Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N°130/04 en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los Dres. Alfredo Daniel Garbarini y Silvana M. R. Bermeguy por su actuación como copatrocinantes de la recurrente:
A) Por la primera y segunda etapa procesal, en la suma de $ 5.000 a cada uno, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) Por la tercera etapa procesal, en la suma de $9.700, equivalente a 0,65 UMA a cada uno, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-39930134-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Abril de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N° 23.435-I caratulado: "Rotti, Raquel Nora s/apelación"
La Dra. O’ Donnell dijo:
I. Raquel Nora Rotti interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 130/04 dictada el 31 de mayo de 2004 en la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Rosario de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se determinó de oficio su obligación frente al impuesto a las ganancias del período fiscal 2001 y se la intimó a ingresar por ese concepto la suma de $24.157,76, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En el mismo acto, se le impuso una multa de omisión de $16.910,43 (art. 45, ley).
En su presentación ante este Tribunal, relata que el organismo fiscal consideró que los ingresos que percibió en el período fiscal 2001 por la venta de acciones de la sociedad Telecable Pérez S.A., que declaró como exentos, estaban gravados en virtud de lo dispuesto en el art. 3°del decreto 493/01, reglamentario de la ley 25.414. Plantea, en primer término, la nulidad de la Resolución por falta de causa y motivación, ya que considera que la aplicación dicha norma no puede retrotraerse a un período anterior al de la vigencia de la ley 25.414. Entiende así que el decreto no puede tener una vigencia independiente de la ley que reglamenta y menos aún crear nuevos hechos imponibles.
Manifiesta que ese decreto produjo una modificación sustancial porque eliminó la exención creada por la ley 25.414 para las ganancias provenientes de la venta de acciones que no cotizaran en bolsa obtenidas por personas físicas, estableciendo en su art. 4° que esa modificación surtiría efectos para el año fiscal en curso a la fecha de publicación, por lo que alcanzaría a todas las utilidades obtenidas en ese período, aún con anterioridad a la publicación del decreto.
Explica a continuación que en el contrato de compraventa de las acciones de Telecable Pérez S.A. del 23 de junio de 2000 se pactó la venta del total del paquete accionario a Teledigital Cable S.A. y a Carlos Ibáñez, así como el precio de la operación y la forma de pago.
El 2 de enero de 2001, continúa diciendo, se efectuó el primer pago pactado del 50% del precio neto y el 3 de abril de 2001 se fijó el precio final de la operación y el saldo restante, es decir que tanto la celebración del contrato, como la precepción de los pagos se produjeron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.414 (B.O. 30/3/01) y del decreto 493/01 (B.O. 30/4/01).
Señala que los pagos percibidos durante el año 2001, más el saldo final pagadero en dos cuotas durante los períodos 2002 y 2003, así como los intereses devengados por la primera de esas cuotas, representaron -deducidos los costos ($1.050.000) y conforme a su participación accionaria en dicha sociedad- un resultado de $154.152,50, que declaró como ingresos exentos o no gravados, de acuerdo con la normativa vigente al momento de su percepción, esto es el 2 de enero y el 3 de abril de 2001.
Dice que la ley 25.414, por un lado, modificó la ley del impuesto a las ganancias incorporando como ganancia en su art 2°, inc. 3) a los resultados provenientes de la enajenación de títulos valores en general, obtenidos por cualquier clase de sujetos y, por el otro, amplió la exención del art 20, inc. w) para abarcar a esos mismos resultados obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas, habitualistas o no. Además, delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de eliminar exenciones y es en ese marco que se dictó el decreto 493/01. Afirma que por eso, desde el inicio del periodo fiscal 2001 hasta la entrada en vigencia de la ley 25.414, los resultados obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas que no realizaban operaciones compraventa de títulos valores de manera habitual, no estuvieron alcanzados por el impuesto, porque la definición de ganancias del art. 2° de la ley no los incluía.
En ese sentido, sostiene que la modificación introducida por la ley 25.414 y el decreto 493/01 no pueden tener efecto sobre un hecho económico ocurrido durante el año 2000, aún cuando éste se haya perfeccionado el 2 de enero de 2001.
Asegura que como norma delegada, el decreto 493/01 tiene como límite temporal el de la ley que habilita la delegación y no puede retrotraer su vigencia a un periodo anterior a la de las exenciones que elimina. Por ello, deja planteada su inconstitucionalidad.
En resumen, asegura que a la fecha del perfeccionamiento de la venta de las acciones de Telecable Pérez S.A., este hecho no estaba incluido en el objeto del impuesto a las ganancias, a la vez que la ley que lo incluyó entró en vigencia a posteriori sin que el legislador haya previsto su aplicación a todo el ejercicio en curso. Asimismo, afirma que es inoperante la derogación de la exención estatuida por la ley 25.414 pues ésta tuvo vigencia a partir del octavo día de su publicación en el Boletín Oficial mientras que el contrato de venta de acciones celebrado el 23 de junio de 2000 quedó perfeccionado el 2 de enero de 2001.
Con respecto a la multa impuesta en la Resolución, sostiene su improcedencia porque no se configura objetivamente la conducta prevista en el art. 45 de la ley 11.683 y, subsidiariamente, invoca la existencia de error excusable para su eximición Por último, ofrece prueba y solicita se deje sin efecto la Resolución, con costas.
A su turno, contesta el recurso la representación fiscal, que por los argumentos que expone, solicita que se rechace el planteo de nulidad y que se confirme la Resolución en todas sus partes, también con costas.
II. A fs. 78 se abrió la causa a prueba, haciéndose lugar a la allí denominada “exhibición de documentos en poder de terceros”, informativa y pericial contable ofrecidas que obran producidas a fs. 89/148, 156/157, 181/188; a fs. 234, atento al tiempo transcurrido desde el auto de apertura a prueba, se dio por decaído el derecho a producir la pendiente y se clausuró el periodo probatorio. A fs. 237 se elevaron a consideración de la Sala y el 6 de febrero de 2023 se pusieron los autos a alegar, obrando los respectivos alegatos de la recurrente y del Fisco Nacional a fs. 248/250 y fs. 252/253, respectivamente.
Por último, a fs. 255 quedaron en estado de dictar sentencia.
III. Corresponde entender en los agravios que la Sra. Rotti dirige contra la Resolución recurrida. Respecto de la defensa de nulidad que opone invocando que dicho acto carece de causa y de motivación debe adelantarse que no puede prosperar ya que no se advierte de su lectura, ni de los antecedentes que preceden su dictado, los vicios que se le endilgan, sino que en realidad, los argumentos vertidos como motivos de la nulidad resultan ser una mera discrepancia con el criterio fiscal que integran el fondo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver.
Debe recordarse, de cualquier modo, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta sino que es indispensable acreditar la existencia de menoscabo en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, menos aún acreditado, por lo que corresponde desestimarla, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
Debe analizarse ahora la legitimidad de la Resolución, que se originó en la fiscalización llevada a la Sra. Rotti en la que se impugnó el monto de $154.152,50 que declaró como exento en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2001 por originarse en la venta de acciones sin cotización.
A la hora de resolver debe tenerse en cuenta que no se encuentra en discusión que la suma de $154.152,50 fue percibida por la Sra. Rotti en el período 2001 -conforme a su participación societaria- como consecuencia de la venta de sus acciones a Teledigital Cable S.A. según el contrato de compraventa de acciones del 23 de junio de 2000 cuya copia obra a fs. 89/148 en el que también participaran otros accionistas como vendedores, los Sres. Juan Carlos Magariños, Miguel Angel Boiteaux, Antonio Alfredo Nerli y Beatriz Josefina Maridón.
Tampoco existe controversia que el 2 de enero de 2001 se efectuó el primer pago parcial pactado en el contrato y que el 3 de abril de 2001 se fijó el precio final de la operación en U$S1.116.019, concretándose también en esa fecha el segundo pago parcial establecido contractualmente, por lo que quedó pendiente el saldo del precio final, que generó intereses del 7% anual a pagar en dos cuotas en 2002 y 2003.
La recurrente consideró que el resultado obtenido por esa venta no debía tributar el impuesto a las ganancias, fundamentalmente porque no consideró aplicable el decreto 493/01, que eliminó la exención prevista por art. 20, inc. w) de la ley del gravamen, en la cual se amparaba, alegando que éste no podía modificar retroactivamente la ley que preveía la exención.
De las pruebas rendidas en este Tribunal, en especial la prueba pericial contable llevada a cabo sobre la contabilidad de Telecable Pérez S.A., surge la registración de la venta de las acciones de la Sra. Rotti el 2 de enero de 2001 (fs. 181/188).
La cuestión aquí a resolverse ya fue tratada por la Cámara en otros precedentes.
En efecto, al fallar en las causas “Miguel Angel Boiteaux”, del 12 de abril de 2007, y “Magariños Juan Carlos”, del 5 de junio de 2008, se resolvió respecto del mismo hecho aquí involucrado, en relación a la gravabilidad de las sumas percibidas por otros socios de Telecable Pérez S.A. en ocasión de la venta de acciones de esa misma firma.
Así, dijo la Cámara en “Magariños”, en lo que aquí interesa, que “…la Corte Suprema ha reconocido que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear los tributos necesarios para la existencia del Estado, es la más esencial a la naturaleza y objeto del régimen representativo republicano de gobierno; y que el cobro de un impuesto sin ley que lo autorice, es un despojo que viola el derecho de propiedad. Es doctrina admitida -ha dicho también- que la creación de impuestos es facultad exclusiva del Poder Legislativo y que no es lícito, desde el punto de vista constitucional, aplicarlos a objetos u operaciones no gravados por la ley" (cfr. Giuliani Fonrouge, Carlos M.: "Derecho financiero" - 9ª ed. - Ed. La Ley - T. I - pág. 292).
“A la luz del citado principio de legalidad, no puede convalidarse la derogación de una exención a través de un decreto, toda vez que es el Poder Legislativo el único órgano facultado para ello.”
Respecto de la ley 25.414, dijo la Cámara en el fallo citado que dicha norma delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la atribución de "…crear y eliminar exenciones excepto aquellas que beneficien los consumos que integran la canasta familiar o las economías regionales, sociedades cooperativas, mutuales, asociaciones y obras sociales sindicales" sin fijar los lineamientos ni los límites de dicha delegación, y hace propio el dictamen del Fiscal General en cuanto señaló que, "Según tiene declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su propia jurisprudencia resulta categórica en cuanto a que 'los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas', y concordantemente con ello ha afirmado que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones”
Concluye, entonces, en lo que se refiere al caso en cuestión, que como más arriba se dijo, se analizó el tratamiento fiscal de la misma operación, perfeccionada en la misma fecha -2-1-2001- pero respecto a otro accionista, que “…por aplicación del criterio expuesto, el conjunto normativo integrado por el artículo 1, apartado II, inciso a), en cuanto delegó la atribución de eliminar exenciones tributarias, y el decreto 493/2001, que, en uso de tales facultades eliminó la exención dispuesta para los resultados provenientes de operaciones de compraventa de acciones por personas físicas o sucesiones indivisas, excluidos los sujetos comprendidos en el artículo 49, inciso c) resulta inconstitucional [cfr. en sentido concordante lo resuelto por la Sala V - "in re" "Boiteaux, Miguel Ángel (TF 22.358-I) c/DGI" - Expte. 22.335/06 - 12/4/2007].
Por su parte, al fallar en “Boiteaux” tuvo particularmente en cuenta que en virtud del principio de legalidad no podía convalidarse la derogación de una exención por un decreto, razón por la cual en este caso también se declaró la inconstitucionalidad del art. 1° de la ley24.414.
Por esas mismas consideraciones, dada la similitud de hechos y la jurisprudencia vigente en la materia, corresponde revocar la Resolución N°130/04 en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiero al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N°130/04 en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los Dres. Alfredo Daniel Garbarini y Silvana M. R. Bermeguy por su actuación como copatrocinantes de la recurrente:
a) Por la primera y segunda etapa procesal, en la suma de $ 5.000 a cada uno, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) Por la tercera etapa procesal, en la suma de $9.700, equivalente a 0,65 UMA a cada uno, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.04.12 14:40:46 -03:00 Date: 2023.04.12 14:43:32 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.12 14:43:33 -03:00
Fin de la sentencia