Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani en PE1306869-2024.-
2Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Alicia del Valle Rovera en PE984553-2023 y PE1073976-2023, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
TOMO XXI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1202 FOLIO Nº 4058/4065 PROT. ELECT. TSS1 005 C.261
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 30 días del mes de junio de dos mil veintiséis, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta, José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio R. de la Vega y los Sres. Vocales Subrogantes, Dr. Carlos Enrique Arenillas y Dr. Eduardo Gabriel López, bajo la presidencia del Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero para dictar sentencia en los autos: “ROVERA ALICIA DEL VALLE C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° R-871/23-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 2°) Dr. Fernando Miguel Basanta, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Dr. José Antonio González Nora, 5º) Dr. Juan Lucio R. de la Vega, 6°) Dr. Sergio Edgardo Acevedo, 7°) Dr. Carlos Enrique Arenillas, 8°) Dr. Eduardo Gabriel López, 9°) Gabriel Nolasco Contreras Agüero; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Corresponde aceptar la excusación deducida por el Sr. Vocal de este Alto Cuerpo, Dr. Daniel Mauricio Mariani?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, la excusación deducida por el Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani, quien expresa: “En virtud de lo dispuesto por el artículo 30 del CPCyC, por remisión del artículo 45 del CPCA, Ley Nº 2600, excúsome de intervenir en los presentes autos, por encontrarme comprendido en la causal del artículo 17, inciso 1º del código citado en primer término, atento que mi hijo, el Dr. Mauricio Bernardo Mariani, interviene como letrado patrocinante de la tercera citada.” (cfr. PE1306869-2024).-
En razón de los motivos que fundan la excusación del Magistrado, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 1º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
Por lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
Los Dres. Fernando Miguel Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau, José Antonio González Nora, Juan Lucio R. de la Vega, Sergio Edgardo Acevedo, Carlos Enrique Arenillas, Eduardo Gabriel López y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, adhieren al voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Que mediante PE984553-2023 la Sra. Alicia del Valle Rovera, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Sabrina Raquel Aranda, interpone demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (en adelante CPS), solicitando se declare la nulidad del Acuerdo de la CPS Nº 2775/22, que no hizo lugar al beneficio de pensión peticionado (cfr. PE cit., pág. 1).-
Manifiesta que el 27 de abril de 2007 contrajo matrimonio con quien en vida fuera el Sr. Francisco José Cousido, con quien convivió en la localidad de Los Antiguos, donde establecieron su residencia y desarrollaron un emprendimiento común (cfr. PE y pág. cits.). Asimismo, afirma que en diciembre de 2019 asumió funciones en la Comisión de Fomento de Jaramillo, lo que motivó su cambio de domicilio, siendo posteriormente designada integrante del COE en el marco de la pandemia por COVID-19; en ese contexto, señala que el causante consignó en el certificado de supervivencia de ese año el estado civil “separado de hecho”, aunque sostiene que la relación de pareja no se interrumpió y que continuó brindándole asistencia durante dicho período (cfr. PE y pág. cits.).-
Afirma también que el cambio de domicilio obedeció exclusivamente a razones laborales, indicando que el vínculo afectivo se mantuvo hasta el fallecimiento del Sr. Cousido, y que lo asistió durante su enfermedad, ocupándose de su cuidado y de la provisión de medicación. En igual sentido, refiere que habría sido víctima de situaciones de violencia de género, las cuales -según sostiene- no fueron denunciadas oportunamente (cfr. PE y pág. cits.).-
Por otra parte, menciona que atravesó un cuadro de salud consistente en cáncer de riñón y tratamientos de varices (cfr. PE cit., págs. 1/2). A su vez, cuestiona el acto administrativo impugnado, sosteniendo que el mismo interpreta la normativa aplicable de modo contrario a su espíritu y a la finalidad perseguida por el legislador (cfr. PE cit., pág. 2).-
Relata, asimismo, que durante el período de pandemia mantenía comunicación telefónica habitual con su esposo, y que en una de esas ocasiones, al tomar conocimiento de que éste pretendía reunirse con terceros en un contexto de circulación comunitaria del virus en la localidad de Los Antiguos, le recomendó evitar tales contactos por razones sanitarias, lo que derivó en una discusión (cfr. PE y pág. cits.). Señala que, con posterioridad a ese episodio, el Sr. Cousido inició una demanda de divorcio que no tuvo continuidad ni resolución judicial, ni tampoco se definió cuestión alimentaria alguna (cfr. PE y pág. cits.).- Finalmente, expone que en noviembre de 2022 el causante se trasladó a la ciudad de Río Gallegos por razones de salud, mientras que ella no pudo acompañarlo debido a sus obligaciones laborales, siendo alojado en un domicilio donde contaba con asistencia profesional (cfr. PE y pág. cits.). Indica que, encontrándose en dicha ciudad, el Sr. Cousido contrajo COVID-19 y falleció el 6 de febrero de 2022, afirmando que el vínculo matrimonial se mantuvo vigente hasta ese momento (cfr. PE y pág. cits.).-
En PE1073976-2023 amplía demanda. Allí manifiesta que uno de los fundamentos invocados por la CPS para denegar el beneficio de pensión radica en la existencia de una demanda de divorcio vincular, señalando que, al examinar dicho expediente, advierte que el escrito inicial presenta graves deficiencias formales, en tanto carece de la firma de las partes, encontrándose únicamente suscripto por el letrado interviniente (cfr. PE cit., pág. 1).-
Afirma asimismo que el organismo previsional habría concluido, sin sustento suficiente y en ausencia de una sentencia de divorcio, que se encontraba separada, basándose en documentación que califica como cuestionable. En ese mismo sentido, cuestiona que la CPS haya descartado la existencia de un estado de necesidad, indicando que tal conclusión se aparta de la realidad personal y sanitaria de la actora, quien refiere haber padecido cáncer de riñón con la consecuente pérdida de uno de ellos, debiendo realizar controles periódicos en la provincia de Córdoba con su médico tratante. Agrega, además, que la señora Rovera padece diabetes, lo que también requiere controles y estudios regulares para el adecuado seguimiento de su estado de salud (cfr. PE cit., pág. 3).-
II. En PE1186371-2023 la CPS por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Mariana Isak, con el patrocinio de la Dra. Carla A. Tellez, contesta demanda, solicitando su rechazo con costas.-
Luego de una negativa en general y en particular de los hechos alegados en la demanda, explica que al momento del fallecimiento del Sr. Cousido, y con anterioridad a la presentación de la actora, se había presentado Andrea Vanina Cousido, por intermedio de su progenitora, solicitando el beneficio de pensión, el cual fue otorgado mediante Acuerdo CPS Nº 0750/22, en atención a la documentación acompañada, entre ella el certificado único de discapacidad (cfr. PE cit., pág. 3).-
Señala que mediante Acuerdo Nº 2010/22 se rechazó el beneficio de pensión solicitado por la Sra. Rovera, en concordancia con el artículo 76 de la normativa previsional aplicable, y que, frente al recurso de reconsideración interpuesto por aquella, se dispuso su rechazo mediante Acuerdo Nº 2775/22 (cfr. PE cit., págs. 3/4).-
Expone que, al analizar el expediente jubilatorio del causante, se advierten distintas declaraciones efectuadas por éste a lo largo del tiempo respecto de su situación personal, indicando que en el año 1991 declaró como cónyuge a otra persona, que posteriormente en 1999 manifestó encontrarse unido de hecho con una tercera, y que en el año 2007 acompañó certificado de matrimonio con la actora. Añade que en los certificados de supervivencia correspondientes a los años 2017 y 2019 el causante declaró, respectivamente, su estado civil como “casado” y luego como “separado de hecho”, circunstancia que considera relevante a los fines del caso (cfr. PE cit., pág. 4).- Afirma que el derecho a pensión posee carácter sustitutivo de los ingresos que el causante aportaba en vida, por lo que su finalidad es atender el estado de necesidad derivado de la pérdida del sostén económico. En ese marco, sostiene que la existencia de una demanda de divorcio -iniciada por el causante-, junto con las manifestaciones efectuadas por éste en el último certificado de supervivencia, en el cual declaró encontrarse separado de hecho, llevó al organismo a descartar la necesidad de sustituir ingresos en favor de la actora. Precisa, no obstante, que la denegatoria no se fundó en la falta de cohabitación, sino en la propia declaración del causante (cfr. PE cit., pág. 5).- Manifiesta que los argumentos de la actora se centran en cuestionar la valoración de la prueba efectuada por el organismo, insistiendo en la vigencia del vínculo matrimonial pese a la disparidad de domicilios, mientras que el certificado de supervivencia constituye un elemento que acredita la separación de hecho al momento del fallecimiento (cfr. PE y pág. cits.). Añade que en ningún momento el organismo analizó la convivencia desde una perspectiva de culpa o fidelidad, rechazando la imputación de arbitrariedad en su actuación (cfr. PE cit., pág. 6).-
Finalmente, señala que la falta de acompañamiento del documento de identidad del causante al momento de iniciar el trámite previsional constituye -a su criterioun indicio de la inexistencia de convivencia efectiva, en tanto entiende que, de haber existido tal vínculo en los términos alegados, la actora habría tenido acceso a dicha documentación (cfr. PE y pág. cits.).-
III. En PE1190300-2023, la CPS solicita citar a estar a derecho a Sra. Margarita Elisa Fraser, en carácter de progenitora y figura de apoyo y salvaguarda de Andrea Vanina Cousido, con el fin de salvaguardar todos los derechos que le competen y en razón de que se podrían vulnerar derechos previsionales adquiridos de una persona con discapacidad. Esta solicitud fue receptada favorablemente en PE734026-2023; y en PE1303146-2024 se presenta la Sra. Margarita Elisa Fraser, en representación de su hija Andrea Vanina Cousido, y con el patrocinio letrado del Dr. Mauricio Mariani.-
Manifiesta la compareciente que adhiere en todos sus términos a las negativas y al relato de los hechos efectuados por la CPS, y rechaza la pretensión de la parte actora, calificándola como una maniobra dirigida a obtener indebidamente el beneficio previsional, mediante la exposición de hechos que considera falsos, cuya inconsistencia -según afirma- surgiría de las constancias obrantes en los expedientes administrativos pertinentes (cfr. PE1303146-2024, pág. 2).-
Indica que los hechos del caso y las normas aplicables al derecho a pensión fueron correctamente aplicados por la CPS. Añade que dicha interpretación debe efectuarse de manera favorable a los intereses de Andrea Cousido, en atención a su situación de vulnerabilidad y a la protección especial que le reconoce el ordenamiento jurídico (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Sostiene, asimismo, que su hija padece desde su nacimiento un cuadro de retraso mental moderado, acompañado de dificultades en la marcha y movilidad, lo que le ha impedido valerse por sus propios medios, siendo asistida de manera permanente por su grupo familiar (cfr. PE cit., pág. 3).- En PE1400298-2024 contesta vista el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, dictaminando que la demanda entablada es formalmente admisible (cfr. PE cit., pág. 2).- En PE1416781-2024 contesta vista la Sra. Defensora General ante este Tribunal Superior de Justicia y asume la representación complementaria de Andrea Vanina Cousido. Expresa que “...en mérito a la actuación asumida y en atención a los intereses que represento de la Sra. Andrea Vanina Cousido, este Ministerio Público adhiere al escrito de contestación de demanda de la parte -tercera citada- Sra. Fraser Margarita Elisa en representación de su hija, en cuanto solicita el rechazo de la demanda instaurada por la parte actora Sra. Rovera Alicia del Valle, ello en resguardo de los intereses de Andrea Vanina Cousido que se verían afectados…” y que “...el proceder de la demanda infringirá notoriamente en los derechos de Andrea Vanina Cousido, causando un perjuicio explícito e irreparable, vulnerándose así derechos de raigambre constitucional e internacional.” (cfr. PE cit., págs. 1/3).- Posteriormente, se ordenó la apertura a prueba de la causa (cfr. PE1438037-2024). Certificada su producción y puestos los autos a disposición de las partes para alegar (cfr. PE1548139-2024), hizo uso de este derecho únicamente la actora en PE1567365-2024.-
Se llaman autos para sentencia en PE1628478-
2024, pasando a estudio en PE1642598-2024.-
IV. De conformidad con los antecedentes reseñados, la controversia gira en torno a determinar si le corresponde o no el beneficio de pensión a la actora, a raíz del deceso de quien fuera su cónyuge.-
El artículo 72 de la Ley Provincial Nº 1782 (texto según Ley Nº 3189) enumera de modo taxativo la nómina de parientes del causante (jubilado, afiliado en actividad o con derecho a jubilación) que pueden acceder al beneficio de pensión, incluyendo -entre otras personas- a la viuda o al viudo (inc. 1°). En punto a ello, se ha sostenido que: “…la viuda y el viudo […] son de aquellos que la ley -supone- han vivido bajo el amparo económico del causante…” (cfr. Crocilla, Esteban D.: “El comportamiento de los esposos durante la separación de hecho y su incidencia en el beneficio de pensión”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2766/2020).- Sentado ello, corresponde reseñar los fundamentos que condujeron a la Caja de Previsión Social a denegar el beneficio solicitado por la actora mediante Acuerdo Nº 2010/22, obrante a fs. 33/34 del Expediente Administrativo N° R-239062/22 (glosado en PE1046742-2023), en tanto constituyen el objeto directo del control de juridicidad que aquí se ejerce.- En dicho acto, el organismo previsional sostuvo -en primer lugar- que la naturaleza del beneficio de pensión radica en cubrir la contingencia derivada del fallecimiento del causante, en tanto éste constituía el sostén económico de quien solicita la prestación. En esa línea, destacó el carácter sustitutivo del ingreso propio del sistema previsional, en cuanto procura paliar el estado de necesidad que se genera a partir de la desaparición del aporte económico brindado en vida por el afiliado.-
A partir de ese encuadre, la administración valoró las constancias obrantes en el expediente, señalando que de la documentación acompañada surgía que la actora tenía domicilio en la localidad de Jaramillo, mientras que el causante residía en la ciudad de Río Gallegos, circunstancia que evidenciaba una disociación en la residencia de ambos. Asimismo, ponderó que en el certificado de supervivencia correspondiente al año 2019 el causante había declarado su estado civil como “separado de hecho”, con el carácter de declaración jurada.-
A ello agregó la existencia de un proceso de divorcio vincular en trámite entre las partes, lo cual, en conjunto con los elementos antes mencionados, condujo al organismo a concluir que la solicitante se encontraba separada de hecho al momento del fallecimiento del causante.-
Sobre esa base fáctica, la CPS aplicó el artículo 76 inciso a) de la Ley Nº 1782, destacando que dicha norma excluye del derecho a pensión al cónyuge separado de hecho, salvo que el causante hubiere contribuido mediante sentencia judicial al pago de alimentos, extremo que no se verificaba en el caso.- Finalmente, el organismo concluyó que la situación descripta alejaba el supuesto de autos de la finalidad sustitutiva del beneficio previsional, en tanto la separación de hecho evidenciaba la inexistencia de una relación de dependencia económica que justificara la sustitución de ingresos, descartando así la configuración de un estado de necesidad en los términos requeridos por la normativa vigente.-
Posteriormente, mediante Acuerdo Nº 2775/22 (cfr. fs. 46/47 del Expte. Adm. cit.), la CPS rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Rovera, reiterando sustancialmente los fundamentos expuestos en el acto originario. En dicha oportunidad, el organismo volvió a destacar la declaración del causante en el certificado de supervivencia del año 2019, así como la existencia del proceso de divorcio vincular en trámite, reafirmando la configuración de la separación de hecho.- Asimismo, en relación a las manifestaciones introducidas por la recurrente vinculadas a supuestos hechos de violencia, señaló que no obraban en el expediente constancias que permitieran corroborar tales extremos -ni con anterioridad ni con posterioridad a su invocación-, concluyendo que no se encontraba acreditada la existencia de una causal que permitiera modificar la conclusión alcanzada, ni tampoco la concurrencia de circunstancias que habilitaran a apartarse del régimen legal aplicable.-
V. El eje decisorio del caso radica en establecer si, al momento del fallecimiento del causante, la actora se encontraba alcanzada por la causal de exclusión prevista en el artículo 76 inciso a) de la Ley Nº 1782, esto es, si mediaba entre los cónyuges una situación de separación de hecho que obste al acceso del beneficio previsional pretendido.-
La norma citada dispone que no tendrá derecho a pensión el cónyuge supérstite separado de hecho al momento del fallecimiento del causante, salvo que éste hubiere estado contribuyendo, mediante sentencia judicial, al pago de alimentos.- De este texto legal se colige que la sola separación de hecho hace perder el derecho a pensión, sin importar si ella se produjo por culpa de uno o de ambos cónyuges (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1138, Folio 3685/3690).-
Se trata de una previsión de carácter objetivo, cuya operatividad no depende de la atribución de culpa en la ruptura del vínculo, sino de la constatación de una realidad fáctica: la inexistencia de comunidad de vida y, con ello, la ausencia de la relación de asistencia económica que el sistema previsional procura tutelar.
En tal sentido, este Alto Cuerpo ha sostenido que:
“…de la atenta lectura de la norma local (transcripta), surgen dos supuestos de denegatoria del beneficio: por una parte, los separados de hecho, y por la otra, los divorciados o separados legalmente por su culpa o culpa de ambos, siempre y cuando el causante no estuviere contribuyendo con el pago de alimentos al posible beneficiario. La segunda causal exige para su configuración el elemento subjetivo de la atribución de culpa en la separación [personal] o el divorcio, empero no ocurre lo mismo con la primera en donde la circunstancia objetiva de la separación de hecho es suficiente para excluir al cónyuge supérstite como beneficiario del derecho a pensión. Es decir que según las normas citadas, para el órgano previsional provincial sólo es necesario acreditar los supuestos fácticos de la separación de hecho y la no prestación alimentaria, sin que interese la atribución de culpa…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1097, Folio 3512/3521).-
En otra oportunidad, este Alto Cuerpo se encargó de precisar que: “A diferencia de lo que sucedía bajo la vigencia del régimen civil derogado, la ausencia de cohabitación entre los cónyuges no es asimilable, lisa y llanamente, a la separación de hecho [...] Estar separados de hecho para los cónyuges expresa que ya no se comparte un proyecto de vida en común, habiéndose quebrado la unión matrimonial fácticamente...la separación de hecho importa que no se sostiene ni se desarrolla un proyecto de vida en común entre los cónyuges […] La ‘nueva’ separación de hecho ostenta caracteres diferentes a la que podía describirse en el Derecho derogado, en tanto responde a un nuevo paradigma de la unión matrimonial, fundado en el compromiso de desarrollar un proyecto de vida en común...”; y concluyó que: “Una recta interpretación del plexo jurídico en su conjunto lleva a concluir que la separación de hecho como causal de exclusión del beneficio de pensión contenida en el artículo 76, inciso a), de la Ley N° 1782 debe ser asimilada, entonces, a la ruptura del proyecto de vida en común al que alude el artículo 431 del Código Civil y Comercial…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1136, Folio 3672/3680).-
VI. Desde esta perspectiva, cabe adelantar que el examen integral de las constancias obrantes en el expediente administrativo revela la existencia de un conjunto de elementos probatorios concordantes, precisos y temporalmente consistentes que permiten concluir, sin hesitación, en la efectiva ruptura del proyecto de vida en común entre los cónyuges.-
En primer lugar, reviste singular valor la declaración efectuada por el propio causante en el certificado de supervivencia correspondiente al año 2019, en el cual consignó su estado civil como “separado de hecho” (cfr. PE1186371-2023, COD00010482.pdf, pág. 13). Tal manifestación, realizada en vida y en un ámbito ajeno a todo conflicto judicial, posee una significativa fuerza convictiva en tanto expresa de manera directa la ausencia de continuidad del vínculo conyugal en términos fácticos.- Asimismo, la divergencia de domicilios entre las partes -conforme se desprende de fs. 4, 9 y 17 del expediente administrativo citado y del escrito de contestación de demanda en PE1186371-2023, COD00010482.pdf, págs. 1/2-
constituye un elemento corroborante que, si bien no resulta aisladamente decisivo, adquiere relevancia al ser valorado en forma conjunta con los restantes extremos, en tanto evidencia la disociación material de la vida cotidiana de los cónyuges.- La ponderación conjunta de estos elementos permite concluir que, al momento del fallecimiento del causante, no existía entre las partes una comunidad de vida ni un proyecto común en desarrollo, sino, por el contrario, una ruptura consolidada del vínculo en su dimensión fáctica.-
En este contexto, no se advierte en autos elemento alguno que permita inferir una recomposición posterior de dicha situación, ni la reanudación efectiva de la convivencia o del proyecto de vida en común, circunstancia que hubiera podido neutralizar -de acreditarse- la operatividad de la causal de exclusión prevista en la norma.-
VII. Frente a dicha plataforma probatoria, incumbía a la actora desvirtuar las conclusiones alcanzadas en sede administrativa, acreditando -en su caso- la subsistencia de la vida en común o la configuración de alguna de las excepciones previstas por la normativa aplicable.-
Sin embargo, tal carga no ha sido satisfecha.-
En efecto, las afirmaciones relativas a la continuidad del vínculo afectivo, a la asistencia brindada durante la enfermedad del causante o a la eventual reanudación de la convivencia, carecen de respaldo en elementos objetivos que permitan tenerlas por acreditadas. Se trata de manifestaciones de carácter unilateral que no encuentran corroboración en las constancias de autos.-
En particular, resulta necesario abordar de manera específica las alegaciones vinculadas a supuestas situaciones de violencia de género, las cuales imponen al juzgador un análisis especialmente cuidadoso y contextualizado. En este sentido, es cierto que en determinados supuestos la acreditación de tales hechos no exige necesariamente prueba directa, pudiendo bastar un relato consistente, coherente y verosímil, atendiendo a las particulares dificultades probatorias que caracterizan este tipo de situaciones. No obstante, ello no releva al órgano jurisdiccional de verificar la razonabilidad interna del relato ni su correspondencia con las restantes constancias del caso, en tanto la perspectiva de género no habilita a prescindir del análisis crítico de los elementos incorporados al proceso.-
En el caso bajo examen, las manifestaciones de la actora presentan inconsistencias relevantes que impiden conferirles aptitud convictiva suficiente. Así, mientras en la demanda sostuvo que, pese a haber atravesado situaciones de violencia, “no realizó nunca una denuncia o exposición policial” (cfr. PE984553-2023, pág. 1), en sede administrativa -al interponer el recurso de reconsideración- afirmó haber sido: “...víctima de una relación compleja, donde existieron situaciones de violencia de género, que oportunamente denuncié.” (cfr. fs. 38 del Expte. Adm. citado).-
Esta contradicción directa sobre un aspecto central de su relato -esto es, la existencia misma de denuncias- no constituye un mero detalle secundario, sino que afecta de manera sustancial la credibilidad del planteo, en tanto impide reconstruir con un mínimo grado de certeza las circunstancias invocadas.- A ello se suma que, pese a la afirmación posterior de la existencia de denuncias, no obra en autos constancia alguna que permita corroborar tales extremos, ni se han aportado elementos que, aun de modo indirecto o indiciario, permitan dotar de verosimilitud suficiente a dicha versión.-
En este contexto, resulta pertinente recordar que:
“…la vulnerabilidad está estrechamente relacionada con las circunstancias particulares del caso a juzgar. No se trata de una categoría, un rótulo o una etiqueta que se pueda aplicar cual comodín. No siempre del análisis del caso se encuentra que ha habido asimetrías, desigualdades o vulnerabilidad de derechos que la magistratura deba corregir o tutelar aplicando el enfoque de género. No se puede forzar su aplicación a hipótesis que carecen de andamiaje fáctico, apoyándose en conjeturas laxas. De otro modo, se terminaría desprestigiando o banalizando un enfoque que tantas luchas históricas han llevado y conllevan aún en la actualidad.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1145, Folio 3715/3725, voto de la suscripta).- A la luz de tales pautas, corresponde concluir que las alegaciones de violencia introducidas en autos no logran configurar, en el caso concreto, un cuadro fáctico suficientemente consistente que permita alterar las conclusiones alcanzadas, ni habilitan a desplazar la aplicación del régimen legal vigente.- A lo expuesto cabe añadir que diversas aseveraciones formuladas por la actora -tanto en su demanda como en su ampliación- no sólo carecen de adecuado respaldo probatorio, sino que, en algunos casos, resultan inconsistentes o insuficientes para acreditar la existencia de un proyecto de vida en común en los términos exigidos por la normativa aplicable.- Así, en su escrito inicial la actora sostiene que el cambio de domicilio producido en diciembre de 2019 -derivado de su incorporación a la Comisión de Fomento de Jaramillo- explicaría la declaración de “separado de hecho” consignada por el causante en el certificado de supervivencia de ese mismo año (cfr.
PE984553-2023, pág. 1). Sin embargo, este razonamiento no se sostiene, ya que dicho certificado fue emitido en el mes de junio de 2019 (cfr. PE1186371-2023, COD00010482.pdf, pág. 13), es decir, con anterioridad al supuesto cambio de residencia invocado, lo que torna imposible establecer la relación causal pretendida.- Del mismo modo, afirmó haber continuado asistiendo al Sr. Cousido durante la pandemia, invocando para ello permisos de circulación emitidos por el COE local. No obstante, la única documental acompañada al efecto (cfr. PE984553-2023, INT00031923.pdf, pág. 1) consiste en una planilla carente de firma de autoridad competente y de precisión en cuanto a su contenido, de la cual únicamente se desprenden dos desplazamientos puntuales entre las localidades de Los Antiguos y Jaramillo en el año 2020, sin que de ello pueda inferirse, con un mínimo grado de certeza, la prestación de asistencia personal o el mantenimiento de una convivencia efectiva.-
En igual sentido, la actora sostuvo haber asistido al causante durante su enfermedad, ocupándose de su cuidado y de la provisión de medicación. Sin embargo, la documental acompañada se limita a dos tickets de compra de medicamentos correspondientes a una misma fecha (cfr. PE1018887-2023), los cuales -por su carácter aislado y falta de contexto- no permiten tener por acreditada una asistencia regular, continua y significativa en los términos alegados.-
Por otra parte, su relato presenta inconsistencias temporales relevantes. En efecto, afirmó que el causante se trasladó a la ciudad de Río Gallegos en noviembre de 2022 por razones de salud, cuando de las constancias obrantes en autos surge que su fallecimiento se produjo con anterioridad (cfr. certificado de defunción que luce a fs. 18 del Expte. Adm. citado). Aun soslayando dicha imprecisión y considerando que podría tratarse de un error material, subsiste el carácter genérico de las afirmaciones relativas a la imposibilidad de acompañarlo por razones laborales y a la supuesta continuidad del vínculo hasta el fallecimiento, las cuales no encuentran respaldo en elementos objetivos que las sustenten.-
Finalmente, en la ampliación de demanda, la actora procura desvirtuar la existencia del proceso de divorcio vincular, pese a que del expediente administrativo surge la presentación de la demanda respectiva y el correspondiente proveído judicial dictado en los autos: “Cousido Francisco José c/ Rovera Alicia del Valle s/ Divorcio Vincular”, Expte. Nº 4153/21. Esta postura resulta, además, contradictoria con sus propias manifestaciones iniciales, en las que reconoció que, tras una discusión, el causante había iniciado una demanda de divorcio, aunque -según sostuvo- no habría tenido continuidad.-
En definitiva, más allá de las imprecisiones y contradicciones señaladas, lo determinante es que ninguna de estas alegaciones logra desvirtuar el hecho central acreditado en autos, esto es, la existencia de una separación de hecho al momento del fallecimiento del causante, circunstancia que -conforme lo dispuesto por el artículo 76 inciso a) de la Ley Nº 1782- resulta suficiente para excluir el derecho a pensión, con independencia de las razones que hayan motivado dicha situación.-
VIII. En este contexto, el análisis del acto administrativo impugnado permite concluir que la decisión adoptada por la CPS no resulta arbitraria ni carente de fundamentación, sino que constituye la consecuencia lógica de las constancias obrantes en el expediente.-
En efecto, la administración ha identificado correctamente el hecho relevante -la separación de hecho-, ha determinado la norma aplicable -artículo 76 inciso a) de la Ley Nº 1782- y ha efectuado una adecuada subsunción, explicitando además la finalidad sustitutiva del beneficio previsional como criterio interpretativo.-
El iter procedimental desarrollado revela una actuación coherente, progresiva y debidamente motivada, que satisface las exigencias de legalidad y razonabilidad que rigen la actividad administrativa.-
IX. Finalmente, no puede soslayarse que el Ministerio Público Pupilar, en ejercicio de la representación complementaria de la Sra. Andrea Vanina Cousido -persona en situación de vulnerabilidad-, ha dictaminado en sentido coincidente con la solución que aquí se propicia, adhiriendo a la postura de la demandada y de la tercera interviniente en cuanto solicitan el rechazo de la demanda.-
Si bien tal intervención no resulta determinante per se, sí constituye un elemento que refuerza la razonabilidad del resultado alcanzado, en tanto pone de relieve la coherencia de la solución con la finalidad protectoria del sistema previsional y con los principios constitucionales que informan la tutela de los sectores más vulnerables.-
X. En definitiva, el análisis integral de las constancias de autos conduce a concluir que la actora no ha logrado desvirtuar los fundamentos que sustentaron la decisión administrativa impugnada ni acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder al beneficio de pensión pretendido.-
Por el contrario, la prueba incorporada revela de manera concordante que, al momento del fallecimiento del causante, los cónyuges se encontraban separados de hecho, sin que medie circunstancia alguna que permita excepcionar la aplicación de la causal de exclusión prevista en el artículo 76 inciso a) de la Ley Nº 1782.-
En tales condiciones, corresponde concluir que los actos administrativos impugnados se ajustan a derecho y que la pretensión deducida no puede prosperar.-
En razón de todo lo expuesto, a la segunda cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Fernando Miguel Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau, José Antonio González Nora, Juan Lucio R. de la Vega, Sergio Edgardo Acevedo, Carlos Enrique Arenillas, Eduardo Gabriel López y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
A la tercera cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento las consideraciones desarrolladas en las dos cuestiones anteriores, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani en PE1306869-2024; y rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Alicia del Valle Rovera en PE984553-2023 y ampliada en PE1073976-2023 en contra de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada y el letrado intervinientes -por la parte actora y por la tercera citada-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999).- Los Dres. Fernando Miguel Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau, José Antonio González Nora, Juan Lucio R. de la Vega, Sergio Edgardo Acevedo, Carlos Enrique Arenillas, Eduardo Gabriel López y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 30 de junio de 2026.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta, José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio R. de la Vega, de los Sres. Vocales Subrogantes, Dr. Carlos Enrique Arenillas y Dr. Eduardo Gabriel López y del Sr. Presidente, Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal y la Sra. Defensora General ante el Tribunal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Haciendo lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani en PE1306869-2024.-
2. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Alicia del Valle Rovera en PE984553-2023 y PE1073976-2023, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios de la letrada y el letrado intervinientes -por la parte actora y por la tercera citada- hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
GABRIEL NOLASCO CONTRERAS AGUERO
Presidente Tribunal Superior de Justicia ALICIA DE LOS ÁNGELES MERCAU Vocal Tribunal Superior de Justicia RENEÉ GUADALUPE FERNÁNDEZ Vocal Tribunal Superior de Justicia FERNANDO MIGUEL BASANTA Vocal Tribunal Superior de Justicia JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORA Vocal Tribunal Superior de Justicia SERGIO EDGARDO ACEVEDO Vocal Tribunal Superior de Justicia Siguen…/// ///…las firmas.-
JUAN LUCIO R. DE LA VEGA
Vocal Tribunal Superior de Justicia CARLOS ENRIQUE ARENILLAS Vocal Subrogante Tribunal Superior de Justicia EDUARDO GABRIEL LÓPEZ Vocal Subrogante Tribunal Superior de Justicia MARCELA SILVIA RAMOS Secretaria Tribunal Superior de Justicia
Fin de la sentencia