Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 10853025-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que declaró la condonación de la multa cuestionada en autos impuesta a la actora a través de la Resolución N° 68/2020;
2Sin especial imposición de costas, atento a la inactividad procesal de la parte actora (cfr. art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 34613/2023 “ROVAFARM ARGENTINA SA (TF 10853025-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
Buenos Aires, de abril de 2024.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fecha 25/10 /2022, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso de apelación deducido por ROVAFARM ARGENTINA SA y, en consecuencia: (i) declaró la nulidad de la notificación de la Resolución N° 68/2020 (AD PASO); (ii) rechazó la excepción de cosa juzgada formulada por el Fisco Nacional; (iii) declaró condonada la multa impuesta a la actora y, (iv) distribuyó las costas en el orden causado. A través de dicha Resolución N° 68/2020 la Aduana de Paso de los Libres había impuesto a la actora un multa de $32.963,88 por la comisión de la infracción prevista en el artículo 972 del Código Aduanero, por incumplimiento del artículo 15 del Decreto N° 1330/04, debido a que la Posición Arancelaria declarada en los Permisos de Embarque asociados a las importaciones temporarias (NCM 3913.90.60) no surgía del CTIT 3123/2008 (el cual refería al Insumo NCM 0510.00.90 - Producto NCM 3913.90.90).
Para así decidir, el Tribunal Fiscal consideró que la notificación de la resolución apelada había sido efectuada al CUIT -domicilio electrónico- de la empresa importadora, cuando el apoderado de la firma había constituido expresamente un domicilio procesal en las actuaciones administrativas. Por tal motivo, declaró la nulidad de esa notificación. Además, rechazó la excepción de cosa juzgada formulada por el Fisco Nacional ya que, al no resultar válida la notificación de aquella Resolución, no era posible computar el plazo que el artículo 1133 del C.A establece para interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, por lo que la multa impuesta a la accionante no se hallaba firme. En cuanto al fondo del asunto, delimitó el marco normativo y consideró que resultaba aplicable la Ley N° 27.541 (“Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”), modificada por la Ley 27.562, en el artículo 12 del Capítulo 1 “Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera” del Título IV “Obligaciones Tributarias”.
Sobre esa base, concluyó que al tratarse de una multa por la comisión de una infracción formal cometida con anterioridad al 31/7/2020 que no se hallaba firme ni abonada, correspondía declarar su condonación (conf. art. 12 de la Resolución Alta en sistema: 10/04/2024 Gral. AFIP N° 4816/2020) (v. pág. 615/620 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO Nº 10939062, agregado a la causa el 31 /08/2023]).
II. Que contra esa decisión, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación en fecha 13/12/2022, y expresó agravios el día 02/02/2023, los que no fueron replicados por su contraria (v. pág. 625 y 633/638 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN). En su presentación, la demandada señaló que para determinar si la actora se hallaba dentro de los sujetos susceptibles de adherir al régimen de condonación se debían acreditar los requisitos que prevé la normativa, lo que -según indicó- no ocurrió en el caso, motivo por el cual debía revocarse la resolución apelada.
En tal sentido, indicó que no resultaba acreditado: (i) si la compañía revestía la condición de “PYME” o, en su caso, el trámite de inscripción correspondiente (conf. art. 13 de la Ley N° 27.541); (ii) que la empresa no se hallara dentro de los sujetos excluidos en los términos del artículo 8 de la Ley N° 27.541 y que tampoco informó si poseía activos financieros en el exterior y, en ese caso, si cumplió con la repatriación prevista en la norma (conf. Resolución General N° 4816 /2020); (iii) la inexistencia de antecedentes penales (conf. art. 16 de la citada ley).
III. Que expuesto ello, y previo a ingresar al análisis del recurso interpuesto por el Fisco Nacional, conviene reseñar el marco normativo aplicable al caso de autos.
Al respecto, la Ley N° 27.541 (B.O. 23/12 /2019) estableció un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras vencidas al 30/11/2019 para aquellos contribuyentes que obtengan el “Certificado Mi Pyme” hasta el día 30/04/2020, inclusive, así como para las entidades civiles sin fines de lucro (conf. Capítulo I, Título IV de esa norma). Asimismo, se dispuso el beneficio de liberación de multas y demás sanciones que no se encuentren firmes ni abonadas; una quita de la deuda consolidada cuando el capital, las multas firmes, e intereses no condonados se cancelen mediante el pago al contado; así como la eximición y/o condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios que tengan como origen los aportes previsionales adeudados por los trabajadores autónomos y un porcentaje de los intereses adeudados por el resto de las obligaciones fiscales (conf. Resolución General 4667/20, reglamentaria de la Ley N° 27.541).
Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En tal sentido, el artículo 12 de la Ley N° 27.541 establecía que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 30 de noviembre de 2019, quedarían condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.
Con posterioridad se dictó la Ley N° 27.562 (B.O. 26/08/2020) que dispuso -entre otras cuestiones- la ampliación de la moratoria prevista en el artículo 8 de la Ley N° 27.541 al incluir a las obligaciones vencidas al 31/07/2020 -inclusive- (extendido hasta el 15/12 /2020 mediante el dictado de los Decretos Nros. 833/20 y 966/20); así como también a otros sujetos que, en el marco anterior, no se encontraban comprendidos en el régimen. También estableció nuevos supuestos de excepción al mismo.
Sobre esto último el artículo 8 de la Ley N° 27.541 -con las modificaciones- preveía que quedaban excluidas del régimen las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y los siguientes sujetos: “Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación.”
Y añadió, en lo que al caso interesa, que para el supuesto de las personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas, directos e indirectos, que posean un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) del capital social de las mismas.
Por su parte, el artículo 12 de la Ley N° 27.541 (en su párrafo cuarto, modificado por el art. 7 de la Ley N° 27.562) prevé el beneficio de condonación de pleno derecho de multas y demás Alta en sistema: 10/04/2024 sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31/07/2020, siempre que no se encontrasen firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley modificatoria y la obligación principal hubiese sido cancelada a dicha fecha.
Además, el artículo 4° de la Resolución General N° 4816 -reglamentaria de la Ley N° 27.562- (B.O. del 15/9 /2020, modificada por la RG 4873 del 4/12/2020) enumera los tipos de contribuyentes comprendidos en el régimen, a saber: a) MiPymes; b) Mipymes condicionales; c) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, entes públicos no estatales, entidades exentas del Impuesto a las Ganancias; d) pequeños contribuyentes de la AFIP y e) demás contribuyentes que no se encuentren comprendidos en los supuestos precedentes.
Asimismo, el artículo 59 de la Resolución General citada prevé que “[l]os sujetos que adhieran al presente régimen deberán informar, con carácter de declaración jurada, los socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del capital social y/o similar, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, a través del servicio denominado “Régimen de Información –Ley N° 27.562” disponible en el sitio “web” institucional (http: www.afip.gob.ar)”.
A su vez, dicho artículo prevé que los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación dispuesto por el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones deberán informar con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos financieros situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562.
Por su parte el artículo 25 de la Resolución General 4816/2020 establece las circunstancias que deberán cumplirse para obtener el beneficio de condonación de sanciones. Allí, indica que las mismas no tendrán que encontrarse firmes ni abonadas y, respecto de las obligaciones sustanciales, de naturaleza tributaria o previsional, cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: “[…] a) Haberse efectuado el pago íntegro de la obligación sustancial al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha. b) Haberse regularizado la obligación sustancial e intereses no condonados mediante compensación, pago al contado o plan de facilidades de pago, en los términos de la presente resolución general, en la medida en que la sanción no se encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización. c) Haberse regularizado la obligación sustancial y su Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V respectivo interés mediante planes de facilidades de pago vigentes dispuestos con anterioridad al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha.”
Finalmente, el artículo 28 de esa misma norma establece que el beneficio de condonación de intereses y multas correspondientes a obligaciones de capital canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 (en los términos del artículo 12 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones) se registrará -una vez cumplidos los distintos requisitos dispuestos en la presente normaen forma automática en el sistema “Cuentas Tributarias” así como en el servicio con Clave Fiscal “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, según corresponda.
IV. Que delimitado el marco normativo, corresponde ingresar al análisis del recurso interpuesto por la parte demandada contra la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que tuvo por condonada la multa impuesta a la actora en los términos de la Ley N° 27.541 -y sus modificatorias-.
Al respecto, cabe recordar que la multa impuesta a la actora a través de la Resolución N° 68/2020 (AD PASO) -por la suma de $32.963,88- tuvo como fundamento la infracción al artículo 972 del C.A., y fue dictada el día 09/06/2020, es decir, con anterioridad al 31/07/2020 (v. pág. 31/35 de las actuaciones ante el TFN). Asimismo, en tanto resultaba una sanción por la comisión de una infracción formal cometida de forma previa a la fecha indicada precedentemente que, a su vez, no se encontraba firme ni abonada, el Tribunal Fiscal consideró que correspondía declarar su condonación (conf. art. 12 de la Resolución General N° 4816/2020).
Por su parte, los agravios de la demandada dirigidos contra dicha decisión se circunscriben a manifestar que la omisión de su contraria en acreditar -entre otras cosas- si poseía condición de “PYME”, si contaba con activos financieros en el exterior y si poseía antecedes penales, obsta -según expresó- a la procedencia del acogimiento al régimen de condonación.
Ahora bien, contrariamente a lo expuesto por la demandada, lo cierto es que cuando el caso se trata de multas que no se encuentran firmes y que corresponden a obligaciones canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 (31/07/2020) el beneficio de la condonación resulta -como ocurre en este caso- de pleno derecho. Ello surge expresamente de los términos del artículo 12, 4° Alta en sistema: 10/04/2024 párrafo de la Ley N° 27.562 y de los artículos 25 inciso a) y 28 de la Resolución General N° 4816 (reseñados en el Considerando III del presente decisorio). En consecuencia, no resulta ajustada a derecho la afirmación de la accionada relativa a que correspondía exigir la concurrencia de otro recaudo para la operatividad de dicho beneficio (en sentido concordante, Sala II del fuero, “Smurfit Kappa SA (TF 69809104-I) c/ DGI s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. N° 51587/2022, sentencia del 05/04/2023).
A ello cabe agregar que, sin perjuicio de lo expuesto, el Fisco Nacional tampoco acreditó ningún elemento por el cual interpretó que la firma actora debía ser excluida del régimen previsto por la Ley N° 27.541 y sus modificaciones. Ni siquiera brindó información concreta o indicios que corroboren los extremos alegados o que permitan a esta Alzada comprobarlos, como hubiera sido la individualización de los datos de activos en el exterior, su titularidad y/o documentación que acreditara la existencia de antecedentes penales. En efecto, su accionar se limitó a denunciar sin más la “supuesta” existencia de tales circunstancias, lo que no resulta suficiente a efectos de hacer lugar a su pretensión.
En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que declaró la condonación de la multa cuestionada en autos impuesta a la actora a través de la Resolución N° 68/2020; 2) Sin especial imposición de costas, atento a la inactividad procesal de la parte actora (cfr. art. 68, segundo párrafo, del CPCCN). Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 10/04/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Alta en sistema: 10/04/2024
Fin de la sentencia