- se juzgaba la legitimación pasiva del concesionario de vehículos en el que se suscribió la solicitud para participar de un círculo de ahorro cuyo fin último era la adquisición de un automóvil. Allí también, al igual que en este proceso, se juzgó el incumplimiento contractual de la administradora del plan. La concesionaria, como ocurre en autos, se defendió afirmando que no tuvo injerencia en los hechos que motivaron el conflicto (en aquel supuesto el incumplimiento que se imputaba versaba sobre la contratación de un seguro en condiciones perjudiciales para el consumidor).
“Mientras que el voto minoritario del Dr. Valle se propuso liberar a la concesionaria por entender que se demostró la "causa ajena" regulada en el artículo 40 de la LDC, el voto mayoritario del Dr. Loustaunau -al que adherí- confirmó la condena a la concesionaria.”
“Mi colega de Sala distinguió con precisión los sistemas de responsabilidad contemplados en el art. 40 de la Ley 24.240 (que debe quedar reservado para supuestos de daños derivados del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio) y el sistema general y residual de incumplimiento contractual que contempla el art. 10 "bis" de la LDC. Sobre esa base, apuntó que "[e]n principio, el art.10 bis, tiene una legitimación pasiva más limitada, a excepción de los casos donde la existencia de conexidad relevante entre negocios de consumo justifique la ampliación de aquella". Dicha conexidad contractual es la que se presenta en la contratación de ahorro para fines determinados y que "[l]a responsabilidad de la concesionaria deriva de su carácter de representante del proveedor y beneficiaria del conjunto de contratos, que venden un producto mediante una conexión de contratos, cuyo contenido viola las normas de orden público". “Agregó el Dr. Loustaunau que esta modalidad de contratación conexa supone una renuncia al aislamiento y provoca una tensión en el principio de relatividad, en tanto se habla del incumplimiento del programa, y no tanto de uno de los contratos particulares que lo integran. De allí que "que pueda considerarse que en el término proveedor, se incluya tanto al concesionario que vende el plan y detalla las condiciones de la oferta y venta al consumidor, le exhibe y entrega el auto, y que también se beneficia no solo con tal venta, sino con sus eventuales transmisiones, como a la administradora del plan de ahorro, que en sus relaciones internas con la aseguradora, violó la norma legal" (causa cit., voto del Dr. Loustaunau).” “Como conclusión, "la aplicación del art.10 bis, llevará a que se considere proveedor no solo a la administradora, sino también a la codemandada concesionaria, y que su responsabilidad resulte “in solidum” o concurrente, pues se extiende a todas las relaciones contractuales referentes a actos de consumo y uso" (voto cit.).”
“En otras palabras, es criterio de esta Sala que la concesionaria de vehículos responde en forma concurrente por los incumplimientos de la administradora del plan de ahorro en tanto los negocios involucrados en esa operación -y que vinculan al consumidor con una y otra parte- se encuentran interconectados y ostentan una conexidad relevante que justifica ampliar la legitimación pasiva contemplada en el art. 10 bis de la Ley 24.240.” “En tal contexto, y siguiendo los lineamientos demarcados en el precedente “Baillieau”, no resulta suficiente que la recurrente invoque que el incumplimiento contractual se generó por la conducta de la administradora del plan (la codemandada “Círculo...”), dado que la causa ajena es eximente de responsabilidad únicamente en la órbita de la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa o del servicio (art. 40 de la LDC). “ La concesionaria codemandada debió demostrar, para liberarse de responsabilidad, el casus fortuito o de fuerza mayor de conformidad con lo normado en el art. 10 bis de la LDC, extremo que no se ha verificado ni surge de la prueba producida. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "Bassano, Mario Marcelo C/ Círculo Cerrado S.A. Ahorro Y Ot S/ Daños Y Perjuicios” “Rodríguez Delgado, Heraldo Omar c/Volkswagen SA de Ahorro p/f determinados s/ordinario” - Cám. Nac. Com. - Sala D - 20/11/2014 ) (Art. 10 bis y Doc. Art. 40 Ley de Defensa del Consumidor En consecuencia, debe extenderse la condena a la Administradora.
IV. La indemnización Despejada la cuestión anterior y propuesta la admisibilidad de la demanda, atribuyéndose responsabilidad a los demandados por incumplimiento del deber de información, corresponde considerar cada rubro resarcitorio reclamado por los actores, siguiendo el principio de la reparación integral.
Deviene firme a esta Alzada todo debate sobre la extinción del contrato, resultando las exigencias de los actores de su decisión de la rescisión que oportunamente comunicaran de modo fehaciente, al alegar incumplimiento contractual. (Ver fs. y demanda fs.). A su vez los accionados, alegando la mora de los suscriptores, entendieron la resolución del contrato. Sin perjuicio de ello, al comprobarse el incumplimiento contractual de los accionados, y por tratarse de una relación de consumo, se ha consolidado la resolución extrajudicial del contrato. El incumplimiento de la obligación por el proveedor autoriza diversas alternativas al consumidor, entre ellas “Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerándose la integridad del contrato” (Art. 10 bis inciso c) Ley 24.240, texto Ley 24.787). El último párrafo de la mencionada disposición, prescribe: “Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan”. La doctrina sostiene: “En primer lugar afirmamos que resulta de aplicación a cualquier tipo de incumplimiento obligacional en que incurra el proveedor de bienes o servicios, ya que el precepto se refiere al “incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor”, aunque hubiera sido de mejor técnica aludir pura y simplemente al incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de sus obligaciones, ya tengan su origen en el contrato o en otra fuente distinta. de lo que se concluye que la norma se ubica entonces en el terreno del incumplimiento obligacional” (WAJNTRAUB, Javier H., obra citada, pág.101). Este artículo solo se aplica “respecto de aquellas obligaciones de las que el consumidor resulta ser acreedor” (WAJNTRAUB, obra citada, pág. 101). Al respecto sostiene el autor citado que “la legislación determina un verdadero pacto comisorio tácito de consumo con características peculiares, toda vez que no cualquier incumplimiento debiera habilitar al sujeto tutelado a hacer valer las prerrogativas de la norma analizada”.
“Por ello creemos que lo que establece el texto legal es un pacto comisorio a favor del consumidor, que opera con iguales requisitos que el llamado “pacto comisorio expreso” de la legislación común, aun cuando no haya sido expresamente convenido y sin perjuicio de los efectos propios de cada una de las opciones contempladas en favor del consumidor” ( WAJNTRAUB, Javier H., obra citada, pág.105).
En consecuencia, puede el consumidor “considerar resuelto el contrato ante el mero incumplimiento y sin necesidad de previa interpelación” (WAJNTRAUB, Javier H., obra citada, pág.102 IV. 1 Daño Moral El daño moral puede definirse como la lesión a derechos que afecten al honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como de padecimientos físicos que los originen o espirituales relacionados causalmente con el hecho ilícito, aunque no es referible a cualquier perturbación del ánimo, y basta para su admisibilidad la certeza de que existió, siendo su naturaleza de carácter resarcitoria pues no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo sino de procurar una compensación del daño .sufrido (art. 1078 CCiv.) y su estimación se encuentra sujeta a prudente arbitrio judicial, no teniendo porqué guardar proporcionalidad con el daño material, pues depende de la índole del hecho generador. (CC0102 LP RSD 149-98 cit. en JUBA 7)
Se ha expresado que "...en cuanto a la determinación del daño moral y la determinación de su cuantía corresponde tener en cuenta los siguientes elementos: la indemnización debida con causa en el daño moral tiene carácter resarcitorio, ella debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por el demandante, ha de tenerse en cuenta la gravedad del ilícito cometido, no es preciso que guarde relación con el daño material ni con otros daños que se reclamen, en síntesis, hay que tener en cuenta el carácter resarcitorio, la índole del hecho generador, la entidad del sufrimiento causado y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material pues no se trata de un daño accesorio a este, por lo que en definitiva queda librado a un prudente arbitrio judicial (CC01 SI RSD 391-96 cit en JUBA 7), circunstancias también tenidas en cuenta por el Sr. Juez de grado. El daño moral no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica - prueba in re ipsa - y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral (SCBA L 36489 cit en JUBA 7); (Arts. 1078 CC; 165 CPCC). (AIMAR, Roberto Alejandro c/ BOZO RIOS, Jorge Freddy y Otro s/ Daños y perjuicios” Causa Nº 486 RSD Nº 180 sentencia del 27 de septiembre de dos mil diecisiete).
Ya he expresado que: “Si encuentro admisible el daño moral reclamado. Si bien en materia contractual debe acreditarse el daño moral - no se trata de un daño in re ipsa -, lo cierto es que en materia regida por la ley del consumidor, se ha flexibilizado el criterio para su apreciación. En la causa "Bressan, Walter Darío c/ Banco Galicia y Bs- As. S/ Daños y Perjuicios (Ordinario)" nro. 86/1 RS 1, del 5 de julio de 2001, al adherir al voto del Dr. Alonso, expresé: "Es marcada la evolución del daño moral, como valor extraeconómico desde el primigenio código civil hasta su reformulación en la reforma de 1968, donde comienza a analizarse la cuestión desde el dañado y el daño y no exclusivamente desde el dañador, fenómeno que como puntualiza Ghersi "motivó la apertura del epicentro de posibilidades reparativas, ampliándose notoriamente las fronteras de la reparación". (Ghersi, Carlos A: "La regulación jurídica del daño moral por incumplimiento contractual", "Revista de Derecho de Daños", t. 6, "Daño Moral", Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 58).
"Que, prescribe el art. 1198 del Código Civil que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión".
"La buena fe-lealtad y la buena fe probidad, de inveterada consideración en la vida negocial, entiendo que cobran todavía mayor importancia cuando la contratación se torna masiva".
"Nuevos perfiles viene pergeñando la jurisprudencia en torno a la interpretación restrictiva del art. 522 del código civil para indemnizar el daño moral cuando deben analizarse los efectos del incumplimiento contractual en las relaciones de consumo".
"El Dr. Gabriel A. Stiglitz, al anotar dos precedentes previos a la sanción de la ley de defensa del consumidor y que admitieron la reparación por daño moral en supuestos de incumplimiento contractual- un caso incumplimiento derivado de la entrega de una casa prefabricada con defectos (C.1ª.Civ. y Com. La Plata, Sala 2ª., 17/12/92) y en otro incumplimiento del servicio de turismo estudiantil (C.2ª. Civ. y Com. La Plata, Sala 2ª., 11/3/93)- ha expresado: "Por ello, el derecho del consumidor debe buscar la vuelta al equilibrio a través de un severo sistema de protección jurídica. Que en el campo resarcitorio - como acertadamente resolvieron las Cámaras platenses - incluya la recta aplicación (sin restricciones) del art. 522 CC, pues "en verdad el carácter del perjuicio moral es el mismo, tanto si proviene de una acto ilícito, como del incumplimiento de una obligación contractual" ("Incumplimiento contractual y daño moral al consumidor", J.A. 1994-I,237)."
"Las actuales relaciones contractuales se desarrollan en un contexto dinámico donde la publicidad se ha incorporado a la oferta (art. 8vo. De la ley 24.240 - de Defensa del Consumidor -) y todo ello tiene novedosas repercusiones en las etapas precontractuales y poscontractuales o de poscumplimiento, donde también resulta de aplicación el art. 522 del código civil."
"La protección jurídica del consumidor se orienta fundamentalmente a tutelar la persona humana en consideración a su vida, salud, integridad física y espiritual. Recién en segundo orden se atiende la defensa de los intereses económicos". ("Boragno, Cristian Edgardo C/ Dragoun, Jorge Y Otro S/ Daños Y Perjuicios (Sumario) Causa Nro. 213/1 R.S.D N° 25/04 sentencia del 9 de septiembre de 2004)
Resulta evidente que los actores, sin perjuicio de la importancia de los gravámenes que alegan, han experimentado una sinuosa relación de consumo que se ha concretado en disimiles interpretaciones de la oferta por su falta de precisión, omisiones y deficiente información. Además, han reclamado sin respuesta alguna e inclusive solicitaron la intervención de la Dirección del Consumidor que funciona en el Municipio de la Matanza, ámbito donde la codemandada concesionaria no hizo presente en ninguna de las audiencias.
Estar expuesto a un largo camino hacia instancias administrativas y judiciales no es compatible con el trato digno, equitativo y no discriminatorio que debe darse a los consumidores, ello provoca un detrimento moral que no requieren ninguna prueba y explicación. (Art. 8° bis Ley 24.240 texto Ley 26.361; Arts. 1096, 1097, 1098 y 1099 del Código Civil y Comercial de La Nación, citados como fuente de doctrina, considerándose la época de los hechos).
Propongo cuantificar el daño moral en relación a la coactora Maia Ayelen Ustar en la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) (teniendo en cuenta su edad al momento de la suscripción del contrato – 26 años, nacida el 8/3/87, según solicitud de adhesión de fs. 14, su condición de empleada-; en la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) en relación a la coactora Aixa Maiten Ustar teniendo en cuenta su edad al momento de la suscripción del contrato –22 años, nacida el 28/6/1990, conf. Copia simple dni fs. 76, su condición de empleada-); y en la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) en relación a Walter Rosas (teniendo en cuenta su edad al momento de la suscripción del contrato –47 años, nacido el 8/11/66 ver copia simple DNI fs. 77) (art. 1078 C.C; art. 165 CPCC)
IV. 2 El daño punitivo.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado: “La finalidad de la multa contemplada en el art. 52 bis de la ley 24.240 trasciende el mero caso individual sancionatorio, sino que el instituto tiene, también, una función social que abarca roles preventivos, ejemplificadores y disuasorios. Sin prescindir del expreso texto del art. 52 bis de la ley 24.240, que dispone el destino de la multa a favor del consumidor, si su dimensión generara un enriquecimiento indebido, a los efectos de no desvirtuar la señalada función social, cuando la estimación de aquélla incluya su componente por el perjuicio social causado, debe llevar a distribuir su producido de forma tal que puedan ser cumplidos todos los objetivos y fines del instituto. “(SCBA LP C 119562 S 17/10/2018 Juez PETTIGIANI (OP): “Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Nulidad de acto jurídico”, B4204604 JUBA).
La aplicación del instituto requiere un prudente estudio del caso concreto. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado: “Los jueces deben ser en extremo prudentes y cuidadosos al momento de establecer la sanción por daño punitivo, en tanto la norma del art. 52 bis de la ley 24.240 (texto agregado por ley 26.361), que refiere a la gravedad del hecho y demás elementos de la causa, resulta vaga, laxa e imprecisa. Es menester entonces que esta labor responda a pautas orientadoras y mecanismos que dejen translucir la valoración de las concretas circunstancias del caso, y evitar acudir a criterios subjetivos no explicitados, infundados, irreproducibles o inverificables. De este modo se contribuye al mejor cumplimiento de los objetivos y fines del instituto.” (SCBA LP C 119562 S 17/10/2018 “Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Nulidad de acto jurídico”, B4204602 JUBA).
La doctrina también ha señalado que la recepción del instituto de la multa civil en el derecho argentino resulta auspiciosa y que entre otros aspectos relevantes, su imposición considera “la responsabilidad solidaria de los integrantes de la comercialización y distribución” (WAJNTRAUB, Javier H., obra citada, pág. 310, con cita de ALTERINI, Atilio A. “Las reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, Primera lectura, 20 años después, en L. L. 2008-B-1239; Supl. Esp. Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor 2008 (abril), p. 3, Derecho Comercial. Doctrinas Esenciales V-575.)” Basta para la aplicación de los daños punitivos que el proveedor no cumpla con sus obligaciones legales y contractuales. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha decidido: “El art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008) es claro en cuanto impone una sola exigencia para la aplicación de la multa o resarcimiento del daño punitivo: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor.” (SCBA LP C 119562 S 17/10/2018 Juez DE LÁZZARI (SD) : “Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Nulidad de acto jurídico”, B4204590 JUBA).
Los efectos disuasivos del instituto se orientan a considerar que la conducta del oferente en brindar información insuficiente e incompatible con las cláusulas del contrato respectivo, ha generado un detrimento que indudablemente redunda a favor de la empresa y en perjuicio del consumidor, quien en la práctica no tendría los beneficios de las cuotas fijas durante el primer año, pudiendo esa práctica generar utilidades al oferente. En este contexto los efectos disuasivos del instituto no tienen el alcance que pretenden los actores, quienes rápidamente advirtieron que el valor de la segunda cuota era incompatible con la oferta realizada en los partes de consulta. A los efectos que el daño punitivo cumpla su finalidad específica y no constituya un injustificado enriquecimiento para los consumidores demandantes, corresponde reducir equitativamente el cuantioso reclamo efectuado en la demanda. Si bien los actores interpelaron a los codemandados, lo cierto es que inmediatamente consideraron extinguido el contrato.
Lo cierto es que la codemandada ha incurrido en culpa grave al realizar promesas que no estaba en condiciones de cumplir, tales como establecer cuotas fijas o asegurar la entrega del vehículo en la cuota 10ª. La relación de consumo debe priorizar la confianza que tiene mayor potencia cuando se tratan de contratos de adhesión donde el consumidor firma a libro cerrado. La demandada provocó la captación del cliente mediante una charla de escrito y la extensión de un manuscrito con propuestas incompatibles con su autonomía en el negocio jurídico y esa ficción fue suficiente para convencer al consumidor a aceptar la oferta y suscribir parcialmente la documentación formal. (Está probado que los consumidores no firmaron en detalle toda la documentación). La multa civil, denominada daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor, debe ser ejemplar en cuanto a su cuantificación para poder cumplir su finalidad disuasiva (lo razonable es que quien paga daño punitivo aprenda la lección y no reitere la misma conducta) considerándose el establecimiento de nuevos parámetros en la jurisprudencia que recepten soluciones aleccionadoras.
Mi colega de Sala, el Dr. Taraborrelli ha precisado: “Ahora bien, el art. 52 bis actual de la Ley de Defensa del Consumidor dispone: “Art. 52 bis.- Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduara en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art.47, inc. B) de esta ley”. Por su parte, el artículo 47 establece que. "Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: […] b) Multa de pesos cien ($100) a pesos cinco millones ($5.000.000)…”.
“Como ha adoctrinado Daniel R. Vitolo: “…la norma resulta de una alta complejidad, pues requiere para la aplicación del instituto – según reza la norma – la conjunción de varios elementos: a) Una relación de consumo; b) Un proveedor que incumpla con su obligación legal o contractual; c) Un consumidor damnificado; d) Un proceso judicial en el cual el consumidor damnificado reclame el daño punitivo; e) Un juez que acoja favorablemente la petición. Faltando alguno de ellos, el instituto de los daños punitivos no opera. Veremos- seguidamente cada uno de estos elementos en particular (Vitolo Daniel R., “Las reformas al régimen de Defensa del Consumidor…”, Ed. Ad- Hot, Buenos Aires, año 2012, pág. 167). a) Una relación de consumo: Parafraseando al citado autor, Dr.
Vitolo, dice que: “El primer requisito para que pueda operar el instituto de los daños punitivos es que exista- en el conflicto en cuestión- una relación de consumo, es decir, un vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor o usuario; esto es que una persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolle de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios, se haya vinculado -jurídicamente- con persona física o jurídica que adquiere o utilizar bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, incluyendo la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines; b) El proveedor incumplidor En este punto- y habida la relación de consumo- se requieren tres condiciones: dos positivas y una negativa. a) la primera condición positiva es la existencia de una persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolle de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios; b) la segunda condición positiva es que este proveedor haya incumplido con alguna obligación legal o contractual frente a un consumidor o usuario; y c) la condición negativa es que esta persona no sea alguien que preste servicios de profesiones liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matricula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello; pero si la publicidad que se haga de su ofrecimiento; salvo que se trate de temas vinculados a la publicidad que estas personas realicen; c) El consumidor damnificado El tercer elemento -o condición- es que exista un sujeto damnificado que encuadre dentro de la definición de consumidor o usuario, es decir alguien que haya sufrido un daño o perjuicio y que se trate de: a) persona física o jurídica que haya adquirido o utilizado los bienes y servicios suministrados por el proveedor en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social; incluyendo la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines; o b) una persona física o jurídica quien, sin ser parte de esa relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza los bienes o servicios suministrados por el proveedor como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social; o c) una persona física o jurídica que, de cualquier manera, este expuesto a esa relación de consumo; d) El proceso judicial en el cual el consumidor o usuario efectúe el reclamo.
Para que pueda establecerse la obligación de efectivizar una sanción de la naturaleza del daño punitivo se requiere de una petición expresa respecto de dicha sanción por parte del actor damnificado- es decir, del consumidor o usuario y de quienes se encuentren equiparados a el-. Es decir que la sanción no puede ser establecida de oficio por el juez. Asimismo, la sanción requiere de un procedimiento judicial, ya que las autoridades administrativas no se encuentran legitimadas para imponer multas civiles con carácter de daños punitivos; a diferencia de lo que ocurre con el daño directo, donde se encuentran facultadas expresamente por la ley para determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de cinco (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec); e) El Juez que acoja favorablemente la petición.
Finalmente, se requiere que el juez resuelva en la sentencia que dicte en el procedimiento judicial en que se lleve adelante el reclamo, imponer al proveedor la multa civil, la que será adicionada a las otras indemnizaciones que pudieran corresponderle al reclamante” (Vitolo Daniel R., ob. pub. cit. Pág. 167/170).” (Rios Blanca Haydee c/ Molina Gustavo s/ Daños y Perjuicios” Causa N° 4380/1, RSD N° 220/16, Folio N° 1651)
Por otro lado, el Dr. Pérez Catella también ha señalado: “Se ha definido a los "daños punitivos” como aquellos "otorgados en los supuestos de daños para castigar al demandado por una conducta particularmente grave, y para desalentar esa conducta en el futuro". Pizarro, por su parte, los caracteriza como "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro". Se trata, en otras palabras, de un plus que se concede al perjudicado, que excede el monto de la indemnización que corresponde según la naturaleza y el alcance de los daños. Los "daños punitivos" tienen entonces un propósito netamente sancionador, y revisten particular trascendencia en aquellos casos en los que el responsable causó el daño a sabiendas de que el beneficio que obtendría con la actividad nociva superaría el valor que debería eventualmente desembolsar en concepto de indemnización de daños.”
“En nuestro país, la doctrina mayoritaria se había manifestado favorable a la adopción del instituto, incluso con anterioridad a su incorporación a la ley 24.240 (en adelante, LDC) por la ley 26.361 (Adla, LXVIII-B, 1295). Así, por caso, las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil aconsejaron "la implementación de multas civiles, con carácter de penas privadas, para sancionar graves inconductas mediante la imposición al responsable de una suma de dinero", conclusión que fue ratificada en el ámbito de las XXI Jornadas Nacionales. Por su parte, el Proyecto de Unificación Civil y Comercial de 1998 facultaba a los jueces a "aplicar una multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva", añadiendo que "Su monto se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta, y tiene el destino que le asigne el tribunal por resolución fundada" (art. 1587). Como lo venimos señalando, la ley 26.361 incorporó el instituto a la LDC mediante un nuevo artículo, el 52 bis, a cuyo tenor: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley". (Picasso, Sebastián, Los daños punitivos en el Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado, AR/DOC/5132/2012)” (“Mehle María C/ Empresa La Cabaña S.A. Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” (Causa nro. 4971/1) RSD N° 136 Folio 960)
Debe tenerse en cuenta que los actores reclamaron también en la Dirección de Defensa del Consumidor correspondiente a la Dirección de Comercio de La Municipalidad de la Matanza (Ver fs. (Ver fs. 418/495), sin respuesta alguna por parte de los codemandados, que tenían la posibilidad de rectificar conductas y dar satisfacción a los apelantes. A la audiencia no compareció “ARAUCAR MOTORES S. A.” Se presentó “CHEVROLET S. A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”. A sus efectos se fija nueva audiencia. (Ver fs. 428). A la nueva audiencia tampoco se presenta la requerida “ARAUCAR MOTORS S. A” Se presentó “CHEVROLET S. A. DE AHORRO PARA FINES DETERIMADOS”. (Ver fs. 430).
Propongo establecer en concepto de daño punitivo la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) para cada uno de los actores. (Art. 52 bis ley 24.240 texto ley 26.361).
IV. 3 Reintegro de gastos y de lo pagado indebidamente Los actores reclaman en la demanda el reembolso de gastos que afirman haber realizado con motivo del incumplimiento de la parte demandada, mencionando entre ellos, gestiones personales ante la empresa; denuncia ante la OMIC, audiencia de mediación, pago de carta documentos, gastos de mediación. (Ver demanda fs. 93 vta).
La jurisprudencia ha señalado: “Los gastos de la condena en costas comprenden todos aquellos que fueren causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubieren realizado para evitar el pleito” (CC0000 TL 10187 RSD-20-172 S 26-12-1991; CC0000 TL 8670 RSD-16-59 S 15-10-1987).-
La Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín se ha expedido en tal sentido: “Si bien es cierto que -en principio- sólo pueden incluirse en la liquidación aquellos conceptos en los cuales exista una prueba efectiva de su desembolso, ello no enerva que también deben computarse los rubros que, por su índole, lleven a la presunción cierta de que tales gastos han debido realizarse. Así debe ser sólo con relación a aquellos que sean útiles al proceso, propios y exclusivos del juicio en que se practica la liquidación, y razonables -a criterio del sentenciante-, así como que se correspondan con gestiones que notoriamente excedan las incumbencias profesionales del letrado interviniente, ya que las que se correspondan con éstas deben considerarse remuneradas con la respectiva regulación de honorarios”
(CC0002 SM 48297 RSI-288-3 I 26/08/2003).-_
Los gastos mencionados integran el rubro de las costas, de modo que no corresponde su tratamiento en la sentencia, resultando una cuestión de debe diferirse para la etapa de liquidación.
Otra solución se impone con relación a los pagos efectuados con antelación al conocimiento del incumplimiento de la oferta, reduciéndose en este caso al importe de la cuota inicial abonada.
En efecto, resultando la causa de la obligación de restitución un hecho ajeno a las previsiones contractuales respecto a que las cuotas se devuelven una vez concluido el plan, corresponde frente al incumplimiento de la parte demandada, admitir el rubro.
La reparación integral devenida por un daño causado resulta una deuda de valor que debe ser mantenida incólume hasta el momento de su confirmación en la sentencia.
Contribuye a la solución propuesta considerar la naturaleza de la obligación pendiente. Se trata de una deuda de valor cuya consideración se afirma en la actualidad de la cuantificación del reclamo.
Mosset Iturraspe sostiene: “Técnicamente se afirma que en la deuda dineraria “el dinero es el objeto inmediato de la obligación”, su componente específico actúa in obligatione e in sollutione; es decir, se debe dinero y se paga dinero”.
“En la deuda de valor, en cambio, el dinero aparece sólo “como sustitutivo del objeto especificado”, esto es como sustitutivo de la prestación dirigida a proporcionar bienes con valor intrínseco. En la deuda de valor el dinero opera únicamente in solutione; aunque se paga dinero, la deuda no es de dinero, sino de valor” (Mosset Iturraspe Jorge: “Límites a la indexación”. Ley 24.283, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 1994, págs. 21/22).
Expresa la doctrina especializada: “La obligación resarcitoria que el juez debe imponer al deudor es una deuda de valor”.”
“La liquidación del quantum indemnizatorio en dinero, tiende a restablecer el equilibrio patrimonial afectado en razón del perjuicio (tal el contenido del crédito resarcitorio del acreedor)”.
“De modo que el juez debe determinar cuál es el importe que se ha de considerar equivalente al valor del interés lesionado al acreedor. Esto es, la medida de la indemnización” (STIGLITZ, ob. Cit. Pág. 249). Estas se refieren a un valor abstracto constituido por bienes, que luego habría que medir en dinero: sin duda, el deudor solventará la deuda entregando dinero, que es común denominador de todos los bienes. Pero como él no era un deudor de dinero sino del valor correspondiente a los bienes en cuestión hasta tanto no sobrevenga el acuerdo de partes, o la sentencia judicial, que liquida la deuda y determina cual es la cantidad de dinero que deberá aquél satisfacer al acreedor, su obligación será una deuda de valor, que sólo pasará a ser una deuda de dinero luego de practicada esa determinación. Sólo después de efectuada y consentida esa liquidación queda cristalizado el objeto debido y resulta convertida la deuda de valor en deuda de dinero”. (“Barone, Leonardo Rolando c/ Lamo, José s/ Daños y perjuicios”, CC0000 AZ 32498 RSD-62-91 S 7-6-1991, B1050017) (conf. Mi voto en la causa “Ortiz Sergio Benito C/ Liderar Compañía General De Seguros S.A S/ Daños Y Perjuicios” R.S.D N° 172/17 sentencia del 19 de septiembre de 2017)
En ese aspecto, se ha señalado: “Las indemnizaciones de daños causados por hechos ilícitos han sido conceptuadas como deudas de valor. Estas se refieren a un valor abstracto constituido por bienes, que luego habría que medir en dinero: sin duda, el deudor solventará la deuda entregando dinero, que es común denominador de todos los bienes. Pero como él no era un deudor de dinero sino del valor correspondiente a los bienes en cuestión hasta tanto no sobrevenga el acuerdo de partes, o la sentencia judicial, que liquida la deuda y determina cual es la cantidad de dinero que deberá aquél satisfacer al acreedor, su obligación será una deuda de valor, que sólo pasará a ser una deuda de dinero luego de practicada esa determinación.
Sólo después de efectuada y consentida esa liquidación queda cristalizado el objeto debido y resulta convertida la deuda de valor en deuda de dinero”. (“Barone, Leonardo Rolando c/ Lamo, José s/ Daños y perjuicios”, CC0000 AZ 32498 RSD-62-91 S 7-6-1991, B1050017). Es criterio de esta Sala Primera: “Es criterio reiterado de la Suprema Corte de esta Provincia, que cuando se trate de obligaciones que tienen su causa fuente en hechos ilícitos, tal como el traído a esta Alzada en la presente, el principio de la reparación integral consagrado por los artículos 1078 y 1083 del Código Civil, consiste en que la condena por el capital debido se integra con los correspondientes intereses desde la fecha en que sobrevino el hecho ilícito, conforme la regla del artículo 509 del mismo cuerpo.
Sencillamente, se trata de una cuestión vinculada a la lógica jurídica, puesto que siendo indubitable que el autor de los daños debe responder por ellos desde la fecha en que fueron materialmente causados, no sería congruente pensar que los intereses que devengara tal obligación fueran calculados desde otro punto de partida. En consecuencia, el interés que se aplica por sentencia judicial que obliga a la reparación de daños y perjuicios ocasionados por un cuasidelito, es de naturaleza moratorio y debe en esa misma línea de pensamiento, calcularse desde la ocurrencia del hecho generador de responsabilidad, puesto que es a partir del momento en que se produce el menoscabo concreto padecido por el agente pasivo, que este se convierte en acreedor y el causante en deudor, para remitir los términos de la controversia a los principios básicos de la materia obligacional, sin perjuicio todo ello, de tener en consideración – que según la doctrina imperante – los créditos reclamados en autos por el actor constituyen deudas de valor, que el Juez liquida o cuantifica económicamente en oportunidad de dictar su pronunciamiento judicial”.
(“Tobares Carlos Fabián c/ Duvi S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°1686/1, RSD: 43/10, Sentencia del 1 de Junio del 2010, voto del Dr. Taraborrelli).
En el caso concreto, consultada que fuera la tabla de valuaciones fiscales de Automotores que publica la Dirección Nacional De Los Registros Nacionales De La Propiedad Del Automotor Y De Créditos Prendarios (https://www.dnrpa.gov.ar/valuacion/informacion/01-03-2019.pdf) y en uso de las facultades que concede el art. 165 del CPCC a los fines de cuantificar el presente rubro, destaco que se tomarán las siguientes pautas objetivas: en relación al valor de los automóviles que se pretendieron adquirir, consideraré los modelos equivalentes que produce la empresa Chrevrolet en reemplazo de aquellos por los que se suscribió el contrato y que no se continúan produciendo en la actualidad. Por otra parte, consideraré los porcentajes informados en la cláusula tercera del plan, en donde se establece que para un plan de 84 cuotas, la cuota pura será el 1,19 % y las cargas administrativas el 0,119% sobre el valor básico (ver fs. 14 bis, que se repite en los restantes dos contratos)
En efecto, el lugar del modelo Agile LS por el que las coactoras Ustar Maia Ayelen y Ustar Aixa Maitén habían contratado, tomaré como valor básico sobre el que se determinará el reintegro de los gastos, aquel informado por el RNPA en relación a un 0 KM correspondiente al actual modelo Chrevrolet Prisma Joy LS, el cual reemplazaría el Agile LS y que se ubica en la suma de $538.900. En consecuencia, determino que el presente rubro en relación a las coactoras Ustar Maia Ayelen y Ustar Aixa Maitén -cuantificado a valores actuales- debe prosperar por la suma de $7054,20 para cada una de ellas ($6412,91 por el valor de la cuota pura más $641,29 en concepto cargas administrativas)
En relación al co-actor Walter Rosas, tomaré en consideración el modelo Onix Joy LS en reemplazo del Corsa Classic que ya no se continúa fabricando. En efecto, consideraré el valor de $463.900, informado por el RNPA para el modelo aludido en su versión 0 KM, proponiendo que el presente rubro – cuantificado también a valores actuales- prospere por la suma de $6072,45 (suma compuesta por $5204,41 en concepto de cuota pura y $552.04 por las cargas administrativas)
IV. 4 Pérdida de chance Los actores reclaman por pérdida de chance, argumentando que se frustraron sus expectativas de obtener un vehículo 0 km. Afirmaron en la demanda que vieron frustradas sus expectativas de obtener laboralmente mayores ingresos. (Ver demanda fs. 93 vta).
El daño debe ser cierto y no meramente hipotético o conjetural. Además, debe tener estricta relación causal con el hecho controvertido en el caso.(Doct. Arts. 512, 902, 903, 904, 1109, 1067, 1068, 1069 C.C) (art. 375 CPCC)
Se ha señalado que: “En las indemnizaciones por frustración de chance, lo reparable es la probabilidad perdida. La circunstancia de tratarse de una chance no quita certeza al daño en tanto constituya la pérdida de una posibilidad real y concreta, por lo que la pérdida de esa chance debe ser un daño cierto en la misma medida que su grado de probabilidad, de modo que al lado de las posibilidades en contra, también debe haber otras a favor. En estos casos el obligado puede descargar su responsabilidad alegando que ha prestado los cuidados debidos o que a pesar de no haberlo hecho, el daño hubiera ocurrido de todos modos.” (SCBA LP C 121643 S 28/11/2018 Martínez, Raquel del Valle y Baca, Hugo contra Hospital Subzonal de Balcarce y otros. Daños y perjuicios JUBA B4203184)
En el mismo sentido: “Respecto de la existencia de un daño cierto como requisito para ser resarcible, se ha ampliado el punto de referencia al abarcar también la certeza de la oportunidad de un beneficio, malograda por un hecho lesivo. En este último caso se habla de pérdida de la "chance", ubicándose el concepto en una zona intermedia entre los daños reales y los daños imaginarios.” (SCBA LP C 121643 S 28/11/2018 “Martínez, Raquel del Valle y Baca, Hugo contra Hospital Subzonal de Balcarce y otros. Daños y perjuicios” JUBA B32934)
Debo destacar que quien se inscribe en un plan de ahorro de 84 cuotas, aun considerando que se ha formulado la propuesta inverosímil de entrega del vehículo a la cuota 10ª y solamente ha abonado la primera cuota, carece a la fecha de su pretensión resolutoria, de una expectativa concreta de adjudicación del vehículo, expuesta a sorteo o licitación de la unidad. No es el caso donde se abonaron todas las cuotas y el vehículo no se entrega, o bien quien reclama fue favorecido en un sorteo o ha licitado, y no se cumple con la adjudicación del automóvil.
De modo que no corresponde atender las situaciones personales que han planteado cada uno de los actores al reclamar el rubro. No hay prueba de relación causal adecuada respecto del reclamo de Aixa M. Ustar, quien afirmó que “se frustró la posibilidad de incrementar sus ingresos en $ 200 por día”; “además de desembolsar la suma de $ 160 por día en la contratación de una niñera”. La coactora reclama la suma de $ 26.280, argumentando que desde la fecha de contratación hasta la rescisión del contrato, transcurrieron 73 días hábiles.
Tampoco hay relación causal adecuada respecto a la coactora Maia A. Ustar, quien a su vez sostuvo en la demanda, la frustración de $ 100 por cada día desde la fecha de contratación hasta la rescisión del contrato, sosteniendo que han trascurrido 107 días corridos. Reclamó la suma de $ 10.700.(Ver demanda fs. 94).
También debe rechazarse el rubro respecto al coactor Walter Rosas, por falta concreta del perjuicio y de la relación causal adecuada, quien afirmó que se frustró la posibilidad de incrementar sus ingresos en su condición de chofer de remís y estima la suma de $ 500 diarios. Reclama por 84 días, considerandos el lapso comprendido entre la fecha del contrato y la rescisión.
V. Intereses.
Que ya es criterio reiterado de esta Sala Primera que en materia de intereses debía aplicarse lo sostenido por nuestro Excmo. Superior Tribunal Provincial en la causa “Cabrera” “los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", C.C. y C.N.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). (SCBA, Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén s/ Daños y Perjuicios, Causa 119.176, 15/06/2016).
Recientemente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha decidido en los autos caratulados “Vera, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” (Causa nro.: 120.536. la Plata, 18 de abril de 2018, expediente que tramitara ante esta Sala Primera), que: “que cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, tal cual se ha decidido por la Cámara en la especie, en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, establecer que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio en cuestión desde que se hayan producido los perjuicios considerados conforme el dies a quo establecido en la sentencia, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
En éste orden de ideas, no cabe más que señalar que los intereses se computaran desde la fecha de interpelación por carta documento donde además se da por rescindido el contrato. En consecuencia, en relación a las coactoras Maia Ayelen Ustar y Aixa Maiten Ustar será el 12/07/2013 (ver fs. 61/62 y 63/64) y en relación al coactor Walter Rosas el 10/07/13 (ver fs. 65/66) momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado conforme los arts. 495, 496, 497, 499 y 509 del Código de Vélez Sarsfieldl), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (doct. y argumento artículo 772 del C.C.) a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf. Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).
VI. Costas en ambas instancias Atento la forma en que se resuelve propongo que las costas en ambas instancias se impongan a los codemandados atento la calidad de vencidos y el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC) y se difieran las regulaciones de honorarios para su oportunidad.
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA. -
Por análogos fundamentos los Doctores Taraborrelli y Pérez Catella también VOTAN POR LA NEGATIVA. -
A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMON
DOMINGO POSCA dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, propongo a mis distinguidos colegas: 1°) SE REVOQUE la sentencia dictada a fs. 699/ 711vta. y en su consecuencia se haga lugar parcialmente a la demanda entablada por Maia Ayelen Ustar, Aixa Maiten Ustar y Walter Rosas contra Araucar Motors S.A. y Chevrolet S.A de ahorro para fines determinado, condenando a estos últimos a pagar el monto total que resulte de la liquidación que deberá practicarse, y abonarse dentro del plazo de 10 días de quedar firme la presente sentencia, otorgando: A) a favor de Maia Ayelen Ustar la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 67.054,20)
(correspondiendo la cantidad de $30.000 por daño moral, $30.000 por daño punitivo y $7.054,20 en concepto de gastos); B) a favor de Aixa Maiten Ustar la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 67.054,20) (correspondiendo la cantidad de $30.000 por daño moral, $30.000 por daño punitivo y $7.054,20 en concepto de gastos) y C) a favor de Walter Rosas la suma total de SESENTA Y SEIL MIL SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($66.072,45) (correspondiendo la cantidad de $30.000 por daño moral, $30.000 por daño punitivo y $66.072,45 en concepto de gastos). Las sumas de los puntos A, B Y C -al ser fijadas a valores actualesdevengarán conforme la doctrina legal de la Suprema Corte, los intereses a la tasa pura del 6% (Doct. y argumento artículo 772 del C.C) desde el momento del hecho - 12/07/2013 en relación a las coactoras Maia Ayelen Ustar y Aixa Maiten Ustar - y 10/07/13 - en relación al coactor Walter Rosasy hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda, y de allí en más se utilizará la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf. Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).; 2°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas instancias los codemandados vencidos atento al principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C. 3°) SE DIFIERA la regulación de honorarios para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
Por análogas consideraciones, los Dres. Taraborrelli y Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, propongo a mis distinguidos colegas: 1°) REVOCAR la sentencia dictada a fs. 699/ 711vta. y en su consecuencia se haga lugar parcialmente a la demanda entablada por Maia Ayelen Ustar, Aixa Maiten Ustar y Walter Rosas contra Araucar Motors S.A. y Chevrolet S.A de ahorro para fines determinado, condenando a estos últimos a pagar el monto total que resulte de la liquidación que deberá practicarse, y abonarse dentro del plazo de 10 días de quedar firme la presente sentencia, otorgando: A) a favor de Maia Ayelen Ustar la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 67.054,20)
(correspondiendo la cantidad de $30.000 por daño moral, $30.000 por daño punitivo y $7.054,20 en concepto de gastos); B) a favor de Aixa Maiten Ustar la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 67.054,20) (correspondiendo la cantidad de $30.000 por daño moral, $30.000 por daño punitivo y $7.054,20 en concepto de gastos) y C) a favor de Walter Rosas la suma total de SESENTA Y SEIL MIL SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($66.072,45) (correspondiendo la cantidad de $30.000 por daño moral, $30.000 por daño punitivo y $66.072,45 en concepto de gastos). Las sumas de los puntos A, B Y C -al ser fijadas a valores actualesdevengarán conforme la doctrina legal de la Suprema Corte, los intereses a la tasa pura del 6% (Doct. y argumento artículo 772 del C.C) desde el momento del hecho - 12/07/2013 en relación a las coactoras Maia Ayelen Ustar y Aixa Maiten Ustar - y 10/07/13 - en relación al coactor Walter Rosasy hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda, y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf. Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).; 2°) IMPONER las costas generadas en ambas instancias los demandados vencidos atento al principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C. 3°) DIFERIR la regulación por la labor desarrollada en esta Instancia para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia