Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 39.848-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 229/2018 (AD DGEH), dictada en las actuaciones administrativas N° 15624- 16-2014, en cuanto condenó a ADRIAN MARTÍN ROSSI, PAOLO MARTÍN ROSSI, MARIANO GASTÓN ROSSI, PAOLA DE LAS MERCEDES GOMEZ Y PABLO GUILLERMO VALINOTTI, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 986 del Código Aduanero y al pago de la multa de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 89/100 ($ 13.459.941,89) y al comiso de la mercadería involucrada, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-15834343-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 12 de Febrero de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dr. Héctor Hugo Juárez y Dra. Claudia B. Sarquis -Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación- con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ROSSI, ADRIAN ALBERTO Y OTROS s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 39.848-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 91/105, se presentan por apoderados, los Sres. Adrián Alberto ROSSI, Pablo Guillermo VALINOTTI y Mariano Gastón ROSSI y, por otro lado se presentan el Sr. Paolo Martín ROSSI y la Sra. Paola de las Mercedes GÓMEZ, por derecho propio con el patrocinio letrado del Dr. Leopoldo Luis Sebben e interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 229/2018 (AD GDEH), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 15624-16-2014 el día 21/11/2018, en la que se los condenó por la comisión de la infracción tipificada, prevista y penada en los términos de los arts. 986 y 987 del C.A., al pago de la multa de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 89/100 ($ 13.459.941,89). Decretó el comiso de la mercadería involucrada en las actuaciones e intimó al pago de dicha multa en los términos por el plazo de quince (15) días, con más los intereses previstos en el art. 924 del C.A. Como cuestión previa plantean una serie de irregularidades que se habrían cometido durante los allanamientos en particular que consideran que se produjo la ruptura de la cadena de custodia de la mercadería secuestrada y en consecuencia la imposibilidad de ser usada como prueba de cargo.
Respecto de este punto describen que los allanamientos se llevaron a cabo los días 20 y 21 de noviembre de 2013, en los domicilios de los actores, donde se procedió al secuestro y posterior remisión, de la mercadería objeto de autos, al depósito de TASA LOGÍSTICA S.A., sito en la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe.
Agregan que la mercadería se encontraba sobre 28 pallets acopiada en cajas sueltas, sin precintar, faja suscripta por los funcionarios y testigos intervinientes en el allanamiento, lo que alegan impidió constatar la identidad e integridad de los elementos secuestrados, en debida forma, lo cual surge de las actas de este procedimiento. Refiere a las previsiones del art. 233 del C.A. y cita jurisprudencia a este respecto.
En relación a la imputación de tenencia de mercadería de origen extranjero para fines comerciales o industriales, previstas en los arts. 986 y 987 del C.A., niegan la comisión del ilícito imputado, por cuanto afirman que los actores nunca tuvieron en su poder mercadería de origen extranjero.
Reconocen que los procedimientos producidos en los domicilios de los apelantes, ubicados en la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, así como la requisa del medio de transporte EFD 416 que realizara Gendarmería Nacional en la sede de esta fuerza sita en Intendente Nonino s/n de la localidad de Santa Catalina de Holmberg, dio como resultado que personal de la AFIP procediera al secuestro de diversos materiales de óptica consistentes en armazones de anteojos de sol y recetados, sin embargo insisten, en su presentación, que estos objetos no eran de origen extranjero sino nacional.
Invocan que, en las actas labradas en ese trámite, se indica que se procedió a secuestrar mercadería pero que nunca se consignó su origen. Suman en su presentación, que de un informe que obra a fs. 37/41 del expediente administrativo llevado a cabo con posterioridad de forma unilateral por el servicio aduanero sin su participación, se determinó que estos tenían en su poder mercadería de origen extranjero, y que fueron citados, con posterioridad a este informe, a hacerse presentes en el depósito de TASA LOGÍSTICA a fin de la verificar la mercadería, lo que aconteció el día 20/10/2014, oportunidad en que advirtieron las serias deficiencias en la cadena de custodia de la mercadería secuestradas, las cuales son la base del fundamento del pedido de nulidad de las actuaciones administrativas.
Aluden a las previsiones de la Ley 22.802, de Lealtad Comercial, subrayando que la misma en ninguno de sus artículos autoriza a presumir que la mercadería que no tenga consignado el origen, deba ser considerada automáticamente de origen extranjero.
Que al ser intimados por la DGA, a fin de acreditar la legítima adquisición y justificar la legal tenencia de la mercadería secuestrada, en virtud del escaso tiempo concedido a los mismos, presentaron un escrito ante el organismo de contralor indicando que en los allanamientos producidos en forma conjunta por personal de la AFIP y de la DGA, además de que los agentes secuestraron la mercadería en trato, hicieron lo propio con las facturas y demás documentación que remarcan acreditarían la legítima tenencia y adquisición de los objetos decomisados el día 20/11/2013 en la calle Fray Donatti N° 346 de la ciudad de Río Cuarto y en los otros domicilios individualizados conforme las actas que lucen agregadas en el sumario aduanero.
Señalan que dichas facturas, se encuentran en poder de la AFIP-DGI de Río Cuarto, la que estuvo a cargo del allanamiento ordenado por el Juzgado Federal esa ciudad, en el marco del expediente FCB 30581/2013. Agregan que para corroborar la existencia de las facturas de compra de mercaderías y su asiento en los libros I.V.A., adjuntaron, en sede aduanera al presentar su descargo, los libros IVA compras del Sr. Mariano Gastón ROSSI y de la Sra. Paola de Las Mercedes GÓMEZ Finalmente, solicitan la desvinculación y sobreseimiento del Sr. Paolo Martín ROSSI, por cuanto el mismo se encontraba en el momento de los allanamientos, debido a su carácter de hijo de Adrián Alberto ROSSI y hermano de Mariano Gastón ROSSI. Ofrecen prueba. Reservan caso federal y peticionan que oportunamente se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, con costas II.- Que a fs. 126/134 se presenta el Fisco Nacional, por apoderado, contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y acompaña, en forma digital, las actuaciones administrativas 15624-16-2014, relativas a la presente causa.
Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso y realiza una breve reseña de los hechos.
Rechaza la nulidad impetrada por la parte actora, toda vez que sostiene que a los fines de su declaración es crucial demostrar el perjuicio concreto que le infirió el vicio que invoca. Fundamenta este criterio, entre otras razones en el principio que la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, no tiene existencia autónoma. Cita doctrina y jurisprudencia.
Adiciona las previsiones incorporadas en los arts. 1051 y 1006 del C.A. en las que se detalla que no se puede declarar una nulidad cuando el acto hubiere sido consentido, aunque fuere tácitamente por la parte interesada y que salvo una disposición especial, se entenderá que media este consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los 5 días subsiguientes al conocimiento del acto.
Invoca que este plazo es de carácter perentorio, es decir que su vencimiento opera de manera automática. Asimismo, sostiene que el procedimiento en sede aduanera no se vulneró el derecho de defensa ni el debido proceso subjetivo, en virtud que los apelantes, ante la notificación de la corrida de vista, tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Alude al criterio de la CSJN, que ha sostenido, en numerosos pronunciamientos, que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art. 18 de la C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. Cita jurisprudencia.
Consigna que los art. 986 y 987 del C.A. requieren, en primer término, de un tenedor de mercadería. El tenedor es quien tiene la disposición física de la cosa, reconoce que la posesión se encuentra en cabeza de otra persona, en un poseedor a nombre de otro.
Acusa que los actores, resultaron titulares de la encomienda y remitentes de la misma; que hubo ausencia de prueba en contrario y, que esta situación de tenedor de la mercadería por parte de la parte actora, en ningún momento fue negada por esta.
Suma, que el carácter objetivo de la figura infraccional determina la inversión de la carga de la prueba que se configura en cabeza de la recurrente que debía demostrar el legítimo ingreso aplaza dela mercadería, siendo válida únicamente la documentación aduanera habilitante de la respectiva legítima importación. Cita fallos. Remite a fallos del Tribunal Fiscal de la Nación, en los que con basamento en la que se describe en la Exposición de Motivos del Código Aduanero y además en la conducta punible en esta infracción, se estableció que la misma es de estrecha vinculación con el delito de contrabando por tanto debe ser severamente penada. Cita fallos a su respecto.
Finalmente, solicita que se rechace la aplicación de la Ley 27.260 y la condonación pretendida, por extemporánea. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Solicita, se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta, confirmando el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Con fecha 09/12/2025 mediante providencia glosada a fs. 139, se tuvo por contestado el traslado del recurso de apelación por parte del Fisco.
Con posterioridad, mediante providencia PV-2026-14801563-APN-VOCXV#TFN de fecha 10/02/2026, se elevan los autos a conocimiento de la Sala "E" y mediante IF-2026-14871144-APN-VOCXV#TFN, el mismo día se ponen los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas N° 15624-16-2014 se inician a fs. 1, con la Denuncia N° 24-2014/8, de fecha 21/11/2013, que consigna que en el domicilio de Pasaje Julián Aguirre N° 13/15 Río Cuarto, se secuestraron 57.649 lentes y en la calle Intendente Nonino s/n, localidad de Sta. Catalina de Holmberg, ambas de la Pcia. de Córdoba, donde se secuestraron la cantidad de 28.791 de lentes. A fs. 6/36, lucen Actas y órdenes de allanamiento y Planillas de Detalle de la mercadería secuestrada en Pasaje Julián Aguirre N° 13/15 y 12/14 y de la secuestrada en la calle Intendente Nonino s/n, sede de Gendarmería Nacional, donde se requisó el vehículo marca Volkswagen, modelo 17310, dominio EFD 416, como asimismo de la mercadería secuestrada en la calle Moreno N° 853, también de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, se incautaron libros comerciales, carpetas, cuadernos y documentación, detallada en 15 lotes y calle San Martín N° 137, Piso 6°, de la localidad supra citada de donde asimismo se secuestró una caja con documentación cerrada documental relacionada a la mercadería en trato cuya apertura se procedió a realizar en la calle Fray Donati N° 346 de la misma localidad de la Pcia de Córdoba detallándose en 29 lotes de objetos documentales encontrados.
A fs. 37/41, se agrega el informe N° 113/14 Sec “O” (AD GDEH), de verificación, clasificación y aforo de la mercadería involucrada. A fs. 43, se instruye el sumario aduanero, en los términos del art. 1090 del C.A. A fs. 44 y 45, consta la notificación a los actores, involucrados, a fin que se presenten en el depósito de TASA LOGÍSTICA S.A., en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. A fs. 47, obra agregada la resolución judicial que ordena el archivo de las actuaciones seguidas en esa sede y su comunicación al Jede de la Aduana de la División de Gral. Deheza a sus efectos. A fs. 64 obra contestación de la corrida de vista y ofrecimiento de prueba presentada por el letrado apoderado de la actora.
A fs. 137, se amplía la instrucción del sumario contra la Sra. Paola de la Mercedes Gómez y asimismo contra el Sr. Pablo Guillermo Valinotti. A fs. 150/173, se agrega acta de verificación, llevada a cabo en el domicilio de TASA LOGÍSTICA S.A. A fs. 181, luce incorporada la contestación a la corrida de vista presentada por el Dr. Leopoldo Sebben, en este caso en representación de estos últimos imputados, hoy también actores en estos actuados. A fs. 228/278, la representación de los actores en respuesta a una intimación cursada por el servicio aduanero, la contesta acompañando nueva documental al expediente administrativo consistente en los libros IVA compras de los actores, a fin de demostrar la compra de la mercadería objeto de autos.
A fs. 281/282, luce la Resolución 229//2018 (AD GDEH), dictada con fecha 21/11/2018. Y a fs. 284 y 286, cédula de notificación y aviso de recibo de carta documento notificando a la parte actora dicho fallo aduanero con fecha 11/12/2018 y 14/11/2018, respetivamente.
V. Narrado lo que antecede y sentadas las posturas de las partes en este litigio, corresponde a continuación analizar el fondo de la litis, es decir resolver si se ha configurado o no, en el caso sub examine, las infracciones previstas y penadas en los arts. 986 y 987 del C.A.
Que cabe precisar, en primer lugar, que el objeto del presente proceso es la revisión de la sanción aplicada por infracción a los arts. 986 y 987 del Código Aduanero, esto es, por tenencia de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la autoridad de contralor o sin la documentación que acredite su legítima introducción a plaza.
A poco que se analiza las constancias administrativas y de la sola lectura de las actas de allanamiento e incautación de las mercaderías en juego (material óptico), surge de modo manifiesto que las cantidades secuestradas, exceden claramente la lógica de un uso personal o doméstico.
Conforme resulta de estas piezas procesales labradas y en las Planillas de Detalle de Mercadería, se constató que en el Acta de Allanamiento del domicilio de Pasaje Julián Aguirre N° 13/15, se secuestraron 57.649 lentes; y en el domicilio de Intendente Nonino S/N, la cantidad de 28.791 lentes, comprobándose que en los mismos se transportaba la mercadería extranjera, señalada en el párrafo precedente.
Que se encuentra en cabeza del importador y/o tenedor de la mercadería probar la legítima introducción a plaza de la misma exclusivamente con la pertinente documentación aduanera de despacho. Lo cual no aconteció en autos.
Que ello dio lugar a que la Aduana encuadrara la conducta de los actores en las figuras infraccionales previstas y penadas por los arts. 986 y 987 del CA, por lo que el caso de autos corresponde sea analizado en el marco de lo dispuesto en la Sección XII, Título II, Capítulo Decimotercero, del C.A., que comprende los supuestos de "Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales". Que el art. 986. del CA establece que “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza”. A su vez el art. 987 del CA prescribe que “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrante en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986.”
Que el art. 1081 dispone que "Cuando el servicio aduanero tomare conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias pan investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acordaren".
Que, por otro lado, el art. 1082 precisa que "La denuncia debe formalizarse ante el servicio aduanero y reunir los siguientes requisitos: a) la relación circunstanciada de los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción; b) el nombre, domicilio y demás datos de identidad de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, en cuanto fuere posible; e) la indicación de las circunstancias que pudieren conducir a la comprobación de los hechos denunciados, en cuanto fuere posible; d) el nombre y el domicilio del denunciante".
Que, tampoco se verifica el incumplimiento de lo establecido en el art 1094 del CA que establece: "En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados".
Estos requisitos se observan cumplimentados por parte del servicio aduanero en el expediente sumarial. Con lo cual considero que se dio amplio cumplimiento a las exigencias procesales previstas para el procedimiento para las infracciones regulado en el Código Aduanero y, en particular, tampoco se vio cercenado el derecho de defensa en juicio del art. 18 de la Constitución Nacional.
El planteo del recurrente relativo a una supuesta ‘ruptura de la cadena de custodia de la mercadería’ al tiempo de su secuestro carece de sustento concreto. No acompaña ni en instancia administrativa, ni es esta, pruebas que corroboren, sin lugar a dudas, lo que alega y que pudieran dar lugar a decretar una nulidad de todo un procedimiento administrativo: como así tampoco, individualiza norma alguna que hubiera sido desconocida ni señala un defecto esencial del procedimiento que hubiera privado al administrado de ejercer su defensa o los perjuicios concretos ocasionados.
Cabe recordar que la nulidad procesal requiere la existencia de un perjuicio real y concreto, pues no existe la nulidad por la nulidad misma. En la especie, los recurrentes no han logrado demostrar que la falta de precintado individual de los bultos al momento del allanamiento haya derivado en una adulteración o sustitución de los efectos.
Considero que los argumentos vertidos por los actores, adolecen de sustento suficiente y de pruebas adicionales que permitan al suscripto estimar conveniente declarar la nulidad de todo lo actuado en la instancia anterior y retrotraer todo un proceso sin utilidad alguna.
Por el contrario, de las actuaciones surge que la denuncia fue formalizada en los términos del art. 1081 del C.A., se instruyó sumario infraccional, se citó a los imputados para ejercer su defensa, se les hizo saber la imputación concreta por los arts. 986 y 987 del C.A. e incluso se cursó una nueva intimación a los actores para acompañar –con posterioridad a la corrida de vista de la apertura del sumario y antes del dictado del fallo aduanero- las constancias que acreditaran la legítima adquisición y tenencia de los elementos secuestrados.
En tales condiciones, no se configura nulidad alguna ni vicio esencial que invalide el procedimiento que antecede al dictado de la Resolución Nº 229/2018 (AD GDEH), ni que se haya vulnerado su derecho de defensa. Nuestro más alto Tribunal, en reiterados pronunciamientos estableció que, mientras exista la posibilidad de subsanar un posible vicio/restricción en una etapa jurisdiccional posterior, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce. Fallos 205:549; 247:52; 267:393, entre otros.
VI. Que en la especie se reúnen los requisitos para tener por configuradas las infracciones previstas en los arts. 986 y 987 del Código Aduanero, debiendo tenerse presente que esté último prevé la aplicación del primero cuando concurren los dos supuestos (concurso aparente).
Que el art. 986 del CA exige que aquel que por cualquier título tuviera en su poder, con fines comerciales o industriales, mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere determinado la DGA, será sancionado con comiso y multa y por otro lado el art. 987, del mismo cuerpo normativo determina que, con relación a la conducta reprimida, que quien tiene en su poder mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales, sin poder acreditar su legal ingreso a plaza ante el requerimiento del servicio aduanero. Resulta claro que los actores eran tenedores con fines comerciales de mercadería de origen extranjero, en total 86.440 lentes, (material óptico) y que frente al requerimiento de la autoridad no pudo probar que dicha mercadería se libró lícitamente a plaza o que tuvieran aplicados los medios de identificación exigidos, al tiempo de comisión de la infracción, por la normativa vigente.
El incumplimiento que se les endilga a los actores de autos se ve corroborado en el hecho que el material óptico secuestrado, consistente en lentes recetados y/o de sol para esa posición arancelaria P.A. 9004.90.90.900, según las previsiones que regían al tiempo de comisión de la infracción en estudio, Resolución General N° 3105/2011, ordenaba la aplicación de estampillado fiscal en ese tipo de material de origen extranjero, cuestión sustancial no respetada, por lo cual se la conducta de los apelantes encuadra en la infracción tipificad en el art. 986 del C.A. A saber en el ANEXO X, Pto. 2 de la mencionada norma se indica expresamente: para esta P.A. Consistente en “LAS DEMÁS GAFAS Y ANTEOJOS”: “…2.
Formas de identificación: Para adherir la estampilla al producto se colocará alrededor del puente de las gafas una trencilla de DOS (2) milímetros de ancho, la cual se unirá entre sí a través de un nudo doble. Luego, se pegará la estampilla —doblándola por su parte media— alrededor del nudo, de manera tal que éste quede adherido en el interior de la estampilla, cuyas partes libres se pegarán entre sí. Tanto el nudo como el pegado de las estampillas deben efectuarse de modo que el lazo que rodea al puente quede ajustado a este último y sólo permita girar la trencilla con la estampilla a su alrededor, …”. En cuanto al carácter foráneo de la mercadería, surge de las constancias labradas en el procedimiento y su documentación anexa, que identifican la mercadería secuestrada como de origen extranjero, con la consecuente operatividad de la inversión de la carga probatoria propia de estos tipos infraccionales, recayendo en cabeza del tenedor la acreditación de su legal introducción y/o cumplimiento del régimen identificatorio, lo cual no ha sucedido en autos.
Asimismo, obra constancia que al momento del ingreso de los efectos secuestrados al depósito “TASA LOGÍSTICA” (operador logístico privado contratado por el Estado para efectuar servicios de almacenaje y custodia) donde el personal actuante efectuó una nueva revisión minuciosa de la mercadería secuestrada consignando que era de industria extranjera y no presentaba debidamente aplicados los medios de identificación exigidos (fjs. 38/41 de las actuaciones administrativas).
Que a su vez el fin comercial de estas figuras infraccionales refiere a la "comercialización o industrialización de la mercadería" supuestamente introducida de modo ilegal y no al mero transporte de las mismas. En este punto debe recordarse que estas figuras consisten (así se lo dice en la Exposición de Motivos del C.A.) en la "comercialización de mercadería presuntamente proveniente de contrabando".
Tales extremos configuran, con la sola acreditación del hecho objetivo de la tenencia en ámbito y contexto comercial, la infracción del art. 986 del Código Aduanero, en tanto se trata de mercadería alcanzada por un régimen específico de identificación cuya inobservancia integra el tipo. En ese marco, aun cuando en las actas se aluda también a la ausencia de justificación documental de la tenencia, la eventual referencia al art. 987 queda desplazada por tratarse de una norma expresamente inaplicable cuando el hecho encuadra en los arts. 985/986; por consiguiente, frente al mismo objeto material y el mismo hecho de tenencia se está ante un concurso aparente de leyes que se resuelve por preferencia del art. 986 del Código Aduanero.
Sin perjuicio de ello, otro elemento de peso a ponderar es el hecho que al momento de la inspección por parte del servicio aduanero, al tiempo de la prosecución del procedimiento administrativo, ni tampoco al incoar esta apelación o durante su proceso, los recurrentes acompañaron algún tipo de documentación y/o título y/o comprobante y/o factura, etc. que acreditara, que la mercadería en trato, hubo ingresado al territorio aduanero en forma legítima o que su tenencia lo era, a fin de dar por tierra la imputación de la infracción que también se les endilgara del art. 987 del CA, y evitar una sentencia adversa como la que se le impuso en ámbito administrativo o alguna prueba contundente que llevara al suscripto a considerar una conclusión diversa para apartarme del fallo aduanero.
Que, en consecuencia, ponderadas integralmente las constancias de las actuaciones administrativas, los argumentos vertidos por las partes y la normativa aplicable, cabe concluir que en el sub examine se encuentran configuradas las infracciones previstas y penadas en los arts. 986 y 987 del Código Aduanero, toda vez que el recurrente mantuvo en su poder mercadería de origen extranjero con fines comerciales, sin acreditar su legítima introducción al territorio aduanero, ni poseer las mismas los medios de identificación establecidos por la normativa vigente al tiempo de comisión de la infracción en trato, ni contrarrestar estas imputaciones, en esta instancia, con probanzas que pudieran lograr desvirtuar la presunción que se deriva de tales extremos ni demostrado la existencia de vicio sustancial alguno en el procedimiento que condujo al dictado de la Resolución N° 229/2018 (AD DGEH), la que, por lo tanto, corresponde confirmar teniendo presente el concurso aparente de normas.
VII. Finalmente, respecto a la solicitud de condonación peticionada por la parte actora, en la Ley 27.260 “Programa de Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, opino que no resulta aplicable al supuesto de autos.
Ello así por cuanto, al clasificar las infracciones previstas en los arts. 986 y 987 del C.A. como sustancial o material, la reglamentación de la ley, a saber Resolución 4007/2017 estableció en su art. 6°: “Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha. En este caso, los intereses quedan también condonados. b) La obligación sustancial y la porción de intereses no exentos se encuentran regularizados mediante pago al contado o plan de facilidades de pago, en los términos de la Resolución General N° 3.920 y sus modificatorias, y la sanción no se encuentra firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización o del pago de contado. c) La obligación sustancial y su respectivo interés están incluidos en planes de facilidades de pago dispuestos con anterioridad al 23 de julo de 2016, que se encuentren vigentes, y la sanción no se encuentre firme ni abonada a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.260.
Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 965, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones”.
En este sentido, la doctrina de nuestro Tribunal Superior fijó un criterio claro, plasmado en sendos fallos, en el sentido que las infracciones, como la evaluada en autos, no resultan susceptibles de condonación en la medida en que la conducta sancionada no es apta para generar una obligación de naturaleza tributaria que resulte susceptible de ser regularizada o cancelada por el interesado, en los términos de la mencionada ley (causas “Chehadi, Mallid” Fallos: 345:849), CAP 42342/2018/CAI-CSA, “Rossi, Osvaldo Enrique c/DGA s/ recurso directo del organismo externo”, sentencia del 30 de agosto de 2022 y “Funny S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo” Fallo del 15/12/2022).
Por otro lado, corresponde también señalar que la Corte Suprema afirma, en sus pronunciamientos, que la multa aplicada a la actora no resulta susceptible de encuadrar en lo dispuesto en el primer párrafo del art. 56 de la norma citada, en la medida en que no constituya un mero incumplimiento de una obligación formal.
En el caso sub examine, ninguna obligación de tal naturaleza formal resultó omitida, sino que la sanción deriva de la tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales por no presentar debidamente aplicados los medios de identificación que determina la reglamentación, o bien, sin poder acreditar la lícita introducción a territorio aduanero de la mercadería, vulnerando de manera directa el control aduanero. En referencia a este aspecto, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó, en innumerables pronunciamientos, que la función primordial del organismo aduanero es: “..ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías” (Fallos: 321; 1614 y 322;355).
Como corolario de los fundamentos desarrollados considero que no corresponde hacer lugar a la aplicación de los beneficios de la condonación (Ley 27.260) respecto de la multa impuesta a los actores en la Resolución N° 229/2018 (AD GDEH), por la comisión de laS infracciones previstas en los arts. 986 y 987 del C.A.
VIII. Que los restantes argumentos del recurso constituyen meras reiteraciones o variaciones de los agravios ya analizados, sin aportar elementos fácticos o jurídicos nuevos que permitan modificar la conclusión alcanzada en torno a la configuración de las infracciones previstas en los arts. 986 y 987 del C.A.
IX. Que las costas deben imponerse a la actora vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota (art. 1163 del Código Aduanero), no advirtiéndose motivos que justifiquen apartarse de dicho criterio en el caso. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución N° 229/2018 (AD DGEH), dictada en las actuaciones administrativas N° 15624-16- 2014, en cuanto condenó a ADRIAN MARTÍN ROSSI, PAOLO MARTÍN ROSSI, MARIANO GASTÓN ROSSI, PAOLA DE LAS MERCEDES GOMEZ Y PABLO GUILLERMO VALINOTTI, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 986 del Código Aduanero y al pago de la multa de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 89/100 ($ 13.459.941,89) y al comiso de la mercadería involucrada, con costas.
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Confirmar la Resolución N° 229/2018 (AD DGEH), dictada en las actuaciones administrativas N° 15624- 16-2014, en cuanto condenó a ADRIAN MARTÍN ROSSI, PAOLO MARTÍN ROSSI, MARIANO GASTÓN ROSSI, PAOLA DE LAS MERCEDES GOMEZ Y PABLO GUILLERMO VALINOTTI, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 986 del Código Aduanero y al pago de la multa de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 89/100 ($ 13.459.941,89) y al comiso de la mercadería involucrada, con costas.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Héctor Hugo Juárez y la Dra. Claudia B. Sarquis –Vocal subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación, que se encuentra vacante-, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Juan Manuel Soria de la Vocalía de la 13° Nominación (conforme art. 52 del RPTFN y art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2026.02.12 14:51:52 ART Date: 2026.02.12 17:13:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.12 17:14:28 -03:00
Fin de la sentencia