Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 48278-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en punto a las deducciones practicadas en el impuesto a las ganancias en concepto de gastos médicos –SIMECO– y suscripción de la editorial Rubinzal y Culzoni y, en consecuencia, confirmar el resolutivo Nº 2 de la sentencia apelada. 2º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada en punto a la sanción impuesta y, en consecuencia, dejar sin efecto el resolutivo Nº 3º de la sentencia apelada. 3º) Imponer las costas de acuerdo con lo descripto en el Considerando XIV de la presente. 4º) Instruir al Tribunal Fiscal de la Nación para que adopte las medidas del caso a fin de practicar la reliquidación de la multa (cf. ley 11.683, art. 187).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAF 58281/2019/CA1; ROSEN, MONICA GRACIELA (TF 48278-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2021.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 73/80 el Tribunal Fiscal de la Nación – TFN– resolvió lo siguiente: 1°) Rechazar la nulidad planteada por la actora, con costas; 2°) Confirmar parcialmente la resolución apelada conforme los considerandos VII y VIII; 3°) Reencuadrar la multa apelada en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, y reducirla al mínimo legal; 4°) Imponer las costas en relación a sus respectivos vencimientos, y 5°) Ordenar a la AFIP-DGI para que practique la reliquidación de la deuda de conformidad con lo resuelto.
Para así decidir, luego de exponer las expresiones de las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, rechazó el planteo de nulidad articulado por la actora, fundamentalmente al corroborar que en el acto administrativo apelado se pusieron de manifiesto claramente los motivos que lo determinaron y su causa, y al entender que los agravios vertidos por la actora resultaban inatendibles.
En cuanto a la cuestión de fondo, expuso que la fiscalización verificó la situación de la Sra. Mónica Graciela Rosen –en adelante Sra. Rosen– frente al impuesto a las ganancias –IG–, período fiscal 2010, detectando que dedujo improcedentemente gastos de fuente argentina en la primera y cuarta categoría, respecto de los cuales no había aportado ni exhibido respaldo documental fehaciente que permitiera calificarlos como necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas.
Destacó que del análisis de la documentación respectiva se determinó de oficio la materia imponible, reduciendo la pretensión fiscal atento incluir como gastos computables de la cuarta categoría a aquéllos que se encontraban debidamente documentados. Señaló que no fueron validados gastos tales como “suscripción Club La Nación”, “seguro de vida”, “Direct TV”, “gastos administrativos de las tarjetas de crédito”, “cuota anual tarjeta”, “diarios y revistas”, “restaurantes”, “viajes a la República Oriental del Uruguay”, “GPS Garmin” y “reparación de zapatos”, entre otros.
Declaró que tampoco se consideraron los gastos de la primera categoría en concepto de expensas, teléfono, ABL y Aysa, entre otros, atento a que no provenían de inmuebles propios sino de la sucesión de Gregorio Makowski.
Transcribió los artículos 17 y 80 de la ley de IG (texto ordenado en 1997) y efectuó consideraciones en torno de los artículos 81, 82, 85, 86, 87 y 88 de la misma.
Expuso que, del juego armónico de esas disposiciones legales y las reglamentarias dictadas en su consecuencia, se deprende que el criterio es que cuando los gastos hayan sido realizados con el propósito de mantener y conservar la fuente u obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas, en tanto no se verifique alguno de los casos no admitidos por el artículo 88, la deducción es procedente.
Puso de resalto que, en lo referente a la carga probatoria, le corresponde al contribuyente demostrar la veracidad de los gastos y su vinculación con las ganancias gravadas, destacando que esa no es terea que quepa al organismo recaudador, por ser ajeno al negocio de que se trate. Citó jurisprudencia y doctrina.
Afirmó que el juez administrativo no negó la existencia de los gastos impugnados, aunque sí cuestionó el cumplimiento de los requisitos legales que habilitarían su deducción.
Destacó que es acertado el criterio fiscal en lo referido a los gastos vinculados con los inmuebles, al no ser propios de la contribuyente, al igual que los gastos por viajes a la Provincia de Chaco y a la Republica Oriental del Uruguay ya que, a pesar de que la Sra. Rosen afirmara que fueron realizados con el fin de visualizar el estado de conservación de los inmuebles cedido en alquiler, no aportó probanza a efectos de acreditarlo.
Por el contrario, reconoció la validez de la deducción de los gastos relativos al sistema médico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas –SIMECO–, ya que el artículo 81 inciso g) de la ley CAF 58281/2019/CA1; ROSEN, MONICA GRACIELA (TF 48278-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO del tributo lo autoriza, aunque estableciendo un tope. Frente a esto último, recalcó que el fisco no explicitó las razones por las cuales impugnó el gasto.
Explicó que los montos abonados a la editorial “Rubinzal y Culzoni” también eran admisibles, atento tratarse de una editorial especializada, de lo cual podría inferirse que la recurrente – contadora publica de profesión– debió adquirir las publicaciones para el desarrollo de su actividad.
Finalmente, confirmó la impugnación del resto de los gastos en cuestión, por no haber presentado la actora agravio alguno a su respecto.
En otro orden, confirmó los intereses resarcitorios calculados, toda vez que no se habría verificado alguna cuestión que revista una complejidad tal que habilite eximir a la actora de su responsabilidad.
En lo tocante al aspecto infraccional, expuso que el fisco nacional empleó la presunción contenida en el artículo 47 inciso d) de la ley 11.683 –el cual transcribió– para aplicar la sanción prevista en el artículo 46.
Luego de efectuar consideraciones en torno del aspecto objetivo y subjetivo del tipo infraccional, puso de resalto que es absolutamente imprescindible que surja de los antecedentes administrativos la prueba fehaciente y directa de la conducta dolosa que se atribuye a la responsable; en el caso, el presupuesto previsto por la ley como soporte de la presunción.
Advirtió que no compartía las conclusiones arribadas por el ente fiscal acerca de la configuración de la conducta dolosa, indicando que el juez administrativo “no describe el razonamiento que debió necesariamente efectuar para considerar que se encontraba acreditado el soporte factico de la presunción de defraudación en el que baso su accionar”.
Concluyó que no se encontraban configurados los elementos para encuadrar la conducta observada por la apelante dentro del tipo imputado. A pesar de ello –prosiguió–, recalcó que la contribuyente efectivamente había omitido declarar el impuesto en su justa medida, lo cual denotó una culpabilidad de su parte.
En razón de ello, aseveró que correspondía reencuadrar la conducta observada en los términos del artículo 45 de la ley de rito fiscal, que prevé la omisión fiscal mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas.
A fs. 86/90 obra la reliquidación practicada por el fisco nacional, la cual mereció la aprobación del TFN a fs. 99/vta.
II. Que contra la sentencia descripta se alzó la parte demandada, interponiendo el recurso de apelación a fs. 85 –concedido a fs. 91– y expresando sus agravios a fs. 103/111 vta., los que fueron replicados por la contraria a fs. 116/120 vta. III. Que en su memorial, la representación fiscal acusa de arbitraria la sentencia apelada, exponiendo que, en relación con los importes abonados al sistema SIMECO –de $2.545,50– la reliquidación presentada por su parte da cuenta de que en la declaración jurada rectificativa N° 1 de IG-2010 computó un importe de $3.047,85 en tal concepto, razón por la cual –concluye– ya se encontraría considerado el gasto de medicina prepaga cuya deducción solicita la actora. En resumen, aduce que la sentencia es arbitraria ya que el concepto en cuestión ya fue deducido por la Sra. Rosen, no siendo procedente su nueva deducción. En lo relativo a los gastos producidos en favor de la firma Rubinzal y Culzoni –$815–, por compra de publicaciones especializadas, asevera que, habiéndose compulsado la documentación presentada, se determinó que no cumple con la condición de ser erogaciones necesarias para mantener y conservar la ganancia gravada. Acusa que no se observa la relación de causalidad entre los gastos y la renta gravada.
Explica que si bien el concepto de gasto deducible puede abarcar un sinnúmero de situaciones, lo cierto es que la ley del CAF 58281/2019/CA1; ROSEN, MONICA GRACIELA (TF 48278-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO gravamen condiciona su deducibilidad a la circunstancia de que el mismo sea necesario para obtener, mantener y conservar la fuente, extremo que – señala– no se cumple en la especie. Invoca los artículos 17 y 80 de la ley 20.628 (t.o. en 1997).
En otro orden de consideraciones, se agravia del reencuadre de la multa aplicada, calificando de arbitrario el decisorio. Señala que el juez administrativo entendió que el dolo se encuentra acreditado toda vez que la conducta fraudulenta de la contribuyente existe cuando la declaración inexacta se hubiese efectuado con la intención de impedir al fisco conocer al momento del vencimiento de la obligación cuál era el quantum del impuesto que le correspondía abonar.
Rememora el tipo de gasto de que se trataron –“Direct TV”, etc.–, poniendo de resalto que los mismos son totalmente ajenos a la ganancia gravada, conforme lo resolvió el a quo.
Cita abundante jurisprudencia y aduce que nos encontramos ante un caso de arbitrariedad manifiesta, ya que el sentenciante de grado reconoció que el juez administrativo aplicó una sanción por defraudación fiscal sustentada en el artículo 47 de la ley 11.683, pero destacó que no había descripto el razonamiento necesario para considerar que se encontraba acreditado el dolo.
Declara que las conclusiones del a quo evidencian su falta de correlato con las constancias de la causa.
Se agravia asimismo de la reducción de la sanción, citando jurisprudencia en favor de su postura.
Por último, cuestiona el modo en que fueron impuestas las costas, “… por ser una cuestión accesoria a la principal que se está recurriendo por la presente” (sic. fs. 107 vta y 110). Mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, en la parte pertinente, con costas.
IV. Que antes de ingresar al tratamiento de los agravios presentados, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970).
V. Que, asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33.113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016 del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018 del 7/5/19, entre otros).
VI. Que expuesto lo anterior, se colige que la materia elevada a consideración de esta Alzada se corresponde con dos asuntos: i) la deducibilidad en el IG de dos clases de gastos, y ii) el reencuadre de la infracción aplicada y la reducción de la sanción.
A fin de llevar a cabo un prolijo análisis de cada asunto, los mismos serán seccionados, abordando en primer término lo relativo a los ajustes fiscales, analizando, a su vez, por separado cada CAF 58281/2019/CA1; ROSEN, MONICA GRACIELA (TF 48278-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO gasto impugnado, y luego el infraccional. Por último, se decidirá el modo en que corresponde imponer las costas.
VII. Que dentro del primer orden temático, la representación fiscal expresa agravios con relación a los importes abonados al sistema médico SIMECO, aduciendo que el mismo asciende a $2.545,50 y que, a pesar de ello, la actora presentó la declaración jurada – DDJJ– rectificativa del IG-2010 computando un importe de $3.047,85; no obstante ello –prosigue– en la reliquidación presentada por orden del TFN esa repartición adoptó este último valor. Siendo ello así –concluye–, ya se encontraría considerado el gasto en la liquidación del impuesto, no correspondiendo una nueva deducción. En este aspecto, acusa de arbitraria la sentencia apelada atento declarar admisible la deducción de este gasto. Pues bien, para examinar este agravio luce imperioso remitirse al sustrato que le antecede, pues el mismo encierra algunas singularidades que merecen mencionarse.
La sentencia del TFN –Considerando VII– dispuso que correspondía hacer lugar a la deducción de los gastos de servicio médico SIMECO “… no habiendo explicitado el Fisco las razones por las cuales impugnó su computo en la liquidación respectiva” (fs. 77). Luego, al presentar la representación fiscal la reliquidación ordenada en el punto 5° de dicha sentencia, la actora manifestó su disconformidad “porque no se detrajeron los conceptos ordenados por V.E. en su pronunciamiento…” (fs. 92), a lo cual el TFN, al aprobar la reliquidación tal como fuera presentada por el fisco, sostuvo que “… el argumento que expone el Fisco para fundar la falta de consideración del gasto por medicina prepaga “SIMECO” [básicamente, que dicho concepto no había sido impugnado por la administración al practicar la determinación de oficio del impuesto], no había sido planteado con anterioridad, ni tampoco surgía de los elementos acompañados por las partes en los momentos procesales oportunos, sino que fue manifestado por primera vez en la contestación que presenta el Fisco respecto de las impugnaciones a la reliquidación efectuada…” fs. 99/vta).
Si contrastamos los argumentos volcados por las partes y los fundamentos del fallo en crisis con las piezas obrantes en la causa, podemos sintetizar el cuadro de la siguiente manera: i) la Resolución N° 135/17 (DVC RR1P), que determinó de oficio el IG-2010, no menciona a los gastos correspondientes al servicio médico SIMECO ni a la suscripción de la editorial Rubinzal y Culzoni (v. fs. 2/18), sino que los mismos fueron incorporados al debate por la propia actora al presentar el recurso de apelación ante el TFN (v. fs. 23/24 vta); ii) previo a ello, al ventilarse el procedimiento administrativo, la Sra. Rosen presentó la DDJJ rectificativa N° 1 del IG-2010 –el 6/9/13– (antec. adm., Actuación N° 10896-293-2014, fs. 85/86) practicando cambios en los “Ingresos gravados” de la 1° categoría y manteniendo los “Gastos y deducciones especialmente admitidas” de la 4° categoría –$40.519,81– y las “Deducciones generales” –$5.366,78– en iguales valores que la DDJJ original (ver mismo cuerpo de antecedentes, fs. 83); al expedirse la vista (antecedentes, fs. 140/150) se adoptó el importe de $5.366,78, especificándose que correspondía a la DDJJ rectificativa presentada por la contribuyente; finalmente, el mismo, sin ningún tipo de variación, llegó invariable a la reliquidación presentada por orden del TFN (fs. 88 de autos).
Ahora bien, la tesis que sostiene el fisco estriba en que, al tomarse dicho valor de “deducciones generales” –$5.366,78–, que fue el que la propia contribuyente consignó en su DDJJ original y rectificativa, se desprendería que los gastos en concepto de servicios médicos SIMECO no habrían sido impugnados en la determinación de oficio “… razón por la cual ya se encontraría considerado el gasto de medicina prepaga ´SIMECO´ cuya deducción es solicitada por la actora… Por lo tanto en éste aspecto ha resultado arbitrario lo resuelto por el Tribunal, ya que, como fuera expresado supra, ya fue deducido dicho gasto por la recurrente, no siendo procedente su nueva deducción. Por ende tampoco resulta procedente la imposición de costas al Fisco por tal motivo” (corresponde a la expresión de agravios ante esta Alzada, fs. 106).
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I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VIII. Que expuesto lo que antecede, estos juzgadores tienen para sí que el agravio no es procedente. Veamos.
Es certero que la Resolución N° 135/17 (DVC RR1P)
no efectúa ninguna mención acerca de los gastos en concepto de servicio médico SIMECO; también lo es que el guarismo correspondiente a las “deducciones generales” –donde se encontraría inserto el mismo– se mantuvo inalterable desde la propia DDJJ original hasta la reliquidación aprobada por el TFN. Empero, no es menos cierto que el propio juez administrativo, al compulsar el listado de los gastos declarados por la encartada, consideró que no correspondía deducir los denominados “Sist. Médico CPCECF” (vide antec. adm., mismo cuerpo, fs. 163/174); incluso, este instrumento –que fuera expedido en el marco de la medida para mejor proveer ordenada en aquella instancia– fue el que arrojó el importe de las deducciones admitidas en la 4° categoría, adoptadas directamente en las liquidaciones practicadas en la vista y en la determinación de oficio. Con esta última digresión ponemos de resalto la importancia de dicho documento en el devenir de la causa.
Siendo ello así, resulta razonable que la actora planteara la cuestión conceptualmente al acudir al TFN, a pesar de que cuantitativamente el gasto no habría sido impugnado.
A partir de todo este racconto de sucesos, se comprende la razón por la cual el TFN se pronunció expresamente acerca de la deducibilidad del gasto de servicio medico SIMECO, a pesar de que luego de ello aprobara la reliquidación en la cual el fisco mantuvo encolumne el valor de las “deducciones generales” en $5.366,78. A este último valor, pues, ha de estarse.
Como conclusión de esta primera parcela, corresponde confirmar el criterio asumido por el a quo al respecto.
IX. Que en segundo término, en lo concerniente al gasto generado por la suscripción a la revista Rubinzal y Culzoni, como se dijera anteriormente, el a quo admitió su deducción “… atento tratarse de una editorial especializada, de lo cual se podría inferir que la recurrente –contadora publica de profesión– debió adquirir las publicaciones para el desarrollo de su actividad”.
Al respecto, expresa la representación fiscal que de la compulsa de la documentación presentada se determinó que el gasto no cumple con la condición de ser una erogación necesaria para mantener y conservar la ganancia gravada, por no observar la relación de causalidad que debe existir entre los gastos y la renta gravada. Vale destacar que la documentación a la que hace referencia correspondería al listado de gastos al que se hizo referencia en el considerando anterior.
El gasto en cuestión asciende a $815.
X. Que es sabido que en nuestro régimen de imposición a la renta los gastos necesarios incurridos para su obtención, lo mismo que para mantener y conservar su fuente productora, por regla general se restan de la ganancia bruta; tal es el principio consagrado en el artículo 17 de la ley 20.628 (t.o. en 1997), actual artículo 23 (t.o. en 2019). A su vez, el propio ordenamiento contempla algunos supuestos específicamente admitidos (arts. 81, 82, 83, 85, 86 y 87) y otros no admitidos (art. 88, todos del t.o. en 1997). La regulación responde a axiomas constitucionales que rigen en la materia, particularmente en orden al principio de capacidad contributiva.
Ahora bien, el gasto en trato no encuadra en ninguno de los supuestos expresamente admitidos, ni en los no admitidos, razón por la cual debe examinárselo en base a la regla general.
XI. Que bajo esta premisa, se estima que la decisión adoptada por el a quo en este particular aspecto luce ajustada a derecho, merecedora por tanto de confirmación en esta instancia.
En efecto, ninguna explicación atendible ofreció el organismo recaudador para concluir que la suscripción a la revista especializada no respondiera a la regla antedicha.
En este sendero, si tomamos debida lectura del desarrollo expositivo efectuado por el a quo para fundar su decisorio, con invocación de calificada doctrina y jurisprudencia (ver Considerando VI CAF 58281/2019/CA1; ROSEN, MONICA GRACIELA (TF 48278-
I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de su sentencia), no puede sino concluirse que las argumentaciones propuestas por la demandada no lo resienten.
XII. Que siguiendo el orden prefijado en el Considerando VI, cabe a continuación considerar el aspecto sancionatorio del planteo.
Originariamente el fisco nacional había aplicado a la Sra. Rosen una multa graduada en tres veces el impuesto evadido, con sustento en los artículos 46 y 47 inciso d) de la ley 11.683. El TFN, a su turno, la recalificó en los términos del artículo 45 de la misma, fijándola en el mínimo legal.
En su expresión de agravios el fisco nacional, luego de efectuar una exposición acerca del sentido y alcance del obrar doloso – con acompañamiento de jurisprudencia–, puso de resalto el hecho de que la contribuyente dedujo improcedentemente gastos totalmente ajenos a su actividad de contadora pública. Recordemos que, entre otros, dedujo los gastos correspondientes a la suscripción al Club La Nación, al abono del servicio de Direct TV, los pagos de la tarjeta de crédito, la adquisición de diarios y revistas, restaurantes, la adquisición de GPS Garmín y la reparación de zapatos (ver fs. 9).
Califica de arbitraria a la sentencia apelada al afirmar que el juez administrativo no había descripto el razonamiento necesario para considerar que se encontraba acreditado el soporte factico de la presunción de defraudación empleada.
XIII. Que de la detenida lectura de los elementos reunidos en este cuadro, a la luz del ordenamiento positivo aplicable, se arriba al resultado de que la conducta de la contribuyente fue correctamente evaluada y la pena razonablemente fijada por el fisco nacional.
Frente a ello, la afirmación sostenida por el a quo en referencia al razonamiento que la presunción legal encierra en sí y frente a los hechos concretos reunidos en la causa, no resulta idónea para desechar su aplicación; dan cuenta de ello los conceptos y cuantías de los gastos impugnados y confirmados en autos.
Por lo demás, en cuanto al argumento arrimado por la actora en su recurso de fs. 18/31 vta. –no recogido por el a quo atento al modo en que resolvió–, en el sentido de que la presunción del articulo 47 no sería de aplicación en la especie por no revestir ella el carácter de comerciante, cabe recordar que el precepto, además de referirse a los libros de contabilidad y registraciones, alude a los “documentos de comprobación suficiente”, lo cual guarda concordancia con la regla contenida en el artículo 33 del mismo cuerpo normativo, que establece que “… todas las personas o entidades que desarrollen algún tipo de actividad retribuida, que no sea en relación de dependencia, deberán llevar registraciones con los comprobantes que las respalden…” (cuarto párrafo).
Por todo lo aquí evaluado, corresponde dejar sin efecto el criterio impreso por el a quo y mantener la multa impuesta por la AFIP.
XIV. Que, por último, resta decidir acerca del modo en que habrán de ser impuestas las costas, aspecto sobre el cual la demandada expresa agravios.
Previo a ello, cabe destacar que las costas correspondientes al rechazo de la nulidad articulada por la actora – resolutivo N° 1 de la sentencia apelada– no forman parte de este pronunciamiento, por cuanto ningún agravio se ha presentado al respecto. Ello aclarado, por la confirmación de la sentencia del TFN –aspecto tributario (Considerandos VIII y XI)–, las costas de Alzada se imponen al fisco nacional (cf. CPCCN, art. 68 primer párrafo) y las de la instancia anterior en relación a sus respectivos vencimientos. De su lado, por la revocación de la sentencia del TFN –aspecto sancionatorio (Considerando XIII)–, las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora (CPCCN, art. 68 primer párrafo).
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I. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En mérito de lo expuesto SE RESUELVE: 1º)
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en punto a las deducciones practicadas en el impuesto a las ganancias en concepto de gastos médicos –SIMECO– y suscripción de la editorial Rubinzal y Culzoni y, en consecuencia, confirmar el resolutivo Nº 2 de la sentencia apelada. 2º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada en punto a la sanción impuesta y, en consecuencia, dejar sin efecto el resolutivo Nº 3º de la sentencia apelada. 3º) Imponer las costas de acuerdo con lo descripto en el Considerando XIV de la presente. 4º) Instruir al Tribunal Fiscal de la Nación para que adopte las medidas del caso a fin de practicar la reliquidación de la multa (cf. ley 11.683, art. 187).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia