Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 37461-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente los agravios de la parte actora y confirmar la decisión de fs. 57/61, salvo en lo que respecta a la determinación del importe adeudado en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, que se fija en la suma de $50.235,18 ―de acuerdo con el tipo de cambio empleado en la corrida de vista―, más intereses (art. 794, CA).
2Imponer las costas de ambas instancias conforme los vencimientos (arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 71 y 279 del CPCCN).
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652/2025 —ROVAFARM ARGENTINA SA (TF 37461-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 27 de febrero de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, esta actuación tiene origen en la resolución DE PRLA 2103/16, dictada en la actuación 12197-5286-2007, que condenó a Rovafarm Argentina SA al pago de una multa de $50.235,17 por infracción al artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación de importación temporaria 04 001 IT14 001159C, así como al pago de USD 16.373,91 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y de $31.337,52 en concepto de percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias (fs. 82/85vta. act. adm.).
2. Que, recurrido el acto por la importadora, a fs. 57/61 de este expediente, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
(i) Confirmó la multa impuesta en la citada resolución aduanera.
(ii) Confirmó parcialmente el reclamo tributario, salvo en lo que respecta a las percepciones de tributos interiores, y declaró que la recurrente adeudaba la suma de USD 16.373, 91, más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, calculados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista del 6/9/11 hasta la fecha de efectivo pago.
(iii) Distribuyó las costas conforme los vencimientos.
Para resolver como lo hizo, ante todo, la mayoría desestimó el planteo de prescripción de la acción para imponer penas que había formulado la importadora. Consideró que el curso de la prescripción había comenzado a correr el 1/1/07 (teniendo en cuenta que la destinación temporaria venció el 17/2/06) y hubiese operado el 31/12/11. Sin embargo, se interrumpió con el dictado del auto de apertura del sumario del 11/5/11 (art. 937, inc. a, CA). Agregó que a partir de allí comenzó a correr un nuevo plazo quinquenal cuyo vencimiento operaba el 11/5/16, pero el 10/5/16 se dictó la resolución DE PRLA 2103/16, que volvió a interrumpir su curso (art. 937, inc. d, CA). Indicó que, a partir del 11/5/16, había vuelto a correr un plazo de cinco años que hubiese vencido el 10/5/21, pero no alcanzó a cumplirse ya que la resolución quedó notificada el 14/11/16. Finalmente, aclaró que el plazo se mantenía suspendido a la fecha en virtud de la interposición de la apelación (art. 936, CA).
En lo que respecta a la cuestión de fondo, consideró configurada la infracción imputada, al no haber podido acreditar la actora, con la documentación correspondiente, la regularización de los insumos importados. En ese sentido, señaló que se había documentado la importación temporaria de 3.000 kilogramos de enzimas correspondientes a la PA 3507.90.39.000N y que, si bien la actora proporcionó copias de los permisos de embarque y el CTC a través de los cuales habría procedido a su regularización, la Aduana objetó adecuadamente la aplicabilidad del CTC 1014 (fs. 3, act. adm.), por no tipificar el insumo importado (aludía a la PA 3507.90.29). Destacó la relevancia que tenía este documento para acreditar la relación entre los insumos importados y la mercadería exportada. Sobre esa base, compartió que todos los insumos importados temporariamente se hallaban en infracción.
Finalmente, con relación a la liquidación tributaria, revocó parte de los rubros con sustento en jurisprudencia de la Corte federal; mientras que, con respecto a aquellos rubros que fueron confirmados, desestimó la objeción que había formulado la actora contra la dolarización del reclamo. Señaló que esa solución venía impuesta por el artículo 20 de la ley 23.905, que había modificado ―en lo atinente al tipo de cambio― el artículo 639 del Código Aduanero.
3. Que, disconforme, a fs. 68 interpuso apelación la parte actora, que se concedió a fs. 69, se fundó a fs. 93/106 y fue replicada a fs. 116/121.
En primer término, cuestionó la valoración hecha de las pruebas y argumentó que se encontraba acreditado el cumplimiento del régimen de importación temporaria. Especificó que el CTC presentado resultaba válido y eficaz pese a la falta de coincidencia entre la posición arancelaria allí consignada y la obrante en el despacho de importación. Señaló que la mercadería importada coincidía con la exportada en calidad, descripción y tipificación, más allá del error formal que advirtiera el tribunal de origen. Citó doctrina y jurisprudencia para sostener que la validez de los documentos aduaneros debía juzgarse en el contexto de las normas que los regulan y que, en caso de duda, debía preferirse la solución que favoreciese al administrado.
En segundo término, replanteó la prescripción de la acción para imponer penas. Hizo hincapié en que la resolución aduanera se había notificado con posterioridad a que operase la prescripción y que la interpretación mayoritaria infringía las normas sobre notificación y publicidad de los actos administrativos. Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de esta postura.
En tercer y último término, insistió en que los tributos habían sido reclamados en pesos, tanto en la liquidación original como en la corrida de vista del sumario, por lo que su dolarización en la resolución que le puso fin implicaba un agravamiento de la condena, contrario a principios fundamentales del derecho administrativo y procesal.
4. Que, por razones de orden lógico y jurídico, corresponde tratar en primer término el agravio vinculado con la prescripción de la acción para imponer penas.
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652/2025 —ROVAFARM ARGENTINA SA (TF 37461-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Al respecto, se remite a lo dicho por este Tribunal en la causa 14530/2022 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sentencia del 27/9/22, considerando 4° y sus citas.
En el entendimiento que allí se propone, el planteo de la actora no puede prosperar, toda vez que el vencimiento de la importación temporaria tuvo lugar 17/2/06, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/07 y hubiese vencido el 31/12/11, pero se interrumpió con el dictado del auto de apertura del sumario del 11/5/11 (fs. 53/vta. act. adm.). A partir del 12/5/11 comenzó a correr un nuevo plazo quinquenal que hubiese vencido el 11/5/16, pero no alcanzó a operar ya que en tiempo hábil se dictó la resolución DE PRLA 2103, del 10/5/16, que puso fin al sumario.
5. Que, con respecto a la configuración de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, cabe recordar que al acogerse al régimen de importación temporal de mercadería el importador asume la obligación de reexportarla al vencimiento del plazo otorgado (art. 250 C.A.). Además, tratándose de una excepción al régimen general, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de su otorgamiento cae en cabeza del beneficiario –o bien del asegurador, que puede subrogarse en sus defensas-, quien ha de probarlo por medio de la documentación que debe contar en su poder (cfr. esta Sala, causas “Curtiembre Pelicce SA (TF 9684-A) c/ DGA”, sent. del 31/8/04, y “La Economía Comercial SA de Seguros Grales (TF 23454- A) C/ DGA”, sent. del 8/8/13; entre otras).
Puntualmente, en los casos de importación temporaria con fines de transformación ―como es el caso de autos― se ha dicho que la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación son los correspondientes permisos de embarque y certificados de tipificación y clasificación ―o, en su defecto, copias de aquellos instrumentos―, de forma tal de constatar la relación insumoproducto y la efectiva reexportación de los insumos introducidos al territorio aduanero (cfr. esta Sala, causa “Orandi y Massera SA (TF 19648-A) C/ DGA”, sent. del 15/03/11, y sus citas; arg. art. 14, dto. 1439/96 y art. 8º res. ME 72/92).
Además, se ha hecho hincapié en que, para tener por regularizados los insumos importados, es necesario que del cotejo de los datos obrantes en la documentación surja de manera fehaciente la descarga de la mercadería ingresada (cfr. esta Sala, causas “Meskas Juan y Juan Meskas & Meskas Antonio S (TF 22547-A) c/ DGA”, sent. del 8/6/10; “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 22547-A) c/ DGA”, sent. del 10/6/10; “Orandi y Massera SA (TF 19648-A) c/ DGA”, sent. del 15/03/11; “Supertap SA (TF 26901-A) c/ DGA”, sent. del 11/4/13; entre otras).
6. Que, como se puede apreciar, la cuestión relativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria requiere de la valoración de circunstancias de hecho y prueba que, en principio, se encuentran marginadas del examen que corresponde realizar en esta alzada, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (art. 1180, ap. b, CA), y tampoco surge de las actuaciones que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartarse de la decisión tomada por el Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los hechos de la causa (cfr. esta Sala, causa 2708/12, “Maritime Shipping Agency SRL (TF 29094-A) c/ DGA”, sent. del 26/6/12; entre muchas otras).
En ese sentido, el Tribunal Fiscal de la Nación tomó en cuenta la documentación proporcionada por la actora, pero la estimó ineficaz a los fines pretendidos debido a la falta de coincidencia entre la posición arancelaria de la mercadería consignada en el DIT y la de los insumos amparados por el CTC 1014 (v. fs. 2/3, act. adm.); circunstancia que no ha sido desconocida y que impide tener por acreditada la regularización de los insumos con el nivel de precisión que exige el régimen especial al que la actora se acogió en forma voluntaria (doctr. Fallos: 327:2905; entre otros). Por lo expuesto, se confirma la decisión apelada en cuanto tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporaria y, por ende, el hecho imponible previsto en el artículo 274 del Código Aduanero.
7. Que resta examinar lo relativo a la moneda en que corresponde determinar los importes adeudados por la actora en concepto de tributos.
Aunque este Tribunal reivindicó en numerosas oportunidades la plena vigencia del artículo 20 de la ley 23.905, con sustento en lo resuelto por la Corte federal (cfr. esta Sala, causas 37248/19 “Ultramar Argentina SA (TF 32198-A) c/ DGA”, sent. del 8/10/19, y 43695/23 “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 34198-A) c/ DGA”, sent. del 5/12/23; entre otras), en el caso no puede obviarse que fue el propio Fisco Nacional quien renunció a su aplicación al expresar la deuda tributaria en pesos con arreglo al tipo de cambio vigente al momento de practicar liquidación en sede aduanera, y sin efectuar reserva alguna. Así lo hizo al correr vista del sumario (v. fs. 49 y 53vta., act. adm.).
Corresponde, entonces, declarar improcedente la determinación en dólares estadounidenses que se hizo en la reliquidación de fs. 80 de los antecedentes y se incluyó en el artículo 3° de la resolución DE PRLA 2103/16, por ser ello contrario a los propios actos del demandado e infringir el deber de buena fe procesal (arg. art. 34, ap. 5º, inc. d, del CPCCN).
- SALA IV -
652/2025 —ROVAFARM ARGENTINA SA (TF 37461-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir parcialmente los agravios de la parte actora y confirmar la decisión de fs. 57/61, salvo en lo que respecta a la determinación del importe adeudado en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, que se fija en la suma de $50.235,18 ―de acuerdo con el tipo de cambio empleado en la corrida de vista―, más intereses (art. 794, CA).
2. Imponer las costas de ambas instancias conforme los vencimientos (arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 71 y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. DEOX enviado el 20/2/25).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia