Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa A-17862-BB0E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el pronunciamiento de grado exclusivamente en la parcela que determinó la aplicación de la ley 24.240 al caso enjuiciado.
2Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 68 del CPCC, art. 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192).
3Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. N° 3975/2020, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-17862-BBOE "ROSSO ROSSO ARACELIS c. IOMA s. AMPARO (INCIDENTE DE APELACIÓN N°1 )" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Mora y Ucín .
I.1. Con fecha 23-6-2025, el titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, resolvió ordenar como medida cautelar al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) que en forma inmediata y en el plazo de cinco (5) días hábiles, proceda a brindar cobertura de la prestación de acompañante terapéutico escolar que fuera indicada a Irbin Luis Cardilo Rosso, sin limitación temporal y a razón de cuatro (4) horas diarias, cinco veces semanales en favor del nombrado.
Asimismo, resolvió que ".teniendo en cuenta que la presente se trata de una relación de consumo, SE CONCEDE el beneficio de gratuidad del art. 53 de la ley 24.240.".
2. Notificada en forma electrónica, el día 25-6-2025 la demandada interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el referido pronunciamiento. Por auto del 26-6-2025, el sentenciante de la instancia resolvió rechazar ambos recursos.
3. Contra esta última providencia, el recurrente dedujo recurso de queja por apelación denegada ante este Tribunal, que tramitó bajo el N° Q-16029-BB0E, resultando concedido en el grado el recurso de apelación originalmente denegado por resolución de fecha 18-8-2026.
4. Una vez replicado por la contraria y cumplida la vista prevista por el art. 103 del C.C.C., se ordenó la radicación electrónica del presente legajo a conocimiento de este Tribunal.
II. Recibidas las actuaciones en este organismo, con fecha 3-11-2026 se pasaron al Acuerdo para examen de admisibilidad y, en su caso, para dictar sentencia, correspondiendo plantear y votar la siguiente
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Por fuera de la prestación concreta y determinada precedentemente reseñada -condena que arriba firme a esta instancia revisora por no haber sido motivo de agravio y resulta, por ende, irrevisable-, el Juzgado de la instancia estimó que ".teniendo en cuenta que la presente se trata de una relación de consumo, SE CONCEDE el beneficio de gratuidad del art. 53 de la ley 24.240...".
Es contra esta parcela de lo resuelto que se alza la demandada, afirmando que el sentenciante se apartó de la doctrina legal de la Suprema Corte Provincial, que fijó la inaplicabilidad de las normas de consumo al IOMA por su naturaleza de ente autárquico integrante del sistema público de salud.
2. La parte actora replicó los agravios así vertidos, propiciando la confirmación del fallo recurrido (cfr. presentación del 16-9-2026).
II. El recurso prospera.
Lleva razón la apelante en cuanto postula que se trata de una decisión reprochable. En ese sentido, resulta oportuno recordar, con prescindencia de las consideraciones que pudieren formularse al respecto, que el Máximo Tribunal provincial se expidió sobre la inaplicabilidad del estatuto consumeril a controversias originadas en razón de la actuación u omisión del IOMA ante reclamos formulados por sus afiliados (argto. esta Cámara causa C-13957-MP2E "Bastit", sent. del 07-04-2026).
En efecto, en la causa B.74.696 "Fiscal de Estado c. Juzgado de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor en autos: Barletta Valeria Gisela s. Denuncia contra IOMA; arts. 161 inc. 2 y 196 Const. Prov." (sent. del 28-11-2018); y posteriormente en su similar B. 76.168 "Fiscal de Estado c. Juzgado de Faltas de Defensa del Consumidor en autos: Barbera, Carlos Alberto s. Denuncia c. Medida Cautelar, arts. 161 inc. 2 y 196 Const. Prov." (sent. del 15-09-2021), la Suprema Corte, si bien en el marco de procesos judiciales diversos al presente, sostuvo que el régimen consagrado en la ley 24.240 y en las correspondientes normas de desarrollo dictadas por la Provincia (ley 13.133 y complementarias) resulta inaplicable a casos como el que aquí ventilado (cfr. criterio de esta Cámara causa A-12836-B0E "Alvarez", sent. de 06-06-2023).
De allí que, elementales razones de igualdad -en función de las cuales han de adoptarse soluciones igualitarias frente a conflictos similares- y de seguridad jurídica -que postulan la uniformidad de criterios jurisdiccionales ante presupuestos equivalentes, a fin de posibilitar la prudente previsión de la solución que se adoptará en conflictos futuros o en ciernes-, así como de celeridad y economía procesal -que han de guiar el accionar de los jueces a tenor de lo establecido del art. 34 inc. 5 del C.P.C.C. (conf. art. 25, ley 13.928 y sus modificatorias) y de la manda más amplia y genérica del art. 15 de la Constitución provincial-, justifican la necesidad de adoptar, en el particular contexto de autos, un temperamento similar.
Lo contrario, esto es, el dictado de un fallo con una solución que excluya las pautas brindadas por la Corte provincial frente a una controversia jurídica similar a la de autos, podría exponer a tal pronunciamiento a su revocación por parte del citado Tribunal en el marco de su actividad casatoria.
De ello se sigue, y sin que importe propiciar un mecánico o ciego seguimiento a criterios anteriores, que el criterio sostenido por el magistrado sobre el punto se aparta del adoptado por el Máximo Tribunal (cfr. causa esta Alzada A-15113-BB0E "Chiari", sent. del 14-7-2026).
III. En suma, si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo revocar el pronunciamiento de grado exclusivamente en la parcela que determinó la aplicación de la ley 24.240 al caso enjuiciado, manteniéndose incólume la obligación del IOMA de proveer al menor la prestación requerida.
En atención a como se resuelve la cuestión, si bien por imperio del art. 19 de la ley 13.928 (t.o. ley 14.192) las costas de Alzada deberían ser soportadas por la amparista, el modo en que sucedieron los hechos pudieron llevar a la actora a creer que le asistían razones valederas para resistir la posición de su contraria. Ello, justifica apartarse del principio general y distribuir los gastos causídicos en el orden causado (art. 68 del CPCC, art. 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192).
Así lo voto .
El señor juez doctor Ucín , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el doctor Mora vota la cuestión planteada en igual sentido .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente
1. Revocar el pronunciamiento de grado exclusivamente en la parcela que determinó la aplicación de la ley 24.240 al caso enjuiciado.
2. Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 68 del CPCC, art. 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192).
3. Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 del Anexo Único del Acuerdo SCBA 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 1039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1009-2026
Fin de la sentencia