Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38667-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso de la demandada, revocar la sentencia apelada, y, a su vez, dejar sin efecto la resolución aduanera DE PRLA Nº 0007152/16 por los motivos expuestos en los considerandos VI, VII y VIII. Las costas se imponen a la demanda vencida (art. 68, CPCCN) Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
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Buenos Aires, de noviembre de 2024. IDM Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La firma Royal Canin S.A. realizó una importación y fue sancionada por la Dirección General de Aduanas en los términos del art. 954, inc. b del Código Aduanero. El Tribunal Fiscal de la Nación declaró la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas de oficio.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia obrante fs. 50-52 del expediente en soporte papel resolvió: i) declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas, respecto de la mercadería importada por la destinación de importación 06001CIC04145811N en la actuación Nº 12196-951-2008;
ii) costas a la DGA.
Luego de hacer una reseña de las actuaciones administrativas agregadas al expediente, determinó que, en atención a los plazos de sustanciación que surgían de las actuaciones, correspondía analizar si la acción del Fisco para aplicar las penas por infracciones aduaneras se encuentra prescripta. En este sentido, la vocal pre-opinante sostuvo que: “si bien no escapa a la vista de la suscripta que la cuestión no fue planteada, ni introducida por la actora, por el principio de `iura novit curia´ se consagra no solo la facultad sino el deber del juzgador de resolver las sentencias con prescindencia del planteo de las partes; siendo este principio plasmado en el art. 1143 del C.A.”
Siguiendo esa tesitura, realiza una transcripción de los arts. 934, 937 y 938. Afirmó que, configurada la infracción el 13/10/2006 el plazo del curso de la prescripción para imponer las penas comenzó a correr el 01/01/2007 y vencía el 31/12/2011.Sin embargo, el dictado del auto de apertura de sumario del 22/12/2011 interrumpió el plazo de prescripción (conf. art. 934, inc. a) del CA) y el nuevo plazo comenzó a correr el 23/12/2011. Consecuentemente, el nuevo vencimiento acaeció el 23/12/2016. Así las cosas, detalló que la resolución impugnada DE PRLA Nª 7152/16 fue dictada el 21/12/2016, y la resolución que aprobó la 7152/2016 data del 05/07/2017, todo lo cual llevo al Tribunal Fiscal a concluir que al momento del dictado de la resolución aprobatoria (RESOL-2017-27-APN-DILEGA#AFIP) había operado el vencimiento de la prescripción.
Finalmente, recordó la obligatoriedad de la aprobación por la Dirección General de Aduanas de las resoluciones por las que el administrador absuelve a la imputada de la pena por la que inicialmente se formuló la denuncia, toma a ambas resoluciones en necesariamente complementarias.
III. Agravios de la DGA Contra aquel pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación a fs. 61 y expresó agravios a fs. 69/73, los cuales fueron contestados por la actora a fs. 76/82.
En primer lugar, se agravia sobre la declaración de prescripción de la acción del fisco para imponer penas ya que ello no fue solicitado por la actora en su escrito de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Seguidamente, se refiere a la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que el Tribunal Fiscal de la Nación no se encuentra habilitado para expedirse sobre cuestiones que no sean requeridas por la actora al interponer su recurso de apelación, ni tampoco objeto de controversia durante el curso del proceso.
En segundo lugar, se agravia del modo en el que el tribunal administrativo contabiliza el plazo de prescripción. En tercer lugar, sostiene que el criterio de la sentencia que establece que es necesaria la notificación de la resolución aduanera condenatoria para que tenga efectos interruptivos de la prescripción. Sostiene que si el legislador así lo hubiera querido, lo habría manifestado expresamente en la ley.
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Finalmente, se queja de la imposición de costas.
IV. No procede la declaración de prescripción de oficio En primer lugar, corresponde dar tratamiento al agravio que gira en torno a si la prescripción puede ser declarada de oficio por el tribunal adminsitrativo.
Así, pues, debemos advertir que de la lectura del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación que obra a fs. 13/16 no surge, en ninguno de sus puntos que la prescripción haya sido articulada. Además, así lo afirma el tribunal fiscal en su pronunciamiento al expresar: “si bien no escapa a la vista de la suscripta que la cuestión no fue planteada, ni introducida por la actora…”.
Sobre este punto esta Sala —en su actual integración— se expidió recientemente en la causa nº 22523 in re, “Paraná SA de Seguros y acum (TF 95832085-A) y otro c/ DGA s/ Recurso de Organismo Externo”, del 17/10/2024.
Allí, sostuvimos que si bien el Código Aduanero otorga al Tribunal Fiscal de la Nación amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes (art. 1143 CA), el ejercicio de esas atribuciones tiene como valladar la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado en la causa y el respeto al principio de la reformatio in pejus; por ello, la decisión del a quo, al resolver sobre cuestiones que no habían sido materia de agravio, se apartó del principio de congruencia, con mengua del derecho de defensa en perjuicio de la recurrente, lo que la hace pasible de la tacha de arbitrariedad (CSJN, Fallos: 326:1027; 336:2429 y esta Sala, causas nº. 147191/2002, in re, “Jaime Bernardo Coll S.A. (TF 14047-A)”, del 8/8/2006; nro. 37679/2006, “Volkswagen Argentina SA (TF 20417-A)”, del 17/4/2012; nº. 6164/2016, “La Holando Sudamericana Compañía de Seguros SA c/ DGA”, del 13/10/2016; nº 6.554/2016, “FEMSA SA”, del 22/11/2016, entre otros).
Siguiendo esta tesitura se ha resuelto que: “…sin perjuicio de que el Tribunal Fiscal de la Nación tiene “amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes... (art. 1143, C.A.), esa atribución no opera hasta el punto de sustituir el ámbito dejado al impulso de parte, ni le permite abandonar la regla que obliga a fallar dentro de los límites que impone la demanda y las pretensiones de las partes. Refuerza esta interpretación el hecho de que el artículo 1145, apartado 1, del Código Aduanero aclare que, en el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el apelante “deberá expresar todos sus agravios”, y que la salvedad que se formula en materia de infracciones, así como la alusión que allí se hace a las facultades establecidas en el artículo 1143, refieren al ofrecimiento de pruebas y no al cuestionamiento mismo de las resoluciones definitivas recaídas en los procedimientos contenciosos en sede aduanera…” (ésta Cámara, Sala IV, causa nº 22.498/2021/CA1, in re, “JBS Leather Argentina SA (TF 52824590-A) c/ DGA”, del 7/6/2022, el resaltado es del original). En este entendimiento, por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de la demandada en este punto y revocar la sentencia apelada.
V. Alcances del pronunciamiento y agravios de la actora en oportunidad de presentar el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación Así las cosas y aun cuando la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria (Fallos 313:912; 315:562 y 839), al revocar la sentencia apelada en los términos expuestos tiene lugar, como principio, la denominada “reversión de la jurisdicción”, que obliga a la Cámara a conocer en todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por cada una de las partes litigantes que, por la solución adoptada en la instancia de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3660/2024; “ROYAL CANIN ARGENTINA SA (TF 38667-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
grado, no merecieron un adecuado tratamiento (Fallos 190:318; 256:434; 268:48; 308:656; 327:395; y sus citas). Ello, aun en ausencia de un recurso de la parte que, por haber sido vencedora en esa instancia, no podía agraviarse de un pronunciamiento favorable (Fallos 334:95). De este modo, la solución que antecede exige examinar los planteos esgrimidos por la actora en su escrito de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
En este contexto, descartada la posibilidad de que el a quo introduzca a la hora de resolver cuestiones que no fueron introducidas por las partes, resulta imprescindible dar tratamiento a los agravios de la actora —esgrimidos oportunamente en el recurso de apelación ante el TFN obrante a fs. 13/16– que a continuación se detallan:
1. sostiene que el hecho penado por el art. 954 radica en la diferencia entre la mercadería declarada y la resultante de la declaración aduanera. Sostiene que fueron presentados a despacho 7.660 kgs de polvo cueros y pieles procedente del Reino de Bélgica por un valor FOB total de u$s 28.658,59. Ellos fueron efectivamente presentados a despacho.
2. en segundo lugar, indica que el INAL no interviene en la importación de mercaderías que no se utilizan para el consumo humano, razón por la cual no cabe exigir la presentación del certificado de su intervención.
3. a mayor abundamiento, invoca que la inexistencia de cualquier intervención de un organismo en una importación debe considerarse una prohibición, pues lo contrario acarrearía un sinfín de consecuencias gravosas en las distintas operaciones aduaneras. Apoya esta tesitura con el precedente de la CSJN “Nate Navegación y Tecnología Marítima S.A. c/ DGA”. Agrega que la prohibición debe hallarse expresamente prevista, y, además, dadas las facultades reservadas al Congreso de la Nación para legislar en materia aduanera, impuestas por ley o delegación valida.
VI. Los hechos del caso A los fines de dar una adecuada y justa respuesta a los agravios expuestos, resulta menester efectuar una reseña de los antecedentes administrativos más relevantes que dieron motivo a la cuestión debatida.
(i) el 13/10/2006 la firma Royal Canin S.A. registró la destinación 06 001 IC04 145811 N solicitando la importación para consumo de 7.660 kgs de polvo de cueros y pieles, posición arancelaria NCM/SIM 3504.00.20.000c originaria y procedente de Bélgica por un valor FOB total de u$s 28.658,59;
(ii) la mercadería referida fue importada para consumo con la finalidad de integrarse como aditivo alimenticio para mascotas. Al momento de documentar la declaración, específicamente en el campo “opciones/ventajas” la despachante de aduana consignó el código ADITEXTO:SI.
(iii) la actora presentó una declaración jurada ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en la que informó que la mercadería importada no sería utilizada para integrar alimento alguno para consumo humano. Consecuentemente, INAL —mediante nota nº 24831 que luce a fs. 1 de las actuaciones administrativas que se tienen a la vista— certificó textualmente que: “los productos no serán usados ni comercializados en la industria alimenticia y/o de productos de uso doméstico”.
(iv) mediante resolución DE PRLA Nº 0007152/16 la aduana resolvió condenar a Royal Canin Argenitna S.A. por la infracción del art. 954 inc. “b” del CA.
Según surge del expediente administrativo, el servicio aduanero formuló denuncia por presunta infracción al art. 954 inc. “b” del CA en atención a que consideró incorrecta la declaración aduanera.
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Sostiene que ingresó mercadería prohibida ya que no contaba con el certificado INAL emitido por la autoridad sanitaria.
La DGA asegura que, al haberse consignado en OPCIONES/VENTAJAS: “ADITEXTO: SI”, nació la obligación de presentar el certificado INAL.
(v) al momento de interponer recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la recurrente ofreció como prueba informativa que se libre oficio al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) a fin de que informe si para la importación de polvos de cueros y pieles que se utilizan para ser integradas como aditivo alimenticio para mascotas resulta necesaria su intervención.
(vi) a fs. 38 del expediente TF- 38667-A luce agregada la contestación del oficio remitido a INAL. Allí, el instituto informó que: “conforme lo solicitado en el Oficio Judicial de las presentes actuaciones en relación a la causa Nº 38.667-A caratulada `Royal Canin Argentina S.A. C/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación´, se informa que al momento de la emisión de la Nota Nº 24831 (INAL)/06 adjunta al mencionado oficio, el Instituto Nacional de Alimentos emitía Certificado de No Intervención de Alimentos y Materias Primas cuya finalidad no fuera el consumo humano, con la obligatoriedad de que la empresa importadora hubiera declarado esa condición de uso en el Sistema Informático María”.
Sobre la infracción imputada a la actora, corresponde resaltar que el texto legal establece que para la configuración del hecho ilícito descripto en el artículo 954 del Código Aduanero, es necesario que la Aduana acredite la concurrencia de los elementos tificantes que enuncia esa norma, es decir que exista una declaración aduanera que difiera con el resultado de la comprobación física o documental que hace el servicio aduanero, que esta diferencia tenga entidad para pasar inadvertida a la Aduana y también para generar alguna de las consecuencias previstas en los incisos a), b) y c) de la norma. Puntualmente dispone que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones… de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con la que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir (…) b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación”, estableciendo la sanción de multa aplicable.
Tal como lo ha señalado la Corte en oportunidad de examinar esa norma, y con apoyo en la exposición de motivos del citado código de la materia, el bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una destinación en aduana, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema dirigido a evitar que, al amparo del régimen de exportación e importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:929 y 942; 321: 1614; 325:786 y 830 y 333:300, entre otros).
Asimismo, afirmó el mencionado Tribunal que la función primordial del organismo aduanero consiste en "ejercer el control sobre el tráfico internacional de la mercaderías" y puntualizó que la norma debía ser apreciada desde esa amplia perspectiva, que se vincula y guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado (Fallos: 321:1614; 322:355 y 325:786 y 830, entre otros).
VIII. No se encuentra configurada la sanción endilgada Como regla, las prohibiciones a las que se refiere el art. 954, apartado 1, inc. b, del Código Aduanero deben estar establecidas de forma explícita en las normas complementarias, no pudiendo castigarse CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 3660/2024; “ROYAL CANIN ARGENTINA SA (TF 38667-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
con dicha norma la violación de prohibiciones que no surjan claramente del derecho aplicable.
La aduana observa —en su imputación— que al haberse consignado en el campo “OPCIONES/VENTAJA: ADITEXTO: SI” se validó la utilización de la mercadería para uso alimentario o destinado a integrar un alimento. Ahora bien, al haberse consignado esa “opción” la aduana exige la constancia del certificado INAL.
Así, pues, resulta lógico resaltar que —como se detalló en el considerando VI—, de manera diligente la importadora presentó el certificado de “no intervención” del INAL, en el que el instituto informó que omite su intervención por no ser utilizada la mercadería en la industria alimenticia humana. Ello, además, fue informado por el instituto al contestar el oficio durante el trámite del expediente ante el Tribunal Fiscal.
Todo lo cual, nos lleva a concluir que la importación de dicha mercadería, sin el certificado INAL, junto con las circunstancias fácticas descriptas, no resultan susceptibles de configurar la sanción prevista en el art. 954, inc. b, del Código Aduanero, ya que no está configurado el hecho tipificante.
Esta Sala tiene dicho –en su anterior integración– que, de acuerdo con el CA, las prohibiciones a la exportación y/o la importación pueden tener carácter económico (art. 609) o no económico (art. 610), absoluto (art. 611) o relativo (art. 612), rigiendo en cualquier caso el principio de legalidad, por tratarse de materia sancionatoria, de donde los principios del derecho penal son aplicables con sus matices propios al ámbito de las infracciones aduaneras: tal es el caso, en particular, del principio de legalidad, según el cual “[n]ingún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” (Causa N° 27550/2012, in re “Aceitera General Deheza SA (TF 27079-A) c/ DGA”, del 13/2/13, pronunciamiento que quedó firme como consecuencia de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia el 19/11/13, al declarar inadmisible los recursos extraordinarios interpuestos por las partes allí involucradas (cfr. art. 280 del CPCCN); y más recientemente en la Causa N° 64107/2022, in re “Mercator SA (TF 39708-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 10/8/23). En dichos pronunciamientos esta Sala destacó que el Alto Tribunal admitió la aplicación de los principios del derecho penal a las diversas ramas del derecho represivo en “Cristalux” (cfr. Fallos: 329:1053), y que, con respecto a la exigencia de legalidad en materia represiva, en “Cerámica San Lorenzo” (cfr. Fallos: 311:2453) afirmó que “exige indisolublemente la doble precisión de los hechos punibles y de las penas a aplicar”. Asimismo, en “Citrex SAIC” (cfr. Fallos: 308:2043) reconoció el “carácter punitivo de las multas aduaneras” y la aplicación a las mismas del “principio constitucional de legalidad”.
Por todo ello se concluyó allí que, como regla general, las prohibiciones a la exportación a que se refiere el art. 954, ap. 1, inciso b) del CA, deben estar establecidas de forma explícita en las normas complementarias, no pudiendo castigarse con dicha norma la violación de prohibiciones implícitas que no surjan claramente del derecho aplicable.
En razón de lo expuesto, se colige que las máximas descriptas resultan de plena aplicación al caso de estudio, por no encontrarse la importación en cuestión entre las prohibiciones que el ordenamiento tipifica ni tampoco, que haya importado algo que difiera de lo declarado. Naturalmente, no se ha configurado el tipo infraccional imputado a la actora.
IX. Costas En cuanto a las costas del pleito, en mérito de todo lo expuesto y a la forma en que se decide, corresponde imponer las costas a la vencida, por no hallar razón para apartarse del principio general que gobierna la materia (cfr. art. 68 primer párrafo, CPCCN).
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Por las razones expuestas, SE RESUELVE: Hacer lugar parcialmente al recurso de la demandada, revocar la sentencia apelada, y, a su vez, dejar sin efecto la resolución aduanera DE PRLA Nº 0007152/16 por los motivos expuestos en los considerandos VI, VII y VIII. Las costas se imponen a la demanda vencida (art. 68, CPCCN) Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia