Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-123190
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser modificada POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE
SI - 123190 - ROSLAN MARIA PAULA C/ JANO¥S GROUP S.R.L. S/ RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES
Expte: SI-123190 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N∞4 Dptal. M-GR Juicio: ROSLAN MARIA PAULA C/ JANO¥S GROUP S.R.L. S/ RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac. 3971 de la Excma. SCBA) se re˙nen en Acuerdo telem·tico continuo los seÒores Jueces de la Sala I de la C·mara de ApelaciÛn en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y GABRIELA ANDREA ROSSELLO, (designada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial nro. 1709 del 29/07/25 y Ac. extraordinario de esta C·mara del 19/09/25), con la intervenciÛn del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. N∫ SI- 123190 , en los autos: “ROSLAN MARIA PAULA C/ JANO¥S GROUP S.R.L. S/ RESOLUCION DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”.
La C·mara resolviÛ votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la ConstituciÛn Provincial y 266 del C.P.C.C..
1™) øEs justa la sentencia apelada?
2™) øQuÈ pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votaciÛn: Dres. Gabriela Andrea Rossello y Emilio Armando IbarlucÌa
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,
la seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello dijo:
I. La sentencia que hace lugar a la demanda iniciada por MarÌa Paula Roslan contra Janos Group S.R.L. y la condena a pagar $646.000 m·s intereses y costas, es apelada por la actora.
II. En lo que interesa destacar a los fines del recurso a tratar, el 30 de mayo de 2021, MarÌa Paula Roslan interpuso demanda contra Janos Group S.R.L. por resoluciÛn de contrato y reintegro del dinero abonado.
Expuso que suscribiÛ un contrato de locaciÛn de servicios con la accionada a fin de realizar su fiesta de cumpleaÒos n˙mero 50, la que se llevarÌa a cabo el 18 de abril de 2020, y que pagÛ el total del precio pactado de $496.000. Debido a las restricciones por la pandemia, la fiesta quedÛ suspendida y asÌ seguÌa al momento de articular la acciÛn.
Adujo que la accionada no le quiso devolver el dinero abonado, que primero el reclamo quedÛ sujeto a lo que sucederÌa en el futuro con el ofrecimiento de la reprogramaciÛn del evento. ExpresÛ que no aceptÛ tal reprogramaciÛn por ser indefinida y que no se sabÌa cuando se retornarÌa a la normalidad, a la vez seÒalÛ que se trataba de un cumpleaÒos por lo que su postergaciÛn en el tiempo dejaba de tener sentido.
AfirmÛ que, posteriormente, la empresa accionada le propuso el reintegro de una porciÛn Ìnfima del dinero desembolsado y que luego le ofreciÛ abonar el 70% en cuotas. Al no lograr consensuar con la demandada, el 12 de marzo de 2021, la intimÛ mediante carta documento a reintegrar el dinero, misiva que -seg˙n afirmÛ- fue respondida con evasivas.
ReclamÛ la suma de $496.000 y por daÒo moral $250.000.
A su vez, solicitÛ daÒo punitivo. ExplicÛ que:
“...los daÒos punitivos persiguen tambiÈn un fin disuasorio, tratando de eliminar los beneficios injustamente obtenidos a travÈs de la actividad dañosa…Es ello así, pues el artículo 52 bis de la ley 24.240 resulta ser un reproche subjetivo del cual puede liberarse al incumplidor cuando no ha existido una conducta antisocial o desaprensiva con relaciÛn al consumidor o usuario…Las notas distintivas de la indemnización pecuniaria disuasiva prevista en el referido artÌculo 52 bis de la ley 24.240, son -entre otras- las siguientes: a) la existencia de culpa agravada (culpa grave o dolo, negligencia grosera, actitud temeraria) y de un daÒo grave (por su trascendencia social, repercusiÛn institucional, su gravedad y/o desinterÈs del proveedor de las consecuencias daÒosas de su conducta, una apoyatura de ejemplaridad); b) se aplica en el ·mbito de una relaciÛn de consumo; c) el legitimado pasivo es el proveedor de bienes o servicios; d) siendo que rige en casos de gravedad, es de interpretaciÛn restrictiva; e) su monto se graduar· en funciÛn de la gravedad del hecho y dem·s circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan…”.
EntendiÛ que en el caso se verificaban en forma muy clara la concurrencia de esos supuestos; dijo: “... existe una actitud temeraria por parte de la demandada y un marcado desinterÈs de parte de aquÈlla en las consecuencias daÒosas que su conducta propaga en mi persona; y la gravedad del caso radica en la indebida retenciÛn por parte de la contraria del dinero que se le abonara, resultando pues su obrar antijurÌdico y con claro accionar doloso, en pos de aumentar su patrimonio sin justa causa.” CuantificÛ su reclamo en $427.264.
Por otra parte, peticionÛ la actualizaciÛn de los montos reclamados dejando planteada la inconstitucionalidad de la prohibiciÛn de indexar. AdvirtiÛ que las tasas bancarias eran “negativas” (menores al nivel de inflación). Resaltó: “...lo único que persigo es lograr una reparación justa e integral.”
TambiÈn solicitÛ que se aplicara la tasa activa para evitar recibir una cantidad nominal depreciada.
II.2. Se declarÛ la rebeldÌa de la empresa demandada.
II.3. Producida la prueba, el magistrado de grado dictÛ la sentencia que viene apelada que condenÛ a la accionada a restituir $496.000 fijando la fecha de mora el 12 de marzo de 2021. Asimismo, otorgÛ $150.000 por daÒo moral.
Por lo dem·s, desestimÛ el daÒo punitivo.
ExpresÛ que m·s all· de los incumplimientos contractuales, no advertÌa configuradas en la especie graves inconductas por parte de la emplazada o alg˙n hecho particularmente grave o reprochable que debiera ser sancionado. Expuso que no quedÛ probado que la causa que dio origen a estos actuados se hubiera reiterado en otros casos, fuera de extrema gravedad, que el demandado hubiera obtenido un beneficio lucrativo o que se hubiera dirigido con desprecio hacia la dignidad de la actora en los tÈrminos del art. 8 bis de la ley 24.240. SeÒalÛ que frente a la pandemia, la accionada pretendiÛ convenir con la actora una nueva fecha de celebraciÛn del evento y que si bien no dio satisfacciÛn al reclamo de la consumidora tampoco opuso defensas u objeciones sino que guardÛ silencio, lo que no constituÌa -a su modo de ver- una actitud extremadamente negligente, dolosa, reiterada o lucrativa.
AÒadiÛ que la multa civil tenÌa car·cter excepcional y estaba reservada para casos de particular gravedad, no siendo suficiente el mero incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales con el consumidor, sino una particular subjetividad, representada por serias transgresiones o grave indiferencia respecto de los derechos ajenos.
Con relaciÛn a los intereses dispuso que debÌan calcularse desde la fecha de mora, la que fijÛ el 12 de marzo de 2021, y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva m·s alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depÛsitos a 30 dÌas, conforme la doctrina del m·ximo Tribunal Provincial.
Por lo que condenÛ a la demandada a pagar $646.000 con m·s los intereses antes especificados y costas. Impuso las costas a la accionada en su car·cter de vencida.
III. Se alza la accionante contra dicho pronunciamiento.
En primer lugar, se agravia porque en la sentencia no se tuvo en cuenta la depreciaciÛn monetaria y se condenÛ a pagar una suma histÛrica con una tasa de interÈs insuficiente. Pide la aplicación del precedente “Barrios” de la Suprema Corte provincial. Dice: “...de permitir que la actualización se lleve a cabo simplemente con una tasa de interÈs como la establecida en la sentencia recurrida, lo ˙nico que obtendremos es un beneficio para la parte demandada…”.
Efect˙a distintos c·lculos y se explaya con respecto a la causa “Barrios”.
En segundo lugar, se agravia porque no se admitiÛ el daÒo punitivo solicitado. Asevera que sufrió “destrato”, que el comportamiento de la accionada fue malicioso, que la empresa est· en posiciÛn ventajosa o dominante, que quedÛ demostrado su desinterÈs al no presentarse a estar a derecho.
Por ˙ltimo, considera exiguo el monto fijado por daÒo moral. Hace referencia a que alquilÛ el salÛn para su cumpleaÒos de 50, que por la pandemia no se pudo realizar el festejo y que su desilusiÛn se fue agravando cuando no le devolvieron el dinero abonado debiendo soportar los maltratos de la empresa. Considera que deberÌa fijarse como daÒo moral $600.000.
IV. Pasando a contestar los agravios, se aclara que no se lo har· en el orden en que fueron vertidos. Lo primero que se analizar· es lo relativo al daÒo punitivo. Al respecto es preciso seÒalar que la misma reclamante en su escrito de inicio precisÛ los alcances de este instituto como excepcional y como respuesta a una grave inconducta del proveedor que causa un daÒo de gran trascendencia.
El juez de grado tambiÈn tratÛ a esta multa como excepcional, para los casos que detallÛ, conforme se expuso m·s arriba.
El criterio coincide con la opiniÛn que viene sustentando esta Sala en las causas 120.740 (v. sent. de 10-8-2023 y sent. de 7-3-2024), a travÈs de los votos del Dr. IbarlucÌa que efectuÛ un an·lisis detallado del tema, consideraciones que comparto y a las que, por razones de brevedad, me remito.
En la especie, el juez de grado explicÛ suficientemente el rechazo de la multa civil, pues no encontrÛ configurada una conducta por parte de la accionada que diera lugar a su aplicaciÛn.
En la expresiÛn de agravios, la actora solamente expresÛ su disconformidad con tal valoraciÛn insistiendo en una actitud maliciosa de la empresa demandada, pero sin lograr rebatir los argumentos dados por el sentenciante de origen que se consideran adecuados al caso; es decir, no se advierte ni surge de las constancias de autos que se den las circunstancias que viabilicen imponer daÒos punitivos, m·s en una situaciÛn tan excepcional como fue la pandemia (art. 384, CPCC; 52 bis, ley 24.240, LDC). En consecuencia, no debe estimarse esta parcela del recurso.
Con relaciÛn al daÒo moral, el magistrado de grado lo fijÛ en $150.000. Debido a la tasa de interÈs que ordenÛ aplicar, se advierte que se trata de una suma fijada a valores a la fecha de mora -12 de marzo de 2021-. En esas condiciones, el monto otorgado parece adecuado a las particularidades de este caso (art. 1741, CCC). Por ello, tampoco cabe hacer lugar a este agravio. Despejado lo anterior, en autos se ordenÛ la devoluciÛn de una suma de dinero y se cuantificÛ el daÒo moral, resultando un total de $646.000, valores al 12 de marzo de 2021. Pasando entonces a considerar la impugnaciÛn relativa al monto de condena, se advierte que desde el escrito de inicio, la actora solicitÛ la aplicaciÛn de alguna alternativa que le procurara una reparaciÛn justa y plena. Tanto en su demanda como en sus agravios hizo referencia a la actualizaciÛn del capital como a las bajas tasas de interÈs, menores a la inflaciÛn.
Sobre el tema, cabe recordar algunos pasajes de la causa “Barrios”. Allí se expone claramente: “El núcleo del problema est· centrado en la interdicciÛn legal de la actualizaciÛn, reajuste o indexaciÛn de las obligaciones dinerarias expresadas en moneda de curso legal (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto seg˙n ley 25.561). La interpretaciÛn judicial vigente preconiza agregar al capital histÛrico un interÈs moratorio a la tasa pasiva digital m·s alta del Banco Provincia. Este mecanismo se completa con la inadmisiÛn de toda alternativa de repotenciaciÛn, incluyendo el tramo dinerario de las deudas de valor”.
En la citada causa, se hace una reseÒa de los criterios que fue adoptando el m·s alto Tribunal provincial respecto de las tasas de interÈs; luego, se referencian otros mecanismos que se apartan del capital histÛrico, como en los seguros y en las deudas de valor.
M·s adelante se concluye, por medio de c·lculos, que las distintas tasas de interÈs moratorias (inc. c art. 768, CCC) aplicadas al capital nominal resultan insuficientes en comparaciÛn con la actualizaciÛn del capital mediante Ìndices m·s la aplicación de un interés puro. De ahí que se expresa: “En este estado de cosas, la doctrina legal del Tribunal ha devenido inadecuada en cuanto mantiene como ˙nica respuesta el reconocimiento de los intereses calculados a la tasa pasiva sobre el capital de origen. Debe ser revisada, juntamente con la revisiÛn de la aplicabilidad a ultranza de la regla del nominalismo. El bloqueo que surge del art. 7 de la ley 23.928, reformado por la ley 25.561, hace mella en el equilibrio de las prestaciones y conduce a la merma de su virtualidad regulatoria, asÌ como a su ineficacia para orientar las expectativas de los agentes econÛmicos. En tales circunstancias, el criterio vigente entra en crisis.” Parece necesario destacar que en dicho precedente también se advierte que “…la aplicación automática de Ìndices o instrumentos de indexaciÛn en general, en algunas circunstancias y en relaciÛn con ciertos crÈditos, puede conducir a una sobreestimaciÛn del capital y, de ese modo, arrojar resultados excesivos, apartados del valor actual de la prestaciÛn debida y, por tanto, superiores a la cuantÌa del daÒo (arg. arts. 28 Const. nac.; 9, 10, 772, 961, 1.091, 1.716, 1.738, 1.747, 1.794 y concs., CÛd. Civ. y Com.). Si cuando el Ûrgano jurisdiccional escoge una tasa de interÈs o una forma de capitalizaciÛn que arroja resultados exagerados, sin correspondencia alguna con la realidad econÛmica, su pronunciamiento debe ser descalificado (CSJN, Fallos: 315:2558; 316:1972; 319:351; 323:2562; 326:2569 y m·s recientemente in re CNT 23403/2016/RH1, "Oliva, Fabio Omar c/ COMA S.A. S/ despido", sent. de fecha 29-II- 2024). Del mismo modo cuando aplicare un Ìndice de actualizaciÛn que prescinda de esa realidad y derive en montos desmedidos o ajenos al valor real de lo adeudado, la respectiva decisiÛn deber· ser corregida para evitar que, so pretexto de una recomposiciÛn, se consolide una grave o arbitraria desproporción.”
Luego, el m·ximo Tribunal provincial da las siguientes directivas: “.. es preciso que el órgano jurisdiccional adopte el curso de acciÛn m·s consistente con los intereses implicados; ello, seg˙n las siguientes directrices:... De no ser posible la soluciÛn del entuerto mediante la aplicaciÛn de normas an·logas o instrumentos alternativos de preservaciÛn del valor del capital, el acogimiento de la peticiÛn o del agravio respectivo ha de completarse con la declaraciÛn de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del art. 7 de la ley 23.928, seg˙n ley 25.561, a fin de posibilitar la actualizaciÛn monetaria, indexaciÛn o repotenciaciÛn del crÈdito dinerario. La descalificaciÛn es procedente en la medida en que el mantenimiento del criterio anterior con eje en la regla prohibitiva del art. 7 tantas veces aludido, en su cotejo con una alternativa plausible de conservaciÛn del capital con arreglo a Ìndices u otro mÈtodo de actualizaciÛn equivalente, trat·ndose de una deuda dineraria, fuere generadora de un menoscabo a los derechos tutelados por el ordenamiento jurÌdico; llevare a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantÌa de efectividad de la defensa en juicio (arts. 1, 17, 18, 33 y concs., Const. nac.; 1, y 15 Const. prov.).
A esos fines, la magnitud de las diferencias indicadas anteriormente a lo largo del apartado V.9., muestran la existencia de una merma o diferencia objetiva pero no fija un cartabÛn com˙n o uniforme a seguir necesariamente en todos los casos.“ Contin˙a diciendo: “...han de observarse de manera prevalente los siguientes principios y condicionamientos: i] la interdicciÛn del enriquecimiento sin causa; ii] la interdicciÛn de conductas que importen un abuso del derecho; iii] la buena fe; iv] la equidad; v] la equivalencia de las prestaciones; vi] la morigeraciÛn de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualizaciÛn, variaciones de precios o costos, indexaciÛn o repotenciaciÛn, cuando sobrepasen el valor actual del daÒo o de la prestaciÛn debida y, si correspondiere, vii] en su caso, el esfuerzo compartido (arts. 17, 28 y concs.
Const. nac; 1, 9, 10, arg. arts. 332, 729, 772, 88 inc. "b", 961, 965, 1.061, 1.091, 1.716, 1.732, 1.738, 1.747, 1.794 y concs., CÛd. Civil. Y Com.; Fallos: 323:1744; 325:2875; 330:801, y Fallos 330:855, 5345; 334:698, entre muchos). En el plano adjetivo, la decisiÛn relativa al ajuste del crÈdito ha de observar el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC).” Ahora bien, recientemente, con posterioridad al precedente al que se viene haciendo referencia, el Banco Central de la Rep˙blica Argentina reglamentÛ el inc. c del art. 768 del CÛdigo Civil y Comercial que, cabe recordar, indica que a falta de convenio de partes o intereses legales, los intereses moratorios se fijan “...c) en subsidio, por tasas que se fijen seg˙n las reglamentaciones del Banco Central.”
AsÌ es que el Banco Central actualmente difunde la “Tasa de Intereses Moratorios”, o tasa “TIM”.
Parece importante destacar algunos considerandos de dicha resoluciÛn (https://www.bcra.gob.ar/archivos/pdfs/noticias/Resolucion-directorio-TIM.pdf): “Que existen numerosos litigios pendientes en todo el país en los que se discute cu·l es el mecanismo adecuado para calcular los intereses moratorios. Que asociaciones y c·maras han solicitado al Banco Central de la Rep˙blica Argentina (bcra) que emita una reglamentaciÛn de conformidad con el artÌculo 768 del CÛdigo Civil y Comercial para otorgar mayor previsibilidad tanto al acreedor como al deudor. Que la Corte Suprema de Justicia de la NaciÛn ha dictado recientemente fallos en los que abordÛ estas cuestiones y dejÛ sin efecto sentencias de tribunales inferiores por considerar que se apartaban del rÈgimen jurídico aplicable (ver, e.g., csjn, “Oliva, Fabio Omar c/ coma sa s/ despido” del 29/02/24; csjn, “Fontaine, Juan Eduardo c/ Provincia art sa s/ accidente – ley especial” del 16/05/24; csjn, “Lacuadra, Jonatan Daniel c/ directv Argentina sa y otros s/ despido” del 13/08/24).” En dichos considerandos tambiÈn se informa acerca de los componentes para calcular la tasa“TIM”.
Luego, se reconoce que: “Que durante las ˙ltimas dÈcadas, la economÌa argentina atravesÛ diferentes contextos macroeconÛmicos, con mucha volatilidad en las tasas de interÈs y, generalmente, alta inflaciÛn. Durante la mayor parte de esas dÈcadas existieron controles de capitales que limitaron las alternativas de inversiÛn para individuos y empresas. Como consecuencia de todo ello, en algunos perÌodos las tasas de interÈs reales (tanto activas como pasivas) fueron sustancialmente negativas. En otros, esas tasas reales fueron significativamente positivas. Que, por ejemplo, en la ˙ltima dÈcada, como consecuencia de largos perÌodos con tasa de interÈs de depÛsitos negativas en tÈrminos reales, los montos resultantes de ajustar valores seg˙n el Comunicado 14290 fueron sustancialmente inferiores a los que surgen de actualizar esos mismos valores con base en la inflaciÛn correspondiente. En el mismo perÌodo, las tasas de interÈs aplicadas sobre los prÈstamos en pesos tambiÈn se ubicaron, en repetidas oportunidades, en valores reales negativos. En el mercado financiero local no hubo pr·cticamente opciones disponibles que permitieran mantener el valor de los activos en términos reales.” Se explica a continuación: “Que, en cambio, en la dÈcada del noventa y en 2025, la Tasa de Plazo Fijo y la Tasa Activa fueron relativamente altas en tÈrminos reales. Determinar intereses moratorios con base en esas tasas podrÌa llevar a resultados irrazonables que pongan en peligro la capacidad de pago de los deudores y provoquen riesgos sistÈmicos. Que, dado lo expuesto, la aplicaciÛn directa y sin lÌmite alguno de tasas activas, pasivas o mixtas para calcular intereses moratorios puede arrojar resultados irrazonables y producir consecuencias disruptivas y disvaliosas. Que, por ello, se considera adecuado establecer mecanismos para evitar distorsiones resultantes de aplicar tasas que generen rendimientos reales muy negativos o muy positivos. El objetivo es asegurar que los acreedores no sufran grandes pÈrdidas (en moneda constante) en perÌodos con tasas reales de interÈs negativas y, al mismo tiempo, evitar que desequilibrios transitorios (que provoquen altas tasas reales de interÈs) tornen irrazonable y desproporcionado el pago de obligaciones por parte de los deudores.”
Para decirlo de una manera muy sencilla, en función de lo dispuesto en el fallo “Barrios” una vez cuantificada la obligaciÛn en dinero -como sucede en el caso con la suma fijada a valores de la fecha de mora-, podrÌa resultar viable actualizar el capital con Ìndices, lo que llevarÌa a la declaraciÛn de inconstitucionalidad de la ley 23.928 ratificada por la ley 25.561 y a ese capital actualizado deberÌan adicionarse intereses moratorios a una tasa pura.
Sin embargo, como se expuso antes, en ese precedente se da toda una serie de indicaciones y prevenciones, especialmente, respecto a la distorsiÛn que puede generar la aplicaciÛn de Ìndices.
La otra alternativa para mantener el valor de la deuda es la aplicaciÛn de tasas de interÈs adecuadas. Ello asÌ ha sido analizado por el Banco Central en la resoluciÛn citada que, como se dijo antes, se dictó con posterioridad al precedente “Barrios” y reglamentÛ el CÛdigo Civil y Comercial en lo referido a los intereses moratorios.
En estas condiciones, teniendo en cuenta los lineamientos y directrices dadas por la Suprema Corte provincial, también lo dispuesto por la ley 24.283 (llamada “ley de desindexación”) y la resoluciÛn del Banco Central, parece razonable y equitativo, resolver que a la suma de capital fijada en la sentencia, se adicionen los intereses a la tasa “TIM” dando así respuesta al agravio (https://www.bcra.gob.ar/calculadora-de-tasa-de-intereses-moratorios-tim/), Solo para poner en n˙meros lo que se viene diciendo y comprobar la razonabilidad de la soluciÛn, se seÒala que desde la fecha de mora fijada en la sentencia y no cuestionada, hasta el dÌa de hoy, el capital m·s los intereses a la tasa TIM resulta en: $17.896.212,68.
Por lo que si mi voto es compartido, corresponde rechazar los agravios relativos a los daÒos punitivos y al daÒo moral; confirmar el monto de capital de condena en $646.000; modificar la tasa de interÈs fijada y, en consecuencia, a la suma de capital antes indicada deber·n adicionarse los intereses a la tasa TIM (https://www.bcra.gob.ar/calculadora-de-tasa-de-intereses-moratoriostim/) desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago.
Con costas a la demandada, quien sustancialmente reviste la calidad de vencida (art. 68, CPCC). Con las modificaciones propuestas, VOTO POR LA AFIRMATIVA El seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,
la seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello dijo:
Visto el acuerdo logrado al votarse la cuestiÛn anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es el de:
1. Confirmar el monto de capital de condena en $646.000;
2. Modificar la tasa de interÈs fijada y, en consecuencia, a la suma de capital antes indicada deber·n adicionarse los intereses a la tasa TIM (https://www.bcra.gob.ar/calculadora-detasa-de-intereses-moratorios-tim/) desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago.
3. Imponer las costas a la demandada, quien sustancialmente reviste la calidad de vencida (art. 68, CPCC).
ASI LO VOTO.
El seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dict·ndose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser modificada POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE
1. Confirmar el monto de capital de condena en $646.000;
2. Modificar la tasa de interÈs fijada y, en consecuencia, a la suma de capital antes indicada deber·n adicionarse los intereses a la tasa TIM (https://www.bcra.gob.ar/calculadora-detasa-de-intereses-moratorios-tim/) desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago.
3. Imponer las costas a la demandada, quien sustancialmente reviste la calidad de vencida (art. 68, CPCC). NOTIFIQUESE por medios electrÛnicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-
).Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia