Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 2103/16 dictada en la Actuación Nº 12197-5286- 2007, en cuanto condena a la importadora ROVAFARM ARGENTINA S.A., al pago de una multa, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 50.235,17) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A.
2Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, tasa de Estadística e I.V.A. adeudada, que asciende a la suma de DÓLARES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 16.373,91), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 06/09/2011 hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar en relación a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-40233022-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 19 de Abril de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “ROVAFARM ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 37.461-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso de autos se discute la comisión de una infracción al régimen de admisión temporaria de mercadería. La firma referida, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 2103 dictada el 10/05/2016 en la Actuación N° 12197-5286-2007 mediante la cual se la condena al pago de una multa de $ 50.235,17 en virtud del art. 970 del CA y se la intima al pago de U$S 16.373,92 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA y de $ 31.337,52 en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias en relación al DIT N° 04 001 IT14 001159 C. Explica que la mercadería importada temporalmente fue totalmente reexportada en tiempo y forma a través de los P.E. que indica, siendo el C.T.C. aplicable el Nº 1014/2004 (Solicitud Nº S01:0015933/04). A continuación, señala que se encuentra prescripta la acción del Fisco para imponer penas atento el auto de apertura sumarial fue dictado el 11/05/2011 y llamativamente, la resolución apelada fue emitida el 10/05/2016, exactamente un día antes del vencimiento del plazo de prescripción. Luego en forma subsidiaria, cuestiona la dolarización de los tributos intimados en la liquidación recurrida. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. De su lado, en su responde, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la prescripción planteada por la actora. En relación al régimen de importación temporal, manifiesta que de las constancias de las actuaciones administrativas surge que no se ha cumplido con la reexportación de la mercadería, encuadrando su conducta en la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A.. En relación al agravio de la actora relacionado con la dolarización de la deuda, se manifiesta en contrario a dicha postura entendiendo que cualquier otra liquidación es “ir en fraude a la ley”. Finalmente ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 50 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala G, la que los pasa a sentencia.
IV. A fs. 1 de la Actuación Nº 12197-5286-2007 se agrega Nota presentada por la firma Rovafarm Argentina S.A. adjuntando documentación a fs. 2/41. A fs. 43 obra el Acta Denuncia Nº 136/08 formulada contra la recurrente en relación al DIT N° 04 001 IT14 001159 C por la presunta comisión de la infracción prevista en los arts. 970 y 972 del CA. A fs. 44 se agrega el sobre del DIT cuestionado. A fs. 45 se remiten las actuaciones a la División Verificación mediante Nota Nº 1944/08 (SE PRTE). A fs. 46 obra clasificación arancelaria y valor de la mercadería. A fs. 47 y 49 obran liquidaciones de multa y tributos. A fs. 53/53vta. el 11/05/2011 se dispone la apertura del sumario y se corre vista de lo actuado, que es contestada a fs. 66/70 por Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. y a fs. 71/73vta. por Rovafarm Argentina S.A.. A fs. 78 se apertura la causa a prueba. A fs. 79 obra Nota Nº 529/16 (DV EXA 2), informando “la Destinación 04 001 IT14 001159 C se encontraría en infracción por 3.000 KG por no encontrarse tipificada la Posición Arancelaria del insumo importado con el CTC utilizado”. A fs. 80 obra liquidación de multa y tributos. A fs. 82/85vta. el 10/05/2016 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 2103, apelada en autos.
V. Corresponde examinar en primer lugar si, como plantea la recurrente, la acción del fisco para imponer penas se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
Conforme lo establecido en los arts. 934 y 935 del C.A., la referida acción prescribe por el transcurso de cinco años computados desde el 1º de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. En el caso de autos, no se encuentra discutido por la actora, que el vencimiento de la DIT Nº 04 001 IT14 001159 C, en cuestión, se produjo el 17/02/2006, con lo cual, el cómputo del plazo prescriptivo se inició el 01/01/2007 y, de no constatarse causales suspensivas o interruptivas, el mismo, hubiese operado el 31/12/2011.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras, en relación a la debida notificación del auto de apertura de sumario y la resolución definitiva aquí apelada.
En orden a ello, no puede pasar desapercibido que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo (García de Enterria, E. -Femández, T.R., "Curso de Derecho Administrativo", t. 1, p. 541), dado que resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica (confr. Entrena Cuesta, R. "Curso de derecho administrativo", Madrid, 1981, 7a. Ed., Vol. 1, p.212), constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la administración en garantía de los derechos de los particulares (Garrido Falla, F. "Régimen de impugnación de los actos administrativos", Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, págs. 275 y ss.), vinculándose así su régimen con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe (González Pérez, J., "Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo", Madrid, 1977, pág. 582).
Es que, jurídicamente, no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VI. Con arreglo a lo dicho y en relación al caso que nos convoca, al notificarse la resolución que ordenó la apertura del sumario y corrió vista de lo actuado el 06/09/2011 se interrumpió el cómputo del plazo de prescripción, volviendo a computarse el nuevo plazo desde el 07/09/2011.
Si bien la resolución aduanera apelada en autos fue dictada el día 10/05/2016 (cfme. constancia de fs. 82/85vta. del expte. adm.), fue notificada con posterioridad al vencimiento del plazo aludido, el 14/11/2016, conforme surge de la constancia obrante a fs. 86 de las act. adm. Asimismo, en el sumario administrativo, no se advierte la existencia de otro acto previo al dictado de resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo ni suspensivo de la misma en los términos de los 937 y 936 del CA motivo por el cual corresponde, a juicio de quien suscribe, hacer lugar a la pretendida por la recurrente.
VII. Ello sentado, corresponde señalar que mediante el D.I.T. Nº 04 001 IT14 001159 C, la firma actora documentó la importación temporaria para transformación de 3.000 kg. de enzimas correspondientes a la P.A. 3507.90.39.000N “Los demás Las demás enzimas y sus concentrados -Las demás ENZIMAS;
PREPARACIONES ENZIMATICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAPARTE”.
Surge de las actuaciones administrativas, que la Aduana formuló denuncia contra la recurrente, por presunta comisión de la infracción prevista en los arts. 970 y 972 del C.A. en relación al D.I.T. antes mencionado.
En su defensa, la firma importadora sostiene haber exportado en tiempo y forma la mercadería importada temporariamente mediante los P.E. Nros. 04 001 EC03 022792 X, 04 001 EC03 023986 Y, 04 001 EC03 027084 H, 04 001 EC03 029856 Z, 04 001 EC03 033405 B, 04 001 EC03 037983 Z, 04 001 EC03 040648 X, 05 001 EC03 000449 E y 05 001 EC03 002030 P.
VIII. Cabe destacar que lo único que controvirtió la Aduana en estos autos es la aplicabilidad de los C.T.C. aportado por la actora (obrante a fs. 3 del expte. adm.) a las exportaciones mediante las cuales ésta sostiene haber reexportado la mercadería importada temporalmente mediante el D.I.T. Nº 04 001 IT14 001159 C.
En consecuencia, lo que corresponde resolver en estos autos es si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A. con relación a la mercadería documentada mediante el D.I.T. Nº 04 001 IT14 001159 C limitando el análisis exclusivamente a la cuestión aquí controvertida.
IX. Cabe recordar entonces, que el artículo 250 del C.A. establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo” Es decir, que la obligación fundamental que el régimen establece a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del lapso otorgado.
En cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva dentro de los cuales se encuentra comprendida la destinación de autos, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
X. Previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
A respecto, tanto el Dec. 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nº 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria, al establecer: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
En virtud de estos arts. puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que en contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
XI. Tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para generar cada unidad del producto que se reexporta.
Así las cosas, el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de certificado y el Nº de solicitud C.T.C., debe indicarse la P.A. del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A..
De ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detallan.
En síntesis, es en virtud de esos datos que surgen del certificado que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E..
XII. En el supuesto de autos, la P.A. consignada en el C.T.C. Nº 1014 (obrante a fs. 3 de las act. adm.) es 3507.90.29 y la P.A. documentada en el DIT cuestionado es 3507.90.39.000N “Los demás Las demás enzimas y sus concentrados -Las demás ENZIMAS; PREPARACIONES ENZIMATICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAPARTE”.
De lo anteriormente expuesto, se desprende que la P.A. documentada en el D.I.T. no coincide con la P.A. consignada en el C.T.C..
En virtud de ello, no puede considerarse que el C.T.C. presentado por la actora ampare la mercadería exportada dado que, a través de los mismos, se certificó la relación insumo-producto correspondiente al proceso de producción de una mercadería distinta a la documentada en el D.I.T. en cuestión. Al referirse a una mercadería diferente a la importada temporariamente, el C.T.C. no permite determinar cuál es la relación insumo-producto correspondiente a la mercadería lo que equivale, en definitiva, a la falta misma de certificado.
Como consecuencia de lo expuesto y en virtud de la inaplicabilidad de los C.T.C. a la mercadería importada, estimo que no es posible considerar la descarga documentada en los P.E. a los fines pretendidos por la actora por lo que corresponde tener por configurada la infracción a ésta imputada (por cuanto no cumplió con las obligaciones asumidas en virtud del régimen de importación temporaria en la forma y condiciones debidas).
XIII. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, en relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIV. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos XIII, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
D.I.T. Nº 04 001 IT 001159 C V.A. U$S 42.480
Der. Importación 14 % U$S 5.947,2 T.E. 0,5 % U$S 212,4 Base IVA U$S 48.639,6 U$S I.V.A. 21 % 10.214,31 U$S TOTAL 16.373,91 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de U$S 16.373,91, en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A.. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista -06/09/2011 según constancia de fs. 64 de las act. adm.-, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del C.A..
XV. Por otra parte, en cuanto al planteo de la improcedencia de la dolarización de la deuda tributaria, corresponde precisar que el art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991) modificó, en lo que aquí respecta, el art. 639 del C.A., ya que estableció que a los efectos del pago de los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y exportación, corresponde aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago -esto es, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al efectivo pago-. En virtud de ello, no corresponde hacer lugar al planteo de la actora al respecto.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer multa en relación al D.I.T. Nº 04 001 IT14 001159 C y, en consecuencia, revocar el art. 1º de la Resolución Nº 2103/2016.
2. Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A. adeudada, que asciende a la suma de DÓLARES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 16.373,91), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 06/09/2011 hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar en relación a los rubros de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Los antecedentes de la causa, se encuentran adecuadamente reseñados en los considerandos I a IV del voto del Dr. Licht, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. Que discrepo en cuanto a su posición respecto de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas.
Que el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2007 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, como se vio en el apartado anterior, el 17/02/2006) y vencía el 31/12/2011. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 11/05/2011 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 12/05/2011 y el nuevo vencimiento ocurría el 11/05/2016.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe reseñar que en las act. adm obra impresión de pantalla de la consulta efectuada al registro de infractores que da cuenta de que la aquí actora no registraba antecedentes infraccionales (fs. 81 act. adm.).
Que por último, se analizará lo dispuesto por el art. 937 inc. d) del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
Que teniendo en cuenta que la resolución aduanera DE PRLA Nº 2103/16 apelada en autos fue dictada con fecha 10/05/2016, el plazo de prescripción se interrumpió con el dictado de dicha resolución. El nuevo plazo prescriptivo comenzó a correr al día siguiente de su dictado, es decir, el 11/05/2016, el que vencería el 10/05/2021, y en ese sentido, la resolución aduanera fue notificada el 14/11/2016 (notificación personal obrante a fs. 86 de las act. adm.) con anterioridad al vencimiento de tal plazo, encontrándose actualmente suspendido en virtud de la interposición del presente recurso de apelación (art. 936 del C.A.). Que, como consecuencia de todo lo expresado, a mi juicio, la acción del fisco para imponer penas no se encuentra prescripta.
II. Que en cuanto al tema de fondo, adhiero al voto del Dr. Licht, que emana de sus Considerandos VII.- a XV.-.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 2103/16 dictada en la Actuación Nº 12197-5286- 2007, en cuanto condena a la importadora ROVAFARM ARGENTINA S.A., al pago de una multa, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 50.235,17) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A.
2. Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, tasa de Estadística e I.V.A. adeudada, que asciende a la suma de DÓLARES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 16.373,91), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 06/09/2011 hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar en relación a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Claudia B. Sarquis.
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 2103/16 dictada en la Actuación Nº 12197-5286- 2007, en cuanto condena a la importadora ROVAFARM ARGENTINA S.A., al pago de una multa, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 50.235,17) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A.
2. Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de Derechos de Importación, tasa de Estadística e I.V.A. adeudada, que asciende a la suma de DÓLARES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (U$S 16.373,91), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 06/09/2011 hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar en relación a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.04.19 11:25:37 ART Date: 2024.04.19 11:34:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.19 14:08:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.19 14:09:33 -03:00
Fin de la sentencia